Cultura política a debate
Pasado y presente

Saúl Jerónimo y Miguel Hernández

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SUBDIRECTOR DE PUBLICACIONES Y PROMOCIÓN EDITORIAL

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Diseño de portada: Francisco López L.

Diseño, edición y producción del libro electrónico: Córima Books / Carlos Romero Moreno

ePub Versión 1.0 (2014)

D.R. © 2014, Universidad Autónoma Metropolitana 

Prolongación Canal de Miramontes 3855, 

Ex Hacienda San Juan de Dios, delegación Tlalpan14387 

México, D.F.

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ISBN: 978-607-28-0048-9

Publicado en México

Presentación

Esta publicación ahonda en diversas dimensiones de la cultura política y, a su vez, muestra los diferentes intereses de investigación asociados a las prácticas políticas, en ellos se encuentran algunos ejemplos de tratamiento a través de ciertas perspectivas de cultura y otros plantean preguntas que pueden ser guías en futuras investigaciones. Aborda desde muy diversas perspectivas y ángulos la problemática relacionada con la cultura política y los variados acercamientos conceptuales y metodológicos que sin duda enriquecen el conocimiento sobre los comportamientos políticos de las sociedades. Tanto en momentos de revolución y de cambio como en los que se busca una estabilidad, en todo momento la cultura de lo que se entiende como práctica política culturalmente aceptable está en continua transformación; estén estos procesos institucionalizados o no. La comprensión de estos fenómenos del pasado como en el presente requiere reflexionar tanto teórica como metodológicamente, puesto que no existe un método único, ni siquiera una misma visión de lo qué es Cultura Política y sin embargo, su análisis se ha hecho cada día más indispensable, pues para los estudios históricos ha quedado claro que el viejo enfoque de historia política no es suficiente para comprender fenómenos complejos de participación, y para los tiempos presentes también se ha demostrado que la dimensión política, jurídica o sociológica tampoco ha sido suficiente para explicar algunos fenómenos que únicamente se pueden analizar desde este campo.

En la sección I, dedicada a la “Discusión teórica y conceptual”, se establecen los límites y posibilidades del campo de la Cultura Política, y se ubican algunos de los ejes que guiaron el proyecto y los que se debaten sobre la problemática de la historiografía desde una perspectiva crítica. A través de conceptos como sociedad civil y relaciones de poder se exponen los valores políticos que la sociedad mexicana ha observado en los últimos años y que se acotan por tiempo y grupo de referencia, que pueden ser caracterizados como cultura política. Las propuestas fueron elaboradas por especialistas de diversas disciplinas, su diversidad de fuentes sirve de base para plantear nuevas rutas de abordaje, lo que enriquece el debate y abre nuevas perspectivas analíticas.

La segunda sección, “Modernidad política y opinión pública en el siglo XIX”, aborda la cultura política durante la guerra de Independencia y los años primeros de la nación mexicana. Destacan los asuntos relacionados con la funcionalidad de los ayuntamientos en la Independencia, lo complicado que resultó comprender sus funciones políticas y el respeto a la autonomía de esta esfera de poder; asimismo se estudia el uso y desplazamiento del discurso religioso en esta etapa: la Iglesia, durante la época colonial, había formado parte del poder político, y de este modo también de la cultura de la sociedad; impedir su participación o utilizar el lenguaje religioso en las confrontaciones políticas fue y ha sido una constante en la vida política mexicana. La prensa y la conformación de la opinión púbica son elementos que constituyen la modernidad política en el México poscolonial, en el que pronto un grupo importante de ciudadanos empezó a participar en los debates periodísticos.

El común denominador del tercer apartado, denominado “Cultura del impreso y prácticas políticas”, es la utilización de soportes impresos para ejemplificar, incluso consolidar, diversas formas de cultura política. La publicidad, una biblioteca, los diarios y las revistas han existido como materiales con los que se han conformado identidades políticas o de gremio; lo que implica ciertas prácticas y formas de reconocerse como parte de un grupo o nación. Asimismo, se ponen de relieve los cambios que han ocurrido en los medios impresos, como consecuencia del ámbito político mexicano como por el uso de nueva tecnologías, que han permitido un cambio en las tradicionales cadenas de transmisión del conocimiento.

Los trabajos de la sección IV, “Las instituciones y sus prácticas culturales”, analizan las prácticas culturales de los ayuntamientos y gobiernos estatales en la época posrevolucionaria; los sistemas de vigilancia del gobierno del Distrito Federal; las élites burocráticas del gobierno federal y las prácticas disciplinares que constituyen el ritual con el que se construye una disciplina, de fuerte influencia en las políticas públicas. Todas ellas, son lugares específicos que han creado cierta cultura política a veces inducida, otras como propia de su especialización.

El quinto apartado, “Representaciones y prácticas artísticas del poder”, se ocupa de la forma en que la plástica y el cine han ido conformando una identidad cultural y gráfica, ambas constituyen un punto de convergencia tanto de la cultura como de la política, obedecen a determinados parámetros culturales y políticos y crean y reproducen la cultura política.

Finalmente en la sección VI, “Sociedad civil en América”, se abordan problemas relacionados con la memoria colectiva, tanto a partir de movimientos artísticos como a través de las llamadas comisiones de verdad y de la constitución de ciudadanía estadounidense entre los latinos. Estos trabajos muestran los nexos teóricos y conceptuales que es necesario tener en cuenta al ocuparse de la cultura política, son procesos de constante interacción que lo mismo permiten entender el graffiti, que los movimientos sociales o algunas políticas públicas como la videovigilancia.

Saúl Jerónimo Romero

Antecedentes

En 2009 la doctora Silvia Pappe, coordinadora del Posgrado en Historiografía, de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, me solicitó que preparara el material necesario para impartir la Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA) Cultura Política para los estudiantes del doctorado. En ese año, el doctor Miguel Ángel Hernández estaba realizando una estancia posdoctoral en nuestro posgrado, dado su interés por los asuntos teóricos y políticos lo invité a participar en la preparación de dicho material, así como en la impartición del curso, mismo que despertó expectativas y entusiasmo entre los alumnos, quienes solicitaron que continuáramos reuniéndonos de manera extracurricular. Estábamos preparando las actividades cuando el Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana convocó a presentar proyectos en el área humanidades para recibir apoyo, lo que nos permitió redondear la propuesta y presentamos el proyecto “La Cultura Política a Debate: Alcances y Perspectivas de un Campo Transdisciplinario”.

El proyecto fue aprobado y quedaron inscritos como colaboradores: los doctores Miriam Alfie Cohen, de la UAM Cuajimalpa; Ricardo Pozas Horcasitas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Roberto Gutiérrez López del Departamento de Sociología de la UAM-A y Miguel Ángel Hernández Flores, posdoctorante del Posgrado en Historiografía y Saúl Jerónimo como responsable del proyecto. Además de siete estudiantes del doctorado en Historiografía: Margarita Olvera Serrano, Luis Humberto Jiménez Alvarado, Pablo Tasso, Jorge Alberto Rivero Mora, Norberto Castro López, Alejandro Ramos Ortiz y Jorge Morales Moreno, al poco tiempo se incorporó Lorena Pérez, estudiante de doctorado de la UAM-I.

Esta publicación es parte importante de los resultados del proyecto, cuyos objetivos centrales han sido propiciar el debate en torno al campo de reflexión denominado Cultura Política, la creación de redes de investigación en torno a esta problemática, la organización de un congreso internacional y la publicación de resultados de investigación.

Los trabajos del Congreso Internacional (29 de marzo y 1 de abril de 2011) versaron sobre dos grandes ejes: 1. Cultura política a debate, sobre las propuestas teóricas, metodológicas y en torno a la pertinencia de utilizar este enfoque en las ciencias sociales y las humanidades para comprender la realidad social; y 2. Cultura política un campo transdisciplinario, con posturas relativas a la necesidad de formar investigadores con un currículo más amplio que el que actualmente se ofrece, para formar adecuadamente a los investigadores interesados en comprender fenómenos complejos como la cultura política. Después del Congreso, los ponentes entregaron sus trabajos que, una vez dictaminados y revisados, constituyen este libro.

S.J.R.

Agradecimientos

Deseo agradecer a los alumnos del posgrado; a los participantes en el Seminario de Cultura Política; a la doctora Silvia Pappe, coordinadora del Posgrado en Historiografía; a la doctora Margarita Alegría, Jefa del Departamento de Humanidades por su participación y apoyo en todas las actividades que se han generado a partir de este proyecto de investigación; a cada uno de los especialistas que dictaminaron los artículos. Agradezco a todos su tiempo y disposición.

Agradezco también al ex Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana por su decidido apoyo para editar este libro; al equipo de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial y a su Director, quien sugirió la publicación en este formato electrónico propio de los nuevos tiempos del libro.

I. Discusión teórica y conceptual

1. Posibilidades y límites del campo analítico de la cultura política: una propuesta transdisciplinaria

Roberto Gutiérrez, Miguel Hernández Fuentes, Saúl Jerónimo Romero [1]

En años recientes, uno de los terrenos de la investigación que ha reportado un número importante de reflexiones y debates entre especialistas es el que está relacionado con el campo de la cultura política. En México y América Latina, así como en otros ambientes académicos, esta categoría ha gozado de una creciente aceptación tanto entre investigadores como entre profesores y alumnos de ciencias sociales, quienes aluden a ella para referirse a una amplia gama de fenómenos políticos, y específicamente al ámbito de los comportamientos políticos, a las formas de actuar y de vivir la política. La noción goza de una notable capacidad para evocar estos aspectos de la vida política y de registrarlos intuitivamente como una forma de conocimiento. Por otra parte, las investigaciones académicas sobre las culturas políticas del pasado o del presente, o sobre la historia política en la que la cultura política ocupa un lugar significativo, ya sea como concepto de análisis o como campo problemático, han abundado; pues sin duda es un enfoque ampliamente utilizado en los estudios sobre cuestiones electorales, también es frecuente su uso en el diseño de campañas políticas o programas de gobierno y por supuesto, en lo relativo a los sistemas políticos y los diversos comportamientos sociales que tienen que ver con la política.

Prácticamente a la par de esta expansión en los estudios sobre las dimensiones culturales de la vida política, se ha presentado una serie de cuestionamientos a su empleo en investigación académica. Desde la década de los setenta se cuestionó su viabilidad como concepto operativo en razón de problemas tales como su ambigüedad conceptual, la indefinición de los objetos de su campo de estudio (de ahí el señalamiento de que en los estudios culturales “todo se vale” o “todo cabe”), así como de la falta de sustento empírico para demostrar las relaciones causales o explicaciones de los fenómenos políticos que algunos investigadores le atribuían.² A partir de la reflexión y de la crítica metodológica, las interpretaciones basadas en el uso de la categoría han sido vistas como parte de la ola del reduccionismo culturalista que se ha puesto de moda en los estudios políticos y sociales en décadas recientes. Una nueva forma de determinismo (como en otros momentos lo fue el economicista) que produce visiones simplificadas de la complejidad de factores que intervienen en la configuración de los cambios políticos, pues sobrevaloran la autonomía e influencia de un conjunto de elementos de índole cultural que, en muchas ocasiones, no están del todo definidos.

En respuesta a la crítica contra las tendencias culturalistas, algunos investigadores que han trabajado el concepto, o campo, de la cultura política han presentado una serie de precisiones sobre la manera en la que puede abordarse la problemática. Se han puesto en guardia sobre los peligros de incurrir en explicaciones reduccionistas, han reflexionado sobre los usos de la categoría, sus limitaciones y sus potencialidades. De la misma forma han tratado de definir los objetos del campo y de diferenciarlos de otros factores no culturales, distinción que depende del concepto de cultura que se maneje. Esto, con el fin de encontrar los modos en que la cultura se relacionaba con los fenómenos políticos en situaciones históricas concretas. Por otra parte, la reflexión se ha enriquecido con las aportaciones generadas en otros terrenos de las ciencias sociales.

La cultura política es un campo conceptual, que permite comprender las motivaciones y los efectos de la acción social en relación con los problemas políticos, buscando desentrañar el sentido que para los sujetos tiene la política. El análisis de este tipo de problemas implica tomar en cuenta la interacción entre instituciones, legislación, intereses de los actores, información, valores y valoraciones. Lo anterior implica reconocer la importancia que en uno u otro contexto histórico posee la construcción, siempre en disputa, de los significados atribuidos a los referentes procesales e institucionales de la práctica política. Esta dimensión implica el reconocimiento del campo semántico de la política entre los actores sociales.³

Este campo parece no tener límites. De hecho, la realidad misma no está delimitada por campos en los que únicamente una dimensión ya sea económica, psicológica, social, política o religiosa influya para que se tomen decisiones o sucedan determinados fenómenos sociales. Sin embargo, para fines explicativos es necesario que se establezcan los marcos generales y el tipo de problemas a abordar, sin que sea necesario establecer una definición rígida, pero sí planteando una serie de elementos que pueden identificarse como relevantes para establecer los significados de un comportamiento y sus efectos políticos. Ubicar algunos de estos elementos servirá para identificar la naturaleza del tipo de conocimiento que genera el campo de la cultura política, de los recursos teóricos y metodológicos necesarios para su estudio.

El propósito de este trabajo es presentar un breve estado de la cuestión sobre la problemática metodológica y conceptual alrededor de los estudios de la cultura política. En primer lugar, se exponen algunas de la críticas al uso explicativo del campo de cultura política, para después señalar algunos consensos y criterios que se han establecido sobre el rigor necesario para abordar investigaciones desde esta perspectiva y que, desde nuestro punto de vista, muestran que su uso no sólo es vigente, sino que abre nuevas posibilidades para enriquecer el conocimiento histórico. La segunda parte del artículo es una reflexión sobre la complejidad conceptual de este tipo de problemas y que para entenderlos es necesario enfrentarlos desde una visión transdisciplinaria, integradora de los aportes desde la historia, la ciencia política, la sociología, la psicología y la antropología para la comprensión de los fenómenos políticos. Finalmente, se presentan algunas consideraciones de índole teórica sobre la pertinencia del estudio de la subjetividad socialmente construida y sus vínculos con otras instancias de la realidad, como base para un enfoque sobre cultura política.

El problema de las definiciones de la cultura política desde la historiografía

Las definiciones sobre la cultura política utilizadas por historiadores suelen presentarse de dos modos. Por un lado, como un conjunto de factores que predisponen o inciden en la conducta política de sociedades enteras o de algunos de sus actores en particular. Se trata de una forma de enunciar la relación entre cultura y política en términos causales y explicativos. Dicho conjunto de elementos que conforman una cultura política serían la causa, o la forma de explicar, determinados momentos de transformación, –así como cualquier clase de evento que el historiador considere digno de su interés– en el proceso político de las naciones, de regiones o de sectores de la sociedad. Por otro lado, existen otra clase de definiciones que, de manera más o menos implícita, proponen un enfoque hermenéutico de la actividad política. Postulan la pertinencia de comprender los significados de ésta en sus múltiples niveles. Se trata de un enfoque comprensivo expresado en definiciones que tienden a ser más compactas que las anteriores y que parecen aludir a la multiplicidad de intuiciones que pueden provocar en el lector. Tenemos como ejemplo la que propone Hunt: “los valores, expectativas y reglas implícitas que expresan y configuran las intenciones y las acciones colectivas”; o incluso una muy breve pero funcional propuesta por Alan Knight: “forma en la que la política se concibe y ejecuta”.⁴

El primer tipo de definiciones enuncia, de manera más o menos abierta o matizada, una relación causa-efecto entre dicho conjunto de factores y el comportamiento político. Entre los elementos aludidos se pueden encontrar tanto componentes propios del ámbito subjetivo, como valores, inclinaciones, sentimientos, opiniones, normas internalizadas; así como todo tipo de acciones políticas ejecutadas por individuos o grupos que van desde la aceptación sumisa e incondicional de las demandas de poder impuestas por otros (el Estado, grupos hegemónicos, élites), hasta el estallido violento en contra del orden impuesto, pasando por diversas formas de negociación y resistencia. Cuando los investigadores encuentran cierta recurrencia en las acciones políticas que se distinguen al interior de un espacio y tiempo específicos, establecen ciertos patrones de conducta que, a su vez, son señalados como predisposiciones para la acción, y por tanto, de causales o elementos explicativos de aquellos eventos políticos que él mismo ha elegido como objeto de su análisis. Un ejemplo característico en la forma de orientar la investigación a partir de estas definiciones es querer explicar algún estallido de violencia social, digamos una rebelión en contra de las autoridades locales o nacionales, a partir de una tradición de violencia por parte de la colectividad en la que se produjo dicho estallido: la rebelión se explica por una supuesta cultura política belicosa, una serie de predisposiciones culturales para actuar de esa manera ante situaciones inaceptables.

La crítica a las definiciones del campo cultura política se han concentrado en esta indefinición conceptual en la que se colocan elementos de diversa índole. En ese tenor Alan Knight escribió recientemente que un enfoque que parte de la concepción de que toda actividad humana es cultural da paso a un concepto que “al incluir todo no excluye nada y, por ende, carece de toda discriminación”. No obstante que hay que reconocer que la puesta en guardia en contra de los peligros del reduccionismo culturalista es algo bastante saludable, también se tienen que apreciar los avances en la definición de criterios de estudio que, en justicia, se deben considerar como ejercicios discriminadores de utilidad.⁵

Aquí podemos exponerlos de manera sucinta a partir de dos ejes: el de las relaciones al interior del campo de la cultura política y el de sus relaciones con factores extraculturales: el entorno institucional, los cálculos estratégicos e incluso los avatares de la contingencia histórica, es decir, los eventos que se presentan de manera inesperada ante los actores. Este esquema está construido a partir de las discusiones mencionadas, y lo consideramos como un abordaje elemental de la cuestión, pero que puede alumbrar aspectos controvertidos. Parte de la definición de cultura política formulada por Alfred Meyer en las que se reúnen “las propensiones subjetivas, el comportamiento mismo y el marco en el cual la conducta tiene lugar”.⁶ Esta definición, si bien es susceptible de crítica por su ambigüedad, es precisa al marcar tres órdenes de fenómenos que corresponden con el esquema propuesto por otros autores provenientes de diversos campos disciplinarios.⁷ El tercer nivel, el del marco en el que se desarrolla la conducta, vamos a referirlo como el de las estructuras de poder o sistema político. Es importante precisar que si bien, no se trata de un modelo único, recopila el modo general de enfocar el estudio de las prácticas políticas entre los académicos que lo han seguido.

Propensiones subjetivas / actitudes subyacentes / orientaciones a la acción.
Valores, expectativas, sentimientos

Comportamiento.
Acciones, conductas que muestran intenciones y valoraciones. Tiene lugar en el marco de, y tiene como objetivo incidir sobre, las relaciones de poder, las cuales están determinadas por dimensiones subjetivas, culturales, pero también por intereses y factores institucionales.

Estructuras de poder o sistema político.
Normas formales, jerarquías establecidas, procedimientos, instituciones, marcos hegemónicos que incluyen o excluyen a actores y sus demandas.

Uno de los asuntos que tienen mayor interés para nosotros en esta revisión de los nuevos enfoques sobre la cultura política, es el del modo de poner orden en el análisis sobre los diversos factores que se mezclan con las significaciones producidas dentro de los marcos semánticos de la cultura. De un lado están los símbolos, representaciones y narrativas que ponen nombre a las relaciones políticas y a las estructuras de poder, y por el otro una serie de elementos que, para fines analíticos, se identifican como extraculturales, tales como las interacciones políticas entre grupos e individuos, los intereses, los factores institucionales y la estructura política. La confusión analítica puede aparecer cuando se pierde de vista que estos factores extraculturales contienen, a su vez, una dimensión simbólica o cultural. Las acciones y las conductas políticas mandan diversos tipos de mensajes sobre cómo se conciben y deben de encararse determinados problemas en un momento dado. Tienen, en ese sentido, una dimensión discursiva. Lo mismo pasa con los factores estructurales y las instituciones, las cuales muestran “su carácter como organizaciones culturales” en cuanto a identidades corporativas, como en cuanto a los mensajes implícitos que mandan a través del proselitismo o del contenido y prácticas de las políticas públicas (sobre qué significa ser ciudadano y las formas adecuadas de relación con el gobierno).⁸ La confusión entre elementos que se caracterizan como propiamente culturales y aquellos que representan la dimensión cultural de prácticas e interacciones puede conducir a trabajos en los que todo aparece bajo una nebulosa denominada “lo cultural”. Por tanto, se hace necesario marcar distinciones precisas sobre los contenidos de ambos dominios, en aras del orden analítico, para así esclarecer cómo se trazan los vínculos, influencias o efectos de las articulaciones simbólicas y semánticas sobre los diversos niveles de la vida política en cuanto contenidos objetivos o empíricos, tales como prácticas, intereses, propósitos y marcos institucionales.

Las críticas más frecuentes, y hay que reconocer, las de mayor peso, dirigidas al concepto o campo de la cultura política apuntan al primer nivel, el de las propensiones subjetivas o actitudes subyacentes que orientan la acción política de grupos e individuos. Esta categoría está en la base del modelo clásico de Almond y Verba, un enfoque derivado de la corriente conductista en la ciencia política, que es tachado por sus críticos de reduccionista y normativo. Son dos los problemas vinculados a este nivel que se pueden expresar en estos cuestionamientos: ¿por qué atribuirle tanto peso a elementos del orden subjetivo, configurados por la cultura, como las valoraciones, los deseos, las opiniones, los sentimientos, si a fin de cuentas en la definición de los comportamientos políticos intervienen otros factores extraculturales? y en todo caso, ¿cómo sería posible conocerlos?, ya que la manifestación pública, la que es visible y objetiva, de las conductas políticas, no es necesariamente simétrica con respecto a los elementos del orden subjetivo que supuestamente las predisponen. Héctor Tejeda hace una aguda observación al respecto al cuestionar la metodología cualitativa con la que se han realizado muchos estudios sobre la cultura política. Mediante encuestas y otros instrumentos se interroga a individuos de determinados grupos sociales con el fin de conocer su valoración y sus creencias con respecto a ciertas conductas políticas, y de ahí se asume que las respuestas dadas coinciden con las propias conductas y que, por lo tanto, han quedado al descubierto las propensiones subjetivas u orientaciones a la acción. Sin embargo, como señala este autor, “las opiniones expresadas no son análogas a la dinámica de la acción social, expresan el “deber ser” más que el comportamiento político”. Como alternativa para el estudio de las relaciones entre cultura y política, propone concentrar la observación y los esfuerzos metodológicos en las prácticas o conductas mismas.⁹ Aunque nosotros agregaríamos que esas prácticas o conductas son portadoras de significados, así sean implícitos.

La desconfianza ante los inconvenientes que presenta la búsqueda de vínculos entre propensiones subjetivas y conductas visibles, se incrementa cuando este asunto es llevado al terreno de la investigación histórica. Como se ha repetido con insistencia, los historiadores no cuentan ni con la posibilidad de encuestar a sus personajes ni con la observación participante. Sólo tienen el registro de discursos y prácticas políticas efectuadas en el pasado. Aquí hay que preguntarse si estas limitaciones cancelan la posibilidad de estudiar las interacciones de la cultura con la vida política en sus diversos niveles. El historiador norteamericano James Scott propuso hace dos décadas una manera muy interesante de manejar la cuestión, la cual ha servido como referente para encontrarle salidas operativas. En su trabajo Domination and the arts of resistence, un estudio enmarcado en el campo de los estudios de la historia cultural y de los grupos subalternos, marca la distinción entre lo que llama la “transcripción pública” y la “transcripción privada” de los actores históricos. La primera categoría se refiere a los registros de expresiones discursivas de grupos populares ante audiencias públicas, como los juzgados y las asambleas, en las que ellos defendían su derecho a la propiedad de tierras, o a otros bienes, valiéndose del lenguaje político moderno del liberalismo decimonónico. La segunda, hace alusión al fuero personal de aquellos individuos, al ámbito de sus convicciones y de su pensamiento. La pregunta que salta es ¿estos campesinos indígenas creían en tales principios políticos, estaban convencidos de ellos? En caso de que el investigador se encontrara con elementos para sostener una respuesta afirmativa entonces tendría que concluirse que la cultura política dominante de las élites logró imponerse de manera exitosa entre los demás grupos sociales. La respuesta negativa mostraría que, simplemente, los grupos subalternos se valían de los valores, lenguaje y procedimientos del sistema político para defender sus intereses; puro uso instrumental. La manera en la que Scott destrabó estos dilemas fue muy puntual: en la mayoría de los casos, los historiadores no tienen manera de conocer la transcripción privada, la del espacio subjetivo de los actores del pasado, por tanto deben quedarse con la transcripción pública. En otras palabras, no se tiene acceso a las propensiones subjetivas de una forma certera; el investigador debe asumir, en palabras de Peter Guardino, que “el conocimiento de las creencias o actitudes políticas es siempre limitado y hay que estar conscientes de esos límites”.¹⁰ Esta invitación a un acercamiento prudente hacia la subjetividad de los actores históricos no es en absoluto deleznable; si se toma en cuenta se pueden evitar riesgos de sobreinterpretación de los testimonios contenidos en las fuentes y otorgarse mayor rigor a la investigación. No es cosa rara que el investigador se sienta entusiasmado ante un probable descubrimiento y suponga que determinadas palabras expresaban ciertos estados mentales o creencias que conformaban la subjetividad de las personas a las que dedica su estudio; el problema es que, por muy evidentes que puedan parecer ciertos casos, no es algo verificable, aunque se pueda suponer que sin embargo hay que tomar en cuenta que la articulación pública de un discurso siempre está dirigida a la búsqueda de ciertos fines objetivos. Se trata de una acción política en la que se objetivan diversos elementos (inclinaciones, intereses, percepciones) con la finalidad de conformarse como un acto comunicativo eficiente. El discurso enunciado públicamente siempre debe leerse como una forma de interacción política, como se ha precisado dentro de las corrientes del análisis contemporáneas del discurso.¹¹ Las opiniones y articulaciones del ámbito interno del individuo, o de una construcción intersubjetiva entre individuos de un mismo grupo, tenían que amoldarse dentro de los patrones de la cultura política o judicial imperante.

Ahora bien, si se asumen estas precauciones con respecto a la lectura de discursos producidos en el pasado, ¿queda entonces cancelada la posibilidad de un enfoque de cultura política? En realidad, los ámbitos de la acción política en los que inciden los factores culturales son más amplios. El mismo Scott y otros historiadores consideran que el reconocimiento de que nuestras posibilidades de conocer este ámbito son sumamente limitadas, pero eso no significa en modo alguno que queden cerradas las puertas al estudio de las culturas políticas, pues las conductas públicas son ilustrativas de las transformaciones operadas en el modo de comprender y actuar políticamente de los diversos grupos sociales, así como de los intercambios, desplazamientos y apropiaciones culturales. La complejidad de esta perspectiva requiere de un análisis de carácter transdisciplinario.

El campo transdisciplinario de la cultura política

Pierre Ronsevallon, en marzo de 2002, en la Conferencia Inaugural de la Cátedra de Historia Moderna y Contemporánea en el College de France trató de definir el campo de lo político de la siguiente manera:

[La política.] Como campo, designa un lugar donde se entrelazan los múltiples hilos de la vida de los hombres y las mujeres, aquello que brinda un marco tanto a sus discursos como sus acciones. Remite al hecho de la existencia de una “sociedad” que aparece ante los ojos de sus miembros formando una totalidad provista de sentido. En tanto que trabajo, lo político califica el proceso por el cual un agrupamiento humano, que no es en sí mismo más que una simple “población”, toma progresivamente los rasgos de una verdadera comunidad. Una comunidad de una especie constituida por el proceso siempre conflictivo de elaboración de las reglas explícitas de participable y que dan forma a la vida de la polis.¹²

La propuesta de Rosenvallon implica que la política es fundadora de la sociedad y por tanto, está presente en todos los elementos que la conforman y su práctica es constitutiva de la vida de la polis. Como planteara Aristóteles hace mucho tiempo el hombre es esencialmente un animal político, es decir la política marca la totalidad de su ser social.¹³ Sin embargo, con ánimo de delimitar el campo de estudio de la política este autor plantea:

Referirse a lo político y no a la política es hablar del poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y de la justicia, de identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y de la civilidad, en suma de todo aquello que constituye a la polis más allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones.

Esta delimitación, al igual que muchas otras, muestra con claridad lo complejo del campo del estudio de la política, que no puede desprenderse de la dimensión histórica, espacial y cultural, ya que efectivamente tiene que ver con lo relativo al Estado y la nación, pero esas grandes categorías están vinculadas a otras igualmente complejas y problemáticas, como la identidad, que siempre está en función del otro y esos límites son culturales e históricos. En las sociedades democráticas lo político tiene que ver con la verticalidad del poder, pero también con la horizontalidad de la sociedad que elige, que se opone y que tiene determinado tipo de tradiciones.¹⁴

Desde esta perspectiva, podemos establecer que la relación entre política y cultura es indivisible y que la reflexión sobre esta interdependencia tiene que hacer desde una perspectiva teórica como propone Héctor Tejera:

Lo importante es establecer cómo es que la cultura, siendo el espacio de la construcción intersubjetiva de las percepciones sociales, actúa en el ámbito político y, a su vez, es modificada por este. Profundizar en la dinámica entre cultura y política, hará posible analizar las razones, expectativas y utopías que impulsan al comportamiento político-electoral ciudadano, más allá de una visión idealista de sus motivaciones.¹⁵

El análisis de esta interacción es tan relevante porque las utopías y los estudios mismos sobre la política se convierten en textos y documentos que fundamentan y al mismo tiempo expresan visiones del mundo, que “explican” realidades y con base en ellas se toman decisiones políticas. En la medida en que desde estas narrativas se construye la propia identidad de los sujetos, hay una retroalimentación constante entre ambos niveles.¹⁶

En estos breves apuntes ya se advierte sobre lo imbricado que están estos dos campos y cómo en algún momento desde las visiones disciplinarias, como la sociología, la ciencia política, la antropología o la historia las han tratado de distinguir con fines de estudio; pero dado que ello no es posible y los objetos de estudio de esas ciencias sociales están estrechamente interrelacionados, entonces habría que aceptar la dificultad de establecer estas parcelas de conocimiento y tratar de entrar a un nivel de comprensión que denote esa complejidad.

La interacción entre los diversos niveles que conforman lo político no es la única dificultad para la comprensión de estos fenómenos, pues además habrá que agregar que se trata de procesos que interactúan y se transforman en el tiempo. Las creencias y símbolos que en un tiempo fueron aceptados se modifican constantemente y esto implica una continua revisión de los parámetros e indicadores que se deben tomar en cuenta, de las acepciones que toman unas ideas en un lugar y en otro. Así las dimensiones clásicas de la historiografía, tiempo y espacio, no pueden quedar descartadas del observador de la cultura política. El significado de la democracia, la libertad, la participación o la protesta por mencionar algunos ejemplos varía a través del tiempo, tanto en significado como en la valoración que las sociedades hacen de esas categorías y por tanto, las acciones derivadas de esa percepción también son históricas.

Asimismo, el amplio espectro de lo que puede considerarse como de carácter cultural tendrá que acotarse para que tenga sentido un análisis de esta naturaleza. Es decir, únicamente se tomará en cuenta aquello que está en relación con lo político, ya sea el reconocimiento de un lenguaje común acerca de lo político y la polisemia que éste denota: las relaciones identitarias y sus múltiples interacciones.

Estas redes de significado están constituidas por creencias, valores, sentidos, evaluaciones y prácticas que una sociedad realiza con fines políticos. Estos pueden ser institucionalizados o no, construidos desde el poder o contra él; pueden mezclar creencias con ideologías políticas; la racionalidad es sin duda un elemento constituyente de las decisiones políticas, pero las valoraciones sobre los fines y los medios juegan un papel relevante en las acciones de los actores políticos; estas consideraciones pueden ser compartidas o particulares de grupos sociales, razas, regiones, pueblos y ciudades o ser exclusivas de un grupo social específico. Esto implica que las culturas políticas se entrecruzan, se sobreponen y nos atreveríamos a decir que no existe sociedad alguna que tenga una cultura política.

Los medios para que determinados valores sean aceptados por una comunidad pueden ser muy diversos, pero ante todo es una propuesta discursiva; legible para quien la propone como para quien la acepta o la rechaza. Desde esta perspectiva la institucionalización es un proceso posterior a la apropiación de los valores políticos.¹⁷ Un análisis desde una perspectiva teórica únicamente o desde la historia de las ideas no permite una valoración de los procesos sociopolíticos que propicien la historicidad donde se asuman las nociones, conceptos, ideologías, teorías. Esta perspectiva, en cambio, permite entender los procesos de transformación, las rupturas, las confrontaciones con la tradición y el establecimiento de nuevas culturas políticas o la convivencia entre ellas. Alan Knight en un debate en torno a la cultura política sostiene que, para que podamos hablar de cultura política, debemos considerar la persistencia de esas prácticas políticas; quizá cuando ciertas formas y rituales de la cultura política se han institucionalizado este requisito es de tomarse en cuenta. Sin embargo, el surgimiento de nuevas prácticas políticas, producto de las coyunturas, movimientos revolucionarios, etcétera, resignifican las viejas prácticas en función de nuevos objetivos, de manera tal que el movimiento también crea una cultura política.

Esta descripción del campo de la cultura política ya no parece un cajón de sastre, en el que todo cabe y efectivamente, las posibilidades son muy amplias, todo depende de cuál sea el interés de los investigadores, como se ha mostrado en el ejemplo que se incluye en este artículo, para el caso de la historiografía. Además, desde una perspectiva integradora de saberes, en particular de las ciencias sociales, pues únicamente permiten un abordaje no multidisciplinario sino transdisciplinario que atraviesa las disciplinas y sus diversas teorías y posibilita la comprensión de problemas complejos, tanto como la “realidad” misma.

El eje conductor de la Cultura política: la subjetividad de las identidades políticas

Si partimos de que desde el punto de vista de la subjetividad socialmente construida, la historia es el resultado de la intervención de múltiples factores que le confieren orientación e inteligibilidad; que está determinada por procesos que transcurren en ámbitos diferentes de interacción, con temporalidades y racionalidades distintas en que se plantean problemáticas diversas, y que es precisamente al interior de dicho entramado de experiencias que se va configurando la identidad de cada sujeto, tendremos que concluir necesariamente que toda cultura política es la síntesis heterogénea de valores, informaciones, juicios y expectativas que conforman identidades políticas siempre complejas tanto de individuos, como de grupos sociales u organizaciones políticas.

Esta definición, polémica como todo el enfoque teórico del cual se desprende, permite, sin embargo, hacerse cargo de la ubicuidad del concepto dentro de la teoría social, donde ha ocupado una posición que podríamos llamar de encrucijada, misma que ha permitido la convergencia de problemáticas propias de disciplinas como la Filosofía Política, la Antropología, la Historia, la Psicología Social y el Psicoanálisis y la propia Ciencia Política. En todas ellas se encontraban presentes de manera más o menos explícita algunas de las preocupaciones que serían sistematizadas de manera particular por el enfoque de la cultura política. En efecto, el carácter novedoso del enfoque, consistiría en buena medida en generar una serie de proposiciones en las que se intersectan problemas y categorías provenientes de campos de conocimiento diversos, lo que permitió ciertamente un enriquecimiento innegable en la problematización de un buen número de fenómenos políticos, pero también propició una situación incómoda con respecto a su propia identidad teórica.

Pero una vez reconocida la seriedad analítica del enfoque abierto por Almond y Verba, diversos campos disciplinarios se retroalimentaron con él, poniendo atención en aquellas facetas de la problemática general abierta por dicho enfoque y que resultaban más cercanas a su ámbito de análisis, enriqueciendo los objetos de conocimiento diferenciados. En este contexto, cabe señalar que si se quisiera encontrar un común denominador en el tratamiento que disciplinas como la Antropología, la Psicología Social, la Filosofía Política y la Historia han dado al concepto de cultura política, éste estaría dado por la noción de “subjetividad”. Aunque dicha categoría es tratada de manera diferenciada en los distintos campos, aparece como una constante en los discursos que toman a la cultura política como categoría auxiliar para sus objetivos explicativos.¹⁸

En efecto, la cultura proporciona un marco que orienta y otorga inteligibilidad a las acciones de todo sujeto. Al aportar un sentido a las prácticas sociales, en especial a través de formas comunicativas diferenciadas, se ordena la realidad y se generan las certezas esenciales requeridas para afirmar una determinada identidad. La cultura, en tanto espacio simbólico de clasificación y sistematización de la realidad, no sólo da sentido a la circunstancia vital de cada sujeto, sino que, en ese mismo proceso, construye la identidad social y política de los mismos. Esto es, no hay posibilidad de existencia de los sujetos al margen de su inserción en el orden simbólico de la cultura y de su constante reconfiguración a través de su pasaje por experiencias formativas singulares, por lo cual la recuperación de la historicidad resulta esencial.

Siguiendo esta línea de razonamiento, se puede entender el por qué resultan inviables las explicaciones de matriz empirista que asignan a los sujetos atributos fijos de acuerdo a su supuesta ubicación “objetiva” en la estructura social, por ejemplo, en los procesos de producción. Evidentemente, el perfil político de los sujetos concebidos desde tal óptica, tenía que obedecer a una lógica férrea de derivación de la subjetividad a partir de la “existencia material”, tanto de las clases como de los distintos grupos sociales. Así, a un mismo “ser social” correspondería de forma unívoca una conciencia coherente y homogénea, que sería tal precisamente por la fuerza de su determinación “objetiva”. En la actualidad no es necesario ya extenderse demasiado con respecto a los supuestos de dicha concepción y a sus efectos en el campo particular de la teoría marxista. De esta manera, a través de la crítica a las visiones empiristas y deterministas, se ha hecho posible el reconocimiento del carácter productivo y autónomo de la política y, junto con ello, la materialidad de la cultura que es uno de sus principales sustentos. De hecho, la recuperación de la dimensión simbólica de los procesos políticos, permite pensar el poder, la legitimidad, la disidencia, los conflictos, los consensos y los intereses, entre tantas expresiones de la dinámica social, en tanto productos de historias culturales complejas y generadoras de tramas de significación con mayor o menor capacidad de interpelación y generación de identidades.

A partir del concepto de cultura política que hemos planteado, es factible afirmar que la consolidación de los aspectos que dan origen al funcionamiento de determinados sistemas sociales en coyunturas históricas específicas depende, sustancialmente, de la manera en que dichos sistemas son entendidos y valorados subjetivamente por los sujetos que los hacen funcionar. Contrariamente a lo que muchas veces se piensa, la cultura política no es, entonces, un elemento externo al sistema, pues las formas de su reproducción cotidiana, o eventualmente de su transformación, se encuentran condicionadas por las peculiaridades de la cultura política desde la que el sistema es percibido e interpretado.¹⁹

Así entendida, resulta evidente que la cultura política no puede ser vista como un factor que guarde una relación de exterioridad con respecto al sistema político, pues es a partir de ella que éste cobra significado para los miembros de una comunidad vale decir, que éste se comprende y se hace funcionar de cierta manera. Lo cual significa, entonces, tanto para las partes que lo componen –con sus ritmos y modalidades de operación–, como por sus posibilidades de conservación y cambio.

La ubicación de la cultura con respecto a otras dimensiones sistémicas pasa, entonces, por una diferenciación de orden fundamentalmente analítico, más que por una separación de carácter empírico. Para plantear esta cuestión de manera quizá más radical, se puede decir que es difícil pensar, por ejemplo, la existencia concreta de un sistema político particular al margen de la forma en que su "materialidad" es significada subjetivamente desde una cultura política específica.²⁰

Visto con detenimiento, sostener una posición de esta índole implica mantener también la prioridad de los elementos culturales sobre los factores institucionales del sistema político. Es importante mencionarlo, pues repetidamente se plantea, tanto en el ámbito teórico como en el político, la discusión acerca de cuál de estos dos elementos condiciona o determina al otro. Aunque con frecuencia tal discusión se desarrolla de manera muy elemental a partir de afirmaciones mecanicistas en uno o en otro sentido, que tienden a desconocer la interdependencia y la retroalimentación recíproca de ambos elementos, no nos parece que se pueda eludir una definición analítica que subraye la importancia de algunas causalidades con respecto a otras.²¹

Éste parece ser el caso del impacto que tiene la presencia de una cultura política determinada en el plano institucional. Ello puede detectarse desde el perfil y las formas de reclutamiento de los operadores institucionales, hasta el tipo de demandas, problemas y expectativas que deben o no enfrentar (factor éste que influye incluso en la diferenciación y especialización de las estructuras político-administrativas), pasando por la reproducción de patrones de comportamiento social en el interior de las diversas instituciones.²² Es interesante observar cómo en situaciones particulares, como por ejemplo los procesos de transición política, y más aún de consolidación democrática, la debilidad de las tendencias sociales identificadas con los componentes culturales de la democracia, tiene un impacto desfavorable en la lógica de funcionamiento de las organizaciones partidarias y de los órganos de representación y gobierno. En un escenario de precariedad de los valores propios de la cultura democrática se reducen las posibilidades tanto de construir contextos favorables para la rendición de cuentas de las élites, como a una actuación de éstas en clave de generación de acuerdos fundamentales en una perspectiva de largo plazo y no sólo de rentabilidad política inmediata. Hechos que, en su conjunto, repercuten negativamente en las dificultades para pactar cierto tipo de reglas institucionales del juego político futuro.²³

Todo ello no implica desconocer, desde luego, la responsabilidad y la relativa autonomía de las élites políticas en los procesos de toma de decisiones. Ni significa tampoco hacer abstracción de las repercusiones que en la cultura política tienen iniciativas institucionales como las reformas político-electorales, pero sí obliga a contextualizar su relevancia observando sus condiciones de posibilidad y de eficacia en función del tejido social²⁴ que es, simultáneamente, su fuente y destinatario.

Sin embargo, si nos colocamos en la perspectiva de mediano y largo plazos, parece no haber forma de excluir a la variable cultural en los procesos de reproducción estable y productiva de los sistemas políticos, a menos que se suponga que es posible mantener instituciones democráticas en desfase permanente con la forma en que la ciudadanía entiende y practica la política; cuestión esta última que involucra a los más diversos aparatos de socialización política y que no puede ser reducida a los efectos de la aplicación o no de las reglas jurídicas y la acción institucional. En el límite, por esta vía nos encontraríamos de nueva cuenta ante el clásico contraste entre el país real y el país legal.

Al ir delimitando el campo de conocimiento asociado a la cultura política, resulta ineludible abordar las condiciones históricas de gestación de sus componentes. Esto es, resaltar el tipo de experiencias –y los espacios en que han ocurrido– que han dado lugar al surgimiento de diversas representaciones y posturas con respecto al sentido del universo de la política. Hablamos, pues, de procesos formativos que transcurren ininterrumpidamente en la cotidianidad de la vida social, pero que se enmarcan y se ligan, sin embargo, en instituciones y con tradiciones de distinto peso e influencia.²⁵

En este sentido, conviene insistir en que la cultura política remite a valores ya sedimentados y por eso difícilmente removibles, pero que en el contexto de la coyuntura pueden resignificarse y tornarse relevantes para el campo político. La opinión pública alude, por el contrario, a un universo de percepciones sobre la actualidad política que se agrupan y se reagrupan continuamente en función de la lucha político-discursiva entre los diferentes actores sociales y políticos por imponer su propia significación a los hechos utilizando distintos espacios de socialización. Lucha que por lo tanto se desarrolla en una variedad muy amplia de espacios formativos y entre ellos señaladamente el de la comunicación de masas. La fluidez característica de la opinión pública, incluso su ocasional y aparente volatilidad, no es arbitraria ni opera en el vacío: se da en el contexto de una cultura política dada que constituye su sustrato y su trama profunda. Es decir, es necesario estar atentos a esta relación entre trama y expresiones político discursivas.

La amplia resonancia social que en ocasiones encuentran determinados discursos tiene que ver, en esta perspectiva, no tanto con un poder intrínseco para dictar conductas y modificar valores, sino con la manera en que sus contenidos se apoyan, recrean, actualizan y extrapolan a nuevas situaciones desde la premisa de un sentido común socialmente aceptado y profundamente arraigado.

En general, en situaciones de estabilidad sociopolítica, los referentes culturales generales no son puestos en duda. No obstante, en condiciones de dislocamiento político–social, de incertidumbre, de crisis de liderazgo o frustración de expectativas, se suelen presentar situaciones de gran fluidez que favorecen cambios más o menos importantes en el escenario de la opinión pública y en las actitudes y comportamientos sociales y políticos, lo cual genera a su vez coyunturas propicias para el cuestionamiento y potencial transformación de lo que hemos llamado hábitos fundacionales, cuya concreción dependerá de la continuidad y del sentido que las fuerzas sociales puedan darle a la naciente tendencia.

Sin duda, las posibilidades de incorporación histórica de los elementos novedosos a la cultura política, parecen jugarse en la forma en que éstos logran mantener o no cierta continuidad por medio de su inserción en las prácticas cotidianas de los individuos o los grupos organizados. Por ejemplo, ciertos acontecimientos coyunturales pueden abrir la posibilidad, apoyados en el desgaste de algunos componentes de la cultura política tradicional, de iniciar un proceso democratizador de la cultura política, mas si no son trabajados políticamente de manera tal que den pie a lo que podría ser llamada una "costumbre" democrática de participación y convivencia, su relevancia será mínima a mediano y largo plazos.²⁶ De aquí la pertinencia de subrayar que un factor clave para que ciertos elementos coyunturales –que se pueden presentar tanto en la dimensión cognoscitiva, como en la evaluativa o la afectiva– se conviertan efectivamente en componentes culturales sea, pues, su derivación a través de espacios y formas organizativas que les permitan sedimentarse de manera firme en la base del cuerpo social.

Con este enfoque es posible resaltar la importancia del estudio histórico con miras a evaluar de forma más consistente y realista la magnitud y profundidad de ciertos cambios, guardando distancia y tratando con precaución ciertas manifestaciones coyunturales que en una primera impresión parecieran indicar transformaciones integrales de los patrones primordiales –generados en procesos de larga duración– de la cultura política.

Se debe recordar, además, un aspecto importante que no debería descuidarse en la reflexión sobre la tipología de la cultura política y sus variaciones históricas. Al hablar de cultura cívica ideal, el análisis se remite directamente a la metodología weberiana en la que la construcción de "tipos ideales" de acción social de acuerdo a cierto esquema de racionalidad, funciona como parámetro comparativo de los procesos históricos concretos sin tener necesariamente una ambición descriptiva.²⁷

Incluso, habría que enfatizar que la mixtura y la heterogeneidad no se dan únicamente entre los distintos tipos de cultura política, ya que al interior de cada uno de los tipos descritos resulta prácticamente imposible plantear una situación de equilibrio y complementación armónica entre los niveles cognoscitivo, evaluativo y afectivo. En este marco, parece difícil arribar a una caracterización histórica de determinados procesos a través de la pretensión de ajustarnos descriptivamente a cierto esquema de racionalidad política. En todo caso, y para el tema que nos ocupa, lo que puede efectuarse a partir de la constatación del predominio de ciertos rasgos culturales y de algunos patrones de comportamiento, es la definición de la cultura política como tendencialmente democrática o autoritaria, para retomar los dos parámetros más utilizados en la actualidad. En situaciones ambiguas vale utilizar, incluso, la categoría de cultura política de transición.

Si se miran con detenimiento los distintos niveles que conforman la cultura política –cognoscitivo, evaluativo y afectivo–, se podrá comprobar que no hay posibilidad de garantizar una sincronía y una complementación armoniosa entre ellos, en la perspectiva de su adecuación a cualquier tipo de lógica política ideal.

En síntesis, la variedad de fuentes formativas de la cultura política, de sus espacios, formas de interpelación ideológica, rutinas y ritmos de funcionamiento, abre la posibilidad del entrecruzamiento de información, relaciones afectivas, memoria histórica, modos de vida y normas ético-políticas de carácter heterogéneo, lo que obliga a mantener cierta prudencia en lo referente a su tipología.

Conclusiones

Los cambios suscitados en las ciencias sociales en los últimos cincuenta años, el llamado giro lingüístico, el desplazamiento de las visiones simplistas de los fenómenos históricos sociales han dado origen a propuestas de profundidad analítica como el que en este artículo se ha presentado, la cultura política.

Una de las primeras manifestaciones de estos cambios es el surgimiento de campos híbridos tales como cultura política, semiótica-histórica, sociología política, etcétera, lo que muestra la dificultad de analizar fenómenos desde una perspectiva estrictamente disciplinaria por lo que se ha hecho urgente buscar campos en el que converjan diversos saberes para entender “la realidad” que se está analizando. Paradójicamente, estos estudios no parten de una definición exacta, precisamente porque esas definiciones son un rasgo de cierta epistemología que quiere rebasarse, como en algún momento fue una exigencia de los teóricos y fundadores de varias de las disciplinas; sin embargo, esto no quiere decir que no haya un enfoque y problemas propios de estas formas de abordar el análisis de los fenómenos, pero estos están en función de lo observado y del momento que se analiza, pues los significados de lo político y cultural varían en tiempo y circunstancia.

En las ciencias sociales este tipo de estudios se plantearon en los años cincuenta y partían de la idea que era posible conocer la subjetividad de las decisiones políticas, porque se contaba con instrumentos como las encuestas, instrumentos que servían para preguntar a los actores políticos el porqué de sus decisiones. Mucha tinta ha corrido desde entonces, críticas diversas se han hecho tanto al enfoque como a la posibilidad de profundizar en el lado subjetivo de la política o en los efectos que lo cultural tiene en la praxis política. Quizá uno de los campos en los que se centraron las objeciones fue en los estudios históricos, pues parecía casi imposible conocer estas intencionalidades de los actores del pasado, ya que no se les podía interrogar; sin embargo, se han podido plantear propuestas a partir de huellas discursivas, que sin sobredimensionar los hallazgos nos permiten entender la cultura política de la sociedades del pasado. Finalmente, la complejidad del campo también posibilita no una comprensión total, pero sí múltiples formas de ver lo político y posibilidades teóricas para ahondar en el conocimiento de los fenómenos histórico sociales de lo político. Se asume que no existe una cultura política sino que conviven diversas culturas en los espacios históricos.

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2. ¿Todo cabe en la cultura política sabiéndolo acomodar? Por una (re) vuelta hacia la cultura y la política²⁸

Eric Nava Jacal

En busca de las coordenadas perdidas

Hoy en día resulta común encontrar el término de “cultura política” en distintos ámbitos de la sociedad, que van desde los medios de comunicación masiva, pasando por movilizaciones políticas y atraviesan distintos campos disciplinarios de las ciencias sociales y humanidades. Pero ha sido sobretodo dentro de este último ámbito en donde la discusión sobre su definición, alcances y limitaciones, e incluso pertinencia para ciertos temas, ha sido una constante preocupación. Desde sus orígenes como concepto, allá por los años 50, la cultura política se enfrentó con duras críticas que la observaban como una categoría residual que en su intento por abarcar todo terminaba por no explicar nada.²⁹ Con los años las objeciones fueron en ascenso, sobre todo aquellas que la observaban como una herramienta descriptiva más que explicativa. La incorporación de cada vez más disciplinas en el debate aumentó las reticencias aunque, de manera algo paradójica, su aplicación “empírica” no correspondía al cuidado con que se abordaba la discusión conceptual.³⁰

Es importante, sin embargo, hacer la anterior distinción porque en este ensayo no pretendo borrar de un plumazo la relevancia de investigaciones rigurosas y reveladoras. En este sentido, aquí antepondría, como lo hiciera el historiador E. P. Thompson, la riqueza de la historia a la miseria de la teoría. El problema entonces en las líneas siguientes no es criticar investigaciones o estudios en sí mismos, sino simplemente poner sobre la mesa algunas problemáticas conceptuales que puedan aportar a un empleo más preciso –quizás más analítico– de la cultura política. Me parece que ante la “sobreabundancia” de la literatura sobre este tema, se debe tratar de consolidar la pertinencia del uso y aplicación del concepto más allá de hacerlo aparecer en nuestros abstracts o keywords que tanto sirven para estar en la boga académica y acomodarnos en un buen dossier.

Si atendemos, por ejemplo, a aquella añeja definición que brindaron Gabriel Almond y Sidney Verba, se puede observar por una parte un sano desprendimiento de los planteamiento originales, pero también un evidente alejamiento –si no es que olvido– de sus preocupaciones metodológicas.³¹ Para el primer caso me parece justo y necesario que (como para cualquier otro concepto que pretenda dar cuenta de la realidad) la cultura política se haya actualizado; puesto que no suelen ser buenos los purismos conceptuales y sí, en cambio, sus desafíos contextuales. Sin embargo, lo que resulta inquietante es el descuido metodológico que cobrará mayor importancia conforme aumente el número de disciplinas en el debate. No es casualidad que después de casi tres décadas de revisar el estado de la cuestión sobre la cultura política en México, el antropólogo Esteban Krotz, tal vez quien con mayor fineza haya entrado a su debate, aún observe al estudio de la cultura política como un campo en construcción y siga observando buenas dosis de impresionismo, preferencias por lo descriptivo, tendencias estadocentristas, predilecciones por lo sincrónico y lo local, pero, especialmente, el escaso y poco riguroso acercamiento a la dimensión subjetiva de la política que tanto reivindica el concepto.³²

Dicho esto, en el presente ensayo me propongo problematizar el concepto desde sus fundamentos, es decir, la cultura y la política. No obstante, para no redundar en discusiones aún mayores, sólo me interesa abordar estas categorías desde las coordenadas que nos permitan precisar –y justificar– el uso de la cultura política en cualquier campo disciplinar: el espacio y el tiempo. Así las respectivas intersecciones nos conducirán a una espacialización de la cultura y a una temporalización de la política; coordenadas que además trataré de enmarcar dentro de determinadas relaciones de poder.

Espacializando la cultura

Hace ya unas décadas cuando Mijaíl Bajtín se propuso analizar los distintos fenómenos que constituyeron la cultura popular medieval, se percató que si bien algunos autores ya lo habían intentado, tales esfuerzos habían considerado dichos fenómenos de forma aislada, “totalmente desligados de su seno materno”.³³ Por tal razón, si bien poseíamos un amplio conocimiento sobre la variedad de las expresiones de aquella época aún no se había descubierto “la esencia de estos fenómenos, que fueron estudiados únicamente desde el punto de vista de las reglas culturales, estéticas y literarias de la época moderna, sin ubicarlos en la época a la que pertenecen. Fueron, por el contrario, modernizados, lo que explica por qué fueron interpretados erróneamente”.³⁴

Para Bajtín, el mejor medio para revertir este error era “trasladarse al terreno mismo donde se formó esta cultura, donde se concentró y fue interpretada literalmente”.³⁵ Ahora bien, ¿cómo podemos entender o definir tal lugar? Entre las diversas categorías de las que disponemos –nicho cultural, arena política, entre otras– me gustaría pensar dicho espacio como una semiosfera, es decir, el “espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis”, pues, así como la biósfera es condición para la existencia de vida, la semiosfera lo es para la existencia de la cultura.³⁶ Esta elección obedece a dos motivos: el primero, porque mediante esta categoría se puede profundizar de manera privilegiada al análisis de las prácticas semiótico–discursivas de determinado fenómeno (un elemento distintivo de la cultura política);³⁷ y el segundo, porque la semioesfera se presenta como una categoría con un potencial transdisciplinario muy estimable.³⁸

De acuerdo con Iuri Lotman, la semiosfera posee dos características fundamentales: un carácter delimitado (aquello que separa a la semiosfera respecto de lo extrasemiótico o a lo semiótico) y, a su vez, una irregularidad semiótica (pues el espacio no semiótico puede ser de hecho otra semiosfera, es decir, se establece una relación núcleo/periferia).

El concepto clave en todo esto es la frontera, entendida como “un mecanismo bilingüe que traduce los mensajes externos al lenguaje interno de la semiosfera y a la inversa”. La frontera, no obstante, adquiere una mayor dimensión analítica para nuestra propuesta cuando Lotman indica que “la transmisión de información a través de esas fronteras, el juego entre diferentes estructuras y superestructuras, las ininterrumpidas <<irrupciones>> semióticas orientadas de tal o cual estructura en un <<territorio>> <<ajeno>> determinan generaciones de sentido, el surgimiento de nueva información”.³⁹

La importancia de esta perspectiva reside, por ejemplo, en que nos puede ayudar a estudiar a un movimiento, el zapatismo de 1911 por ejemplo, desde su dinámica interna (en su capacidad de autoafirmación), pero también con respecto a su interacción e intersección con otras semioesferas (por ejemplo, el liberalismo radical magonista).⁴⁰

Ahora bien, una de las críticas que se le han hecho a la propuesta lotmaniana, así como a casi todas aquellas definiciones de cultura desde la semiótica, es “la ausencia de una teoría del poder, es decir, el funcionamiento cultural ligado al poder, a la ideología, [que] necesariamente es conflictivo”.⁴¹ Por supuesto, la observación se hace más significativa si nos encontramos frente a contextos de marcada explotación, opresión y dominación, nada ajenos a realidades como la mexicana. Fue justo en el estudio de un contexto como este, cuando E. P. Thompson reaccionó contra la “demasiado concensual” definición de cultura popular propuesta por algunos de sus colegas, porque –afirmaba– la cultura es también “un fondo de recursos diversos, en el cual el tráfico tiene lugar entre lo escrito y lo oral, lo superior y lo subordinado, el pueblo y la metrópoli; es una palestra de elementos conflictivos, que requiere de un poco de presión –como, por ejemplo, el nacionalismo o la ortodoxia religiosa predominante o la conciencia de clase– para cobrar forma de <<sistema>>”.⁴²

Para Thompson, la cultura en su “agradable invocación de consenso” podía servir para “distraer la atención de las contradicciones sociales y culturales, de las fracturas y las oposiciones dentro del conjunto”.⁴³ En contraposición, este autor opta por el concepto de “cultura plebeya”, a la cual sitúa “dentro de un equilibrio determinado de relaciones sociales, un entorno laboral de la explotación y resistencia a la explotación, de relaciones de poder detrás de los rituales del paternalismo y la deferencia”. Es decir “dentro de la morada material que le corresponde”.⁴⁴

La figura de palestra resulta atractiva porque refiere un lugar en donde se lidia, se lucha; lo que supone –al menos– dos contendientes –dominadores y dominados– aunque, por supuesto, no entren a la arena con las mismas armas y estrategias. Así, siguiendo a Bolívar Echeverría, podemos entender por cultura “todo lo contrario de resguardo, conservación o defensa; [por el contrario] implica salir a la intemperie y poner a prueba la vigencia de la subcodificación individualizadora, aventurarse al peligro de la ‘pérdida de identidad’ en un encuentro con los otros realizado en términos de interioridad o reciprocidad”.⁴⁵

Pero no sólo podemos apuntar aquí la autoconfirmación cultural, sino, además, podemos mirar su intersección con otros espacios de cultura –otras semioesferas– y, con ello, la generación de sentido y de nueva información. Bolivar Echeverría expone lo anterior de forma más explícita, cuando define a la cultura como “el cultivo dialéctico de una identidad que sólo se reproduce en la medida en que cuestiona, en que se enfrenta a otras, se combina con ellas, defendiéndose de ellas y también invadiéndolas”.⁴⁶

Se podrá decir, y no sin cierta razón, que con todo esto aludimos más a la forma que al contenido de la cultura; puesto que no me he detenido en los elementos que la conforman –valores, símbolos, lo tangible o intangible– sino en la manera en la que se configuran dentro de una dinámica centro/periferia y, por eso mismo, dentro de relaciones de poder. Con todo, prefiero pensar que si no problematizamos la definición –entendida esta palabra como “realización” más que como conceptualización– corremos el peligro, por un lado, de ver a la “cultura” sólo como una suma de rasgos y –metodológicamente– caer en el error de suponer que la suma de las partes explicará al todo; y por otro, acotar y constreñir “la política” sólo como una de dichas partes. Por el contrario, y volviendo a la idea de semiosfera propuesta por Lotman, entiendo que “no existen por sí solos en forma aislada sistemas precisos y funcionalmente unívocos que funcionan realmente. La separación de éstos está condicionada únicamente por una necesidad heurística. Tomado por separado, ninguno de ellos tiene, en realidad, capacidad de trabajar. Sólo funcionan estando sumergidos en un continuum semiótico”.⁴⁷

Desde esta perspectiva podemos asumir que ni la cultura –y adelantamos de una vez– ni la política existen como “subdivisiones” o “subcategorías” diferenciadas una de otra en la realidad social, porque si bien pueden poseer dinámicas propias (distintas esferas sociales giran en distintos ritmos, como la del arte y la de la economía, por ejemplo), ninguna funciona ni se explica fuera de ese continuum complejo que aquí definimos como semioesfera.⁴⁸ En todo caso, al menos hemos avanzado en la idea de que la cultura adquiere por sí misma y en su propio seno –y no sólo por la vista del observador– su justa dimensión y complejidad, como tanto nos lo advertía Bajtín.

Temporalizando la política

Al analizar “la cultura” en contextos de “poder”, se comienzan a entrever aquellos “universos simbólicos asociados a los ejercicios y estructuras de poder”, es decir, la cultura política.⁴⁹ No obstante es primordial tener en mente la pregunta ¿a qué política nos referimos? Como ya se ha mencionado, cada vez son menos quienes restringen el estudio de la política a los sistemas políticos, el Estado y los partidos, y prefieren enfocar la lente a “lo político” que permea inexorablemente a toda una sociedad. El problema, sin embargo, es ahora pensar en “sociedad” o en “cultura” como un todo y, en esa medida, entender las maneras de realización de “lo político” de manera uniforme; por ello, no es poco común tratar de ver en las prácticas “democráticas” y “ciudadanas” el referente para categorizar la cultura política de una región, estado o nación. En cambio, al aceptar la existencia de distintas semiosferas y, en consecuencia, de distintas políticas, podemos dar cabida a aquellas que no ven al poder como un fin, sino como un medio para la realización de principios emancipatorios

…lo cual significa, a su vez, que la política no es sólo –sin dejar de serlo– táctica y estrategia, empleo de medios eficaces para cumplir objetivos, sino también –y además insoslayablemente– una actividad práctica que persigue realizar ciertos valores o fines que sus agentes consideran valiosos.⁵⁰

Así, las experiencias autonomistas, las prácticas comunitaristas y todas aquellas que no pasan por el Estado (sea en contra o más allá de él), son haceres y saberes constitutivos de determinadas culturas políticas tal cual como lo son aquellas que apelan a la sociedad civil, a la ciudadanía y a las elecciones. Y no sólo eso, pues la práctica de lo político en diversas culturas está imbricada y es inexplicable si no atendemos a sus prácticas religiosas, rituales, carnavalescas, etcétera.

En este sentido, de acuerdo con Bolivar Echeverría, nada obstaculiza con mayor fuerza el análisis de determinada cultura política que la suposición –“defendida obstinadamente por el discurso moderno dominante”– de que la práctica de “lo político” es monopolio del ejercicio de “la política”. En su lugar, sugiere, debemos poner nuestra atención a “lo político” entendido como “la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad… de tener a la socialidad de la vida humana como sustancia a la que se le puede dar forma”.⁵¹ Entendido así, por ejemplo, podemos explicar cómo lo político se actualiza de manera privilegiada cuando entra en una situación al límite, digamos de represión, y, en el desenvolvimiento de una emancipación, el arsenal de dicha cultura política ya no es punto de llegada sino de partida.

Esta perspectiva, nos introduce de lleno a la coordenada temporal de la política, un aspecto vital si queremos encontrar en ella un carácter explicativo. Veamos. Si como dice Echeverría, una situación límite potencia y actualiza la política de una cultura, fijar nuestra atención en esta “fase” podría llevarnos a pensar que en las anteriores lo “político” brillaba por su ausencia o, en el mejor de los casos, era eminentemente conservador. Sin embargo, nos advierte Echeverría:

Lo político no deja de estar presente en el tiempo cotidiano de la vida social; lo está, y además de dos maneras diferentes. Primero, de una manera real… que prolonga ese tiempo extraordinario y hace de él una presencia paralela en medio del tiempo cotidiano… Y el segundo, en el plano de lo imaginario… reactualiza en el modo de lo virtual, el replanteamiento y restauración de la forma social como tal, su interrupción y reanudación, de fundación y su re-fundación.⁵²

No obstante, lamenta Echeverría, el discurso moderno no sólo limita su definición de política a una de sus dos versiones, la “real”, sino que la reduce aún más a la política pura, es decir, a las actividades de la “clase política” en torno al Estado. Contrario a esto, una aproximación crítica a la cultura política debe insistir en que la realización de lo político tiene que ver con todas las instituciones cristalizadoras de la sociabilidad humana, es decir, “instituciones que tienen que ver con todos los aspectos de la convivencia –unos más ‘públicos’, otros más ‘privados’– y que abarcan por tanto desde las instituciones de parentesco hasta las instituciones religiosas, pasando por las instituciones laborales, civiles, etcétera”.⁵³

Considerados estos sesgos, continúa Echeverría, podemos tratar de abordar la cultura política como “la reproducción de una forma peculiar de institucionalizar lo político como ‘política’, una manera particular de prolongar lo político fuera del momento sagrado que le es propio, en la rutina de lo cotidiano”.⁵⁴ Por “momento sagrado” se entiende un suceso fundante (un quiebre, una ruptura, una revolución, una fundación literal); así, esa realización total de la socialidad humana es incorporada –en lo real e imaginario– en el hacer diario de una sociedad.⁵⁵

El siguiente cuadro nos puede ayudar a observar la riqueza de dicha propuesta con mayor precisión:

Dimensión temporal
Dimensión I | Continuum dialéctico | Dimensión II
Tiempo cotidiano de la política | Situación de politicidad al límite | Tiempo extraordinario de la política
Lo extraordinario en el imaginario | Lo ordinario en lo rutinario

Desde esta perspectiva también pueden ser consideradas las propuestas que, sin aludir explícitamente a la cultura política, intentan situar la creación de “subjetividades políticas” teniendo como referentes las condiciones de dominio en que se encuentre determinada sociedad o un sector de ella. Así, bajo esta óptica, resulta sumamente enriquecedora la síntesis realizada por Massimo Modonesi,⁵⁶ con respecto a la teoría marxista, y que puede ser representada así:

Tipo de relación social | Tipo de experiencia | Categoría analítica
Dominación | Subordinación | Subalternidad
Conflicto | Insubordinación | Antagonismo
Revolución | Emancipación | Autonomía

El grado en que una determina, condiciona o posibilita a la otra es asunto de un debate mayor. El punto es que no podemos desatender a esta temporalización incluso en aquellos análisis que atienden sólo a lo sincrónico, puesto que, a decir de Echeverría, ahí está latente lo extraordinario en el imaginario político y, a decir de Modonesi, el tipo de experiencia, de creación de subjetividad política, no se puede pensar en la exterioridad de las relaciones de dominación.

Trazadas las coordenadas espaciales y temporales que aquí proponemos, podemos intentar atar los últimos cabos y concluir este ensayo.

Otras culturas, otras políticas⁵⁷

Personalmente creo que como muchos otros conceptos surgidos en distanciamiento o plena oposición a las categorías marxistas reinantes hace unas décadas, la cultura política nació con un halo de neutralidad que, en medio del remolino posmoderno, resultaba políticamente correcto.⁵⁸ No es casual, por ejemplo, que la “cultura”, sin adjetivos, desplazara en aquellos años a la otrora campeona categoría de “ideología”.⁵⁹ Los llamados estudios culturales pretendieron ser el último clavo de ese ataúd.

El consenso que encerraba como concepto poco tenía qué ver, sin embargo, con las preocupaciones de su época. De tal manera que, aun en el mundo estadounidense desde donde surgió, la “cultura política” –centrada en estudios del tiempo “cotidiano”– poco tuvo que hacer junto a categorías provenientes, por ejemplo, de la sociología política –como la movilización de recursos, las oportunidades políticas, marcos interpretativos– que trataban de dar cuenta de los convulsos años 60 y 70.

Con todo, como mencioné al comienzo de este ensayo, si vamos a tomar en serio el concepto de cultura política debemos esforzarnos en delimitarlo para así reafirmarlo al paso de nuestra investigación y no dejarlo como una carta (en un abstract) de buenas intenciones. Las coordenadas que aquí propongo tienen al menos esa intención.

Pero cerremos lo más que podamos la cuestión de la socióloga Margaret Sommers, tal vez inmejorablemente planteada, sobre ¿qué hay de político o de cultural en la cultura política y en la esfera pública? En su opinión “el concepto de cultura política es utilizado de una forma que difícilmente se puede considerar política o cultural”, y puntualiza: “en el caso de lo ‘político’, a pesar de estar orientado hacia asuntos públicos, el concepto… está configurado fundamentalmente por el lado antipolítico, privado de la ‘gran dicotomía’ de la sociología política que se establece entre las esferas público/Estado y privado/sociedad de la vida social”. Por otra parte, “en el caso de lo ‘cultural’, su concepto se refiere más a lo que es ‘naturalizado’ que a lo que es reconocible como cultural.⁶⁰ La respuesta de Sommers es contundentemente “occidentalizada” y progresista (muy lejana a lo que aquí defiendo como “lo cultural” y lo “político”)… y desafortunadamente acorde a los supuestos con los que arrancan diversos estudios sobre la cultura política.

No es que Sommers y quienes consciente o inconscientemente andan sus pasos regresen al purismo empírico, presente en el estudio clásico de Almond y Verba, en donde la “democracia” era el peldaño más alto, sino a un purismo conceptual en donde lo cultural y lo político es, lo que Hegel, Weber, Parsons, Habermas y Almond, entre otros, asumen que es y no lo que las culturas llevan a la práctica. A lo mucho se llega a aceptar que hay adaptaciones, “bilingüismos” políticos, híbridos, pero nunca que las prácticas dominadas en sí mismas son una cultura política. Así por ejemplo, observamos autoritarismo, caciquismo y corrupción como desviaciones de un modelo cuando puede ser que la imposición del modelo sea la causa de la perversión.

Así, contra esas “políticas” individualistas-estatistas, desde algún lugar de la selva Lacandona, por ejemplo, se opuso un “detrás de nosotros estamos ustedes” y un “mandar obedeciendo”… y eso también es una cultura política amén y a pesar del Estado y cuanta modalidad de gobernabilidad y representatividad presuma tener. Tal como afirmara Walter Mignolo:

Una de las consecuencias negativas de la geopolítica del conocimiento es impedir que el pensamiento se genere de otras fuentes, que beba de otras aguas. ¡Caramba! ¿Cómo voy a pensar la sociedad civil y la ‘inclusión’ sin Habermas y Taylor? ¿Cómo voy a pensar a partir de los zapatistas o de Fanon que produjeron conocimiento basados en otras historias: la historia de la esclavitud negra en el Atlántico y las historia de la colonización europea en las Américas?⁶¹

Cada vez parece más necesario ocuparse de esas otras culturas, de esas otras políticas, sobre todo, aquellas visibilizadas en la experiencia de los movimientos sociales latinoamericanos (fábricas recuperadas, las barriadas populares, la gestión comunitaria de los recursos) y sus respectivas genealogías (el hacer revolucionario tupamaro, haitiano, zapatista, aymara, mostraron códigos que no son identificables en afluentes europeos).⁶² Creo que sólo en la medida en que nuestro análisis de la cultura política sea ubicado dentro de las coordenadas espaciales y temporales de determinada experiencia (con sus muy peculiares relaciones de producción, relaciones de significación y relaciones de poder), la pertinencia del concepto podrá gozar de una estimable salud.

Bibliografía

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3. El derrumbe de un túnel a medio cavar

Silvia Pappe

La metáfora aparece firmemente amarrada a la teoría de la referencia, por transferencia de una relación, que es lo inverso de la denotación, de la que la representación es una especie.

Paul Ricoeur, La metáfora viva

El presente ensayo surge de la repetición obsesiva de la metáfora con la que el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos (1917-2005) escenifica situaciones de límite, constelaciones de un extremo autoritarismo político, de violencia, de los efectos de desestructuración social. No debo omitir la advertencia de que ni pretendo realizar un análisis histórico-político, ni ofrezco un estudio de crítica literaria. Prescindo de toda referencia a las tramas narrativas de las novelas y los cuentos de los que he extraído las citas –remito a los interesados directamente a la obra literaria.

La decisión por la obra de Roa Bastos tiene que ver con estas situaciones límite, con la búsqueda de un lenguaje que, a lo largo de medio siglo de escritura, represente la ausencia: exilio, impedimentos, opresión, muertes violentas. La mirada alude a la intertextualidad que potencializa la obsesión. Descubre –y eso no es lo menos importante– la exploración secreta de un autor y su deseo de crear las metáforas que correspondan a estas situaciones extremas y que nos permiten observar y discutir expresiones y nociones de cultura política donde uno pensaría que no hay, siquiera, condiciones.

El ensayo consiste de dos partes: una más teórica en torno a la vinculación del conocimiento con la representación, y de ésta con la visibilidad de experiencias, conceptos, construcciones abstractas e imágenes; la segunda se centra en la problemática de las metáforas creadas por Roa Bastos, con el fin de volver visible la fugacidad de valores históricamente diferenciados que aún logran emerger desde una sociedad desestructurada.

Representación y conocimiento

La imagen que da título a este ensayo proviene de la obra narrativa de Augusto Roa Bastos, una obra de construcción compleja, referencias intertextuales, variaciones que no siempre se diferencian claramente de versiones corregidas, de citas largas y alusiones constantes –estrategias literarias todas que ofrecen una escritura espesa, densa hasta la obsesión, produciendo espejismos y alucinaciones. Aparece, como imagen, como condición humana, de manera categórica en uno de los primeros relatos del autor, y seguirá con la misma fuerza hasta sus últimas novelas: La experiencia relatada en “La excavación” es la misma que la de Contravida, lo que cambia es el observador: víctima en el primer caso, testigo que se salva en el segundo.

Alternándose en turnos seguidos de cuatro horas, seis presos hacían avanzar la excavación veinte centímetros diariamente [...] Un nuevo desprendimiento le enterró esta vez las piernas hasta los riñones. Quiso moverse, encoger las extremidades atrapadas, pero no pudo. De golpe tuvo exacta conciencia de lo que sucedía, mientras el dolor crecía con sordas puntadas en la carne, en los huesos de las piernas enterradas.⁶³

El cierre de este ciclo infernal era, cada vez, el fogonazo del túnel desmoronándose y sepultando para siempre a los excavadores […] Fueron inútiles todos mis esfuerzos para arrancarlo de la trampa mortal en que estaba atrapado desde la cabeza hasta las rodillas.⁶⁴

La pertinencia de la imagen y sus eventuales relaciones con la noción de cultura política se desarrollará a lo largo del texto. Independientemente de la época en la que se sitúan las novelas y los relatos de Roa Bastos (las que me interesan abarcan los siglos XIX y XX), e independientemente de los territorios reales en que se ubican las tramas (casi siempre Paraguay, incluso cuando los protagonistas se encuentren en el exilio), y del carácter histórico o ficticio de los personajes (los límites se van borrando conforme aumenta la intertextualidad), se presentan situaciones y características que a mi parecer revelan aspectos de un determinado entendimiento (El Supremo Dictador de Roa Bastos seguramente diría entend-y-miento) de la noción de cultura política que vale la pena analizar.

A diferencia de los hábitats materialmente edificados, una ranchería, un pueblo o una ciudad, incluso a diferencia del universo, visible como firmamento estrellado, el Estado-nación es una construcción jurídica, política, cultural y, sobre todo, conceptual que no se puede “ver” u observar en el mismo sentido, sino a través de representaciones como aquellas que encontramos en ciertas novelas. A partir de esta convicción, Franco Moretti,⁶⁵ teórico literario y estudioso de representaciones espaciales, desarrolla algunas de sus investigaciones. Me permitiré retomar, a manera de ejemplo, la relación que Moretti establece entre determinadas características que distinguen los enlaces matrimoniales en la Inglaterra del siglo XVIII, utilizando para ello los personajes femeninos de las novelas de Jane Austen, y los significados políticos de las integraciones espaciales y territoriales que de allí se pueden vislumbrar.

Una y otra vez, revela Moretti, las novelas de Austen fomentan enlaces matrimoniales que unen a personas que viven en regiones distintas. Mujeres que jamás han salido de su pueblo se casan con hombres de otras comarcas; aprenden a vivir en otras comarcas, sin la protección de su familia, y pronto se sienten seguras, cómodas, incluso a gusto. Con ello se muestra, poco a poco, la integración de las comarcas en un conjunto más amplio, una estructura nacional. Novelas como las de Jane Austen representan, simbólicamente, la lenta integración de un Estado-nación en cuyo entorno los matrimonios “intercomarca” terminan siendo una metáfora de integración territorial de la nación.

[…] los seres humanos pueden palpar directamente la mayoría de sus hábitats: pueden abarcar su pueblo, su valle con una sola mirada; lo mismo con la corte, o la ciudad (en especial ciudades antiguas, cuando aún eran pequeñas y estaban rodeadas por una muralla); o el universo –un cielo estrellado, a fin de cuentas, no es una mala imagen. Pero, ¿el Estado-nación? ¿‘Dónde’ está? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo puede uno verlo? Y nuevamente: pueblo, corte, ciudad, valle, universo, todos pueden ser representados visualmente –en pintura, por ejemplo– pero, ¿el Estado-nación? Bueno, el Estado-nación… encontró la novela. Y viceversa: la novela encontró el Estado-nación.⁶⁶

También Raymond Williams, otro de los grandes estudiosos de la literatura inglesa, había observado que el país, el Estado-nación, existía para los personajes de Jane Austen en tanto reconocían y recorrían físicamente las redes de vecinos, las familias, sus tierras y sus propiedades. Y Edward Said, desde un enfoque que rebasa el territorio inglés y amplía la observación hacia las construcciones de Oriente desde Occidente, trae al primer plano otra construcción conceptual y a la vez realidad histórica que no se puede “ver”, sino ser a través de representaciones: el Imperio Británico. Nuevamente, el análisis de las novelas de Jane Austen lo “muestra” a través de aquellas familias inglesas que tienen algún pariente sirviendo en la India, que obtuvieron sus riquezas de una colonia británica, cuyos interiores son decorados con elementos de la India… en otras palabras, su lectura hace explícito cómo se generan las visiones occidentales sobre Oriente.

Los contemporáneos de las novelas perciben el territorio “nacional” en ciernes, lo experimentan a través de las relaciones personales y matrimoniales, además de un modo particular de “sentirse en casa” en sitios alejados del lugar de nacimiento, propio de los personajes novelescos de Austen. La cartografía elaborada por Moretti así lo confirma, y es esta evidencia gráfica la que permite “ver” la materialización de conceptos que son propios, originalmente, de las obras de ficción. Para quienes se interesan en mapas y territorios, Moretti hace visible la integración territorial a través de una elaboradísima cartografía que representa no sólo el territorio físico, sino ante todo su valor simbólico; el autor territorializa y a la vez historiza las novelas que, en sí, no pertenecen al género de la novela histórica. Eso permite que el autor realice las lecturas e interpretaciones específicas vinculadas al surgimiento de percepciones y experiencias de una naciente cultura política.

El historiador alemán Karl Schlögel tiene una posición distinta.⁶⁷ Estudioso de espacios, tiempos y representaciones en y a través de mapas (entre muchos otros documentos), expone cómo el Estado-nación empieza a ser visible a partir de determinadas transformaciones en la elaboración de los mapas y las correspondientes visiones del mundo.

Descubren las diferencias, sondean la diferencia, definen fronteras. En la imagen cartográfica queda claro dónde acaba lo propio y comienza lo otro, lo extraño y ajeno. Las imagined communities admiten territorializarse. Un territorio común es fuerte indicio de existencia y poder de la comunidad imaginada. La nacionalización de la imagen del mapa es inevitable fenómeno concomitante de la conciencia nacional que despierta.⁶⁸

Ambos enfoques, si bien distintos entre sí, recurren a representaciones simbólicas, ocasionalmente metafóricas, o con potencial simbólico o metafórico;⁶⁹ ambos recurren a la necesidad de contar con un observador o lector que pueda comprender los significados simbólicos y metafóricos, y dar cuenta de ellos. Las diferencias surgen no sólo por el soporte material de estas representaciones, que es lo que permite la observación; además, hay diferencias en lo que se refiere a las características y las intenciones de estas representaciones: los mapas del Estado-nación tienen el firme propósito de representar a éste, distinguirlo entre lo que son otros Estados-nación, otros territorios soberanos, otras identidades; mientras que las novelas representan, sin que sea su principal objetivo, la capacidad de reconocer relaciones humanas que muestran la construcción de un Estado-nación, un territorio que se integra mediante estas relaciones, la percepción de su unificación, su homogeneización desde su interior.

Es notable que ambos autores citados centren sus estudios en los orígenes del Estado-nación, en la emergencia de su visibilidad, en los momentos y las situaciones propias del surgimiento de representaciones a partir de las cuales se empieza a vislumbrar la territorialidad de un concepto. En otras palabras, tanto Moretti como Schlögel resaltan mediante qué tipo de representación se manifiesta, de modo perceptible y visible, el Estado-nación. Para ambos autores, la representación es, directa o indirectamente, el medio conceptual y material que permite la visualización, y es, a la vez, el problema a estudiar. Al plantear la problemática del origen de cuándo la noción, el concepto y el proceso de formación de un Estado-nación se muestran a los observadores a través de determinadas representaciones, los autores requieren de una mirada histórica-historiográfica. Al adoptar esta mirada, encontramos no sólo representaciones de los orígenes, sino también otras que resaltan su permanencia y transformación

Pero ¿qué hacer o pensar ante la desintegración de estas representaciones, e incluso la ausencia de determinados aspectos? En este último caso, ¿cómo observar representaciones de los momentos en los que se pierde la visibilidad del Estado-nación? Se borran los límites hacia fuera, la integración al interior, los espacios se vuelven invisibles y por lo mismo inexistentes, los actores se ausentan y se deterioran todos sus vínculos, todas sus relaciones. Sin dejar de lado las posibles causas y circunstancias históricas de estas desapariciones y ausencias, es a las particularidades metafóricas en las representaciones que quiero dedicar el presente trabajo.

La sola posibilidad de representar una noción como Estado-nación y que existan lectores y observadores que reconozcan en la representación lo que de manera directa o indirecta se pretende mostrar, indica rastros de una cultura política. Al indagar en torno a los orígenes de la visualización del Estado-nación, casi necesariamente se descubren señales de un proceso inicial de formas de organización territorial, política y social (incluso ciudadana) en transformación, en el marco de aquello que después se identificaría, históricamente, como Estado-nación.

Mi hipótesis es que rastros de esta cultura política se siguen encontrando como referentes y como experiencia, incluso en contextos en que desaparecen las manifestaciones visibles de una integración sociopolítica, cultural y territorial visible, concreta. La representación permanece en los sujetos que han perdido su pertinencia social a una cultura política específica, y los rastros de lo que existía como potencial de una cultura política se manifiestan en representaciones parciales, incompletas, pero no de menor fuerza simbólica. El incremento de metáforas en este sentido bien puede ser una señal.

Pero el exilio dejó de ser hace tiempo el mal de un país. Es una plaga universal. La humanidad entera vive en exilio. Desde que ya no existen territorios patrios –y, menos aún, esa patria utópica que es el lugar donde uno se encuentra bien–, todos somos beduinos nómadas de una cabila extinta. Objetos transnacionales, como el dinero, las guerras o la peste.⁷⁰

Retomo algunas particularidades de investigaciones previas:⁷¹ algunas de carácter más teórico, otras que le son intrínsecas a la investigación historiográfica e, incluso, a la investigación y a los procesos cognitivos a secas.

Estos primeros aspectos, más teóricos, tienen que ver ante todo con mi camino de indagación, con posibles rumbos. De ninguna manera, eso se debe entender como una propuesta general de cómo detectar, describir, entender o incluso usar metáforas. No se trata de una teoría de la metáfora, tampoco remite al lector a aspectos generales sobre su uso o, en particular, sobre su uso en Historia. Es un camino, nada más –pero como todo camino, atraviesa territorios, muestra objetos, permite vislumbrar horizontes, imaginar metas, invocar experiencias, señalar posibles entrecruces y puntos de llegada.

El primero, posiblemente el más importante para lo que quiero plantear, es un problema doble y gira en torno a lo que se puede y se debe representar con el fin de obtener conocimiento. Tradicionalmente, la construcción de relatos históricos que refieren y a la vez representan hechos del pasado, en cualquiera de los formatos acostumbrados, permite interpretaciones, análisis, conocimientos nuevos. En este sentido debemos considerar el problema de la representación desde sus aspectos estructurales y estructurantes: el relato (histórico en nuestro caso) construye, estructura, vincula y vuelve comunicable el conocimiento histórico. Los más diversos enfoques intervienen en la elaboración de las representaciones: conocimientos previos; la indagación en torno a preguntas e hipótesis; la comunidad intelectual y disciplinar a la que pertenecemos; la construcción de un objeto de estudio y su organización; las nociones y los conceptos que constituyen los ejes del análisis y, en su momento, la comunicación de los avances y resultados. Sin estos niveles y sin su clara diferenciación parece que no puede existir, siquiera, una mínima posibilidad de conocimiento, ya no digamos conocimiento comunicable.

En las ciencias sociales y las humanidades, las representaciones académicas suelen tener forma de textos, en ocasiones acompañados por gráficas, imágenes, mapas, entre otros. Las implicaciones que conlleva el trabajo con textos que representan hechos, procesos, experiencias en lugares y tiempos determinados o, para ser más específicos y generales a la vez, las implicaciones de mediar el conocimiento con el lenguaje, se han discutido ampliamente a lo largo de las últimas décadas: la relación entre lenguaje y realidad (palabras y cosas en términos de Foucault), y las modalidades de acceso a ésta han nutrido las discusiones que hoy referimos a secas como giro lingüístico y, en ocasiones y de manera poco precisa, teoría del discurso.

Tan familiar se ha vuelto la referencia al hecho de que trabajamos con el lenguaje y que el medio para acceder al mundo es el texto, que el estudio del mundo social e histórico se ha convertido frecuentemente en lectura: lectura de archivos, lectura de documentos, imágenes, objetos, lectura de la cultura y del entorno material: el mundo como texto.⁷² En la simplificación (“todo” es texto o se puede “leer” como tal) se han perdido precisiones, diferencias, propiedades, detalles, características. Un texto es un texto. Un medio de acceso a la realidad material, a la realidad histórica, a los espacios de experiencia, a la memoria… y como medio, una vez franqueados los debates más álgidos en torno a las aporías presentadas en el entorno del giro lingüístico, el texto está sujeto al análisis, tanto por parte de historiadores como, en general, por científicos sociales. No por ello el texto se convierte en la prioridad de los estudiosos; y no por ello el texto está sujeto, siempre, al análisis de los teóricos y críticos del discurso en el sentido de una reciente especialización;⁷³ dudo, incluso, que se haya incrementado la conciencia acerca de la importancia de la relación entre realidad y discurso.⁷⁴

Con el fin de observar con mayor detenimiento esta problemática y su vinculación con la construcción del conocimiento, me he centrado en diversas ocasiones, no de la manera habitual, en el análisis de la representación del pasado histórico en su forma de textos, relatos, estudios y ensayos, tomando como objeto principal de estudio diversas representaciones visuales. Eso me permite volver a la problemática aludida previamente: uno de los dilemas del conocimiento no es su carácter de representación lingüística en forma de textos, sino el hecho mismo de la elaboración necesaria, indispensable, de representaciones, y las consecuencias que de allí surgen. En otras palabras, nuestra percepción del mundo a través de representaciones, las consiguientes interpretaciones y los análisis cuya finalidad consiste en generar explicaciones y conocimiento, produce un conflicto que poco se atiende en la actualidad en el marco de nuestras disciplinas: la aparente separación entre la realidad (cualquiera que sea, la del pasado, la de la experiencia, la de la cultura material) y el conocimiento producido en torno a ella.

No es aquí el lugar de ahondar en esta problemática, sino de precisar hacia dónde me conduce. Frecuentemente, una parte de estas representaciones adquieren un carácter simbólico, como podemos observar con mayor claridad en aquellas representaciones visuales que destacan por sus calidades estéticas: artes plásticas, pintura, fotografía, cine y arquitectura, entre otros. Muchas de las expresiones simbólicas conllevan cargas metafóricas. Una representación metafórica podría entenderse como una serie de elementos seleccionados que deben hacer visible algo más amplio. Es una manera más extensa, más abierta a la interpretación, menos fija en su significado, que un concepto. Su cercanía (incluso parentesco) con la imagen la une a un imaginario visual que permite, como hemos visto en los ejemplos mostrados por Moretti y Schlögel, “observar” algo como si fuera “más material” de lo que es, en tanto construcción cultural y simbólica.

En el contexto de este ensayo, un análisis teórico de los ejemplos mencionados rebasan mis propósitos; sólo quiero indicar que llevaría hacia estructuras similares a fractales: las novelas de Jane Austen representan, mediante la territorialización de los enlaces matrimoniales, el surgimiento de un Estado-nación; estos enlaces operan como una metáfora de la integración de las distintas comarcas en las que nacen las protagonistas con aquellas otras en las que viven, una vez casadas. Para poder mostrar estas metáforas, Moretti y otros autores crean representaciones en forma, por ejemplo, de mapas modernos, mapas que señalan históricamente lo que un mapa histórico como tal no había mostrado. No sólo la experiencia cotidiana de personajes novelísticos representa hechos y procesos históricos; su interpretación y, sobre todo, su comunicación requiere, para los que no somos contemporáneos, nuevamente representaciones –ahora de los vínculos que se pueden establecer entre representación y realidad.

Hans-Jörg Rheinberger recuerda, en varios de sus ensayos y libros, lo que en su momento había desarrollado Bachelard acerca de la relación entre la ciencia y la fenomenología;⁷⁵ me limito a retomar en este punto la idea de que el “autor-científico” construye conocimiento en un doble sentido: al plantear con máxima claridad y sin equívocos su objeto de estudio, y al hacer eso mediante un lenguaje científico que, en última instancia, hace olvidar al lector que está frente a un texto, y no frente a una realidad investigada.⁷⁶ Lo más sugerente de este planteamiento emerge al ser planteado en contraste con muchas de las afirmaciones del giro lingüístico: por un lado, la importancia que tiene el carácter textual de nuestro acceso al mundo y de nuestro conocimiento, y por el otro lado, la importancia de “hacer olvidar” que estamos frente a textos. Al parecer, este “olvido” se da mucho más en las ciencias naturales que en las ciencias sociales; en ambos casos (si sostenemos la distinción), la cuestión de la representación junto con la problemática de la metáfora, me parece esencial para la reflexión teórica. En el ámbito de la filosofía, al inicio del séptimo estudio de La metáfora viva, Ricoeur pregunta, retóricamente: “¿Qué dice el enunciado metafórico acerca de la realidad?”,⁷⁷ y Blumenberg afirma que la metaforología es una teoría de las representaciones.⁷⁸

Me parece esencial seguir indagando en torno a representaciones visuales de aquello que, de hecho, no se puede ver, en un claro símil a procesos históricos y, en general, a hechos y procesos del pasado que no se pueden experimentar desde su propio futuro, sino a través de representaciones. Muchas de estas representaciones terminan siendo, justamente, metáforas: los pasajes parisinos analizados por Walter Benjamín podrían ser un claro ejemplo para la construcción de una representación de grandes alcances (en palabras de Benjamín, para el capitalismo del siglo XIX).

Hacer visible algo que no lo es en principio (conceptos como Estado-nación o como cultura política); volver a hacer visible algo de cuya presencia material y simbólica permanecen huellas y estratos a medias, es mostrar el potencial de la representación, quizás gracias a su cercanía con la imagen. Este potencial contiene experiencias sobre las que es posible hablar, se puede comunicar, se puede interpretar y, eventualmente, comprender.

Las representaciones a las que tenemos acceso a través de la vista tienen un claro paralelo en las que se ofrecen en los textos, y es allí donde quiero recordar, una vez más, la relevancia del uso de metáforas, y su invitación a observar lo invisible con ojos frescos. Todo eso me parece importante porque, reitero, la realidad histórica en tanto representación y conocimiento de esta realidad, requiere de historias escritas (entre otras posibles representaciones). Me pregunto hasta qué punto, la historia escrita (las historias nacionales por ejemplo) tendrá una función similar, metafórica en general. Igual que la novela, no siempre, y no en todos los casos. Considero históricamente importante que se estudie mucho más a fondo la trascendencia del carácter metafórico de las representaciones. Ciertamente sería exagerado afirmar que toda representación es, en sí, metafórica –para ello habría que contar con investigaciones elaboradas específicamente. Sin embargo, no me cabe ninguna duda de que Moretti, por lo menos en sus estudios literarios, parece insinuar un posible camino en esta dirección.

Metáforas

Escogí a Augusto Roa Bastos y varias de las metáforas que articulan sus relatos y novelas, con el fin de vincular, de una manera singular, su producción narrativa a una parte importante de la cultura política latinoamericana. La observación de expresiones de una cultura política, presente o ausente en la realidad histórica latinoamericana, adquiere un carácter crítico en obras como la del autor paraguayo. Una de las funciones indirectas o, mejor dicho, una de las posibilidades implícitas de la literatura es mostrar, al representarlo, aquello que no se puede evidenciar ni materialmente, ni mediante otras representaciones. El propio autor y su producción literaria coinciden y se vinculan estrechamente con un periodo histórico-político y diversas constelaciones espacio-temporales en las que la producción de conocimiento histórico era prácticamente inexistente en el Paraguay del que Roa Bastos se exilió de manera reiterada (que no repetida); pocos historiadores, poca investigación científica social, pocos lectores visibles y poca recepción de trabajos académicos.

La escasa producción y la falta de comunicación y circulación de conocimiento, ante un exceso de autoritarismo en un entorno de represión y terror de Estado, es lo que podríamos resumir en la ausencia de un sistema de producción y recepción del conocimiento, en la ausencia incluso de formas paralelas a las de un Estado-nación como las ONG, o incluso organizaciones sociales clandestinas. La ausencia de todo tipo de estructuras bien puede dejar una sensación tanto de vacío como del absurdo, como se puede ver en la descripción de un congreso de cultura realizado durante los últimos años de la dictadura del general Stroessner, (des)calificado como tiranosaurio:

… fue nombrado presidente de la asamblea por aclamación Eugene Ionesco. Como saliendo de una pesadilla, éste agradeció el honor que se le confería. Confesó su satisfacción de conocer un país que él creía inexistente y que, según todas las apariencias, seguía siendo para él inexistente.⁷⁹

La historia política de América Latina se ocupa de numerosas manifestaciones de poder que dejan márgenes muy estrechos para un ejercicio mínimo de algún tipo de participación política, o incluso de la supervivencia de cultura política como resultado de una historia violenta como la descrita a continuación:

Sobreviví tres guerras internacionales –me decía [el abuelo] en su carta con la confusa voracidad que los viejos tienen del tiempo–, a media docena de revoluciones intestinas, a dieciocho golpes de Estado y a catorce dictaduras militares…⁸⁰

De esta violencia de Estado, y de la creciente ausencia de toda manifestación de vida colectiva experimentada en consecuencia, da cuenta un conjunto importante de obras narrativas de prácticamente todos los países latinoamericanos: testimonios, memorias, relatos, novelas, novelas históricas, novelas políticas, entre otros. Dejando de lado los debates en torno a las relaciones entre la literatura y algo determinado como “distinto” a sus principales características (entre la literatura y la historia, la literatura y la realidad, la literatura y la política, la experiencia, la vida social y cotidiana, la cultura –o ninguna de las anteriores), este ensayo podría enfocarse hacia una doble lectura de determinados aspectos de la obra de Roa Bastos.

La primera propuesta, un acercamiento necesariamente personal, se centra en una serie de lecturas y relecturas del conjunto de una obra escrita y rescrita durante años, en la que los silencios prolongados y los procesos que desembocaron en la destrucción de obras casi concluidas, son tan significativos como las novelas y los relatos publicados.⁸¹

La segunda, que es la que me interesa en el contexto de este ensayo, consiste en una brevísima exploración de algunas de las metáforas literarias que Roa Bastos crea a lo largo de su vida como autor. Difícilmente podríamos decir que pretende explicar o comprender el poder en sus manifestaciones más extremas de opresión y exclusión, o las estrategias infinitas de supervivencia, colectiva e individual, ante las crecientes políticas de aniquilación no sólo de actores sociales, sino también de toda memoria. La metáfora es, a fin de cuentas, una estrategia que permite representar justamente aquello que no sólo es invisible o inasible, sino esencialmente inexplicable, incomprensible. Por lo menos, para los casos de extrema violencia, esa sería una hipótesis. En este contexto, las metáforas son abiertas a la experiencia, no por inacabadas, no por pre–conceptuales, sino porque no existe forma de conceptualizar histórica y racionalmente lo que pretenden describir.

Más allá de las tramas histórico-literarias, son las metáforas las que dan cuenta de las huellas de una cultura política (latinoamericana) apenas visible o, mejor dicho, apenas reconocible; mantienen, en condiciones de supervivencia, una presencia que en la historia política suele reclamarse como inexistente, o reconocible únicamente a través de intentos de resistencia, mayormente frustrados desde sus inicios. Pueden, no obstante, vincular hechos históricos con experiencias individuales:

Recordó aquella otra mina subterránea en la guerra del Chaco, hacía mucho tiempo. Un tiempo que ahora se le antojaba fabuloso. 

Aquel túnel del Chaco y este túnel que él mismo había sugerido cavar en el suelo de la cárcel, que él personalmente había empezado a cavar y que, por último, sólo a él le había servido de trampa mortal; este túnel y aquél eran el mismo túnel; un único agujero recto y negro con un boquete de entrada pero no de salida.⁸²

Lo anterior inicia, una vez más, desde el territorio mismo, desde la imposibilidad de reconocerlo, experimentarlo, sentirlo como propio, ubicarse en él. La visibilidad de un territorio propio, se vincula con la capacidad de orientarse, con la identidad propia, con la experiencia, con la historia, con el concepto y la construcción de algo tan abstracto: la patria. Schlögel explica, para el caso de Alemania, lo siguiente:

A este nuevo mapa de la nueva Alemania pertenecen también los espacios mentales cuya sedimentación se encuentra menos en la cartografía que en las novelas y los relatos, en las imágenes y los monumentos, en los sitios de hechos históricos, confrontaciones trágicas y experiencias colectivas gratificantes. La homogeneización del espacio nacional no se puede pensar sin los espacios mentales, o sin los lieux de mémoire.⁸³

El territorio del Chaco, en disputa durante varias guerras fratricidas, entre ellas la guerra del Chaco, es no sólo lugar de conflictos armados, sino además una de las zonas de mayor explotación, de trabajadores en situaciones extremas cercanas a relaciones de esclavitud, es un típico no-lugar, es todo menos un espacio que pudiera representarse mediante un mapa, ni territorial, ni político, ni identitario:

Se está acabando el aire. Encajonado en el boscaje, el pálido, el soñoliento, el eterno polvo del Chaco, hace visibles las arrugas del poroso vacío que aún bombean nuestros pulmones […] Nuestras percepciones se van anulando en un creciente embotamiento. El contorno se derrite y se achata. Flotamos y nos enterramos en esta girante, fétida, opaca brillazón. Sólo dura el sufrimiento. El sufrimiento tiene una rara vitalidad.⁸⁴

Todo lo contrario a una metáfora histórico-espacial: “Nuestro conocimiento de historia está vinculado a lugares. Hablamos pars pro toto de Downing Street No. 10, del Kremlin, o de la Casa Blanca.”⁸⁵ El territorio no es algo que exista sin más: hay que andarlo, caminarlo, integrarlo con veredas, cruzándolo por encima y por debajo de la tierra, avanzando, retrocediendo, cavando. Las formas de integración espacial de Roa Bastos son muchas: ceremonias, desfiles, peregrinaciones, rebeliones…, y se confunden, frecuentemente, con formas de desintegración espacial: éxodos, huidas, fugas, exilios…, movimientos continuos que atraviesan la sociedad y que se dicen y se desdicen, mediante regresos, encarcelamientos, entierros, avances y retrocesos.

En El fiscal, Roa Bastos lleva aún más lejos la asfixia producida por un entorno físico enrarecido y opresivo, dada la situación de un exiliado paraguayo (el narrador principal de la novela) que, en el andén de un metro en París, a punto de ceder a la tentación de tirarse a las vías o de provocar que alguien más lo empuje bajo el tren, a pesar suyo afirma:

Fui introducido a la fuerza por el alud humano. 

Todo continuaba existiendo con la misma indiferencia de siempre. Comprimido por la masa vociferante me sentía más solo. La soledad que yo mismo había construido a mí alrededor. Solo en la multitud pero sin la multitud adentro…⁸⁶

Quizás el movimiento más alucinante reflejado en las metáforas es el intento de (con tal de no perder ni el territorio, ni la vida, ni la identidad) incrustarse en la tierra, cavar túneles, ocultarse en los canales de desagüe, bajo el suelo, en los troncos de los árboles, en la selva que asfixia, en los no-lugares del exilio. Metáforas cercanas como la recurrente del anciano que termina arrugándose y achicándose hasta volver a la apariencia de un recién nacido; la imagen del nonato; la del personaje que se aísla y se oculta, para dormir, en un saco orgánico parecido a un útero –todo ello permitiría, ciertamente, una lectura psicológica si no fuera que, en el contexto de la cultura política, lo que llama la atención no es el conjunto de problemáticas individuales a las que conduciría un análisis psicoanalítico, sino la cultura política, la posición política a partir de la cual Roa Bastos enfatiza la obsesión por mantenerse cercano al territorio.

Ante la ausencia de estructuras permitidas, toleradas, posibles, funcionales; ante la prohibición y la represión de toda estructura posible, se narra la reapropiación física, corporal, del territorio, de la tierra –aun en la muerte–, la fuga, el escondite, la tumba, el túnel, el ensimismamiento, la exploración por la selva, el cráter de una explosión; Roa Bastos elabora una enorme metáfora, narrando así la reapropiación de un territorio deslindado de la patria. En El fiscal, el narrador principal afirma que Stroessner “es un hombre de ninguna parte cuya única patria es el poder”,⁸⁷ confrontando así el poder con la posibilidad de una realidad histórica: “No existe historia en la nada. Todo tiene un inicio y un final. Toda historia tiene un lugar” –en palabras de Schlögel.⁸⁸

Necesariamente surge la pregunta si se puede siquiera hablar de cultura política (que sugiere participación) en estas condiciones, en un sistema autoritario, de represión, de dictadura; y en caso de que se pueda hablar de esta noción ¿cómo hacerlo? Bajo estas circunstancias, el peso de la escritura de Roa Bastos en el exilio es enorme: pocos autores, casi ningún historiador, pocos intelectuales más allá de círculos casi clandestinos. El peso es enorme, aunque eso no se debe ni al género novelístico ni a los temas –ni siquiera Yo el Supremo, cuyas figuras principales son el dictador paraguayo del siglo XIX, Dr. Francia y su escribano, es una novela histórica. El peso está, a mi parecer, en las metáforas. Para el caso de los exiliados, de los que perdieron su identidad, veamos los siguientes tres ejemplos provenientes de El fiscal:

Sólo he tenido que tomar un nombre falso, despojar al yo de su imposible sinceridad, mudar de aspecto, inventarme nuevas señas particulares […] 

La obsesión de todo exiliado es volver. No puedo regresar con la cara del proscrito. He tenido pues que adoptar un nombre seudónimo y un cuerpo seudónimo que tornara irreconocible el propio, no digo el verdadero porque ése ya tampoco existe. Puede uno inventarse otra forma de vida, pero no disfrazarse de otro para seguir siendo el mismo [...] 

Todos los recursos del disimulo son necesarios para ocultar las taras del exilio. Pero la clave de eficacia en esta existencia seudónima es no mantener ningún contacto con los exiliados del mismo origen. He logrado evitar por completo las relaciones con mis connacionales, cortar todo vínculo con el país que tuvo la desdicha de ser el lugar de mi nacimiento.⁸⁹

En estas condiciones de vida, ¿el regreso a una inexistente patria parece posible? El personaje principal de El fiscal pareciera considerar que sí. Personajes a lo largo de la obra de Roa Bastos parecieran pensar lo mismo: encarcelados, víctimas de desaparición política, opositores ocultos, exiliados.

Ciertamente, si algunos de los enunciados de las imágenes usadas por Roa Bastos o, incluso, sus novelas o relatos en su totalidad, son o figuran como metáforas, no necesariamente lo son en torno a la cultura política. Son y pueden ser metáforas vinculadas al autoritarismo, a la escasez y lo enrarecido de las relaciones humanas en condiciones de extrema represión; pueden dar cuenta de la historia política y cultural, de una sociología del Paraguay, de represión, muerte, ausencia de vida y de vida colectiva –pero ¿de cultura política?

Los peatones de los que no alcanzo a ver los rostros, caminan encorvados las cabezas gachas, mirando obstinadamente las cerámicas vitrificadas de las aceras. Alguno que otro, al alzar la vista hacia la cúpula del hotel […], deja entrever un rostro impersonal, sin vida, inexpresivo…⁹⁰

La cercanía de lo inhumano de estas situaciones con lo que incluso en una cultura deshumanizada se considera absurdo, se revela con la siguiente escena: el “rostro impersonal, sin vida, inexpresivo” pertenece a quien apenas se consideraría una persona que lleva, jalando una cuerda con un aro a la altura de un perro ¿inexistente?, ¿imaginario?, ¿un no-perro?, que incluso se orina; finalmente, “[e]l dueño del perro pierde la paciencia. Arrolla la cuerda con el aro y los mete en su maletín. Se aleja rápidamente con el cuerpo muy inclinado por el peso”.⁹¹ Incluso la vida cotidiana pierde materialidad –o bien, existe apenas como posibilidad, como aquello que se puede pensar como realidad.

Cultura política tiene que ver, en última instancia, con quienes la construyen y la ejercen, sujetos colectivos o individuos que actúan remitiéndose a un colectivo; y no podría ejercerse sin un espacio donde anclarse, sin estructura social, sin sistema político. La duda acerca de la posibilidad de una cultura política en una sociedad por completo desestructurada, la expresa también el narrador y personaje principal de El fiscal:

La situación inhumana en que vive la colectividad justifica su miedo, su aceptación pasiva del yugo pues ese tirano es el producto de su consentimiento, de su dimisión, de su aceptación casi gozosa del sufrimiento y la abyección. Yo digo “voy a matar al tirano para liberar a mi pueblo”. Pero es una frase vacía, desprovista de historia, de sentido común. Porque ¿quién puede liberar a un pueblo que no quiere ser libre, que ama ser esclavizado? Únicamente se liberan los libres.⁹²

El estudio de la cultura política se basa en determinados ejes de análisis, en nociones que los personajes de Roa Bastos debaten, a veces directa, a veces indirectamente. “Únicamente se liberan los libres”. Uno se pregunta si habrá, en algún momento, futuro para quienes están bajo tierra, en túneles que se derrumban…

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4. La sociedad civil de México en disputa

Eufemio Franco Pimentel⁹³

Introducción

Este trabajo tiene por objeto reconocer los límites de la noción de sociedad civil en México, planteando una discusión en la que se tomará en cuenta la creciente participación ciudadana y la creación de espacios de participación logrados por los diferentes actores políticos y sociales. La existencia de la sociedad civil se problematiza a partir de dos planos en los que la noción de ésta se encuentra en disputa: donde los diferentes actores políticos y sociales vierten un significado específico de la sociedad civil de acuerdo con sus intereses; y cuando se identifica con la ciudadanía en general y se ubica como blanco de las disputas políticas y sociales.

En el primer apartado se trata sobre las diferentes maneras en que se ha tratado el concepto en el ámbito de la academia. Destaca que la recuperación de sociedad civil fue hecha principalmente por diferentes organizaciones y movimientos sociales en la década de los setenta como respuesta a los regímenes autoritarios. Aquí es posible constatar que los diferentes actores políticos y sociales fueron definiendo sus nociones de sociedad civil.

El segundo apartado trata sobre la relación entre el Estado y la sociedad; en un primer momento, sobre los mecanismos de participación política que se constituyen desde las instituciones estatales. Los procedimientos asignados para organizar la participación ciudadana se instalan como aquellas líneas estructurales que orientarán las relaciones en el espacio público. La parte sustantiva de la participación política de la ciudadanía se aborda como aquel aspecto que dota de dinamismo al espacio publico y las estructuras que regulan las relaciones entre los actores políticos y sociales.

El último apartado reflexiona sobre la manera en que se forman los valores de la sociedad civil. Una vez que se ha conceptualizado que en el espacio público las organizaciones sociales e instituciones no-estatales no sólo se relacionan con el Estado, sino que también se relacionan entre sí, es posible entender dónde se forjan los valores políticos que darán cuerpo a la sociedad civil. No obstante, esta reflexión requiere tomar en cuenta las nociones de ciudadano individual, sobre los que se estructuran los mecanismos y procedimientos estatales; y la de ciudadano persona, donde se contemplan otros referentes identitarios distintos a los que propone el Estado.

La sociedad civil es resultado de la relación entre los diferentes actores sociales y políticos; Un concepto que nombra un ente de carácter abstracto que adquiere cuerpo en el establecimiento de valores que orientan las relaciones en el espacio público. El carácter dinámico de la sociedad civil es adquirido a partir de la confrontación de las demandas y reivindicaciones de los diferentes actores políticos y sociales, algunos de estos logran cristalizarse en los mecanismos y procedimientos de participación política propuestos por el Estado.

Sobre el concepto

La sociedad civil señala a la sociedad que logra influir en el espacio público. La participación de la sociedad será diferenciada como un organismo que no pertenece al Estado, ni al mercado, pero que guarda una relación dialógica y crítica frente a estas dos entidades.

La figura del Estado supone el eje rector en el que se organiza la sociedad que habita al interior del territorio en el que se asienta la institución estatal. Dentro del Estado se debe mirar el sistema a través del cual se toman las decisiones políticas, en éste se estructura la distribución del poder y los mecanismos para la participación política, que regulan la relación del Estado con la sociedad. Los partidos políticos y las instituciones políticas estatales organizan, en parte, la relación entre el Estado y la sociedad.

Desde el ámbito académico, la definición más consensuada del concepto de sociedad civil es la que precisa que ésta se erige teniendo como base a aquellas organizaciones sociales y políticas, de cualquier ideología, que buscan incidir en el espacio público. Pero también existen acepciones que incorporan la importancia de los ciudadanos individuales. Las organizaciones ciudadanas e instituciones que conforman a la sociedad civil son de carácter no estatal y tienen como interlocutor natural al Estado. Se entiende que la ciudadanía es parte de la sociedad civil en tanto que se manifiesta en el espacio público, ya sea a través de los mecanismos y procedimientos creados por el Estado o, a través, de mecanismos alternativos.

El concepto de sociedad civil es acuñado por los clásicos de la filosofía política, como Ferguson, Smith y Hume. Pero es Hegel quién logra darle una primera delimitación conceptual al indicar que la sociedad civil sería aquel espacio que existe entre la familia y el mercado, entre lo privado y lo público. En el espacio que imaginó Hegel no se consideran aquellas asociaciones que se forman como una respuesta a la falta de identidad que provoca la modernidad en las comunidades más pequeñas. En este mismo planteamiento, el Estado mantiene un lugar central como determinante y regulador de las identidades que las sociedades, reunidas bajo la estructura estatal, debían adquirir y respetar. Posteriormente, para Marx la sociedad civil se delimita para reconocer aquellas organizaciones que se desenvolvían en el mercado, Tocqueville extiende la noción a un aspecto republicano asociativo.

Actualmente a la sociedad civil, como concepto académico, se le imputa una fuerza democratizadora que se conforma en tanto que los diferentes grupos sociales que se dirimen en el espacio público manifiestan y defienden sus valores e intereses implícitos en sus demandas y reivindicaciones. Esto se puede entender, en gran parte, por la relación que mantienen los diferentes grupos, reconocidos como sociedad civil, frente al Estado. Pero también es importante considerar que la sociedad no es homogénea y que estos diferentes grupos mantienen relaciones entre sí. Esto “de acuerdo con Cohen y Arato, incluiría todas las instituciones y formas asociativas que requieren la interacción comunicativa para su reproducción, y que dependen principalmente de los procesos de integración social para coordinar la acción dentro de sus fronteras.”

Esto se debe a que la sociedad civil se encuentra “configurada”, por una parte, de acuerdo con los valores y mecanismos con los que funcionan ciertas instituciones estatales como “las periodísticas y las jurídicas, señala Alexander, y se hace visible a través de un conjunto característico de prácticas interacciónales, como civilidad, igualdad, criticismo y respeto”.⁹⁴ Pero, por otra parte, porque los grupos e instituciones consideradas como sociedad civil se encuentran relacionadas con otras esferas de ámbito distinto al del espacio público, que tienen sus propias miradas acerca de cómo se debería organizar la vida pública y que encuentran factible tensar el espacio público sin contravenir los mecanismos fijados.

La noción de sociedad civil permite entender la existencia de posiciones y valores que se construyen desde la sociedad hacia el Estado. Cada una de las organizaciones ciudadanas y de las instituciones no-estatales tendrá sus propios valores y posicionamientos de acuerdo a los procesos de conformación que haya tenido cada una. Los ciudadanos podrán optar entre afiliarse a alguna de estas organizaciones e instituciones de acuerdo a su propia perspectiva.

De manera sustantiva, indica Álvarez,⁹⁵ los contornos de la sociedad civil estarían dados por: la formación de una esfera social diferenciada con funciones de intermediación, la presencia de un conjunto de actores autónomos y autolimitados, un repertorio de acciones puntuales y de practicas sociales con impacto en la vida pública, y por la construcción de un espacio público relativamente autónomo y de un ámbito de civilidad.

Pero también se debe considerar que en la sociedad los intereses y valores, que dotan de identidad a los ciudadanos, no siempre tienen en primer plano la pertenencia a la nación o al Estado, sino que esta sensación de pertenencia está referida al mundo inmediato del ciudadano: barrio, colonia, etnias, etc. Los referentes identitarios a los que obedecen las agrupaciones sociales y los ciudadanos se pueden comprender de forma global cuando apelan a la humanidad y a una idea específica de organizar la vida social y política que genera consenso en la mayoría de los países del mundo. A escala estatal, que tiende a poner en práctica las ideas vertidas en el consenso global en una realidad específica y a un escala local, donde los ciudadanos se saben seres humanos que pertenecen a un país determinado con mecanismos de organización, pero que, también, se saben pertenecientes a una comunidad que tiene sus propios problemas y necesidades.

Esto sugiere que aun cuando las ideas de democracia, ciudadanía, Estado y política pueden seguir un consenso global, estas adquieren un matiz específico de acuerdo con las características culturales de cada localidad. No sólo eso, también los planteamientos que se construyen en la localidad pueden afectar en los planteamientos de carácter general, matizándolos con características propias de la localidad y repercutiendo en el devenir político del Estado.

Esta idea la desarrollan bastamente Will Kymlicka y Saskia Sassen,⁹⁶ sin embargo, para efectos de este trabajo sólo se considera el nivel estatal y local, así como la manera en que los actores que se desenvuelven en estos dos niveles se relacionan en el espacio público. Al Estado se le considera como la estructura que adquiere voz a través de los gobernantes y, entonces, como el emisor de ciertos valores que serán comunes a todas las regiones dominadas por la estructura estatal. En la localidad coexisten diferentes grupos que se relacionan entre sí y que tienen al Estado como primer interlocutor. Cada uno de los actores aquí mencionados defiende e impulsa aquellos valores que sostienen como fundamentales.

El uso actual de la noción de sociedad civil obedece no sólo al interés académico, sino a que éste es retomado en primera instancia por los movimientos sociales frente a los gobiernos autoritarios de los años sesenta y setenta. En este momento, el modelo del Estado benefactor y de la democracia representativa comenzaron a mostrar sus límites frente a las nuevas necesidades de participación de la sociedad. “En efecto, el renacimiento contemporáneo de la idea de sociedad civil puede localizarse en tres procesos principales: 1) las luchas contra el totalitarismo socialista en Europa del Este. 2) La resistencia contra las dictaduras militares en América del Sur, y 3) El surgimiento y el desarrollo de los nuevos movimientos sociales en occidente”.⁹⁷

Este uso anti-autoritario y anti-dictatorial hace posible identificar dos de las características centrales de la sociedad civil, como se le entiende ahora, autonomía y autolimitación. La autonomía se refiere a la diferenciación de la sociedad civil frente al Estado y al mercado. Con esto indican que no entran o se restringen a las lógicas de las estructuras estatales y partidistas, defienden sus propias organizaciones y sus referentes identitarios. Frente al Estado se mantiene una posición crítica y de cooperación. Mientras que con el mercado se mantiene la autonomía en tanto que la mayor parte de los grupos sociales, que componen la sociedad civil, no practican actividades lucrativas y orientan su actuar a controlar los efectos de operación del mercado.

La autolimitación enfatiza esta relación crítica y de cooperación de los movimientos sociales con el Estado. Ahora las agrupaciones que integran a la sociedad civil buscan incidir en el espacio público sin buscar derribar al Estado o cambiar el régimen político en el que se encuentran. Esto desplaza la noción de “revolución” como reivindicación de los grupos de izquierda, las organizaciones sociales comienzan a definirse de una manera autolimitada en la que se especializan sobre ciertas problemáticas. “Estos actores, están más allá de la revolución, pertenecen a la época posrevolucionaria y tienden más bien a proponerse la reforma radical de la vida pública”.⁹⁸

Los actores políticos y sociales al posicionarse frente al Estado definirán a su manera la autolimitación de su acción así como la autonomía del espacio público, y a partir de esta definición buscarán tensar el espacio público. Bajo estas dos características de la sociedad civil es posible identificar tres aspectos que problematizan la noción dictada desde la academia y que tienen implicaciones en las relaciones entre los diferentes actores políticos y sociales: 1) Se debe considerar que la sociedad es de carácter heterogéneo y las agrupaciones que componen a la sociedad civil no se relacionan de la misma manera frente al mercado y al Estado. 2) Las reivindicaciones y demandas que emplace cada una de las agrupaciones quedará matizada de acuerdo al tipo de relación que guarda con el mercado y el Estado. Esto también influye en el significado que dan las propias organizaciones sociales al concepto de sociedad civil. 3) La relación entre los diferentes grupos sociales en el espacio público puede ser conflictiva en la medida en que estos manifiestan posiciones antagónicas.

Una vez que se ha situado a la sociedad civil, como un concepto que se encuentra en pugna y por tanto en constante definición, es posible pensarla y abordarla como cultura política. Es decir, un concepto que se formula a partir de la relación entre los diferentes actores en el espacio público y que servirá como marco valorativo a partir del cual los actores orientan su actuar. El potencial democratizador de la sociedad civil tendría como base estos valores referentes de la acción, mismos que se han construido en las relaciones que mantienen los diferentes actores en el espacio público.

No obstante, esta mirada no sólo contempla que la política se ejerce de acuerdo a ciertos parámetros culturales, sino que también, la cultura se encuentra en disputa convirtiéndose en campo de batallas políticas. La disputa por los significados y resignificaciones de los valores que median las relaciones sociales es justamente lo que le da cierto aspecto de política a la cultura de una sociedad en un presente determinado. “La cultura, es resultado y expresión de la dinámica sociopolítica de asignación de significados cuyo propósito es modificar o, por el contrario, mantener dichas relaciones de poder, por lo cual es intrínsecamente política”.⁹⁹

Relación entre el Estado y la sociedad

La significación y resignificación que los diferentes actores sociales y políticos le dan a la noción de sociedad civil la ponen en tensión y, por tanto, en disputa. A continuación trataremos la relación que se establece entre el Estado y la ciudadanía en general. Para lo cual se considerarán dos aspectos: por una parte, se debe comprender que la relación entre el Estado y la ciudadanía se da a partir de los mecanismos y procedimientos establecidos y que son defendidos por las instituciones estatales. Esta participación puede ser individualizada, como el voto, pero también se le puede contemplar a través de las organizaciones e instituciones no-estatales.

Por otra parte, a la sociedad civil y la participación ciudadana se les puede abordar desde un enfoque cultural. Donde se ponen en la mira los valores que regulan las relaciones entre los ciudadanos en el espacio público. Pero la cultura política no es de carácter estático, sino que justamente en las diferentes expresiones ciudadanas los valores adquieren vigencia o son desechados, es decir, la cultura política adquiere un carácter dinámico a partir de la participación ciudadana.

La relación que mantiene el Estado frente a la sociedad se encuentra regulada, en un primer momento, por los mecanismos estatales que tienen como punto de partida la figura del ciudadano. En el caso de México el poder político se encuentra distribuido en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Donde el Presidente de la Republica, los Diputados y Senadores son electos por medio del voto libre y secreto. Los funcionarios de elección popular son, entonces, representantes que velarían por los intereses de la ciudadanía y particularmente por los de sus electores. Las elecciones de funcionarios públicos a través de las urnas suponen un mecanismo de participación ciudadana individualizada. Los ciudadanos votan por los candidatos a funcionarios impulsados por los diferentes partidos políticos. Esto último buscaría cumplir con la función de mediar entre las instancias estatales de decisión y las expresiones sociales.¹⁰⁰

En este sentido es importante mencionar que en la reforma de 1976-1977, conocida como la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, uno de los cambios sustantivos fue la nueva conformación que adquirirían las Cámaras de Diputados y Senadores, así como los requisitos con los que debía contar una agrupación política para ser aceptada como partido. Dichas modificaciones no sólo se expresan en el aumento de las curules en el Congreso de la Unión, sino que también implica la aceptación de nuevos partidos de oposición. Esto hace que el sistema político que albergaba a cuatro partidos (el Partido Popular Socialista, el Partido Autentico de la Revolución de Mexicana, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional), para 1978 aumentara a siete fracciones más (se acepta la inscripción del Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado de México y el Partido Demócrata Mexicano). Algunos autores indican que esta apertura del sistema político se debe a la creciente participación ciudadana en el espacio público a través de movilizaciones, pero no por ello en las urnas electorales. La abstención también se postula como un argumento en el que el sistema político busca abrirse a la participación de diferentes voces para, con ello, acrecentar la legitimidad de la estructura estatal.¹⁰¹

La participación ciudadana, a través de los mecanismos individualizados, en las decisiones de carácter público sería una primera base para pensar en la participación de la sociedad civil. La participación ciudadana sería a través de la emisión de los votos a favor de un candidato y, por tanto, a favor del partido que impulsa a dicho candidato. Son votos que se dirigen a las propuestas de estos partidos. Sin embargo, también existen organizaciones e instituciones que no son estatales y que tienen como interlocutor al Estado y con él a las instituciones que ahí operan. Es decir, los diferentes grupos sociales también buscarán relacionarse con los diferentes partidos políticos para lograr influir en las decisiones de carácter público.

Se deberá recordar que desde 1935, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, y hasta más o menos la década de los sesenta, las únicas organizaciones que lograban mantenerse e influir en el espacio público estaban agremiadas en las diferentes confederaciones y patronazgos. Es decir, las organizaciones sociales se encontraban cooptadas por el régimen corporativo dominado por el partido oficial. Las confederaciones concentraban a las organizaciones de trabajadores, campesinos, obreros y clases populares. Los patronazgos regulaban la acción de las agrupaciones de empresarios. Esto supone que la sociedad civil y el espacio público se encontraban fuertemente controlados por el partido oficial. Ahora, después de las reformas de 1976-1977, si es cierto que ya había más organizaciones que operaban por fuera de las instancias partidistas, también es cierto que estas confederaciones y patronazgos seguían manteniendo bajo su control a gran parte de las organizaciones sociales.

Los mecanismos y procedimientos estatales fungen como marcos que regulan las tensiones entre los diferentes actores políticos y sociales, estos proponen la igualdad política entre los individuos y luego, por ende, la de las agrupaciones. Se defiende, pues, al Estado como referente identitario capaz de juzgar los parámetros de igualdad de los congregados en la sociedad. Pero estos mecanismos y procedimientos de participación no siempre tienen la capacidad para responder a las exigencias de la ciudadanía, ni de las organizaciones e instituciones no-estatales. Cuando los conductos de comunicación se encuentran reducidos en su propio diseño y, además, se encuentran cooptados por los grupos gobernantes no es difícil ver que la ciudadanía individual, por una parte, y la ciudadanía organizada, por otra parte, busquen mecanismos alternativos para lograr incidir en el espacio público.¹⁰²

No sólo eso, sino que en ocasiones las movilizaciones logran poner en entredicho la totalidad de las estructuras estatales provocando, en el peor de los casos, represiones brutales por parte del Estado. El movimiento de 1968 es un buen ejemplo en donde se observa que por primera vez la clase media se suma a las movilizaciones de protesta, durante las cuales, el gobierno de Díaz Ordaz no logra responder a las exigencias de los estudiantes.¹⁰³

La relación entre el Estado y la sociedad se debe comprender poniendo énfasis en el aspecto sustantivo, se debe considerar la creación de mecanismos alternativos a través de los cuales la ciudadanía individualizada u organizada, busca interpelar a las instituciones estatales. El aspecto sustantivo se puede observar, primeramente, en la creación misma de los mecanismos alternativos, pues estos ponen en duda la vigencia de los procedimientos estatales. Sin embargo, el aspecto sustantivo no se restringe a la novedad de una acción colectiva, sino que además, en ésta se deben considerar los valores e intereses sobre los que toman cuerpo las demandas y reivindicaciones de las organizaciones e instituciones no-estatales.

Las demandas, reivindicaciones y acciones sociales emprendidas por las organizaciones sociales siguen teniendo como interlocutor al Estado. Los procedimientos y los mecanismos de participación estatales entran en tensión con las exigencias de las organizaciones sociales que muchas veces pueden ir dirigidas de manera explícita sobre el cuidado y sobre el uso de los canales de participación estatales. Por ejemplo, durante la elección presidencial de 1988 se pudo observar una fuerte participación de organizaciones sociales. Algunas de éstas se fueron sumando a la promoción del candidato con el que más se identificaron, la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas logró hacer bastantes alianzas con agrupaciones a lo largo de todo el país. Pero también se formaron organizaciones que tenían por objeto vigilar los procesos electorales como una medida para evitar un posible fraude electoral. “Están integrados, no sólo por agrupaciones específicas para tal objeto, sino también por diferentes agrupamientos reivindicativos y organizaciones civiles, así como por miembros de partidos políticos, ONG´s y miembros de Comunidades Eclesiales de Base (CEB)”.¹⁰⁴

Las organizaciones que se sumaron a la candidatura de Cárdenas, por un lado, establecieron una relación de vigilancia de los mecanismos de participación política estatales y, por otro lado, sostuvieron una relación entre las diferentes organizaciones civiles en torno a la estructura estatal. En ocasiones, estas organizaciones sociales logran articularse bajo demandas o reivindicaciones conformando alianzas con las que buscan interpelar al Estado e incidir en el espacio público. Al considerar estas relaciones entre los grupos sociales, la sociedad civil se desdobla a un siguiente nivel, por decirlo de alguna manera. En términos generales, la sociedad civil sería la expresión de estos diferentes grupos en torno a las problemáticas que tensan el espacio público, sin embargo, aquí lo que interesa es el tipo de valores que regulan o se construyen a partir de estas relaciones entre los grupos sociales.

Por ejemplo, en el sismo de 1985 el Gobierno Federal mostró poca capacidad de respuesta ante las exigencias de la catástrofe. Los programas y comités de reconstrucción nacional se estructuraron de manera similar a como se estructuraba el Estado y el partido oficial. Durante los meses de septiembre y octubre de ese año las organizaciones de damnificados se encontraban relegados de estas comisiones gubernamentales. No fue hasta que se firmaron los Convenios Democráticos entre la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y la Coordinadora Única de Damnificados (CUD) cuando, por primera vez, se abren los espacios de decisión, construidos desde la estructura estatal para la participación directa de los representantes de grupos sociales críticos a la cúpula gubernamental. En este caso, a través de las presiones de la CUD, los damnificados lograron situarse dentro del comité directivo y participar en la elaboración de las estrategias y soluciones a seguir en las tareas de reconstrucción. Este primer antecedente, después, también se considerará como una de las razones por las que se instaura la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

La CUD se había formado de diferentes agrupaciones de damnificados, varias de ellas ya tenían un tiempo trabajando juntas y algunas otras eran de reciente consolidación. La formación de la CUD sólo fue posible en la medida en que las diferentes organizaciones de damnificados encontraron puntos que les permitieron articularse y actuar en conjunto. Pero esto no siempre sucede, las demandas y reivindicaciones que se lanzan al espacio público no siempre logran generar vínculos, incluso, pueden forjar antagonismos entre las diferentes agrupaciones. Se debe considerar que la sociedad no es homogénea, los grupos sociales que se relacionan en el espacio público no siempre defienden los mismos valores e intereses. Esto supone un entramado complejo en el que se construyen y sostienen los diferentes valores que regulan las relaciones sociales en el espacio público. La fuerza democratizadora que se le imputa a la sociedad civil, en la definición hecha en el ámbito académico y en las vertidas por los actores que se relacionan en el espacio público, tiene que ver con el mantenimiento de los valores derivados de estas relaciones en el espacio público.

Los diferentes actores sociales y políticos defienden los intereses y valores que han formando a lo largo de sus procesos de consolidación. Esto supone que cada una de estas agrupaciones tendrá una relación específica frente al Estado, que se puede representar en términos de cercanía o lejanía de acuerdo al posicionamiento que el grupo asuma. De la misma manera, los valores e intereses que persigue cada agrupación y la relación que guardan con el Estado, determinarán en gran medida las relaciones que las agrupaciones guardan entre sí, haciendo posible entender que puede haber relaciones tensas.

El componente de clase se hizo presente y delimitó campos diferenciados dentro de la sociedad civil, permitiendo distinguir una sociedad civil de élite (grupos empresariales, conservadores, de comerciantes, de vecinos de zonas residenciales), una sociedad civil de clase media (organizaciones estudiantiles, culturales, vecinales, de intelectuales y profesionales, organizaciones civiles y ONG), y una sociedad civil popular (organizaciones y movimientos de colonos, de agraristas, de grupo indígenas, de trabajadores), las cuales coexistieron y participaron en la construcción del espacio público autónomo capitalino.¹⁰⁵

Los valores de la sociedad civil

La sociedad civil, entonces, no serían los grupos en sí, sino el resultado de los debates que éstos podrían sostener frente a determinados temas. La renovación de valores democráticos; el desecho de valores que operan en el sistema político pero que ya no responden a las necesidades sociales; la consolidación de nuevas maneras de relacionarse en el espacio público, entre otros serían aquellos resultados que se fortalecen a partir del debate entre las organizaciones e instituciones no estatales y que estarían dando cuerpo a una sociedad civil entendida como cultura política.

Aquí parece oportuno preguntarse ¿Cómo es que se forman los valores e intereses que dan cuerpo a cada una de las agrupaciones consideradas como parte de la sociedad civil? Para responder esta pregunta se requiere considerar dos líneas importantes: por una parte se debe recordar que la sociedad civil comprende el ejercicio de la ciudadanía en su aspecto procedimental y sustantivo. Es decir, en donde los ciudadanos recurren a los mecanismos establecidos por el Estado, pero, también, se ejercen los derechos que permiten relacionarse y organizarse entre ellos. Por otra parte, se debe comprender que esta posibilidad de organizarse entre los ciudadnos es la que da cuerpo a las diferentes agrupaciones e instituciones no-estatales. Los valores e intereses de cada agrupación estarán determinados por el tipo de perspectivas que buscan los ciudadanos, pero, también, se irán consolidando en el proceso en el que se fragua la organización.

En efecto, esto hace bajar la mirada en donde la sociedad civil, como concepto, pretende identificar la participación ciudadana en un aspecto individualizado. Desde el Estado se plantean mecanismos a partir de los cuales se les conceden derechos y responsabilidades a los individuos reconocidos como ciudadanos. Este sería un marco valorativo en donde los individuos, en tanto que ciudadanos, buscarían orientar sus acciones con referencia al espacio público. El ciudadano se sabe acreedor de determinados derechos y buscará que se cumplan en la medida en que le hagan falta.

Como indica Marshall, “la ciudadanía es un estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica”.¹⁰⁶ Al ser el Estado el que dispone los requisitos para otorgar la ciudadanía, también, se sitúa como el eje identitario en el que descansa la igualdad del estatus. La identidad subjetiva de los individuos queda determinada como las diferencias, y no desigualdades, que el Estado permite. La identidad de los ciudadanos, desde esta perspectiva, queda sujeta a los mecanismos y responsabilidades con que el Estado delimita la identidad de los individuos, en tanto, que cumplen con una figura política.

Las reivindicaciones y demandas que sostienen los ciudadanos también obedecen a marcos valorativos propios de las comunidades a las que pertenecen. La identidad de los individuos que se dirimen en el espacio público no se constriñe exclusivamente a los derechos que otorga el Estado bajo la figura de la ciudadanía. Es aquí donde el ciudadano deja de ser un individuo para convertirse en una persona que ha adquirido los valores y visiones del mundo a partir de las relaciones sociales en las que se ha formado.

El concepto de persona, en las ciencias sociales, retoma la idea de la máscara que el individuo presenta frente a un público, similar al sentido que los griegos daban a esta noción. La persona se forma en el momento en que el individuo se relaciona con la sociedad adquiriendo los valores sociales. En este ejercicio también se encuentra un proceso de auto-evaluación, a partir de los valores aprendidos en sociedad, de sus actos en correspondencia con los fines y planes que manifiesta como prioritarios.

La figura de la persona indica dos cuestiones que requieren ser dichas en relación con la actual reflexión. Por una parte, la ciudadanía se ejerce bajo determinados tipos de relaciones sociales y, por qué no, políticas. La formación de la persona indica que el individuo, en tanto que se relaciona con la sociedad, podría no ser un ciudadano y no por eso estar exento de lo que acontece en el espacio público. Dicho de otra manera, el ciudadano requiere constituirse como persona antes de considerarse como sujeto de derechos y deberes. Por otra parte, “la persona necesita, eso sí, entrar en ciudadanía, adquirir carácter de insertar en una sociedad, polis o civitas. Allí es donde adquiere y ejerce la ciudadanía, por su convivencia y colaboración con los demás ciudadanos”.¹⁰⁷ Empero, la persona, al relacionarse con su entorno también contribuye a la consolidación de nuevos valores, al mantenimiento o desecho de los ya existentes.

Piénsese, por ejemplo, en los diferentes colectivos que conforman los jóvenes y que tienen como punto de encuentro luchar por los derechos de la juventud. No es difícil encontrar grupos de grafiteros, de metaleros o de anarquistas, entre otros, en donde los jóvenes, además de expresar una visión de mundo, también expresan ciertas problemáticas del ser joven relacionadas con la localidad en la que se desenvuelven. Esto podría ser más claro en algunos grupos de grafiteros que en sus pintas buscan introducir temas relacionados con el ambiente político, pero que, el simple hecho de rayar una pared conlleva una búsqueda de identidad y pertenencia. Los rayones, bombas y murales conllevan no sólo la expresión de un individuo que actúa frente a su entorno, sino que también habla de organizaciones juveniles que expresan de manera velada la inexistencia de los espacios de convivencia y comunicación.

Con esto, las ideas de democracia, de política y sociedad civil que sostenga cada persona se encuentran íntimamente relacionadas a sus experiencias en la realidad social. Estas ideas no se desligan de aquellas que dominan en el espacio público, es decir, de aquellas que sostienen, debaten y crean ciertos consensos entre los diferentes actores políticos y sociales. No es difícil encontrar a personas que lo mismo han asistido a las manifestaciones contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que a las manifestaciones en apoyo al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, y a otras manifestaciones convocadas por distintos actores porque, las personas, consideran justas las demandas que los convocantes impulsan. Son individuos que, fuera de las organizaciones, hacen manifiesta su participación en aquellas movilizaciones con las que se sienten identificados.

Entonces, hay tres fuentes importantes para la construcción de nuevos valores: primero, los valores promovidos por los grupos gobernantes que cumplen funciones estatales segundo, los valores que dominan el espacio público como producto de la relación entre las diferentes agrupaciones consideradas como civiles; y tercero, aquellos valores que son inmanentes a la comunidad donde se forja la persona.

Ahora, no es difícil observar que las instancias estatales y los mecanismos que se proponen para atender las demandas ciudadanas no satisfacen las exigencias de la ciudadanía. Aunque han existido mecanismos donde las instancias estatales buscan organizar a las comunidades vecinales para su participación, también es cierto que se han visto rebasadas por las exigencias ciudadanas. Tal es el caso de los consejos ciudadanos y las juntas vecinales que operaron en el Distrito Federal. Estos mecanismos, en la mayoría de las ocasiones, fueron cooptados por instancias de carácter partidista o bajo el control de los intereses del grupo gobernante, reduciendo aún más la capacidad que tiene para responder a las necesidades sociales.

Por lo tanto, la sociedad civil queda delimitada por las propias capacidades de los mecanismos y procedimientos establecidos por el Estado. Los ciudadanos individuales no son tomados en cuenta, en parte, por que no están organizados, por que las estructuras estatales no tienen el potencial para responder. Pero las necesidades del barrio, de la comunidad son reales y no desaparecen. Las personas se ven motivadas para organizarse en función de las necesidades que la comunidad tiene.

La conformación de las organizaciones, que pueden abarcar desde las acciones colectivas más simples hasta movilizaciones sociales permanentes de las instituciones no-estatales, tienen como punto de partida el entrelazamiento de los valores que conforman la identidad política de las personas en tanto que ciudadanos. Esto indica que los puntos de vinculación, que tiene cada una de las organizaciones, ya no sólo se establecen a partir de los intereses y valores que defienden, sino que además, entran en juego aquellos aspectos que dotan de identidad a los integrantes.¹⁰⁸

Por ejemplo, las organizaciones que lograron estructurar a las movilizaciones de los damnificados en 1985 y 1986 se habían constituido desde los años setenta. Estas organizaciones, sobre todo las que provenían de las colonias del centro de la ciudad de México, tenían un fuerte arraigo identitario con el barrio. Las problemáticas que enfrentaban tenían como interlocutores al partido oficial, los brazos corporativos y las instancias estatales de gestión.

La sociedad civil comprende la existencia de las organizaciones e instituciones no-estatales, pero también busca indicar cierta cultura política que media en la relación que mantienen los ciudadanos individuales entre sí. Sin embargo, el concepto de sociedad civil queda cegado frente a los mecanismos sobre los que se establecen cada una de las organizaciones e instituciones no-estatales. Apelan a la posibilidad de que los ciudadanos se organicen en el espacio público, pero ya no hacen la evaluación de los mecanismos de organización que construyen los ciudadanos. Los ciudadanos, nuevamente, quedan excluidos del concepto y las organizaciones sociales se consideran en función de sus posicionamientos, es decir, se les considera como actores.

Esto supone que la noción de la sociedad civil considera a los ciudadanos individuales en tanto que se expresan a partir de los mecanismos establecidos por el Estado y, cuando llegan a expresarse en manifestaciones públicas, se les concibe ya sea como la masa o como una fuente de votos esperando a ser cooptados. Con referencia a las organizaciones e instituciones no-estatales, la sociedad civil los considera en tanto que se manifiestan y defienden una posición en el espacio público, pero no le interesa si estas reivindicaciones y demandas se expresan al interior de cada una de estas organizaciones.

Conclusiones

A partir de la reflexión aquí vertida se puede comprender que el concepto de sociedad civil, desde el ámbito académico, no se refiere estrictamente a la participación ciudadana, ni de las organizaciones e instituciones no-estatales que se relacionan en el espacio público. En todo caso la sociedad civil es producto de las relaciones entre los diversos actores políticos y sociales que se debaten en el espacio público.

La relación entre los diversos actores políticos y la confrontación de sus posicionamientos en el espacio público, dan como resultado valores que, a su vez, logran establecerse como marcos referenciales para la actividad de los actores. En este punto, la sociedad civil se erige como cultura política en tanto que la democratización del espacio público sólo se da a partir del conflicto que lo tensa. Estos valores no se restringen única y exclusivamente a la conformación de los marcos de referencia, sino que además puede llegar a modificar las diferentes estructuras estatales dispuestas a la participación de la sociedad en el Estado.

Ubicar a la sociedad civil como un concepto similar al de cultura política permite entender, si, en donde los valores que dominan el espacio público se construyen en la relación de los diferentes actores. Pero también permite entender que cada una de las organizaciones e instituciones no-estatales obedecen a referentes identitarios que no siempre tienen en primer lugar aquellos que propone el Estado como una idea de nación. Es decir, que las organizaciones sociales pueden estar fincando sus referentes identitarios primarios con base en el barrio, la comunidad o las actividades que desempeñan los ciudadanos que ahí se congregan. De aquí la importancia de considerar al ciudadano como persona y no, solamente, como individuo.

Ahora la sociedad civil también se plantea como la relación que guardan las diferentes organizaciones e instituciones no-estatales entre sí y con el Estado. Esto ya supone un espacio en el que el concepto de sociedad civil se politiza, se encuentra en pugna, en el que los diferentes actores políticos y sociales verterán un significado de acuerdo a sus intereses y demandas. Los matices que estas diferentes nociones de sociedad civil adquieren están íntimamente relacionados con el lugar de enunciación de los actores.

Es en este punto en donde el concepto de sociedad civil encuentra una primera delimitación en sus aspiraciones de significado. La calificación de ciertas organizaciones sociales como movimientos sociales tiende a cerrar los mecanismos de participación que se les dotaría si se les considerará como parte de la sociedad civil. La noción de movimiento social, en este sentido, es considerada con carga negativa.

Una segunda delimitación se puede encontrar marcada por los mecanismos estatales dispuestos para la participación ciudadana. Los mecanismos y procedimientos estatales se restringen a la idea individualista del ciudadano donde el voto o las estructuras de participación vecinal se ven rebasados por las exigencias de los ciudadanos. Esto permite observar que las instancias estatales tienen poco margen para responder a las demandas y reivindicaciones de un solo ciudadano, propiciando así que las personas se organicen en torno a grupos diversos y busquen mecanismos alternativos para hacerse presentes en el espacio público.

De esta manera, la sociedad civil como concepto queda restringida desde el momento en que su definición tiende a la ambigüedad. Las estructuras estatales se establecen teniendo como base la idea del individuo, y con ello un planteamiento de igualdad que desconoce las diferencias entre los ciudadanos. Los grupos sociales buscan defender las diferencias identitarias y, con ellas, sus posicionamientos políticos generando nuevas prácticas y valores políticos. Las estructuras estatales no siempre logran percibir los diferentes matices sustantivos de las participaciones sociales, pero es justamente en la confrontación de estas diferencias en donde se generan aquellos valores que logran orientar las acciones dentro del espacio público.

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5. ¿Cultura política en las comunidades intelectuales?

Norberto Castro López

Introducción

El presente artículo tiene por objeto reflexionar y problematizar la pertinencia del concepto de cultura política asociado a las comunidades intelectuales, y como consecuencia, a sus espacios de expresión y producción discursiva. El análisis se centra, por un lado, en discutir la utilidad y justificación teórica del concepto de cultura política, para posteriormente vincularlo con un caso particular de relaciones discursivas sobre la política, producido por un grupo de intelectuales, en su mayoría escritores literarios, que me servirá sobre todo para ilustrar la discusión y la pertinencia, si es que la tiene, del concepto en esta esfera. El caso que propongo se sintetiza en un texto de finales de 1972, en donde podemos notar las diferentes posturas que un selecto grupo de escritores asumen ante el poder y la política. En el texto y en la discusión subsecuente que dominó en la esfera intelectual de aquel periodo, un número nutrido de escritores fijó varias posturas sobre su papel de actores sociales y políticos. El texto al que hago referencia es publicado en el primer aniversario de la revista Plural, fundada un año antes por Octavio Paz, con el título “México 1972. Los escritores y la política”.¹⁰⁹ Reitero, el texto arriba citado servirá sólo como una guía para encaminar la discusión y no será el objeto mismo del análisis, puesto que merece mayor atención que en algún otro espacio se le dará.¹¹⁰ La importancia del texto en este trabajo es a razón de su alto valor simbólico sobre las representaciones de la política y del cuestionamiento sobre el papel que jugaban en el entramado social estos actores.¹¹¹

Al parecer sólo algunos años duraron en un todo homogéneo las voluntades y la mira del arma crítica hacia una misma dirección. Los cuestionamientos de los intelectuales tenían un mismo objetivo: el sistema político, sus actores y la forma de operar. De manera muy particular en la historia cultural de México, el sector intelectual se agrupaba a finales de la década de los sesenta y el muy joven principio de los setenta del siglo XX, para reprobar el autoritarismo con el que el gobierno trataba de solucionar todo problema social. Autoritarismo, como casi siempre, traducido en violencia o, por lo menos, con la presión que termina por sofocar cualquier disidencia. Es a partir de los “acontecimientos sociales y políticos trascendentales” ocurridos en 1968 y 1971, que el sector intelectual experimenta una especie de comunión (un imaginario que domina entre ellos mismos) fijando varias posturas críticas ante las condiciones políticas que reprobaban. Este agrupamiento, sincero por lo menos, se rompe con la “política de apertura” promovida por el entonces Presidente de la República Luis Echeverría, dando la pauta para el distanciamiento de los grupos intelectuales entre sí y en valerosas excepciones, letrados que jalan por donde la cuerda es más delgada y lejana. Ya lo expresaba José Emilio Pacheco en una mesa de discusión con el tema “Los escritores y la política”, que poco después aparecería publicada en el número 13 de la revista Plural en 1972: “Si algo demuestra este intercambio de ideas es que la unidad básica que existió entre los escritores mexicanos en 1968 se ha quebrantado en 1972”.¹¹²

La solidaridad imaginada que entre ellos gobernaba se diluía en lo particular, puesto que en lo general circundaba la necesidad democratizadora del sistema político mexicano, ya sea como fin último o estadio para concretar otro tipo de orden político. Como parte de una añeja tradición, la comunidad intelectual, o gran parte de ella, se dio a la tarea de discutir el orden político y sus actores, cuestionando el entramado simbólico que lo legitimaba. Los significados y representaciones del sistema político eran revalorados a partir de la crítica constructora que proponía vías alternas desde el seno de la vida cultural del país. Los distintos valores promovidos, sobre todo democráticos y de justicia, pretendían estimular el cambio socio-político y ellos, los intelectuales conscientes de su papel como actores sociales, o por lo menos así lo dejaban ver públicamente, tenían que proyectarlos al resto de la sociedad. A continuación discutiremos si bajo este horizonte social, donde se reconfiguran los significados políticos y las posiciones de los actores intelectuales puede ser aplicado el concepto de cultura política.

El concepto de cultura política: una discusión asociada a las comunidades intelectuales

Uno de los cuestionamientos que saltan a relucir, al parecer de manera automática, cuando se enuncia cultura política e intelectuales, es el de preguntarnos si los intelectuales tienen, originan o producen un tipo particular de cultura política que los distinga de la producida por diferentes actores políticos o, si es parte de una cultura política más general. Sin duda esta pregunta, para mayor comprensión y resolución, tiene que estar precedida por definiciones más o menos claras de lo que entendemos por cultura política e intelectual. Antes de plantear una discusión sobre distintas definiciones, desde diferentes disciplinas sociales, y previo a la resolución de la primera pregunta, valdría hacerse otra: ¿resulta metodológicamente importante incluir en la discusión sobre los discursos políticos de las comunidades intelectuales, bajo cualquier género, tradición literaria y hasta posición ideológica, un planteamiento cultural sobre la política? Además ¿qué nos podría aportar un enfoque cultural de la política al entendimiento de los discursos literarios que no haya sido ya aportado por otras disciplinas y enfoques que van desde la historia intelectual hasta la misma crítica literaria? A partir de lo anterior encauzaremos la discusión.

Señalaré en un principio algo que al parecer se ha vuelto un lugar común, la facilidad con que es utilizado el término de “cultura política” en las diferentes áreas del conocimiento o de opinión. La vaguedad con la que es tratado responde a lo que Pye, citado por Formisano, observó: “el término en sí ‘cultura política’ es capaz de evocar un entendimiento rápido e intuitivo, así la gente puede asimilarlo sin explicación o una definición explícita, ellos pueden apreciar su significado y usarlo libremente”.¹¹³ Aun si su evocación permite un entendimiento rápido y hasta sostenido, se debe tomar el riesgo de asumir una definición, sobre todo, cuando de ella depende la construcción de marcos teórico-metodológicos que sustentan una investigación.

En la investigación histórica el concepto de cultura política resulta problemático, por la naturaleza de los trabajos que buscan “esencialmente comprender a las culturas políticas en sí mismas, atendiendo a sus especificidades históricas y a su evolución en el tiempo.”¹¹⁴ Pero dicho esfuerzo se ve minado, no sólo por la problemática que conlleva el comprender e interpretar el pasado desde cualquier postura teórica, sino también, por la indeterminación de los investigadores de explicitar qué es lo que se entiende por cultura política. Bien sabemos, por lo señalado por variados autores, que la cuestión se complica más cuando se pretende hacer trabajos que buscan explicaciones nomológicas del pasado ya negado como experiencia directa, pero aprehendido e interpretado a partir de las fuentes y los discursos historiográficos que se han formulado. Ahora bien, ya sea para comprender, describir, explicar causalmente o evaluar el pasado, es necesario un esfuerzo y rigor teórico que permita una mayor eficiencia analítica.

¿Pero qué hacer con una categoría o concepto tan maleable que en variadas disciplinas, incluso en una sola, no se consensa una definición plenamente aceptada? Hay que empezar por mencionar una de sus máximas: que la cultura política o la parte cultural de la política se refiere a la parte subjetiva de la esfera que se distingue y diferencia del estudio procesual, institucional y estructural. Por otro lado, se aparta de los procesos operativos funcionales y relacionales formales en la búsqueda del poder político, aunque esto no exenta que parte de sus manifestaciones públicas se expresen, o se signifiquen subjetivamente. En este sentido la participación política y la búsqueda del poder político, dentro de sus formas operacionales, institucionales y estructurales como tal, no se refieren a la parte cultural de la política. Lo anterior parece obviedad compartida, que sin embargo, vale la pena mencionar para ir dejando de lado la intuitiva relación con el concepto.

Como la mayoría de los investigadores que se acercan a la temática saben, uno de los planteamientos inaugurales de la cultura política se finca en una postura subjetiva-psicológica en donde un conjunto de actitudes, conocimientos y valores dominantes crean una cierta percepción sobre el sistema político con la cual lo valoran permitiendo, según algunos investigadores, prever ciertos “patrones particulares de orientación de la acción política.” Sin duda estoy haciendo clara referencia a los planteamientos de Gabriel Almond y Sidney Verba.¹¹⁵ Lo anterior ha sido por demás discutido, dando como resultado una reelaboración del concepto que ha promovido, desde hace más de cuarenta años, diferentes enfoques que repiensan la pertinencia del mismo.

Pretender una revisión medianamente elaborada sobre la evolución del concepto en cualquier disciplina sería un trabajo colosal, en su lugar nos permitiremos asociar tres propuestas analíticas: una desde la antropología social y las otras dos desde la historia cultural. Lo anterior permitirá ir resolviendo los cuestionamientos que nos planteamos en un principio.

La preocupación por la falta de rigor teórico en la definición del concepto de cultura política, llevó a Roberto Varela a una revisión del mismo desde la antropología social. Como resultado de las reflexiones que realizó desde los años ochenta, en el año 2005 se presentó un libro póstumo que reunía varios textos que trabajaban la temática y que se habían publicado con anterioridad. El trabajo, que tiene por título Cultura y poder. Una visión antropológica para el análisis de la cultura política,¹¹⁶ había sido reescrito por él mismo para integrar una postura que se encontraba atomizada en diferentes textos.

La propuesta consideraba definir primero las partes del concepto a partir de una revisión completa y compleja de cómo la antropología social había tratado y construido sus campos de análisis respecto a la cultura y la política. Sobre la cultura se pronuncia a favor de la siguiente definición: “la matriz, tanto consciente como inconsciente, que da significado-no que causa-al comportamiento y a la creencia social”.¹¹⁷

Esta definición se encuentra precedida por una discusión que pretende, antes que nada, desentramar la relación entre cultura y comportamiento. Tal preocupación se origina por la confusión que se ha creado al utilizar la palabra como sinónimo de actitud, por lo que se ha asumido que tras un cambio de actitud se origina un cambio de comportamiento, lo cual niega el autor tajantemente, por lo menos en esta reflexión. Lo anterior responde a una crítica de las posturas académicas y de opinión que asumen que bajo el cambio de la cultura (actitud) se cambia la acción respecto a las relaciones políticas. Por ello, hace una distinción crucial entre cultura y comportamiento: “Si la cultura es un conjunto de signos y símbolos, el comportamiento en sí es una acción […] Esto no invalida que también pueda manifestarse como signos y símbolos”.¹¹⁸ Más adelante notaremos la pertinencia de lo anterior.

Respecto a la política, construye una definición que se basa  mucho en enfoques neo-evolucionistas, centrándose sobre todo en un autor: Richard N. Adams. Su análisis nos lleva a la siguiente definición de la política: “toda acción –física o simbólica– que produce un efecto –mantenimiento, fortalecimiento, alteración, transformación parcial o radical– en la estructura de poder de una unidad operante o la aparición de una nueva unidad operante en cualquier nivel de integración socio-cultural”.¹¹⁹

Como consecuencia de la discusión teórica y exposición empírica, el autor propone finalmente una definición acabada que puede ser de utilidad para nuestro análisis:

… si unimos los dos conceptos anteriores –cultura y política– en el compuesto de cultura política, definiríamos a ésta como el conjunto de signos y símbolos compartidos (transmiten conocimientos e información, portan valoraciones, suscitan sentimientos y emociones, expresan ilusiones y utopías) que afectan y dan significado a las estructuras de poder.¹²⁰

Por su parte, el historiador Keith Michael Baker, en la introducción que hace a The French Revolution and creation of modern political culture I,¹²¹ apunta una breve propuesta sobre el campo de estudio de la cultura política, que bien se puede integrar a nuestro análisis. Al igual que Varela comienza por definir una de sus partes, pero a diferencia de éste omite el significado de cultura. El autor señala:

If politics, broadly construed, is the activity through which individual and groups in any society articulate, negotiate, implement, and enforce the competing claims they make one upon another, then political culture may be understood as the set of discourses and practices characterizing that activity in any given community.¹²²

Más adelante el autor completa los señalamientos abriendo o explicitando el campo de comprensión de la cultura política. Por un lado, apunta que ésta comprende “las definiciones de las posiciones relativas” de los actores sociales de un fenómeno histórico a partir de las demandas que se hacen unos a otros. Por lo tanto, esta parte cultural de la política, permite observar “la identidad” de los grupos o individuos en cuestión, que se diferencian unos de otros a partir del pronunciamiento de demandas que son visibles discursivamente o por medio de prácticas sociales. En este sentido, analíticamente se pude observar, con mayor nitidez, los límites cambiantes de las diferentes comunidades en pugna. Por otro lado, el autor amplía la propuesta, y considero que es el mayor acierto, al campo de los significados. Señala que las demandas están inscritas en ciertos términos y son los significados de estos términos, que se encuentran en diferentes contextos de referencia, los que constituyen el estudio de la cultura política. Además, agrega que estos términos definen los procesos institucionales y extra-institucionales, y las estrategias de las formulaciones de las demandas como la repuesta a éstos.

No hay que dejar de lado señalamientos importantes respecto a la diferencia de las dos posturas que se deben destacar para poder integrarlos en un común analítico, es decir; en una propuesta de análisis. Primeramente que uno se aboca a los estudios antropológicos y el otro a los históricos: Varela finca su estudio en un caso particular, los procesos políticos en los Altos de Morelos; Baker, por su parte, en la cultura política del Antiguo Régimen. Los dos objetos de estudio son de naturaleza distinta. El primero trata un objeto vivo, latente, que pudo ser observado y que por lo tanto el análisis e interpretación de los hechos se da bajo un contexto definido directamente por los actores sociales, el sistema político y las estructuras de poder que de algún modo fueron palpables. Por su parte, Baker se acerca a su objeto de estudio mediante documentos y textos de diferente índole: discursos testimoniales, institucionales, historiográficos, etcétera. No voy a entrar en una discusión epistemológica sobre el trato de los objetos de estudio y sus resultados, sin embargo es importante señalar que de ahí deriva parte de la distinción de sus respectivas definiciones y campos analíticos. Empero, no se puede dejar de lado, bajo estas diferencias, problematizar el abordaje del objeto de estudio de la cultura política, como una textualización de la “realidad” o como el de prácticas sociales que son parte de una “realidad” que puede ser conceptualizada más no supeditada al mundo discursivo y que acarrearía más asuntos que discutir.

En el caso particular de las comunidades intelectuales y su producción letrada que involucran ciertos significados sobre la política valdría irse un poco despacio, porque ambas perspectivas podrían ser de utilidad. Además, considerando el primer texto al que hacemos referencia (el de la revista Plural), habría que ser todavía más puntuales.

Si lo que se pretende como un asunto prioritario es saber si un enfoque cultural sobre la política resulta teórico-metodológicamente funcional para entender, en parte, el entramado discursivo con carga política de las comunidades intelectuales, que además se expresa bajo cierto lenguaje estético-literario propio en el caso de los “hombres de letras”, se tendría que definir con anterioridad de qué intelectual y/o comunidad de intelectuales y de qué tipo de género literario se haga referencia, así como el tipo de relación, discursiva o no, que se finca con el sistema político.

Un aspecto que se tiene que indagar, que involucra parte de una práctica social así como un modo discursivo de reconocimiento, es la manera paradigmática de intelectual que asumen estos actores sociales. En este caso no me refiero a conceptualizaciones analíticas, por poner un ejemplo, como el del “intelectual orgánico” de extracción marxista que pretende explicar, a partir de un modelo teórico propio de los investigadores sociales, el papel que juegan estos actores en relación con el sistema político, sino más bien, en los modelos paradigmáticos de autoreconocimiento que se gestan y promueven desde el interior mismo de sus prácticas. Como ejemplos, valga mencionar, el del intelectual comprometido y el del intelectual independiente que causaron tanta resonancia en la segunda mitad del siglo XX, y que tuvieron entre sus más visibles promotores tanto a Octavio Paz desde los sesentas respectivamente colo a Carlos Fuentes en la década de los setenta.

Lo anterior, adquiere relevancia si se considera que de ello dependen las estrategias relacionales que los intelectuales siguen en su vínculo con el entramado social. Por lo tanto los intelectuales integran identidades, no sólo al interior de su quehacer por medio de tradiciones literarias, sino también identidades políticas con el resto de la colectividad con base en sus acciones y practicas discursivas que involucran significados sobre la política. Los dos modos paradigmáticos de intelectual al que hemos hecho referencia en su vínculo con el ámbito político, nos hablan de un establecimiento de relaciones heterogéneas, pero direccionalizadas de estos personajes con el sistema gubernamental, sus actores y su accionar, y en algunos casos con grupos y organizaciones políticas.

Sin dejar de reconocer las trayectorias generalizadas de uno u otro modelo de intelectual, que influencian más no determinan las trayectorias individuales de los hombres de letras, valdría también, para este caso, tratarlos en su conjunto con las salvedades que este riesgoso ejercicio conlleve.

Una de las categorías organizativas a la que más se recurre para diferenciar histórica y culturalmente a las comunidades intelectuales es la de “generación”. Esta categoría de conocimiento y fórmula del discurso va más allá de la cronología y del orden biológico que permite, de manera fortuita, el encuentro de varios personajes en un tiempo y espacio particular en donde se pueden cotejar sus producciones. En todo caso se tendría que entender a la generación también, siguiendo lo dicho por Leonardo Martínez, como:

… un lugar de la memoria, pero es también un lugar retórico; de acuerdo con la primera parte de la frase, la generación selecciona una parte del pasado y con el producto de esa selección construye una imagen que pretende ser el pasado en sí, una condensación del pasado con un valor de uso inmediato para un grupo social; de acuerdo con la segunda parte, es un argumento del discurso que lleva inscrito en sí mismo la voluntad de persuadir. Memoria y expresión (conocimiento y persuasión) se encuentran en la base de esta categoría.¹²³

A partir de lo arriba citado podemos observar nuevamente, que desde esta perspectiva se da un ejercicio de auto-reconocimiento por los mismos integrantes a partir de la selección discursiva de los datos que en un supuesto caracterizan a la generación. Este imaginario construido, primeramente de manera endógena, encuentra eco no solamente en la comunidad letrada sino también en la comunidad académica que centra su análisis en dicha temática, aunque no de manera pasiva. El horizonte social y cultural en el que se encuentran montadas dichas generaciones, en última instancia, afecta su especificidad al mismo tiempo que influye en tales horizontes si se ve en retrospectiva, pero ello queda en manos del ejercicio interpretativo del investigador. De este modo, aunque con ciertos matices, se puede ir delimitando la comunidad intelectual a la que se haga referencia, sin embargo, faltan otras tantas coordenadas necesarias que permitan ir integrándolo a un común analítico que sea útil para nuestra propuesta cultural sobre la política.

Vale la pena en este momento hacer ciertos señalamientos que apuntalen la propuesta. Roger Chartier en su muy conocido trabajo Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII: los orígenes culturales de la Revolución francesa,¹²⁴ analiza en términos generales en su primer capítulo, el cambio o desplazamiento de roles al interior de la aristocracia, en donde convivían tanto los detentadores del poder político, como los productores de bienes culturales. Al desplazar a los “hombres de letras”, filósofos y/o pensadores de la administración pública se allegaron de cierta autoridad ajena a la toma de decisiones políticas, lo anterior derivó en una mayor responsabilidad filosófica, una función que antes era parte de una aristocracia conjunta que administraba tanto lo gubernamental como a las “políticas literarias”, produciendo una aristocracia sustituta que se hizo de la administración de la “política literaria” que les permitió tener una gran autoridad social pero sin poder en la toma de decisiones administrativas. Una de las posibles lecturas que le da Chartier a los resultados de tal fenómeno es que esta aristocracia sustituta, un tanto apartada de la sociedad por no tener instituciones representativas y ajenas al ejercicio del poder, se moviera en el mundo de las abstracciones, de las ideas permitiendo soñar en la ciudad ideal.

Bajo esta reflexión Chartier señala que “la politización de la literatura es, pues, al mismo tiempo una ‘literaturización’ de la política”. Hay que guardar las distancias históricas y los horizontes culturales, sociales y políticos para lo que nos compete, sin embargo dicha reflexión es útil como herramienta cognoscitiva para conjeturar ciertas ideas respecto a la cultura política de las comunidades intelectuales de finales de la década de los sesenta y principios de los setenta. En mucho depende la cultura política si consideramos el tipo de relación que se finca entre las comunidades intelectuales y el sistema político de este periodo. Por el momento dejemos estas reflexiones para ilustrar la propuesta por medio del texto que hemos puesto en la mira del análisis.¹²⁵

Un breve recuento de “los escritores y el poder”: una mirada a las “posiciones relativas”

El número trece de Plural, como bien señala Octavio Paz en un texto introductorio titulado “La letra y el Cetro”,¹²⁶ está dedicada en parte a los escritores y el poder. En éste hace una aclaración señalando que se habla de escritores y no de intelectuales, a razón de que no participaron ni técnicos ni científicos que pueden ser considerados intelectuales. También apunta las condiciones en las que se planteó la participación de los ponentes: el primero en turno, con un texto breve que enviaría a los demás participantes, sería del director de la revista. Los demás escritores que con dos intervenciones, a condición de que no excedieran las cinco páginas, plantearían sus puntos de vista. También aclara que muchos decidieron participar sólo una vez, otros mandarían su segunda parte en el siguiente número y que Carlos Fuentes pidió dos hojas más para contestar una polémica de números atrás con Gabriel Zaid. En este número se incluyen artículos y trabajos de varios autores que hablan, por un lado, de la relación entre literatura y el poder y por el otro, de la relación entre la literatura y la política en la que se incluye reflexiones sobre el papel de los intelectuales como actores de suma importancia en sus contextos de referencia. Para comenzar a abonar el terreno, dichos trabajos se sitúan estratégicamente antes de la discusión que se encuentra en la parte central de este número.

Los escritores-intelectuales que participaron en la mesa de discusión a la que hemos hecho referencia fueron: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Jaime García Terres, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Tomás Segovia, Luis Villoro y Gabriel Zaid. Las problemáticas de la discusión fueron: por un lado, la crítica al sistema político mexicano, y por el otro, el acercamiento que el presidente Luis Echeverría pretendía tener con el círculo intelectual y las diferentes posturas que habían asumido éstos ante tal pretensión. La segunda polémica tenía a dos representantes con posturas previamente diferenciadas, que con anterioridad la habían comenzado para seguirla llevando: Carlos Fuentes y Gabriel Zaid.¹²⁷ Parecía que todo giraba en torno a aprovechar o desaprovechar la oportunidad de apertura que el presidente había abierto a los intelectuales. Las posturas de los participantes se bifurcaban en la misma dirección que las posiciones de Fuentes y de Zaid, lo que variaba eran las distancias que tomaban respecto a ellos.

Octavio Paz, siguiendo el tono de Daniel Cosío Villegas, presenta primeramente un balance del sistema político mexicano.¹²⁸ Tal análisis y sus resultados parecían ser una radiografía bien pensada y asumida por los intelectuales del periodo. En lo fundamental, Paz estaba de acuerdo con lo señalado tiempo atrás por Cosío Villegas, al grado que no se nota gran diferencia en sus planteamientos. Mucho de lo que argumentaba ya había sido dicho en Posdata¹²⁹ y en la “Carta a Adolfo Gilly”¹³⁰ publicada ésta última en la misma revista números atrás. Lo que al parecer no compartía Paz era ese pequeño entusiasmo que Cosío Villegas veía en la “política de apertura” echeverrista, en su lugar existía una gran duda al respecto. Debido a que el sistema político priista se había caracterizado por sus abusos, su corrupción y por la nueva tentativa de reformar al partido de Estado; Paz escribe un párrafo en cursivas que propone una solución o reformulación del sistema político, no sin antes dejarnos ver la posición que según él deberían asumir los intelectuales. Señala:

Ahora el régimen intenta la reforma del PRI y del sistema. Tampoco es una verdadera solución. La solución consiste en el nacimiento de un movimiento popular independiente y democrático que agrupe a todos los oprimidos y disidentes de México en un programa mínimo común. Como ciudadano soy partidario de ese movimiento. Como escritor mi posición no es distinta ni contraria sino, valga la paradoja, otra. Como escritor mi deber es preservar mi marginalidad frente al Estado, los partidos, las ideologías y la sociedad misma. Contra el poder y sus abusos, contra la seducción de la autoridad, contra la fascinación de la ortodoxia. Ni el sillón del consejero del Príncipe ni el asiento en el capítulo de los doctores de las Santas Escrituras revolucionarias.¹³¹

El segundo en turno fue Gabriel Zaid. Ya inmerso en una discusión anterior con Fuentes, el escritor llega con argumentos que le respondan, y no sólo cuestiona a éste, sino también en parte a las soluciones propuestas por Paz: “Por todo esto, la ‘verdadera solución’ no está a cargo de la buena voluntad cívica de un conjunto de ciudadanos”.¹³² Sirviéndose de los ejemplos de Manuel Gómez Morín y de Vicente Lombardo Toledano, advierte que los intelectuales no deben ser “técnicos del ejecutivo o fundadores de partidos” que en su lugar deben de creer en la palabra escrita para formar un “publico más exigente”, es decir, formar una opinión pública más informada. El paradigma del escritor independiente tan proclamado y formulado por Paz se refleja en la propuesta de Zaid.

La solidaridad que existía entre los intelectuales, que el mismo José Emilio Pacheco observó a partir de l968, es rota por esta nueva coyuntura política. Éste reconoce las expectativas y el ánimo que un grupo de intelectuales generaron en su público por las posturas que no conciliaban a los letrados con el poder, que los mantenían al margen pero activos por la posición crítica. Esta perspectiva en ruptura parece encontrar dos caminos, que no convergen pero que permiten pensar en dos posibles espacios de influencia política para este grupo que se pensaba como una unidad: los intelectuales que sólo influyan desde las letras y los otros que, muy a pesar de Pacheco, colaboraran directamente en los espacios políticos nacionales aunque históricamente, según él, los saldos habían sido negativos. De acuerdo con Pacheco:

Lo peor de todo es que la política nacional no ha ganado nada con la participación de los escritores en ella y la literatura ha salido perdiendo. El ambiente está envenenado por la suspicacia pero también por las actitudes farisaicas: todos condenan a los demás pero muy pocos se atreven a juzgarse a sí mismos. Quizá los escritores –un sector muy específico de los intelectuales– deban aspirar a influir en la sociedad sólo como escritores. Su inteligencia y sus capacidades son distintas y aún opuestas a la mentalidad política. En la historia hispanoamericana abundan los ejemplos de hombres que dejaron de dar a su país lo que pudieron haber aportado a través de la literatura, a cambio de unas actividades políticas que finalmente construyeron una decepción irreparable para ellos y sus seguidores.¹³³

Luis Villoro, por su parte, no pretende despolitizar al “escritor”, al hombre de letras; quiere darle una justa dimensión a sabiendas de las ilusiones de universalidad y libertad en las que se cree inmerso. No comparte con Paz la idea de que el escritor debería encontrarse en un estado de pureza ideológica para ejercer su crítica, por lo tanto, una de las ilusiones en las que cae, según el autor, es la de creerse “testigo desinteresado”. Villoro plantea, que el escritor al verter una opinión, utiliza categorías que solamente son entendibles desde las peculiaridades de la misma realidad social a la que pertenece y que le dan sentido. Por cierto estas líneas son muy parecidas a algunas posturas sobre cultura política, que recalcan que el significado de los términos políticos se da con base en los contextos de referencia que le dan sentido. Por ello, la libertad y la universalidad de su pensamiento, vocación que debe buscar y alcanzar, es una ilusión que de todas maneras no lo exime de las ataduras de su particular realidad. Señala que el escritor “Espontáneamente tiende a explicar la realidad social por el universo discursivo, en vez de descubrir el significado de las palabras por la función que desempeñan en la realidad social de que forman parte”.¹³⁴ Es en esta lógica de contrasentido realidad-palabra, en la que se fundamenta la idea del escritor politizado del autor. Respondiendo a Paz en los señalamientos de que el novelista y el poeta no hablan por ningún grupo, partido, nación, “ni siquiera en nombre de sí mismos”, a razón de que antes que nada “duda de su propia existencia”, Villoro le contesta “que los valores por los que opta sólo adquieren un especial relieve desde una peculiar perspectiva […] valores como ‘democracia’ o ‘libre expresión’ que, si bien son universales, sólo para las clases medias adquieren primordial importancia frente a los demás”.¹³⁵ En este sentido, podemos decir, que Villoro asume que los productos simbólicos y discursivos cargados de ciertos valores y principios, sí representan y le dan identidad a ciertas clases, y agreguemos nosotros, a cualquier otra categoría de integración social.

Tomás Segovia va un poco más lejos, y discute lo paradigmático que resulta decir que el escritor es en sí mismo un sujeto político considerando otras dimensiones y planteamientos. Su argumento lleva la siguiente lógica:

…un director de banco no trabaja con su “intelecto”, aunque trabaje menos aún con sus manos: trabaja con su poder. Si se le quita todo poder constrictivo sobre otros hombres su “trabajo” se vuelve imposible. Un maestro o un filósofo, o un investigador científico no trabajan así. El político, desde un punto de vista, “trabaja” como el banquero […] Lo que se entiende por intelectuales es pues alguien que examina (es decir “critica”) al poder sin usarlo… Una literatura “política” es una contradicción, porque no hay más política que la que usa el poder. La literatura puede hablar de la política, criticarla, acusarla (o alabarla), pero no hacerla; la suya no es una oposición política: no opone un poder a otro; más bien, incluso si pretende lo contrario, se opone a todo poder.¹³⁶

El anterior despliegue de ideas tiene un objetivo político claro al interior de la esfera intelectual, no tanto cuestionar lo propuesto por Villoro en términos cognoscitivos, sino desvirtuar “la cargada” y el apoyo “acrítico” de Carlos Fuentes a Luis Echeverría. Al aceptar la virtud crítica y la falta de poder real del escritor, enfrenta a los intelectuales que pretenden ser depositarios de un poder que el ejecutivo supuestamente les va a otorgar. La marginalidad del escritor, en los términos del autor, es trastocada. El otro que se suma a la crítica de Fuentes pero que complementa la idea de Villoro es Carlos Monsiváis. Después de un sumario que pretende ser aleccionador sobre lo que ha hecho el partido oficial y sus regímenes, sus mecanismos de operación, sus abusos y vicios, violaciones a los derechos fundamentales, etcétera, Monsiváis ubica al escritor en el contexto político de ese presente:

¿En que sección de este panorama se inserta el escritor mexicano? Magnificado o minimizado, recipiente mesiánico o chivo expiatorio, símbolo del acomodo o conducto por donde se han expresado rebeldías y rechazos, el escritor, en su quehacer social y político, se ha mostrado significativo y catártico y no (como quizá él hubiese querido) decisivo y carismático. A mi juicio, un claro ejemplo de esta relación siempre fallida entre los escritores (como tales) y los regímenes de la Revolución Mexicana, lo constituye el origen de esta mesa redonda: las declaraciones recientes de amigos nuestros, gente de la probada calidad de Fernando Benítez y Carlos Fuentes. Ellos, al cederle (así sea de forma crítica y temporal) su confianza al presidente Echeverría, han exhibido –gracias a la reacción que provocaron– el punto álgido de una crisis: las dudas, el azoro, los titubeos de la mayoría de los intelectuales y escritores.¹³⁷

Además de la crítica anterior suma otra, responsabilizando a los intelectuales del statu quo que domina, pero que a la vez cuestionan. Observa la indiferencia de éstos a las realidades míseras de muchos mexicanos que no tienen la manera de ejercer sus derechos y de acceder a mejores condiciones de vida. Argumenta que ha existido la complacencia de los intelectuales por la posición tan privilegiada que como escritores y no como ciudadanos tienen, que les ha permitido ejercer sus derechos civiles sobre todo de libre opinión, a diferencia del resto del colectivo social.

Carlos Fuentes es el penúltimo en participar en la mesa redonda que cerraría con la última respuesta de Zaid, para apuntalar, aclarar y contestar a toda la polémica que suscitó con sus primeras declaraciones publicadas números atrás en la revista. No encuentro mejores palabras para describir el diálogo entre éstos, la postura de Paz al respecto, y un breve análisis que las publicadas por el antes citado Carlos Gómez Carro y que a continuación reproduzco abusando de lo extenso de la cita:

Fuentes parte de que en Zaid hay una “mala lectura” de su texto publicado en el número 11 de Plural. Para Fuentes, se debe partir de la calidad de país dependiente que tiene México, cuyo margen político de maniobra “no es mucho mayor” que el de Polonia (en ese entonces) frente al régimen soviético; de ahí su defensa del sector público mexicano aquél “que mal que bien, constituye una defensa mínima de nuestra integridad”, su ejemplo es, ahora, cruel: “Allende [el presidente chileno] puede ser derrotado en los próximos comicios chilenos; la nacionalización del cobre no podrá ser derrotada jamás”[…] Simplifica, creo que lo hace, los argumentos de Zaid al sintetizarlo, “pues piensa [Zaid] que en México sólo la libertad democrática nos salvará”, y defiende Fuentes la necesidad del Estado (es decir, Echeverría) de requerir “el apoyo popular, requiere el apoyo de los ciudadanos Zaid y Fuentes.” Agrega no estar “dispuesto a caer en el chantaje que Gabriel me propone […] dándole plazos al gobierno y amenazándolo con condenarlo si no hace lo que pedimos.” La contestación de Zaid es lacónica: “Tenemos a un Presidente que en vez de aprovechar el poder que tiene para democratizar el país, sueña con el que no tiene […] Y tenemos también escritores que, con la mejor intención, dejan su lugar y perdonan lo imperdonable, porque adoptan una visión subordinada a las opciones prácticas de la presidencia…” El resultado dentro de la revista fue que Tomás Segovia dejó la dirección editorial desde el número 12 y Gabriel Zaid y Segovia volvieron a publicar en la revista hasta el número dieciocho. Como contraste, en el número 14 (noviembre de 1972), Paz escribe de manera encomiable y afectuosa acerca de Fuentes y su obra, y señala: “Fuentes ha sido y es el plato fuerte de muchos banquetes caníbales.”, lo que aparte de marcar una clara distancia de la carta de Zaid en el número 12 y sus agregados del 13, no era sino un modo enfático de frenar la lectura de un posible distanciamiento entre ambos, aunque agrega, también profético: “Generalmente esos enemigos son los amigos y los ídolos de ayer”.¹³⁸

Densidades de un texto

Hemos visto brevemente en el apartado anterior los posicionamientos de este grupo de intelectuales y ciertas representaciones sobre su realidad. Ahora voy a tratar de justificar la pertinencia del texto como una publicación de alto valor cultural y político que permite observar la cultura o subcultura política de la comunidad intelectual. Considero que en él existe una densidad importante de formulaciones simbólicas, valores y principios políticos que suscitan ciertos sentimientos y emociones que nos habla del espíritu de un tiempo. Además, en ella se condensan ciertas discusiones y diálogos de varios de los participantes de la mesa que en otros espacios discursivos tuvieron cabida. En otras palabras, los diálogos intertextuales se hicieron explícitos en la mesa de discusión. No hay que dejar escapar que frente a un documento que posibilita rastrear una discusión intertextual, se tendría que elaborar un diagnóstico del conjunto de trabajos que lo antecedieron, para contar con los precedentes que le dieron forma. Al mismo tiempo, hay que rastrear los referentes discursivos que dominan en la esfera literaria que permiten observar las singularidades de su visión de la “realidad” política. En este sentido, hay que hacer un ejercicio interpretativo, que no se hará por el momento, del sistema simbólico de significados que los hombres de letras construyen respecto a la política. Como hemos visto, solo los hemos enunciado.

De manera particular hay que interrogar si el texto en el que los intelectuales fijan postura, primeramente para reconocer sus coordenadas internas y después para enfrentarse ante las propuestas gubernamentales y la formulación de sus propias demandas, puede ser una fuente de donde deriven las interpretaciones idóneas que manifiesten una cultura política propia de la comunidad, independiente de las posturas ideológicas. Lo anterior depende, por supuesto, de lo que se entienda y sea objeto de la cultura política.

He insistido hasta el momento, aunque brevemente, en la auto-referencia, en el auto-reconocimiento y/o en la propia concientización del papel que juegan en el colectivo social estos actores sociales, con base en los modelos paradigmáticos del intelectual que asumen y del lugar que ocupan histórica y culturalmente a partir de la categoría de generación como un lugar de la memoria y lugar retórico que éstos coadyuvan en parte a construir. En el referido texto existe la misma fórmula; los intelectuales se plantan frente al espejo de su condición de actores sociales, el mismo espejo de la realidad política, para reflejar sus inconformidades. Quedan al descubierto las intencionalidades y las posturas personales, y de conjunto que debieran seguir ante la propuesta de apertura echeverrista. De igual manera se hacen explícitas las demandas que éstos le hacen a las élites políticas para cambiar el sistema que consideran se encuentra en “quiebra”. Como principios y valores fundamentales se presenta la idea democratizadora real del país y la de justicia social, y lo que se encuentra en juego es a qué tipo de democracia se hace referencia y para qué. Aunque algunos de los participantes son abiertamente socialistas no ven con malos ojos un estadio previo al orden que ellos avalan. Por otro lado, se discute el papel que deben jugar en la restructuración del sistema político que promueven y en la propuesta, inmoral para la mayoría, que el presidente les hace, no sin antes diagnosticar y sentenciar al sistema mismo.

Lo anterior les despierta una serie de emociones y sentimientos que se caldean en acaloradas discusiones de alto valor simbólico, sentimientos y emociones que se comparten con variados sectores y grupos sociales. Pero estos participantes se configuran en un común no sólo por la demanda de cambio del sistema político simbiótico de México compuesto por el Presidente y el Partido, sino también por su quehacer literario y los espacios especializados en donde articulan sus demandas.

Por otro lado, el texto puede ser visto como un doble punto de inflexión de las relaciones de los intelectuales en su interior y de éstos con el Estado. La comunidad imaginada que se congregó para reprobar las acciones que desde el gobierno se tomaron en contra del estudiantado en 1968 y 1971, y que crearon un distanciamiento tanto discursivo como en la práctica con la administración publica, se quebraba. La automarginación al sustento público a partir de 1968, que tuvo como una de sus máximas expresiones la acción tanto práctica como simbólica de Octavio Paz con su renuncia a la embajada de la India, se replanteaba a finales de 1972 por medio del ejercicio literario.

Por ello hay que revalorar este documento que nos permite observar “las definiciones de las posiciones relativas” del colectivo letrado del periodo que va de 1968 a finales de 1972, así como también en el punto de ruptura de la solidaridad intelectual. Haciendo caso al propio Baker hay que considerar los significados de los términos en los que se producen las demandas, y las formulaciones simbólicas que se pretende afecten a las estructuras de poder, siguiendo en esta última parte lo pronunciado por Varela.

En consideración

Bajo otra dinámica y lógica, que sólo pueden ser entendidas si se considera la diferencia de horizontes, cobra sentido la “literaturización” de la política de la que habla Chartier. Subrayemos el autoexilio de algunos miembros en la participación de la vida administrativa, que se suma al de aquellos que de por sí no la tenían, para destacar el distanciamiento de los intelectuales con el sistema político; éstos aprovecharon lo innumerables espacios autónomos de expresión para cuestionar al sistema y a la administración gubernamental. Pensaron en una sociedad imaginada, aunque con referentes claros, que tuviera mayor participación a partir de los derechos democráticos o bien una sociedad igualitaria bajo postulados socialistas. Pero más allá de las posturas ideológicas, existen formulaciones y reformulaciones simbólicas sobre la política desde la esfera literaria, con todo y su contenido y complejidad. Es quizá por eso que Chartier ve a la cultura política como esa bisagra que permite vincular el ejercicio del poder con las formulaciones literarias cargadas de simbolismos densos sobre la política. Entre “realidades”, ejercicios del poder e intereses, y abstracciones de esa realidad la cultura política encuentra en parte su espacio analítico.

Baker por su lado señala que la cultura política, como ya lo apuntamos en una cita anterior, debe “ser entendida como un conjunto de discursos y prácticas que caracterizan esta actividad [la política] en cualquier comunidad dada.” La política según su posición, es definida a partir de la acción del individuo por ver cumplidas las demandas, desde el momento de su formulación y negociación. “Tanto sostiene y da significado a la actividad política”, apunta Baker. Por ello, los significados desde los cuales se articulan las demandas, por medio de discursos eminentemente políticos, constituyen el área de análisis de la cultura política, sin dejar de ver los contextos que le dan sentido priorizando ciertos principios y valores. Ambos encuentran en el carácter discursivo, ya sea letrado o no, las formulaciones que permiten ver en los procesos sociales y políticos una estructura simbólica que les da significado. Aunque no hay que dejar de destacar, que Chartier le da un peso importante a la sociabilidad letrada y a la sociabilidad de ésta con el Estado: un común de prácticas y discursos.

Creo que en este momento es necesario señalar un punto clave que nos permita ir resolviendo las preguntas que nos planteamos en un principio, en particular la existencia o no de una cultura política o subcultura política de la comunidad intelectual, esto directamente relacionado con lo arriba señalado.

Ante la multiplicidad de elementos culturales que actúan en la sociedad contemporánea, la cultura política no existe como una unidad o entidad homogénea e integrada asociada a ciertos sectores, grupos o clases sociales. Por el contrario, parece más adecuado considerarla como una serie heterogénea y desarticulada de valores, actitudes y acciones, con base en los cuales los actores sociales construyen percepciones sobre las relaciones de poder y sustentan su acción política.¹³⁹

Aunque se comparta íntegramente tal postura ¿no valdría considerar en un lugar aparte o especial la producción de significados simbólicos respecto a la política de la comunidad intelectual, que bien se encuentre englobada en una cultura política en cualquier nivel de integración? A lo que me refiero es que si bien, no podemos considerar una cultura política homogénea ya sea nacional, regional, etcétera, mucho menos a la de ciertos grupos sectores o clases sociales según esta postura, sino a una cultura heterogénea, ¿no es válido darle un trato especial a los significados simbólicos que, desde la esfera intelectual y en particular a la literaria, se construyen pensando que son productores especialistas de bienes simbólicos?

Considerando que los bienes simbólicos tienen que ser compartidos socialmente para hablar de una cultura política, hay que poner atención en las formulaciones y reformulaciones que conservan una matriz y un tanto de innovación, que a corto o largo plazo se enquistan en la conciencia o en el inconsciente social. Pero más allá de lo anterior, tenemos que destacar que los productos de este sector son productos especializados, pero compartidos con el resto de la sociedad. Por lo tanto pueden ser auspiciados por cualquier comunidad con la cual converjan, reforzando ciertas identidades y/o justificando ciertas demandas políticas. Por lo tanto estas construcciones, que como fin tienen el de ser consumidas y valoradas idealmente por un público general, tienden a llegar a un proceso de objetivación en términos de la cultura política.

…entendamos por objetivación de la cultura política, el proceso mediante el cual un grupo social construye un discurso que insiste sobre ciertos aspectos de su identidad, vida cotidiana, entorno social, convicciones y creencias, el cual le permite reelaborar símbolos, espacios, discursos y autoafirmaciones que a su vez sirven como la base para fijar su posición frente al poder y la política.¹⁴⁰

En lo relativo a las comunidades intelectuales y sus producciones, en especial el caso que abordamos, este proceso se da tanto en la postura de los intelectuales ante el poder y la política, como en la recepción de sus productos como elementos o herramientas que sirvan para un grupo, sector o clase social de igual manera. El análisis de este proceso es de una complejidad muy alta, valor donde se tendrían que estudiar los factores de percepción social y la capacidad de transformación en la acción, que sólo me caben mencionar por el momento.

Conclusiones

Como resultado del posicionamiento discursivo y de agentes sociales de este grupo de escritores, podemos observar ciertos esquemas paradigmáticos del intelectual que bajo un contexto político específico entran en crisis relativa. Por este hecho se genera una tensión que ilustra las identidades y los roles que éstos juegan en el entramado social. Por un lado, se enuncia tanto el papel que debe asumir el intelectual comprometido como el independiente, y los límites, claro está, difusos y cambiantes en los que se encuentran supuestamente definidos. Lo que hay que rescatar son los bemoles y los matices de las firmes convicciones de los participantes con respecto a las categorías antes mencionadas, en función de la relación interna del sector, de éste con la sociedad y con el Estado que determinan las demandas y exigencias que proclaman. Por lo tanto, de ello dependieron las construcciones y los significados simbólicos del sistema político y sus actores. De este modo, podemos notar una postura que sitúa al escritor independiente bajo ciertos lineamientos que son los de la marginalidad frente “al Estado, partidos, ideologías y la sociedad misma”, y por consiguiente al poder. Al mismo tiempo, hay otra que pugna por la universalidad del pensamiento (Paz). Bajo el mismo esquema, pero con cierta diferencia, otra que sugiere que los escritores deben ser agentes de cambio político-social desde el quehacer literario con “el poder que sí se tiene”: las letras (Zaid y Segovia). Esta perspectiva no pretende marginarse de la sociedad, sino por el contrario, actuar en ella; crear una opinión pública informada que tenga las herramientas necesarias en la toma de decisiones y del cambio social.

Dentro del esquema intelectual comprometido encontramos a Fuentes, Pacheco y Monsiváis con claras diferencias. Los dos últimos no conciben un acercamiento y colaboración con el Estado que el primero con sus declaraciones abona para, según él, lograr los cambios significativos en el sistema político y la sociedad mexicana. El compromiso social existe en ellos, la diferencia radica, nuevamente, en su marginalidad frente al poder y las vías para lograr un bienestar común.

La parte que hemos rescatado de Villoro valdría darle un trato especial, no sólo porque es el único de los participantes que da su punto de vista desde otros lentes que permean su visión (los de la filosofía), sino también porque politiza a estos actores. A partir de la idea del significado de las palabras en sus contextos de referencia, asume que los escritores no se pueden “escapar” de su relación e influencia con la sociedad, incluido el Estado mismo. Por lo tanto son actores políticos con o sin participación, ideológica o administrativa, en el Estado. Los productos simbólico-discursivos de la política de éstos, ya sea para cuestionar o mantener un sistema, los “ata” inexorablemente con la sociedad según la postura de este filósofo.

Sin duda el modo paradigmático del intelectual en el que se piensan unos y otros puede ser observado como espectros, donde confluyen por momentos según el posicionamiento relativo de éstos, afectando las relaciones de sociabilidad letrada de manera discursiva y personal. Como consecuencia podemos sugerir la existencia de una subcultura política al interior de estas relaciones y al exterior en la relación con el Estado, en donde ciertos códigos, valores y principios, que sólo son atribuidos a este sector son revalorados y resignificados gracias a su carácter subjetivo. Desde otra perspectiva, la de Baker, la relación de este sector con el Estado puede ser visto como una cultura política por la formulación de las demandas que permite observar su posición frente a otro grupo de poder (las élites políticas) que determina los destinos de la nación y a partir de la propuesta echeverrista, la de ellos mismos. Asimismo, si consideramos que la producción discursiva de este sector, portadora de significados simbólicos sobre la política, pretende trastocar e influir en las estructuras de poder vigentes en ese momento, entonces hablamos, por consecuencia, de una cultura política más amplia que involucra demandas generalizadas por su carácter heterogéneo, ya sea a favor del poder o contraponiéndose sustantivamente a éste.

Por último, vale la pena señalar que lo anterior es una propuesta de lectura de estos actores y sus producciones discursivas en sus propios horizontes políticos, sociales y culturales, bajo un enfoque de cultura política que escapa a los análisis de escrutinio dominantes; una propuesta que revalora la enunciación propia bajo esquemas analíticos de la historiografía crítica.

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II. Modernidad política y opinión pública en el siglo XIX

6. Prácticas políticas, ciudadanía y elecciones en la transición hacia un nuevo régimen de gobierno y representación: San Luis Potosí y Chihuahua del periodo gaditano al primer federalismo

Juan Carlos Sánchez Montiel

Introducción

En el tránsito del periodo gaditano al México independiente y el primer federalismo hubo un esfuerzo por transformar el orden jurídico que había imperado durante el periodo virreinal, dicho cambio tendría verificativo en la práctica a través de lo que los participantes reconocían como derecho, a partir de una serie de formulaciones normativas¹⁴¹ ligadas a una cultura política que las materializaba a través de prácticas, valores políticos y culturales, instituciones y entidades de poder, relacionados con un sistema de creencias.¹⁴² El ejercicio del poder político consistía en la mediación jurídica entre los cuerpos, las comunidades, los aparatos institucionales, los territorios y todos los segmentos organizados al interior de la monarquía.¹⁴³

La Constitución de Cádiz de 1812, a pesar de no pretender una ruptura absoluta con el orden jurídico tradicional, había planteado una reformulación de las leyes históricas fundamentales que habían regido hasta entonces, y al hacerlo introdujo elementos importantes de cambio en tal orden. Como lo señala Carlos Garriga, la Constitución recogía lo sustancial de las leyes antiguas, pero a pesar de no tener un carácter esencialmente derogatorio con respecto a las leyes viejas, tuvo este efecto derivado de la prevalencia que debía tener la Constitución sobre el derecho viejo.¹⁴⁴

Un aspecto trascendental del orden jurídico es su aplicación, lo cual conlleva necesariamente a la lectura e interpretación de las normas contenidas en él, ejercicios que varían debido a que los agentes que los realizan y sobre los que tiene efecto tal orden son agentes situados. En este sentido, Carlos Garriga ha señalado para el caso del texto constitucional gaditano, que desde su origen estaría sujeto a una lectura e interpretación muy plural, debido al hecho de que los sujetos sobre los que sería aplicada la nueva Carta, bajo la denominación genérica de “españoles” incluía a un muy diverso conjunto de habitantes de ambos hemisferios, indígenas, blancos y mestizos, que a partir de su propia condición harían esta lectura e interpretación de la Constitución.¹⁴⁵ Lo anterior permite comprender desde una visión más dinámica los efectos que el cambio de orden jurídico pudo tener, y ayuda a explicar por qué tanto la carta gaditana como los reglamentos emitidos por las Cortes tuvieron esta diversidad de lecturas e interpretaciones que en ocasiones se presentan en la documentación como un conflicto de la tradición y la costumbre con la nueva normativa constitucional, pero en otros parecen empatarse bastante bien, pues muchos de los referentes a partir de los cuales se hacía esa lectura e interpretación del nuevo marco normativo, procedían del orden jurídico antiguo.

En lo concerniente a la representación política, se instituyó un nuevo sistema de cargos de carácter electivo, en el que la ciudadanía sería, por un lado, el fundamento de un nuevo sistema de representación, y por el otro, el principio que regularía el acceso a la participación política. Sin embargo, el sistema de representación instaurado por el constitucionalismo gaditano, a pesar de adoptar principios del liberalismo político, como la igualdad ante la ley entre los españoles de ambos hemisferios y la igualdad de derechos políticos entre los ciudadanos, favoreció la conservación de elementos de la representación tradicional comunitaria y corporativa, no sólo por la lectura e interpretación que se hizo de las leyes y reglamentos en la materia, sino también porque en la definición de los derechos de ciudadanía, la organización de las elecciones y el acceso a la participación política se conservaron elementos de la cultura política tradicional, que en algunos casos permitieron el tránsito de un orden político y de representación al otro sin aparentes conflictos ni resistencias, aunque esto dependió de los grupos, intereses y condiciones particulares que intervinieron en cada lugar.

Estos cambios propuestos por la carta gaditana supusieron una redefinición en la organización de los gobiernos locales, que tendría repercusiones notables sobre el orden político-territorial de las provincias en la transición hacía la época del primer federalismo. Sin embargo, el alcance de estos cambios, sus efectos y la forma en que fueron vividos como experiencia de la vida política local, sólo es posible seguirlos a partir de las pautas marcadas por las prácticas y la participación política, en las cuales se advierten los conflictos, las contradicciones, las disputas por el control de los gobiernos locales, la forma en que la vieja cultura política seguía teniendo ecos aún en las nuevas instituciones de gobierno, y el arribo de nuevos actores.

La igualdad jurídica entre las localidades y sus habitantes fue una de las innovaciones introducidas por la Constitución de Cádiz, que modificaría las relaciones jerárquicas entre las poblaciones, al brindar la oportunidad de reclamar derechos de representación política a comunidades que o bien habían estado sujetas a jurisdicciones de mayor jerarquía, o no habían tenido la oportunidad de constituir un gobierno y representación política propios por no tener estatuto, como era el caso de las haciendas y ranchos; pero, además, sus habitantes estuvieron en condición de reclamar derechos de ciudadanía y participar en las elecciones para erigir ayuntamientos y diputados a Cortes y Diputaciones Provinciales. Esto fue particularmente importante para provincias como la de Chihuahua y la región Altiplano de San Luis Potosí, donde la presencia de pueblos era escasa, y las localidades tuvieron un origen mucho más heterogéneo, a partir de la reducción de población indígena a la vida sedentaria en pueblos y misiones, presidios, reales mineros, haciendas, ranchos y congregaciones.

El nuevo orden político local, entre dos culturas políticas en transición

Las solicitudes para erigir ayuntamientos constitucionales, su proliferación, y la organización de las elecciones para designar a los funcionarios que los integrarían, dan cuenta de los efectos que tuvo la implantación del nuevo orden jurídico a partir de su aplicación en aspectos esenciales para el reordenamiento político local como: el determinar quiénes serían ciudadanos, la delimitación del acceso a la participación política, la organización y práctica del rito electoral, y la misma conformación de los ayuntamientos; sin embargo, también muestran que dicho marco jurídico con cierta frecuencia fue interpretado y adaptado por los pueblos y localidades a partir de referentes de la cultura política corporativa tradicional.

La misma Constitución favoreció la permanencia de elementos del ordenamiento corporativo y comunal de los pueblos. Las elecciones serían organizadas a partir de las parroquias, que constituían el referente primario de pertenencia a una comunidad; el requisito de “vecindad” para acceder a los derechos de ciudadanía obligaba a los individuos que aspiraban a esta condición a tener un arraigo reconocido en un pueblo, entendido éste como cualquier poblado, desde una simple aldea hasta una villa o ciudad, que en conjunto constituían la nación española y por lo tanto estaban sujetos a los mismos derechos y obligaciones.¹⁴⁶ En su ordenamiento administrativo, los ayuntamientos, debido a la precariedad del sistema fiscal,¹⁴⁷ seguían dependiendo de la posesión de bienes corporativos para nutrir sus finanzas.

En Chihuahua, donde los pueblos no ocupaban un lugar preponderante en el orden político-administrativo y territorial, se calcula que el número de ayuntamientos era de alrededor de seis en 1790,¹⁴⁸ y en 1826 la entidad se componía de 15 ayuntamientos y 26 juntas municipalidades, distribuidos en los once partidos que componían la provincia,¹⁴⁹ lo cual significó un nuevo ordenamiento territorial que además de provocar fracturas en las antiguas demarcaciones, modificó las relaciones jerárquicas entre ellas. Las nuevas condiciones fueron el detonante que impulsó a las localidades a buscar obtener un estatuto político y tener una representación propia a través de los ayuntamientos, pero la concreción de estas aspiraciones dependería también de las necesidades e intereses en la conformación del nuevo orden de gobierno de las provincias, el cual con frecuencia remite a concepciones propias de la cultura política del Antiguo Régimen.

En la provincia de Chihuahua, por ejemplo, cuando en 1823 el presidio del Norte solicitó a la Diputación de las Provincias Internas de Occidente erigir ayuntamiento, esta solicitud fue aprobada bajo el argumento de que, ante las restricciones a las facultades de los comandantes militares que hasta entonces se habían ocupado de la jurisdicción ordinaria, este sitio se quedaría sin quién se encargara de administrar justicia,¹⁵⁰ por lo cual era pertinente autorizar la creación de un ayuntamiento en dicho punto. Esta preocupación remite a la concepción de gobierno bajo el orden jurídico antiguo, en el cual había una profunda imbricación entre justicia y gobierno.¹⁵¹

La Constitución de Cádiz había pretendido separar las funciones del ramo judicial de las de gobierno. De acuerdo con el decreto del 9 de octubre de 1812 sobre audiencias y juzgados de primera instancia, los alcaldes de los ayuntamientos se ocuparían de la función de conciliadores en demandas civiles o injurias no contenciosas, y de asistir a los jueces letrados establecidos en los partidos en las diligencias civiles y criminales; pero en el capítulo IV de dicho reglamento se estableció que en lo que se hacía la distribución de jueces letrados de partido, los jueces letrados de real nombramiento, los subdelegados y los alcaldes constitucionales serían los responsables de los pleitos civiles y criminales, y donde no hubiera ni juez letrado ni subdelegado tal competencia recaería directamente en los alcaldes.¹⁵² Como la distribución de los juzgados de partido no llegó a concretarse, los ayuntamientos asumieron en muchos lugares la justicia civil y criminal bajo esta concepción dual de ejercer tanto funciones judiciales como de gobierno, que había funcionado durante la mayor parte del periodo virreinal, lo cual en algunos casos provocó que entraran en disputa con los subdelegados por el ejerció de tal competencia.

En abril de 1814 el subdelegado de Rioverde se quejó ante el intendente de San Luis Potosí de que el alcalde de segunda elección del ayuntamiento erigido en aquél lugar, creído de que sus funciones comprendían a toda la jurisdicción del partido, admitía en su juzgado demandas de individuos de ella y los hacía ir hasta allá por medio de los encargados de justicia. El funcionario pedía al intendente que aclarara si a los alcaldes constitucionales correspondía lo contencioso en materia civil y criminal, y si esta facultad se extendía a toda la jurisdicción o, cómo él creía, únicamente al territorio del pueblo de Rioverde. El subdelegado había tratado de hacer ver al alcalde que sus competencias no se extendían a todo el partido, pero éste le había contestado que “sólo en los alcaldes residía la autoridad”, y que al subdelegado únicamente le competían los asuntos de hacienda pública”.¹⁵³

En Chihuahua, el ejercicio de la justicia por parte de los ayuntamientos puso en juego las disputas jerárquicas que se habían desatado entre las localidades una vez instaurado el nuevo orden político-territorial. El alcalde del partido de Ciénega reclamaba en 1822, que una vez reconocido el valle del mismo nombre como cabecera de partido, su alcalde debía ser el primero con relación a los otros ayuntamientos, y por tanto en él debía recaer la investidura de subdelegado o juez del partido mientras no se nombrase al que lo habría de tener en propiedad.¹⁵⁴ La respuesta de la Diputación de Provincias Internas de Occidente fue, que en tanto el gobierno no dispusiera otra cosa, “los alcaldes ejercerían en sus respectivas comprensiones la jurisdicción contenciosa, independientes unos de otros, y con sujeción sólo a los superiores tribunales”,¹⁵⁵ lo cual implicaba que, en materia judicial, no se estaba otorgando una jerarquía superior a ninguno de los ayuntamientos dentro de los partidos. Esta medida, de acuerdo con los mismos diputados, era la más conveniente para evitar mayores inconvenientes en tanto no se resolvieran las disputas y desavenencias entre los ayuntamientos de Ciénega y Huejotitán.¹⁵⁶

La disputa por el ejercició de la justicia y otras competencias tuvo como telón de fondo la autonomía conquistada por los pueblos y localidades gracias al establecimiento de los ayuntamientos constitucionales, y a que a pesar de la puesta en vigor de las reformas al orden político-territorial local, hubo varios asuntos que no lograron concretarse o su aplicación fue más lenta, lo cual provocó cierta confusión entre las antiguas autoridades y las nuevas, de la que más de un ayuntamiento trató de sacar provecho. Uno de estos aspectos es el que tiene que ver con la sustitución de los subdelegados por jefes políticos inferiores.

En un principio la organización de las milicias para combatir a la insurgencia fortaleció la autoridad de los subdelegados al ser convertidos por el Plan Calleja en comandantes militares,¹⁵⁷ pero esto cambió después de la aplicación de la Constitución de Cádiz de 1812, debido a que la instalación de los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales, instituciones creadas bajo un nuevo sistema de representación regional, basada en la participación política ciudadana, fueron erigidos como los principales órganos de gobierno y representación política local. Los subdelegados a cargo de los partidos fueron sustituidos por jefes políticos subalternos que de acuerdo con la instrucción para el gobierno económico político de las provincias, de 23 de junio de 1813, en su capítulo III fracción tercera y treinta y tres, serían el conducto de comunicación entre los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los jefes políticos; se encargarían de vigilar y mantener el orden público; y en materia de Hacienda se limitarían a remitir las cuentas de los pueblos a la contaduría de propios y arbitrios de la provincia,¹⁵⁸ lo cual dejaba muy disminuida su capacidad para intervenir en el gobierno de los pueblos; pues aunque se había establecido que podrían asumir competencias en materia judicial mientras no se establecieran los juzgados de distrito, como hemos señalado, los pueblos reclamaron para sí esta atribución, y pretendieron limitar a los subdelegados a encargarse únicamente de cuestiones de Hacienda.

Es preciso señalar que aunque a través de las cortes de Cádiz los subdelegados fueron convertidos en jefes políticos, a menudo se les siguió nombrando como subdelegados, pero con un ámbito de competencias más reducido que el que habían tenido antes. Por ejemplo, en las juntas electorales de partido en Villa de Valles, San Luis Potosí, celebradas el 2 de febrero de 1814 aparece Onofre Altamirano como subdelegado interino de este partido.¹⁵⁹ En algunos lugares incluso los subdelegados en turno siguieron quedando al frente de los partidos, ahora como jefes políticos, este fue el caso del subdelegado de Charcas, José Ignacio de Villaseñor, quien al restablecerse la carta gaditana en 1820 recibió la orden del jefe político de San Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, de que una vez instalados los ayuntamientos de aquél partido:

... queden reducidas las funciones de usted a las que corresponden a los Jueces de Letras, que son el de conocer de los negocios contenciosos de Hacienda y también indistintamente con los alcaldes de los demás asuntos contenciosos civiles y criminales; pero no puede usted ya mezclarse en lo económico y gubernativo, ni le toca presidir los ayuntamientos porque estas son atribuciones de los Alcaldes.¹⁶⁰

Al parecer la misma carta gaditana, al no hacer mención de los subdelegados, había propiciado cierta confusión, que no logró ser resuelta con las instrucciones posteriores, de tal forma que a pesar de ver disminuidas sus competencias, algunos de estos funcionarios seguían asumiendo el ejercicio de las atribuciones que habían tenido hasta entonces, como era el hecho de presidir las reuniones de cabildo o asumirse como jueces. En la junta electoral celebrada el 25 de diciembre de 1813 en Parral, Chihuahua, para elegir ayuntamiento constitucional, hubo una controversia respecto a si correspondía al subdelegado de aquél partido, Gregorio de San Martín, presidir el cabildo, pero se resolvió que como no se encontraba en la constitución ningún artículo que tratase sobre los subdelegados y que la constitución tampoco derogaba las reales cédulas ni decretos con arreglo a la expedida en el real sitio de Aranjuez en 7 de abril de 1800, los cabildos debían ser presididos por los subdelegados y ejercer las jurisdicciones que tenían prevenidas hasta la nueva resolución del rey. Bajo este argumento San Martín no sólo presidió la junta electoral de la Villa y Minas de Sr. San José del Parral, sino también ostentó el cargo de juez subdelegado y se encargó de la organización de dicha elección a partir de convocatorias y órdenes giradas a los ciudadanos.¹⁶¹

Desde la primera época gaditana algunos pueblos comprendieron las posibilidades de autogobierno que ofrecían los ayuntamientos y las aprovecharon para sustraerse de la autoridad de los jefes políticos subalternos a cargo de los partidos, lo cual se vio facilitado cuando aquellos asumieron el ejercicio de la justicia contenciosa en primer instancia, por ejemplo, el ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí, en respuesta a una consulta que le hizo en octubre de 1813 al intendente señaló:

Por tanto, pudiendo y debiendo los Alcaldes ejercer la jurisdicción contenciosa en primer instancia, hasta que se formen los partidos, como la ejercieron antes los Alcaldes ordinarios, según el artículo 3° Cap. 4° de la mencionada ley, no están en la obligación de dar cuenta al subdelegado, ni de resolverle el otorgamiento de los instrumentos públicos que a falta de Escribano Real corresponde a los jueces actuando como receptoría conforme a la práctica general.¹⁶²

Lo anterior muestra cómo, mientras los ayuntamientos iban acumulando más competencias y adquirían mayor control político sobre sus jurisdicciones, la figura de los subdelegados se fue debilitando hasta el punto de verse rebasada por los ayuntamientos, así que éstos se convirtieron en la principal instancia de poder político y gobierno en el ámbito de los pueblos y localidades, y se negaron a reconocer la intermediación de los subdelegados.

En la provincia de Chihuahua, donde por su condición de frontera de la avanzada española fue común que los oficios civil y militar recayeran sobre un mismo funcionario, y donde de hecho las atribuciones en materia militar eran más importantes, el ayuntamiento de Namiquipa, donde había un puesto militar desde finales del siglo XVIII,¹⁶³ manifestó ante la Diputación los inconvenientes de que el comandante militar se desempeñara a la vez como subdelegado, y pidió que se le comunicara la resolución del comandante general en el sentido de que en lo sucesivo todos los comandantes se limitaran exclusivamente al mando de armas.¹⁶⁴ Esto era sintomático de la redefinición de las autoridades locales y su ámbito de competencias, en la cual se deseaba apartar de los asuntos civiles a los comandantes militares, a pesar de que ambas responsabilidades habían recaído sobre ellos durante mucho tiempo ante las necesidades defensivas que imponía la condición fronteriza del norte.¹⁶⁵

La respuesta de los pueblos a la recepción del nuevo ordenamiento jurídico a través de la participación en las elecciones y la instalación de los ayuntamientos muestra que no fueron actores pasivos frente a estos cambios, y que trataron de preservar su representación comunal y territorial, sin renunciar a las ventajas que les ofrecía la instalación de ayuntamientos constitucionales y el nuevo régimen de gobierno.¹⁶⁶ Podríamos imaginar que este fue un fenómeno que se dio a partir de la forma en que en cada lugar los pueblos se organizaron para erigir sus ayuntamientos, y que en este caso el papel de las Diputaciones Provinciales no iba más allá de aprobar o no la instalación de ayuntamientos; sin embargo, llama la atención que en San Luis Potosí la Diputación Provincial titubeara acerca de mantener en algunos pueblos elementos de representación política corporativa que no se ceñían al sistema de representación creado por la carta gaditana, lo cual refleja que la misma Diputación, al menos en sus inicios, no tenía muy claras las implicaciones que tenía para los pueblos el sistema de representación política creado por la Constitución de Cádiz, y algunos de los referentes de sus miembros continuaban respondiendo al ordenamiento social y político del Antiguo Régimen, basado en una representación política corporativa y con base en privilegios a partir de estatutos particulares.¹⁶⁷

En diciembre de 1820 el ayuntamiento de San José del Valle del Maíz solicitó a la Diputación Provincial que se le asignara un “protector” de indios, como el que había tenido antes, que los instruyera en las justificadas órdenes de la soberanía, los civilizara, los defendiera de los abusos que cometían contra ellos sus padres doctrineros y los liberara de la invasión de sus opresores, sin que en sus disposiciones interviniera el alcalde del Valle del Maíz ni el juez del partido.¹⁶⁸ La solicitud fue aprobada en febrero de 1821 por la Diputación Provincial, y a continuación fue nombrado como protector de indios Roberto Antonio Ortiz de Zárate. De acuerdo a la Diputación Provincial, el trabajo del protector consistiría en ilustrar, proteger y defender en pleitos, negocios y controversias a los indios de la misión, sin que con esto se restringiera de manera alguna la jurisdicción tanto política como contenciosa que correspondía al alcalde del ayuntamiento de dicha misión.¹⁶⁹ Con este tipo de medidas la misma Diputación Provincial favorecía la permanencia de entidades políticas asociadas al régimen corporativo y a las diferencias jurídicas que habían imperado entre las distintas corporaciones y entre los indígenas y el resto de la población. Finalmente, en la sesión de 16 de mayo del año siguiente la Diputación se retractó y dicho cargo fue suprimido por considerarse que era anticonstitucional y por tanto ilegal.¹⁷⁰

Las elecciones

El acceso a la participación política bajo el esquema trazado por la soberanía popular, en el que las elecciones se convirtieron en el escenario a través del cual entraron en acción sectores sociales que no habían estado incluidos dentro de las prácticas políticas institucionalizadas por el gobierno virreinal, generó una recomposición del orden político local, que podemos observar en las elecciones para instalar ayuntamientos durante el periodo gaditano, donde es posible identificar el arribo de nuevos actores y los efectos que esto tendría para los comunidades en términos de la representación política; pero también la aparición de un conjunto de prácticas que pusieron de manifiesto la manera en que en cada una de ellas fue recibido este nuevo sistema de participación política y el tipo de conflictos e intereses que desató.

Las elecciones no sólo mantuvieron en su organización y en la definición de los derechos de participación política como referentes los conceptos de “parroquia” y “vecino”, sino también el de “familia”, bajo una concepción idealizada de la sociedad compuesta por padres de familia adscritos a una parroquia.¹⁷¹ En las elecciones parroquiales de 1813 del pueblo de Tlaxcala, San Luis Potosí, el cálculo de electores que correspondían a dicha parroquia se hizo con base en el padrón presentado por el R.P. José Rayas, de acuerdo con dicha estadística la parroquia tenía 2342 familias, así que se eligieron 12 electores;¹⁷² lo mismo ocurrió en la elección parroquial de la ciudad de San Luis Porosí para elegir ayuntamiento, celebrada en junio de 1813.¹⁷³

Las elecciones, al ser el instrumento de representación política ciudadana en que se basaba el nuevo sistema de cargos instaurado por la carta gaditana, tenían una función legitimadora de las autoridades al frente de las instituciones de gobierno local, de ahí que su aprobación y el cuestionamiento a su organización y ejecución, que debía ser con apego a los reglamentos en la materia, pronto se convirtiera en uno de los principales blancos de ataque en contra de los nuevos funcionarios al frente de los ayuntamientos, pero también una de las principales causas por las cuales se podía declarar como ilegítima una elección. Sin embargo, la rigidez con que se observaban estos requisitos varió, debido a que en la práctica las elecciones eran solo un instrumento más del juego político, así, se pueden encontrar casos en que se exigió un estrecho apego a los reglamentos y protocolos electorales, y otros en los que su cumplimiento sufrió cierta relajación.

En esencia, las elecciones debían expresar la representación política de la ciudadanía a través de los funcionarios electos, por lo que al llevarse a cabo debía tenerse un estricto cuidado respecto a que todos los individuos que accedieran a la participación política cubrieran los requisitos necesarios para ejercer los derechos de ciudadanía, pues de lo contrario las elecciones podían ser declaradas ilegítimas.

Bajo este contexto, el reconocimiento de la legitimidad de las elecciones se traducía en la legitimación de los funcionarios electos, de ahí que la desaprobación a una elección por considerarse que había presentado irregularidades, podía servir para justificar la intervención de viejos actores de poder político local en la designación de estos funcionarios, o desconocer a los que habían resultado electos. En el ayuntamiento del presidio de San Buenaventura, Chihuahua, en junio de 1822, el capitán Laureano Murga, y el capellán fray José Sastre, destituyeron a los sujetos que componían el ayuntamiento, argumentando que como resultado de la elección se habían producido inconformidades por parte de varios electores, y por lo tanto debían llevarse a cabo otras elecciones. El hecho de que dos figuras que habían sido fundamentales en el sistema virreinal de presidios se tomaran tal atribución, deja ver el poder político local que aun mantenían, a pesar de la instauración del nuevo sistema de representación política y de cargos propuesto por la carta gaditana.¹⁷⁴

Antes de la instalación de las Diputaciones Provinciales, durante el primer periodo gaditano, debido a la falta de este órgano consultivo para resolver las controversias relacionadas con las elecciones y la instalación de ayuntamientos, fueron las autoridades al frente de las provincias quienes regularon las elecciones y la instalación de ayuntamientos, lo que se prestó a que trataran de frenar la instalación de ayuntamientos constitucionales, y una de las formas de hacerlo fue declarar que las elecciones eran ilegítimas por haber presentado irregularidades.

En la ciudad de Chihuahua, la oposición por parte de las autoridades de la Nueva Vizcaya a la instalación de ayuntamiento constitucional era parte de las fricciones que se venían presentando desde antes entre Durango, la capital de Provincias Internas de Occidente, y Chihuahua, que intentaba reclamar a Durango la centralidad política de la entidad. En febrero de 1813 Chihuahua había solicitado que se instalara ahí la junta preparatoria para elegir a diputados a Cortes y no en Durango, lo cual refleja ya esta disputa por la capitalidad que acabará por separar a Chihuahua de la Nueva Vizcaya en el tránsito al primer federalismo.¹⁷⁵

El 5 de diciembre de 1813 se llevó a cabo la elección para seleccionar a quienes compondrán el ayuntamiento constitucional de la ciudad de Chihuahua, y pese a la expectativa que había generado entre el público la idea de “tener un ayuntamiento constitucional y no uno aristocrático”, el gobernador de Provincias Internas, Bernardo Bonavia, las declaró nulas, debido a que el secretario de la junta electoral no fue nombrado a pluralidad de votos.¹⁷⁶ Una segunda elección a principios de 1814 sería anulada nuevamente bajo el argumento de que uno de los electores, Salvador Porras, se encontraba suspendido de sus derechos de ciudadanía por haber sido acusado de conspirar para liberar al cura Miguel Hidalgo.¹⁷⁷ La rigidez con que se quería aplicar el decreto de las Cortes de Cádiz del 23 de mayo de 1813, no tenía otro propósito más que obstaculizar la instalación de un ayuntamiento que, como órgano de gobierno y poder político local, sería un contrapeso importante para las autoridades a cargo de Provincias Internas asentadas en la ciudad de Durango, pero expresaba también el conflicto entre la ley formal y su interpretación.

La incorporación de nuevos actores a los derechos de ciudadanía y de participación política tuvo efectos directos en la organización del poder político local cifrado en torno a los ayuntamientos, sobre todo en lugares donde los pueblos tenían poca presencia. La igualdad jurídica entre los nuevos ciudadanos y la imposición electoral de la mayoría en lugares donde la nueva organización política local unió bajo una misma jurisdicción a comunidades que habían tenido gobiernos separados, puso en peligro la hegemonía de los pueblos sobre los ayuntamientos y en algunos casos los privó de mantener una representación comunitaria a través de las nuevas instituciones por tener un reducido vecindario con derechos de ciudadanía, que no estaba en condiciones de hacer frente a la imposición electoral de las mayorías.

La manipulación de las elecciones locales para asegurar la representación de las comunidades, los intereses de grupos, o de individuos particulares cobró una gran importancia, porque era justo en los procesos de elección en donde se decidía la composición de los ayuntamientos, los cuales a menudo representaban más estos intereses que los de la ciudadanía a la que se refería la carta gaditana, así que con cierta frecuencia fueron denunciadas prácticas para amañar las elecciones, una de las más comunes consistía en llevar a cabo reuniones secretas para llenar boletas a favor de determinados candidatos y presentarlas al momento de votar; otra consistía en impedir el voto a algunos ciudadanos, argumentando que no sabían leer y escribir, o que no tenían las cualidades necesarias para ejercer este derecho, y llevar a cabo las elecciones sin avisar a los habitantes de todas las comunidades y parajes con el fin de excluirlos. La emisión del voto ante la mesa electoral podía llevarse a cabo de forma cantada, es decir, verbal, o poniendo el nombre del candidato en una boleta, ambas formas eran aceptadas por la legislación, aunque esta última forma llegó a causar muchas controversias, porque se prestó a la presentación de boletas prefabricadas incluso por ciudadanos que no sabían leer y escribir y que ni siquiera conocían los nombres de los individuos a los que les habían dado su voto,¹⁷⁸ de ahí que a veces las autoridades electorales se negaran a hacer válidos este tipo de votos.

El control sobre los procesos electorales también se daba a partir de la composición de las mesas electorales, que reunían a los individuos con más preeminencia social, política y económica: párrocos, hacendados, alcaldes, subdelegados y jefes militares, quienes ocupaban los cargos de presidente, secretario y escrutadores, y estaban en condición de ejercer presión sobre los ciudadanos a la hora de emitir su voto.

Los pueblos continuaron dándole un sentido comunal a la representación política a través de los ayuntamientos, y en su afán por mantener esta representación, incurrieron en la manipulación de las elecciones para preservar a favor de los suyos los cargos más importantes dentro de los ayuntamientos y de esta forma mantener a través de ellos la representación de sus intereses comunitarios.

En el partido de Santa María del Río, el capitán Andrés Bernal denunció en 1822 que los indígenas del pueblo de Tierra Nueva mantenían a su arbitrio y conveniencia las elecciones del ayuntamiento, reteniendo para ellos seis regidurías a través de las cuales gobernaban según las leyes antiguas de sus repúblicas, sin observar ninguna de las leyes constitucionales, lo que les permitía encargarse de sus propios intereses y de la administración de sus recursos, incluidas las exacciones de la iglesia, que por una inmemorial corruptela cobraban sin dar cuenta a nadie.¹⁷⁹

Conclusiones

La recepción de elementos de la cultura política moderna se dio a partir de la aplicación de la Carta Gaditana, a través de la implantación del sistema de cargos basado en la elección de funcionarios, las instituciones sobre las que recayó la representación política local, ayuntamientos y diputaciones, las elecciones y la participación política. La adopción de principios como la igualdad ante la ley y una ciudadanía que, pese a tener referentes de la representación antigua, fue más incluyente, supuso replanteamientos en las prácticas políticas de Antiguo Régimen; sin embargo, el orden jurídico histórico tradicional seguiría sobreviviendo al menos en parte debido a que el constitucionalismo gaditano no planteaba un rompimiento tajante con él, y a que la lectura e interpretación de la Constitución seguía respondiendo a referentes, prácticas y elementos de la cultura política corporativa, en función de la condición e intereses particulares de individuos y grupos de poder muy heterogéneos que intentaban influir o preservar una posición ventajosa en la nueva conformación del poder político local.

El nuevo marco de derechos políticos regidos bajo el principio de igualdad, alteró las relaciones jerárquicas en el orden político-territorial, y con ello favoreció las disputas, tanto entre pueblos y pequeñas comunidades que reclamaban el derecho a conformar gobiernos propios, con mayor independencia de sus antiguas cabeceras o de las poblaciones de mayor jerarquía en el contexto regional, como entre las ciudades más importantes, donde se disputaba la capitalidad de los partidos y las provincias, o bien la hegemonía política al interior de las provincias.

El nuevo orden de representación política y organización de los gobiernos en el ámbito local no representaba un rompimiento total con la cultura política tradicional de Antiguo régimen, no sólo por el hecho de que el marco jurídico gaditano en que se hallaba fundado estuvo sujeto a una lectura e interpretación plural, sino también por el hecho de que el nuevo orden normativo preservó elementos y referentes del anterior, lo cual permitió que en muchos aspectos la relación entre ambas culturas políticas no se manifestara como un conflicto entre los dos regímenes jurídicos, sino en una coexistencia que mostraba cierta permeabilidad del orden jurídico gaditano con respecto al orden jurídico que le había antecedido.

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Fuentes archivísticas

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AHMP Archivo Histórico Municipal de Parral 

AHESLP Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí 

ISLP Intendencia de San Luis Potosí 

PSLP Provincia de San Luis Potosí 

AHMCH Archivo Histórico Municipal de Chihuahua

7. La soberanía del ayuntamiento indígena: el caso del Plan de Jalapa

Amanda Úrsula Torres Freyermuth

El entendimiento de la cultura política, comprendida como el conjunto de actitudes, creencias, normas y tradiciones que “colorean de manera particular y dan significado a la vida política en ciertos contextos”¹⁸⁰ desde mi punto de vista es indispensable para entender el pasado. Específicamente el pasado del indígena chiapaneco, en la transición de la colonia a la vida independiente.

La cultura política es indispensable para entender la desaparición de la figura jurídica del indio a partir del liberalismo gaditano, que consecuentemente dio fin a la propiedad comunal de la tierra y a las llamadas repúblicas de indios. Esto implicó que los individuos que las componían accedieran a derechos políticos, así como el exterminio de la institución y tenencia de la tierra que habían asegurado su privilegio.

Esta supresión jurídica obliga a preguntarse cómo es que se dio ese cambio en un espacio como el mexicano, y en Chiapas específicamente. Provincia única por sus características: rica en recursos naturales y humanos, atrasada económicamente, pero, sobre todo, eminentemente indígena. Chiapas era, y sigue siendo, india. Para 1814, había en Chiapas 20 indios por cada español. Un censo de la época muestra que la población india constaba de 105 252 individuos, mientras la mestiza de 21 507 (entre la que se contabilizaba a la población negra); en contraparte con la pequeña población española constituida por tan solo 3 539 personas, siendo el total de la población de 130, 298 “almas”.¹⁸¹ Estas cifras demuestran, que más del 80% de la población era indígena.

La cultura política a analizar en este texto es la de la élite chiapaneca, que definió los temas del debate político, condujo en una dirección u otra a la opinión pública y tomó decisiones que incidieron en la estructura del sistema político chiapaneco. Del grupo de la sociedad que pretendió, en el tránsito del antiguo régimen a la “modernidad política”, difundir las formas de sociabilidad moderna que ponían en el centro al ciudadano, colocando el acento en el individuo, valor supremo y que sustituiría a las corporaciones.

Como bien advierte François Xavier Guerra: “los hombres pasan, pero el grupo queda, renovándose incesantemente en su composición sin que la estructura del conjunto [de cuerpos que componían la sociedad] se altere sino lentamente. Los actores antiguos tienen una duración de vida y una inercia que no se pueden comparar con la vida de sus miembros”.¹⁸² En ese sentido, es importante vislumbrar en la cultura política de las élites chiapanecas los cambios y permanencias en este tránsito; investigar hasta qué punto las ideas y las prácticas habían cambiado.

Se pretende entender cómo pensaban y actuaban los grupos de poder frente a los ayuntamientos indígenas, dilucidar la concepción del indio chiapaneco y del papel que sus pueblos debían tener en la vida política, específicamente, a través de los hechos suscitados en el estado con el pronunciamiento del Plan de Jalapa.

El ayuntamiento indígena en Chiapas

Desde la última década del siglo XX, la "nueva historia política", liderada por los trabajos de François-Xavier Guerra y de Antonio Annino, ha hecho gran énfasis en la importancia que tuvieron los ayuntamientos en el tránsito del antiguo régimen a la modernidad en América Latina. Este planteamiento provocó que los municipios adquirieran un lugar importante en la historiografía estatal y social del siglo XIX mexicano, sobre todo al considerar el papel que dichas instituciones tuvieron en la historia de las rebeliones, en la historia política y en la historia cultural, en las distintas provincias de la América española.¹⁸³

Para el caso de Chiapas, dichas instituciones también han sido examinadas en años recientes, sobre todo en el estudio del tránsito de la provincia de la colonia a la vida republicana. Un claro ejemplo de ello es el libro de Mario Vázquez Olivera, Chiapas, años decisivos, donde el autor ha hecho especial énfasis en la importancia que dichas instituciones tuvieron en el juego de poder regional en la independencia de España y en la anexión de esta provincia a México –sobre todo aquellas compuestas por población blanca y mestiza.

Los ayuntamientos indígenas también han sido estudiados. Dolores Palomo Infante se ha interesado en el análisis del papel que tuvieron en el siglo XIX en cuestiones de justicia y en la defensa de sus tierras comunales.¹⁸⁴ Poco se ha ilustrado del papel que los municipios indígenas tuvieron en el juego de poder político en la provincia, aspecto que pretendemos analizar en este trabajo.

La escases de documentos de la época al respecto es la razón por la que no se ha analizado con profundidad al ayuntamiento indígena en este periodo, por ello su revisión implica todo un reto. El archivo estatal se incendió en dos ocasiones, lo que ocasionó que muchas fuentes oficiales desaparecieran; los archivos municipales del estado no poseen a la fecha documentos de la época, y el archivo histórico diocesano de San Cristóbal de Las Casas fue saqueado durante la revolución mexicana.

A esto se debe también que la instauración del liberalismo gaditano en Chiapas tampoco haya sido investigado a cabalidad. No se tiene información de hasta qué medida la Constitución de Cádiz transformó la dinámica política en el territorio y cuáles fueron las características de los primeros ayuntamientos constitucionales.

Es importante tener en cuenta que la historia de Chiapas, en este periodo de transición, es muy distinta de la del resto de los estados de México. Chiapas formó parte del reino de Guatemala hasta 1821, cuando se adhirió al imperio de Iturbide, dos años después se separó del territorio mexicano, permaneció independiente hasta septiembre de 1824, y cuando se anexó definitivamente a la primera república mexicana.

Es en este sentido que para entender de qué manera se vivió en dicho territorio la crisis española y la implantación del constitucionalismo debemos adentrarnos en la historia de lo que en ese entonces era la audiencia de Guatemala.¹⁸⁵

Durante la crisis hispana, el reino guatemalteco se mantuvo leal a la corona española. Si bien es cierto que en la capital del reino se dio un fuerte enfrentamiento entre el capitán general José Bustamante y los principales dirigentes criollos, así como brotes de inconformidad en San Salvador, Chiquimula, Nicaragua y Honduras, los guatemaltecos no sufrieron un movimiento insurgente como el que se presentó en la Nueva España.¹⁸⁶

En este ambiente de incertidumbre política, los chiapanecos se mantuvieron al margen de las turbulencias, las autoridades eclesiásticas y civiles acataron las disposiciones del capitán general con la finalidad de evitar la infiltración de elementos subversivos provenientes de la Nueva España, en cuya estrategia Chiapas jugaba un papel preponderante.

En 1812, José María Morelos tomó la intendencia de la Nueva Antequera con lo que se incrementó la actividad partidista insurgente en la región de Tehuantepec. El temor a la insurgencia mexicana fue el contexto en el que fue implantado el nuevo orden constitucional en la intendencia chiapaneca. Dada su proximidad a las provincias novohispanas como Veracruz, Tabasco y Oaxaca, dicho temor se manifestó de forma más pronunciada que en el resto de las provincias guatemaltecas.

Tal vez ésta fue una de las razones por las cuales las reformas gaditanas no fueron implantadas con mucho ahínco. Además de que la modernización de la monarquía no constituía una aspiración de las élites locales: la concesión de la ciudadanía a la población indígena no creó entusiasmo ni grandes expectativas, tampoco la supresión del tributo. Tal pareciera que entre la población blanca existía un gran temor de que estas medidas alentaran un levantamiento de los pueblos indígenas.¹⁸⁷

Hasta enero de 1814 fue instalado el primer ayuntamiento constitucional en la capital de la provincia, Ciudad Real; un año después de que fuera instalado el ayuntamiento de la capital del reino de Guatemala. Lamentablemente no se conservan las actas de cabildo del ayuntamiento de Ciudad Real, las cuales habrían podido proporcionar información de la forma en que éste funcionó y de sus características; ni tampoco documentación que nos dé razón de la implantación de ayuntamientos constitucionales en otras localidades de la provincia durante 1814.

Se tiene conocimiento de que en el segundo periodo constitucional, 1820-1821, también se instalaron ayuntamiento en Chiapa, Tuxtla y Comitán, ciudades y villas que contaban con población mayoritariamente blanca o mestiza. Todos los documentos que nos dan cuenta de ello están relacionados con los procesos de independencia de Chiapas y su anexión a México.¹⁸⁸ No se tiene conocimiento de la implantación de dicha institución en los poblados de originarios para este periodo. Es por ello que este trabajo inicia en 1825, con la promulgación de la primera constitución del estado de Chiapas y con la formación de los primeros ayuntamientos en localidades indígenas.

La Constitución chiapaneca de 1825 estipulaba que el gobierno interior de los pueblos estaría a cargo de los ayuntamientos, cuyos miembros serían elegidos popularmente en aquellos poblados que tuvieran “mil almas”, o menos, “si así lo exigen sus circunstancias”.¹⁸⁹ A diferencia de otros estados de la república con población indígena similar, como Yucatán y Oaxaca, donde los ayuntamientos se establecieron en lugares cuya población fuera igual o mayor a tres mil "almas".¹⁹⁰ Los miembros de los ayuntamientos –alcaldes, regidores y síndicos– serían nombrados “por los vecinos” de la municipalidad mediante elecciones. Convirtiéndose así en la primera institución de representación política de los ciudadanos.¹⁹¹

Las principales funciones del ayuntamiento eran las de policía, vigilar la calidad de los alimentos que se comerciaban en la municipalidad, desecar los lugares pantanosos, dar “corriente” a las aguas estancadas, conservar en buen estado las fuentes públicas, y encargarse de la limpieza de las calles, plazas, mercados y casas de beneficencia.¹⁹² Se encargaría también del establecimiento de las escuelas de primeras letras y de la asistencia de los niños a éstas.¹⁹³

Otra función del ayuntamiento era la de recolectar la capitación,¹⁹⁴ ya fuera nombrando para ello a un recolector o realizándola a través de los propios miembros del ayuntamiento.¹⁹⁵ Con respecto a la milicia, el ayuntamiento se encargaría de proporcionar y administrar a las tropas alimento, bastimento y alojamiento, a través de la cooperación monetaria e igualitaria de todos los vecinos del municipio, ya que la población¹⁹⁶ tenía la responsabilidad de mantener directamente a las fuerzas militares.¹⁹⁷ Además, el ayuntamiento tenía el deber de apoyar a los alcaldes en el cumplimiento y ejecución de las leyes, reglamentos y acuerdos aprobados en su seno.¹⁹⁸

Los alcaldes tendrían el papel de “conciliadores” –exceptuando a aquellos alcaldes primeros de las cabeceras que ejercieran también el papel de jueces de primera instancia–, es decir, resolverían algunos asuntos de justicia, encargándose de las demandas civiles que no pasaran de cien pesos, así como de los asuntos criminales relacionados con “injurias” o faltas leves “que no merezcan alguna represión, o corrección ligera”, determinadas en juicio verbal.¹⁹⁹

Estaban facultados también para dictar medidas urgentes, a pesar de que pudieran ser “contenciosas”, y que evitaran que los implicados acudieran al juez de partido; dictar órdenes en las averiguaciones de los delitos que se cometieran en la municipalidad a su cargo; aprehender a los individuos que de las averiguaciones resultaran culpables y merecieran ser castigados “con pena corporal”; detener a un delincuente en el acto criminal; imponer multas de uno a cien pesos a aquellos individuos que desobedecieran las leyes o perturbaran el orden público; y para aplicar medidas reformatorias de quince días de trabajo en obras públicas, un mes de arresto o un mes de hospital “de acuerdo con las circunstancias”.²⁰⁰

Los alcaldes debían supervisar la publicación y circulación de las leyes y decretos, para que la ciudadanía fuera informada de la nueva legislación. También eran los encargados de organizar las juntas electorales para la renovación del congreso y del órgano municipal.²⁰¹

Una vez establecida la Constitución del estado, las repúblicas de indios que tuvieron la población necesaria se convirtieron en ayuntamientos constitucionales. De acuerdo con la información que he recopilado de las memorias del estado, para 1827 ya se habían instituido en 40 ayuntamientos, de los cuales 24 eran indígenas, y solamente 49 pueblos sin el órgano municipal.²⁰² Al gobierno no le satisfacía que los ayuntamientos estuvieran bajo el dominio de la población indígena, y se mostraba descontento e inconforme con el funcionamiento de éstos. En 1827, el ejecutivo estatal lamentó que la mayoría de las municipalidades estuviera compuestas por

… corporaciones incapaces de reportar ninguna utilidad, principalmente entre los naturales que ni aún conciben seguramente el objeto de esta institución. Acostumbradas en tiempos pasados a ser o el instrumento de la opresión, o esclavos de los administradores del culto, no tienen hasta ahora inteligencia más que para estos destinos. Solo el gobierno que recibe diariamente testimonios auténticos de la ignorancia en que se hallan muchos infelices pueblos puede formar idea completa de la nulidad de estos cuerpos, de la grosera inteligencia y equivocado cumplimiento de sus deberes, todo con la intención más pura.²⁰³

Solamente en tres o cuatro poblaciones “de las más notables”, los ayuntamientos funcionaban de manera conveniente, “no lo son en las demás, aún de las que deben tenerlas [las municipalidades] por ley. No era extraño ver en estas últimas atribuirse una representación que no tienen, sin que en tiempos comunes en la mayor parte de los pueblos promuevan el abasto, ornato y salubridad de que son los objetos de su institución”.²⁰⁴

Desde la perspectiva gubernamental, había dos posibles soluciones a este problema que el Congreso local podría dictar: poner los ayuntamientos indígenas bajo la supervisión de las prefecturas “para que sean capaces de algún provecho”, hasta que pudieran ser formados por “hombres capaces de raciocinio”,²⁰⁵ o reducir los ayuntamientos a las cabeceras de partido, encargando el gobierno de los demás pueblos a un funcionario permanente y a los “soldados que a ellas circunvén”.²⁰⁶ Las medidas propuestas por el ejecutivo en las memorias no fueron impuestas por el Congreso estatal como lo sugirió el ejecutivo.

A pesar de que en la Constitución no se hacía una diferenciación entre ayuntamientos indígenas y ladinos, de que se estipulara que todas las municipalidades tenían el mismo peso legal –por ser representantes del pueblo–, y que jurídicamente el indígena no existía, en los documentos oficiales se marcaba la diferencia. En la memoria de estado presentada en 1828 puede observarse la lista de todos los ayuntamientos que se habían establecido hasta el momento en el estado; en ella se marcaron con un asterisco aquellos constituidos por indígenas, con la observación de que “sólo en la forma son constitucionales pues se hallan incapaces de llenar las funciones de su encargo”.

Prueba de esta percepción acerca de los ayuntamientos indígenas, son las respuestas enviadas al gobierno por los párrocos del estado, correspondientes a una circular-cuestionario emitida el 23 de junio de 1830. Las opiniones de los religiosos son clara muestra de la forma en que fue juzgado el funcionamiento de estos órganos municipales. Uno de los párrocos afirmaba que los pueblos de Chamula, San Andrés, Santiago, Santa María Magdalena, Santa Marta, San Pablo, San Pedro y San Miguel eran gobernados por “ayuntamientos de puros indígenas, entre quienes, si apenas se encuentra un escribiente con el nombre de secretario que sepa leer y escribir materialmente; no hay otro elemento que los haga capaces del cumplimiento a las leyes y deberes que se imponen”. 

Por lo mismo, se aseguraba que “se hallan en un total abandono, sin que de la inobservancia pueda hacérseles responsables, por excusarse la común ignorancia y estupidez en que han sido educados desde su tierna edad […] Ningunas son las medidas de policía con que se cuenta, ni en el interior de los pueblos ni en los caminos, los cuales se hallan casi intransitables por los muchos precipicios y derrumbaderos”.²⁰⁷

En el pueblo de Tila, calificado como “la mansión de los vicios”, desaparecían hombres y familias enteras asesinadas por no haber administración de justicia “ni se ve alcalde ni regidor alguno en la sala capitular”. No se daba cumplimiento a las leyes, ya que “ni los mismos secretarios de los ayuntamientos los entienden”. Todos los pueblos de “zendales” padecían “una ignorancia total y desmoralización”.²⁰⁸

El pueblo de los Moyos se encontraba “en un estado lastimoso, sin educación, instrucción, ni maestro alguno que pueda prestárselas”. Se observaba también falta de administración de justicia “pues los alcaldes se ven en una indebida mezcla con los demás indígenas y solamente procuran contemporizar con ellos hasta el extremo de embriagarse en su unión y cometer otros delitos”. Los caminos se hallaban en total abandono y no se daba cumplimiento a las órdenes del gobierno estatal, debido a que “por lo común no las entienden, ni tienen quien se las explique”.²⁰⁹

Bachajón también vivía en “suma ignorancia por carecer de maestro de escuela ni tener fondos municipales con que pagarlo, no teniendo otra enseñanza que la que el fiscal” y el párroco impartía a través de la doctrina cristiana, que consistía entre otras cosas en la enseñanza del castellano “que ellos no entienden”. Los miembros del ayuntamiento no conocían la Constitución y en las elecciones “no se arreglan a ella”. Por tanto, no se tenía el mínimo conocimiento de las atribuciones del ayuntamiento y de la forma en que debía funcionar.²¹⁰

También en Sitalá las elecciones de autoridades se realizaban sin respetar los procedimientos del nuevo sistema electoral y el ayuntamiento no funcionaba como debía. Además, aquí los indios, que se manifestaban “ciudadanos libres”, se negaban por ello a pagar la contribución que correspondía a la Iglesia de la comunidad.²¹¹

Estos testimonios muestran que los ayuntamientos indígenas no operaban de acuerdo a la Constitución política, por lo que eran calificados por el gobierno estatal y los párrocos como gobiernos municipales fallidos. Todo debido a la falta de preparación, a la ignorancia y al escaso raciocinio de los individuos que los formaban. También revelan cómo estos ayuntamientos, al actuar independientemente de las autoridades gubernamentales y a partir de su interpretación de las leyes lograron mantener sus espacios propios de poder.²¹²

Sin embargo, esto no quiere decir para la élite chiapaneca que dichas instituciones detentaran la legitimidad suficiente, pues como aparece en las Memorias de estado, los órganos municipales indígenas eran considerados ficticios.

La soberanía del ayuntamiento indígena

La inestabilidad política caracterizó la primera mitad del siglo XIX mexicano, resultado del conflicto entre grupos políticos antagónicos con intereses específicos. En Chiapas, este choque entre grupos se dio por primera vez en 1823, cuando la provincia se encontró en la disyuntiva de decidir a qué territorio pertenecer, entre México y Guatemala, como se mencionó en el capítulo anterior, la división se dio entre los que estaban a favor de anexarse a México –grupo perteneciente a la capital del estado, Ciudad Real²¹³–, y los que tenían preferencia por Guatemala, –vecinos de la ciudad de Tuxtla. Chiapas se anexó a México en 1824 y los grupos antagónicos permanecieron en paz hasta 1830, año en que aparece el Plan de Jalapa.²¹⁴ Para entonces, el grupo tuxtleco, que pertenecía a la logia yorkina,²¹⁵ había obtenido varios triunfos en los comicios de 1829, convirtiéndolo en la facción política dominante. La coyuntura abierta por el Plan de Jalapa fue vista por el grupo capitalino como una oportunidad para desbancar del poder a su oponente.

En este contexto de inestabilidad política y de pugnas internas, el gobierno y ciertos sectores de la sociedad dieron un valor distinto a los ayuntamientos indígenas que, como ya se dijo, fueron considerados por muchos, desde su fundación, como inoperantes.

La noche del 5 de enero de 1830, las tropas del regimiento de caballería número 3 de la capital –San Cristóbal–, bajo el mando del capitán Feliciano Guerra, se pronunciaron por el Plan de Jalapa. Los soldados procedieron a apresar al capitán de granaderos Antero Ballinas –quien se había expresado con anterioridad en contra de lo acontecido a nivel nacional–, al alcalde de la capital Eugenio Ruiz, e intentaron arrestar a los diputados Joaquín Miguel Gutiérrez y Ponciano Solórzano –quienes lograron huir–, acusándolos a todos de pertenecer a la logia de York.²¹⁶

El poder legislativo, que se reunió un mes después, procedió a adherirse abiertamente al Plan de Jalapa y a extender felicitaciones al nuevo presidente de la república.²¹⁷ Pese a ello, el primero de marzo el Congreso estatal eligió a Joaquín Miguel Gutiérrez, considerado líder yorkino, para gobernar el estado durante el periodo 1830-1835.²¹⁸ En el mismo mes se manifestaron en contra de esta decisión varios ayuntamientos indígenas de la zona de Los Altos: San Miguel, San Andrés, San Pedro, San Pablo, Santiago y Chamula.²¹⁹

Chamula manifestó al ejecutivo estatal su inconformidad por los notorios y escandalosos “atentados que acontecieron en la junta electoral” celebrada en la capital en el año de 1829 “para sufragar por los que habían de elegir al actual legislativo”, sufriendo el proceso electoral “toda especie de vejaciones con el objeto de violentarles su voluntad presionándolos a votar por sujetos que no merecían su confianza, discriminándose al intento las maquinaciones más depravadas”, pues el presidente de la junta, el prefecto en ese momento, intentó amenazar a los electores “con las armas”.²²⁰

No obstante que los representantes se mantuvieron firmes “el resultado de la elección fue contraria a sus votos, a pesar de que Chamula componía una mayoría”. Las circunstancias del ayuntamiento en ese momento la hicieron silenciar, “esperanzados también en que los diputados podrían ser sin duda la felicidad del Estado”.²²¹ Sin embargo, se desengañaron con la elección de Gutiérrez, “dándonos para gobernador a un sujeto que por notoriedad, y por los papeles públicos se sabe es el fundador y jefe de la execrable logia de yorkinos de este Estado”. Las elecciones confundieron “los fines que se propusieron nuestras opiniones”, por lo que solicitaba se declarara la nulidad de las elecciones del Congreso estatal, negándose por lo tanto a reconocer los decretos que emanaran del legislativo. Asimismo, solicitaba “se juzgue por autoridades legitimas o personas imparciales la justicia de nuestra causa cuya resolución pende la seguridad del Estado".²²²

La municipalidad del pueblo de San Pedro Chenaló, por su parte, elevó su representación “en atención a que con el mayor dolor observan que hombres sin patria y sin honor procuran de mil maneras embarazar el debido cumplimiento del glorioso plan de Jalapa, nacionalizando y canonizando por el alto congreso general único resorte para conservar íntegra nuestra libertad, prenda inefable que nos ha dado el gran Ser y único medio para salvar nuestras sagradas instituciones”.²²³

Se solicitaba que se reconociera la nulidad de la legislatura del estado “por los caminos tortuosos, e ilegales, con que se constituyó, pues así en las elecciones primarias como en las secundarias, y también en la general, se palparon vicios hijos propios del partido que era dominante”. De esta misma manera se vio “usurpada” la soberanía de los pueblos, quedando “al alcance de los funestos acontecimientos que han prodigado los anarquistas investidos con el rito de York”.²²⁴

Así, haciendo uso del derecho de petición y a nombre de los habitantes de sus pueblos, solicitaban que se declarara nulo el Congreso “por los vicios que padeció en su formación”, que se cumpliera el Plan de Jalapa, especialmente el artículo cuarto,²²⁵ y que los individuos “marcados como fundadores de la masonería yorkina “fueran desterrados del estado”.²²⁶

Las representaciones de los otrora “incapaces” e “ignorantes” ayuntamientos indígenas conllevaron la formación de un expediente, por parte del gobernador del estado, en el que se solicitaba al Senado federal que resolviera la nulidad o legalidad del Congreso estatal y de la elección del nuevo gobernador.²²⁷ Curiosamente, para el gobierno, en estas circunstancias los municipios de los naturales sí contaban con la soberanía necesaria para poner en duda la legitimidad del poder legislativo estatal.

Las representaciones son testimonio del gran descontento político que provocó la elección de Gutiérrez como gobernador; el congreso estatal fue acusado abiertamente por los ayuntamientos de estar en contubernio con la logia yorkina y de violar el decreto general del 25 de octubre de 1828 –que penalizaba a los grupos secretos.²²⁸ Ante esta situación, el poder legislativo estatal resolvió suspender las sesiones en tanto el Congreso general declarara su “legitimidad o nulidad”,²²⁹ al tiempo que se admitía la renuncia de Joaquín Miguel Gutiérrez al cargo de gobernador.²³⁰

En el mes de abril se instaló la Diputación permanente –a la que tampoco faltaron ataques– en tanto se resolvía la crisis política y tomó el puesto de gobernador provisional “el vocal más antiguo de la junta consultiva”, Emeterio Pineda.²³¹ Aunado a ello, arribó al estado el coronel chihuahuense José Ignacio Gutiérrez, nombrado comandante general por el gobierno federal, con instrucciones de sujetar a Chiapas al nuevo orden de gobierno.²³²

El chihuahuense Gutiérrez –junto con los jefes y oficiales de los cuerpos de guarnición–, firmaron un acta en la que se ratificaba el juramento y la adhesión de las guarniciones militares al Plan de Jalapa, exigiendo su cumplimiento con prontitud en el estado. También se solicitaba que el gobierno local, a través del recién desempacado comandante Gutiérrez, solicitara al Congreso general la toma de las medidas pertinentes para terminar con los obstáculos que evitaban el cumplimiento del citado plan.²³³

Los meses de abril y mayo fueron conflictivos, no dejaron de aparecer en la prensa manifiestos en contra de las logias masónicas, se hicieron públicas las representaciones de los ayuntamientos indígenas en contra de la legalidad del Congreso, e inclusive, se inició una cacería de brujas en contra de aquellos funcionarios públicos que pudieran ser miembros de la logia yorkina, quienes consecutivamente fueron destituidos de sus cargos.

El órgano legislativo, por su parte, consultó en dos ocasiones al ejecutivo estatal requiriendo una solución a la crisis política. Éste, finalmente, resolvió convocar a una junta a la que asistieron eclesiásticos, militares y empleados civiles, así como “vecinos de la ilustración” de la capital, no así los miembros de los ayuntamientos indígenas inconformes. La reunión tenía como finalidad dictar “una providencia que, coincidiendo con las miras de la diputación provincial, hiciera renacer […] el iris de la paz”.²³⁴

La reunión se llevó a cabo el día 28 de mayo y en ella se resolvió: que en todo el estado se publicara el Plan de Jalapa y la ley con que había sido sancionado por el gobierno federal; que se diera cumplimiento al artículo 4º del Plan contra aquellos funcionarios acusados por la opinión pública; dado que la legislatura estatal había sido “reprobada por la opinión pública”, por “los vicios que se cometieron en su elección” y “porque varios de sus individuos han pertenecido al rito de York, origen de los funestos males que afligen a la república”, debía convocarse a los pueblos para la formación de una nueva asamblea legislativa; que el nuevo congreso debía instalarse el cuarto domingo de julio; se pedía que el gobierno del estado “dé un manifiesto en que vean todos estos pueblos las justas causas que han obligado a adoptar las antecedentes disposiciones”; y, finalmente, que se notificara al gobierno federal de las mismas “manifestándole que por las indicadas causas, y por evitar de un solo golpe todos los males que pudiera acarrearnos la anarquía, la falta de autoridades legítimamente constituidas y la guerra civil que están provocando los corifeos de la logia yorkina que existen”.²³⁵

La junta resolvió disolver la legislatura en funciones y convocar a nuevas elecciones para integrarla nuevamente. El congreso jalapista fue instalado durante el mes de julio, y en agosto eligió como ejecutivo estatal al chihuahuense José Ignacio Gutiérrez. Dicha elección fue ilegal,²³⁶ pues el enviado de Alamán no cumplía con los requerimientos que estipulaba la constitución estatal. El gobierno de Gutiérrez se mantuvo hasta agosto de 1832.²³⁷

Fue de esta forma que los pueblos soberanos nulificaban la soberanía del congreso estatal, base de su autonomía. El caso del Plan de Jalapa en Chiapas demuestra cómo la legitimidad del levantamiento armado no provenía del ejército, sino de la adhesión de los ayuntamientos a éste: “El levantamiento era pues un acto fuertemente institucionalizado por medio del cual unos cuerpos electivos (los municipios) rompían el pacto de subordinación al gobierno (federal o estatal) y apoyaban a otros cuerpos (el ejército) recuperando sus soberanías”.²³⁸ El pronunciamiento de las tropas militares a favor del plan de Jalapa, en el caso chiapaneco, estuvo respaldado por las inconformidades de los ayuntamientos indígenas, que denunciaron la ilegitimidad del congreso estatal por haberse elegido a sus miembros de forma fraudulenta, lo que ocasionó el agravio a la soberanía de los pueblos.

Si bien es claro que la revuelta política en el estado estuvo íntimamente relacionada con la pugna entre grupos de interés –mediante el rechazo de la toma del poder por los yorkinos–, la anulación de la elección de Joaquín Miguel Gutiérrez como gobernador no habría sido posible sin primero deslegitimar al poder legislativo. ¿Cómo podía anularse la soberanía del congreso?, esto sólo era posible si los ayuntamientos soberanos, representantes directos del pueblo y monopolizadores de la ciudadanía, se inconformaban con su autoridad.²³⁹

Como atinadamente señala Marcello Carmagnani, la tensión entre autoridades estatales y ayuntamientos desemboca en la aceptación de las primeras de que su esfera de poder reside en la capacidad de “interpretar los intereses de todos los ayuntamientos gracias a la división constitucional del poder regional y al sistema electoral”.²⁴⁰

La desaparición del poder legislativo en Chiapas puede explicarse a través de los planteamientos de Annino y Carmagnani. Sin embargo, este caso sigue siendo controversial pues, como se dijo, ni el gobierno estatal ni la Iglesia consideraban a estos ayuntamientos como tales. De ahí que podamos suponer que los ayuntamientos indígenas y sus soberanías hayan sido utilizados por un grupo político como mero instrumento para despojar del poder a otro, confirmado por el hecho de que estas corporaciones de gobierno no participaran en la junta de “ilustres” y empleados que decidieron el futuro político del estado.²⁴¹

Ese mismo año, el ejecutivo jalapista descalificaba a los ayuntamientos gobernados por indios. Afirmaba que a excepción de “uno u otro”, estaban compuestos por individuos que carecían de la aptitud, pues “por sencillas y limitadas que sean sus funciones” no las podían cumplir. Por lo tanto, la creación de cuerpos municipales era inútil. Esto sucedía principalmente en los pueblos indígenas donde no correspondían “al objeto de su institución” y no servían más que para dar “una mal ejemplo de aplicación al ocio, a la ebriedad y a otros vicios.²⁴²

El gobierno se lamentaba de ver hasta qué punto se habían “reducido tan benéficos establecimientos”. Si estos habrían de continuar, proponía que se les reformara “poniéndolos sobre un pie que los hiciera útiles”, es decir, bajo la inspección y vigilancia de “jefes inmediatos” que los obligaran a cumplir con sus deberes.²⁴³

En el caso del Plan de Jalapa, los ayuntamientos indios jugaron un papel de suma importancia. Como instituciones soberanas, representantes de los intereses del pueblo, derrocaron a un poder legislativo “ilegítimo”. A pesar de que el informe de los párrocos descalificó el funcionamiento de estas municipalidades, durante el mismo año se les otorgó toda la autoridad en el contexto político del Plan de Jalapa. En esta misma lógica, podría pensarse que el ayuntamiento indígena se vio fortalecido y que las autoridades estatales, –entiéndase el legislativo y el ejecutivo–, asumieron su capacidad de administración del gobierno. Esto no fue así.

Tutela del ayuntamiento indígena

En 1832, el congreso estatal decretó el reglamento titulado Atribuciones de los prefectos del estado de Chiapas, que tenía como objeto determinar con claridad las tareas de los prefectos. La parte más interesante de éste es el capítulo segundo sobre el papel de los “gobernadores de policía”, que repercutía en la operación de los ayuntamientos indígenas.²⁴⁴

Aparentemente, todos los ayuntamientos debían funcionar de la manera descrita con anterioridad. Sin embargo, el reglamento de prefectos estipulaba una relación diferente de éstos con los ayuntamientos indígenas, respecto de la observada con los de españoles o ladinos. Estos funcionarios tenían la potestad de reunir en su persona, asociados con uno de los alcaldes indígenas, los poderes de los alcaldes constitucionales, ejerciendo las funciones de éstos “con total arreglo a las leyes que detallan los juicios de conciliación, demandas verbales y por escrito, haciendo que todo conste en los libros de dichos alcaldes.²⁴⁵

Además de esta modalidad de gobierno local, en los pueblos indígenas el prefecto nombraría a un funcionario llamado “gobernador de policía”. Para tal efecto, debía consultar al cura del pueblo y a todos los hombres honrados sobre el comportamiento de “los naturales del pueblo” para decidir en quién recaería el puesto. El gobernador de policía tenía como atribuciones presidir el ayuntamiento en caso de no encontrarse el prefecto o subprefecto; cuidar la recaudación de impuestos por parte del ayuntamiento; vigilar que regidores y alcaldes evitaran el desorden del pueblo, especialmente el de la embriaguez; hacer las rondas junto con los regidores y remitir el reporte al prefecto; revisar que mesones y casas consistoriales estuviesen separados, aseados y que en ellos se diera ayuda a los viajeros siempre que estos pagaran el impuesto correspondiente; verificar que los maestros de primeras letras realizaran su trabajo correctamente; comprobar que los fiscales asistieran a la enseñanza de la doctrina cristiana y reportarlo a la prefectura, y cuidar que los ayuntamientos mantuvieran plazas, caminos y puentes en buen estado.²⁴⁶

Es así como los pueblos indígenas se vieron sujetos nuevamente, como en la Colonia, a una figura tutorial. No se trató de una tutoría individual, sino de una municipal. Los pueblos indígenas fueron ligados al “gobernador de policía” y al prefecto para obtener legitimidad política. Dada su “ignorancia” e “incapacidad”, requerían que hombres racionales e ilustrados les señalaran el camino a seguir para gobernarse. Con este decreto, los pueblos indios fueron despojados jurídicamente de la “autonomía” de gobierno que habían obtenido con la Independencia.

Conclusiones

Con la anexión a la república mexicana, Chiapas emitió su primera constitución, adoptando el sistema republicano, federal y popular. En ella se establecía la división de poderes, la abolición de la esclavitud y la igualdad de todos los individuos ante la ley, sin distinción alguna por su origen étnico. Con ello desaparecía para siempre la figura jurídica del indio; a partir de ese momento aportaría las mismas contribuciones que la población ladina, podría habitar fuera de las comunidades indígenas, y dejaría de pagar el tributo; en sí, sería un ciudadano más con los mismos derechos y las mismas obligaciones.

Así, teóricamente, 80% de la población, que hasta entonces había mantenido un estatus de minoría de edad, adquiría plena libertad de acción. Con la ciudadanía este grueso sector podría votar y, lo más alarmante, podría ser votado.

En la presentación de la carta magna se afirmó el propósito de los legisladores de equilibrar el margen de actuación de los tres poderes que formarían el gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial). En general, se aprecia un modelo de organización parecido al de las Cortes de Cádiz, adaptado a las circunstancias chiapanecas, territorio con población eminentemente indígena.

¿Cuál fue el lugar que ocuparon los pueblos indígenas? Como se relató, las repúblicas de indios de la colonia se convirtieron en ayuntamientos constitucionales. En Chiapas, esta institución fue de gran importancia en la impartición de justicia, en el mantenimiento de la paz pública y en los procesos electores, y órgano indispensable para la gobernabilidad del estado por ser el encargado de hacer públicas las leyes y recaudar la capitación.

Los ayuntamientos indígenas no fueron considerados constitucionales; se les tachó de incompetentes e ignorantes, incapaces de cumplir con el papel que les correspondía. El gobierno estatal, desde un principio, los descalificó, considerando necesario que se nombrara a un tutor encargado de administrar su trabajo o que fueran anulados, concediendo la autorización para instituir un ayuntamiento solamente a las cabeceras de partido. Esta postura fue compartida por los párrocos de los pueblos indígenas, a juzgar por sus informes.

A pesar de ello, en el contexto político producto del plan de Jalapa, los ayuntamientos indios sí fueron considerados soberanos y capaces. La publicación de sus representaciones en la prensa y la formación del expediente enviado a la federación otorgaron legitimidad a estas instituciones locales. De hecho, fue el descontento de estos pueblos lo que derrocó al poder legislativo en turno. Su soberanía cobró importancia.

La inconformidad de los ayuntamientos fue, finalmente, solo el pretexto para despojar de sus cargos a los considerados yorkinos, pues el gobierno jalapista surgido de su inconformidad, informó en su memoria del estado de la incapacidad de los indígenas para formar esta institución.

Dos años después del levantamiento jalapista, la poca soberanía y autonomía que estos ayuntamientos poseían les fue despojada a través del reglamento de prefectos. Las múltiples limitaciones que con éste se impusieron a los ayuntamientos indígenas constituyeron el fin de las libertades que habían obtenido con la independencia. Nuevamente estarían bajo la tutoría de otro poder, en este caso, el del Estado de Chiapas.

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8. La crisis del orden colonial y el advenimiento de un nuevo discurso, Venezuela y México, 1809-1820

Luz Mary Castellón Valdéz

Introducción

La independencia de los territorios hispanoamericanos fue el resultado de una gran crisis perceptible desde varios ángulos. La coyuntura de la guerra sometió a críticas el modelo social de los territorios hispanoamericanos y puso en crisis no sólo un sistema político, sino los fundamentos que lo sostenían: la figura del rey y la Iglesia católica. En el discurso de los independentistas el poder colonial comenzó a ser cuestionado, ese orden tradicional que desde entonces había guiado la vida de los habitantes de las colonias españolas comenzó a decaer, en su lugar fue ganando interés un discurso de igualdad, autonomía y libertad.

En mayo de 1808 se dio la llamada abdicación de Bayona, cuando los reyes de España cedieron la corona a Napoleón Bonaparte y, éste a su vez la entregó a su hermano José Bonaparte. El episodio supuso el mayor desprestigio de la dinastía borbónica española, la metrópoli y las provincias de ultramar se quedaron sin la cabeza del cuerpo administrativo y político que era el rey y, en el proceso de hallar una fórmula que mantuviera el imperio funcionando, los vínculos legales e históricos comenzaron a romperse, las partes quedaron huérfanas y con ello sobrevino la conmoción revolucionaria que trastornó el orden antiguo y dio nacimiento al nuevo orden. Tales acontecimientos pusieron al descubierto una fuerte tensión entre el poder colonial y aquellos que luchaban por los ideales independentista o autonomistas. Tensión que también tocó la supuesta estabilidad de la institución religiosa en los territorios hispanos; la autoridad de los miembros de la Iglesia católica comenzó a ser cuestionada por algunos de los individuos que seguían las ideas independentistas, evidenciándose así ciertas manifestaciones que develan un cambio en el comportamiento y en la forma de pensar de estos individuos, expresiones que no se hallaban sometidas al modelo que regia el comportamiento de la vida en sociedad en el orden colonial.²⁴⁷

Enmarcado en dicho contexto, en las siguientes páginas abordo el complejo asunto que dio cuenta de tales tensiones. No obstante, debo aclarar que las fuentes aquí consultadas, las causas de infidencia,²⁴⁸ para estudiar dicha problemática, no permiten mostrar con exactitud la influencia que los procesos conocidos como “secularización” o “laicización” estaban teniendo lugar en estas sociedades; pero si permiten hacer una reflexión en este sentido: en cómo la coyuntura política fue el marco oportuno que le permitió a algunos individuos cuestionar y manifestar con cierta libertad su pensar acerca de los eventos, los asuntos públicos y de las autoridades que regían el orden colonial. Aunque son pocos los casos donde la religión católica se vea fuertemente censurada por los independentistas, he hallado algunos juicios que permiten hacer una lectura de cómo comenzó a modificarse en el discurso de los insurgentes venezolanos y novohispanos, la relación simbólica que tenía la religión católica con la sociedad durante el periodo colonial. No pretendo mostrar que a estas manifestaciones se les pueda otorgar el calificativo de “anticlericalismo”, ellas sólo revelan fisuras en la supuesta unidad monolítica que presentaba el régimen de cristiandad durante el periodo colonial. Religión y política en dicho periodo se mostraban como una unidad, misma que comenzó a quebrantarse en el plano de las representaciones colectivas hacía el siglo XVIII.²⁴⁹

Ahora bien, en estas páginas no es mi objetivo realizar una discusión a fondo sobre los proceso de “secularización” y “laicización” que, no obstante, inciden de cierta forma en la problemática que aquí abordo, pero creo pertinente hacer alguna referencia a dichos conceptos. Tal como lo ha estudiado Roberto Di Stefano,²⁵⁰ la “secularización” es un proceso que en el caso hispanoamericano es posible situarla con cierta seguridad en el siglo XVIII, cuando la monarquía de los borbones llevó a cabo el proceso de modernización económica y político-administrativa conocido como las reformas borbónicas. Mientras que la “laicización”, señala este autor, es un fenómeno que tuvo lugar a partir de la década de 1870 en los países católicos. Etimológicamente, secularización proviene de la palabra latina saeculum, que significa “siglo” pero también “mundo”, por lo que secular se refiere a todo aquello que es mundano, por oposición a lo espiritual y divino. Así pues, la secularización podría entenderse como el proceso que experimentan las sociedades a partir del momento en que la religión y sus instituciones pierden influencia sobre ellas. Con la secularización, lo sagrado cede el paso a lo profano, de manera que la religión va perdiendo influencia en la sociedad, y ocupan su lugar otras esferas del saber.

Roberto Blancarte define el concepto de laicidad como “el estado no confesional”, pero también indica que ésta puede señalarse “como la exclusión de la religión del ámbito público. Pero sobre todo, la laicidad puede definirse como un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular, y [ya] no por elementos religiosos”.²⁵¹ Por su parte Jean Baubérot, quien usa la noción de umbrales de laicización, define laicización como un proceso mediante el cual un Estado regula el lugar de la religión en la sociedad.²⁵²

Di Stefano estudia el proceso de secularización desde dos puntos de vista, los cuales aquí comparto; en primer lugar él señala la secularización como “el proceso de ajuste de la religión a fenómenos que se producen en planos que empiezan a diferenciarse de ella: la política, la economía, la sociedad, la cultura, la ciencia”; en segundo lugar, señala la secularización como un “proceso de pérdida de la capacidad normativa de la religión y de subjetivación de las creencias. En este sentido, decir que la sociedad o un sector de ella se ha secularizado implica que sus comportamientos han ganado autonomía respecto de la autoridad religiosa”. En las manifestaciones de algunos de los individuos acusados del delito de infidencia, que más adelante citaré, se refleja ese fenómeno del que hace alusión Di Stefano, el comportamiento de alguno de dichos individuos parece haber ganado cierta autonomía con respecto a la autoridad religiosa, pues se llegan a emitir opiniones que desafían dicho poder. Mientras que el concepto de laicización, este autor lo define como “sustracción a la autoridad religiosa de instituciones y de funciones que pasan a la órbita del Estado, constituye entonces un aspecto del proceso mayor y más complejo, que es el de la secularización”.²⁵³

El término secularización responde a diversas acepciones, todas ellas relacionadas por un principio dual: el desequilibrio de fuerzas entre religión y Estado o entre religión y sociedad. Se ha usado también el vocablo para hacer referencia a la pérdida de propiedades de la Iglesia y su paso a manos del Estado o de la sociedad civil (desamortización), así como para designar la progresiva independencia del poder político respecto al poder eclesiástico, ya que con la secularización el Estado deja de ser confesional, es decir, se emancipa de cualquier tutela religiosa y se convierte en un Estado laico. Pero por otro lado, la secularización también se refiere a la autonomía de la sociedad en general en sus múltiples aspectos (enseñanza, sanidad, asistencia social) frente a las instituciones religiosas que tradicionalmente habían tenido mucho más peso y a la pérdida de influencia de la religión en la cultura. Para el presente trabajo, queda claro que el proceso de secularización implica un hecho legal, político, económico, social, cultural y todo lo que se le pueda agregar, pero se trata, ante todo, de un fenómeno mental, un cambio en la manera de pensar de la gente.

Por otro lado, también cabe señalar que las opiniones en contra de la Iglesia católica y de sus miembros, emitidas por algunos de los seguidores de la insurgencia tanto en Venezuela como en la Nueva España, no serán abordados de forma institucional, sino desde lo cultural y social, lo que nos remite a las prácticas ejercidas por los individuos en su vida cotidiana. Es decir, que las opiniones que aquí analizo vertidas en contra del poder de la Iglesia, que posiblemente sustentaría una incipiente posición secularizadora de un sector de la sociedad colonial, no pertenecen a un discurso estructurado en un sistema conceptual sólido, sino, son una serie de enunciados que ciertos individuos desarticularon o desprendieron de ese sistema conceptual sólido y lo hicieron parte de su práctica social o personal, de su modo de entender el mundo que no era un mundo letrado. Lo cual me remite a un entorno donde veo diferentes expresiones de la cultura política del periodo. La cultura política no sólo se puede observar en los discursos perfectamente estructurados o teóricos hallados en los documentos legislados por el sistema literario de la época tales como las proclamas, los sermones, las actas, las constituciones, etcétera; también en otro tipo de manifestaciones como las conversaciones que se dieron en los diferentes espacios de sociabilización donde las personas debatían acerca de la política y de los cambios que se estaban dando en la vida social; lo cual advierte que la cultura política también hace parte o se disemina en otros entornos absolutamente sociales.

Se entiende por cultura política como el entramado de sentido en el que lo político tiene sentido; siguiendo a Keith Baker,²⁵⁴ ésta se define como un conjunto de discursos y prácticas que caracterizan la actividad política en una determinada comunidad. Pero desde un acercamiento a lo político, ese espacio donde la sociedad reflexiona sobre sí misma, en torno a los cuales se organizan nuevas racionalidades políticas y sociales y se modifican las representaciones de lo social atadas a las transformaciones institucionales. Quizás muy cercana a la propuesta de Pierre Rosanvallon, quien resalta las contradicciones propias de lo político, de las percepciones “…del poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y de la justicia, de la identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y de la civilidad… más allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder”.²⁵⁵ Es decir, de aquellas cuestiones que enmarcan y anteceden el ejercicio de la política y la competencia por el poder.

Los juicios de infidencia aquí citados fueron realizados en los espacios conformados por la capitanía general de Venezuela, lo que hoy es Venezuela, y por el virreinato de la Nueva España en los años de 1809 a 1820. La capitanía general de Venezuela estuvo subordinada a la Real Audiencia de Santo Domingo hasta 1717 y, posteriormente, al Virreinato de Nueva Granada. Al obtener la condición de capitanía general en el año de 1777, se convirtió en una de las posesiones más valiosas de la monarquía española, aunque antes de esta fecha, señala la historiografía del periodo, había sido desatendida por este gobierno por carecer de metales preciosos.²⁵⁶ Fue sólo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII que Venezuela cobró especial relevancia cuando emergió como productora de cacao. Su población estaba integrada en su mayoría por pardos,²⁵⁷ cuyo número para la época representaban 45.4% de la población total de la Capitanía general de Venezuela, mientras que los criollos tenían 2.7% y los españoles europeos 1.4%.²⁵⁸ Por su parte, el virreinato de la Nueva España fue creado en las primeras décadas del siglo XVI, y lo formaban principalmente los territorios del actual México, algunos territorios de Centroamérica, de las islas del mar Caribe y una parte de lo que hoy es el sur de Estados Unidos; era uno de los virreinatos más extensos de la monarquía española. Desde un inicio se constituyó en un territorio muy apreciado por la corona española con una administración virreinal fuerte, gracias a su riqueza minera, a su producción agrícola y a su extensa población indígena. Van Young señala que a principios del siglo XIX la Nueva España tenía una población de 6.122.000 habitantes, 17% lo integraban los españoles criollos, 0.2% los españoles europeos, 60% los indígenas y 22% las castas.²⁵⁹

La seducción de las nuevas ideas

En Hispanoamérica, el discurso eclesiástico tomó parte del aparato discursivo más global del sistema colonial, le era funcional a sus objetivos y consustancial a su perpetuación en el tiempo. Esto no sólo en relación al vínculo establecido entre la corona española con la Iglesia Católica a través del Patronato Real, sino desde un sentido mucho más amplio. En la época colonial, la Iglesia se constituyó en un potente canal de sometimiento, donde se conjugaban sus funciones clericales con el establecimiento de patrones de conducta y formas de ver y de aprehender el mundo; así como también, patrones para organizar y legitimar dicho mundo.

El orden moral, indisociable del ansiado orden social, se planteaba en función de los poderes que regían al mundo, es decir, Dios y el rey, quienes, más allá de las obvias y doctrinales diferencias de rango, compartían objetivos y se interlegitimaban en forma sistemática a través de la acción discursiva de sus agentes, los funcionarios de la Corona y los sacerdotes, respectivamente. Jaime Valenzuela sustenta que durante el periodo colonial:

La interdependencia entre el orden divino y el orden político atravesaba toda la estructura colonial y se inmiscuía en las múltiples facetas de la praxis discursiva, desde la prédica y catequesis religiosa, pasando por la producción literaria, hasta la gestualidad litúrgica; y desde la reglamentación policial de las ciudades hasta las aplicaciones del Derecho de Patronato.²⁶⁰

La supeditación de la Iglesia católica sobre la vida pública comenzó a verse trastocada cuando, hacia la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, se dieron una serie de eventos políticos, sociales y culturales, tanto en Europa como en el continente americano, que causaron diversas reacciones y convulsionaron el mundo hispánico. El nódulo de significación del “buen orden de la monarquía”, entendido como la armonía que debían guardar las partes del cuerpo entre sí, basado en los principios de subordinación y jerarquía, ocupando cada quien su lugar en la “esfera social” a fin de preservar el orden natural de un cuerpo con una sola cabeza, permaneció inalterable hasta el momento de la crisis política de la monarquía en 1808. Desde entonces comenzaron a aparecer nuevos elementos en diversos escenarios y nuevos actores en los que se fue configurando otra forma de percibir la realidad. En los territorios de la América española, las guerras emancipadoras propiciaron la aparición de una violenta irrupción por la conquista de la libertad de expresión. Esta nueva realidad política comenzó a manifestarse pública o clandestinamente en actos y ceremonias, en las calles, en los parques, en los cafés, pulquerías, pulperías y vinaterías y en los diversos “papeles” oficiales o clandestinos que circulaban por todo el territorio. Estas prácticas de comunicar e informar fueron abriendo un espacio para la discusión y la opinión.

Algunos autores han sustentado que fue en el siglo XVII cuando se comenzó a precisar en Europa el concepto de lo “público” diferenciándolo de lo “privado”, que anteriormente parecían inseparables.²⁶¹ Para tal periodo se entendió por “público” todo aquello en lo que el Estado tenía injerencia, en tanto lo “privado” fue concebido como todo aquello que escapaba del control del Estado. Si bien, siglos anteriores al XVIII, en el campo religioso con la Reforma Protestante, en Europa se dieron las primeras manifestaciones del juicio crítico contra del statu quo imperante, fue sólo a partir del siglo XVIII cuando el régimen monárquico fue sometido a la crítica y cuestionados sus fundamentos. Esta nueva esfera pública no formó parte del Estado, fue, por el contrario, un ámbito en el que se pudo hacer frente a las actuaciones del Estado y someterlas a crítica. Se dio, entonces, el surgimiento de la opinión pública como fenómeno social que irrumpía en un nuevo espacio que proclamaba el derecho universal a la libertad de expresión. Ésta nació con la ilustración en el siglo XVIII, pero se manifiesto en la América española con el advenimiento de las guerras independentistas.

La guerra por la independencia fue rompiendo ese mundo diseñado por las instituciones coloniales que, como la Iglesia católica, imponían ciertos tipos de comportamientos morales. Por ejemplo, en el terreno de la vida cotidiana se empezó a cuestionar el papel de lo religioso como regulador de la vida pública. Se cuestionó el matrimonio como un vínculo sagrado, según la Iglesia católica. Las mujeres ya practicaban ideas liberales en sus relaciones diarias con los hombres a nivel doméstico y esto sale a flote en las acusaciones públicas. Por ejemplo, en los juicios de infidencia, donde algunas mujeres denunciaron a sus maridos de ser insurgentes o partidarios de éstos, ellas se quejaban de que no querían ser físicamente abusadas o privadas de sus libertades por su cónyuge, ellas buscaban ser tratadas en las mismas condiciones y ser protegidas por la ley. Posición que distaba mucho de mostrar a esas mujeres fieles y obedientes a sus maridos como lo mandaban los cánones morales de la época. Un caso interesante que ilustra esta situación es el de don Ignacio Cruz Manjarrez, un administrador de hacienda de la ciudad de México que fue acusado de insurgente por su mujer doña Ana Rafaela Millán; pero para desmentir los cargos que su esposa le atribuía, don Ignacio la acusó de incontinencia ante este tribunal, que de inmediato levantóel debido proceso por este delito. En el juicio, doña Millán, defendiendo sus derechos, señaló lo siguiente:

Sabiendo mi marido que yo fui la causa de que se descubriera sus infieles procedimientos (esto es el serle infiel al rey), se valió en seguida de acusarme de incontinencia, para que entorpeciéndose la causa, fuera yo al fin sacrificada al resentimiento de su espíritu vengativo […] Al promover ante el alcalde del segundo voto los derechos que me asisten para repelar la acusación de incontinencia que ha promovido mi marido; más no es justo que a la sombra de tan artificiosa iniquidad queden impunes sus delitos, negándome en la prisión los alimentos y medios necesarios de mi defensa, para que esta no sea atendida como corresponde y parezca al fin la que ha llegado a entender que descubrió sus infieles y detestables manejos.²⁶²

La coyuntura política abrió paso a un período de intranquilidad pero también de libertades que permitió que algunas mujeres se enfrentaran a la autoridad masculina, infringiendo las normas morales y civiles que la confinaban a un solo espacio, el familiar. El análisis de las relaciones familiares a la luz de las acusaciones del delito de infidencia, muestran que algunas mujeres tomaron distancia de la asignación de roles delineados a través de la ley y la doctrina católica, enfrentándose cara a cara al marido. Tomando como marco la coyuntura política alzaron la voz para manifestar su inconformidad por la situación que se daba a nivel de las relaciones familiares.²⁶³ En este sentido, se aprecia como el nuevo discurso con el que se proclamaban ciertas libertades fue ganando aceptación en detrimento de un discurso moral religioso que sometía a la mujer a la voluntad del hombre. No se pueden catalogar estos comportamientos como un proceso netamente de secularización, pero sí son un indicador de hacía dónde iba avanzando la relación Iglesia y sociedad en ese momento.

El espejo de las tensiones que se dio a nivel colectivo entre la sociedad y las instituciones coloniales se reflejó en las relaciones familiares, donde la mujer también vio la oportunidad no de romper con dicho orden, pero sí de enfrentar y liberarse de la hostigada sujeción que el hombre ejercía en la relación conyugal. En este contexto, es posible pensar que al plantearse la sociedad la cuestión de la ruptura política, en el contenido de un discurso de libertad e igualdad, estas inquietudes de alguna forma también pudieron trastornar las relaciones del sagrado vínculo conyugal y familiar, ya que para la época colonial la familia era vista bajo una misma estructura donde el esposo era para su mujer e hijos, lo que el rey para sus súbditos.²⁶⁴

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII los vientos libertarios empezaron a inundar la América española. Por ejemplo, uno de los hechos que contribuyó a crear este clima fue la aparición y difusión de la traducción al español de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa. Don Antonio Nariño, un criollo neogranadino, fue el primero en traducir e imprimir, en 1793, una hoja suelta con los Derechos del hombre y del ciudadano, lo que le valió 10 años de prisión. Un ejemplo de la divulgación y recepción que alcanzó este tipo de texto, la podemos deducir del juicio por el delito de infidencia que se le siguió en el año de 1816 en la ciudad de Caracas al carpintero Serafín Almeida y a una mujer llamada María Bárbara Peñaloza. Ellos fueron acusados de tener en su poder el libro de los Derechos del Hombre. En el expediente no se menciona la calidad étnica de estos individuos, pero por la profesión de Almeida, carpintero, se puede deducir que no eran gente de la élite criolla. En su defensa, los implicados señalan que habían encontrado dicho libro en la calle y no habían advertido de que era prohibido. Pero algo en él llamó su atención pues lo recogieron y llevaron a su casa, ¿sería su seductivo título?, el que pudieron leer ya que como ellos mismos señalan, sabían hacerlo. Dicho incidente puede ser un medidor de qué tanto conocimiento tenía la población sobre las nuevas ideas que se estaban generando y cómo éstas circulaba entre ellos.

Con la coyuntura de las guerras independentistas este ambiente de cambios, de propagación de noticias, de murmullos, de libertades, de protestas, en fin, de imágenes que prometían nuevos horizontes, se incrementó y fue seduciendo a la población que veían en ese movimiento la oportunidad de liberarse de ciertas ataduras que limitaban sus acciones. Ese era sin duda un momento de cambios, los líderes del movimiento independentista, militares, religiosos, hacendados, abogados, comerciantes, etcétera, pero sobre todos, ilustrados, muchos de ellos educados en los países europeos, comenzaron a pensar, desde una idea de progreso, que la sociedad podía ser trasformada de acuerdo con los principios universales de la razón. De ahí los intentos de aplicar los criterios de las ciencias naturales a todas las zonas del saber y buscar una explicación racional a todos los eventos. Muchas de estas ideas lograron ser canalizadas para justificar la emancipación de los territorios de las Indias de la monarquía española, así como en el enfrentamiento contra el poder social de la Iglesia católica, dos instituciones a las que se había que afrontar en esa lucha.

Uno de los primeros tribunales encarados de juzgar los delitos que atentaban contra la estabilidad del orden colonial fue el Tribunal de la Inquisición, el cual arremetió en contra de, por ejemplo, la circulación de los libros prohibidos. En los diferentes medios de difusión como, sermones, cartas pastorales, los púlpitos, se atacaba las obras impías y ateístas de autores como Rousseau, Montesquieu y los enciclopedistas en general. Esta persecución no hace más que mostrar la naturaleza mixta político-religiosa de esta institución y el poder que ella tenía sobre los asuntos de carácter político.

Nos comenta Pedro Sosa que el obispo de Caracas, Coll y Prat, al ponderar los orígenes de los hechos acaecidos en esa ciudad en 1810, señaló lo siguiente:

Más de 20 años hacía que los estudios serios eran despreciados’ es decir, los fueros de los franciscanos escotistas ‘habían injustamente perdido crédito’, por el contrario ‘la ciencia se iba a prender de maestros corrompidos y se bebía la ponzoña de libros sediciosos, que por el mundo esparcía el audaz filosofismo’ cuyo inventario poblaba los anaqueles de los insurgentes… ante este sombrío panorama se preguntaba Coll: ‘¿Qué podía, Señor, producir todo esto? Vuestra Majestad sabe hasta qué grado llegaban estas furias del abismo contra la Religión y el Trono, y más, determinantemente, contra la Nación.²⁶⁵

En los códigos jurídicos y en los preceptos morales se pueden fijar los signos con los cuales se esperaba guiar a una sociedad determinada por la ideología dominante, pero ello no se traduce en un fiel reflejo de la realidad de los individuos que conformaban dicha sociedad. En los documentos de infidencia, al igual que en muchos otros expedientes judiciales de la época, se observa cierta transgresión de las normas y leyes establecidas, cuyo comportamiento los apartaba de lo que la Iglesia, el Estado y una parte de la sociedad consideraban moral y políticamente aceptable. En esos documentos se aprecian sujetos que muestran una conducta que dista mucho de parecerse a ese modelo de obediencia y vasallaje que la Iglesia, con la ayuda de la corona, habían pretendido imponer. Un caso muy ilustrativo de este comportamiento fue el que se presentó en 1820 en la población de Charallave contra José Juan Alvarenga, al que se le juzgó por haber pronunciado palabras tildadas de revolucionarias por sus detractores. Alvarenga había dicho que:

No era necesaria la confesión para salvarse, pues ¿cómo diciéndole los pecados a otro hombre como uno podía ser salvado? que todas esas cosas eran impuestas por los hombres, que asimismo que ningún párvulo se debe bautizar en su inocencia, hasta que no tenga uso de la razón, para que él mismo pueda pedir el bautizo, que de lo contario era forzarlo.²⁶⁶

La capitanía general de Venezuela se constituyó como la puerta de entrada de las ideas revolucionarias “importadas” de Europa. Por su situación geopolítica privilegiada, Venezuela fue una vía de penetración de las nuevas ideas renovadoras que, al fin del siglo XVIII, cuajaron en el pensamiento de los independentistas; las ideas de progreso, libertad y fraternidad no eran ajenas para un porcentaje considerable de la población de esta capitanía general. Este ambiente de libertades no sólo era motivo de perturbación para las mentes de los blancos criollos, también llegó a los grupos menos favorecidos y discriminados de la población, se habla de la pretendida vinculación de la insurrección de los negros de Coro con las ideas de la Revolución Francesa, y más específicamente con las ideas de los “jacobinos negros” que para la época ya comenzaban a actuar en Santo Domingo.²⁶⁷

Esas ideas también perturbaron el diario vivir de la población indígena novohispana, se reveló ante la desigualdad en los tratos que le proporcionaban los blancos criollos. Por ejemplo, el caso de los indios Calisto e Isidro de la ciudad de México, quienes fueron acusados ante las autoridades virreinales del delito de infidencia; ellos adujeron en el juicio que la acusación tuvo su origen porque el dueño de una vinatería no quiso servirles en un vaso como a todos los demás, sino que, lo hizo en una jarra de barro porque ellos eran indios.²⁶⁸ Esta situación muestra que algo estaba cambiando, la forma en que se percibían unos a otros ya no era la misma, se estaban rompiendo esquemas.

Desde el púlpito algunos curas transmitían a la población las ideas de libertad e igualdad como fundamentos de la lucha, a muchos de esos religiosos se les acusó de traición al rey, de herejes, de apostatas. Bartolomé Herrera, procesado de infidencia en la Nueva España, dijo que el cura párroco del pueblo de San Andrés Chalchicomula en el púlpito redujo su predicación: “A que todos los europeos, criollos, indios, negros y demás castas eran todos hermanos y que como tales debían verse unos a otros, llegando tanto su fervor que parecía que dejaba el púlpito y procurara abrazar a los concurrentes”.²⁶⁹

Ese ambiente de libertad y relajamiento que se evidenció en la coyuntura de la guerra independentista influyó también en el ánimo de algunos individuos de posiciones privilegiadas; por ejemplo, el caso del comerciante y propietario de Puerto Cabello en Venezuela, don Florencio Muñoz, quien para 1812 fue acusado de expresar públicamente su simpatía por las ideas de igualdad y libertad, señalando:

Que más que otro quería tener que verse los hombre liberes y que ahora ya tenían cabeza segura y asiento donde les daba la gana y que al mismo tiempo, ya no había grandes ni chicos, que todos eran iguales y que esto sí que era dicha y felicidad para vivir el hombre libre en el ángulo de la tierra.²⁷⁰

Esta actitud de la población refleja un cambio en la forma de percibirse unos a otros, y a la cultura política del momento. En este contexto, en que los aires de cambios alimentaban la esperanza y seducían a unos, mientras causaron temor y zozobras en los otros, se erigirían también los elementos con los cuales se hizo frente a la posición intransigente de algunos de los miembros de la Iglesia católica en su afán de no ceder ante la presión de los nuevos eventos, lo que causó una radicalización en el discurso en ambos bandos.

La tensión entre lo público y lo sagrado

Durante el proceso emancipador de la capitanía general de Venezuela se fue acrecentando la tensión entre una parte de los miembros de la Iglesia católica y los que apoyaban la idea independentista, sucesos que causaron fuertes confrontaciones como las acaecidas entre el arzobispo de Caracas Narciso Coll Prat y algunos de los líderes insurgentes para 1812.²⁷¹ Pero esta confrontación no significó la negación de lo religioso, ni una postura de antireligiosidad a ultranza de los llamados patriotas, sino un interés por disminuir la influencia de la Iglesia como institución sobre la sociedad.²⁷² Pero el constante y fuerte ataque de un cierto sector de la Iglesia sobre estos actores y el ideario independentista que sustentaban, alimentó el anticlericalismo en los corazones de algunos de los líderes que comandaron este movimiento, así como también en algunos individuos que integraban la masa de la población.

En la Nueva España, una clara discusión sobre el papel que ocuparía la Iglesia en los proyectos de nación, sólo tuvo lugar después de la consolidación de la independencia. En ese momento, unos se pronunciaron por la integración de la Iglesia en el nuevo Estado independiente, siguiendo lo planteado por el Real Patronato, mediante el cual la Iglesia participaba más o menos equitativamente del poder distribuyéndose las funciones sobre la sociedad y, otros optaron por la separación entre la Iglesia y el Estado, pero dándole a ésta un amplio margen de libertad. Pero como ha destacado Manuel Ceballos Ramírez: “A decir verdad, ninguna de las tres opciones tuvo éxito en México. La intransigencia de la Iglesia y de los mexicanos que de ella dependían –o que por diversas razones se legitimaron o aliaron con ella– fue a tal grado enconada, que exacerbó el proceso de secularización”.²⁷³

Los líderes del movimiento emancipador tenían muy claro el papel primordial que cumplía la religión católica en la sociedad.²⁷⁴ Ellos sabían perfectamente que necesitaban de la Iglesia para legitimar una opción que significaba la ruptura de un orden, el de la monarquía hispánica, sustentado en tres siglos de historia y con unos fundamentos teológico-religiosos muy arraigados, cuya expresión fáctica era la alianza del trono y el altar. En Venezuela se buscó someter a la Iglesia a los intereses criollos, por tal razón se actuó con fortaleza ante la oposición que ella sustentó contra el movimiento independentista, dominando, como señala Guillermo Aveledo, un discurso “liberal” que explica la peculiaridad laica y anticlerical de las élites venezolanas tras el final de la crisis.²⁷⁵ Quizás por ello, los líderes de la insurgencia venezolana, desde los inicios de la contienda, contrarrestaron la predicación del clero realista mediante la secularización del conflicto, es decir, proclamando la idea del sentido humano de su gesta, invocando no a un ser sobrenatural para que decidiera sobre los asuntos humanos, sino invocando a un pueblo a cumplir su destino. En la causa seguida al cura párroco del pueblo de Turén e interino de Maracay, José Manuel Vargas, uno de los testigos señaló que en el sermón pronunciado por este cura intentó persuadir a la población de que a “los reyes Dios los había puesto por castigo a los hombres… que no había más Santa causa que la seguida por los patriotas de Caracas”.²⁷⁶ A algunos curas en Caracas se les acusó de que: “en las oraciones en lugar de pedir por los príncipes cristianos, pedían por la república de Caracas”.²⁷⁷ En este sentido, los insurgentes venezolanos se alejaron pronto de un discurso religioso tradicional; el concepto de lo “sagrado” adquirió un nuevo significado en el discurso patriota venezolano, éste hacía alusión a valores como justicia, igualdad, patria y libertad. El ámbito de lo sagrado se trasladó a la praxis política y militar de la liberación de la patria americana.

La política reformadora racionalista de los Borbones tocó profundamente la alianza que se había dado entre la Iglesia y la corona a raíz del Patronato Regio en el siglo XVI; todos los niveles del gobierno eclesiástico fueron cuestionados por estas reformas. No obstante, para fundamentar todo ese poder que la corona había adquirido sobre la Iglesia en las colonias americanas, fue necesario fundamentarlo en las teorías del Derecho Divino como en el Vicariato Regio Indiano, definido éste último como: “institución jurídica, eclesiástica y civil por la que los reyes de España ejercitan en las Indias la plena potestad canónica disciplinar con implícita anuencia del Pontífice, actuando dentro del ámbito fijado en las concesiones de los pontífices y en la legislación conciliar de Indias”.²⁷⁸ Esta teoría señalaba que los reyes habían recibido del Papa el carácter de vicario o delegados suyos, lo que conllevó al ejercicio de las atribuciones papales en el ámbito señalado.

Cuando los americanos buscaron justificar su separación de España recurrieron a esa antigua discusión sobre el poder sagrado de los reyes. Acudiendo al discurso conceptual de dicha teoría, algunos de ellos señalaron que el poder imperial derivaba de Dios pero no directamente, sino a través del pueblo, quien era el que confería al emperador su poder de legislar. Este cuestionamiento sobre la negación del carácter sagrado de los reyes tuvo especial significado en la Nueva España, ya que ahí la religión y la política eran inseparables para algunos de los grupos que la habitaban, pues la fidelidad al rey la concebían como intrínsecamente ligada a la defensa de la religión. En momentos en los cuales la monarquía española estaba en peligro debía defendérsela, pero construyendo un discurso en el cual se mostraba que esa defensa era la misma que debía hacérsele a Dios. Esto enmarcado en lo que había sido el derecho divino de los reyes, cuya doctrina sostenía que los monarcas recibían el derecho de gobernar a un pueblo gracias a la aprobación de Dios, por tanto la rebelión a su mandato era considerada un pecado.²⁷⁹ Pero con el cuestionamiento al poder sagrado de los reyes, que hicieron algunos de los partidarios del movimiento independentista, se promovió la idea de separación entre lo público y lo sagrado; algunos de ellos argumentaron sus ideas en las teorías elaboradas, por ejemplo, por Francisco de Vitoria, quien hizo la distinción entre Iglesia y Estado. En sus escritos, este jurista sustentaba que el poder temporal no estaba subordinado al espiritual, ya que la naturaleza y la gracia eran dos órdenes distintas.²⁸⁰ Por lo que se entiende, que el poder del papa era espiritual, pero no temporal. En esta misma dirección, propuso la teoría del poder indirecto del papa, allí sustentaba que el pontífice solo tenía poder sobre las cuestiones temporales en la medida en que éste afectara a temas espirituales.²⁸¹

Algunos sujetos, especialmente los curas, fueron acusados de proferir palabras sediciosas en contra del rey y la religión, señalando que Fernando VII no era un santo, sino un hombre como todos nosotros. Por ejemplo, al cura de Huichapan, don Manuel Palacio, se le acusó en 1810 de haber referido: “Qué pensáis hermanos míos, Fernando Séptimo es un hombre como vosotros, ni más ni menos, y si os condenáis, a buen seguro que os saque del Infierno”.²⁸²

Varios testigos señalan que en 1809, el cura de Chiautla, don Francisco Palacios, se negó a tocar las campanas de la iglesia y a decir misa cuando una comitiva llegó a la iglesia con la imagen de Fernando VII deseando celebrar la festividad anual de su santo San Fernando Rey. En un memorial que le envió el administrador de alcabala de Chiautla al comisionado don Mariano Ortiz se recrimina la acción de este cura:

En la función pasada ni se replicó ni se hizo nada y habiendo solicitado hubiera misa no quiso hasta que yo le pagué ocho pesos y mandé unos soldados esa ocasión y habiendo también solicitado llevara el retrato a la iglesia dijo no que allí no entraba que si era santo y que quién sabía dónde estaría su alma.²⁸³

Este cuestionamiento a la figura de los reyes es un acto que remite a una modificación importante en la conducta de estos sujetos, donde se da una trasformación en la forma de pensar lo público y lo sagrado. En este contexto, la frontera de lo sagrado y lo profano se mueve por la turbulencia del momento, en él se experimentan cambios en la forma de ver y analizar los acontecimientos. Este discurso fue un punto decisivo para logar un cambio de conciencia en los individuos, ello permite identificar cómo se fueron desarticulando los lazos políticos y culturales que unían a los americanos con las instituciones que dominaban el mundo colonial, la Iglesia y la monarquía, y se fueron creando otros que mantendrían el equilibrio. Los hombres de ese tiempo interpretaron los acontecimientos que vivieron a través de una percepción en la que se mezclaban elementos simbólicos viejos y nuevos; pero a la vez, los acontecimientos revolucionarios produjeron nuevas realidades cuya interpretación y carga simbólica fueron incorporadas rápidamente a esa visión del mundo, transformándola.

Se presentan testimonios que señalan pronunciamientos que para la época parecerían inverosímiles, como la asentada por el padre Juan José García en Caracas, quien dijo: “[…] era forzoso desengañar al pueblo para que no creyeran en indulgencias, ni bulas, que todos los Santos en la plaza pública debían quemarse…”.²⁸⁴ Estas palabras pronunciadas por un religioso impresionaron al historiador venezolano Mario Briceño Perozo, quien en su libro Las causas de infidencia, donde publica el expediente completo de esta causa, escribió:

Aunque el testigo de referencia Lainde, corrobora la afirmación de García, no es lógico ni natural que al lado de expresiones contra la Monarquía hayan salido dicterios contra la Religión de los labios de un sacerdote que era adverso al sistema político que cercenaba el derecho de sus hermanos.²⁸⁵

A pesar de que comentarios como el anterior sean muy escasos en las fuentes de infidencia, la aparición de algunas opiniones en dicho tono, no podría ser interpretada como un pensamiento contrario al momento vivido, pues diversas circunstancias le imprimieron a ese periodo rasgos muy peculiares. Los cambios que se dieron con la Revolución Francesa, los que se estaba produciendo en las antiguas colonias inglesas en la América del Norte y los ocasionados por el reformismo gaditano, no permiten sostener que palabras como las que se le acreditaron al padre Samaniego sonaran ilógicas para el contexto. Sin ir más lejos, en la Nueva España en 1794, Fray Servando Teresa de Mier, quien, además de eclesiástico era defensor del ideal independentista y reaccionario a las políticas del Vaticano, pronunció un polémico sermón en el que dudaba de las apariciones de la virgen de Guadalupe, señalándola como una invención de los misioneros para cautivar a los religiosos aztecas. El Nuncio Apostólico, alarmado por ese discurso sacrílego, lo hizo prisionero y envió a España.²⁸⁶ Estos pronunciamientos hay que interpretarlos como una forma de pensar que hizo parte de los cambios que se comenzaron a gestar en las mentes de los sujetos a raíz de los sucesos que se estaban generando en todo el mundo.

En los pronunciamientos de estos curas, su condición de hombre de fe y predicadores de los valores religiosos, cuya moral cristiana osaba guiar sus acciones, parecen eclipsarse en un discurso agresivo y violento contra lo que algún día defendieron: la potestad sagrada y política del rey. El Dr. Isidro González, en una representación que envía al Sr. Ministro universal de las Indias en España desde la ciudad de Caracas, dándole parte de la captura de varios eclesiásticos acusados del delito de infidencia, reprocha ese cambio de actitud de los curas:

Estos hombres que, al paso que por su sagrado ministerio tienen un imperio sobre la opinión general del pueblo, han sabido aprovecharse de esta ventaja para fascinar a los incautos y difundir opiniones contrarias a lo que constantemente nos enseña nuestra religión santa y a la doctrina respetada de la sumisión al Príncipe; V. E. leerá con asombro en el proceso hechos que tendrá dificultad en creer, pero que no por eso dejan de ser públicos y constantes. Venezuela no lloraría hoy los males que la han puesto en una desolación espantosa si estos eclesiásticos y los que le seguirán hubieran sido conforme al Evangelio, ministros de paz y de concordia.²⁸⁷

Posiciones radicales contra la Iglesia y sus ministros también las encontramos en las palabras pronunciadas por individuos del común. Un caso que llama la atención, de pocos hallados en estas fuentes, donde se aprecia una total y enérgica posición anticlerical y hasta antirreligiosa, fue el realizado en la ciudad de Zacatecas en el año de 1816. Se trata del juicio de infidencia practicado a un muchacho llamado Juan José Martínez, al parecer natural de Veracruz, quien se desempeñaba como ayudante de mostrador en dicha ciudad. Los testigos que presenciaron el hecho sostiene que Martínez dijo que:

El ayuno no era obligatorio, que en cuanto a los Santos decía que no podía creer en todos los que rezaba el calendario; que en cuanto a la Bula decía que no podía tener valimiento un pedazo de papel; en cuanto a la fornicación, se le oyó decir que ella no podía serle prohibida a ningún hombre puesto que la naturaleza les había dado miembros aptos para ejecutarla y que así podía fornicarse a todo el que tuviera raja, haciéndolo aun con el Eterno Padre si llegara a tenerla. En cuanto a la confesión sacramental dudaba que un hombre tuviera facultad para perdonar los pecados y éste no se había confesado hacía mucho tiempo.²⁸⁸

Al supuesto hablador el Tribunal de Infidencia no logró interrogarlo porque se fugó sin dejar rastro, lo que reafirmaría su delito. Fueron interrogados varios testigos, algunos de ellos justificaron las palabras pronunciadas por este individuo por ser un hombre joven –aunque no se tiene noticia de su edad, los testigos señalaron que era un hombre joven–, por lo que sustentaron su inmadurez, su falta de ciencia e instrucción. Un comerciante español de 28 años de edad, quien dijo que conocía de vista a Martínez, también justificó su comportamiento infidente señalando que éste los aprendió del ambiente de libertinaje y presunción que había visto en el Puerto de Veracruz. Como se lee en el juicio, este tipo de comportamiento era señalado como producto de un ambiente de libertades, de relajamiento y a la pérdida del interés por la enseñanza religiosa.

Un hecho que incrementó la tensión entre la Iglesia y los independentistas venezolanos, fue el temblor que azotó a Caracas y otras ciudades de Venezuela en 1812. A raíz de ese suceso, se vio cómo el clero tradicionalista trató de intimidar a la población civil con el argumento de que “el terremoto era un castigo de Dios por el intento de desconocer la autoridad divina representada en la corona española”. Este acontecimiento fue utilizado por una parte de los religiosos para combatir las ideas liberales atemorizando a la población con el castigo divino, sermón que logró su cometido. Pues, no era para menos, el terremoto ocurrió un jueves santo, como también fue un jueves santo el día de la insurrección del 19 de abril de 1810, cuando el pueblo de Caracas se rebeló en contra de la autoridad española. No bastando con esto, las ciudades de Coro y Maracaibo, que no se habían sumado al llamado de independencia, no sufrieron el terremoto, mientras que Caracas, Barquisimeto, Mérida, El Tocuyo y San Felipe, que estaban en poder de los patriotas, fueron ciudades totalmente devastadas, hechos que favorecerían el discurso católico antirepublicano.²⁸⁹

Se comenta que el padre Dominico Felipe Mota, parado sobre los escombros, incitaba a la multitud adolorida con su discurso antiindependentista diciendo: “Esta catástrofe es un castigo del cielo, porque los venezolanos se han rebelado contra su Rey… Fernando VII es un bendecido de Dios... Debemos pedir perdón por este pecado y clamar fidelidad a España… Abajo la República”.²⁹⁰

La población venezolana cautivada por el discurso religioso manipulador sustentó que lo acontecido era una señal de Dios en contra de los que se oponían al amado Fernando VII y contra la Iglesia. Fue el momento preciso para que una parte importante de los curas desencadenaran una terrible propaganda que llamaba a los patriotas “pecadores” castigados por Dios. El arzobispo de Caracas Coll y Part en una pastoral de junio de 1812 señaló:

De este modo castiga el Cielo todos los pecados del mundo, y cuando estos son mayores y la justicia divina se halla más irritada, entonces descarga también más duros azotes, como ahora lo experimentamos nosotros; pero qué ¿no son estos terremotos unos efectos naturales que no pasmaron ni amedrentaron? ¡Eh! Falsos filósofos, titulados físicos y naturalista ¡Callad siquiera esta vez!...No queráis fomentar por más tiempo el contagio que alevosamente pretendéis a mi amada Grey. ¡Impíos!²⁹¹

Mientras que los realistas quisieron presentar el temblor como un castigo divino, otros religiosos desmintieron esta idea afirmando que eran sólo movimientos de la naturaleza. En la causa seguida a José Antonio Robles, cura castrense de Puerto Cabello durante el gobierno republicano, uno de los deponentes señaló que:

En el púlpito seducía a los feligreses diciéndoles que la causa de Caracas era justa y santa, que los reyes de España no tenían dominio sobre las Américas, que debían ser libres…que el temblor no era castigo de Dios sino causa natural…²⁹²

En un escrito anónimo reproducido por la Gaceta de Caracas en año de 1813, titulado “Carta de un ciudadano a un amigo suyo”, se trata de persuadir a la población de que el temblor no era una cuestión divina, que era un fenómeno que había ocurrido en otros lugares de la tierra. El texto decía lo siguiente: “En fin, amigo mío, esto no tiene conexión con los gobiernos antiguos y nuevos, con los reyes y con las repúblicas, con los malos y con los buenos: Dios premia y castiga en su reino, y nosotros en el nuestro”.²⁹³

El temor a la ira de Dios era un tópico recurrente de sermones, pláticas y exhortaciones, discursos que buscaban aplacarla, persuadiendo a la población a que viviese de acuerdo a las normas cristianas. Los terremotos eran interpretados en el discurso eclesiástico como la materialización de esa ira divina. Ésta, a su vez, era motivada por los pecados públicos y privados, es decir, por no vivir conforme al orden moral impulsado y definido por la iglesia. Cada vez que ocurría una catástrofe de esta naturaleza, el clero incentivaba la sensación apocalíptica de la población, explotando teológicamente la terrible realidad que se estaba viviendo.

El temblor marcó una fuerte hostilidad entre ambos bandos, tensiones que llevó a sus actores a tomar una posición radical del conflicto político. Los ataques contra el gobierno insurgente por una parte del clero, encabezados por el arzobispo Coll y Prat, fueron constantes e inexorables; su discurso de castigo divino como medio para corregir los pecados en que vivían los venezolanos, fue la estrategia usada por ellos con la cual pretendieron restablecer el orden afectado y restaurar la autoridad de la Iglesia y la monarquía. Sin embargo, encontraron una fuerte oposición en aquellos que apoyaban la independencia sustentados en las ideas liberales.

Conclusiones

Con la crisis de la monarquía española a raíz de la abdicación de los reyes en 1808, se dio una preocupación generalizada en los habitantes de la América española por la política; una gran parte de la población comenzó a opinar acerca de la situación especial que atravesaba la metrópoli y cómo los reinos americanos tenían que enfrentar tales circunstancias. En ese momento crítico y de inestabilidad política se puso a prueba la legitimidad de las instituciones coloniales, que pronto se vieron envueltas en un problema de reconocimiento de las autoridades coloniales. En ese nuevo orden que se comenzó a tejer, se estructurarían nuevas relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, las élites criollas buscarían debilitar la impronta religiosa en la construcción política, pero pretendiendo al mismo tiempo conservar el orden social en el que se apoyaba dicha impronta. De acuerdo con Di Stefano: 

Podemos pensar, entonces, en un primer umbral de secularización que cristaliza en la primera mitad del siglo XIX. Ya entonces se produce la ruptura irreversible del antiguo orden a partir de una definición secular de la soberanía y una consecuente (y progresiva) diferenciación del ciudadano y el fiel.²⁹⁴

En el discurso de crítica a los poderes coloniales de los llamados infidentes, se avista una trasformación del orden de sentido tradicional, que no desapareció, sino que se articuló con las nuevas ideas liberales o republicanas. Las diferentes opiniones que presentan estos diversos actores, son una mezcla de lo nuevo y lo viejo: la ilustración primero, el liberalismo después, retomando nociones del neo–escolasticismos para explicar problemas de su actualidad; se expresan en una corporación de raíces arcaicas y se articulan con un nuevo discurso, como señalan Brain Connaughton y William Taylor: “sugerimos que la religión y la modernidad no fueron simplemente opuestas o inconmensurables”.²⁹⁵ Considero a los religiosos, y por ende, a la religión católica, como parte fundamental en la construcción de de ese nuevo imaginario que se fundó en los avatares de la coyuntura política de la independencia, cuyo proceso fue lento porque implicaba un cambio en la mentalidad forjada por siglos y sólo unos pocos pudieron romper esas ataduras.

Los documentos sobre las causas de infidencia que aquí he analizado, me han permitido reflexionar sobre las formas en las que la gente con y sin privilegios se manifestó y reaccionó ante los cambios que se estaban generando. Hay que tener en cuenta, que la o las culturas políticas en un momento determinado se van transformando, ello dependerá de los desafíos que el momento histórico particular le imprime y de las lecturas que los sujetos hacen de ellos en diferentes situaciones. Los valores, los sentimientos, las intenciones, las motivaciones y las expectativas son otras en cada instante, así como los sujetos también son distintos.

Los pronunciamientos de crítica a las instituciones eclesiásticas y monárquica por una gran parte de la sociedad que en otro momento no se atrevían a cuestionar, puso en evidencia la tensión que se generó entre la Iglesia y el gobierno insurgente en el contexto de las guerras independentistas. La disputa por la independencia se vio fundamentada por la definición de una nueva mirada y posición hacia los poderes coloniales, elementos que influirían en la viabilidad de los proyectos independentistas venezolano y novohispano. En esta coyuntura, las instituciones, las actitudes, los discursos y las prácticas políticas y culturales empezaron a cambiar sensiblemente, todo ello forjó un papel determinante en la definición de la nueva cultura política que se comenzó a gestar a partir de la crisis política de la guerra emancipadora.

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Causas de infidencia, tomos: VI, XIX, XX, XXII, XXIV, XXXVIII Y XXXVI.

Archivo General de la Nación, ciudad de México 1809-1816. 

Ramo de infidencia, volúmenes: 6, 5, 30, 68, 124 y 128.

9. La imagen taumaturga de la virgen de Guadalupe en la cultura política de comienzos del siglo XIX

Luis Humberto Jiménez Alvarado²⁹⁶

La realidad histórica tiene muchas maneras de ocultarse.
Una de las más eficaces consiste en mostrarse a la vista de todos.
Octavio Paz

El presente trabajo tiene como objetivo general problematizar una de las cuestiones más recurrentes en la historiografía intelectual reciente: el papel de los elementos religiosos en la cultura política de los primero lustros del siglo XIX; caso concreto de esta serie de reflexiones, el uso “retórico”²⁹⁷ de la mariofanía guadalupana en la construcción del espacio político antes, durante y después de la Guerra de Independencia en México. Sobre el uso de la virgen de Guadalupe en la construcción de la identidad nacional se ha escrito mucho;²⁹⁸ sobre su papel en la Guerra de Independencia se ha referido implícita o explícitamente, de tal suerte que se ha constituido ya en una suerte de axioma historiográfico;²⁹⁹ sobre la “decretada” distinción entre lo político y lo religioso existen ya una extensa discusión. Sin embargo, en esa evidente realidad histórica, referidos en los dos primeros ejes temáticos, pretendo problematizar en ellos algunos ocultamientos historiográficos, teniendo como corolario el cuestionamiento hacia la difícil distinción entre lo político y lo religioso en este horizonte histórico.

En este texto, me enfrento a tres perspectivas de observación dominantes, al menos, en la historiografía tradicional: la distinción “decretada” entre lo político y lo religioso, la genealogía nacionalista y la omnipresencia de la virgen de Guadalupe como elemento de cohesión en la identidad mexicana. Cada una de estas cuestiones abre la posibilidad de un trabajo exhaustivo por lo que, lejos de pretender atenderlas a profundidad, me permitiré referir y cuestionar de manera breve estos aspectos en una primera parte del ensayo.

Primer paréntesis: El problema de lo político: religiosidad, laicidad y secularidad

Más de dos siglos de secularización han rendido frutos. La mayor parte de los científicos sociales y humanistas tienen bien claro cuáles son los límites de los “sistemas parciales”³⁰⁰ en el entramado social. Sin embargo, de manera concreta y discursivamente estos límites son transgredidos repetidamente, ¿por qué? “Todo sistema parcial hipostatiza el primado de su propia función […] En cada uno de los sistemas parciales el código conlleva un rechazo a las distinciones de los demás sistemas, así como una aceptación de su validez en la sociedad”.³⁰¹ Dicho sea de paso, esta operación/observación³⁰² es consecuente en las disciplinas sociales y en las subdisciplinas historiográficas. No en pocas ocasiones se ha hablado de cómo, por ejemplo, la historia económica ha enfocado la complejidad de las relaciones sociales a partir de la producción y el intercambio de bienes. Del mismo modo, la historia política tradicional ha generado relatos históricos a partir de las interacciones de poder entre los actores sociales; sin embargo, “el leguaje político no dice los cálculos de los cuáles resulta, pero los hace”.³⁰³ El poder (medium), como “medio de comunicación generalizado simbólicamente”, permite el ocultamiento de la operación del discurso político a través de su omnipresencia en los metarrelatos modernos. La secularización y la laicización, como ejes de la modernidad política, se establecen como un tipo de observación atemporal de la que es difícil deshacerse, tanto así que el discurso religioso ha asumido ambos conceptos frente a la “tiranía” del liberalismo oficializado.

Modernidad y religiosidad son conceptos cuyos límites flexibles, cuestionados y debatidos tienen una historicidad que ha acelerado su beligerancia en los últimos dos siglos, al menos, en Iberoamérica. Las revoluciones hispánicas: la emancipación de la América española y el liberalismo español propiciaron la creación de estados liberales momentáneos, los cuales cuestionaron el vínculo de lo religioso de la Monarquía “tradicional”. Sin duda alguna, el anterior juicio tiene que ser observado sugiriendo las múltiples particularidades históricas. Sin embargo, lo importante aquí, es referir que fueron estas revoluciones las que posibilitaron un debate. Lo político moderno frente a la modernidad religiosa³⁰⁴ promueven o seducen a pensarlos como separados. Lo anterior no debe verse sólo como un fenómeno en sí sino también, como una serie de recursos lingüísticos, cuya plasticidad puede ser historizada bajo momentos discursivos concretos. Laicidad y secularidad son nociones que se inscriben en esta historia cuyo proceso no es lineal, sino que su semántica obedece a condiciones lingüísticas y a realidades políticas concretas.³⁰⁵

La emancipación de la América española, y de manera más precisa de México, hizo posible un debate respecto al papel de la Iglesia y el discurso religioso en la configuración del nuevo Estado, que no siempre tuvo el mismo contenido.

Así, por ejemplo, se hace indispensable recordar que la mayoría de los nuevos Estados independientes no pretendían, en un primer momento, alcanzar una disociación de la Iglesia. Por el contrario, al buscar la continuación del Patronato, como algunos de los casos que siguen siendo hasta ahora, bajo nuevas formas jurídicas, consideran a la institución eclesiástica como parte del Estado. No será sino hasta mediados del siglo XIX cuando, ante la evidencia que constituye la negativa de la Santa Sede para extender a los nuevos Estados ese derecho, las élites liberales latinoamericanas reorientan sus posiciones y deciden que la mejor vía para alcanzar sus objetivos es la separación.³⁰⁶

Esta evidencia demuestra que la instauración de un régimen político laico tuvo que sortear múltiples obstáculos (o dicho de otra manera, no siempre tuvo los mismos objetivos); quizá uno de los desafíos más importantes fue el proceso inacabado de la secularización de las legitimidades políticas. Como bien sugiere el mismo Blancarte “no se ha insistido lo suficiente en la centralidad de la cuestión del Patronato para entender las relaciones entre el poder temporal y el eclesiástico de Iberoamérica”.³⁰⁷ Aquí aparece un tema fundamental para entender la cultura política, al menos, de principios del siglo XIX: los principios ideológicos, así como la identidad narrativa de la legitimidad política basaba instrumentalmente en un vínculo religioso. Esto da cuenta de la ausencia de diferenciación entre lo político y lo religioso en este momento histórico.

Lo anterior sirve para cuestionar los criterios de observación en la historiografía política tradicional. Las condiciones de laicidad y secularidad actuales ponen de manifiesto, y hacen visibles, las diferenciaciones de la política y la religión. Las funciones de los sujetos operarios, en ambos campos, hacen aún más plausible la separación (claro, hay muchas excepciones). Sin embargo, este mismo argumento respecto a la función de los actores políticos y religiosos, se convierte en una razón suficiente para reflexionar sobre el siguiente hecho: los sujetos históricos de finales del siglo XVIII y principios del XIX no tenían límites claros para diferenciar entre un discurso político y uno religioso; antes bien, la diferencia tuvo una semántica muy distinta a la que tenemos, hoy en día, los historiadores “secularizados”.

Dicho así, me gustaría plantear un distanciamiento de observación. La tradicional historia política posee un problema ideológico cuyo corolario, en cierta forma inconsciente, es una ilusión de atemporalidad. Supone que las relaciones entre lo político y lo religioso, son realidades en sí. Frente a esta miopía historiográfica, los límites entre lo político y lo religioso han sido duramente cuestionados en años recientes, además de que se han propuesto nuevas herramientas que permiten comprender los horizontes semánticos de los sujetos históricos. Y más que visualizar la cultura política como una suerte de accidente contextual de procesos políticos temporales, las nuevas aproximaciones buscan dar cuenta y explicar los sistemas lingüísticos y las representaciones que hacen posibles culturas políticas concretas.

Segundo paréntesis: Las “mariofanías” guadalupanas como problema historiográfico

Cualquier estudio que se inscriba en la larga lista de producciones historiográficas sobre la mariofanía guadalupana, inevitablemente será partícipe del llamado multum in parco.³⁰⁸ Ya sea como eje problemático o sea tocado aledañamente, el fenómeno del guadalupanismo ha sido uno de los temas preferidos en las artes plásticas, en sermones, en la literatura, en el teatro, en el cine, en la historia, etcétera. De hecho, sugerir la omnipresencia de la virgen de Guadalupe en las prácticas religioso-culturales puede considerarse una verdad de perogrullo; pues, si bien es cierto, las apariciones y su historicidad han sido objeto de polémica, no así su presencia en la conciencia histórica de los mexicanos (y antes, de los novohispanos).

Lo anterior se refleja en la vasta bibliografía sobre el tema guadalupano; sólo “los escritos espirituales que inspiró la imagen de Guadalupe llenarían una biblioteca entera”;³⁰⁹ qué decir “de los campos de estudio del historiador secular”.³¹⁰ En fin, de lo que se ocupa propiamente la producción historiográfica, se puede clasificar en dos grandes rubros: en el primero, están los estudios sobre fuentes, cuyo eje problemático es la historicidad (o ausencia de ésta) de las mariofanías en el Tepeyac, aquí se incluyen documentos “tempranos”, textos evangelistas del siglo XVII, dieciochescos, decimonónicos e incluso del siglo XX. En el segundo, se incluyen textos cuya intención es dar cuenta del culto guadalupano como fenómeno cultural de larga duración, así como componente fundamental de las identidades temporales de los novohispanos y mexicanos. Ahora bien, esta clasificación, en cierto modo arbitraria, no cierra la posibilidad de interjección de ambos rubros en algunos estudios, así como la existencia de textos que no pueden ser integrados a ésta.

Ya en el campo de la historia política, los historiadores han sido muy cautos en el abordaje del problema guadalupano. Se reconoce el papel fundamental de la imagen de la virgen de Guadalupe, como elemento de cohesión, entre los líderes insurgentes y las masas indígenas en la beligerancia independentista. Y una vez conseguida la independencia, la imagen mariana gozó tanto de omnipresencia así como exclusividad en la construcción de una identidad político-nacional. No obstante tal reconocimiento, la importancia de la imagen mariana se establece como una suerte de tautología cultural, como aquello que explica el uso (y abuso) en la beligerancia política; la consecuencia epistemológica de dicha perspectiva provoca una invisibilidad de los discursos guadalupanos como ejes semánticos de los horizontes de enunciación políticos o las cultura políticas. Es decir, la imagen taumaturga de la virgen de Guadalupe explica –historiográficamente– una realidad “mental” y política en los sujetos históricos, sin embargo no se ha visto como algo que deba ser explicado.

Efectivamente, la proliferación de narrativas sobre las mariofanías guadalupanas demuestra una “preocupación –y una obsesión– de criollos y mestizos novohispanos, reflejada en la constante búsqueda de pruebas que dieran autenticidad de la narración”;³¹¹ esto mismo podríamos aplicar a la configuración discursiva de los sujetos de los siglos XIX y XX. Sólo habría que reconocer que todas estas narrativas se construyen en historicidades concretas, cuyos horizontes de enunciación exceden a lo que actualmente suponemos privativo del campo de lo religioso, o bien, como límite de lo político. Aquí pues un procedimiento metodológico para la reflexión: hacer un análisis de la construcción de la identidad narrativa³¹² de la virgen de Guadalupe en tres momentos discursivos; para dar cuenta de cómo la configuración de la imagen mariana constituyó un elemento fundamental en los lenguajes políticos de principios del siglo XIX, pero en cada uno de éstos, los referentes lingüísticos, el dispositivo retórico central (la imagen taumaturga de la guadalupana) y los acontecimientos, ofrecen diversos relatos de coyuntura.

Presencia de la Guadalupe ¿“heterodoxa”?³¹³

Debido a que la perspectiva a la que me adhiero no busca explicaciones causales ni nomológicas, lo que presento en estas reflexiones son algunas coordenadas elegidas casi arbitrariamente; para así demostrar que la imagen taumaturga de la guadalupana operó como elemento fundamental en diversas expresiones de lo político, cuyas intencionalidades podrían diferir unas de otras. Así, la primera coordenada de la que parto es la prédica de Fray Servando Teresa de Mier del 12 de diciembre de 1794. Ésta se inscribe en una larga tradición sermonaria novohispana cuya inspiración fue la mariofanía de la virgen en el Tepeyac. Refiere Herrejón Peredo que “en las dos grandes épocas en que se divide la oratoria impresa de México, la barroca y la neoclásica, la glorificación del portento guadalupano es tema constante como una continua apoteosis. Cambian estilos, se modifican los gustos, desaparecen unos asuntos y aparecen otros; pero el sermón guadalupano no conoce ocaso”.³¹⁴

La distinción de este sermón, frente al resto de las piezas precedentes, se puede vislumbrar a partir de una condición dual: por un lado su contenido, pues la identidad narrativa de la virgen morena vino a romper una continuidad discursiva. Y por otro lado, la consecuencia de su contenido frente a la censura y persecución hacia Fray Servando por parte del tribunal eclesiástico metropolitano de México, además de los procedimientos judiciales en otras instituciones como la Real Academia de Historia de Madrid y el Consejo de Indias. Al segundo aspecto se le han dedicado miles de páginas tanto en la historiografía patria, como en estudios con mayor rigor reflexivo. Me inclino por estudiar el contenido para explicar el papel de la imagen mariana en la configuración de las legitimidades en la cultura política de principios del siglo XIX.

Uno de los aspectos que diferencia la prédica de Fray Servando en 1794 frente al resto de los sermones guadalupanos en la Nueva España, fue el rompimiento de una continuidad en la construcción de la identidad narrativa de la virgen de Guadalupe; sin embargo uno de los objetivos de este trabajo es demostrar que, si bien fue cierta una ruptura discursiva, ésta fue pensable o posible gracias a la continuidad de ciertos códigos en la cultura política del momento.³¹⁵ Fue una manifestación en cierto modo inédita, mas habría que matizar la novedad; pues como explica el mismo Fray Servando, las ideas vertidas no le vinieron por una suerte de iluminación divina. Mostró una continuidad, mas sirvió como una especie de material para la resemantización del lugar de los sujetos históricos ante los nuevos desafíos temporales.

Vale la pena detenerse un poco en la dimensión problemática de las fuentes. El sermón pronunciado por Fray Servando en la Colegiata, como acontecimiento retórico–oral, no nos es inaccesible como operación, sólo quizá, por la referencia de su autor. Lo que aparece posteriormente durante el proceso de defensa del orador son algunos apuntes sobre lo que se supone pronunció. Sin embargo, no me intereso por la descripción objetiva del acontecimiento. Sea como fuere, tomaré la textualidad, reconociendo que se trata de una defensa, pero ésta, por igual, es un acto comunicativo.

Como antecedente y como parte de los papeles que Mier usó en su defensa, está un supuesto sermón predicado el 15 de diciembre de 1793. Dicha pieza se compuso “para la celebración de la fiesta guadalupana patrocinada por el ‘humilde cuerpo de sereneros’ en ‘la iglesia solitaria de unas vírgenes pobres’, alusión a la del convento de las capuchinas en México”.³¹⁶ Este sermón, antecedente u objeto de defensa, sirve de precedente para entender los códigos culturales respecto a la representación de la imagen de la virgen morena. En este primer sermón, el de 1793, se describió el papel de la imagen taumaturga de la virgen en la fundación (o inserción) de América en los “tiempos universales”. “María […] es la precursora de las gracias, el anuncio seguro de las felicidad de los hombres y la causa universal de la alegría de los pueblos”.³¹⁷ En este sermón Mier instaló a América en el rol de una narrativa histórica: el lugar fue convertido así en un personaje cuya identidad tuvo dependencia de los planes divinos. Una conjunción entre los accidentes histórico-temporales de los hombres y la particularidad destinada como beneficio eterno.

Las solemnes fiestas alrededor del 12 de diciembre eran para Mier, la conmemoración del vínculo de lo temporal entre el pueblo americano y la protección de “la principal autora de sus conquistas”. “Su singular ternura hacia los americanos aspiraba a muchos más […] por un esfuerzo heroico de la más perfecta caridad […] en el año 1531 pone repentinamente en movimiento a todo el cielo y altera toda la naturaleza, emprende generosamente venir en persona hasta América”.³¹⁸ Así, al situar la centralidad taumaturga de la virgen en la disposición del tiempo terrenal, fijó también el papel de los mortales y su legitimidad política:

No es mi ánimo, ilustres conquistados [sic por conquistadores] deslucir la fama de vuestras glorias, sino únicamente convenir con vosotros en el verdadero y soberano origen de vuestras célebres victorias. Vosotros mucho antes que yo reconocisteis a María por la principal conquistadora de la América. […] aquella innata y tierna devoción a María que ha sido y será siempre el más glorioso timbre y carácter de la nación española, vosotros las trajisteis en vuestra compañía, vosotros jurasteis patrona de vuestras empresas y vosotros la hicisteis dominar siempre en la América desde vuestros estandartes.³¹⁹

La anterior afirmación sirvió lo mismo para legitimar el poder político de los “conquistadores”, así como para sembrar la posibilidad de enjuiciamiento de la operación política. De tal suerte que ese carácter debía ser orquestado en función del vínculo social e histórico con América. Y se preguntó el autor: “¿Pero cómo ha correspondido María a esta devoción? ¿Cómo ha desempeñado la solemne entrega que hicisteis de este reino? ¿Cómo ha mirado a los hijos que la adoptéis?”.³²⁰ Aquí la condición retórica de las preguntas obligó a respuestas positivas. Lo interesante es, sin embargo, que implícitamente despojó al conquistador la centralidad de la evangelización, arguyendo que la virgen pudo haberse revelado en algún sueño a uno de los evangelizadores europeos; no obstante, ella decidió presentarse directamente en 1531, sin mediación.

Dos aspectos se alcanzan a leer en el sermón de 1793; por un lado, la fundación de la legitimidad de América sustentada en la voluntad de la virgen hacia la conquista, y por el otro, una posibilidad implícita de juzgar la operación de las autoridades reales basada en el Patronato, a decir, la misión ordenada por la bienhechora hacia el conquistador. Ambos aspectos pueden visualizarse como lo que Jacques Lafaye nominó “la emancipación espiritual”.³²¹ Sin embargo, habría que apuntar que aún no hubo, en este sermón, un cuestionamiento concreto hacia el sustento de la legitimidad, de hecho, reafirma la inscripción de América en el tiempo universal, gracias a la comunión del conquistador –y su tradicional devoción mariana– con la voluntad de la virgen. Así, en la conmemoración de 1793, aparecen tres identidades narrativas: América, el conquistador y la virgen de Guadalupe.

En el sermón fechado en 1794 hay una clara continuidad: el eje implícito sigue siendo la legitimidad del conquistador frente a América. Sin embargo aparecen aquí nuevos elementos que complejizaron la extensión temporal y las identidades narrativas del relato sobre “la verdadera portentosa historia de nuestra Santísima Madre de Guadalupe”.³²² En un primer lugar fortaleció la condición taumaturga de la virgen morena equiparándola con la función que tuvo el “Arca santa” en la alianza de Dios con el pueblo elegido, Israel: “acá la imagen Guadalupana y mejor Arca de la Alianza del Señor con su madre con la generación verdaderamente escogida y predilecta, con su pueblo especial, con los americanos”.³²³ Al establecer el parangón: Arca de la Alianza – virgen de Guadalupe, Mier definió “legitimidad”; así, dicho concepto era la facultad de un pueblo para dirigirse respetando las leyes. El papel de las autoridades era hacer valer la doctrina cristiana, aún en los tiempos difíciles, como los que le tocaron a Santo Tomás (Quetzalcóatl).³²⁴

Otro aspecto fundamental del sermón fue que identificó el papel taumaturgo de la virgen y sus apariciones en una condición distinta: ésta se presentó en un momento problemático, su aparición retrasa el apocalipsis a favor de una regeneración. A diferencia del sermón de 1793, cuya imagen tuvo una función fundadora, en el de 1794, la mariofanía sirvió para restablecer la evangelización de Santo Tomás. Aquí, los conquistadores fueron relegados a un papel aún más secundario. Pues, como sugirió Mier, los indios no se doblegaron ante el apóstol Santiago ni ante la Señora de los Remedios; sino que, en medio del polvo,³²⁵ éstos se vieron cegados por la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe; así que “en esa misma tarde pusieron luego en plática el negocio de rendirse”. En consecuencia, la virgen morena –llamada así desde entonces–adquirió, en el sermón de 1794, un papel central, eje de la legitimidad de América.

Taumaturga, pues su presencia modera la ira de Dios, Mier puso como ejemplo las inundaciones que afectaron a la ciudad de México, las que le parecieron incluso mayores a las que producía el río Jordán. Este aspecto fue una llamada de atención según Mier. Aquel cuestionamiento implícito en el sermón de 1793, se hizo más claro:

Calmen, Señora, vuestros ruegos los severos rigores que han merecido nuestras culpas, especialmente ahora que los filisteos de Francia insultan y atacan al pueblo de Dios no permitas que triunfen ahora también, Arca verdadera, como allá por los pecados de los hijos de Helí, y quedes tú misma cautiva, porque no te darán estos cuartel como los otros filisteos; ciégalos con polvo, terrible Teotenanzin, para que no vean a los españoles y puedan allá restituirte tu antiguo culto como en la sierra.³²⁶

Este último señalamiento del sermón fue el más problemático, no porque rompiera una tradición respecto al cómo se configuran las legitimidades políticas en lo religioso, sino por el uso de este mismo fundamento para evidenciar que las autoridades peninsulares lo habían olvidado, al menos en los hechos. Posterior al año de 1808, con el secuestro de la familia real, fue común manifestar que esto sucedió por las faltas de las autoridades y, con ellas, cómo se manifestó la influencia del demonio sobre la Monarquía católica. Lo que se mostró en el sermón de 1794, no fue un cuestionamiento a la legitimidad; sino todo lo contrario, reconvino a restablecer el Patronato.

La virgen como eje del pacto colonial y la virgen de causa insurgente

Una vez que se conoció la noticia del secuestro de la familia Real en 1808, las manifestaciones patrióticas en la Nueva España no se hicieron esperar. Bajo esta coyuntura, dos características de la virgen de Guadalupe promovieron su omnipresencia en el discurso de fidelidad al pacto colonial. Por un lado, la instrumentación retórica de su imagen es coincidente con momentos problemáticos; aquí su carácter apocalíptico y de renovación ante los tiempos difíciles. Y por el otro, la guadalupana constituye el eje fundador del patronato Real, como vínculo entre los designios de Dios y la Corona de Castilla para acariciar con su gracia a los americanos. No fue un accidente que haya servido como centro de inspiración de diversas formas discursivas, díganse sermones, alegorías, manifiestos, bandos, cartas, etcétera. De hecho, al menos hasta antes de que estallara la insurgencia, la virgen de Guadalupe fue uno de los centros gravitatorios de ruegos para restablecer el orden divino en España y América.

Sin duda alguna el disenso discursivo se inauguró con la insurgencia encabezada por Miguel Hidalgo. Éste,

…al tomar en Atotonilco el estandarte guadalupano como enseña la campaña, lo hizo con plena conciencia de su valor legal intrínseco, de que se trataba de una imagen jurada territorialmente y no, como hoy se piensa, para valerse de su conocida popularidad, o como resultas de un ardid devocional oportunista o demagógico (la versión de la genial “ocurrencia” fue precisamente la que inventaron sus enemigos). En nombre de una Reina Soberana, al gritar ¡Viva la virgen de Guadalupe! ¡Viva la Religión! se podía justificar el alzamiento contra lo que él mismo llamaba “el mal gobierno” y reclamar justicia para los agravios a los americanos, sus hijos predilectos, pero lastimosamente olvidados de la conciencia real. No casualmente la invocación guadalupana fue lo que más lastimó a su obispo jurisdiccional, el sr. Abad y Queipo, y así lo expresó de manera sobresaliente en su edicto de excomunión. Un dato que me hace pensar que la virgen proporcionaba un salvoconducto discursivo y legaloide para el nacimiento de un nuevo orden: en ese momento el caudillo no se alzó contra la persona legítima del rey, a la que también vitoreó, buscando la adhesión de sus súbditos, sino contra el mal estado en que se hallaba su maquinaria estatal.³²⁷

Esta ilustrativa conclusión de Jaime Cuadriello me permite dar cuenta de una postura pragmática de la cultura política: a diferencia de los primeros trabajos de esta perspectiva, donde la cultura aparece como algo intangible que explica las actitudes de los sujetos históricos, sostengo que la cultura política se puede explicar bajo las condiciones concretas que posibilitan los actos discursivos. Los recursos instrumentados por los discursos políticos poseen una historicidad tangible. Por un lado, preexistieron una serie de elementos lingüísticos que fueron operativos institucionalmente y que se afianzaron en las relaciones de poder colonial. Por el otro, están las coyunturas del pasado reciente, el descontento de los novohispanos ante las disposiciones borbónicas precedentes a la crisis de 1808; y al mismo tiempo, la necesidad de generar relatos que dieran orden a algo que aún no sabían cómo calificar, una suerte de aceleramiento del apocalipsis.

En estas condiciones se promovió una serie de disensos, de los cuales es difícil generar posturas acabadas, pues las coyunturas históricas no permitían fijar una sola posición frente a un tiempo sumamente problemático. El discurso de la insurgencia y el papel retórico que tuvo la imagen guadalupana en el mismo fue sumamente cambiante, pues las intenciones de persuasión se modificaban a la luz de las nuevas condiciones históricas. De hecho, la identidad narrativa de los caudillos tuvo importantes diferencias: Aquí, la manera en la que los caudillos se posicionaron respecto a la legitimidad de la Corona fue fundamental.

En el caso de Hidalgo, Carlos Herrejón cita una prédica de Francisco Lorenzo de Velasco, titulado Sermón que en el cumpleaños del serenísimo señor don Miguel Hidalgo y Costilla, primer héroe de la patria…, pronunciado en Tlalpujahua en el año de 1812. Aquí Velasco comparó a Hidalgo con Moisés, ambos como conductores de una nación sumida en el oprobio; el pueblo de Israel elegido por Dios, México elegido por la virgen de Guadalupe. Se repitió así una expresión constante de los sermones guadalupanos: “No hizo cosa igual por otra nación”.³²⁸ El predicador concluyó su sermón acusando la infamia de los detractores de Hidalgo y rogándole a la virgen la protección del movimiento pues la causa de éste era la de la misma guadalupana. Aunque la figura de Hidalgo se sostuvo en una identidad narrativa comparable a Moises, en el sermón no se vislumbra una escisión con la legitimidad política del monarca Fernando VII. Antes bien, Hidalgo y la virgen de Guadalupe restituyen el Patronato.

La fuerte caracterización de la virgen de Guadalupe como vínculo del pacto colonial, motivó el duro ataque de un discurso contrainsurgente. Nada más violento, más que el terror mismo de la violencia física, fue la espiritual; pues sugería una crisis de las instituciones y los discursos dominantes. No es casualidad que en la instrumentación retórica de la imagen de la virgen de Guadalupe fuera infinitamente superior la contrainsurgente, al menos desde el púlpito.³²⁹ Muestra, el sermón pronunciado por Diego Miguel Brigas en 1812.³³⁰ Aprovechando la coyuntural victoria realista sobre los insurgentes, Bringas sostuvo que esa realidad mostraba la voluntad divina:

…el Dios de los exércitos, ha añadido una espantosa prueba á las muchas que ha dado de que la Insurrección es el objeto de sus iras! Sí: la ilustre victoria conseguida por esta valiente división contra el inexpugnable fuerte de Tenango del Valle, el sábado seis del corriente, por intercesión de María santísima de Guadalupe [...] ayudadme á pedir la gracia del Espíritu divino, por la mediación eficáz de aquella soberana virgen, que habiéndose dignado santificar con sus plantas virginales el suelo feliz de este vasto continente, se obligó con las promesas mas tiernas á escuchar nuestros clamores, y dar favorable despacho á nuestras súplicas.³³¹

Entonces, aludiendo a los mismos argumentos contextuales, que hizo posible la ceguedad de los insurgentes el predicador retomó un elemento paralelo a la operación taumaturga de la virgen. La coyuntura apocalíptica, la presencia del polvo como metáfora del caos histórico. Usó la idea de la oscuridad como caos del polvo, provocado por el viento, el polvo y la paja: viento vivificado por la malicia de los cabecillas y los “doctores presumidos de sabios”³³² confundidos por una filosofía impía y herética (la francesa); el polvo y la paja: la ignorancia de indios y clases bajas respectivamente. Al dar cuenta de esta condición contextual, el sermón de Bringas encontró su finalidad persuasiva: sostener que la soberanía de España sobre América estaba legitimada por la conquista, de tal suerte que ésta era semejante a lo sucedido en otros lugares y temporalidades, donde Dios (dueño del universo) decidió despojar a impíos y “paganos de la Palestina” de sus tierras para dar el Patronato de la misma al pueblo escogido. Así

...Dios calificó esta conquista con visibles y manifiestos prodigios, hasta el extremo de mandar baxar del Cielo á su misma Madre soberana, á santificar esta herencia de sus hijos los españoles, con sus virginales plantas, sobre el dichoso Tepeyac de Guadalupe. ¿Y cual será el impio, que se atreva aun solo imaginar, que la Madre de Dios, que es el espejo de la justicia, habia de echar el sello con su presencia soberana, á una adquisicion tiránica é injusta? ¡Escoged, pues, alucinados, en esta alternativa: ó negar que la dulcísima María de Guadalupe, con un estupendo favor, que segun el oráculo de la Iglesia, no ha hecho á otra nación del Universo, echó el sello con sus sagradas plantas á la conquista de la América, calificándola por justa; ó confesar que no teneis derecho para intentar el despojo de ella á su legítimo Señor!...

Se pueden seguir explicitando coordenadas enunciativas, y todas ellas tendrán su propia lógica interna. Lo que nos lleva a reflexionar que la cultura política, vista desde su historicidad, debe ser explicada en toda complejidad. Cada acto discursivo posee semánticas movedizas pero, al mismo tiempo, contiene un horizonte pragmático, una suerte de prerrequisito lingüístico mediante el cual los sujetos históricos generan relatos de coyuntura. Reconozco que la “mariofanía” guadalupana excede, en cuanto a sus alcances históricos (simbólicos y semánticos), al campo de la reflexión propio de la cultura política de principios del siglo XIX novohispano (y posteriormente, mexicano); sin embargo, explicar su papel como imagen taumaturga, en una suerte de temporalidad política, puede empezar a aclarar cuáles eran las semánticas u horizontes de posibilidad discursivos en un periodo histórico, cuya movilidad conceptual inscribió una serie de incertidumbres que tendrán consecuencias histórico-conceptuales y políticas durante todo el siglo XIX mexicano. El hecho de que, una vez conseguida la emancipación de la metrópoli, se instrumentara la imagen de la virgen de Guadalupe como eje fundamental en la búsqueda de las nuevas legitimidades políticas, no obedeció a un accidente histórico ni tampoco a un elemento de ornato del nuevo Estado Nación; sino que las actitudes políticas de los sujetos históricos tienen una explicación: lo precedente de las prácticas culturales, las relaciones de poder e institucionales, y sobre todo, el desafío de lo inédito.

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10. La secularización atormentada. Reacción conservadora y frecuecia antiliberal en el pensamiento jurídico de Juan N. Rodríguez de San Miguel

Ángel Octavio Álvarez Solís³³³

En tiempos recientes, el inesperado retorno de la teología-política y el advenimiento de los fundamentalismos religiosos implicaron la revisión del debate teórico acerca de la secularización. Las propuestas y perspectivas son variadas y complejas. Para algunos críticos, la secularización no es más que la manifestación del triunfo de la cultura política liberal en el mundo occidental.³³⁴  Para los menos optimistas, la secularización se convierte en un concepto problemático, ya que sirve como índice de realidad y factor de cambio en las sociedades modernas.³³⁵ El grado de modernidad puede medirse así con los grados de secularización de la clase política o la cultura política de una sociedad. Sin embargo, frente a estas perspectivas históricas y normativas de la secularización, el debate en México se ha reducido a una visión estrictamente sociológica de la problemática sin tomar en cuenta las nuevas metodologías para su análisis. En este texto me aproximo al tema del nacimiento de la secularización mexicana a partir del análisis del lenguaje político del jurista conservador Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel (1808-1877). Para desarrollar mi argumento divido la exposición en dos partes. En la primera parte expongo algunas consideraciones metodológicas, así como la tesis acerca de la distinción entre la cultura política liberal y la cultura política conservadora en el México decimonónico, particularmente trato de demostrar que esta distinción es posible gracias a la querella por la secularización. En la segunda parte señalo algunos de los elementos reaccionarios, anticonstitucionales y anti-liberales del lenguaje político de Juan N. Rodríguez para mostrar una de las formas que adquirió el debate sobre la secularización en México. La conclusión es que, a pesar de emplear términos semejantes, la cultura política conservadora se articuló mediante la apropiación de significantes como tradición en oposición a la apropiación liberal de términos como constitución. Por tanto, las querellas políticas del México decimonónico se nutrieron de disputas semánticas previamente establecidas. El debate semántico-político en torno al significado e implicaciones de la secularización no son la excepción.

La legitimidad de los tiempos modernos. Secularización y cultura política

El concepto de cultura política es una invención de la ciencia política norteamericana de mediados de los años cincuenta. Sirvió para anteponerse a la noción de “ideología” del análisis marxista y permitió localizar el estudio de las conductas políticas en las orientaciones subjetivas y las direcciones psicológicas de los individuos hacia los fenómenos políticos.³³⁶ El dato básico de este enfoque consiste en que es posible escudriñar los supuestos fundamentales que gobiernan las conductas políticas. Lo relevante de este primer acercamiento radica en que el concepto de cultura política inmediatamente fue asociado con el concepto de modernización: las orientaciones subjetivas hacia la política permiten tematizar el problema de la transición de una sociedad tradicional hacia una sociedad moderna y, por consiguiente, de los efectos de los procesos de modernización en las relaciones de poder que esto genera. Por consiguiente, si las investigaciones sobre cultura política son investigaciones sobre la modernización de las sociedades y la teoría de la secularización una teoría de la modernidad, entonces la cultura política implica al mismo tiempo el estudio de la secularización de las sociedades. El vínculo entre cultura política y secularización es lo que me interesa tratar aquí.

Siguiendo la historia conceptual desarrollada por Koselleck, el concepto de secularización es un concepto polémico y polisémico que está en disputa semántica desde su origen medieval. Sin embargo, el concepto adquirió una dimensión jurídico-política en la modernidad temprana. Su primera aparición semántica ocurre en Francia en el siglo XVI y significó el tránsito del clero regular al clero secular tipificado por el derecho canónico.³³⁷ Posteriormente, el término amplió su significado jurídico inicial por una concepción política que implicó la expropiación de las propiedades y bienes eclesiásticos. Esto último fue consecuencia de la Paz de Westfalia en 1648, en la cual se discutió ampliamente sobre la posibilidad de que los protestantes en jurisdicción de tierras se apoderasen de los bienes pertenecientes a la Iglesia católica.³³⁸ Por último, el concepto sufrió una transformación radical con la filosofía de la historia presupuesta en la Revolución Francesa de 1789: la secularización, como el progreso o la emancipación, son las categorías que hacen inteligible el curso de la historia y, por esto mismo, el fin último hacia el que tiende la historia de la humanidad. En consecuencia, estos tres significados de la secularización: (a) jurídico-canónico, (b) jurídico-político y (c) hermenéutico-filosófico, confluyen en el siglo XVIII para mostrar la legitimidad de los tiempos modernos, para enfatizar la dirección ilustrada de los tiempos modernos, del neuzeit.³³⁹

En el caso de México, el concepto de secularización se centró en el segundo significado positivo: la expropiación de los bienes eclesiásticos por parte de la nueva administración estatal del México independiente. Los debates iniciados por José María Luis Mora, Lucas Alamán, Rodríguez de San Miguel o el mismo Benito Juárez, son testimonios histórico-intelectuales de cómo el debate sobre la secularización implicó simultáneamente una fundamentación del catolicismo constituyente de la nación mexicana. En el México decimonónico, la separación entre liberales y conservadores tuvo como punto de convergencia el imaginario católico, incluso los liberales más radicales como Lorenzo de Zavala o Miguel Ramos Arizpe nunca negaron su posición católica. Por ello, la secularización fue una problemática que permitía distinguir o aproximar a los diferentes grupos políticos. Más específico aún, debido al tema de la secularización es que se puede distinguir una cultura política liberal de una cultura política conservadora en el México decimonónico ¿Cómo es posible esta distinción?

En México, el conservadurismo político ha sido objeto de negación histórica. La historiografía oficial intentó demostrar que los “enemigos de progreso” fueron grandes críticos del proceso de secularización y, por ende, del proceso de modernización liberal, ya que buscaban abiertamente mantener las estructuras coloniales de administración sin que ello implicase atribuir la soberanía política al monarca español. Para la historiografía oficial, el liberalismo es la filosofía política más acorde con la cultura política mexicana, pues ella es reflejo de la tendencia constitucionalista de las naciones hispanoamericanas y de la construcción moderna de los Estados-Nación. La historiografía oficial utilizó como herramienta de interpretación una noción teleológica del liberalismo en la cual el triunfo liberal en la república, es inevitable.³⁴⁰

Para los fines de este artículo es conveniente preguntarse cuáles son los supuestos fundamentales de la interpretación histórica oficial. Existen, al menos, dos supuestos contrarios entre sí que no fueron problematizados por los historiadores. Primer supuesto: el liberalismo fue una concepción política externa a la cultura política mexicana, particularmente un caso de incompatibilidad entre el modelo liberal europeo y el modelo federal norteamericano con el liberalismo barroco surgido de la nueva nación mexicana.³⁴¹ Esta concepción implica que si existe una cultura liberal mexicana, bajo los mismos supuestos existe una cultura conservadora que, en el caso mexicano, no es más que una distorsión de principios, idearios y valores que subyacen al modelo europeo. En consecuencia, tanto las orientaciones liberales como las conservadoras hacia la política no podían distinguirse por el grado de confesionalidad estatal, sino por la instauración de un Estado laico que no rechace a priori la catolicidad inherente a la nación mexicana.

Segundo supuesto: el conservadurismo mexicano fue un efecto de la implantación de la cultura liberal. Si las ideas conservadoras son el corolario de las ideas liberales, entonces el pensamiento conservador surge dentro del espectro liberal. Si ello es así, no existiría propiamente un conservadurismo mexicano sino un liberalismo conservador que cerraba todas las posibles diferencias entre los grupos políticos de tendencia conservadora en el siglo XIX. Frente a la carencia de una tipología del conservadurismo mexicano, la tipología liberal se asumió como un elemento incuestionable. Así, habría liberales puros, liberales moderados y liberales conservadores que mostraban, nuevamente, el triunfo del liberalismo en México como ideología política dominante y horizonte de comprensión histórica.³⁴² Ambos supuestos no demostrables empíricamente han sido fuertemente criticados por las investigaciones historiográficas de los últimos cuatro lustros.³⁴³

Como puede inferirse, este enfoque historiográfico tiene sus propios límites: comprender las prácticas políticas de los actores en pugna es posible única y exclusivamente si otorgamos prioridad a la lógica de interpretación liberal. La estrategia contraria –comprender la modernidad mexicana a partir de sus detractores– sería a la luz de estos supuestos una hipótesis más que osada, insensata, debido a la ambigüedad discursiva del discurso conservador. En contraste, me interesa abandonar la hermenéutica liberal propia de la historiografía mexicana oficial para superar el prejuicio ya no político sino histórico respecto a los “detractores del progreso” y, por consiguiente, superar los esquemas tradicionales entre liberales y conservadores como dos grupos radicalmente opuestos, o bien como un mismo grupo político con variedades accidentales. Si bien la cultura política de cada grupo tiene puntos en común, también es cierto que el debate sobre la secularización es lo que permitió separar ambas formas de experimentar la política. La querella de la secularización construyó gran parte de las culturas políticas en México.

Una acotación más. Para realizar el análisis de la cultura política mexicana es pertinente emplear elementos históricos que no fueron previamente tematizados para así encontrar otros factores de explicación histórica. Uno de estos elementos lo constituye el lenguaje político de los actores, particularmente el lenguaje jurídico de los conservadores del que poco se ha investigado y, sobre todo, problematizado.³⁴⁴ Por ello, más que seguir utilizando los tipos-ideales “conservador-liberal” de la historiográfica tradicional, se requiere un planteamiento metodológico en el cual el lenguaje de los propios actores tenga prioridad epistemológica. Se trata, entonces, de un complemento historiográfico que permite recuperar las condiciones de intengibilidad del lenguaje jurídico y político de la época para que sean los textos, los debates y las fuentes las que nos ofrezcan indicios de cómo pudieron haberse comprendido a sí mismos los agentes históricos, sin omitir por ello la mediación histórica del investigador. En lo que sigue me aproximaré al lenguaje político de uno de los juristas conservadores más emblemáticos del México decimonónico para mostrar la pertinencia de este tipo de análisis, sin que ello implique descartar otras formas de análisis.

El lenguaje político de Juan N. Rodríguez de San Miguel. Antiliberalismo y reacción católica

Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel nace en la Ciudad de Puebla de los Ángeles, el 6 de abril de 1808, y muere en la ciudad de México en 1877. Abogado, diputado, parlamentario del grupo conservador, Rodríguez de San Miguel destacó por su apasionada defensa del orden colonial y su catolicísimo político militante. Su prestigio como abogado y político católico estuvo apoyado por sus tratados jurídicos que sirvieron de base a la codificación civil del derecho en México. Algunas de sus obras jurídicas mayores como Pandectas hispano-mexicanas, Curía filípica mexicana o su versión anotada del Diccionario de jurisprudencia civil de Escriche son un claro ejemplo de su erudición jurídica, su capacidad de síntesis y su espíritu negociador. Debido a este amplio conocimiento del derecho, Nepomuceno fue considerado para la elaboración del texto constitucional de 1842 y para las deliberaciones previas a la Constitución de 1857. En efecto, el lenguaje político de Rodríguez de San Miguel estuvo marcado por la primera reacción antiliberal a la Constitución de 1824 y condicionado por sus intervenciones públicas como diputado, publicista y escritor católico. La primera intervención pública registrada que se tiene del autor es el discurso pronunciado en 1842 en contra del proyecto constitucional liberal de 1847.³⁴⁵ Las razones de su oposición se debieron a múltiples factores. Uno de ellos es su anticipación de que en México existía un fracaso constitucional condicionado por la falta de una cultura política liberal. El apoyo argumental de su tesis era la consideración de que en México no podría instrumentarse una constitución de corte liberal, ya que en el país lo que existe de facto es una cultura política monárquica. Una constitución ajena a las prácticas, costumbres y ethos de la población tendería ineluctablemente al fracaso.

Para demostrar la inviabilidad constitucional, Nepomuceno realizó un análisis de las implicaciones normativas del texto constitucional. Anticipándose a los hechos por venir, consideró que algunos principios constitucionales tendrían un efecto negativo debido a que no estaban en consonancia con las costumbres jurídicas y las prácticas políticas del país, hecho “cuyo seguro resultado es la desecha anarquía, que estamos obligados a precaver por medio de la Constitución”.³⁴⁶ La falta de previsión en los resultados fue, en consecuencia, el principal defecto del proyecto constitucional: la carencia de prognosis por parte de sus defensores liberales. Cómo puede apreciarse, Nepomuceno tuvo algunos diagnósticos “proféticos” propios de los críticos conservadores de la modernidad política, principalmente del argumento burkeano de la imposibilidad de pensar las consecuencias no deseadas de la acción política e, incluso, la consideración extravagante del filósofo extremeño Donoso Cortés acerca de la secularización. Para Donoso, la secularización es la negación de Dios por el ídolo de la modernidad, es el ateísmo del Estado que anuncia proféticamente la apropiación de lo divino por parte del diablo.³⁴⁷ Rodríguez de San Miguel parece estar en consonancia teórica con la filosofía reaccionaria del extremeño.

No obstante, el mayor defecto del proyecto constitucional que advierte Rodríguez de San Miguel fue el alcance y límite establecido al poder político. El diputado poblano introduce una noción nueva ajena al debate público mexicano: las garantías de la autoridad. Si las garantías individuales buscan limitar el poder del Estado sobre los ciudadanos, las garantías de la autoridad sirven de contrapeso a los abusos de los individuos en contra de la autoridad política. La estrategia de Nepomuceno es poner a Locke de Cabeza e invertir el Leviatán de Hobbes. Es por ello que acepta el principio liberal de la limitación del poder basado en la máxima “toda autoridad que no tiene límite tiende al abuso”, pero critica el olvido de las funciones positivas de la autoridad política: garantizar el orden civil y establecer las condiciones para el desarrollo del bien común. Este debilitamiento de la autoridad política es el resultado de una mala aplicación y comprensión de las garantías individuales. Para nuestro autor, el concepto de autoridad tiene prioridad normativa sobre el de legitimidad o constitución y, por tanto, su manera de comprender la cultura política pasa necesariamente por las prácticas, representaciones y valores del Antiguo Régimen.

En un gesto abiertamente antiliberal, Rodríguez de San Miguel revisó críticamente algunos de los supuestos en los que se fundamenta la teoría y la legislación mexicana respecto de las garantías individuales. En primer lugar, cuestiona los efectos de la Constitución en las formas en que los ciudadanos conciben la política, el derecho y la religión. En segundo lugar, analiza detalladamente qué se entiende por garantías individuales, poder regulador y la noción de libertad implícita en el texto constitucional. Por último, muestra la relación problemática entre la libertad civil y la esfera religiosa si no se toman en cuenta las perspectivas teológicas del poder político; así como los inconvenientes de regular el poder político como un impedimento de autoridad.

En el primer caso, Rodríguez de San Miguel, cercano a los planteamientos monárquicos de Gutiérrez Estrada,³⁴⁸ argumenta que la falta de cultura de legalidad y la anomia generalizada son resultado de la falta de comprensión del ethos monárquico de los legisladores constituyentes. El abogado poblano argumentó que la cultura liberal, entendida como la defensa irrestricta de la libertad personal, la disolución jurídica de los fueros y estamentos mediante la distribución igualitaria de la ley; aunado a la libertad de prensa, de pensamiento y de cultos como una expresión del valor fundamental de la autonomía personal, difícilmente puede instrumentarse sin un dispositivo simbólico de autoridad de corte monárquico. Es por ello que considera peligrosos los efectos de la constitución en la protección del bien común, pues no se ajustan al resto de la cultura política de la población. Además, rechaza la creencia en la corrección paulatina de la sociedad, por lo cual no será más que un testimonio anquilosado del optimismo ilustrado defendido por los liberales. Por tanto, en el pesimismo antropológico de Nepomuceno ante las posibilidades emancipadoras de la humanidad se encuentra gran parte de su crítica al liberalismo constitucional apoyado en su retórica de la intransigencia.

En el segundo caso, Rodríguez de San Miguel considera que las concepciones liberales de la “libertad de prensa” o la “libertad de culto” son derechos problemáticos porque son acciones concretas que atentan contra el bien público. La libertad de prensa es un derecho operativo que implica una acción: la libertad de obrar. La libertad de imprenta, a su vez, implica la publicidad de las ideas. Ambas libertades pueden atentar contra la preservación del orden civil y, por lo mismo, justificar la sedición social y la falta de respeto a la ley. Entonces, el problema que encuentra con los dos tipos de libertades “liberales” previamente señaladas es que la libertad de pensamiento puede realizarse en la esfera privada sin que ello implique ninguna perturbación pública. Por el contrario, la libertad de prensa y la libertad de cultos afectan necesariamente lo público. Incluso, afirma el autor, en la propia redacción del proyecto constitucional se señalan las condiciones de penalización del uso de las ideas. Esta contradicción basada en la dicotomía público-privado es problemática únicamente para la argumentación liberal.

En su reconstrucción del documento constitucional se lee lo siguiente: “La libertad de ideas está fuera del poder de la sociedad: su manifestación privada en el seno de la familia o de la amistad, no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial, y su exposición sólo será un delito en caso de que ataque los derechos de otro, o de provocación de algún crimen: la ley fijará terminantemente estos últimos casos”.³⁴⁹ En este caso, lo importante es que Nepomuceno utiliza este ejemplo jurídico para mostrar la inviabilidad de la formulación del derecho a la libertad de prensa en el proyecto constitucional, su error de fundamentación. El argumento en contra consiste en mostrar que en la libertad de pensamiento se reconocen casos donde expresar una opinión es abiertamente un crimen; además de reconocer un uso privado y un uso público de tal ejercicio –id. est. establecer restricciones jurídicas a tal derecho–. Sin embargo, esto no ocurre con la libertad de prensa y con la libertad de cultos, por lo tanto, se pueden producir efectos negativos en el orden civil sin que el texto constitucional los tenga previstos.

Al respecto, llama la atención el temor de Nepomuceno por la publicidad de las ideas al enfatizar la instancia “doméstica, confidencial y amistosa” en la que las ideas deben permanecer y, más aún, su recelo porque el proyecto constitucional no lleve hasta sus últimas consecuencias el uso público de la razón: el uso de esa “libertad plena, absoluta y sin modificación”.³⁵⁰ En este temor por la publicidad de las ideas encontramos parte de la actitud antiliberal de nuestro autor, ya que considera que la libertad de prensa puede provocar falta de respeto a la autoridad política, principalmente una desvalorización del texto constitucional y, por consiguiente, conducir a un estado de sedición proclive a la anarquía. El temor al estado de excepción es eminente. Es por ello que en la libertad de prensa está el germen de la anomía colectiva y, lo que es peor aún, esta posibilidad fáctica de la anomia está protegida constitucionalmente. Las garantías constitucionales no garantizan el orden civil. En esto radica la primera contradicción de una constitución excesivamente liberal –concluye Rodríguez de San Miguel– y, en este sentido, se puede apreciar su espíritu antiliberal que no por ello es directamente anticonstitucional. El proyecto constitucional no puede reducirse a su variante liberal; por el contrario, debe completarse con el espíritu monárquico que subyace en las actitudes políticas de los mexicanos.

Respecto al tema de la secularización de los bienes y las ideas, Nepomuceno es uno de los grandes críticos de la tolerancia religiosa. Su principal ataque reside en los temas estrictamente religiosos del proyecto constitucional tal y como es el caso de la libertad de culto. Para el jurista poblano, el principal escándalo de la nueva redacción constitucional consiste en el papel secundario y subalterno que se le otorga al reconocimiento jurídico de México como nación católica. Si en la Constitución de 1821 (artículo 1, Capítulo I) se reconoce este elemento católico como primordial, en el proyecto para la nueva constitución se convierte en un tema secundario al descender al nivel de las atribuciones y divisiones de poder (capítulo V). En líneas generales, su temor radica en que el catolicismo pierda importancia como religión de Estado y que, paulatinamente, se prepare el camino para la tolerancia religiosa.

Desde la primera constitución de 1821 hasta la de 1857, se concede que México es una nación católica que no permite el ejercicio de alguna otra. En cambio, con el nuevo proyecto de Constitución (1842), la religión católica sigue siendo la religión de la nación, pero lo que no se permite es el ejercicio público de alguna otra. En este último elemento –observa Nepomuceno– subyace el abuso liberal de la nueva Constitución: “Protesto con toda sinceridad que no he creído ni remotamente que la comisión ni ninguno de sus individuos, se hayan propuesto al redactar este artículo, que surta los efectos que hoy voy a hablar, sino que de hecho los surte por la palabra público que se le ha agregado”.³⁵¹ De modo que si la única religión pública y amparada jurídicamente es la católica, entonces el ejercicio de otras religiones no merece sanción siempre y cuando no se profesen en público. Sin embargo, este detalle “anómalo” no permite distinguir los tipos de ejercicio religioso: la libertad de culto interno, la libertad de culto externo privado y, por último, la libertad de culto externo público.³⁵² Por consiguiente, nuestro autor considera que esta apertura invisible es un engaño de los liberales para ampliar y emplear en su favor la dicotomía público-privado. Sus argumentos son los siguientes.

Según el jurista poblano, la libertad de culto interno es la que se empleó en las constituciones previas al proyecto de 1842. Esta tipificación evitaba abusos públicos por parte de otras religiones, ya que la autoridad política podía sancionar las manifestaciones públicas de las religiones no católicas. En constraste, la libertad de culto externo privado es la forma en que se instrumentó la redacción del nuevo proyecto constitucional y, por extensión, es la que permite la libertad de culto externo público. Esta prescripción le parece inadmisible a nuestro autor por el hecho de que potencializa la tolerancia absoluta. En consecuencia, la tolerancia religiosa es uno de los elementos que más le preocupan a Nepomuceno y por las cuales combate a los liberales con su retórica anticonstitucional. Le preocupa que sea la propia legislación mexicana la que despeje el camino para la pluralidad religiosa; le atormenta que del derecho se pase al hecho y, peor aún, que se reconozca que si se ha creado un derecho para proteger a ciertos grupos es porque existen prácticas religiosas no católicas en México.

Como se puede apreciar, nuevamente surge la preocupación por los efectos no deseados de una legislación, a saber: la pluralidad religiosa defendida por el sector liberal.³⁵³ Tales efectos pueden ser diplomáticos, gubernativos o de policía, pero los que serían inadmisibles serían los conflictos diplomáticos surgidos por la protección de credos religiosos ajenos a la nación mexicana. La oposición radical de Rodríguez de San Miguel se debe tanto a la coherencia religiosa con la cultura de su país como a criterios pragmáticos: para evitar inconvenientes futuros y prever malestares sociales, los legisladores deben producir leyes que no perjudiquen a su población. Por tanto, la creación de leyes anticatólicas o bien de leyes que beneficien a religiones protestantes es una contradicción con la dinámica social mexicana, una contradicción con la auténtica cultura política mexicana. La profesión de religiones protestantes tendrá que estar sometida a la clandestinidad y el anonimato y, por consiguiente, ser sancionada si se descubren en el ámbito privado como el público. En situación hipotética nos advierte el peligro público del protestantismo: “yo que vengo de remotos países, podré, con tal que sea a puerta cerrada, celebrar en mi casa con mis criados y criadas mexicanas, mi cena calvinista, u otras ceremonias y ritos de otras sectas… ¿Qué poderosas circunstancias nos estrechan a prepararnos desgraciadamente la necesidad de la tolerancia?”.³⁵⁴ Por tanto, defender constitucionalmente la tolerancia religiosa es atacar directamente a la soberanía de la nación puesto que si el catolicismo es la seña distintiva de la identidad nacional, el protestantismo o alguna otra confesión religiosa no sería más que la introducción de elementos ajenos a las prácticas comunes de la población, elementos ajenos a su cultura política distintivamente católica.

En suma, el lenguaje político de Rodríguez de San Miguel es uno de los testimonios históricos que se disponen para mostrar cuáles fueron las condiciones de inteligibilidad del debate en torno a la secularización previo a la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma. Su estudio histórico y análisis semántico-argumental permiten apreciar cómo, en ocasiones, los debates políticos tienen su antecedente en debates semánticos de cómo definir y entender los términos de discusión política. En este caso, la semántica política de nuestro autor nos permitió mostrar una faceta de la cultura política conservadora en el México decimonónico y, sobre todo, la importancia del tema de la secularización en la construcción de la nación mexicana. Lo relevante en tal caso es la difícil secularización mexicana que, nuevamente, se ampara en recursos de la tradición para justificar criterios de acción política.

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Villacañas, José Luis, Universidad de Murcia, Murcia.

11. Tomar la palabra por escrito. Las cartas de lectores del periódico El Sol, 1829-1832

Laura Martínez Domínguez

En la Nueva España, a partir del restablecimiento de la libertad de imprenta en 1820 y tras la consumación de la independencia de México el año siguiente, se conformó un amplio debate público político sobre la formación de la nueva nación. Precisamente, en 1821 se fundó el periódico capitalino El Sol, cuya larga trayectoria de 1821 a 1835 (divida en tres épocas), le permitió sumarse a los caudalosos ríos de tinta de las primeras décadas del México Independiente. Ríos de folletos mucho más que de periódicos, vale la pena mencionar.³⁵⁵ En esta “toma de palabra”, no sólo los editores, políticos y hombres de letras tomaron la pluma y la imprenta, sino también parte del escurridizo “público”. El objetivo de este trabajo es intentar aproximarme a lo que escribió y opinó este “público” de su gobierno, de sus autoridades, y de sus propias experiencias de lo político. Para ello analizaré las cartas de lectores que publicó El Sol en su tercera época (1829-1832), como una práctica periodística, es decir, como una práctica de la cultura política que ejercía una parte de la sociedad.³⁵⁶

Respecto de lo dicho líneas arriba, debo hacer unas aclaraciones. En primer lugar, no teorizaré sobre el concepto de “cultura política”, aunque desde luego parto de la idea de que ésta comprende un conjunto de ideas, comportamientos y prácticas que comparte una sociedad en relación con la política. En otras palabras, cómo las personas hacen y piensan las relaciones políticas.³⁵⁷ Mi punto es estudiar el ejercicio de la “cultura política”, es decir, la acción. Por ejemplo, mandar por escrito una opinión política a un diario para su publicación. En segundo lugar, debo definir qué es una carta de lector. Desde el siglo XVIII, en las publicaciones periódicas novohispanas, existían dos secciones denominadas “comunicados” y “remitidos” en las que se aseguraba que se reproducían las misivas de los lectores. Aquí es preciso distinguir que un “remitido” era una carta particular, privada, la cual, por diversos motivos se decidía dar a conocer; mientras que los “comunicados”, aparentemente, fueron elaborados expresamente para su publicación. Este trabajo examina sólo los comunicados, por lo que de aquí en adelante utilizaré de forma indistinta los términos cartas, correo de lectores y comunicados. Cuestiones sobre la veracidad y el uso de este correo por los editores del periódico serán abordadas más adelante. En tercer lugar, es pertinente aclarar por qué he elegido la tercera época (1829-1832). Para empezar, este período corresponde a la última época del periódico, la cual, al igual que la primera etapa (1821-1822) han recibido poca atención. De esta manera pretendo matizar la percepción monolítica que ha construido la historiografía en torno a El Sol. Esta visión se ha construido basándose en la segunda época del diario (1823-1828), calificándolo como vocero de la logia escocesa y de tendencia política “conservadora”.³⁵⁸ Si bien es posible que el periódico llegó a ser propiedad y promotor escocés, lo fue sólo en un tiempo determinado. En un mismo sentido, se observará que la filiación del El Sol lejos de ser “conservadora” hablaba un lenguaje liberal.³⁵⁹

El artículo se divide en tres partes, en la primera sección, considero que para explicar y comprender lo que representaba la práctica de enviar en una carta una opinión para su publicación, es necesario examinar sus bases en el siglo XVIII. Mi intención está en mostrar el paso de una práctica literaria a una política. En la segunda parte, abordaré el estudio de caso de El Sol en el que analizaré el número, procedencia, contenido y autoría de los comunicados, así como algunas estrategias de los editores; y al final expondré mis conclusiones.

La política está en otra parte. Las cartas de lectores en las publicaciones novohispanas.

Este apartado está lejos de ser un rodeo. El objetivo está en demostrar que el ejercicio de una “cultura política” no se expresa en el vacío. Es inquietante encontrar muchos estudios donde señalan el surgimiento, casi por espontaneidad, de nuevas culturas políticas, nuevas sociabilidades, nuevos lenguajes en la primavera de 1808 o del 28 de septiembre de 1821.³⁶⁰ Como si el siglo XVIII nunca hubiera existido o como si todos aquellos protagonistas: Lucas Alamán (1792-1853), José María Tornel (1789-1853), José María Luis Mora (1794-1850), Antonio López de Santa Anna (1795-1877), junto con el resto de los habitantes de la época, no hubieran nacido y se hubieran formado y educado en los últimos años del régimen colonial. Si no consideramos un período anterior podemos caer en una miopía al sostener que todo es nuevo, más cuando se trata de transformaciones culturales, las cuales suceden muy lentamente en el tiempo.

Desde el siglo XVIII en la Nueva España existía la práctica de mandar cartas a la prensa, pero no se trataba de una acción común a toda la gente. Pues debemos considerar factores excluyentes como el costo de enviar una epístola a la imprenta u oficina editorial del periódico. Asimismo, las facultades de saber leer y escribir reducen el perfil del autor. Por otra parte, no existía una gran oferta periodística, pues entre 1722 y 1810 se publicaron –con licencia– apenas alrededor de catorce títulos diferentes.³⁶¹

Publicaciones periódicas como la Gazeta de México, la Gaceta de Literatura y el Diario de México daban cabida a las misivas de una parte del público. De esta forma era posible manifestar alguna inquietud literaria o científica, pero no política debido a la censura previa y represiva. Y es aquí dónde tenemos un punto esencial: no existía la libertad de imprenta. Para publicar un impreso de manera legal, se tenía que contar con un privilegio real (censura previa), sólo el trámite de permiso podría tardar años. Ya una vez publicado, la Inquisición podía censurar el texto, haciéndose acreedor el impresor, autor, dueño y lector a penas canónigas y económicas (censura represiva). Entonces, ¿era posible discutir públicamente por escrito de política en la Colonia? Si bien existieron algunos casos esporádicos, éstos no se efectuaron en la prensa, sino en otro tipo de impresos, como los folletos. Por lo tanto, las cartas de los lectores publicadas en los periódicos no contenían opiniones políticas. El debate en la prensa desde luego que existía, pero se realizaba en el campo de la estética literaria.

Por ejemplo, el Diario de México (1805-1817), primer cotidiano de la Nueva España. Al respecto de las normas de colaboración del “público” se señalaba lo siguiente: “Se dará lugar a las cartas, discursos, y otras composiciones que se nos remitan, siempre que lo merezcan, que puedan servir de diversión, cuando no traigan otra utilidad, y que guarden las leyes del decoro, el respeto debido a las autoridades establecidas, que no se mezclen en materias de la alta política y de gobierno y que no ofendan a nadie”.³⁶² Reparemos ahora en una carta publicada el 7 de octubre de 1805 en el Diario de México:

Señor Editor: Toda la gracia, o todo el chiste de los graciosos de las comedias, consiste por lo regular en dichitos sobre glotonerías, sobre cobardías, sobre alcahuetería o sobre chismería. Comúnmente son hambrientos, e interesados, aunque sean criados confidentes de grandes personajes, cobardes, terceros o chismosos. Es preciso pasar por mil impropiedades, e impertinencias para encontrar una gracia. […] La comedia intitulada La Suegra y la nuera, es un modelo. Ninguno de los personajes que la componen es nuevo en el mundo. […] Lo dejo Señor Editor […]. Aseguro a V. Que las impertinencias y majaderías de los próximos den harta materia para hacer reír a todo el que las mirar desde lejos, y con frescura. Dramálogo.³⁶³

Con este caso quisiera que, además de notar el elocuente tono y tema de esta sencilla crítica, nos interrogáramos sobre la identidad de los autores de esas cartas. Algunos historiadores sostienen que los autores de estos debates eran hombres de letras o de la llamada República de las letras. Estos individuos eran integrantes de la sociedad literaria “Arcadia Mexicana”, miembros del Real Colegio de Abogados e incluso periodistas como el famoso Joaquín Fernández de Lizardi.³⁶⁴ En otras palabras, estamos frente a un público muy reducido. Escaso también, e irregular era el espacio físico que los periódicos destinaban a sus lectores. Salvo casos extraordinarios, no se sacaban a la luz continuamente ni tenían como sección un espacio fijo. Por consiguiente, aunque se puede señalar que la práctica de mandar cartas era “familiar” para cierto público, estaba lejos de ser un hábito masivo.

Con este panorama restrictivo del contenido de las cartas de lectores no quiero decir que las personas no emitían opiniones críticas sobre temas de interés general. Sí lo hacían, pero en otros medios de comunicación como las murmuraciones, diarios privados, misivas, coplas, manuscritos, hojas sueltas, pasquines y folletos entre otros. Expresiones políticas que por lo regular fueron acusadas y castigadas.³⁶⁵ Igualmente, a pesar de la censura, la sociedad novohispana no era ajena a la circulación internacional de ideas en general y de ideas políticas en particular. Aunque no podemos explicar a cabalidad cómo la gente adaptó a su realidad el pensamiento de la Ilustración, ya es posible señalar la intensa circulación de literatura ilustrada prohibida, que iba desde la pornografía, pasando por la comedia hasta los tratados de filosofía política.³⁶⁶

En síntesis, tenemos por un lado el incipiente hábito de una parte de la sociedad de mandar sus opiniones a la prensa; y por otro, la discusiones veladas y clandestinas sobre política. Lo que quiero mostrar a continuación es dónde se juntan la práctica de enviar misivas con el contenido político. Conjunción que se evidencia en las opiniones públicas políticas por escrito plasmadas en las cartas de lectores. El factor crucial para esta transformación es la libertad de imprenta y el año clave: 1820.

A pesar de que el “Decreto de 10 de noviembre de 1810. Libertad política de imprenta” de las Cortes de 1810 y del artículo 371º la Constitución gaditana de 1812 establecían la libertad de imprenta, este derecho se ejerció de forma efímera en la Nueva España a finales de 1812.³⁶⁷ Finalmente, fue hasta el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820, cuando los novohispanos tomaron la palabra de forma extraordinaria. Lo cual se puede constatar por la formidable cantidad y por el contenido político de los papeles y manuscritos publicados en la Nueva España entre 1820 y 1821.

Según las cifras que nos proporcionan Amaya Garritz en su recopilación Impresos novohispanos, 1808-1821, y Nicole Giron en su catálogo Folletería mexicana del siglo XIX, encontramos que entre 1808 y 1819 se producía un promedio de 258 impresos por año; en contraste con el salto entre 1820 y 1821, que en promedio se obtuvo la cifra de 1092 papeles por año. La gráfica 1, que presento a continuación, permite ilustrar la evolución de la edición novohispana entre 1808 y 1821.³⁶⁸

Gráfica 1.³⁶⁹

Los impresos publicados entre 1820 y 1821 en la Nueva España tuvieron en su mayoría las siguientes particularidades físicas: eran de corta extensión, es decir, de una a cuatro páginas. Su tamaño era por lo regular de 14 x 20 cm, (in 4° chico) o de dimensiones menores, es decir, de un formato que probablemente facilitaba una lectura corta y rápida. Asimismo, resalta la preponderancia de los anónimos. En cuanto a los lugares de edición de los impresos, la ciudad de México concentra un aplastante 79% del total, seguida de Puebla con 14% y muy lejos Guadalajara con 3%.

Además del salto revolucionario en la producción, la transformación más importante de los impresos de 1820-1821 concernió al tipo de contenido, pues giró en torno a las opiniones políticas de sus autores. Así, bajo el amparo de la libertad de imprenta y tras la consumación de la independencia, el centro del debate público fue la construcción de la nueva nación. Este debate público fue protagonizado no sólo por la República de las letras sino también por otras voces de la sociedad. Uno de esos espacios para opinar de política lo constituyó el correo de lectores de El Sol.

La política está aquí. Las cartas de lectores del periódico El Sol, 1829-1832³⁷⁰

La historiadora Laurence Coudart, pionera en el estudio del correo de lectores, ha caracterizado a éste como un espacio público donde se puede analizar tanto al público como las estrategias periodísticas de los editores de El Sol. Al respecto, ella sostiene que:

Al abrir sus columnas a los lectores, El Sol, que proclama la importancia del público y afirma que éste debe jugar un papel, introduce a la vez la sensación de amplitud y de número. […] El periódico ofrece así una suerte de “servicio” que le permite definirse como un mero intermediario –un mediador– indispensable. Permite al lector defenderse públicamente, responder a la calumnia, […] promover cierta ambición política personal[…] al amalgamar el interés particular y el general, que se entremezclan con su línea editorial, propicia una sensación de unidad de incluso de adhesión, de consenso acerca de su discurso.³⁷¹

Los comunicados por lo general inician con una presentación: “Sres. editores de El Sol”, exponen el tema y se despiden cordialmente, suscribiendo al final su nombre o su seudónimo. Entre las expresiones más usadas por los autores de los comunicados tanto para incorporarse a una comunidad, como para hablar en su nombre fue la de “público”, como observamos a continuación: “Se asegura en el público”, “en cumplimiento de lo ofrecido en los anuncios que han dado al público”, “se sirven transmitir al público la presente indicación”, “tuve el honor de presentar al público mis observaciones.”

Número y desarrollo de los comunicados

El espacio que El Sol dedicó a sus lectores se fue modificando en el tiempo. Laurence Coudart señala que el diario fue otorgando mayor publicidad a sus comunicados. Por ejemplo, entre 1823-1824 48% de los números publicaron cartas; en contraste, para 1829-1830 representan 70%, es decir, casi el doble.³⁷²

El análisis estadístico de toda la tercera época (1829-1832) permite aproximarse a la comunidad de lectores. En total se publicaron 1330 comunicados, con una presencia en promedio de una carta por día. Las características cuantitativas más sobresalientes son las siguientes: En primer lugar, la tendencia general en la publicación de comunicados estuvo en declive; y en segundo lugar, el año de 1830 tuvo 36% de todas las cartas, como lo sugiere el cuadro 1.

Cuadro 1. Totales y porcentajes de los comunicados de El Sol
(julio 1829-diciembre 1832)

Años | Totales | Porcentajes
1829 (julio–diciembre) | 272 | 21%
1830 | 481 | 36%
1831 | 312 | 23%
1832 | 265 | 20%
Total | 1330 | 100%

Usos de las voces políticas. La estratégica procedencia de las cartas.

Una de las primeras interrogantes en torno a las cartas de lectores es la de su autenticidad. En efecto, los comunicados podrían representar las opiniones de personas “reales” que mandaron sus cartas al cotidiano, de tal forma que éstos, al ser publicados “a la vista de todos”, estarían constituyendo un foro abierto y accesible, de hecho, un espacio público. Pero también cabe la posibilidad de que las cartas fueran “colaboraciones ficticias”, o bien es probable que los comunicados sólo conformaran una selección de aquellas personas que escribieron al cotidiano. En este sentido, los comunicados podrían ser un espacio hasta cierto punto “diseñado”. Parte de esta estrategia consitiría en dos puntos: a) dar la imagen de que El Sol era leído en gran parte del territorio nacional y b) que este “público” estaba respaldando su línea editorial. Por lo tanto, estamos frente un proceso de selección, edición y tal vez invención de los comunicados cuya frontera es difusa, pero no lo suficiente como para impedir reastrear huellas humanas.

De las 1330 cartas publicadas, 74% (981 en cifras absolutas) indicó el lugar de procedencia, lo que permite afirmar que la ciudad de México tuvo una considerable preponderancia. El predominio de la capital podría explicarse por las malas condiciones de las vías terrestres de comunicación, por el caótico servicio de correo, y porque probablemente existieron espacios periodísticos “separados” que intentaron tener cierta autonomía del poder político y económico de la ciudad de México.³⁷³ Aunque estas razones hayan repercutido en la evolución de los comunicados de El Sol, tal vez su transformación tuvo otras causas.

El cuadro 2 traza la evolución del lugar de procedencia de las cartas y confirma la hegemonía de la ciudad de México. Estas cifras también permiten sugerir que para 1832, la mayor parte de los comunicados provenían de la capital; en contraste con las cartas del “público” de provincia que técnicamente desaparecieron de las columnas del diario.

Cuadro 2. Distribución geográfica de los comunicados de El Sol
(julio 1829-diciembre 1832)

Lugares
1829
(julio–diciembre)
No. de cartas y
(%)
1830
No. de cartas y
(%)
1831
No. de cartas y
(%)
1832
No. de cartas y
(%)
Totales

Ciudad
de México
140
(51%)
211
(44%)
212
(68%)
193
(73%)
756
(57%)

Sin lugar
96
(35%)
130
(27%)
72
(23%)
51
(19%)
349
(26%)

Provincia
36
(13%)
140
(29%)
28
(9%)
21
(8%)
225
(17%)

Total
272
481
312
265
1330

En el año de 1830 se puede observar aumentó inédito del número de comunicados de provincia. Una posible causa de que en 1830 El Sol publicara más cartas fuera la ciudad de México está en el contexto histórico y en los lugares específicos de provincia.

Desde diciembre de 1829, El Sol se había mostrado partidario de El Plan de Jalapa, y consecuentemente solidario con la primera administración de Anastasio Bustamante (1830-1832) emanada de dicho Plan. Uno de los propósitos del gobierno jalapista fue la destitución de los gobernadores y de las legislaturas de algunos estados. El argumento de la administración bustamantista para remover esos gobiernos era que no habían sido legítimamente elegidos.³⁷⁴ De esta manera, en 1830 las entidades federativas que iniciaron el cambio de sus legislaturas fueron: Jalisco, Michoacán, Querétaro, Durango, Tamaulipas Tabasco, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y Chiapas.

Respecto a la procedencia de los comunicados, el mayor número de cartas de provincia se registró en 1830, al igual que las destituciones de los gobiernos estatales. En 1830 la mayor parte de las cartas de provincia provenían de los estados de México, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y Veracruz. ¿Fue coincidencia que hayan sido los mismos lugares? Desde luego que no. Por ejemplo, es sugerente la siguiente editorial de junio de 1830 en torno a los comunicados provenientes de San Luis Potosí en contra del gobernador Vicente Romero:

No sólo por el antecedente comunicado, sino por otros que se nos han remitido de San Luis Potosí, se advierte que el Sr. Romero, gobernador de aquel estado, da desde luego motivos con su conducta como funcionario público para que algunos ayuntamientos y particulares representen contra el supremo gobierno. Pero lo notable es que persiga y mande sumariar a los quejosos que acaso tienen la razón de su parte.³⁷⁵

¿El Sol formaba parte de las estrategias políticas del gobierno jalapista? No necesariamente, aunque los comunicados sirvieran como un discurso para reforzar y legitimar el ataque de la administración bustamantista a sus opositores, esta importante presencia de provincia fue momentánea, ya que para 1832, sólo 8% de las cartas “publicadas” venían fuera de la capital.

Una quimera. Tras la identidad de los autores

Cómo mencioné anteriormente, los autores de las cartas de lectores de las publicaciones novohispanas eran hombres de letras. Tras casi diez años del ejercicio de la libertad de imprenta y de estar forjando una nueva nación, vale la pena preguntarse si el “público” que mandaba cartas a los diarios se había ampliado, y si ese cambio podría observarse en el perfil de los autores de los comunicados de El Sol. Para responder a estas cuestiones existe un problema inmediato, ya que 72% de las 1330 cartas eran anónimas, como lo indica el cuadro 3.

Cuadro 3. Cuantificación general de los autores de los comunicados de El Sol
(julio 1829-diciembre 1832)

Autores
1829
(julio–diciembre)
No. y (%)
1830
No. y (%)
1831
No. y (%)
1832
No. y (%)
Total y
(%)

Anónimos
179
(66%)
339
(70%)
234
(75%)
208
(78%)
960
(72%)

Nombres
93
(34%)
142
(29%)
78
(25%)
57
(22%)
370
(28%)

Total
272
481
312
265
1330

El anonimato es una de las carácterísiticas propias de la prensa de la época, inclusive los editores de El Sol no suscribían sus firmas o identidades en éste. Algunas de las razones para esconderse era desde la simple y llana modestia, hasta una preferencia por emplear seudónimos o sus iniciales para hacer acusaciones más fuertes sin tener el miedo de ser denunciados por difamación.

La preponderancia en el número de seudónimos permite identificar dos aspectos significativos en cuanto a formas tal vez “codificadas” de comunicarse entre los autores de los comunicados. En primer lugar, es posible localizar una especie de seudónimos a modo de contestaciones. De ahí que se encuentran los siguientes ejemplos: a “El amante de la policía” le responde “El verdadero amante de la policía.” Si “Un buen mexicano” opina respecto a los buenos modales, el “Otro buen mexicano” añade nuevas observaciones a lo dicho por el que le precedió. Asimismo otros autores adecuaban sus “ingeniosos” seudónimos según al asunto que estaban comentando. Por ejemplo en torno al pésimo estado del mobiliario del teatro: “Los que tienen aprensados sus pies y piernas porque así les plugo a algunos señores abonados”, a los que se unen en su protesta: “Los amantes de la comodidad común”.

En segundo lugar, es posible esbozar un hilo conductor en el tono de los seudónimos, pues es posible calificar a una parte de los autores como “los amigos del orden”. De hecho, desde 1829 encontramos seudónimos como: “El amigo de la ley”, “El amigo del bien público”, “Los verdaderos defensores de la constitución y las leyes”, “Un amigo del orden”, “El constitucional”, “El amante de la justicia”, “El celoso de la seguridad pública”, “El observante de la ley”, “El amante de la justicia y del reposo público”, hasta seudónimos quizá menos ingenuos como: “El enemigo de los revolucionarios”.

Este juego de “complicidades” en donde quizá las personas se conocían entre sí, ha dificultado el tratar de establecer la identidad de los autores. Sin embargo, se logró identificar 35% (466) de todos los autores de los comunicados. No obstante, estas consideraciones sobre las identidades deben tomarse como una aproximación general, de la cual presentamos aportaciones importantes. La mayor parte de los autores que suscribieron su nombre completo fue para defender su honor y promover a otros individuos o su persona. La defensa del buen nombre de los autores de los comunicados representaba uno de los temas más importantes.

En un primer momento creía que los autores que iba a encontrar pertenecían a lo más selecto de la élite política como: Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante o José María Luis Mora. Aunque sí localicé cartas suyas, estuvieron muy lejos de ser la mayoría, como lo sugiere el cuadro 4 que esboza las ocupaciones de los autores que identifiqué.

Cuadro 4. Ocupaciones de los autores de los comunicados de El Sol (julio 1829-diciembre 1832)

Años
Empleados del Ayuntamiento de la ciudad de México
Políticos: (Diputados, ministros y gobernadores)
Militares
Profesionistas (Abogados, médicos, profesores y actores)
Escritores e impresores
Total

1829
(julio–diciembre)
13
70
13
9
6
111

1830
48
35
27
12
2
124

1831
59
21
15
12
4
111

1832
101
11
8
0
0
120

Total
221
137
63
33
12
466

De acuerdo con las tendencias del cuadro 4, el grupo más numeroso estaría compuesto por funcionarios públicos, entre los que destacaron los miembros del Ayuntamiento de la ciudad de México y del Estado de México. Un segundo grupo estaría integrado por políticos, los cuales vale la pena aclarar, también eran escritores recurrentes como Carlos Maria de Bustamante, pero preferimos clasificarlos por su trayectoria política. Si observamos la evolución de estos dos grupos podemos advertir que tuvieron un desarrollo inverso. Los miembros del ayuntamiento capitalino fueron incrementando su presencia mientras que los políticos, de tener la primacía en 1829, casi desaparecieron de las columnas del periódico en 1832. Los otros grupos aparentemente tuvieron una presencia modesta, ya que fue muy difícil establecer las profesiones de personas que no daban más datos que su nombre, porque tal vez se trataba de personas ordinarias.

La estela social de los autores identificados permite plantear que ellos no necesariamente pertenecían a la élite ni al vulgo, sino más bien, componían una clase “media” en su mayor parte formada por funcionarios del Ayuntamiento de la ciudad de México. De esta manera, el siguiente extracto de la sección “Distrito Federal” de El Sol sugiere que los comunicados no sólo eran leídos por estos funcionarios sino que contenían temas en torno a su eficiencia o falta de ella:

El cabildo de hoy el Sr. síndico segundo de la ley leyó en el núm. 359 de El Sol el comunicado suscrito por uno de tantos, y observando que no se especifica quién es ese auxiliar, quiénes tres zánganos, y quién ese pobre jornalero de que se habla, sin cuyo conocimiento es imposible proceder, pidió y se acordó: que por el dicho periódico se manifieste que tanto el comunicante como cualquiera otro ciudadano que guste, puede ocurrir el Sr. alcalde que elija a individualizar el suceso que refiere para se tomen las providencias que correspondan.³⁷⁶

Por otra parte, encontré un caso singular y trascendente en torno a un autor. Esta persona firmaba bajo el seudónimo de “Argos” y fue el autor más publicado con 145 comunicados, que representan 11% del total de cartas. De manera particular en 1832, “Argos” fue casi el único autor de los comunicados, siendo así que su presencia cotidiana ejerció dos repercusiones, sin duda, importantes. En primer lugar, suscribía con un seudónimo, lo cual explica el ascenso del número de seudónimos en 1832. En segundo lugar, él vivía en la ciudad de México, hecho que impacta en el ascenso general de las cartas capitalinas. Respecto a su identidad tan sólo podemos señalar, según sus propias palabras, que había sido alcalde del pueblo de Huehueteca del Estado de México en 1820.³⁷⁷ De esta manera, es inevitable interrogarse ¿por qué sólo imprimían sus comunicados? Según una “editorial” de El Sol: “El Sr. Argos, cuyas producciones insertamos de preferencia, porque entre otras circunstancias apreciables, siempre encontramos en ellas un sublime e infatigable celo por la causa pública”.³⁷⁸ No obstante, es posible que El Sol haya perdido apoyo en sus propuestas, y sólo este hombre haya sido partidario de ellas y por eso sólo hayan publicado sus comunicados. También es factible que la guerra civil de 1832 provocara que la gente tuviera temor de tomar partido por el gobierno de Bustamante o por el Plan de Veracruz, encabezado por Santa Anna. Siendo así que no remitieron sus opiniones y si lo hicieron, prefirieron el anonimato o el silencio. También es trascendental que los comunicados de “Argos” hayan sido de manera preferente y en algunos casos sólo exclusivamente publicados. De esta manera, uno de los resultados más relevantes es que El Sol quizá paulatinamente fue perdiendo apoyo de sus lectores. En consecuencia, es necesario examinar si el contenido de los comunicados nos permite esbozar otros elementos del ocaso de El Sol.

Decir y hacer política desde las cartas de lectores

Los comunicados ocupan un espacio importante en las columnas del periódico; espacio que puede representar un elemento indispensable de las propuestas del diario. Estudiar el contenido de los comunicados es una fuente original que permite analizar desde otro ángulo el discurso de El Sol. Para profundizar en esta cuestión, propongo en primer lugar que los temas de los comunicados puedan clasificarse en dos categorías, a saber: en denuncias y en promociones, conjunto que presentamos en el cuadro 5.

Cuadro 5. Temas anuales de los comunicados de El Sol
(julio 1829-diciembre 1832)

Temas
1829
(julio–diciembre)
No. y %
1830
Número y %
1831
Número y %
1832
Número y %
Totales

Denuncias
222
(82%)
360
(75%)
212
(68%)
223
(84%)
1017
(76%)

Promociones
50
(18%)
121
(25%)
100
(32%)
42
(16%)
313
(24%)

Totales
272
481
312
265
1330

Las promociones hacen referencia a personas y sucesos que fueron vistos como ejemplares por los autores de los comunicados. De esta forma, una parte de las promociones respaldan el buen nombre y el buen desempeño de algunos funcionarios públicos. Quizá una de las causas para defender el nombre de una persona o de sí mismo era para construir una buena imagen ante la sociedad; ya que para participar en los procesos electorales era muy importante demostrar ser una persona decente, como lo sugiere el siguiente comunicado:

Aunque conociendo a mis detractores y el origen de su conducta me había resuelto dejar el tiempo lo descubriese, cediendo no obstante a las súplicas de unos amigos de los pocos que quedan en una persecución, dirijo a Uds. este comunicado con el fin de desmentir en él la especie que han propagado algunos sujetos de que soy uno de los editores del Federalista. Soy enemigo de apropiarme producciones ajenas; pero si fuese el redactor de este periódico o tuviese parte en él, tengo la firmeza necesaria para publicarlo así porque este es el carácter del hombre de bien que nada pretende y sabe conservar en la sociedad su independencia. […] Hoy sólo por dar gusto a un amigo dirijo a Uds. este comunicado, y porque hoy no hay causa que pretender ni es tiempo de elecciones, en cuyos días se ofende la reputación de quien se figuran los aspirantes que desean los votos de los electores: nada pretendo y con el placer de no perjudicar a nadie, quedo de Uds. atento servidor.³⁷⁹

Este comunicado deja ver que la buena o la mala publicidad de una persona podía afectar a “los aspirantes que desean los votos de los electores.” Sin embargo, desconocemos el impacto de estas promociones en los procesos electorales. No obstante, recordemos que una parte considerable de los autores de los comunicados fueron miembros del Ayuntamiento de la ciudad de México. En consecuencia, quizá para estas personas los comunicados representaban una especie de foro para reconocer su trabajo y para cuestionar sus faltas. Y de esta forma, promocionar quiénes deberían continuar con un cargo público.

Desde diciembre de 1829 las promociones de los comunicados esbozan un tema específico, una campaña: el apoyo al Plan de Jalapa. Este Plan es publicado en El Sol el 9 de diciembre de 1829, tan sólo cinco días después de ser proclamado por el Ejército de Reserva. De manera particular, los comunicados promocionan el contenido del artículo 2 de dicho Plan, el cual expresa: “no dejar las armas de la mano hasta ver restablecido el orden constitucional con la exacta observancia de las leyes fundamentales”. Precisamente, este llamado a restaurar el orden legal era aparentemente sustentable debido a los actos ilegales cometidos por ciertas personas, como lo indica este largo extracto de un comunicado:

Los triunfos de la razón y de la justicia son tardíos pero seguros: las reacciones son infalibles cuando no se dirigen contra las ideas no contra los principios sino contra los abusos de un poder usurpado, contra las personas que para elevarse violaron las leyes, y que para conservar su dominación han invocado vanamente los mismos principios. Los vencedores de la Acordada en el año último habían hollado las leyes y la soberanía nacional: habían elevado sobre las mismas leyes un poder hecho revestido después con facultades discrecionarias. […] He aquí los caracteres de una facción inmoral y liberticida. Pero hoy la fuerza pública de esta guarnición pronunciando su voto de conformidad con el del ejército de reserva, no ha hecho sino expresar el voto público por la conservación del sistema de gobierno adoptado por la nación y por el restablecimiento del orden constitucional. […] El voto de la capital de ha manifestado en perfecta armonía con el de toda la nación […] esta se descubre por todas partes favorables a los que sostiene la constitución y las leyes, porque el pueblo que conoce sus derechos, jamás puede proteger a los que lo violan.³⁸⁰

Esta carta aporta varias cuestiones interesantes sobre una percepción de la vida política. En primer lugar, expone cómo la facción yorkina, vencedora del motín de La Acordada, había violado la ley al imponerse en el poder y subsecuentemente había “elevado sobre las mismas leyes un poder hecho revestido después con facultades discrecionarias”. Esto último probablemente en referencia a las facultades extraordinarias −ilegales− otorgadas a Vicente Guerrero. En segundo lugar, el autor parece depositar sus esperanzas en el Plan de Jalapa puesto que decía sostener la “conservación del sistema de gobierno adoptado por la nación y por el restablecimiento del orden constitucional.”

Las denuncias, por su parte, representan el carácter distintivo de los comunicados de El Sol, ya que constituyen el 76% de todas las cartas y presentan una constante tendencia a la alza. Las denuncias están dirigidas contra diversas personas y acciones aparentemente sin relación. No obstante, es posible establecer conexiones entre las denuncias a cierto tipo de personas y sucesos. De esta manera, examinamos la denuncia contra algunos políticos, la queja contra la mala calidad de los servicios públicos de la ciudad de México, y la denuncia contra los impresos y la revolución de 1832. Sin embargo, de todas las denuncias entre 1829 y principios de 1830 resalta la descalificación de Lorenzo de Zavala y del periódico el Correo de la federación, éste último considerado como promotor de los yorkinos y al parecer dirigido por un tiempo por el mismo Zavala.

Como sabemos, en 1830 una parte considerable de los comunicados publicados son de provincia, los cuales denuncian el mal de gobierno de “ciertos” estados, como lo ejemplifica esta carta que acusa las irregularidades provocadas por los yorkinos en el estado de Michoacán. De esta manera puedo argumentar que la campaña de los comunicados a finales de 1829 y en el año de 1830 tuvo el propósito de desacreditar a la facción yorkina con el fin de solicitar la remoción de los cargos públicos a personas que estuvieran relacionadas con ese grupo político. Sin embargo, los comunicados, más allá de apoyar las medidas políticas del gobierno de Anastasio Bustamante, podrían esbozar un interés más profundo.

Para los comunicados de El Sol la facción yorkina había auspiciado la apertura de los cargos públicos a personas de bajo nivel, y paralelamente habían empleado la fuerza de las clases populares para provocar tumultos, como el saqueo del Parián, tan constantemente referido. Esta postura de los comunicados a favor de restringir la participación política se puede atribuir a un pensamiento “conservador”, pero en realidad se inscribe dentro de una política liberal, pero no igualitaria.³⁸¹

La campaña más constante de las denuncias fue la queja sobre el funcionamiento de la administración pública de la ciudad de México. Esta permanente denuncia se centraba por lo regular en la mala calidad de los servicios públicos, como la falta de seguridad y de limpieza, y al mal desempeño de cualquier funcionario, según indica este comunicado:

La felicidad pública depende sin duda de que las leyes se observen estrictamente, porque deben considerarse como condiciones bajo las cuales nos obligamos a vivir en sociedad, y de que los empleados, sean cual fuere su denominación o rango, cumplan con ellas escrupulosamente. Cuando así no lo hacen, el público tiene derecho, no sólo a observarlos, sino a reclamarles sus procedimientos, sea ante los los tribunales directamente, o por la prensa lo menos. Como que es uno de los objetos de la libertad de imprenta, ya para que los funcionarios que se aparten de su deber entre a él, si tienen del pundonor y vergüenza o para llamar la atención sus superiores, que no deben hacerse los sordos para corregir los abusos. Tal objeto, desde luego se propusieron los autores de los comunicados.³⁸²

Según el autor, los comunicados tenían la función de denunciar el incumplimiento de las leyes por parte de los funcionarios. Opinión que sin duda revela una antigua tradición de discutir los asuntos públicos de la ciudad.

En síntesis, los comunicados de El Sol presentan la firme y persistente solicitud de la formación de un gobierno capaz de controlar los problemas cotidianos. Esta propuesta aparentemente dejó de tener respaldo de una parte del “público” tras la muerte de Guerrero en 1831, sin embargo, el proyecto siguió adelante. Esto sugiere que los temas de los comunicados no sólo dependían de las inquietudes de los lectores, sino también de los proyectos de los editores. Pues, aunque la ciudad de México no era precisamente un espacio limpio y seguro a principios del siglo XIX, es posible suponer que algunos comunicados exageraron en sus descripciones caóticas de la capital con el fin de convocar a una administración que protegiera la integridad y los intereses de ciertas personas.

La última campaña de los comunicados de El Sol se inscribe en una tendencia a la baja del número de cartas, con una importante excepción en octubre y noviembre de 1832. Asimismo, vale la pena recordar, que en 1832 casi el único autor de los comunicados publicados es “Argos.” Siendo así, que esta campaña es en cierta manera “su campaña.” Los temas de los comunicados son los más uniformes de toda la tercera época, en otras palabras, la mayor parte de los comunicados se refieren al mismo tema: combatir la “revolución” encabezada por Santa Anna y promovida en algunos impresos.

A finales de noviembre y en diciembre de 1832, la campaña contra la revolución se disolvió. En los últimos días de noviembre la sección de “Variedades”, donde se abordaban temas científicos, entre otros, ocupaba un mayor espacio en el cotidiano. ¿El Sol estaba ocultando la tensa situación? Para algunas personas esta falta de información era evidente, como lo expresa el siguiente reclamo:

El silencio que se ha guardado y aún se guarda de los acontecimientos de la actual revolución, especialmente de las operaciones militares (cuyas noticias tanto desea el público) no es favorable a la causa pública en mi concepto[…] No alcanzo, por cierto a ver, no obstante mis cien ojos, cual es el objeto de esta clase nueva de política, si es que ella ha tomado parte en esta obscuridad política que nos hace andar a tientas. Los partes diarios no pueden o no deben faltar del ejército de operaciones. […] Por esta razón, Sres. editores, no debo ocultar a Uds. que su periódico tan acreditado lo critica el público, y creen muchos que se han separado sus mejores editores. Volvamos a la causa pública, combatamos la revolución, que aunque mi tosca pluma es insignificante. […] En lugar de artículos que ahora no nos interesan ni llaman la atención pública, será bueno indicar medios para el restablecimiento de la paz, dar discursos que fortifiquen a los buenos, y que a los malos inspiren buenos sentimientos.³⁸³

Los temas de los comunicados de El Sol en diciembre de 1832, como expresa el comunicado citado, repentinamente dejaron de publicar denuncias o algún tipo de información sobre la situación política y militar. En cambio, se abordaron temas relacionados a las reformas a las milicias cívicas, quejas contra impuestos y denuncias en contra del supuesto retorno de Zavala. La desesperada campaña de los comunicados por desprestigiar la “revolución” de Santa Anna quizá no “despertó” una oposición férrea entre la sociedad, ya que los Tratados de Zavaleta del 23 de diciembre de 1832 representaron el fin del gobierno de Anastasio Bustamante, y al parecer unos días después también se suspendió la publicación de El Sol.

Conclusión

Los comunicados de El Sol representan una práctica política y periodística. Aunque todavía para la mayoría de la población era incipiente e incluso ajeno el hábito de mandar una opinión política a través de cartas para su publicación a un diario, he podido constatar que el “público” politizado se había ampliado un poco. Ejercicio político y cívico que aún en nuestros días sigue en construcción.

De la entramada relación público-prensa-legitimidad (cuyo artificio predilecto será la “opinión pública”, y que debe ser analizada con detalle en otra ocasión), puedo concluir lo siguiente. Los comunicados constituyen, sin duda, un elemento clave de los mensajes del periódico, pues las cartas representaban las voces del “público” que pugnaban, aparentemente, por el florecimiento de la nación. Estas misivas demostraron ser acordes con lo que había prometido sostener El Sol desde la primera página de la tercera época: colaborar con el establecimiento del orden público. De esta forma, la ubicación y los temas de los comunicados fueron publicados de manera selectiva, tal como lo sugieren los análisis estadísticos en torno a la distribución geográfica, los autores y los temas. Estos análisis evidenciaron que la presencia y ausencia de ciertos lugares, personas y temas presentan coincidencias y transformaciones que no pudieron ser casuales.

De este modo, establezco algunos estratégicos cambios de temas y lugares de origen de los comunicados. Por ejemplo, entre 1829 y 1830 observamos el cambio de la queja del gobierno yorkino a la promoción de la administración jalapista, la cual prometía sostener la observación de la ley, principio justamente violado por la administración de Guerrero. No es casualidad que en 1830, los editores trataran de evidenciar que el “público” pedía el cambio de determinados gobiernos estatales; por lo cual publicaron el mayor número de cartas de provincia con el fin de evocar la imagen de una demanda “nacional.” Sin embargo, los autores de los comunicados combatían a los enemigos del gobierno de Bustamante, no sólo porque apoyaban a la administración, sino por cuestiones más profundas: ya que parece viable que una parte del “público” respaldaba la propuesta política por la observación de las leyes y la Constitución. En otras palabras, una parte de la sociedad creía que el fiel cumplimiento de las leyes, preferentemente asignado a personas “decentes” (instruidas y con una posición económica sustentable y ajenas a las logias masónicas) permitiría establecer la tranquilidad pública.

Finalmente, se puede señalar que las intervenciones de las personas en un espacio como los comunicados del periódico eran titubeantes, quebaradizas e incluso medrosas; por ello quizá encontramos tantos anónimos. Este hecho debe hacer replantear cómo las personas asumieron la apertura de los espacios públicos. Los autores de los comunicados participaron de manera eufórica y tímida. Una parte del público de El Sol había intervenido activamente como autora de las cartas, cuya función (delineada por la previa selección de los editores) no sólo era “publicar” sus ideas respecto a problemas personales sino también discutir sobre asuntos políticos, los cuales sustentaban las propuestas del diario. Sin embargo, esta práctica de enviar comunicaciones a El Sol fue retirada o desdeñada de las columnas del cotidiano a partir de la muerte de Guerrero en febrero de 1831 y más notoriamente en 1832. Esto sugiere que el “público” así como dio su voz también otorgó su silencio. Ausencia o abandono del “público” que coincidió con el ocaso de El Sol.

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12. Redactando el antigachupinismo. La prensa como instrumento político ante el conflicto de los españoles en México, 1827-1836

María Graciela León Matamoros

Enfermedades y sus medicinas:
SARNA: La que le saldrá a los
coyotes que se quedan sin la
preponderancia que tenían antes
entre nosotros.
EMPACHO: El que tuvo esta
América por espacio de trescientos
años de tanto gachupín que recibió
en su vientre que se indigestó.
PÓSIMA: La que aplicó nuestro
Soberano Congreso de la Unión el
10 de mayo de 1827 con la que
empezó a ventosearse, por el
grande provecho que le hizo.
NAUCEA: La que les ha causado a
los coyotes el decreto de 1827.³⁸⁴

Estaba por finalizar la segunda década de vida independiente en México y el escenario político aparecía inestable, pues las ambigüedades propias de la descomposición de un sistema que había regido por más de tres siglos estorbaban a los intentos por apuntalar la naciente república federal. En ese marco, uno de los principales problemas a los que se enfrentó el naciente Estado fue que la emancipación de la metrópoli no significó en los hechos un cambio radical de las estructuras coloniales; así, romper con el legado español representaba un desafío difícil de acometer.

Hacia 1827 España seguía negándose a reconocer la independencia de México y, de hecho, dirigía parte de sus esfuerzos a reconquistar su antigua colonia; dichas iniciativas, efectivas o no, minaban la confianza de un sector de la sociedad en el proyecto independentista. Estos acontecimientos, aunados al esfuerzo interno por alcanzar la consolidación de un nuevo Estado, abonaron el clima para la promulgación de legislaciones tendientes a trastocar los privilegios de los peninsulares. Fueron tres los decretos que se establecieron en contra de los españoles: el primero de ellos, la Ley de empleos del 10 de mayo de 1827, pretendía sacar a los peninsulares de los puestos administrativos que aún detentaban; el segundo, la primera Ley de expulsión, instaurada en diciembre del mismo año, aunque ordenaba el destierro de la comunidad ibérica, contaba con numerosos mecanismos de excepción; y, por último, la segunda Ley de expulsión, decretada en marzo de 1829, diseñada para resarcir las evasiones de su predecesora, era la que, aparentemente, lograría una diáspora efectiva.

Harold Sims³⁸⁵ entre otros investigadores, sostiene que estas legislaciones obedecieron al oportunismo de un partido político –el de los yorkinos–, que, ávido de poder, recurrió al tema de los españoles con la intención de granjearse la simpatía de un sector importante de la población, que ciertamente los veía con recelo. Sin embargo, este argumento se debilita al tomar en cuenta que la separación de los españoles sería de manera temporal –hasta que España reconociera la Independencia– y que, mientras durara, los desplazados seguirían percibiendo su salario. El mismo contraargumento aplica para el caso de aquellos autores que ven en este corpus legislativo expresiones de mera hispanofobia.

Aunque es innegable que subyacía un sentimiento antiespañol en los decretos, reflejo de la animadversión que permeaba a un sector considerable de la población, también lo es el hecho de que los encargados de promover y administrar tanto las leyes como sus excepciones, solían –no mucho tiempo atrás– asumirse como españoles y tenían un grado de identificación mucho mayor con éstos que con otros grupos sociales. Esto pone en relieve el alto grado de complejidad del proceso de aplicación de dichas disposiciones, tópico que se ha abordado en otro trabajo.³⁸⁶

Sin embargo, lo que nos interesa aquí es analizar cómo las posturas favorables a estas legislaciones encontraron en la prensa de la época una tribuna, que se erigió en arena de confrontación dado que, junto con otros espacios de intercambio, contribuyó al álgido debate en torno al tema antiespañol y al nacimiento de una nueva cultura política. La intención de este trabajo es discutir sobre la importancia que tuvieron los rotativos como canal de expresión en torno a la polémica que se gestó tras la emisión de los decretos, y cómo, a la postre, se convertirían en armas convenientes para proyectar la legitimidad política que tanto ansiaba el joven país.

La pugna centralistas versus federalistas –que más tarde se tradujo en escoceses versus yorkinos–, instauró la controversia, pues, aunque en los hechos los grupos no estaban tan delimitados y las fidelidades se dislocaban fácilmente, en el discurso los argumentos sí estaban definidos y polarizados, y en su mayoría tendían hacia la reconfiguarción del español como el enemigo ideal. En el imaginario popular, el “gachupín” representaba un estereotipo negativo desde antes de la guerra de Independencia, de tal forma que utilizar su figura para moldear el “nacionalismo” parecía más sencillo, ya que sólo habría que realzar la presencia del español³⁸⁷ e impulsar su nocividad.³⁸⁸ En este caso, el discurso público, tanto en la prensa como en las legislaturas, adquirió un papel relevante, pues las facciones políticas enfrentadas que pugnaban por el poder, lo hacían más por la vía impresa que por los medios parlamentarios.³⁸⁹

La presente investigación, más que hacer un análisis de los diversos rotativos que abordaron el tema de los españoles a finales de la década de 1820, pretende rescatar el discurso desplegado en torno a ellos y la forma en que la clase política se valió de la prensa para sacar a la palestra un tema que podía consolidar un nacionalismo en ciernes.³⁹⁰

El gachupín: miembro gangrenado del cuerpo social

Una vez consumada la Independencia, las condiciones de privilegio que los españoles habían mantenido en México, sobre todo en el aspecto económico, generaron las protestas de un sector social importante.³⁹¹ Muchos de los inconformes se identificaban con el partido yorkino, lo cual facilitaba que esta posición tuviera resonancia en las instancias legales –por supuesto, con la intermediación de dicho partido–. El problema radicaba en que el grupo social hacia el que estaban dirigidas las manifestaciones de rechazo –los españoles– era muy similar en rasgos, tanto físicos como socioeconómicos, a quienes lideraban su defenestración, todo ello mientras la mayor parte de la población permanecía en la situación de explotación y dependencia económica de épocas anteriores.³⁹²

Los españoles residentes en el país no representaban más de 2% de la población total del país; empero, “cualitativamente” su presencia era significativa.³⁹³ Si a lo anterior sumamos que España mantenía su negativa a reconocer la independencia de México, se hacía previsible la intervención estatal para atender las demandas antipeninsulares. El primer escenario por atacar sería el de la administración pública, el cual, paradójicamente, se hallaba copado –en los puestos superiores– por españoles. A las demandas de que los puestos de la administración pública tenían que ser ejercidos por naturales del país, el Estado mexicano reaccionó positivamente mediante la expedición de la Ley de empleos del 10 de mayo de 1827, que constaba de siete artículos.³⁹⁴

Para Romeo Flores Caballero, los movimientos políticos que abogaban por la separación de los españoles de los puestos públicos, antes de encontrar sustento en el deseo de los mexicanos de ocupar esos cargos, se debía a los rumores que circulaban de que en La Habana, Cuba, se fraguaba una expedición peninsular con el propósito de reconquistar. El hecho de que entre México y Nueva España prevaleciera el estado de guerra hizo inevitable discutir la posición de los ibéricos en la sociedad. En ese contexto se decidió conformar una comisión especial para que “considerara la regularización de los deberes y derechos de los españoles residentes en México” debido a que “[…] La actitud de España respecto a la independencia y a las amenazas de invasión seguían condicionando su vida en la sociedad mexicana”.³⁹⁵

Las conclusiones a las que llegó dicha comisión resultaron un tanto ambiguas. Por un lado, se estipuló que los españoles radicados en el país serían considerados ciudadanos y, por otro recomendaba que les impidieran ocupar empleos dentro de la administración pública y que se destituyera inmediatamente a aquellos que los poseían; además, se prohibía a los emigrados la extracción de capitales y, finalmente, se facultaba a la federación para emitir las leyes que considerara necesarias en casos excepcionales. Las resoluciones de la comisión no fueron aprobadas por el congreso por falta de quórum. En los debates en torno al tema, algunos diputados hicieron pública su inconformidad aduciendo que las conclusiones contradecían lo estipulado en los Tratados de Córdoba, en donde se reconocía el derecho a la ciudadanía de los españoles.³⁹⁶

Aquella no fue la primera vez que se demandaba separar a los ibéricos de sus cargos. Quince años antes, en medio del fragor de la batalla, el periódico El Ilustrador Americano publicaba en junio de 1812 un “Plan de paz”, el cual consignaba que, ante la ausencia del Rey, se desconocían a todas las autoridades dimanadas de él. No obstante, se confería un trato terso a los desplazados mediante lo estipulado en el tercer apartado del plan, que a la letra decía: “Que los europeos actualmente empleados, queden con los honores, fueros y privilegios y con alguna parte de las rentas de sus respectivos destinos; pero sin el ejercicio de ellos”.³⁹⁷ Esta contradicción también se haría presente en la Ley de empleos.

Si bien se establecía en el primer artículo de la Ley que ningún español por nacimiento podía ocupar cargo ni empleo en cualquier ramo de la administración pública en tanto España no reconociera la Independencia, en el artículo 5º del mismo decreto se especificaba que éstos seguirían gozando de algunas prebendas, pues permanecerían intactos sus sueldos y propiedades. Esta decisión imponía sobre la hacienda pública una carga injustificada, pues una misma función requería de dos sueldos. Aunque habría que agregar que los mexicanos que remplazaron a los españoles, los que ocupaban el escalafón inferior, ascendieron de puesto pero no recibieron el mismo estipendio de que gozaban los españoles.³⁹⁸ El trato sutil dispensado a los burócratas europeos se explica por el temor de una posible reacción adversa de parte de la económicamente poderosa comunidad peninsular y sus aliados mexicanos. Políticos e intelectuales destacados de la época repudiaron dicha ley. Lucas Alamán sostenía que la cuestión capital en el decreto era la ambición de un partido, el de los yorkinos, por ocupar los empleos detentados por peninsulares.³⁹⁹

Al igual que Alamán, José María Luis Mora retomaría el decreto del 10 de mayo de 1827 en el mismo sentido. Es decir, ubicándolo como el antecedente directo a la formulación de las leyes de expulsión. Mora resaltaba el carácter marcadamente anticonstitucional del decreto y cuestionaba el hecho de proclamar españoles a personas que sólo lo eran por haber nacido en España aun si gran parte de su vida la habían realizado en México. Lo anterior se ve reflejado en una editorial publicada en el diario El Observador el 12 de diciembre de 1827: “por estas suposiciones, por más que estén fundadas en la razón, en la justicia y en los principios generales de toda legislación, si no constan en una declaración expresa y terminante, se atropellará con ellas, siempre que sea necesario, para satisfacer pasiones bajas de rencor, emulación y venganza o resentimientos privados”.⁴⁰⁰

La controversia en torno a la situación de los ibéricos en México trascendió las instancias deliberativas del gobierno y se tradujo en diatribas que encontraron cabida en las páginas de los periódicos, lo que suponía hacer público el debate.⁴⁰¹ Así, encontramos en el periódico El Patriota del 9 de mayo de 1827 –un día antes de la promulgación de la Ley de empleos–, un artículo tendiente a justificar la separación de los españoles de sus cargos, esgrimiendo argumentos patrióticos sustentados en asumir que éstos eran casi por excelencia enemigos de la Independencia:

Los periodistas de México han manifestado francamente los inconvenientes que lleva consigo aquel proyecto redactado [art. 1 de la ley de empleos⁴⁰² ] en los términos que se lee; y nosotros como ellos seguimos las mismas ideas; convendremos en que el pacto social que sancionó la constitución de la república se ha tratado de romperlo, y que los enemigos de nuestra independencia nos devuelven las garantías de la carta que los honra y favorece, poniéndonos en el duro compromiso de volver á nuestra libertad natural; pero es sobradamente sabido que para arrancar un miembro gangrenado del cuerpo social, no es necesario matarlo, sino sólo amputarlo, que en las reacciones que siente la república, no ha de usar de la violencia, sino de la fuerza de la justicia si es contra los hombres, de la reserva si es contra la constitución, y de la libertad, si es contra las opiniones: en dos palabras, el gobierno para salvar los escollos que le ponen los españoles, ha de emplear sus fuerzas en hacer observar las instituciones, y ha de oír la voz general de los pueblos quejosos contra sus opresores; más nunca barrenar la constitución, ahora sea porque los poderes ecsisten por ella, ahora porque despedazada naufragaría la nación en un mar insondable de males […]
Los grandes problemas que hoy se presentan á las cámaras se resolverán con la ley, y los soleros ó borbonistas ó españoles, quedaran reducidos á pavesas á esfuerzo de su astro abrasador.⁴⁰³

Como se observa, la emisión de la Ley de empleos sirvió para llevar a la opinión pública uno de los temas más importantes de la época: la soberanía y el peso de la Constitución en ella. La nueva república vio el constante peligro de caer en la inconstitucionalidad, cosa que finalmente sucedió, tanto en la promulgación de los decretos en contra de los españoles como en las elecciones que se llevarían a cabo unos años después. Estos quiebres del carácter normativo de la Constitución,⁴⁰⁴ de cierta manera, imposibilitaron al Estado la conformación de instituciones que influyeran en todo el territorio y abonaron a los principales conflictos que llevaron al fin de la primera república federal.

Se os aguardan días muy amargos y funestos si no marcháis del país anahuacense⁴⁰⁵

Los constantes amagos de reconquista efectuados durante la época sirvieron como justificación para la emisión de leyes dirigidas a minar los privilegios que ostentaban algunos españoles. Más allá de si dichos emplazamientos carecían o no de fundamento, es indiscutible el papel determinante que tuvieron al momento de legislar en contra de los intereses de los peninsulares y también en la evolución del nacionalismo. Moisés González Navarro reseña que en el año de 1826 llegaban noticias desde Londres anunciando preparativos de reconquista con seis mil soldados.⁴⁰⁶ Si bien es cierto que la invasión no se perpetró, la noticia propició un alto grado de incertidumbre entre la población. En ese contexto el periódico El Cosmopolita reprodujo el discurso que se pronunció en la apertura de sesiones del Congreso Federal, el cual, en el intento de exaltar el sentimiento patriótico y afianzar el nuevo sistema de gobierno, lanzaba una amenaza a España:

El Soberano Congreso general ha vuelto a tomar el curso de sus tareas legislativas entrando en sesiones estraordinarias el día 15 para tener siempre en actividad el resorte santo de nuestra libertad consignada por la voluntad de los pueblos á su sabiduría, y enseñar al mismo tiempo á los coronados absolutos de Europa que tan zelosos son los mejicanos en el sosten de la regalía mas preciosa con que los dotó la naturaleza, como en trabajar por consolidar su gobierno benéfico bajo los auspicios del sistema federativo. Tiemble el León Hispano sobre las columnas de Hércules y desespere de pisar el suelo de los Monctesumas y Guatimotzines [sic].⁴⁰⁷

Un año después, los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, así como el Distrito Federal, serían escenarios de conspiraciones proespañolas. De todas ellas la más significativa fue la encabezada por el sacerdote dieguino Joaquín Arenas, en la que se pretendía que Ignacio Mora –comandante general del Estado de México– participara en la conjura que presuntamente restauraría el poder español en el país. En el mes de enero se descubrió el plan y se tomaron medidas al respecto. El gobierno decidió abrir proceso a los conspiradores, entre los que se contaba a los generales Pedro Celestino Negrete y José Antonio Echávarri, quienes habían participado en la guerra de Independencia. Al hacerse público el juicio se generó un ambiente de persecución a la comunidad española. Según Harold Sims, esta coyuntura sería aprovechada por el partido yorkino, que utilizó la ocasión para vincular a sus opositores políticos con la conspiración. La respuesta de los miembros del partido escocés fue minimizar la iniciativa de Arenas, calificándolo de “inestable, inmoral e insignificante”.⁴⁰⁸

La prensa liberal se aprestó a contrapuntear esa declaración, acusando a los promotores de la inestabilidad emocional de Arenas de pretender persuadir a la población de que la inexistencia de conspiradores en contra de la patria. Decían además que con mentiras trataban de imponer la idea de que los yorkinos buscaban entronizar a un heredero de Iturbide. Para El Patriota, esos infundios provenían de “ciertos aristócratas bien conocidos” cuya intención era desacreditar el gobierno de Guadalupe Victoria, “hacer sospechosos a los buenos patriotas y para sepultarnos en una anarquía desoladora”

[…] donde se oculten los conspiradores, y se burle la vindicta pública con la impunidad de los delitos; pero ya no es tiempo de que nos engañen: los conocemos bastante, y sus miras no pueden ocultársenos. 

La imprenta irá denunciando paulatinamente, tanto el fin que se proponen en sus tareas, como los medios de que se valen; y no perdemos la esperanza de que enseñaremos a nuestros hijos a conocer todos y cada uno de los miembros de esta farsa liberticida, para que mirándolos con horror, desprecien a sus torcidas máximas y sus intenciones malvadas.⁴⁰⁹

Los miembros más destacados de uno y otro partido presentaron argumentos sólidos para defender sus posturas. Por un lado, se adujo que los procesos abiertos en contra de los prestigiados militares representaban un exceso de parte de una facción que se aprovechaba de la coyuntura política. En sentido contrario, se intentó reforzar la idea de que la conspiración de Arenas ponía en riesgo la independencia y que la participación de dichos generales en ella avalaba la seriedad de la amenaza. Un sector de la prensa retomaba esta idea y mostraba su respaldo a las medidas emprendidas por el gobierno. El periódico El Patriota arrogó esta última idea y, aludiendo a los casos de Echevarri y Negrete, consignaba:

Nos habíamos propuesto no tocar este punto en las circunstancias en que nos hallamos; mas como por una parte vemos a los Señores Ilustrados de esta ciudad desmentir lo que todos palpan: como por otra se lean papeles que denigran la conducta de los patriotas que nos ganaron con su sangre la libertad […] Es preciso no guardar silencio, hablar con energía, decir francamente al pueblo las artimañas de los que quieran fascinarlo, y evitar los terribles males de la desunión.
Sépase pues que la conspiración habria estallado sin remedio, si la impudencia de uno de los conjurados y la energía del gobierno no la hubiera cortado a tiempo: que los ministros dijeron á las cámaras dese enero de este año, que el plan era el más temible de cuantos se habían presentado en todo el tiempo de nuestra independencia: y que la prisión de los Generales Echavarri y Negrete, por hallarse comprendidos en ella son una señal inequívoca, de que grandes personajes dirigían la empresa. Solo estos datos son sobrados para desconfiar de los que nos aseguran que todo es ficción y mala fe [sic].⁴¹⁰

Los generales fueron hallados culpables y a pesar de que en un principio fueron encarcelados, después de un tiempo serían liberados.⁴¹¹ Durante la discusión del primer decreto de expulsión, mientras estaban encarcelados por conspiración, se les permutó la pena de muerte por el exilio.⁴¹² El 20 de diciembre de 1827, el congreso federal publicó la Ley de expulsión de españoles, misma que constaba de 21 artículos. En el primero de ellos se estipulaba que los españoles capitulados y los demás españoles de que habla el artículo 16 de los tratados de Córdoba⁴¹³ saldrían del territorio de la república en el término que les señalare el gobierno, no pudiendo pasar éste de seis meses. La prensa jugaría un papel determinante al propiciar un ambiente favorable para la adopción de medidas legales antiespañolas, pues a través de ella se exacerbó la acción emprendida por Arenas. Posteriormente se destinó mucha tinta para inducir ideas acerca de la pertinencia de sustraer del suelo mexicano a los españoles:

Amadísimos compatriotas, despertad del letargo, alerta y no creáis que a los sacerdotes les faltáis pidiendo se separen los malos, pues el Ser Eterno no les dio facultad para vendernos cono esclavos, entregándonos al arbitrio de estos trogloditas perversos [los españoles]! ¿y qué harían estos con nosotros? ¡Que! Darnos leyes a su arbitrio, imponernos gabelas, públicos saqueos de nuestros tesoros, y no perdonarían lo más santo de nuestros altares […] pedid con insistencia a nuestro Congreso, y primer jefe los separe de nuestro suelo: sí, animaos sin tedio, deponed vuestra pusilanimidad y no permitamos se pierda nuestra libertad [...] En bien de tan recomendables propósitos, no dudo que tomando de nuestra cuenta negocio tan importante, redimiremos a nuestra posteridad de que arrastre los grillos de la esclavitud y de que abra los ojos en medio de estirpe tan sanguinaria y feroz, y cantaremos con alegría Viva la Federación, el Congreso y la Libertad. Cuidado compatriotas, con dejaros seducir, ha llegado el feliz momento de vuestra total libertad, aprovechadla.⁴¹⁴

No se entiende la emisión de la Ley de empleos del 10 de mayo y la subsecuente Ley de expulsión del 20 de diciembre, ambas de 1827, sin la amplia difusión que se dio a la conspiración de Arenas. Además de los peninsulares, la prensa federalista dirigió sus argumentos en contra del clero. Una nueva conspiración, esta vez encabezada por Manuel Montaño, surgiría unos días después de promulgada la primera ley de expulsión; el objetivo principal de ésta era, precisamente, impedir el destierro de los peninsulares⁴¹⁵ y castigar a sus impulsores. La acción de Montaño favoreció el reforzamiento del discurso hispanófobo difundido en la prensa. El periódico El Baratillo da cuenta de ello:

Tal ha sido el plan seductor de Montaño, que con la máscara del patriotismo quería arruinarnos. Este americano vil, no hay duda que es de la facción del Padre Arenas, pues ya que fue descubierto quería llevar adelante sus primeros designios seduciendo a muchos buenos americanos […] Llenemos de bendiciones al bendito Padre Arenas por quien se descubrió en tiempo oportuno sus diabólicas asechanzas (de Montaño), que por ellas nuestro Soberano Congreso de la Unión dictó la ley de expulsión de los españoles principalmente a todos los coyotes frailes […] bendito sea una y mil veces nuestro sabio gobierno que sancionó esa ley para que ni resquicio quede en esta república de un fraile coyote; porque uno que quede nos ha de hacer siempre que pueda un perjuicio: es mucho el orgullo de los españoles, y mucho mas el odio con que miran a los americanos.⁴¹⁶

Una de las consecuencias más evidentes emanadas de la conspiración del padre Arenas fue la de vincular al clero con España, algo que estaría plasmado en la Ley de diciembre de 1827, cuyo artículo quinto establecía que todos los miembros del clero regular eran sujetos de expulsión, mientras que el artículo décimo tercero estipulaba que en caso de que los religiosos no contaran con los recursos de su provincia o convento para costear su viaje, éste sería cubierto por la hacienda pública. Los ataques de la prensa en contra de los religiosos no tuvieron resonancia entre las autoridades encargadas de aplicar la ley, algo que, más allá de ser contradictorio, deja al descubierto su carácter instrumental. El periódico poblano El Baratillo se caracterizó por manejar una tendencia abiertamente anticlerical, misma que se veía reflejada en sus agresivas editoriales. Lo curioso de este caso es que el principal auspiciante de este rotativo era el gobierno estatal, el cual destacó por conceder numerosas excepciones a religiosos ibéricos radicados en su territorio.⁴¹⁷

¡Mueran los gachupines… mueran los coyotes!

La primera ley de expulsión promulgada en el país no sería federal. El 31 de agosto de 1827, el congreso del estado de Jalisco sería el encargado de inaugurar la discusión en torno a la situación legal de los españoles en el territorio nacional.⁴¹⁸ La Ley de Jalisco exigía la salida inmediata de todos los ibéricos de sus límites en un plazo no mayor a 20 días sin que se permitiera su regreso hasta que España reconociera la independencia de México. El ejemplo de Jalisco sería seguido por el congreso del Estado de México, que legislaría de manera similar el 6 de octubre. El Congreso Federal reaccionó ante estos ejercicios estatales de forma contraria, esgrimiendo el argumento de la inconstitucionalidad, debido a que los peninsulares habían adquirido la nacionalidad mexicana en 1821, además de que esta medida podía causar zozobra entre la población extranjera –europea en su mayoría–, principalmente entre los comerciantes, lo que a la larga resultaría contrario a los intereses del país.⁴¹⁹

Paralelamente a las discusiones en torno a la aprobación de la ley general en el Congreso Federal, se aplicaba el decreto jaliciense que, por otra parte, hacía extensiva su influencia hacia otros estados en los que se estudiaba la posibilidad de emitir leyes en el mismo sentido.⁴²⁰ En la II legislatura federal se fijaron dos posturas antagónicas que dieron pie a acaloradas disertaciones. Un gran número de diputados pertenecientes al partido yorkino, que era mayoría en el congreso, defendía la constitucionalidad de la ley; en el bando opuesto se situaban algunos diputados escoceses que defendían una postura favorable a los europeos. Es oportuno señalar que ni todos los escoceses se oponían a la ley, ni todos los yorkinos estaban a favor de la expulsión.⁴²¹ Por su parte, el senado, en aras de no romper con el pacto federal, no se atrevió a declarar la inconstitucionalidad de la medida y se limitó a desaprobar algunos de sus artículos.

Con el afán de atemperar los radicalismos expuestos en los estados más reacios a la comunidad española y en virtud de las posiciones divergentes en la segunda legislatura, terminó por aprobarse una Ley federal repleta de excepciones el 20 de diciembre de 1827, la cual, al ser aplicada, supuso una exacerbada ambigüedad.⁴²² La prensa favorable a la expulsión de inmediato se aprestó a justificar la emisión del decreto y a pronunciarse porque se uniformaran los criterios en todo el país. El periódico El Águila Mexicana, a tan sólo tres días de haberse publicado, se manifestó en ese tenor:

Hemos indicado pocos días hace, y no podemos menos que repetir hoy, lo mucho que importa el que las legislaturas uniformen las leyes que han dado á la del congreso de la unión. Éste con sabiduría y prudencia admirables nada les dice sobre si han podido ó no dictarlas, ni ha querido entrar en tan odiosa cuestión; pero sí les manifiesta cuál es la voluntad de toda la nación en la materia, y lo que basta para conservar la independencia y la libertad.⁴²³

La razón por la que se ungía a la homogenización de criterios era el fundado temor de que en aquellos estados en los que la influencia española solía ser determinante se bloqueara la salida de los miembros de dicha comunidad con el amparo que las cláusulas de exclusión de la misma ley otorgaba. Hay datos que confirman la suspicacia. El caso de Puebla es revelador, pues considerado desde la colonia como “baluarte español”, concedió mayor cantidad de excepciones. La prensa “liberal” de ese estado hizo público su desacuerdo con el proceder de los encargados de aplicar la pena a los indiciados. A los seis meses de haberse promulgado el decreto, el rotativo El Baratillo apuntaba:

Poco nos falta para ver cumplidos los seis meses que la ley del 20 de diciembre último pone de término a los españoles a quienes comprende la dicha ley; pero si el gobierno de Puebla no ha cumplido con ésta, a él le hacemos responsable ante Dios y los hombres de haber procedido con apatía a una providencia tomada por el congreso general, de una contra revolución que podrá haber en esta capital.⁴²⁴

La composición del congreso federal hacía prácticamente inviable una iniciativa que afectara a todos los ibéricos,⁴²⁵ pues finalmente la conformación en las cámaras “era resultante de la lucha partidaria de las facciones de la sociedad”, tal como lo señala Reynaldo Sordo.⁴²⁶ El argumento de la “voluntad popular” ocuparía el lugar preponderante en la defensa esgrimida por los diputados adeptos a la expulsión. Si la obligación de los legisladores era “someterse” a los dictados del pueblo, el destierro tenía que ser inevitable. De acuerdo con esto, la justificación que tenían era que sólo se estaban limitando a plasmar en la ley un clamor popular.

La presencia en las calles del país de un número importante de manifestantes exigiendo la salida de los españoles sería el ejemplo más notorio de la aparente obediencia del legislativo a la voluntad popular. La prensa hacía eco de las pasiones desbordadas de un sector de la sociedad. El Baratillo consigna que el 12 de diciembre de 1827, se presentaron manifestaciones de violencia en contra de los peninsulares y se saquearon las casas de cinco de ellos. Nada pudo contener “aquel torrente de desórdenes” y no cesaban las consignas que la multitud elevaba incitando: “mueran los gachupines”, “mueran los coyotes”.⁴²⁷

Si bien es cierto que la cuestión de la voluntad del pueblo tuvo cierta importancia entre los argumentos expuestos en la legislación de 1827, sería durante la segunda Ley de expulsión, en marzo de 1829, cuando adquiriría el lugar preponderante de las discusiones, a raíz de la inconformidad suscitada entre muchos de los habitantes del país por las numerosas excepciones concedidas durante el proceso anterior y además por la amenaza de reconquista fraguada por España en 1828, misma que partiría de Cuba. Ante tal escenario, los congresos estatales se aprestaron a enmendar las concesiones hechas a los españoles en el decreto precedente. Según Sims, las leyes surgieron con la prioridad de resolver las necesidades internas más que por un afán de seguridad, aunque sostiene que la Ley promulgada en Jalisco era resultado de las frecuentes revueltas que asolaban al país, levantamientos que frecuentemente eran en contra de la comunidad española.⁴²⁸

Sólo la venganza por nuestras propias manos podrá hacer la expulsión absoluta de nuestros enemigos, ya que el gobierno no la hace.
¡Españoles! ¿qué aguardáis? ¿queréis que los americanos rompan los diques del sufrimiento, y perezcáis en sus manos? Se os aguardan días muy amargos y funestos si no marcháis del país Anahuacense. Pero en el entretanto conciudadanos, afilad vuestros lucientes aceros, para ver cumplida una ley de expulsión de españoles, vencer o morir en la demanda, esta será la divisa de todo buen patriota. ¡Alerta, pues republicanos más que nunca, que el enemigo interior y exterior trabajan por volvernos al ominoso vulgo de la esclavitud!⁴²⁹

El descontento generado por la aplicación de la Ley general del 20 de diciembre de 1827 estaba justificado; los motivos de excepción eran más que generosos, pues los peninsulares podían permanecer en el país si estaban casados con mexicanas, lo cual era muy común. También serían exonerados si demostraban tener “buena conducta”: bastaba con acreditar dicho comportamiento recabando tres testimonios de vecinos que la avalaran, y jurar afección a la Independencia. En este caso, no era infrecuente encontrar el apoyo de personajes públicos como diputados, gobernadores y hasta el mismo presidente. Con este tipo de respaldos lo difícil era que los españoles fueran expulsados.

La justa ley de expulsión no admite derogación⁴³⁰

Para el año de 1829 el país enfrentaba una sucesión presidencial. El tema de los peninsulares se vinculó directamente a la contienda electoral en la que participaron los generales Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. En el caso de Pedraza, se cuestionaba el hecho de que durante su etapa como Ministro de Guerra en la administración del presidente Guadalupe Victoria, no había actuado con determinación en el caso del levantamiento de Joaquín Arenas⁴³¹, por lo mismo, aquellos grupos identificados con una posición antiespañola lo vieron como un enemigo de sus intereses. En este proceso encontramos una fractura dentro del partido yorkino, cuyo sector moderado refrendaba su apoyo a Gómez Pedraza, en tanto que el radical se agrupó en torno a la figura de Vicente Guerrero, aunque no se puede decir, como se ha estado insistiendo, que antes de estos acontecimientos la facción yorkina haya sido completamente homogénea.⁴³²

La animosidad hacia los ibéricos sería un factor importante para aumentar la popularidad de Vicente Guerrero. No obstante, de poco sirvió, pues las elecciones fueron ganadas por Gómez Pedraza. Guerrero y sus simpatizantes no aceptaron la derrota en las urnas e iniciaron una revuelta,⁴³³ y ante la presión, el congreso cedió y lo nombró presidente. Para los sectores más radicales que lo apoyaron, quienes además eran los más proclives a la salida de los peninsulares, su arribo a la presidencia generó altas expectativas. Estos grupos se dieron a la tarea de promover con más fuerza la iniciativa de una nueva ley de expulsión, argumentando que los ibéricos representaban una seria amenaza al país y confiados en el capital político acumulado, producto del aparente respaldo de las mayorías. Lo anterior bien podría caber en una definición de nacionalismo porque, según refiere Hira de Gortari, parafraseando a David Brading, los momentos de coyuntura política son idóneos para la emisión de ese tipo de discursos.⁴³⁴

El nacionalismo como realidad es más fácilmente aprehensible y nítido durante el surgimiento de los estados nacionales o en periodos en que las amenazas externas o internas hagan peligrar su existencia, pero en sí mismo no tiene un contenido preciso y autónomo, es indispensable que para su gestación y permanencia disponga de otros elementos que le den vida.⁴³⁵

En medio de ese ambiente, se convocó a una sesión del congreso para evaluar la aplicación de la Ley de 1827, con la comparecencia de Juan de Dios Cañedo, Ministro de Relaciones, quien avaló la obsolescencia de aquélla, a causa de la imposibilidad de aplicarla efectivamente por la cantidad de excepciones contenidas. Ante estas conclusiones era inminente la expedición de un decreto que corrigiera las falencias del primero.⁴³⁶ La promulgación de ésta se vio retrasada porque en la cámara de senadores las opiniones se hallaban divididas. La presión social⁴³⁷ no se hizo esperar y surtió efecto, ya que el 20 de marzo de 1829 vio la luz la conocida como segunda Ley de expulsión de españoles, que, a diferencia de su antecesora, surgió del Congreso Federal.

Tan sólo un mes después de publicado el decreto se hicieron públicos los planes de Fernando VII para recuperar las antiguas colonias americanas. Este acontecimiento recibió el trato de noticia extraordinaria en la prensa mexicana. El plan del Rey español significó un acicate entre la opinión pública para exigir la efectiva expulsión de todos los ibéricos. En el mes de julio, el periódico El Cometa publicó una suerte de diálogo entre un barbero y su marchante, caracterizado por una lectura amena y teatral en la que se discutía la situación del país. El fígaro había regresado de un viaje a México y el marchante, Sr. D. Juan, aprovechaba para preguntarle cómo le había ido; el barbero le comentaba a su cliente que había regresado asombrado por lo que acontecía en la cámara de diputados: antes, mencionaba, era digna de confianza porque más de la tercera parte que la componía eran patriotas acabados, sin embargo, se quejaba amargamente del cambio que operó en varios de ellos y argüía “es que son los mismos que en los tiempos del difunto D. Manuel Pedraza: es que ya votaron por ecepciones de españoles, como si fueran Peninsulares, es que muchos se han enriquecido con las monedas de los gachupines”.⁴³⁸

La acometida en pos de la reconquista fue dirigida por el general Isidro Barradas y se concretó al finalizar el mes de julio, con el desembarco de 3500 invasores en las costas de Tamaulipas. Ante este escenario se le exigió al gobierno de Guerrero medidas extraordinarias en contra de los peninsulares. La expedición de Barradas no prosperó y sus tropas serían derrotadas con relativa facilidad. Los afanes de reconquista no terminarían ahí, España insistía en sus empeños, o al menos así lo dejaba ver el gobierno mexicano, que en abril de 1830, a través de la Primera Secretaría de Estado, publicó una circular en donde denunciaba presuntos nuevos intentos de intromisión por parte de los antiguos colonizadores.

El triunfo de nuestras armas en Tampico no ha sido para nuestros enemigos una leccion que los convenza de que no hay poder humano capaz de arrancar á los mexicanos el bien inapreciable de su ecsistencia política, bien que si ha sido adquirido como ha dicho el ilustre libertador de Colombia, á espensas de todos los demás, él solo és le principio de donde han de dimanar todos, y sin el cual jamás podremos gozar ninguno. El orgullo del Rey de España ofendido por nuestras glorias, busca á un tiempo en una nueva expedición dominio y venganza: la heroica decisión de la Nación le hará sufrir otra vez afrenta y destrucción.
El Exmo. Sr. Vicepresidente no cree necesario en esta ocasión dirigir la palabra a la Nación para inflamar su entusiasmo, ó escitar sus sentimientos patrióticos, pues sabe que no hay mexicano alguno que no esté dispuesto á sacrificar su ecsistencia y bienes para causa tan sagrada.⁴³⁹

Anterior a la alerta gubernamental, la prensa difundía sospechas en ese sentido. El Observador de la República anunciaba una nueva expedición peninsular: “la España apura todos sus recursos para reducir de nuevo a su familia emancipada, y exterminando a un tiempo sus hijos de América por los de Europa y a éstos por sus hermanos de América, reúne en un solo acto el suicido y el parricidio, su despoblación y su ruina”. La actitud hostil de España para con México, de acuerdo con esta publicación, justificaría la urgencia de la expulsión, y no sólo eso, sino que se adjudicaba la responsabilidad de las medidas tomadas en contra de ciudadanos españoles al gobierno de ese país.

Los males causados por la conducta del gabinete español se han extendido a los individuos de esa nación establecidos y naturalizados en México. Fueron separados de sus empleos, privados de obtener otros, se decretó la expulsión de muchos y luego la de casi todos, fijándose por término de todas estas providencias el reconocimiento de nuestra independencia por España. Perdieron su tranquilidad y la de sus familias, han padecido en sus fortunas, se han visto precisados a sufrir las incomodidades, trabajos y peligros de los viajes de mar y tierra, de climas y costumbres estrañas, y las dificultades de un nuevo establecimiento. Ni es fácil que vuelvan a vivir con quietud entre nosotros, mientras la conducta política del gobierno de España no haga calmar el odio y la desconfianza que ha hecho desarrollar con sus proyectos hostiles.⁴⁴⁰

Hasta este punto, se puede advertir la transformación que sufrió el debate en torno a la condición de los peninsulares en las páginas periodísticas. Las primeras disposiciones tomadas en su contra –las leyes de empleos y de expulsión de 1827– surgieron por la ausencia de transformaciones sustanciales en el estatus de los extranjeros, cuyos privilegios representaban una afrenta a los ciudadanos mexicanos. Gracias a los intentos de Fernando VII de reconquistar el país, se relacionaron los tres decretos a la imprudente política que España mantuvo hacia su excolonia. En El Observador de la República se recordó que la expedición frustrada emprendida anteriormente había sido derrotada en una época de disputas entre facciones políticas mexicanas y que ese hecho propició una tregua entre éstas. Para este medio, la decisión española de aventurarse en esa empresa obedecía a que se especulaba que en México había gente deseosa de ver restablecido su dominio.

Incurrió el gobierno de aquella potencia en un error de gran tamaño, error inexcusable en quien dirige á una nación, y acomete la empresa de reconquistar á otra, y es el de creer que tenía entre los mexicanos un partido poderoso que deseaba su dominación, porque hubo quienes combatiesen abiertamente los decretos sobre separar á los españoles de los empleos y espelerlos de la república, y porque hubo muchos más que compadeciesen la suerte de los espulsos, principalmente en el año pasado. Debió saber que unos lo hacían en obsequio de los principios y de las leyes que aseguraban a los españoles los derechos civiles y políticos que se les habían concedido; que otros conocían que la expulsión de 1829 se llevaba adelante por realizar un pretesto que había servido para las conmociones anteriores, cuyo verdadero objeto era frustrar la elección de presidente hecha por las legislaturas de los estados; que otros fijaban su consideración en el perjuicio de la República por la falta de los hombres que emigraban y de los capitales que se estarían ó se paralizaban y en los trabajos de las familias mexicanas por efecto de la expulsión; que otros en fin, y acaso eran todos los mexicanos, la sentían por motivos de humanidad y de su natural ternura [sic].⁴⁴¹

Para El Observador, las manifestaciones en contra de todo lo relacionado a España, que había alcanzado su punto culminante con las acciones legales dirigidas hacia su comunidad, representaban una extensión, así como un fortalecimiento de la independencia. El tono mantenido manifestaba un creciente sentimiento nacionalista, el cual se expresaba en la efectiva reconstrucción de una otredad negativa que encontraba sustento en los derrotados intentos de reconquista. Todo esto contribuyó a esclarecer las fronteras entre lo que al principio resultaba improbable, es decir, la distinción entre americanos y españoles. Esta separación terminó por asociarse con un enfrentamiento entre partidarios de la independencia versus favorecedores de la reconquista.

En todos los planes ó pronunciamientos ha entrado la conservación de la independencia, en muchos la expulsión de españoles ya como objeto principal, verdadero o aparente, y tales son el Plan de la Acordada, el de Perote, los de Valladolid y otros puntos en 1827 y el de Lobato en México en 1824, o ya como medio para evitar la oposición y tal fue el Plan de Tulancingo llamado de Montaño, en que se asentaba que se llevarían a afecto las medidas dictadas sobre expulsión. Es verdad que se ha abusado de ese odio, y que se ha extendido injustamente á los españoles sin distinción; pero él prueba que no se puede sufrir la dependencia de España, y él existe en todos los americanos, bien que los sensatos saben reducirlo á los límites de la justicia. Nadie duda que para tener prestigio entre nosotros es necesario manifestar adhesión á la independencia y que la menor sospecha de inclinación al gobierno de España basta para perder el concepto.⁴⁴²

Mantener la mirada alerta ante las sospechas de sedición de los ciudadanos mexicanos era un tema importante en esa época, pues las fidelidades hacia la independencia resultaron frágiles en muchos casos; la vulnerabilidad de las lealtades correspondía a las sutiles diferencias económicas, políticas y sociales, entre la comunidad española y la alta jerarquía criolla. En el mes de agosto de 1830, un español que había adquirido la nacionalidad mexicana al momento de la independencia, Tiburcio de Cañas, firmaba un manifiesto en el que alertaba sobre una nueva expedición. Desde Nueva Orleans, lugar al que la mayoría de los expulsados elegía como nuevo hogar, llegaban noticias de que oficiales y jefes al servicio de la república, así como residentes de aquella ciudad, se presentaron ante el cónsul español para ofrecer sus servicios a la causa peninsular que planeaba una nueva expedición a México.⁴⁴³

Los rumores de otra eventual invasión se dieron en el momento en que el tema de los españoles había dejado de figurar en el debate público. La ley e 1829 no estuvo exenta de fallas en su aplicación –de hecho, el número de expulsados resultó ser muy inferior a las expectativas trazadas en virtud de la aparente cancelación de motivos de exoneración–. En otras palabras, siguieron prevaleciendo las excepciones; incluso algunos de los peninsulares que habían salido del país tramitaban su regreso al encontrar un escenario favorable, pues la presidencia de la república era ocupada desde 1830 por Anastasio Bustamante, quien estaba muy lejos de esgrimir políticas antiespañolas. La expulsión recobraría su lugar de importancia ante la ola de declaraciones que avizoraban otra amenaza por parte de España. Para septiembre de 1831 el asunto salió a colación en medio de un debate sobre la inconstitucionalidad de las leyes. Un folleto titulado “La justa ley de expulsión no admite derogación”, firmado con el seudónimo de Regina Puchofú, daba respuesta a quienes cuestionaban la legalidad de los decretos argumentando su carácter arbitrario, en concreto, a otra publicación de características similares titulado “Voto de los mexicanos sobre la expulsión de españoles”, en el que se hacía un llamado a derogar la Ley de expulsión vigente:

Apenas se hace creíble que los hombres que pertenecen a la república mexicana, se nos presenten hoy en las filas de la demagogia pretendiendo la derogación de la justa y necesaria ley de espulsión de los españoles […] la nación profesa mácsimas de lenidad y de justicia que la hacen ver con horror esa providencia inicua dirijida al exterminio de la independencia y la libertad […]
[…] la ley de expulsión no es inicua ni injusta, y que es verdaderamente ley, porque la autoridad que la sancionó tuvo facultad más que suficiente para ello. Dedúcese también, que hubo sobrados fundamentos para que se dictase esa medida; y que estos fudamentos ecsisten hoy con mayor robustéz que entonces, por lo que es de esperar de las augustas cámaras de la unión, que su resolución en esta parte sea bien meditada; porque de ella depende no menos que la felicidad o desgracia de siete millones de mexicanos que aprecian su libertad y la han de sostener á todo trance [sic].⁴⁴⁴

El gobierno de Bustamante se hundiría en 1832 tras varios enfrentamientos internos. En su lugar, se restableció a Manuel Gómez Pedraza, quien tendría que ocupar el cargo hasta que concluyera el periodo y convocar a nuevas elecciones.⁴⁴⁵ El presidente en turno llegó decidido a ejecutar con severidad la ley de 1829 y decretó su ratificación –lo cual se conoce también como tercera Ley de expulsión– en 1833; a ésta se anexaba un par de cláusulas de excepción. La situación de los peninsulares quedaría finiquitada en el año de 1836, cuando España finalmente reconoció la independencia de México.

Como se ha mostrado, la prensa jugó un papel determinante en la emisión de estos decretos: haciendo eco de las discusiones de los distintos congresos, estatales y federal, se erigió en escenario de un debate donde las élites manifestaban sus confrontaciones como parte de la nueva cultura política que se estaba gestando y que, con el tiempo, trasladaría la discusión a la sociedad. Sin embargo, no podemos sobredimensionar sus alcances, ya que, si bien sirvió como un catalizador para afianzar cierto nacionalismo ante las incertidumbres del incipiente Estado mexicano y de esta manera proyectar legitimidad, en los hechos, la aplicación de los decretos resultó en gran medida contradictoria con el discurso y los argumentos desplegados en la prensa del país, pues la inmensa mayoría de los españoles permaneció en México.

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El Cosmopolita, México, Campeche, bisemanal (1826).
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El Patriota, México, Puebla, semanal (1827-1833).

III. Cultura del impreso y prácticas políticas

13. El periodismo moderno en una cultura política revolucionaria

Ana María Serna Rodríguez

No se puede tapar el sol con un periódico…
Clara Guadalupe García⁴⁴⁶

El periodismo moderno en el siglo XX

A las diez de la noche, el amplio salón que antaño ocupaba una casa de juego, estaba convertido en un centro de enorme actividad intelectual y material. Todos escribíamos: los unos sus noticias, los otros traducíamos el servicio cablegráfico.

La rotativa Goss de El Universal comenzaba a andar. La expectación era indescriptible. (…) Todos, obreros, empleados de administración, reporteros y amistades particulares, rodeaban la prensa en espera del primer ejemplar. La rotativa seguía andando paulatinamente, pero el papel salía en blanco. Y no fue si no hasta después de sesenta o setenta ejemplares, cuando comenzaron a esbozarse las primeras letras.⁴⁴⁷

A las cinco de la mañana del 18 de marzo de 1917, se inicia el tiro de Excélsior. El destino de un periódico comprometido en las piezas de una rotativa vieja casi oxidada. Se escuchan sus jadeos. Treinta personas los perciben en el patio de una casa situada en la esquina de Colón y Rosales. Transcurren los minutos, las horas en medio de gran ansiedad. A las ocho de la mañana, cuando el sol ya brilla, la máquina suspira y deja de trabajar. Muchos ojos se agrandan. (…) La máquina yace allí, agonizando. El tiro está suspendido. Hay gritos de urgencia. Los técnicos se abalanzan sobre la rotativa. La rotativa vuelve a su trabajo. Lento, pesado, desesperante. “Se quejaba más –evoca don Manuel Becerra Acosta– que una parturienta con triates.”⁴⁴⁸

Así nacieron El Universal y Excélsior en 1916 y 1917 respectivamente. Sus creadores Félix F. Palavicini y Rafael Alducín fueron dos de los empresarios de la prensa más importantes de la primera mitad del siglo XX, compartían un modelo de cómo ejercer el periodismo, que en mucho se nutría de la fuente del diarismo creado por Rafael Reyes Spíndola en El Imparcial de finales del siglo diecinueve, pero sus proyectos periodísticos estuvieron marcados por la novedad de llevar la impronta de los nuevos tiempos revolucionarios.

Palavicini representa el epítome del periodista de aquellas décadas. El limitado espacio de este trabajo no permite ahondar en su importancia y en los detalles de su biografía.⁴⁴⁹ Basta con mencionar algunos momentos importantes de los primeros años de su carrera que comenzó con el movimiento anti reeleccionista de Madero, para comprender el vínculo entre la prensa moderna y la nueva cultura política nacida con la revolución de 1910. El 14 de agosto de 1914, Palavicini asumió a nombre de las fuerzas revolucionarias la dirección de El Imparcial y tuvo el honor de “lanzar las últimas paletadas de tierra sobre el ataúd de este adalid de la prensa” porfiriana.⁴⁵⁰ Antes de fundar El Universal había sido encargado de los órganos de prensa del constitucionalismo y el primer número de su afamado periódico hacía eco de su filiación revolucionaria:

Intentaré traducir en el desaliñado estilo de la prensa diaria –escribió entonces– el deseo y el sentimiento de mis correligionarios; procuraré contribuir a la nueva organización política de mi patria, ahora que los poderes ungidos por el sufragio comienzan a establecerse (…). Para colaborar en la obra reconstructiva se necesita prensa amiga, pero prensa libre; a medida que la organización política se completa, la prensa libre urge.

El programa de El Universal es el programa de la revolución.

“Mi pluma es amiga, pero no es esclava”.⁴⁵¹

Por otro lado surgió el Excélsior que fundara Rafael Alducín, cuya personalidad encarnaba la modernidad: “era un joven inquieto –de familia acomodada–, lleno de bríos, muy amante de los deportes”⁴⁵² que antes de crear Excélsior había fundado publicaciones como El automóvil en México.⁴⁵³ En sus años mozos había trabado amistad con Luisito Reyes Spíndola, hijo de Rafael el fundador de El Imparcial, y había pululado casi a diario por la redacción de aquel gran periódico porfiriano. Triste y paradójicamente, como si su vida fuera una metáfora de las dificultades de la nación para pertenecer al mundo moderno, terminaría sus días en la flor de la juventud “a consecuencia de las lesiones al caer de un caballo en Chapultepec”.⁴⁵⁴ Alducín aprovecharía la coyuntura del triunfo constitucionalista, que era un presagio de estabilidad, para echar a andar su nueva empresa. No hizo una declaración de principios revolucionarios como la de El Universal pero tampoco marcó una distancia evidente con el gobierno de Venustiano Carranza, a quien llamaría “celoso defensor de la integridad nacional”.⁴⁵⁵

La prensa mexicana comandada en aquellos tiempos por personajes como estos, dio el brinco definitivo a la modernidad con zozobra, tropezando, de prisa, con la energía característica de aquellas primeras décadas del siglo veinte, pero con la incertidumbre que rodeaba a la nación entera. Sus creadores trabajaron con esperanzas y muy pocos recursos. Las planas de los diarios se formaron en medio de una violenta revolución social. El Universal, Excélsior y otros diarios modernos de la era revolucionaria nacieron jadeando cual parturientas adoloridas engendrando páginas en blanco. La prensa moderna de entonces se vio favorecida por las nuevas circunstancias que produjera la revolución de 1910, pero como todo el país, anduvo con un pie atado todavía al estribo de las tradiciones decimonónicas.

Algunos aspectos de la factura de los dos periódicos más longevos del siglo veinte y más representativos de aquellas primeras iniciativas modernizadoras alumbran el camino para entender asuntos fundamentales sobre la relación entre periodismo y sociedad. Éste es el principal objetivo de este trabajo. Más específicamente, enfoca las transformaciones que el periodismo moderno sufriera al estallar la revolución de 1910. Al estudiar el quehacer periodístico de aquella época se hace evidente que dos asuntos históricos se interconectan: la modernidad de la prensa se consolida, pero al contrario de lo que ocurriera durante la etapa de cerrazón política de la dictadura porfiriana, este proceso iría de la mano de un efervescente debate público y de un cambio notable en el espíritu, las actitudes y las expectativas políticas de buena parte de los mexicanos de aquellos tiempos.

El periodismo moderno que habían inaugurado Manuel Caballero y Ángel Pola, los primeros audaces reporter mexicanos, se venía consolidando en México con la avasalladora presencia pública de El Imparcial cuando la dictadura de Díaz dio su último suspiro.⁴⁵⁶ Ambos reporter aportaron al periodismo la redacción de los primeros reportajes y entrevistas y contribuyeron al desarrollo de la nota roja acercándose con estos elementos a una visión positivista del periodismo que pretendía develar la verdad de los hechos. Este género informativo se alejaba a un mismo tiempo de la literatura y del periodismo de opinión que habían sido tan influyentes en la vida pública decimonónica donde “lo noticioso de la prensa se reservaba para la crónica y la gacetilla”.⁴⁵⁷ Este giro fue también “un mecanismo –del que se valieron algunos periodistas– para resistir la embestida oficial en contra de los escritores públicos”.⁴⁵⁸

En estos primeros atisbos reporteriles hubo cierta influencia anglosajona que se muestra en el hecho de privilegiar la noticia y la información alejándose de la opinión, el debate y la inclinación literaria de la prensa que caracterizaban a la prensa francesa y habían marcado al periodismo mexicano del siglo diecinueve. Ésta se fortalecería en la hechura cotidiana de los diarios del siglo veinte y sería visible en el trabajo de gente como Rafael Alducín, Rodrigo de Llano, Regino Hernández Llergo y José Pagés Llergo entre otros. En1922, Luis G. Urbina reconocía este sello. El género de periodismo que priva en la actualidad –decía– está vaciado, con modificaciones de ambiente y circunstancias, en el molde sajón.⁴⁵⁹

Siguiendo la brecha abierta por estos personajes, El Imparcial fue el símbolo periodístico de la modernidad porfiriana, un periódico ilustrado de a centavo, con una enorme circulación y alcance popular, centrado en la noticia, atractivo para todo público, que pretendía ofrecer a los lectores información oportuna y convertiría a la prensa en un negocio “industrializado”, netamente informativo que, como dice Clara Guadalupe García “creó un nuevo espacio social”.⁴⁶⁰ Otros elementos de la prensa moderna fueron el uso de la publicidad, de los cables de agencias internacionales, una constante preocupación por mantenerse a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas y sostener una maquinaria industrial que acortaba los tiempos de impresión y abarataba el producto final permitiendo que el periódico llegara a los grandes públicos. La promesa de imparcialidad del gran diario porfiriano pretendía distanciarse por completo de la tradición decimonónica de la prensa política y rijosa; sin embargo, su aparente equilibrio escondía una servil apología de la dictadura que no cumplía con uno de los supuestos de la función social del periodismo moderno: fortalecer la esfera pública.⁴⁶¹

Semejante pasteurización política del periodismo se vería interrumpida por la revolución maderista, la irrupción en escena de los grupos populares armados y organizados, la destrucción del Estado porfiriano y la lucha de facciones que minaron el frágil acuerdo implícito en la pax porfiriana. El levantamiento de 1910 propició el florecimiento de una nueva cultura política que modificaría la hechura de los periódicos mexicanos.⁴⁶² La modernidad en el periodismo no daría marcha atrás. Los periódicos seguirían siendo informativos, ilustrados, con reportajes y entrevistas, pero mucho cambiaría su función social por el hecho de que los periodistas realizaran su labor en el marco de un levantamiento armado generalizado con reclamos democráticos y sociales. La prensa entre 1910 y 1940 abrevaría en fenómenos que se nutrieron mutuamente. Por un lado, la prensa moderna retomó el debate y la participación política. Por otro, la prensa recuperó la tradición decimonónica del periodismo de opinión y de combate, donde tendrían cabida los intelectuales y las diferentes posturas de los grupos en lucha. Además de que los periódicos se anunciaban abiertamente como órganos de facciones revolucionarias, adoptaron el formato de los diarios modernos.

¿Acaso –vale la pena preguntarnos– el quehacer periodístico mexicano se volvió más moderno por obra de la revolución social? Asimismo es importante preguntar cómo influyó el enfoque moderno del periodismo en la cultura política revolucionaria. ¿Cómo se vinculan uno y otro fenómeno? ¿Qué cambió en el paso de El Imparcial al Excélsior y El Universal? O bien, ¿cómo transformó la revolución de 1910 a la prensa moderna que por un lado manifiesta una clara continuidad con el pasado decimonónico y por otro se apoya en la novedad revolucionaria? Los diarios posrevolucionarios y los periodistas que les dieron vida mudaron de espíritu, pero ¿en qué consistió exactamente semejante cambio? Las respuestas a todas estas interrogantes requieren de un espacio más amplio y un análisis más profundo, aquí se esbozan únicamente algunas líneas de trabajo.

Sin duda los exponentes más importantes del periodismo mexicano de aquel momento se consideraban a sí mismos representantes de la modernidad y expresaron lo que esto significaba. Fernando Díaz de Urdanivia, fundador de Excélsior, al hacer una remembranza de los inicios de este diario, destacaba que “el periodismo moderno gira preferentemente en torno a la noticia”.⁴⁶³ Félix F. Palavicini consideraba que, a su vez, “el éxito de El Universal se debía a su extraordinario servicio de información. Diariamente –decía– hemos publicado noticias trascendentales que se han escapado a nuestros competidores”.⁴⁶⁴ La prensa moderna del siglo veinte reconocía la actividad del reportero como su centro neurálgico:

Además de la oportunidad y eficacia de las informaciones, éstas se caracterizan por la forma imparcial, verídica y sintética que nuestros reporteros imprimen a las mismas –decía Excélsior–. Contamos con un personal de noticias que reúne condiciones de actividad, honorabilidad y buen criterio. Su labor se concreta a relatar y no a comentar.⁴⁶⁵

Fernando Ramírez de Aguilar, alias “Jacobo Dalevuelta” o “Machín”, como le denominaban en casa, y quien ocupaba el cargo de secretario de redacción de El Universal, no había querido perder su carácter de reportero: “Soy consciente –decía– de la importancia que en el diarismo tiene el reportero. Y por esto mis afanes tienden a alcanzar el perfeccionamiento –dentro de lo humano–, y llenar debidamente mi misión de informante”.⁴⁶⁶

La generación del mil novecientos diez reconocía también el legado que había heredado del reciente pasado decimonónico. En un par de artículos escritos con envidiable talento literario, Luis G. Urbina analiza los elementos que, a su parecer, definían a la prensa moderna mexicana. Inicia con un brillante enfoque desde un punto de vista social, del cambio del periodismo decimonónico doctrinario “(…)donde se vertían estudios políticos llenos de graves y sesudos conceptos (…)”.⁴⁶⁷

Se adivina –describía Urbina– al lector de aquellos tiempos, arrellanado en su casero butacón, puesta la holgada bata, bien calado el gorro abrigador, mejor acomodados los anteojos para el descanso de la vista, y, entre las manos, el papel –como entonces se decía– que va a llevarle alimento espiritual y a reforzar sus argumentos de partidario. El periódico, reflexivo y docente, invitaba a la meditación y preparaba a la controversia. Nuestra prensa se transformó de docente y perceptiva en informativa y vulgarizadora.”
La prensa varió por modificaciones sociales. Todos aquellos discursos interminables, todos aquellos esfuerzos mentales se habían quedado en la superficie, interesaban sólo al grupo superior, y era urgente llegar a la masa, impregnarla de verdades elementales, inyectarla de rudimentarios conocimientos, interesarla a su vez, en la existencia nacional y explicarle las más simples cuestiones de nuestra organización colectiva. Para eso fue preciso perder en intensidad lo que había de ganarse en extensión, en difusión, en propagación.⁴⁶⁸

Sin embargo, con todo y estas declaraciones de principios modernizadores, a partir de 1910 muchos periodistas concientes de su formación reporteril e informativa, fueron también participantes activos en la política formal ocupando puestos de elección popular o cargos en gabinetes, ya fuera perteneciendo a cualquiera de los bandos revolucionarios o como representantes de los fuertes grupos de la llamada “reacción” o “contrarrevolución”. Otros como Martín Luis Guzmán o Luis Cabrera, por mencionar sólo un par de ejemplos, participaron en el periodismo como ideólogos, intelectuales o literatos.

Cultura política revolucionaria y modernidad periodística

En el marco de una revolución social la tarea de los periodistas y la popularización de los escritos es fundamental. El periodismo moderno que, a finales del siglo diecinueve se centraba en las noticias, se convirtió a partir de 1910 en un elemento vital de la vida política de un país como México, donde los ciudadanos se involucraron mucho más en la política. En este nuevo marco, la información pasó a ser un elemento importante para la toma de decisiones, en los periódicos se retomó el debate de los asuntos públicos y muchos periodistas se asumieron como mediadores entre la sociedad y el Estado, o bien, como voceros de la opinión pública.

Con la revolución de 1910 la política irrumpe en la sociedad, literalmente sale a las calles con arengas públicas y mítines, y provoca transformaciones en instancias como el Congreso, que enmarcan la práctica política formal, y en procesos políticos como las elecciones y los debates legislativos. Sin embargo, como la revolución de 1910 careció de una ideología estructurada y se dividió en una variada gama de planes, facciones armadas, posturas políticas, idearios y utopías, es un fenómeno histórico que, en términos políticos adopta muchas facetas a la vez. Como ocurre casi en todas las grandes revoluciones sociales, sus efectos no se pueden equiparar a las demandas que dieron lugar al movimiento armado. Si bien la revolución logró transformaciones en el terreno socioeconómico y político, muchas de éstas, como el ejido, fracasaron con el tiempo. La verdadera sacudida social revolucionaria caló más en el terreno de las actitudes que en el plano de los elementos estructurales de la economía o la política. Debido a esto, el concepto de cultura política es muy útil para comprender este episodio en el que el periodismo modernizador hubo de vivir en un cambio político sin precedentes. Es importante analizar el periodismo desde la lente de los estudios sobre cultura política porque una historia social del mismo en el México revolucionario no puede ignorar la política y los fenómenos sociales que la moldean.

El concepto de cultura política parece tener el defecto, que sin duda puede aprovecharse como virtud, de haber sido definido de infinidad de formas.⁴⁶⁹ Hacia los años cincuenta, Almond definió cultura política como un patrón particular de orientaciones a la acción política en el que todo sistema político está inmerso. Sin embargo, las evoluciones subsecuentes de este concepto se acercan más a definiciones que se preocupan por las bases sociales de la política,⁴⁷⁰ por la inclusión en el análisis de los grupos no pertenecientes a las élites, llámeseles grupos populares o subalternos, toman en cuenta las actitudes, los valores, el “ethos cultural”, las nociones, las opiniones y los sentimientos hacia el sistema político, las “convicciones compartidas” que claramente influyen en el quehacer periodístico y en su recepción social. Algunos elementos de estas variantes son una muy útil herramienta interpretativa para comprender la relación entre el periodismo y la sociedad mexicana en el marco de la revolución social de 1910. Muchos de los rasgos que acepta el concepto de cultura política están encarnados en el proceso que vive México entre 1910 y 1940.

La cultura política de 1910 manifiesta un cúmulo de tendencias que se inician con el llamado al sufragio efectivo, la no reelección y el desprecio a la dictadura con el que Madero iniciara su movimiento. El común de los ciudadanos mexicanos vivimos con la convicción compartida de seguir defendiendo el sufragio porque, desde entonces, los procesos electorales han sido manipulados y amañados, incluso se han inventado sofisticados mecanismos para el fraude. Además, desde los años veinte, cuando fracasara el intento de reelección de Álvaro Obregón, no se ha vuelto a registrar ni siquiera una propuesta de permanencia de algún presidente en el poder, más allá de su periodo sexenal.

Como es bien sabido, la primera etapa de la revolución maderista logró vencer al tirano y generó un movimiento popular que lo rebasaría y que se dividiría en facciones y en diferentes actitudes hacia lo político. Por un lado, los ejércitos zapatista y villista, ampliando las bases sociales de la política ejercida hasta entonces, llevaron a los grupos de campesinos hasta la silla presidencial, física y metafóricamente, y se constituyeron en un importantísimo grupo de presión que, junto con las iniciativas carrancistas que se plasmaron en la ley agraria de 1915, lograrían poner en la palestra un importante elemento de la cultura política del diez: el tema de la tenencia de la tierra. Con todo y la derrota de estas facciones populares de la revolución, el campesinado seguiría teniendo una presencia política en todo el proceso de reforma agraria que culminaría hasta el cardenismo y hasta en movimientos políticos contrarios a la revolución como la Guerra Cristera y el Sinarquismo. Desde entonces, “Tierra y Libertad” ha sido un lema llevado y traído por los gobiernos de la revolución institucionalizada y por sus opositores de izquierda. La tierra y los campesinos fueron protagonistas, junto con el obrero que tomaría vigor hacia los años veinte y treinta, del arte y la cultura mexicana de la época.

Parte importante también de esta cultura política serían dos herencias del pasado liberal decimonónico: el énfasis en la importancia de la educación y el anticlericalismo. El proyecto educativo obregonista y vasconcelista de los años veinte partió de una cultura política embebida de un “ethos cultural” que pregonó una fe ciega en la capacidad de redención del mestizaje y en la posibilidad de llevar la enseñanza, la alfabetización y la lectura hasta los rincones más remotos de la geografía mexicana. La revolución de 1910 no acabó con los vicios del pasado y, sin duda, fortaleció algunos lastres como el caciquismo, la corrupción y la violencia. Durante los años veinte se fortaleció la clase obrera con las revolucionarias leyes laborales plasmadas en la Constitución de 1917, pero líderes corruptos cooptarían al movimiento obrero y al sindicalismo. El corporativismo y las masas encauzadas por el Estado dominarían la cultura política de los años treinta y cuarenta. Un elemento más de esta cultura política que llegaría a su apoteosis durante el cardenismo fue el proyecto indigenista.

Para engarzar el vínculo entre periodismo y cultura política, la visión de Hunt sobre la revolución francesa ayuda mucho porque se concentra “en la politización de lo cotidiano y en la manera en que la Revolución incrementó enormemente los puntos desde los cuales podía ser ejercido el poder”. Hunt esclarece los nuevos símbolos, el lenguaje, la retórica, y las expectativas sobre la política inaugurados por la revolución. Para el caso mexicano de 1910, la capacidad de una revolución para generar expectativas es más importante que los resultados tangibles de la misma. Estas expectativas se reflejan en el interés por la lectura de lo escrito en los periódicos, en la necesidad de noticias y en la avidez de escribir en los diarios ya sea para informar, denunciar, publicitar, debatir, hacer propaganda por la causa defendida o para expresar algún punto de vista. El renacimiento de la opinión fomenta estas expectativas y, cuando la opinión llega a ser acallada en esta etapa revolucionaria, la recuperación de la libertad de expresión se vuelve una expectativa más. La libertad de expresión y el fortalecimiento de la opinión pública son dos temas que se vinculan a la relación entre el periodismo moderno mexicano y la cultura política. La revolución de 1910 generó la expectativa de que semejante liberalización de la sociedad mexicana era posible y esta llegó a ser un hecho. Sin embargo, en múltiples momentos, los propios líderes revolucionarios mostraron su verdadera vocación autoritaria y dieron marcha atrás a este proceso. Sin embargo, en las oleadas donde sí se promovió esta apertura, como fueron los gobiernos de Francisco I. Madero, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, el público mexicano pudo ampliar sus funciones y sus expectativas.

Historiadores como Hunt y Chartier aportan indirectamente una lección más para el entendimiento de la cultura política mexicana, porque se concentran en demostrar que si bien los resultados y los cambios sociales y económicos concretos de la revolución francesa no son tan evidentes, en el reino de la política casi todo cambió. La revolución se convirtió en una tradición y el republicanismo en una opción duradera. Los reyes no pudieron gobernar sin asambleas, y la dominación de la nobleza de los asuntos públicos sólo provocó más revolución. En una escala menor y con unas consecuencias también más modestas y locales, la revolución mexicana produjo una transformación similar del espíritu público que influyó grandemente en la factura del periodismo, porque más que cualquier otra cosa, transformó el uso de la palabra.

Otra categoría analítica que se vincula al concepto de cultura política es aquella de esfera pública como la define Jürgen Habermas, es decir, “como un dominio de nuestra vida social en el que se puede formar semejante cosa como la opinión pública”.

El acceso a la esfera pública está abierto –explica Habermas– a todos los ciudadanos. Los ciudadanos actúan como público cuando tratan asuntos de interés general sin estar sujetos a coerción ninguna; con la garantía de que se pueden reunir libremente, expresar y publicitar sus opiniones libremente. 

El poder coercitivo del Estado es, pues, la contraparte de la esfera pública, pero no es parte de ella. (…) El término “opinión pública” se refiere a las funciones de crítica y control que el público ejerce informalmente –o formalmente durante elecciones– de la autoridad estatal organizada. A la esfera pública –como esfera que media entre la sociedad y el Estado, una esfera en la que se forma el “público” como vehículo de la opinión pública–le corresponde el principio de publicidad: la publicidad que antes se tenía que ganar contra la política secreta de los monarcas y que desde entonces ha permitido el control democrático del estado.⁴⁷¹

Habermas –como ha dicho Formisano– libera a la política de las instituciones, las organizaciones y el Estado.⁴⁷² “La esfera pública ya no es un dominio exclusivo de la burguesía del siglo XVIII, ahora se considera un accesorio de la sociedad moderna –plural, anárquica, salvaje, sin regulaciones y fluida en relación con el espacio y el tiempo.⁴⁷³ La perspectiva habermasiana es una sofisticada definición de lo público e implica una definición ampliada de la política más allá de lo electoral y legislativo”.⁴⁷⁴ Si bien se ha dicho que la idea de esfera pública no es aplicable a la realidad de un país latinoamericano a principios del siglo veinte, me parece que entendido como aquí se ha expresado, resulta una herramienta de análisis muy pertinente para comprender lo sucedido entre la prensa y la sociedad en el México de aquél entonces. Además, la idea del desarrollo de la esfera pública es un concepto invaluable para entender la función social del periodismo y para enmarcar el estudio del periodismo de forma tal que atienda a su vínculo con la sociedad y no sólo como parte de una historia política tradicional. Entre 1910 y 1940 se reforzó la esfera pública mexicana y ese fenómeno sociopolítico contribuyó a la modernización periodística.⁴⁷⁵

Otros elementos de la cultura política de 1910 que afectaron directamente al quehacer periodístico moderno fueron: el marco de libertad de expresión y la irremediable apertura al debate y a la discusión pública que colocaron a la prensa en la categoría de tribunal, donde se podían calificar las acciones de los representantes del Estado.⁴⁷⁶ Hubo una inclusión de nuevos actores, específicamente las clases medias, el campesinado, los obreros y las mujeres en la participación política nacional y una paulatina inserción en la cultura letrada. Se sumaron las demandas sociales de la revolución y su materialización en la Constitución de 1917, que recoge las iniciativas de ley más radicales en materia educativa, agraria, laboral y de secularización que se pueden rastrear hasta el magonismo y el zapatismo. La nueva Carta Magna sería considerada por los diaristas como “un estatuto y una norma renovadamente democrática” que la revolución había aportado al país.

Una de las constantes del discurso y las prácticas políticas a partir de 1910 fue la insistencia en la necesidad de cumplir con el ideal democrático. La libertad de expresión tuvo sus altibajos en el periodo, pero se colocó discursivamente como un deber ser y un paradigma de legitimidad con el que habrían de cumplir los gobiernos revolucionarios. La libertad obtenida con la lucha armada y el surgimiento de una nueva cultura política, redefinirían necesariamente este carácter moderno del periodismo del recién nacido siglo veinte.

Sin libertad –se leía en Excélsior– este periódico no podría ni querría vivir para reflejar una vida nacional privada de ese don civilizado y precioso del hombre que consiste en examinar, en exponer, hurgar, exhibir y analizar todo cuanto sea humano, sin restricciones ni tabús. Sin libertad, el pueblo de México no podría tampoco contar, por fuera y por encima de los poderes oficiales, con el instrumento de comunicación y contacto; con el estímulo a la cultura y el acicate a la responsabilidad ciudadana; con el abrevadero de la información veraz y completa; con el órgano de opinión y comentario sin compromisos; con la brújula de orientación, en fin, que es un periódico como Excélsior.⁴⁷⁷

Esta libertad era producto del caos que había generado la revolución armada y la destrucción del estado porfiriano, junto con el atribulado proceso de formación de un nuevo estado revolucionario. Estos procesos políticos, más que la voluntad de los líderes en el poder, propiciarían un vacío favorable a la libertad de expresión.

Definitivamente, el México en el que nacieron Excélsior y El Universal había cambiado. Ya no se vivía en un ambiente controlado donde reinaban la paz y el progreso logrados con mano de hierro. Desde el levantamiento maderista, esta caótica libertad se había traducido en debate, en la proliferación de medios impresos con toda clase de coloraciones políticas. En ciertos periodos fue tan exacerbada que se le vio como libertinaje, como un problema social y no como una virtud pública. La revolución marcó también un regreso al periodismo partidista, político, de aquella prensa que, como dictaba la vieja tradición decimonónica, tenía como función la divulgación y la circulación de las ideas, ya fuera a favor o en contra de la revolución. Éste, sin embargo, ya no tenía como destinatarios a los letrados apoltronados en un sofá que leían los diarios con erudita paciencia, sino a un público ampliado y diverso que ya era partícipe de la política. La libertad vinculada a las prácticas de una nueva cultura política significaría el ejercicio más cabal de la ciudadanía que, en relación con la prensa, marcaba la apertura de espacios para la expresión de la opinión pública.

Nuestros antepasados del magnífico siglo diecinueve –recordaba Luis Montes de Oca–, se esforzaron por construir, para nuestro goce, un sistema de libertad que estuvo en uso hasta 1910. De ese año en adelante, el pueblo entero se rebeló para perfeccionar dicho sistema purgándolo de errores mediante el cambio de hombres y la cancelación de vicios políticos y económicos, que eran evidente desviación del cauce que los liberales mexicanos habían trazado. (…) Si a las anteriores circunstancias se agrega el amparo que proporcionó una poderosa opinión pública, fuertemente imbuida de tradición liberal, se entenderá por qué la llamada prensa comercial o independiente pudo hacer llegar a todos sus lectores del país la verdad y el análisis de los hechos y las doctrinas.⁴⁷⁸

Esta opinión pública era más incluyente y modificó la composición del público consumidor del nuevo periodismo. Además del surgimiento de un número y una gama enorme de publicaciones periódicas de mayor o menor importancia vinculados con los grupos populares, estos grandes periódicos, con una actitud incluyente, reconocían una deuda social con estos nuevos lectores: “En nuestro título decimos que este nuevo diario será ‘El periódico de la vida nacional’ –decía Excélsior–. Y lo será, porque en él tendrán un eco las palpitaciones todas del alma nacional. Huelga decir que el campesino y el obrero encontrarán un medio para hacer llegar sus quejas al público en las columnas y que del mismo derecho gozarán todos los demás componentes del agregado social”.⁴⁷⁹

A diferencia de la intención pedagógica del periodismo moderno decimonónico que pretendía llegar a un público ampliado, como fuera el caso de El Imparcial, pero que daba un trato terriblemente despectivo a las clases populares, la prensa popular posrevolucionaria y el periodismo industrial dignificaban la imagen de este público receptor. Se pretendía continuar la obra educativa que habían comenzado los diaristas de antaño, pero en un contexto de libertad y en una circunstancia que transformaría, por lo menos discursivamente, buena parte del sentido social del periodismo. Así, Excélsior delineó su personalidad: “un periódico con visión empresarial, enfocado a la naciente clase media (…) que se veía a sí mismo como un órgano de mediación entre sus lectores y los nuevos gobernantes del país”.⁴⁸⁰

La relación entre la cultura política surgida de la revolución de 1910 y su vínculo con el quehacer periodístico moderno es mucho más compleja de lo que aquí se ha esbozado. Nos hemos centrado únicamente en el cambio de actitud que conlleva a la revolución y que permite una hechura más cabal del periodismo moderno y de su función social ya que fomenta el fortalecimiento de la esfera pública. Mucho más queda por analizar. La nueva cultura política significó también que la clase militar monopolizara el poder. El espíritu de demanda y debate se anquilosaría poco a poco, junto con el trabajo periodístico que, para la década de los cuarenta, una vez que cundiera la comercialización de los grandes diarios vinculados con la clase empresarial y las cúpulas gobernantes, se hundiría en la cultura del chayote, la autocensura y la incapacidad de generar un contrapeso al poder institucionalizado.

Tras este periodo revolucionario, la prensa moderna mantendría los formatos inaugurados por El Imparcial, pero demeritaría la calidad de los contenidos periodísticos. Para finales de los años treinta, casi todos los periódicos eran ilustrados, baratos, con una enorme cantidad de anuncios y grandes listas de suscriptores. Pocos, sin embargo, mantendrían la función social que los caracterizaría en las décadas inmediatas al levantamiento armado de principios del siglo veinte.

Bibliografía

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Periódicos 

Excélsior
El Universal 

Artículos de periódicos

Solana, Rafael, “Cómo se fundó El Universal”, El Universal, 11 de abril de 1922, p. 2. 

“Cómo nació un diario, según el relato de los nueve fundadores supervivientes”, Excélsior, 18 de marzo de 1957, p. 1. 

Núñez y Domínguez, José de J., “Cómo se fundó Excélsior”, Excélsior, 18 de marzo de 1942, p. 1. 

“Muerte del señor Aldúcin”, El Universal, 30 de marzo de 1924, p. 1. 

Urbina, Luis G., “Los milagros del periodismo moderno: ‘Excélsior’ y la crónica”, Excélsior, 19 de marzo de 1922, p. 3. 

Fernando Diez de Urdanivia, “José Elguero”, Excélsior, 18 de marzo de 1957, p. 6. 

Félix F. Palavicini, “Los mayores triunfos periodísticos de El Universal”, El Universal, 11 de abril de 1922, p. 10. 

Urbina, Luis G., “Reyes Spíndola y la prensa moderna”, Excélsior, 19 de enero de 1922, p. 3. 

“Día de Fiesta”, Excélsior, 18 de marzo de 1942, p. 4. 

Montes de Oca, Luis, “La libertad y Excélsior”, Excélsior, 18 de marzo de 1942, pp. 1, 12 y 14. 

Roberto Núñez y Domínguez, “Rafael Alducín, fundador de Excélsior”, Excélsior, 16 de marzo de 1957, pp. 6, 13. 

Antonio Médiz Bolio, “Palavicini”, El Nacional, 23 febrero de 1952, p. 3-4. 

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14. El periodismo como práctica política: el caso de la revista La Nación como soporte textual y gráfico de una cultura política de factura panista (1941-1963)

Lorena Pérez Hernández

La revista La Nación fue un recurso de comunicación utilizado por miembros del Partido Acción Nacional (PAN) con el objetivo de crear una opinión pública crítica hacia el régimen revolucionario y difundir el ideario del panismo entre sus adherentes y simpatizantes. Así, los autores que escribieron en sus páginas dieron a conocer a los lectores sus ideas, opiniones, valores, creencias, evaluaciones, imágenes, preferencias, percepciones y expectativas⁴⁸¹ sobre el acontecer local, nacional e internacional y ofrecer soluciones a los problemas del país. De tal forma, fue correlato del proceso de conformación de la cultura política dominante durante el sistema de partido hegemónico que prevaleció en México entre 1929 y 2000. Para Alan Knight esta cultura política está definida por algunos rasgos como: el personalismo, el poder arbitrario, la corrupción, el clientelismo y la violencia.⁴⁸² Todos estos elementos se formalizaron desde la institucionalización de los procesos políticos y electorales, a partir de la conformación y consolidación del partido oficial entre 1929 y 1946, proceso que comenzó con la fundación del Partido Nacional Revolucionario y sus posteriores transformaciones en el Partido de la Revolución Mexicana y en el Partido Revolucionario Institucional.

La textualización de algunos componentes de la cultura política panista en las páginas de La Nación debe explicarse como resultado de una práctica periodística ubicada en un contexto histórico particular. Es entonces, a partir del análisis del horizonte de enunciación de la revista La Nación que se puede comprender en qué términos legales y operativos esta publicación funcionó como instrumento de comunicación de un partido de oposición.

En este artículo se propone mostrar cómo Manuel Gómez Morín utilizó el periodismo como una estrategia para transmitir un conjunto de elementos que constituyeron una cultura política de factura panista. En este sentido, debe entenderse la actividad periodística en las filas de Acción Nacional como una práctica política. Para explicar cómo el líder panista entendió el ejercicio del periodismo es importante presentar los motivos y argumentos que expuso para justificar la existencia de La Nación y deslindarla pública y legalmente de su partido político. A través de la exposición de las razones sobre el carácter independiente y de los criterios editoriales que estableció se observaron diversos aspectos de la relación que entabló entre periodismo y acción política. Entre ellos, el papel que le asignó al quehacer periodístico como formador de opinión pública. Por otra parte, los distintos objetivos asignados a la revista revelan una contradicción producto del doble discurso que Gómez Morín manejó para ocultar al público el propósito central de La Nación, que era la difusión de los Principios de Doctrina de su partido. Este discurso presenta inconsistencias en las razones y argumentos que Gómez Morín expuso en los diversos documentos que escribió para justificar la creación de la revista, para reestructurarla administrativa y financieramente; y para aclarar el vínculo legal y operativo con Acción Nacional.

El periodo que abarca este estudio es de 1941 a 1963, años en los que Gómez Morín y González Luna estuvieron directamente involucrados en la dirección intelectual de la revista. Durante este tiempo, el primero se esforzó permanente por definir y redefinir los criterios editoriales que debían guiar a la publicación dando origen a una serie de documentos en los que expuso las razones para mantener a La Nación con independencia financiera y evitar su vinculación directa con Acción Nacional. No obstante, su intencionalidad evidencia un discurso que se contradice en la práctica. Si bien, el propósito de este trabajo es mostrar cómo Gómez Morín se esforzó por negar que La Nación fuera un órgano informativo oficial del blanquiazul, en su argumentación encontramos una serie de nociones que construye sobre el papel de los medios impresos como formadores de opinión pública y sobre el ejercicio del periodismo como una práctica política.

Horizonte historiográfico

En México existe una larga y rica tradición periodística estrechamente vinculada con las organizaciones políticas y sociales, principalmente, con los partidos políticos. Entre la prensa de izquierda partidista y social se ubica el periódico El Machete, fundado en 1924 por el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México, que en ese mismo año pasó a ser el órgano del Partido Comunista de México (PMC). Para 1938 fue sustituido por La Voz de México.⁴⁸³ En esta línea apareció en 1929 El Nacional Revolucionario, como órgano del Partido Nacional Revolucionario (PNR). Dos años después, su nombre se redujo a El Nacional.484 Por acuerdo presidencial se resolvió que desde el 1° de enero de 1941 asumiría ‘la categoría definitiva de órgano oficial del régimen, bajo la dependencia de la Secretaría de Gobernación, con el objeto de orientar e informar autorizadamente al país sobre las actividades y altos objetivos del gobierno’.⁴⁸⁵ Condición que mantuvo hasta su desaparición en septiembre de 1998. En esta tradición impresa y periodística se inscribe El Popular, que empezó a circular en 1938. Este diario fue el vocero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y posteriormente del Partido Popular (PP).

El PAN se adscribió a esta línea fundacional al crear el Boletín de Acción Nacional como órgano informativo oficial, cuya finalidad era informar sobre las actividades más sobresalientes del partido, opinar sobre los problemas locales y nacionales y proponer soluciones. Fundado el 1° de diciembre de 1939. Originalmente fue el órgano de difusión del partido en el Distrito Federal pero a partir del 15 de marzo de 1940 se convirtió en órgano nacional del blanquiazul. Su periodicidad fue quincenal pero desde 1942 sería mensual. Su último número se publicó el 28 de junio de 1943.⁴⁸⁶

Los panistas diseñaron una estrategia para posicionarse en la opinión pública a través de los medios impresos, que abarcaba publicaciones y editoriales como Voz Nacional y Polis, respectivamente. La primera era una revista semanal, que apareció en 1939, publicada por la editorial Polis, dirigida por Bernardo Ponce y administrada por Rafael A. Herrerías y cuyo editor era Aquiles Elorduy. Esta revista no fue un órgano oficial de Acción Nacional, pero colaboró estrechamente con el partido.⁴⁸⁷ La segunda fue fundada en 1937 por Jesús Guisa y Acevedo, con el apoyo de Gómez Morín y varios amigos más. Además de estas publicaciones hubo otras empresas culturales que fueron creadas ex profeso como la revista La Nación. Cercana a la intención de reeditar las obras emblemáticas del pensamiento conservador,⁴⁸⁸ respondió a la fundación de la Editorial Jus.⁴⁸⁹ Este sello fue un importante apoyo para la difusión de las raíces filosóficas e ideológicas de panistas como Gómez Morín y González Luna.

La Nación fue una revista semanal que comenzó a circular a partir del 18 de octubre de 1941 hasta la fecha. Los panistas se esforzaron porque se vendiera en la mayor parte del territorio nacional y en varias partes del mundo. Dieron cabida esporádicamente a selectas plumas a fines política e ideológicamente como las de Salvador Novo, José Vasconcelos y Jesús Guisa y Acevedo, entre otros. Además, contaron con la colaboración de reconocidos escritores extranjeros como Jacques Hérissay y de Guy Chastel.⁴⁹⁰ Además de traducir textos de celebres pensadores como Gilbert k. Chesterton.⁴⁹¹

Entre los contemporáneos de Gómez Morín existía la creencia de que La Nación era un órgano informativo oficial del blanquiazul, la cual perdura hasta nuestros días. Basta revisar parte de la historiografía existente y localizable de Acción Nacional para observar que algunos investigadores se refieren a dicha publicación como el órgano oficial de ese partido.⁴⁹² Una excepción es Donald J. Mabry, quien precisa que: “La Nacion was created in 1941 as an independent weekly magazine unidentified with the party PAN. Financed by bankers and edited originally by a Catholic Action journalist, La Nacion sought to enlist Mexicans in PAN causes. By the late 1940s it identified itself as the party organ”.⁴⁹³

El desconocimiento o falta de precisión de algunos estudiosos quizá sea resultado de que la revista haya sido utilizada solamente como fuente de información y no cuente con un estudio que trate su historia. Hasta el momento sólo existen dos trabajos: una tesis y un artículo que abordan una parte de su producción periodística y de su historia. El primero es una tesis de licenciatura en Periodismo. Alma Sandra Juárez Pineda en “Revista La Nación del PAN: dos etapas de su historia: 1941-1951 y 1989-2000”,⁴⁹⁴ se centra en el análisis de contenido de diferentes textos en los que se abordan diversos temas de interés nacional que tuvieron relevancia durante los años de estudio. Empero, este trabajo no aporta información ni análisis sobre la historia propia de la publicación; por ende, la tesis no se considera significativa para la recuperación de la historia del semanario. El segundo estudio es el artículo: “La Nación: el periódico de la oposición panista, primera etapa, 1941-1958”, de Pablo Serrano Álvarez,⁴⁹⁵ que debido a la naturaleza del texto sólo señala algunos aspectos de la historia de la revista y del horizonte en que se enuncia.

Horizonte de enunciación

México fue uno más de los escenarios geopolíticos de la pugna entre comunismo, fascismo y liberalismo que se vivía en el mundo de los años treinta. La Iglesia católica respondió a estas amenazas “desde finales del siglo XIX con su doctrina social, a través de la cual instruía a sus fieles a organizarse a fin de participar en la política para construir un orden social acorde a las enseñanzas del Evangelio, y que pudiera constituirse como una suerte de tercera vía en un mundo polarizado y profundamente dividido”.⁴⁹⁶ Por supuesto, los mexicanos no fueron indiferentes a este llamado, particularmente, después de la guerra cristera (1926-1929).

Al llegar a la presidencia de la República, Lázaro Cárdenas inició un programa integral apegado al espíritu de la Constitución de 1917. La realización de este proyecto benefició principalmente a los obreros y campesinos, pero a la vez afectó diversos intereses y terminó por polarizar política e ideológicamente a la sociedad mexicana; produjo, además, una oposición heterogénea que se organizó a través de diversas agrupaciones sociales y políticas para mostrar su rechazo hacia las reformas cardenistas y en general al orden constitucional e institucional revolucionario.⁴⁹⁷ Una de las organizaciones políticas que surgieron en este horizonte histórico fue el PAN que, a diferencia de otras agrupaciones, respondió más a una propuesta política permanente y no coyuntural. Gómez Morín y González Luna, junto con otros abogados, profesores universitarios, empresarios, comerciantes, profesionistas, intelectuales y otros ciudadanos fundaron Acción Nacional.⁴⁹⁸ Desde el principio, el partido definió una agenda política clara y precisa que puso a discusión pública temas controvertidos como la educación socialista y el libro de texto gratuito, que para algunos segmentos de la población significaban una invasión de la vida privada. Por ende, apelaron a sus derechos y libertades. Otro de los tópicos que contenía dicha agenda eran los comprendidos en el documento Principios de Doctrina.⁴⁹⁹ Asimismo, la batalla que libró contra todo aquello que oliera a comunismo y socialismo.

En este ambiente de radicalismo político e ideológico nació Acción Nacional, en septiembre de 1939. Con este acto, Gómez Morín materializaba no sólo un proyecto de juventud: la formación de un partido político, sino que además daba respuesta a un grupo de ex universitarios católicos que,⁵⁰⁰ preocupados por la situación del país, se acercaron al ex rector de la Universidad Nacional para convencerlo de que era hora de cristalizar aquel viejo proyecto discutido con José Vasconcelos a finales de los años veinte en Europa.⁵⁰¹

Al término de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido y enfrentado entre dos bandos: capitalistas y comunistas. México continuó siendo territorio fértil de las disputas político-ideológicas del mundo occidental, como fue el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Después de Cárdenas, sus sucesores se comprometieron con los estadounidenses para sumarse a los esfuerzos por contener el avance del comunismo en el país y mantener –en apariencia– la democracia como forma de gobierno. Por ende, México y el propio partido Acción Nacional no fueron ajenos a las implicaciones políticas e ideológicas del contexto bélico y de su posguerra, en la que se construía un nuevo orden internacional y dividía al mundo entre una economía de libre mercado y otra de planificación estatal. En este horizonte histórico nació y se forjó la revista La Nación.

En tanto, el horizonte periodístico se caracterizaba por la existencia de periódicos y revistas que conservaron algunos rasgos de la tradición periodística decimonónica, como “el énfasis en la interpretación, el comentario y el debate ideológico”. Dice Silvia González Marín que era una prensa “que incitaba a la desconfianza de la Revolución a sus instituciones y a sus dirigente. Más que informar desinformaba a la incipiente opinión pública”.⁵⁰²

Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se establecieron algunos mecanismos de control gubernamental como el monopolio estatal del papel a través de la Productora e Importadora de Papel S.A. (PIPSA);⁵⁰³ la distribución de la información oficial por el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP)⁵⁰⁴ y la compra de espacios a periódicos a fines al gobierno como El Nacional y El Popular.

En el mundo periodístico de los años en estudio existía un amplio abanico de posiciones y matices. La prensa de presencia nacional como El Universal, Excélsior, El Nacional y Novedades se caracterizó por imprimirse en formato tabloide; por utilizar maquinaria moderna y servicios de agencias noticiosas internacionales; por contener una página en inglés y secciones especializadas orientadas a segmentos específicos de la población; incluir tiras cómicas; contar con la participación de reconocidas personalidades de todos los ámbitos de la vida pública y por tener algunas ediciones vespertinas como El Universal Gráfico y Últimas Noticias (1936).⁵⁰⁵

Otro periódico de tiraje nacional era La Prensa, que se distinguió por ser un diario en el que predominó la información sobre la imagen, por utilizar titulares amarillistas y por su preferencia por la nota roja. Fue uno de los periódicos con mayor circulación entre los sectores populares y, por ende, incrementó su publicidad. Su aparición inquietó a Vicente Lombardo Toledano pues representaba una fuerte competencia para El Popular, que también estaba dirigido hacia el mismo tipo de público.⁵⁰⁶

Paralelamente se editaban revistas gráficas como Rotofoto y Hoy, de José Pagés Llergo y Regino Hernández Llergo, respectivamente. Ambas retomaron el formato de la revista Life, cuyo esquema era reproducir la imagen ya no como apoyo de la información escrita sino como elemento principal de la edición. El contenido de la primera revista fue esencialmente político. Mientras que la segunda tenía un tono de denuncia social.⁵⁰⁷

La principal fuente de financiamiento de los medios impresos era la venta de espacio publicitario a diversas empresas tanto nacionales como extranjeras (alemanas y estadounidenses) e incluso tenía como cliente al propio gobierno. Ninguna publicación se sostenía de sus ventas. En ese momento los principales anunciantes eran prácticamente los mismos. La publicidad ocupó en promedio 40 por ciento total del espacio de los diarios. El financiamiento es un factor que explica los cambios que presentaron los medios impresos con respecto a sus posiciones político-ideológicas en circunstancias específicas, como fue durante la Segunda Guerra Mundial.⁵⁰⁸

La Nación: un proyecto hecho realidad

En el proyecto del partido, Gómez Morín consideró como fundamental un programa de propaganda que comprendía los siguientes puntos:

a) Publicación del boletín de “Acción Nacional” (notas y doctrina), si es posible dos veces por semana, en cuatro páginas bien nutridas y con un tiro muy grande;
b) Publicación de los cuadernos de “Acción Nacional” (16 páginas aproximadamente), para divulgar, explicar, los puntos capitales de la doctrina, o para tratar polémicamente los diversos aspectos de la vida nacional. Habrá, así, cuadernos sobre el concepto de la Nación, de la institución de la persona, sobre la interpretación histórica de México, sobre los resultados de la política agraria, sobre el costo de la vida, sobre los ferrocarriles, sobre la Laguna, sobre obras públicas, sobre el salario, etc.; […]
d) Infiltración en publicaciones ajenas: colaboración de articulistas nuestros, colaboración de los articulistas normales de esas publicaciones, colaboración en la redacción normal de noticias; […].⁵⁰⁹

De los anteriores puntos cabe destacar que los dos primeros generarían una importante producción de hojas sueltas, folletos, cuadernos y libros, resguardo documental del pensamiento político e ideológico de varios panistas, entre los más importantes e influyentes estaría González Luna.⁵¹⁰ El último sería una clara y sistemática estrategia que los dos fundadores realizaron durante su vida política.⁵¹¹ De acuerdo a lo anterior, queda claro que desde entonces estuvo presente la intención de posicionar al partido en la opinión pública a través de la “infiltración en publicaciones ajenas”, como sugirió Gómez Morín.⁵¹² Esta “infiltración” sería en la llamada por sus adversarios prensa reaccionaria,⁵¹³ estrategia que formaba parte de un amplio programa de difusión y propaganda que generó una importante producción escriturística.

La “infiltración en publicaciones ajenas” se daría tanto en medios impresos nacionales como locales, entre ellos: El Universal, Excélsior, El Diario de Yucatán, El Mundo de Tampico, El Porvenir de Monterrey, La Opinión de Torreón, El Informador y El Occidental de Guadalajara. Algunos de los más destacados intelectuales y políticos panistas escribieron en sus páginas. Cabe subrayar que esta “infiltración” generó ciertas prácticas como la reproducción e intercambio de textos publicados en estos periódicos y en las publicaciones panistas. Esta prensa se identificó e incluso compartió varios de los fundamentos políticos e ideológicos expresados tanto en los documentos fundacionales y programáticos del partido textualizados en la línea editorial de sus publicaciones, entre ellas la revista La Nación. Sin embargo, como es natural, no siempre coincidieron en todo. Hacia el interior de la prensa conservadora existía un amplio abanico de posiciones y matices que se expresaron en ciertas coyunturas o tópicos que en algunas ocasiones dieron lugar tanto a intensas polémicas como a críticas directas o veladas dirigidas hacia quienes escribían en La Nación.⁵¹⁴

El programa de difusión y propaganda fue cumpliéndose punto por punto durante la gestión de Gómez Morín como presidente de Acción Nacional (1939-1949). Para instrumentarlo se apoyó en diferentes publicaciones como Voz Nacional y el Boletín de Acción Nacional, publicaciones que fueron objeto de evaluación, por parte del líder panista, con el propósito de valorar sí era necesario introducir cambios en ellas para afianzar el programa de difusión y propaganda dentro y fuera del partido:

Cada día parece más inevitable la muerte de ‘Voz Nacional’. En cambio, la circulación del Boletín sigue aumentando y he pensado seriamente en la conveniencia de concentrar el esfuerzo en el Boletín, de mantenerlo con ocho páginas; pero hacerlo semanario y de elevar el tiro a sesenta o cien mil ejemplares, con lo que el costo por ejemplar se reducirá tal vez a centavo y medio o dos centavos. En ocho páginas podremos publicar siempre un editorial y tres artículos de fondo. Dedicaríamos cuatro páginas de noticias, circulares, asuntos internos del Partido […]. Necesitaríamos contar con una colaboración más amplia y más cierta de todos los que pueden hacerlo y de los Comités, por lo que se refiere a noticias de sus trabajos y a informes sobre el curso de la vida pública con sus correspondientes regiones. Creo que muy pronto pasaríamos de los cien mil ejemplares y que el Boletín sería un instrumento magnífico tanto para mantener la vinculación entre todos los miembros, cuanto para difundir nuestro ideario en otros medios.⁵¹⁵

Ante la eminente desaparición de Voz Nacional, Gómez Morín presentó un proyecto para sustituirla. Para tal efecto, propuso la fundación de un diario “que sería, naturalmente, ‘completamente independiente y dedicado a la difusión de las ideas y de los puntos de vista superiores de Acción Nacional’”.⁵¹⁶ El interés por crear un periódico estuvo presente desde los preparativos de la fundación del partido. Así lo atestigua la correspondencia entre Gómez Morín y varios panistas como Bernardo Elosúa y González Luna, en la que aparecen las primeras referencias sobre “la fundación de un diario grande que no sería órgano de A[cción] N[acional], pero sí con carácter independiente, tendría una doctrina propia, en la que estarían inspirados desde el reportazgo de la policía, hasta editoriales, suprimiendo este aspecto de mercado que tienen los periódicos actuales”.⁵¹⁷

En un memorándum, Gómez Morín analizó el trabajo periodístico que se hacía en México, cuyo desempeño, desde su perspectiva, estaba lejos de ser propositivo, situación que le permitiría justificar el lanzamiento de su publicación. Para el líder panista el ejercicio del periodismo en el país estaba condicionado por su dependencia financiera de la publicidad, situación que “ata el pensamiento de los periódicos, bien a la conveniencia de las grandes empresas, bien a los intereses oscuros de los políticos o del régimen que subvencionan fuertemente o amenazan a las publicaciones. Invadido de mercantilismo, un periódico ya no está al servicio del público sino de sus muy particulares intereses”. Para Gómez Morín no existía ninguna publicación que pudiera preciarse “de ser un verdadero reflejo orientador de la vida nacional. Y en vez de buscar la forma atractiva de educar el gusto y las ideas del público, se procura simplemente halagar la curiosidad, o el morbo o la novelería de los lectores”. Ante esta situación, dijo que su partido se impuso “la misión […] de crear una opinión fuerte, orientada y responsable. Opinión que ha de ser no negativa, en el sentido de construir un freno para los actos del poder, sino eminentemente constructiva, es decir, apta para señalar caminos y soluciones a las cuestiones nacionales”. Para alcanzar dicha tarea, Gómez Morín propuso un periódico que debía ser una publicación “desinteresada, en el sentido de no tener otros compromisos que los que la Nación le exige, para enfrentarse al mercantilismo; con unidad de pensamiento y criterio firme que le dan, por ventura, su esencia misma y la calidad de sus hombres, para luchar contra la confusión y la desorientación reinantes”. Este periódico utilizaría “todo lo que la técnica moderna del periodismo brinda. Agilidad, gran sentido de lo humano, inquietud, garra. Y todo ello, preñado de idea y visión”.⁵¹⁸ Con lo anterior, el líder panista precisaba qué tipo de periodismo quería hacer.

Ante la imposibilidad de lanzar a la circulación un periódico se optó por un semanario que tendría las características descritas en el proyecto para el diario. Gómez Morín expuso los motivos y las ventajas de publicar una revista semanal, además del modelo en el cual inspiraba su propuesta:

La experiencia del último año demuestra la necesidad de crear un órgano periodístico capaz de llevar la doctrina política de ‘Acción Nacional’ al gran público. Que debe ser un semanario lo muestra, por una parte, el hecho de que una revista quincenal o mensual no alcanza a producir impacto en la opinión, en tanto un diario es incosteable para el Partido. El semanario ha mostrado su eficacia en muchos casos, y ha sido el periódico predilecto de Hilaire Belloc y [Gilberth Keith] Chesterton, quienes aducen estas y otras poderosas razones para ese tipo de publicación. El semanario puede adquirir una viva actualidad de síntesis de acontecimientos y martillar cada ocho días en la opinión.⁵¹⁹

También señaló las principales ventajas que la revista representaría para el partido:

a) | Actualización, divulgación y penetración de la doctrina
b) | Formación de la opinión
c) | Formación de escritores y periodistas del Partido

De esta forma, el líder panista definió claramente los objetivos y las características que debía tener dicha publicación, los cuales se cumplieron durante su gestión. La revista incluiría notas informativas, reportajes y artículos de opinión sobre las actividades del partido, sobre el acontecer nacional e internacional, así como la postura ideológica, política, social, económica, cultural e internacional del mismo. A decir de Pablo Serrano: sería un instrumento que serviría para la divulgación, reclutamiento y propaganda, sin más “un órgano de difusión partidista”. Dicha publicación contaría con la participación de destacados periodistas, escritores e intelectuales conservadores algunos ligados con la esfera católica, otros con el partido o, incluso benefactores.⁵²⁰

Para mediados de junio de 1941, la publicación proyectada ya tenía nombre y dos posibles candidatos para su dirección: Carlos Septién García y Miguel Ordorica. Con este último se tuvieron varias entrevistas para conocer su decisión.⁵²¹ Paralelamente a las conversaciones, al parecer se le entregó un memorándum redactado especialmente para él. En este documento se le informaba sobre los criterios editoriales, las características y los objetivos de la revista:

I.– El propósito original fue el de crear un instrumento de presión de las tesis de Acción Nacional, no sólo apto para servir de medio de contacto entre los miembros del Partido, sino de llegar al público en general. Un instrumento, por supuesto, ágil, vivo, penetrante, capaz de unir las necesidades de una orientación hecha desde el punto de vista nacional, con las exigencias puramente periodísticas. Una revista popular, nítidamente impresa, bien informada, con gran variedad de material, escrita cuidadosamente e impregnada, desde su nombre hasta el directorio, de intención política; una revista que diga lo que la prensa calla; que dé jerarquía y valor a los acontecimientos y explique su significado y trascendencia; una revista, además, que sea la expresión auténtica de la vida nacional y que en ningún caso abandone ese propósito.
II.– […] Pensamos en la revista como una empresa independiente; pero subordinada siempre a las necesidades y a las conveniencias y a los planes de acción de Acción Nacional, de tal manera que la vida del periódico tendrá como justificación primordial no el periódico en sí mismo, sino el servicio de Acción Nacional y la defensa y la difusión de sus afirmaciones fundamentales.

Además se le especificaba cuáles serían sus limitaciones para el ejercicio de su función directiva. El más importante era que “la revista en ningún caso contradiga la tesis doctrinal y programática de A[cción] N[acional] y considere siempre como defensa y difusión de esa tesis”.⁵²² Sin embargo, Ordorica fue descartado por haber sido señalado como germanófilo por los “partidarios de Francia e Inglaterra.”⁵²³ En su lugar se nombró director de la revista a Septién García.

El 2 de septiembre de 1941, con un capital social de 20 mil pesos, se creó la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de L.R.) con el nombre de “Editora La Nación”, con la participación de Roberto Cossío Cosío, Juan B. Amezcua, Ernesto Robles León, Joaquín Gallo, Francisco Fernández Cueto, Pompeyo Figueroa, Manuel Ulloa y Enrique M. Loaeza, cada uno aportó 2 500 pesos en efectivo. Al frente de la gerencia general quedó Pompeyo Figueroa.⁵²⁴

Llama la atención que tanto Gómez Morín como González Luna no participaron como accionistas, siendo que todos eran panistas y con varios de ellos, como Figueroa y Cossío y Cosío, realizaron empresas culturales como la Editorial Jus. Una posible explicación es que quizá se optó porque las dos máximas figuras fundadoras del blanquiazul no aparecieran como socios para evitar que los lectores y sus críticos identificaran directamente a la revista con el partido, ya que, precisamente, lo que se pretendía era construir una credibilidad periodística, de allí la insistencia de fundar la revista como empresa comercial. Sin embargo, en la práctica fue imposible separar la revista del partido debido a su dependencia operativa, intelectual y, posteriormente, económica.

La Nación: correlato de la realidad mexicana

El primer número de La Nación salió a la venta el 18 de octubre de 1941. En el editorial de presentación se señaló claramente cuáles eran los objetivos y los intereses periodísticos de la revista, pero no se explicitó el trasfondo doctrinario que Gómez Morín pretendió que tuviera el material publicado. De acuerdo a este documento, las secciones serían variadas en tópicos y colaboradores. Varias de ellas respondieron a los temas que Acción Nacional quiso poner a discusión en la opinión pública, por ejemplo: la educación, particularmente, el artículo tercero constitucional. Las páginas de La Nación fueron saturadas de editoriales, artículos y reportajes que denunciaban, criticaban e, incluso, ridiculizaban la actuación de los personajes públicos del régimen revolucionario.

De acuerdo a como se anunciaba La Nación: “Síntesis Semanaria de la Vida Nacional”, ésta condensaría la información tanto nacional como internacional que sus editores consideraran relevante. El acontecer en sus diversas expresiones sería también objeto de comentarios y opiniones que se textualizarían organizados en secciones periodísticas. La revista contaba con secciones informativas como “Vida Nacional” y “Los Estados”; pero también tenía apartados de opinión, entre las más importantes y emblemáticas estaban “Comentarios” y “Acotaciones”, que escribían Gómez Morín y González Luna, respectivamente. Además de otras secciones en las que se combinaban varios géneros periodísticos como el editorial, el reportaje, la crónica y el fotorreportaje.

Las estrategias discursivas utilizadas tanto textual como gráficamente se enfocaron en revelar las condiciones deplorables en las que vivía la mayoría de los mexicanos y resaltar y, por ende, reprobar la actuación de los personajes públicos. Un género periodístico que utilizaron fue el reportaje gráfico o reportazgo,⁵²⁵ como lo llamaba Gómez Morín. A través de la fotografía y del fotorreportaje, los editores de la revista se esforzaron por documentar textual y visualmente la ineficacia del régimen y de sus instituciones. Centrándose en denunciar las expresiones de la política informal, soterrada, caciquil que ejercía el partido oficial en el país y que contribuyó a su permanencia en el poder.

En estos términos se justificó la razón de la existencia de la revista:⁵²⁶

‘LA NACION’ aparece para dar a la opinión pública una tribuna auténtica. […] Con el solo compromiso de servir a México, ‘LA NACION’ será la expresión de lo que todo mundo piensa y siente, de lo que cualquier mexicano común y corriente opina acerca de los problemas y sucesos nacionales.

Para ello, ‘LA NACION’ se traza un camino claro. Los acontecimientos tienen dos valores: el uno periodístico que le da su sensacionalismo, su novedad. Nacional el otro, que consiste en la real importancia que el suceso tiene para la vida de México. ‘LA NACION’ atenderá a ambos valores, pero juzgando desde el segundo de ellos. […]

[…] Todos los acontecimientos, todas las actividades del país en una semana, serán recogidas por el periódico, resumidas, entregadas al lector a través de un criterio profundamente mexicano.
[…]

La opinión pública es la médula de las sociedades y de los pueblos modernos. ‘LA NACION’ no escatimará esfuerzo para recoger siempre las inquietudes y los anhelos de la opinión. Y en todo lo que a su alcance se halle, luchará porque el fortalecimiento y organización de la opinión en México sean cada vez más una realidad que dé vida orgánica a la Patria. […]

En cuatro grandes secciones, ‘LA NACION’ presentará los acontecimientos y las tesis. […] A través de ellas desfilará México con todas sus ambiciones y sus justos anhelos, con todos sus hombres y sus problemas. […]

Este editorial resulta interesante porque expone los objetivos y los alcances periodísticos de la revista. Sin embargo, La Nación tendría dos caras: una, la que se reseñó líneas arriba, y otra, la que se describe en el memorándum dirigido ex profeso a Ordorica. Para instrumentar esta cara del semanario se crearon varias secciones para dar a conocer la postura del partido sobre los diversos problemas locales y nacionales y señalar los caminos para solucionarlos, además de informar sobre el trabajo político de Acción Nacional. Y es precisamente aquí donde se expresa la tensión existente entre los dos discursos que maneja Gómez Morín con respecto a los diferentes objetivos que le asignó a la revista.

Cabe subrayar que tanto Gómez Morín como González Luna cuidaron que el material publicado se apegara a los criterios establecidos y que sostuviera el punto de vista oficial del partido sobre los tópicos y problemáticas de su interés. Es decir, “el contenido temático sería una combinación entre doctrina e información periodística con un énfasis en los grandes problemas nacionales”.⁵²⁷ Pablo Serrano sintetiza las características de La Nación:

El semanario, efectivamente, no era doctrinal o de referencia de la organización y quehaceres del partido, sino un órgano que expresaba la crítica, la protesta, el cuestionamiento y la expresión de ideas relacionadas con diversos y variados temas, contra el Estado, el gobierno, las políticas públicas, la educación, las posturas de México en torno a la guerra mundial, los personajes del gobierno, el asunto económico, y diversos aconteceres de la vida nacional. Las noticias sobre el partido, sus comités o acontecimientos locales fueron destacados en un segundo plano, aunque las colaboraciones de los grandes líderes del partido siempre destacaron en los primeros números.⁵²⁸

Cabe subrayar la contradicción que presenta la caracterización que Serrano hizo sobre la revista. Primero dice que “el contenido temático sería una combinación entre doctrina e información periodística”. Sin embargo, líneas después comenta que el “semanario, efectivamente, no era doctrinal”. Más allá de esta observación, no coincido con Serrano en que La Nación “no era doctrinal o de referencia de la organización y quehaceres del partido” y cuando se refiere a que la información sobre el blanquiazul y sus actividades pasaba a un segundo plano. Si bien, la revista no era estrictamente doctrinal como podría ser el Boletín de Acción Nacional, esto no significaba que no se tratasen temas y contenidos en los que se hiciera referencia implícita o explícitamente a ella. O que se hiciera una lectura o interpretación a partir de los principios doctrinarios del partido.⁵²⁹ Cabe señalar que la documentación que se cita aquí sustenta que la fundación de La Nación tenía como objetivo central posicionar la doctrina panista en la opinión pública a través de su difusión⁵³⁰ y el seguimiento del trabajo partidista, como se verá contundentemente a partir de 1943 con la candidatura de Aquiles Elorduy a la gobernatura de Aguascalientes.⁵³¹ Pero sería con la campaña electoral de González Luna, primer candidato panista a la Presidencia de la República en 1952, que la revista dedicó un número importante de páginas para cubrir extensa y pormenorizadamente las actividades proselitistas. Lo mismo ocurrió con Luis H. Álvarez, candidato presidencial en 1958. Basta revisar los números de diferentes años para ver incluso secciones dedicadas al partido y a las actividades de los panistas.⁵³² Este seguimiento insta a preguntarse ¿si la amplia cobertura que La Nación hizo sobre de las actividades del partido y sus campañas electorales crearon confusión entre sus lectores y críticos para que éstos la identificaran como órgano informativo oficial del blanquiazul?

La Nación: ¿órgano informativo oficial del Partido Acción Nacional?

El carácter independiente que Gómez Morín quiso que tuviera La Nación se afirma con su condición legal. De acuerdo a la escritura, el semanario se constituyó como una Sociedad de Responsabilidad Limitada.⁵³³ Situación jurídica que daba la razón al líder panista de negar que la revista fuera un órgano informativo oficial del Acción Nacional, a pesar de que existía en el público, como él mismo lo reconocía, la creencia de que sí lo era.⁵³⁴ Gómez Morín admitió que “el objetivo fundamental de la Revista es hacer propaganda y, para lograr este objetivo, es indispensable procurar que aumente la difusión, es decir el tiro.”⁵³⁵ Además, reconoció que ésta sostenía los mismos principios del blanquiazul y que en su hechura participaban panistas.⁵³⁶ No obstante, dijo que La Nación debía “mantener su posición como periódico independiente y no tratar de parecer órgano oficial del Partido.”⁵³⁷ Es suficiente con revisar los diferentes proyectos de reestructuración que enfrentó la revista, entre 1942 y 1963, para corroborar lo dicho por el líder panista. Cada una de esas reorganizaciones implicaban cambios administrativos y editoriales y, en todas, Gómez Morín enfatizó los criterios periodísticos y editoriales que debían considerar quienes escribían en La Nación. Estas son algunas de esas disposiciones:

2.- Es una Revista de difusión y de orientación, no de propaganda; por ello, la información debe ser objetiva. La orientación resultará de la adecuada selección de noticias y de la forma de presentar los hechos, no del tono ‘polémico’, ‘editorializante’, ni del abuso de los adjetivos o de los comentarios. El lector debe quedar con la impresión de que se le ha presentado ‘hechos’, dejándole en libertad de que él mismo se forme una opinión. La orientación y difusión de tesis serán el resultado, además de una ‘sección editorial’, claramente diferenciada de la parte informativa.
La orientación y difusión de tesis, serán el resultado, además, de una ‘sección editorial’, claramente diferenciada de la parte informativa.
3.- La Revista es órgano, pero no boletín del Partido. Debe por tanto, difundir la doctrina y los puntos de vista del Partido e informar sobre sus actividades; debe ser un periódico de combate; pero sin incurrir en excesos. […]
c) La Revista no puede suplir los ‘Boletines’ que el Partido y sus Comités deben publicar; no deben tratar de cubrir toda la información sobre sus actividades, sino únicamente informar sobre aquellas que tienen interés general. […] La Revista tampoco debe abusar de la posibilidad de difundir la literatura del Partido. El sistema de transcribir íntegros; ‘por su interés’, los discursos, informes, proyectos de ley, casi nunca es acertado. Ese no es el tipo de material, ni el estilo de literatura que el lector espera encontrar en la Revista. […]
9.- Religión también merecería siempre una sección. Nada de cursos de apologética, ni de convertir la sección en ‘boletín’ de alguna organización religiosa. Respeto a otras creencias. Procurar que sea una sección más de información que de ‘artículos’.⁵³⁸

El documento anterior es una prueba de que Gómez Morín quiso diferenciar lo que debía publicarse y bajo qué criterios editoriales y periodísticos en cada uno de los medios impresos ligados al partido. De esta forma, trató de que la revista se diferenciara del boletín de Acción Nacional. Sin embargo, los criterios no siempre se siguieron, de allí que el líder panista redactó varios documentos para insistir en cierta normatividad editorial. No obstante, la claridad con la que expreso dichos criterios estuvo ausente cuando Gómez Morín trató de precisar el vínculo de la revista con el blanquiazul.

De acuerdo a la documentación anteriormente citada, observamos dos contradicciones en las aclaraciones que hace Gómez Morín con respecto a la relación de la publicación con Acción Nacional. La primera contradicción que se encontró es cuando aclara que La Nación “no es órgano del Partido”⁵³⁹ y, en otro documento, reconoce que “la Revista es órgano, pero no boletín del partido”. La segunda se detectó cuando dice que “el objetivo fundamental de la Revista es hacer propaganda” y, en otro texto, señala que La Nación es “una Revista de difusión y de orientación, no de propaganda”. No serían contradicciones si sólo se negara hacia afuera del partido. Sin embargo, no fue así, descubrimos que estas contradicciones también se sostuvieron hacia dentro del blanquiazul, como ya se documentó.

Cabe mencionar que La Nación enfrentó varias reestructuraciones que respondieron fundamentalmente a razones financieras, pero también a que el líder panista quiso constantemente renovar la revista para mantenerla atractiva para sus lectores, de allí que las modificaciones incluyeron cambios en su presentación tipográfica, secciones, temas y contenidos. Después de concluida su gestión como presidente de Acción Nacional, Gómez Morín participó activamente en la toma de decisiones sobre el semanario aunque su orientación intelectual disminuyó. Si bien fue respetuoso con sus sucesores no dejó de señalar y hacer críticas sobre la hechura de la revista. La libertad con la que trabajaron los siguientes jefes del partido se comprueba con los cambios que presentó la publicación en el énfasis en ciertos tópicos y el tratamiento de sus contenidos, los cuales respondieron a las agendas político-ideológicas del presidente en turno. Asimismo del director Alejandro Ávilés Inzunza (1948-1963), sucesor de Septién García. Para explicar algunos de los cambios operados en la revista en el énfasis puesto en ciertas temáticas y en el tratamiento de sus contenidos es fundamental remitirse a la vida interna del partido. En las páginas de La Nación se textualizaron las posturas y opiniones de la dirigencia en turno.

Tras la salida del Gómez Morín comenzó a operarse un giro político-ideológico en el partido, pero también un cambio generacional: un liderazgo forjado en las trincheras de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) se instaló por más de una década en la dirección del blanquiazul. Este periodo abarca las presidencias de Juan Gutiérrez Lascuráin (1949-1956), Alfonso Ituarte Servín (1956-1958) y José González Torres (1958-1962). Durante estos años “el discurso panista se vuelve crecientemente contestatario, la combatividad religiosa más acentuada y la actividad propositiva, vía la presentación de iniciativas de ley al Congreso, muy precaria”.⁵⁴⁰

El estilo directivo que desarrolló cada presidente del partido se observa en la orientación temática, política e ideológica que adoptó la revista bajo su gestión. Durante la presidencia de Gómez Morín la difusión de las actividades del partido en la revista tuvo mayor prioridad. Pero a partir de la presidencia de Ituarte Servín, La Nación “se volvió “una revista de fuerte acento religioso y notoriamente anticomunista”,⁵⁴¹ que se intensificó bajo la dirigencia de González Torres a tal grado que las noticias del partido pasaron a segundo lugar. De allí que Gómez Morín, después de que dejó la presidencia del partido, en los diferentes proyectos de reestructuración que sugirió para la revista hizo señalamientos como éste: “notorio empleo desproporcionado en asuntos religiosos, muchas veces con informaciones importantes o que podría hacerse concentrado en un párrafo”;⁵⁴² o mucho más explícito como: “suprimir las notas religiosas salvo el caso de que sean acontecimiento para que vayan incluidas donde corresponda entre los demás acontecimientos nacionales”.⁵⁴³

Es importante hacer notar que si La Nación hubiera sido un órgano oficial de Acción Nacional sería imposible que publicara textos sobre tópicos de religión. La libertad que tuvo para hacerlo e incluso contar con una sección permanente fue posible gracias a que no era una publicación reconocida legalmente como tal. Cabe señalar que los partidos políticos para responder a los requerimientos de las leyes electorales debían contar con “un periódico de propaganda”,⁵⁴⁴ que, por ende, no debía tratar sobre temas de religión. Recuérdese que en México desde la Constitución de 1857 se estableció un Estado laico, carácter que se refrendó en el artículo 130 de la Carta Magna de 1917 y en las leyes electorales. La legislación vigente en el momento de la aparición de La Nación era la “Ley para la Elección de Poderes Federal del 2 de julio 1918”, que en su artículo 106, fracción V, decía que los partidos políticos “no [deben] llev[ar] denominación o nombre religioso, ni [que] se forme[n] exclusivamente en favor de individuos de determinada raza o creencia”.⁵⁴⁵ Posteriormente, con la Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946 se ampliaron los requisitos solicitados a los partidos políticos para ser reconocidos como tales. En su artículo 24 se especificaron los requerimientos para constituir un partido político, las fracciones que interesan destacar son:

II.- “Obligarse a normar su actuación pública en los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
III.- “Consignar en su acta constitutiva la prohibición de aceptar pacto o acuerdo que lo obligue a actuar subordinadamente a una organización internacional, o depender o afiliarse a partidos políticos extranjeros”.
IV.- “Adoptar una denominación propia y distinta, acorde con sus fines y programa político, la que no podrá contener alusiones o asuntos de carácter religioso o racial”.⁵⁴⁶

De acuerdo a lo anterior, difícilmente La Nación hubiera sobrevivido a las presiones gubernamentales si Acción Nacional hubiera reconocido abiertamente a la revista como un órgano oficial. Otra razón más para su falta de reconocimiento como tal fue de índole económica. Como ya se dijo, Gómez Morín trató de mantener al semanario financieramente independiente de Acción Nacional. Para ello, durante su gestión solicitaría permanentemente a las autoridades de los comités y a los propios panistas participar en la colocación de suscripciones y en la distribución de la revista.⁵⁴⁷

De acuerdo a un memorándum, Gómez Morín explicaba a Juan Gutiérrez Lascuráin, a la sazón presidente del partido, por qué la revista debía mantener su carácter independiente frente Acción Nacional:

La Nación no es formalmente órgano oficial del Partido, situación que se pretende mantener para lograr ventajas un tanto problemáticas, ya que tanto para el público en general, como para las autoridades, la Revista sí tiene ese carácter de órgano oficial.
Esta cuestión tiene trascendencia en el aspecto económico de la Revista, por cuanto para evitar algunos actos que puedan interpretarse como afirmación del carácter oficial de la Revista, el Partido en ocasiones se abstiene de poner en juego todas sus posibilidades para lograr el pago de los envíos a los Comités; en tanto en que sí insiste en dichos envíos, con fines de propaganda, aún cuando no sean pagados.
Independientemente en que se insista en la negativa de que la Revista sea formalmente órgano oficial del Partido es indispensable de que éste dé todo su apoyo para obtener el pago de los envíos hechos a los Comités o agentes miembros del mismo, a fin de lograr un nivel lo más alto posible de recuperaciones.⁵⁴⁸

Resulta interesante esta cita porque da una razón más para explicar por qué Gómez Morín negaba el carácter oficial de La Nación. De acuerdo al líder panista el motivo era económico. Dentro del mismo partido estratégicamente se evitó reconocerla como órgano oficial pues de esta forma, como el mismo Gómez Morín dice líneas arriba, podrían recuperarse los pagos de envíos tanto a los agentes como a los comités regionales. Es importante tener presente que el déficit de la revista fue constante pero al paso de los años fue cada vez mayor haciendo más difícil sostenerla financieramente. Sin embargo, Gómez Morín no pudo mantenerla fuera del presupuesto del partido. Hacía finales de 1949, su situación económica era grave a tal grado que vio como única salida que Acción Nacional se hiciera cargo: “creo que la única solución es lograr que la Comisión de Finanzas del Comité Nacional, incluya ese déficit o una parte substancial de él, en su presupuesto.⁵⁴⁹ Gómez Morín pensó que esta decisión sería temporal; sin embargo, todavía a principios de 1960 mencionó que “la comisión de tesorería aceptó extender por unos meses más el presupuesto actual para ver la posibilidad de ese esfuerzo y sus resultados”.⁵⁵⁰

Es importante insistir en que la negación del carácter oficial de la revista fue en términos económicos y no político–ideológicos. En la práctica, la revista asumió las funciones de un órgano informativo oficial sin serlo formal ni jurídicamente. No obstante, Gómez Morín fue cuidadoso en diferenciar el uso de los medios impresos de acuerdo a su condición legal y, por ende, objetivos, como ya se vio. Finalmente, fue hasta 15 de febrero de 1965 que formalmente La Nación apareció como órgano del Acción Nacional. Sin embargo, en la revista no se dio explicación alguna sobre esta nueva denominación.⁵⁵¹

Recapitulemos algunas de las ideas y argumentos expuestos en este documento. La definición de cultura política permitió enmarcar la propuesta periodística de la revista La Nación como una práctica política que tuvo como propósito central crear una opinión pública favorable hacia Acción Nacional a través de la generación de ideas, opiniones, valores, creencias actitudes, afectos, anhelos, deseos, temores, conocimientos, evaluaciones, imágenes, preferencias, percepciones y expectativas sobre su horizonte histórico mediante la textualización del acontecer local, nacional e internacional. Cuyo énfasis estuvo en mostrar la ineficacia del régimen revolucionario y de sus instituciones y, por ende, de sus consecuencias negativas en las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Asimismo, denunciar las prácticas políticas informales de los gobiernos revolucionarios y sus herederos políticos.

La revista La Nación, como proyecto periodístico de Gómez Morín, fue una innovación tanto en términos periodísticos como políticos. Primero por pensarla como una empresa mercantil que no sería financiada por la venta de espacio publicitario sino sólo a través de suscripciones y venta directa al público y que no dependería económicamente del partido. Sin embargo, como ya se dijo, esto no fue posible debido al permanente déficit que tuvo el semanario durante los años en estudio. Segundo porque sus editores se esforzaron por mantenerse dentro de “las exigencias puramente periodísticas” pero sin desviarse del propósito medular de la revista: “la actualización, divulgación y penetración” de la doctrina política-ideológica de Acción Nacional. Tercero por su empeño en convertirse en un referente dentro de la opinión pública, entendida ésta como formadora de opinión. Cuarto, por la singularidad de proponer formar escritores y periodistas normados bajos los criterios doctrinarios del partido. Sin embargo, al exponer las razones y argumentos que presentó Gómez Morín para negar públicamente que La Nación fuera un órgano informativo oficial se observaron contradicciones en su discurso. Si bien, era comprensible su negativa hacia fuera del partido, por los motivos legales ya mencionados, no queda claro por qué también en algunos documentos lo afirmaba mientras que en otros lo negaba. Aquí se expuso que parte de esa negativa fue una estrategia para recuperar los pagos atrasados. Sin embargo, esta explicación no es suficiente para entender este discurso contradictorio.

Finalmente, la revista La Nación abre un sin fin de posibilidades para estudiar detenidamente el caudal de ideas, opiniones y todos aquellos elementos que constituyen una definición de cultura política, como en nuestro caso su instrumentación como practica política, herramienta de la que se valió Gómez Morín para proyectar sus expectativas sobre la misión que como político y periodista tenía para construir la nación que se imaginaba a partir de los principios de doctrina de Acción Nacional.

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Fuentes archivísticas 

Archivo Manuel Gómez Morín 

Hemerografía 

La Nación

15. Cultura política, medios y sociedad civil. La apertura informativa durante el proceso electoral de 1997 en la transición democrática.

María del Pilar Schiaffini Hernández

La elección al gobierno del Distrito Federal de julio de 1997, proceso político inédito en la historia contemporánea de la capital del país, abrió variadas expectativas entre diversos espacios, como el de los medios de comunicación. Durante dicha campaña, las prácticas informativas usualmente instrumentadas por ellos cambiaron en diversos grados respecto a otras elecciones, asegurándose que mantuvieran una apertura informativa inusual.

Una de las explicaciones de esta apertura fue que, tanto instancias oficiales como ciudadanas estuvieron pendientes de los comicios, y mediante su acción, promovieron la participación social para elegir a los gobernantes del Distrito Federal, ejerciendo presión y vigilancia sobre las prácticas informativas antiplurales desarrolladas por la mayor parte de los medios de comunicación durante el régimen de partido único. Que debido a ello, los medios abrieron sus espacios a las distintas facciones políticas, y en tal coyuntura, se generó una nueva cultura política,⁵⁵² pues se asistía a una reformulación en la relación de dichos medios con el poder.⁵⁵³

Sin embargo, la nueva actitud también puede ser explicada por los gastos que hicieron los partidos para realizar su propaganda, lo cual les permitió aparecer en los espacios de difusión con la posibilidad de obtener triunfos electorales, lo cual efectivamente sucedió. Siendo el sistema mediático uno de los elementos que inciden para que haya cambios en la cultura política,⁵⁵⁴ –ese conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas por los miembros de una sociedad respecto a la esfera del poder– propició la ampliación de los espacios de participación ciudadana, significando tales elecciones un momento que en términos históricos es importante analizar a fin de comprender la relación entre la transición del sistema político mexicano y las transformaciones culturales necesarias para acceder a la democracia plena, a la cual no ha sido posible arribar.⁵⁵⁵

Reconocer la acción de los actores que incidieron en tal proceso electoral nos sirve para ubicar la significación sustancial de la ruptura observable en las prácticas mediáticas, y que no alcanzó para atenuar la inestabilidad de una democracia electoral deficitaria, con vicios autoritarios que todavía dominan la acción política, en una continuidad histórica que no ha sido posible desmontar.

Cultura política en la transición mexicana

En el año de 1997 se vivían momentos de transición en el sistema político mexicano y los analistas aseguraban que los tiempos del sistema de partido único acababan, augurando cambios en otras esferas de poder, como los medios de comunicación o la sociedad organizada. Sin embargo, se decía que para que ocurriera la transición y el régimen pudiera ser sustituido por otro, era “condición necesaria un cambio en la cultura política, en tanto esfera de cohesión y orientación del ámbito social de la política”.⁵⁵⁶

El sistema de creencias, símbolos y valores compartidos que definen la situación en la que tiene lugar la acción política, es decir, la cultura política, se estaba modificando, y una de sus dimensiones o subcultura, la participante, la de los actores políticos,⁵⁵⁷ efervecía.

Esto, porque se habían dado las condiciones institucionales para que nuevos y variados actores pudieran incursionar en la esfera de poder gracias a las reformas estatales y su acción, se afirmaba, estaba transformando la misma estructura del sistema. Para entonces, Jacqueline Peschard, una de las artífices de las modificaciones legales señalaba “es casi un lugar común entre los estudiosos de la cultura política afirmar que hay un círculo cerrado de relaciones entre cultura y estructura política… dado que la cultura política afecta, a la vez que es afectada por la forma como operan las estructuras”.

El cambio en las imágenes y sentidos sobre la acción colectiva y política se percibía emergente, y cómo trastocaría a distintos grupos que la conformaban era la pregunta, pues la transición estaba ocurriendo “tanto en la cultura política como en el régimen legal institucional. El problema radicará en conocer en qué medida esos cambios se verifican y como se influyen mutuamente, complementándose o no”.⁵⁵⁸

El contar con reglas de juego propicias para una competencia electoral abierta y efectiva permitía vislumbrar nuevas formas de comportamiento político de la población o de algunos de sus actores, “y por lo tanto hacer cálculos para el futuro cercano. Se trata, por decirlo de otro modo, de aquellos elementos que son responsables de la participación o no, en un sentido u otro, de los actores en la vida pública, especialmente en movimientos y procesos electorales”.⁵⁵⁹

Se pensaba que aunque ciertamente las elecciones no eran todo en una democracia y por tanto tampoco en la transición que la construía, sí constituían casi ese todo. “Ellas representan el momento de participación soberana directa y fundacional en un régimen de soberanía delegada y representativa. Son por tanto, la fuente de legitimidad originaria en un régimen democrático como los que realmente existen en el mundo de fin de siglo, ni más ni menos”.⁵⁶⁰

De ese forje eran las convicciones en la democracia representativa y sus efectos en la cultura política, en las posibilidades de sus actores participantes; en las perspectivas prometedoras abiertas por los recambios electorales. La pervivencia de un sistema de partido hegemónico, casi originario, había hecho mella en la serenidad teórica ante la primavera democrático electoral.

El espacio de la disputa electoral mediática y ciudadana

La ciudad de México cuenta con una significación simbólica de gran parte de los procesos nacionales, debido a la centralización política que incluye, aparte de los poderes federales, la ubicación de todos los partidos políticos con registro, los cuales dependen en buena medida de los votos obtenidos en la urbe.

El hecho de que la participación política de los habitantes de la ciudad se limitara durante décadas a su representación en las cámaras de Diputados y Senadores, quienes legislan para todo el país y no específicamente para la ciudad, provocó que en la década de los ochenta los habitantes desbordaran los cauces institucionales y partidarios para obtener un gobierno electo, que desde 1928 por autoritaria decisión presidencial designaba a su gobernante.⁵⁶¹

Sesenta años después, en 1988, el candidato a la presidencia por parte del partido oficial, el PRI, obtuvo sólo el 20 por ciento del total de los votos en el Distrito Federal, situación que expresó las dimensiones del deterioro en la imagen presidencial en un territorio clave de la nación.

El hecho de que el Ejecutivo impusiera a lo largo de casi siete décadas a un Jefe del Departamento que negociaba con varias dependencias el presupuesto del Distrito, pero no contaba con ninguna representación específica de los ciudadanos, se volvía cada vez más una cuestión difícil de aceptar, por lo que las elecciones evidenciaron –entre otras cosas– la necesidad de democracia representativa para los habitantes de la ciudad.

Las elecciones presidenciales de julio de 1988 motivaron una movilización que rebasó las perspectivas de la oposición, dada la manifestación de importantes sectores obreros y campesinos que, imposibilitados para expresarse desde sus centros de trabajo –por la corporativización que sufrían las organizaciones políticas por parte del Estado mexicano– apoyaron a los partidos opositores en contra de la hegemonía priísta.

En ese momento se hicieron propuestas sobre la democratización del gobierno del Distrito Federal, las cuales provinieron fundamentalmente de los partidos políticos de oposición. Sin embargo, su deficiente vinculación con la población y la incorporación de las necesidades e intereses más sentidos por los ciudadanos fueron relevantes pero reducidos, pues se privilegiaba la actividad electoral y parlamentaria sobre el trabajo de base.

Aunque fue en esa década de los ochenta donde según la sociología urbana hizo su aparición en el espectro social, principalmente el de la ciudad de México, lo que se denominó “coaliciones de descontento”, ante la situación imperante en el entorno sistémico. Las crisis económicas recurrentes, la modificación de preferencias partidarias, el cuestionamiento, por su deterioro y pugnas, del sistema político de partido único, entre otras variables, posibilitaron las reformas electorales y la incursión de dichas coaliciones en tal entorno sociopolítico y económico.

Hasta ese momento la actuación de los grupos sociales organizados y sus intereses no habían incidido de manera directa en las prácticas mediáticas,⁵⁶² pero algunas de sus voces se empezaban a escuchar a través de los mismos medios, que les otorgaban espacios debido a su carácter noticioso. Algunas otras organizaciones, las más formales, se pronunciaban sobre la situación imperante en la actividad comunicacional, vigilándola y cuestionándola.⁵⁶³

El interés creciente de algunos de estos grupos –ciertamente politizados– preocupados por lo que ocurría impulsaron la creación de condiciones para ampliar el ejercicio de la democracia, y se dice que contribuyeron a la reforma política del Distrito Federal haciendo aportaciones conceptuales importantes sobre la democratización en los órganos de colaboración vecinal, ciudadana y acerca de la posibilidad de un gobierno electo por la ciudadanía.

A partir de tal presión ejercida y los cambios legislativos en el ámbito electoral por la reforma de Estado, para octubre de 1988 se creó una instancia de decisión ciudadana: la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con funciones limitadas. En los años siguientes se extenderían sus funciones hasta hacer cuajar la idea de un gobierno electo. Fue así que en el verano de 1993, cuando la oposición apoyó y alentó a grupos de la sociedad civil, entre ellos a Alianza Cívica, que coordinaba a organizaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, al Consejo por la Democracia, a la Fundación Arturo Rosenblueth, al Movimiento Ciudadano por la Democracia o al Instituto Superior de Cultura Democrático, entre otras, que representaban una amplia pluralidad en sus orígenes, membresía y fuentes de financiamiento. Así fue que se organizó una consulta pública con intención de conocer el sentir de los capitalinos respecto a su forma de gobierno.

Durante esta movilización, llamada del Plebiscito Ciudadano, la población participante afirmó su voluntad de elegir por voto directo a sus gobernantes, por lo que se le calificó como un fenómeno político sin precedente, donde una parte de la sociedad organizada luchó por el derecho a disentir de la forma en que operaba un gobierno a todas luces autocrático para el Distrito Federal.

La posibilidad de que la ciudadanía contara con un gobierno propio en la ciudad de México también concernía a los medios de comunicación, los cuales no son indiferentes ni independientes de los acontecimientos, más aún cuando gran parte de sus actividades se encuentran amalgamadas en este espacio, que concentra uno de los conglomerados humanos más grandes del orbe.

Además de ser el centro político y económico de la nación, es el sitio donde se genera y recibe mayor cantidad de información a través de los medios de difusión masiva. En ese momento tenían representación en dicho espacio los 20 grupos radiofónicos que manejaban más de 800 estaciones a nivel nacional; la mayor parte de las emisoras de provincia adquirían los programas de las cinco más importantes estaciones de televisión, mientras que de los 371 diarios en existencia, la mayor parte de los –periódicos y revistas de circulación nacional–⁵⁶⁴ aparecía en el Distrito Federal.

En foros académicos se hablaba de una apertura inédita de las temáticas relacionadas con la participación política, así como de los organismos encargados de realizarla por sistema: los partidos. Incluso se afirmaba que estaba en marcha un proceso de reformulación de la relación de los medios con estos institutos políticos.⁵⁶⁵

Se decía que se estaba en condiciones, en tal coyuntura, de generar una nueva cultura política, debido a la nueva visión de los medios para abrir sus espacios y tiempos de transmisión al proceso electoral y a las fuerzas políticas contendientes, cuestión que por lo demás, era constatable en cifras.⁵⁶⁶

También, que existía una nueva actitud de los propietarios de los medios respecto a la pluralidad informativa, explicada tanto por la presión social como por los gastos que estaban haciendo los propios partidos para realizar su propaganda, porque “estamos en una época diferente… la posibilidad de que la oposición gane las próximas elecciones es viable, y bajo tal contexto, no hay nada mejor que quitarse la sombra del oficialismo que por muchos años afectó la credibilidad y públicos de muchos medios”.⁵⁶⁷

Se hacían promesas de mayor pluralismo, y aunque no se explicitaba en que consistirían, por ejemplo la televisión comercial abrió casi en su totalidad sus espacios de debate y opinión a la mayoría de los partidos en la contienda, al igual que muchas estaciones radiofónicas, debido tanto a la impronta financiera como a la relevancia social del proceso. De manera similar, los medios impresos destacaron en su agenda a la información sobre el tema de las elecciones en el Distrito Federal, y algunos incluso inauguraron espacios específicos dedicados a la contienda. En gran parte de estos privaba la percepción de que el proceso sería de consecuencias importantes y se aprestaron a entrar al rejuego informativo.⁵⁶⁸

El proceso electoral

La campaña al gobierno del Distrito Federal inició con el año de 1997, aún cuando formalmente debería arrancar junto con las campañas federales y locales hasta marzo. La premura respondió a las expectativas generadas en variados ordenes, incluido el de los medios de comunicación. Esto, no sólo porque el financiamiento para las campañas era cinco veces mayor que el de las elecciones federales de 1994 y por tanto habría mayores gastos en propaganda, sino porque en uno de los más importantes monopolios mediáticos, el de Televisa, se daba el cambio generacional en su administración y se anunciaba una nueva posición política.⁵⁶⁹

Hacia la primavera de 1997 ocurrió la muerte del magnate de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, y se había dado el control de la empresa a su hijo, quien ante el nuevo cargo directivo y la temporada electoral, empezó una “intensa actividad pública” con la finalidad de dar a conocer la nueva postura política de la empresa, alejada de la filiación priista de su padre.⁵⁷⁰

Emilio Azcárraga Jean, el joven director, afirmaba, que Televisa se adaptaría a “La nueva pluralidad que vive la sociedad mexicana”, y que ello se reflejaría en los noticiarios de la empresa, por lo cual empezaría a emitir equitativamente la información generada por los partidos en contienda, “aunque privilegiando el hecho noticioso”, lo cual mostraba, a decir de los analistas de ese momento, todavía una indefinición en su política informativa.⁵⁷¹

Quizá lo que pasaba es que se reconocía la reciente definición legal de la equidad en los tiempos de transmisión de propaganda en los medios electrónicos, dada por el artículo 45 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), referida a los espacios contratados para los partidos, pero no a la obligación de los medios privados de informar igualitariamente, pues eso sólo se encontraba en forma de lineamientos o “recomendaciones” del IFE para los medios de comunicación en general respecto a la búsqueda de equidad y la objetividad. Hasta entonces y ahora sin regulación al respecto, pervive un sistema de corte liberal, donde los medios asumen los valores de la libertad de expresión y pueden manejar sus propias agendas según sus intereses económicos, políticos, y los correspondientes a su responsabilidad social, por lo menos en teoría.

La denominada agenda, es decir, las posibilidades que tienen los medios para jerarquizar los temas, problemas o situaciones de orden público, los convierte en creadores de “paquetes de realidad”, pues no sólo proporcionan noticias, sino un orden y “las categorías en las que los destinatarios pueden fácilmente colocarlas en forma significativa”.⁵⁷² Esto los dota de un poder decisorio que los convierte en actores sociopolíticos, y en el caso de la empresa Televisa, dada su envergadura, en un agente económico de importancia nacional.

Su posicionamiento, aunque un tanto ambiguo al inicio de las campañas, parecía promisorio para el manejo informativo en forma plural, por lo que los analistas de prensa escrita se empezaron a preguntar si el partido hegemónico podría ganar una elección sin el apoyo de Televisa. La presencia de su nuevo director en actos públicos de partidos de oposición como el PAN era ostensible.⁵⁷³

Inmediatamente, los partidos políticos tomarían la estafeta de la apertura y la pluralidad dada por el magnate de los medios. En un foro de la Universidad Iberoamericana, los dirigentes de los partidos de oposición capitalinos del PRD y el PAN señalaron que sería decisivo el papel de los medios de comunicación en la elección y anunciaban que los programas de Televisa “han empezado a ser más plurales”, así como el manejo de la información en radio y prensa escrita, que cubrían con mayor profusión el proceso electoral. Sin embargo, respecto a la televisora alterna, Televisión Azteca, decían que“mantenía una actitud de linchamiento hacia la oposición”. Tal visión sobre la actuación mediática se mantendría a lo largo del proceso electoral.⁵⁷⁴

Ciertamente, gran parte de los medios buscaban tener mayor credibilidad, “en tiempos de intensa competencia” la Asociación de Radiodifusores del Valle de México (ARVM), anunciaba la realización de tres encuestas mensuales sobre las tendencias del voto en el Distrito Federal y una serie más de actividades destinadas a “cubrir con un espíritu de apertura y de acceso a todos los grupos las campañas electorales a realizarse en la ciudad de México”.⁵⁷⁵

Explicando que aún cuando “la inclinación por diversas circunstancias históricas y políticas a favorecer fundamentalmente a un solo partido en los noticiarios radiofónicos no se había podido erradicar totalmente”, se expresaba que el pluralismo les permitiría recuperar credibilidad y anunciantes.⁵⁷⁶

Para abril ya se hablaba de novedades en materia de comunicación política. Se decía que, al menos en radio y televisión, las campañas de tres de los contendientes al gobierno del Distrito Federal tenían una hechura profesional, es decir, la de Cuahutémoc Cárdenas por el Partido de la Revolución Democrática, de Carlos Castillo Peraza por el Partido Acción Nacional, y la de Alfredo del Mazo por el Partido Revolucionario Institucional. Se expresaba que la circunstancia de que los dos primeros fueran de oposición no los demeritaba en el uso de los instrumentos técnicos de los medios de comunicación masiva, como antaño. Además, se resaltaba que la otra novedad era que “había un acceso más cercano a la equidad y una apertura al parecer indiscriminada para la propaganda pagada de los tres grandes partidos.⁵⁷⁷

Tal percepción formaba parte de los resultados obtenidos por el primer monitoreo de medios realizado por el Instituto Federal Electoral sobre 15 noticieros de televisión y 18 de radio. Dicho análisis aseguraba que en el manejo de la información sobre las campañas a la gobernatura capitalina “se ha logrado una apertura y un tratamiento equitativo informativo sin precedente hacia los partidos políticos”,⁵⁷⁸ claro, sin contar a los demás contendientes de los partidos pequeños: el Partido del Trabajo, que propuso a una cantante, Viola Trigo; el Partido Cardenista, presentó a un conocido locutor, Pedro Ferriz; el Partido Verde Ecologista, tuvo a su líder permanente como candidato, mientras que el Partido Demócrata Mexicano, y el Partido Popular Socialista candidatearon a Baltazar Valadez y Manuel Fernández. Algunos de ellos declinarían a favor de los candidatos punteros en las encuestas.⁵⁷⁹

Sin embargo, la apreciación sobre la equidad tenía sus matices, ya que como se había mencionado, la televisora Azteca empezaba a realizar un tratamiento diferenciado de la información. Según monitoreos realizados por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, institución no gubernamental, advirtieron hacia los inicios de las campañas sobre “una clara mejoría en relación a la cobertura que hicieron de las elecciones de 1994” y un equilibrio adecuado en el tratamiento que recibieron los tres primeros candidatos mencionados al gobierno del DF en cuanto a tiempos de transmisión. Para abril sus informes cambiarían.⁵⁸⁰

Gracias a lo que llamó un abordaje cualitativo de los datos, la Academia informó que se estaba manifestando en las televisoras “una clara preferencia por el Partido Revolucionario Institucional, misma que no se justifica con las preferencias electorales que reportan las encuestas de opinión”, y además reportó que el noticiero Hechos de TV Azteca “se distingue por una hostilidad excesiva hacia el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas”.⁵⁸¹

La organización criticaba que no se siguieran los criterios de agenda informativa manejados usualmente por los medios, esto es, informar más acerca de quien genera mayores expectativas según los sondeos de opinión pública. La agenda de las televisoras no era la misma que la de opinión recogida, y de ahí la cada vez más clara posición de Televisión Azteca y de enfrentamientos con el cardenismo.

En eventos de la campaña de Cárdenas se empezó a repudiar a la televisora y a los reporteros que cubrían los actos públicos,⁵⁸² denunciando su filiación salinista, criticada desde hacia tiempo en la prensa escrita “por el origen de los recursos con que se adquirió”, es decir, concesionada bajo el régimen del partido hegemónico y sus gobiernos. La prensa de filiación izquierdista analizaba también el desenvolvimiento de la televisora del Ajusco, que “cada tres minutos” acusaba al perredismo de violencia, y en uno de sus programas de sátira política más vistos, Hechos de Peluche, se esforzaban “en inventar estadísticas que contradecían la evidencia de las encuestas que mantenía a la cabeza de las preferencias electorales a Cuauhtémoc Cárdenas”.⁵⁸³

La percepción sobre este programa, entonces muy popular e incluido en la barra informativa de la televisora Azteca, era certera en cierto modo. Un vistazo a los contenidos de los programas producidos en esos meses de campaña, incluyen con profusión la marioneta que personificaba a Cárdenas o la referencia a sus acciones. Aunque también trataban de personificar a los otros dos principales candidatos, o los demás contendientes, para que sus representaciones hablaran con juegos de palabras, y así criticar, con un supuesto humorismo político, los sucesos de la campaña electoral.

Sin embargo, parecía esgrimirse un mayor “humorismo” sobre la persona del Candidato del PRD, ya que la constante referencia a sus orígenes familiares marcaba gran parte del discurso. Aun cuando dichas referencias no siempre eran negativas, –la figura de su padre, el ex presidente Lázaro Cárdenas, más bien es objeto de respeto nacional– su enlace con los poderes de antaño mantenía vituperada la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas.⁵⁸⁴

La sátira también era esgrimida contra los candidatos del PAN y PRI, en el primero, era una burla constante su afición al canto, y al otro se le criticaba la grisura de su campaña, tanto como a algunos de sus inefables compañeros de partido, como el priista Roque Villanueva, personificado por una insolente marioneta que mostraba lo más irreverente de la política de ese momento.

Las encuestas

En esta llamada primavera de la democracia por los más entusiastas de la apertura mediática, también ocurría un fenómeno que en su momento se calificó de inédito, la profusión de sondeos de opinión en su modalidad de encuestas. Alrededor de 20 se realizarían tan sólo entre febrero y abril de 1997. Medios impresos nacionales y consultorías fueron sus principales artífices, pero otras encuestas más, no contabilizadas, fueron hechas por universidades privadas y públicas, así como por organizaciones no gubernamentales que acudían a medir las expectativas generadas por la contienda a la gobernatura.⁵⁸⁵

El instrumento demoscópico se anunciaba como un arma estratégica de los partidos en dicho proceso electoral, aunque ante su cuantía y variedad de resultados, el IFE debió manifestar que podían ser manipuladas y se requería fijar lineamientos metodológicos para dotarlas de confiabilidad, pero terminaba señalando que su difusión era parte de la libertad de expresión.⁵⁸⁶

Por su parte, periódicos de renombre internacional como el Nueva York Times, haciendo eco de las diversas encuestas, señalaba que el candidato perredista contaba “con posibilidades reales de ganar, y convertirse en “el segundo político más poderoso del país”, dada la importancia de la jefatura de gobierno.⁵⁸⁷

Las tendencias en los sondeos variarían para el siguiente mes de mayo, y aunque existían algunas que señalaban ventaja de Cárdenas sobre los candidatos Del Mazo y Castillo Peraza,⁵⁸⁸ las realizadas por ejemplo en algunas universidades públicas y privadas daban la delantera al candidato panista.⁵⁸⁹ La realidad era que el fenómeno estaba dando ya trazas de esquizofrenia, resultado quizá de la variedad de metodologías y actores que incidían en su hechura.⁵⁹⁰

Analistas de prensa, otrora oficiales, ya daban el triunfo a Cárdenas, criticando las campañas partidistas y sus candidatos. “El éxito histórico del PAN naufraga en la equivocación de su candidato. Pese a la buena mercadotecnia se falló en lo más importante: la selección de su producto principal”.⁵⁹¹

Algunos periodistas mantenían la percepción sobre que Carlos Castillo Peraza era un candidato déspota, hasta “con aversión hacia la prensa y hacia los reporteros”, por lo que aceptaban haber efectuado una cobertura subjetiva de la campaña, al argumentar que “una gente que va a tratar de gobernar a una ciudad, a un pueblo, tratando a los medios así (mal), cómo va a tratar al pueblo”.⁵⁹²

Un evento de comunicación política definiría más las tendencias demoscópicas. El debate entre dos de los candidatos, Cárdenas y Del Mazo, con la ausencia del panista Castillo Peraza, que no fue invitado, dio ventaja al perredista, según 5 encuestas levantadas ex profeso.⁵⁹³

Difundido por las dos principales televisoras, en algunos periódicos se criticó que la señal de televisión que lo transmitió fue interrumpida o bloqueada en varios estados, a pesar de que se había prometido su emisión, mientras que en organizaciones como Alianza Cívica o la Academia de Derechos Humanos se elaboraron informes que hablaban sobre la violación al derecho a la información de los mexicanos. Las emisiones de Televisión Azteca fueron criticadas por la edición parcial en contra del candidato perredista y por haber dado voz al panista, a quien no se incluyó en dicho debate, mientras que a Televisa se le reconocía –no sin hacer evaluaciones diferenciadas de sus programas– más objetividad en el tratamiento informativo.⁵⁹⁴

Se señalaba que en varias entidades las televisoras locales habían cortado súbitamente la señal y en la mayoría no se pudo observar a pesar de anunciarse su emisión. Aunque el debate no suponía un interés nacional, dado que respondía a una elección local, se criticó la forma de realizar estas acciones, pues únicamente el canal 4 de Televisa, de cobertura metropolitana, lo transmitió íntegro.⁵⁹⁵

La sombra de la desconfianza y la sospecha volvían a aparecer en las páginas de algunos diarios.⁵⁹⁶ El informe de una comisión internacional de expertos sobre monitoreo electoral señalaba su “preocupación de que desigualdades en el acceso y en la calidad del tiempo pagado en los medios de comunicación darían al PRI, actualmente en el poder, grandes ventajas en el periodo de campaña”.⁵⁹⁷

Mientras, analistas trataban de explicar los resultados de los sondeos y del debate en la opinión pública, pues un candidato como Cárdenas, que en realidad no mostraba “un programa sólido detrás de sí, refleja en el inconsciente colectivo una forma de hacer política que la gente ve como con mayor atención por lo social… la ansiedad de cambios en la ciudadanía luego de tres años de crisis… la gente no vota por el cambio en medio de una crisis, opta por él cuando advierte alguna salida”. Era la elección para gobernar sólo una entidad, pero se percibía como la de una candidatura presidencial.⁵⁹⁸

Algunos líderes de opinión a la izquierda del espectro político como Fernando Benítez, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska o Lorenzo Meyer, después del mencionado debate daban el triunfo Cárdenas. Sin embargo algunos otros analistas, más mesurados, prevenían sobre la permanencia de las prácticas discursivas de la política mexicana, a contracorriente de las percepciones mediatizadas que en esos momentos proliferaban sobre la transición democrática, con su fiebre de encuestas, sondeos, monitoreos, simulacros y observaciones electorales; de el frenesí de hallarse en un momento histórico para la incipiente democracia electoral del Distrito Federal.⁵⁹⁹

Ya se había recibido más de millón y medio de dólares para la observación electoral de los comicios por parte de organismos internacionales, que dotaron a organizaciones ciudadanas no gubernamentales de variados recursos, mientras que el IFE, dirigido por José Woldenberg, se posicionaba como árbitro de tales montos y su distribución.

Organizaciones ya con experiencia electoral como Alianza Cívica y la Academia Mexicana de Derechos Humanos eran reconocidas para obtener esos apoyos, mientras que otras como El movimiento ciudadano por la democracia, realizaban novedosas campañas de promoción de lo que denominaron “voto razonado”, a fin de “desechar la presión, el desconocimiento y el desinterés” por los comicios.⁶⁰⁰

En esa llamada primavera ciudadana se realizaron foros, congresos, mesas redondas debates, y un largo etcétera en diversos espacios educativos, además de apremiantes análisis de lo que se consideró un fenómeno. El ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova presentó un libro, La democracia de los de abajo en México, donde se asociaba la emergencia ciudadana con “la eventual fase terminal del sistema”, y se exaltaba la lucha subalterna en el ámbito electoral como una parte de la lucha por la democracia.⁶⁰¹

Se recordaba en instancias gubernamentales y ciudadanas que hacía tan sólo una década era un delito realizar observación electoral durante los comicios⁶⁰² pues con la preeminencia del PRI, desde los años 40 no se permitía que grupos ciudadanos postularan candidatos independientes de los partidos. Por ello se proponían mayores opciones de participación, al considerar que no sólo a través del gobierno y partidos políticos debía realizarse la política mexicana,⁶⁰³ como hasta entonces lo definía una cultura política –se decía– ya en plena transformación gracias a la participación ciudadana, que organizada se aprestaba a los comicios.⁶⁰⁴

Algunos estudios demoscópicos del momento señalaban que la población se identificaba con una cultura política democrática, pero que los cambios institucionales habían sido tan vertiginosos que no quedaba muy claro que esos cambios tuvieran “una adecuación con las formas de concebir la política, es decir, con la cultura política, ya que la práctica, que no el diseño, institucional aún no terminaba de generar la confianza necesaria” para cerrar el círculo de relaciones entre cultura y estructura política.⁶⁰⁵ Se preveía que sería difícil arribar a estos cambios sólo con una democracia electoral, que más bien empezaba por sostenerse no sólo en los recursos humanos de sus participantes, sino en los incontables recursos económicos que se pensaron en ese momento necesarios para iniciar un proceso, quizá sin retorno, donde la democracia mexicana se yergue como una de las más caras del mundo.

Los pesos y medidas de la democracia

La evidencia financiera de los recursos distribuidos entre los participantes de toda esa llamada emergente democracia electoral la resumía el Presidente de IFE, al señalar que cada uno de los votos le costaría al país un promedio de 92 pesos,⁶⁰⁶ es decir, más de cuatro salarios mínimos de ese tiempo.

Eso se suponía que era el gasto público, aunque es difícil señalar que ese monto incluyera todos los recursos emanados por diversas instancias internacionales, nacionales, universidades, organizaciones, fundaciones privadas y todas los que estaban participando de una u otra manera de tal contienda electoral, que también vivió una abundancia económica sin precedente, según quienes asumieron el análisis de sólo algunos costos.⁶⁰⁷

El incremento en el financiamiento público fue “exorbitante”, cinco veces más que en la elección presidencial de 1994, y eso que no se tomó en cuenta los montos privados que pudieron generarse debido a las persistentes lagunas legales respecto a este tipo de financiamiento, al que seguramente pudieron acceder muchos institutos políticos,⁶⁰⁸ y quizá no pocas organizaciones ciudadanas.

Respecto a la distribución de los recursos públicos para el financiamiento de las campañas de los partidos en contienda por la gobernatura del Distrito Federal, los análisis concluyeron que este se realizó de forma equitativa. “La diferencia de financiamiento entre los partidos no es tan grande y muestra lo competido de la votación en el D.F.”, por lo menos entre los partidos más grandes, PRI, PAN y PRD.⁶⁰⁹

En la ciudad de México, los gastos en medios de comunicación masiva como la televisión, se privilegiaron frente a los más tradicionales en elecciones locales, como la propaganda en vía pública: anuncios espectaculares, mamparas, pendones, etcétera, que sólo significaron alrededor del 5 por ciento del monto total.

Se debe recordar que era la primera vez que se realizaba la elección del gobernador y la concentración de medios nacionales es muy alta, por lo que el acceso se facilitaba, aún más con tal financiamiento. Así que no extrañan los montos, sino la inercia de partidos como el PRI, que gastaron 2 veces más que el PAN y el PRD en la propaganda en vía pública, la cual afecta la imagen urbana y molesta por su profusión a los capitalinos, por lo que incluso un partido, el Verde Ecologista, en esa elección mostró la corrección política de declinar por varias modalidades de ese tipo de difusión de sus mensajes.⁶¹⁰

Por su parte, el PRD sería el partido que gastara dos veces más que el PRI en spot publicitarios de televisión, mientras que “sorprendentemente, Carlos Castillo Peraza, del PAN, no invirtió en promover su imagen” por este medio. Sin embargo, es difícil asegurar cuánto y dónde exactamente se gastaron los montos de financiamiento a los partidos, pues en ese momento, aunque el IFE adquiría sus promocionales, estos también los contrataban ya directamente. Además, en el caso de las televisoras se tenían “planes de bonificación y descuento para atraer compradores con buenas condiciones”, es decir, el mantenimiento de relaciones económicas diferenciadas. Lo mismo pasaba con el conjunto de medios de comunicación, por lo cual sólo se pueden realizar estimados sobre los gastos.

Lo anterior es parte de las prácticas tradicionales de difusión de información política, relacionada con la publicidad, es decir, los anunciantes que reciben el beneficio de la preferencia en la agenda de los medios. Desde adentro de las empresas de medios, esto que está normalizado y es indisociable de la práctica comunicativa se denota como una praxis necesaria.

Así lo describirían periodistas de prensa escrita que cubrieron las campañas de los candidatos al gobierno del Distrito Federal. Se asegura que especialmente en dicha elección cada publicación envío a un reportero para asistir la campaña de cada uno de los candidatos, quienes incluso, como en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, acudían personalmente a este tipo de empresas para solventar sus relaciones políticas.

La percepción fue que “se manejo muchísimo dinero, quizá como nunca antes” y prevalecieron las prácticas recurrentes en la prensa mexicana, tal como lo describe un reportero del diario Novedades: “los convenios se dieron entre el candidato y la empresa, la empresa da línea, obviamente a los subdirectores, los jefes de información, los editores de que –y así lo toman también, ya es costumbre, lo toman de manera literal– de que como es una gente que te está apoyando económicamente con la publicidad, entonces, yo Televisa, yo Novedades, yo Jornada, me estás dando mucha publicidad y yo te estoy dando, publicando tu información, entonces hay un intercambio explícito a mi gusto, de no agresión”.⁶¹¹

Una de las conclusiones sobre los gastos de las campañas a la jefatura de gobierno fue que aun cuando casi todos los partidos en contienda dedicaron una parte significativa de su presupuesto para promover sus campañas en medios masivos, quien efectivamente gastó más de sus recursos en éstos fue el candidato del PRD,⁶¹² electo en los comicios de ese 6 de julio de 1997.

La cultura política

Las cifras demostraron que los gastos electorales realizados durante las elecciones al gobierno del Distrito Federal en 1997 fueron considerables, y de ahí que exista la percepción, sobre todo entre algunos trabajadores de los medios en ese momento, que la apertura informativa respondió a esa situación, aún cuando otros factores hayan incidido. “La apertura fue una válvula de escape para el propio Estado que necesitaba credibilidad, ¿y cómo la iba a recuperar?, dando concesiones, pero no gratuitas, sino a base de lucha, de no sólo lo que algunos denominan sociedad civil, sino de las luchas de la guerrilla light –los zapatistas– hasta la guerrilla dura”.⁶¹³

Se sostenía la percepción de que los medios respondieron “a un momento concreto que se está viviendo en el país. Se está solicitando una mayor información. Los medios, sus dueños, no son tontos, van respondiendo al momento político, económico, ideológico, a favor de sus propios intereses”.⁶¹⁴

Con la soltura de quienes conocen desde el interior de esos aparatos, se podía afirmar que el interés de los medios en el proceso electoral fue sobre todo económico, y por ello actuaron más equitativamente. Pero así como no es posible afirmar que la prevalencia de mayores gastos en medios de comunicación fue el factor determinante para que Cuauhtémoc Cárdenas ganara la elección a la gobernatura, tampoco lo sería señalar que la acción organizada fue definitiva, y aún menos, como también se llegó a decir en plena euforia electoral, que se estaban transformando las bases de la cultura política autoritaria.⁶¹⁵

Algunos analistas se centrarían en analizar el lenguaje discursivo de las campañas para avizorar las continuidades prevalecientes. Se señalaba que el idioma del poder, plagado de ambigüedades, aparecía para dirigirse, no a los ciudadanos que desconocían sus códigos ocultos, sino sólo los iniciados de siempre, “las elites políticas y en todo caso a las masas que con escepticismo y e incredulidad podían observar con fascinación casi mística el autoritarismo de los contendientes”.

El juego de espejos de la política mexicana, donde los políticos candidatos suponían ser escuchados por ciudadanos atentos y participativos, mientras los ciudadanos imaginaban que los políticos podrían ser honestos y capaces. Tal juego se había expresado durante el proceso electoral en esos dos sectores “inexistentes unidos por el virtuosismo imaginario de los medios de comunicación”.

Para el análisis discursivo, los candidatos, sobre todo Del Mazo y Cárdenas durante el debate televisado en la campaña, representaban “el tipo de liderazgo que estaba produciendo la transición política”. Hablando lenguajes para iniciados, no exhibieron gran profundidad analítica, ni se esforzaron por mostrar ideas originales, en una mezcla de retórica y verdades a medias, como siempre, y como siempre, aludiendo al cerrado universo simbólico del discurso político mexicano, al que se debe leer entre líneas y donde la forma es fondo.⁶¹⁶

Se daba entonces en afirmar que para que la transición política ocurriera y un régimen fuera sustituido por otro, era una condición el “cambio en la cultura política, en tanto esfera de cohesión y orientación del ámbito social de la política”.⁶¹⁷

La transición política del régimen de partido único se concretaría luego, y en ello contribuiría el proceso electoral que estamos aludiendo, pero no existe la seguridad que la cultura política se haya modificado o cambiado sustancialmente, y es más, en algunos aspectos, por lo menos en la política de este espacio local de la ciudad de México, se afirma que las prácticas más recurrentes de la política de antaño se reeditaron.⁶¹⁸

La larga estabilidad del régimen anterior tuvo entre sus bases una fuerte política de masas que ayudó a construir el estado posrevolucionario, teniendo entre sus componentes un modelo de tipo clientelar-vertical que constantemente se renovaba sin perder sus lazos gracias a la lealtad. Las relaciones patrón-cliente estaban reguladas por una ética de la solidaridad que regulaba los intercambios, que en ese sentido también podían ser horizontales en medio del autoritarismo.⁶¹⁹

En tal dimensión, “los recursos (capital y poder) se canalizaban desde la cúspide hacia la base, mientras que el trabajo, la lealtad y el apoyo político irradian desde la base hacia la cúspide”. En eso se cimentaban las clientelas del PRI, que con una estructura piramidal redistribuían sus recursos bajo esas premisas y funcionaban como “un todo orgánico compuesto por segmentos interrelacionados jerárquicamente y cuyas formas de representación eran producto de la negociación”.⁶²⁰ Así, en gran parte de la estructura política mexicana sus integrantes negociaban con su patrón político, quien a su vez podía persuadirlos de aguardar apelando a beneficios futuros, a la relación personal u otorgando un bien compensatorio, es decir, la cooptación antes que la represión, que era selectiva.

El tránsito de un régimen autoritario a uno de democracia representativa, esto es, sólo a nivel de las instituciones, con la competitividad electoral y el cambio de las relaciones entre poderes, se asegura que no modificó gran parte de las prácticas y rituales de la cultura política jerárquica y autoritaria.

En un ámbito local como al que nos hemos referido, “donde principalmente se configura el comportamiento político-ciudadano, permanece “coloreado por las relaciones clientelares”, ahora del PRD, principalmente con programas de contenido social que se han personalizado. Esto ha reproducido o renovado nuevas relaciones autoritarias, donde como antaño los líderes “ayudan” a grupos y organizaciones de diversa índole, a cambio de apoyo político durante procesos electorales. El pragmatismo de la izquierda gobernante que le disputa a los demás partidos la gestión de las demandas ciudadanas, como rasgo de una persistente continuidad.

En el ámbito del discurso, como bien se llegó a percibir, el uso del lenguaje ambiguo parece ser otra característica que sobrevivió al cambio de régimen no sólo local, sino nacional. “La clase política parece adaptar la ambigüedad de sus mensajes a condiciones competitivas con el fin de evitar compromisos o la cancelación anticipada de diversos rumbos de acción”.⁶²¹

Otra persistencia ocurre en el ámbito mediático, a pesar de la apertura de la transición democrático-electoral, pues los cambios ocurridos en el régimen permitieron que sólo “cierta prensa pudiera ser más crítica de manera más abierta", y en algunos casos dicha apertura más bien propició la existencia “perniciosa” de medios escritos donde se abordan rumores sin ofrecer al lector ninguna fuente de información.

Aunque debido a la transición, los medios electrónicos, sobre todo la televisión, abandonaron su papel difusor de la imagen presidencial “para convertirse en vehículo de los políticos y partidos para comunicarse con las masas y ganarse sus preferencias electorales”, pues su apertura se relaciona con su propia agenda económica y política, en tanto su existencia depende de las concesiones estatales.

Las grandes expectativas en todos los órdenes, incluidas las de la transformación de la cultura política, por la participación ciudadana, la actuación de los medios, y el recambio político, que actuarían bidireccional y estructuralmente,⁶²² es todavía una posibilidad distante.

La coyuntura electoral descrita levantó oleadas de participación en todos los órdenes y de ahí las perspectivas culturalistas que vieron a la transición democrático electoral, tan ansiada en algunos imaginarios después de décadas de régimen de partido único, como la ruta de la transformación de la cultura política.

Sin embargo, harían falta más esfuerzos colectivos para retrazar esa ruta, pues existe quien señala a la fecha en que esto se escribe, más bien retrocesos, sobre todo en el ámbito de la democracia de tipo electoral, ya que no es actualmente ninguna garantía de gobernabilidad ante problemas estructurales emergentes, como los del llamado Estado fallido mexicano.

Por ello entenderíamos que la democracia formal es insuficiente para satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. En el ámbito de nuestra referencia, sólo agregaríamos que las relaciones establecidas por partidos y gobiernos con la ciudadanía de la ciudad de México, han colaborado para construir y reproducir una ciudadanía acotada y hasta disminuida, donde la actuación ciudadana y mediática no alcanzó a disminuir la prevalencia del clientelismo autoritario de nuestro antiguo régimen.

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Entrevistas

González, Nicolás, periodista de Novedades, reportero de la cobertura a la campaña política de Alfredo del Mazo al gobierno del Distrito Federal. Agosto de 1997. (Pilar Schiaffini Hernández, entrevistador) 

Miriam Ruiz, asistente de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales instrumentadoras de la campaña “En los medios lo mejor”, 1 de abril de 1997. (Pilar Schiaffini Hernández, entrevistador)

16. Periodismo capitalino en el campo político mexicano en la era digital: 1980-2010

Genoveva Flores Quintero⁶²³

La generalización del uso de la computadora, del video, de internet, y del teléfono móvil –llamado celular en México– que tuvieron lugar a finales del siglo XX y en la primera década del XXI, propiciaron una revolución en la tecnología de la palabra que ha impactado a los medios de comunicación y al periodismo en particular, modificando sus procesos de investigación, las prácticas de construcción del discurso y los géneros periodísticos, así como la conformación de los grupos de periodistas y sus interacciones en los campos periodístico y político.

Este cambio es relevante en el campo de la política porque modifica profundamente el escenario de la difusión amplia de los mensajes políticos, toda vez que una nueva generación de votantes mexicanos, están más atentos de sus pantallas de computadora que de la prensa tradicional de papel, o de las pantallas de sus teléfonos celulares, más que de la propia computadora, y los mensajes de amplio impacto corren por las redes sociales. Los periódicos son sensibles a estos cambios de usos de lectura y los políticos también. Así que los nuevos escenarios de formación de la cultura política en la segunda década del siglo XXI serán digitales.

Como sucede a quienes testifican su propio tiempo, los cambios que experimentamos desde la década de los 80 son percibidos por nosotros como muy veloces, una percepción similar a la que tuvieron quienes en 1886 vieron cómo el Nueva York Tribune hacía uso del linotipo para imprimir su diario. También para ellos la velocidad de fundición de las líneas de plomo era inusual. Según nuestra mirada contemporánea, los cambios en las TIC son los más rápidos que nunca hubo; pero dejando de lado el concepto rapidez, podemos afirmar que en términos de las dinámicas internas de la redacción y de las relaciones con el campo de la política, sí estamos en presencia de una ruptura en la cadena de la herencia entre las generaciones de periodistas, que se ha invertido, al menos en parte, el sentido de la transmisión del conocimiento práctico y ahora es de nativos tecnológicos (jóvenes) a migrantes tecnológicos (maduros), y la pérdida de aprecio por los conocimientos y habilidades que el periodismo de los ochenta atribuía al periodista ideal, y esto ha generado un cambio en la posición del campo periodístico.

Paralelo a esto estamos en presencia de un debilitamiento de las empresas periodísticas por la pérdida de lectores para las ediciones impresas y una migración hacia las ediciones digitales de los nuevos públicos, quienes demandan nuevos temas. Esta migración hace obsoleto el conocimiento de las experiencias periodísticas de los años ochenta y noventa; aunque, paradójicamente, los medios de comunicación son cada vez más poderosos en las definiciones importantes del campo de la política.

En la segunda mitad del siglo XX era común que los presidentes pagaran la publicación íntegra de sus discursos presidenciales, frecuentemente aparecían como suplementos dentro del cuerpo de las ediciones de papel y esto les ayudaba a difundir su mensaje político, eran parte de los usos del sistema político mexicano, parte de su imaginario de lo que la política es. Pero ese esquema está totalmente superado ahora, hay una renovación generacional de los públicos periodísticos, el país cuenta con un número de jóvenes (nativos tecnológicos) que están entrando a la esfera pública y lo están haciendo de la mano de las herramientas digitales. Para los medios de comunicación y el periodismo en particular no hay una opción posible de sobrevivencia que no sea el alinear sus prácticas de construcción discursiva hacia los ambientes digitales, y la mediación que habían tenido entre la esfera política y la esfera social se debilita si no se orientan hacia las ediciones one line. Por esa razón las nuevas prácticas de construcción discursiva del periodismo se están orientando hacia formatos digitales, pero en este proceso hay pérdidas importantes.

Un origen difuso y confuso

Cuando se introdujeron las computadoras en las redacciones periodísticas de México en la década de los 80, el área geográfica que primero adoptó la tecnología fueron los territorios fronterizos con Estados Unidos, gracias a los intercambios culturales y económicos propios de la zona. Un ejemplo emblemático de esta innovación en la tecnología de la palabra fue el periódico El Norte, mientras que en el área metropolitana de la ciudad de México los dos medios de comunicación que llevaron la vanguardia tecnológica fueron El Financiero y el semanario Proceso.

La llegada de las computadoras, como todas las nuevas tecnologías, causó desconfianza entre los periodistas de aquella época, uno de ellos Miguel Ángel Granados Chapa decía: “yo detesto la computadora y, en general, las nuevas tecnologías me desagradan (…) Es quizá por aldeanismo tribal, pero ya más de una vez me ha ocurrido que se pierde la información. Seguramente es por mala operación, pero a menudo me parece que las computadoras encierran algún demonio entre travieso y perverso…”⁶²⁴

Pero este cambio de máquina de escribir a computadora no fue un problema porque las primeras computadoras no estaban interconectadas, de manera que los auxiliares de redacción pasaron de trasegar cuartillas de papel revolución con sus copias al carbón, a llevar y traer disquetes, en los que se transportaban notas. Sólo fue una sustitución. Estos archivos de texto eran concentrados en una máquina o en varias para su corrección de estilo, lo que reproducía la práctica de que las notas en papel llegaran a la mesa de corrección para su revisión, y finalmente pasaban a un proceso de fotocomposición, donde se maquetaban.

Muchos de los periódicos de la capital tuvieron sistemas híbridos y fueron los talleres los primeros en ligarse a la computadora, a través de un sistema de impresión de galeras en un papel semejante al fotográfico, que se montaban finalmente en un acetato al que se adherían por cera, dónde se les añadían otros elementos tipográficos como plecas, medianiles y fotografías, ente otros. Una vez terminado este proceso, se producían los negativos y las placas de impresión para las rotativas. Aún en esta fase híbrida, el proceso de producción de periódicos y revistas tuvo sus impactos en las empresas editoriales, ya que sacó del mercado a los antiguos linotipos y pesadas rotativas que habían sido la base de El imparcial de principios del siglo XX. Sólo aquellos periódicos que, como el Excélsior, tenían una relación de copropiedad con los linotipistas por ser cooperativa, tuvieron problemas para sortear el cambio tecnológico. En el resto de las empresas periodísticas no, porque en México los sindicatos relacionados con la prensa tienen una tradición de ser sindicatos blancos. Este cambio, de hecho, sí causó despidos de trabajadores de los diarios, pero se trataba sobre todo de linotipistas, y no ocasionaron movimientos de protestas importantes en los medios en los que se dieron.

En otro nivel, la introducción de la computadora para la elaboración de los originales mecánicos no tuvo impacto en la modificación de las prácticas de producción del discurso periodístico y ocurrió de hecho a espaldas de las y los periodistas, quienes por costumbre permanecían separados de los talleres. La sustitución de las máquinas de escribir por computadoras sí generaron contratiempos en la redacción, que podríamos englobar en la categoría de resistencias; pero como no existían demasiadas diferencias entre los teclados de las computadoras y los de las máquina de escribir –y sobre todo– no se dieron despidos masivos de periodistas, el cambio no causó problemas mayores en el gremio periodístico.

La compra del equipo de fotocomposición de La Jornada, un equipo de segunda mano, desechado por un periódico de Estados Unidos, muestra la percepción que se tenía sobre el equipo de cómputo y la tecnología, pues resultaba difícil de adaptar en sistema integral y era atrasado, y su compra probablemente se hizo como la de un equipo de impresión proyectado para durar muchos años, como sucedía con las rotativas de los años ochenta, que eran adquiridas “reconstruidas” por la mayoría de los periódicos. Pero en el caso de la tecnología informática la historia era otra cosa, primero por la dificultad de compatibilizar los distintos ambientes computacionales y los costos en los que incurrían por no tener integrados todos los procesos productivos, amén de que la velocidad de los cambios tecnológicos hacen obsoletos los equipos en muy poco tiempo. La compra mostraba la dificultad para entender con plenitud los alcances e implicaciones de la nueva tecnología para quienes se hicieron periodistas en máquinas Olivetti.

La historia de la tecnología computacional en El Financiero fue diferente, porque la actitud frente a la misma era también distinta: los dueños del diario se colocaron a la vanguardia del equipamiento de ese entonces, lo que les permitió un plan de expansión de ediciones en los estados: Puebla, Estado de México, Guadalajara, Sonora, Nuevo León, merced a la transmisión de datos vía satélite. De esta forma las páginas maquetadas se transmitían comprimidas y se bajaban en las distintas sedes, donde se elaboraban las placas de impresión y se imprimían, lo que facilitaba la posterior distribución del diario con su edición local, pues era posible que el contenido del periódico nacional llegara a puntos remotos de esos estados, mucho antes de que llegaran, por vía aérea, los ejemplares impresos desde la ciudad de México.

Con el tiempo todos los periódicos capitalinos, incluso Excélsior que fue el último en hacerlo, cambiaron sus sistemas de impresión en caliente (por linotipos) a frío (computadoras), no sin retos mayores como lo fue en el caso del citado Excélsior, cuyos linotipistas igualaron los tiempos de producción de las primeras secciones que se hicieron por computadora, para demostrar que la nueva tecnología no tenía las ventajas que se le atribuían, pues el principal argumento que se dio para el cambio tecnológico en esa casa editorial fue justamente que el sistema frio aumentaba la velocidad de producción del periódico y, como queda dicho, los linotipista de Excélsior eran también una buena proporción de sus cooperativistas.

Hacia mediados de los años noventa las redacciones del centro de México ya se encontraban completamente computarizadas, ligadas a redes internas y con el sistema de diagramación por computadora, lo que trasladó la maquetación y elaboración de originales mecánicos a las salas de redacción, pero dejó sin trabajo a los formadores de talleres, quienes siguieron los pasos del desempleo de las y los “picadores”, una especie de mecanógrafos de galeras por computación, que había perdido el trabajo con la integración de los últimos reporteros resistentes a la escritura en computadora.

Lo grande y lo pequeño en internet

Internet, los teléfonos móviles y las primeras ediciones web cerraron el siglo XX y tuvieron profundas implicaciones en la modificación de las prácticas de construcción discursiva del periodismo, como no lo había provocado la llegada de la computadora a las redacciones, y modificaron el enlazamiento de las generaciones de periodistas, fuertemente vinculadas por enseñanza de los secretos del oficio periodísticos durante el siglo XX, invirtiendo el ciclo de maestros–aprendices en la primera década del siglo XXI.

Los primeros teléfonos móviles, llamados celulares en México, salieron al mercado japonés en 1979, pero hasta 1983 tenemos el primer sistema comercial en operación en Chicago y fue hasta los años noventa, con la segunda generación de teléfonos móviles digitales, cuando fue posible trasmitir datos de manera limitada, por ejemplo mensajes de texto sms. Si bien los primeros teléfonos móviles tenían un peso y tamaño similar a un ladrillo y eran caros, comenzaban a dar independencia a las y los reporteros en la transmisión de información, ya que podían llamar para dar primicias desde “el lugar de los hechos”, por lo que rápidamente se integraron a la carrera por la nota del día. Fue hasta la tercera generación cuando las posibilidades de inmediatez se volvieron interesantes: por su capacidad de conexión con Internet, de enviar imágenes e imágenes en movimiento se hicieron herramientas indispensables.

Un ejemplo prototípico de la transmisión de noticias en “directo” con el uso de esa tecnología fue en 1985, cuando el periodista televisivo Jacobo Zabludovsky transmitió, la mañana del 19 de septiembre, desde un teléfono móvil instalado en su auto, la primera información sobre la magnitud de los daños del terremoto en la ciudad de México y esto demostró las posibilidades de la transmisión en vivo de la tecnología telefónica.

Sin duda la innovación más importante de la telefonía celular es la posibilidad de transmitir por internet datos, fotos y videos, porque ésta es totalmente funcional para el periodista, pero tiene una variedad de implicaciones que están en el centro de esta indagación, como se explicará más abajo.

Otro avance tecnológico de amplias implicaciones fue el propio Internet, por la velocidad de transmisión de datos, desde una infinidad de puntos del globo terráqueo; pero también porque era la vía de acceso a la cada vez más vasta red de páginas web y que permitió lo que entonces se llamó “periodismo asistido por computadora”. Pero sin duda la posibilidad que más profundamente afectó a periodismo de principio del siglo XXI fueron la hipertextualidad y la capacidad de presentar una noticia en varios formatos (multimedia). No era la primera vez que un texto quedaba ligado a otros textos, de hecho el aparato crítico de los libros es también hipertextualidad, pero en el caso del ambiente digital, ésta es inmediata si el lector así lo desea. Por otra parte, la oferta multimedia sí era nueva en términos de su producción, porque un mismo reportero o reportera es quien genera los contenidos de audio, video, foto y texto.

Así que quien escribe no sólo debe redactar la nota, crónica o reportaje. También tiene que sacar la foto, grabar el audio, seleccionar las palabras clave y pensar también en los links (enlaces) que se incluirán en su material base, y enviarlo lo más pronto posible a la redacción, gracias a los avances en telefonía móvil o en la reducción del tamaño de las computadora (los iPad por ejemplo).

En relación con Internet y las nuevas tecnologías del ambiente 3G de los smart phones, la transmisión por Internet mediante dispositivos semejantes a un ubs, las cámaras digitales, el video digital, amén de su capacidad de interacción, se ha creado una especie de mitología en términos de sus potencialidades y a ese discurso se han sumado recientemente las redes sociales de Facebook y Twitter, pero en los países con grandes disparidades sociales, retraso en infraestructura y problemas de desarrollo como México, es difícil imaginar que todas estas potencialidades se cumplan. De manera que cuando se tienen coberturas en zonas de desastre, como lo fueron las inundaciones del 2010 en Veracruz, es probable que los cuerpos directivos de los medios tengan que tomar decisiones que afectan los contenidos editoriales de los medios impresos y de los medios one line o digitales, para determinar desde dónde no o sí hay cobertura para transmitir para las secciones de minuto a minuto o bien llegar hasta el punto exacto del mayor desastre y esperar el tiempo suficiente para llegar a un área de cobertura. Esto es: decidir entre la calidad y profundidad de la investigación, o la rapidez con la que se sube la noticia a la edición digital. Este es un dilema inexistente en otros países donde la cobertura de la red de teléfonos móviles es mayor, pero en México sólo se puede pensar en las condiciones ideales en las áreas urbanas del país, que son la mayoría, pero no todas, ni las más marginales o vulnerables. Así que el tomar la decisión de siempre cumplir con los tiempos del minuto a minuto de las páginas webs probablemente implique abandonar el periodismo social, al menos en áreas rurales.

Por otra parte, las innovaciones tecnológicas de tercera generación permiten a los lectores una interacción que no estaba presente en las ediciones impresas, pues el único formato de interacción existente eran las cartas al director, las cuales eran seleccionadas y sólo una pequeña proporción publicadas. Ahora, con la capacidad de poner comentarios en cada una de las notas, entrevistas o reportajes, quien lee pueden interactuar con reporteras o reporteros, y esto sin duda es una ganancia.

Esta relación cercana con quien lee podría llegar a ser un atractivo para los anunciantes de la web, pero este financiamiento se encuentra con el problema de los públicos dispersos. Los contadores reportan cómo hay muchísimas personas que ven algún material periodístico, pero no son atractivos sino para las mercancías de consumo muy general. Hasta ahora no han podido generalizarse las opciones de consumir productos de manera personalizada, así como podemos personalizar las noticias que recibimos y consumimos a través de los buscadores, de avisos, y de páginas web de nuestra preferencia. Así que aunque nuestros públicos en el periodismo digital son más grandes, y podemos afirmar que hay una mayor cercanía con ellos, también es cierto que para efecto del consumo de publicidad están demasiado dispersos.

Adiós a los maestros del teclado mecánico

Para poder explicar lo que sucede en el rompimiento del encadenamiento de las generaciones al que me he referido en la introducción, es necesario tomar algunos de los conceptos de la teoría gnóstica de Ericson, Chan y Baranek, que enfatizan el análisis de los procesos de adopción de las normas y saberes propios de la redacción, como generadores de un conocimiento “oculto” que causa prácticas específicas de producción de discurso periodístico, como lo son: el saber del reconocimiento entre lo que es y no es noticia; el saber del procedimiento, que son los conocimientos necesarios para obtener las informaciones y elaborar la noticia; y el saber de narración, que es la capacidad de aglutinar la información más pertinente en una narrativa de noticias para que sea interesante al público.⁶²⁵

Según los autores, este conjunto de conocimientos son transmitidos a los aprendices a través de prácticas que semejan a los grupos gnósticos, basadas en conocimientos restringidos que son ofrecidos de manera dosificada al aprendiz por los veteranos. En la socialización que significa el comer o beber juntos, jugar futbol, irse de antros, se transmiten los conocimientos necesarios para poder responder a las normas del periodismo y del medio en particular. Se transmiten también maneras de ser, de vivir la vida, y el lenguaje especializado. El sentido que hasta los años noventa había tenido esta transmisión del conocimiento era de maestros a aprendices, sin embargo, este encadenamiento de generaciones en su sentido tradicional ha quedado roto por varias razones específicas: el manejo de los gadgets es avasallador para quienes pertenecen a generaciones formadas antes del boom tecnológico, los jóvenes aprendices, como nativos tecnológicos, poseen un saber que es fundamental para las ediciones one line, que no tienen las generaciones anteriores caracterizadas por ser migrantes tecnológicos: el periodismo de fin de siglo ha dejado de ser relevante en sus formatos, temas y públicos, por lo que la herencia de los periodistas maduros ha dejado de tener valor, y el conocimiento cotidiano de las nuevas herramientas tecnológicas, en manos de los jóvenes ha debilitado su función de introductores a las dinámicas de la redacción, y ha incrementado la velocidad de producción de las noticias, así como la necesidad de una serie de habilidades y herramientas que los periodistas especializados –los viejos– no tienen.

Todos estos cambios en los saberes periodísticos han invertido el sentido de la transmisión del conocimiento, y ahora son los aprendices los que pueden negociar las otras claves del periodismo a cambio de enseñar sus claves tecnológicas a los periodistas que son sus maestros. De los periodistas de la generación de migrantes tecnológicos, quienes no pueden adaptarse a las exigencias de velocidad y de multifuncionalidad se engrosarán las filas de retirados o de desempleados y si la tendencia se hace fuerte en los próximos años generará un relevo generacional dominado por las y los jóvenes periodistas dueños del saber de procedimientos (el tecnológico), que dejará fuera a la generación que debía “enseñarlos”, adentrarlos al grupo cerrado. Enseñarles los leguajes y los saberes de reconocimiento. La tensión entre ambas generaciones puede romper la herencia periodística del siglo XX, cuyo encadenamiento de generaciones puede rastrearse desde los años ochenta hasta el principio del siglo XX, a través del espacio de la experiencia (Ricoeur). Podría afirmarse que la generación actual, nativa tecnológica, es en muchos sentidos autosuficiente para las habilidades más inmediatas del periodismo del siglo XXI: las habilidades del uso de la tecnología, pero será deficitaria de aquellas que provienen del periodismo tradicional, buenas o malas.

Entre las cosas que se perderán son las herencias del periodismo de los ochenta-noventa, que representó en algún sentido un proceso de distanciamiento del periodismo laudatorio, y ligado al poder que dominó el periodo del desarrollo estabilizador en México y el del final del modelo político del PRI, basado en la homogeneidad y en la “unidad” política en torno a las decisiones de gobierno. Lamentablemente el legado de la dependencia de los medios de comunicación de los presupuestos del gobierno mexicano, a todos sus niveles, es una persistencia en el periodismo que no depende del cambio tecnológico y por supuesto no puede ser salvado por el hecho de que cada uno de nosotros, con una inversión razonable, puede tener su propio web site, porque en un país donde el número de lectores es muy bajo y donde el comercio de publicidad electrónica todavía no es fuerte, es un periodismo que no puede ser sustentado sin patrocinadores, y por otra parte tendría el gran problema de la atomización de los lectores que es característico de los lectores de los medios de la web.

Por el lado de las pérdidas hay varios fenómenos interesantes de analizar: el primero de ellos es la pérdida de la iniciativa, que se nota en la cada vez menos frecuente aparición de reportajes en las páginas de los periódicos impresos y de las ediciones one line y su debilitamiento como género periodístico dentro de las posibilidades de abordaje de un tema en especial. En un trabajo anterior, analicé dos coberturas periodísticas equiparables en condiciones, formatos, duración y recursos humanos, la cobertura del periódico unomásuno de la crisis de 1982 originada en la caída de los precios petroleros y la cobertura de Milenio a la crisis económica de 2008. La selección abarcó un periodo de 8 meses, desde que los gobiernos en turno aceptaban que existía un problema económico, se sentían los efectos más pronunciados y se proponía el plan para salir de la crisis. Aunque se trata de épocas distintas y de crisis distintas, la hipótesis fue que existía un protocolo básico de cobertura de crisis económicas, aunque no estuviera en el libro de estilo, sino que estuviera inscrito en el imaginario colectivo de lo que se debe hacer en esas circunstancias, como parte del conocimiento gnóstico que comentamos arriba. La respuesta fue no. Había una gran distancia entre la profundidad con la que el unomásuno había abordado los problemas derivados de la crisis del petróleo y sus consecuencias, y cómo Milenio había abordado lo ocurrido en 2008-2009. El periodismo de hacía casi 30 años era mucho más acucioso, riguroso en la variedad de fuentes, construía una mayor cantidad de escenarios y hacía un esfuerzo de prospectiva analítica que en aquellos tiempos le permitió anticipar la crisis de 1987. Siendo rigurosos en el análisis de contenido de la cobertura económica de Milenio, en el sentido de que los reportajes son aquellos materiales que se trabajan con dedicación, consultando una significativa variedad de fuentes y que son extensos, ninguno de sus supuestos reportajes cubriría estas características, más bien entrarían en la categoría de notas amplias. Pero aún asumiendo que lo fueran, la cantidad y calidad de los mismos era muy, muy inferior.

Hay al menos dos razones por las que se tiene esa pérdida en la actualidad, independientemente de las específicas de cada uno de los medios en relación con su dependencia económica hacia el gobierno mexicano, que en todo caso puede considerarse una constante ya que Milenio no tiene un grupo de suscriptores nutrido, ni tampoco su grupo de anunciantes es tan poderoso que pueda sustraerse de la publicidad estatal. La baja del nivel de investigación periodística puede más bien atribuirse a dos causas: la influencia de la imagen como generadora de sentido, que ha modificado los formatos periodísticos desde los años ochenta a la fecha, y el imperio de brevedad al que nos sujeta la velocidad de producción actual, así como a las dinámicas de mulimedios a la que están obligados los periodistas actualmente: ya se ha abordado con detalle el nuevo carácter del ciudadano de la era de la televisión, como gran mediadora de la realidad y constructora de realidades, el homo videns de Giovani Sartori. Como una prueba más de las que ofrece el estudioso está por supuesto la colocación de la imagen como generadora de significados destinados a los lectores, que algunos resumen en el lugar común del fin del siglo del periodismo: una imagen dice más que mil palabras.

La televisión, el acceso generalizado a la tecnología de las cámaras fotográficas, así como la popularización del uso del video como soporte de la memoria de los grupos familiares o sociales, y la complejización de la industria cinematográfica como negocio multimillonario alimentado por amplios sectores sociales, colocó a la imagen como una de las mercancías apetecibles para el periodismo del fin de siglo, en detrimento de los textos. De este modo, la mayoría de los periódicos capitalinos, exceptuando tal vez a El Financiero y El Economista apostaron por nuevos diseños de sus publicaciones impresas y recolocaron el tamaño y frecuencia del fotoperiodismo como una mercancía importante para la venta de este nuevo consumidor: el homo videns. Aquí hay que hacer una distinción importante de secciones a secciones, para secciones deportivas, culturales y de espectáculos, sin duda este viraje fue una ganancia extraordinaria, sin embargo la necesidad de “alimentar” a este homo videns hipotético llegó también a las secciones económicas, por obligación, sin un proceso de análisis real de las posibilidades del fotoperiodismo sobre la información económica. Una de las razones por las que no había una buena cobertura de la crisis económica de 2008 en Milenio, era el corsé al que estaba sometida la sección de economía, de publicar en casi media plana elementos gráficos: fotografías y cabezas (balazos y sumarios) en detrimento de la explicación que el lector de esas secciones estaba buscando. No podemos saber si en el diseño original estos espacios debieran estar integrados por infográficos, propios de la información económica, con lo cual la imagen opera a favor de la explicación, pero en 8 meses de cobertura esos espacios estuvieron llenos de malas fotografías, simplemente por el hecho de que en términos generales se piensa que una imagen dice más que mil palabras y así lo establecía el diseño general del periódico.

La segunda razón encontrada en ese estudio nos lleva de lleno al cambio tecnológico actual relacionado con las posibilidades de procesamiento y envío rápido de textos y la posibilidad de colocarlos muy rápidos en las ediciones digitales. Con la llegada de las ediciones one line el tiempo de producción de las noticias se ha acercado a los tiempos de producción de la radio, el medio más veloz de los años ochenta y noventa, porque ahora tienen, como no lo tenían durante los primeros años del siglo, noticias minuto a minuto. En términos generales esto ha aumentado la velocidad de caducidad periodística y tal como sucede en radio, ha dado prioridad a las primicias, al periodismo más inmediato y dejando en segundo término la investigación más profunda, representada por los reportajes. Esta tendencia a la inmediatez no sólo les ha hecho perder la iniciativa periodística, también les ha ocasionado perder la profundidad. Pues, comparativamente, los reportajes de ahora, en relación con los reportajes de los ochenta, son más débiles en la contrastación y en la cantidad de fuentes.

El tercer factor por considerar es la exigencia de que la información tiene que ser multimedia, esto es funcional para plataforma web, para radio y para televisión, un área de desarrollo y adaptación que el grupo Milenio ha explotado muy bien, debido su particularidad empresarial, pues a diferencia de otros periódicos, grupo Milenio tiene un conjunto de medios que incluyen radio y televisión en la ciudad de México y en Monterrey. Sus reporteros y reporteras ahora dan salida no sólo a los textos escritos sino también a grabaciones de televisión para Milenio televisión, y esto les consume tiempo que antes se destinaba a una investigación mayor, aunque no sucedía en todos los casos.

La sociedad, los medios digitales y la esfera política

Aún antes de los terremotos del 1985, la sociedad civil había comenzado a agruparse, abandonando el letargo a la que la había sometido el corporativismo, así que hacia los últimos años del siglo mostró signos de activismo, como lo demuestran los movimientos de mujeres, solicitantes de vivienda, pobladores de las márgenes de la ciudad y de defensa de los derechos humanos, y de hecho su cambio de posición frente al régimen priista hizo posible la viabilidad de publicaciones como Proceso y unomásuno, porque fueron atractivas a un público crítico, que consideró favorable un cierto distanciamiento del poder y la inclusión de nuevas voces, a veces las suyas propias, que reportaban el crecimiento de la sociedad civil.⁶²⁶

El periodo de maduración de estos cambios es la década de los noventa, cuando el unomásuno ha, muerto como proyecto progresista, La Jornada crece con un público compuesto por universitarios, intelectuales, jóvenes y militantes de movimientos de izquierda, además de que el espacio de la derecha es llenado por el proyecto de Reforma, con solidez financiera y un periodismo equilibrado, al asegurar la venta de publicidad privada. Esta maduración de la sociedad distanciada del PRI, las reiteradas crisis económicas que fueron afectando su credibilidad, y el crecimiento de fuerzas políticas, llevaron finalmente a la derrota del mismo en el año 2000. La activa década de los noventa, en términos políticos y sociales, hicieron que los periódicos crecieran en lectores y consolidaran públicos de muy diversa índole.

Los primeros años del gobierno panista fueron suficientes para mostrar que la esperanza que había sido depositada en la alternancia fue vana y las grandes expectativas del cambio fueron defraudadas. Esto y el cambio en los hábitos de lectores de las jóvenes generaciones, enfriaron el tono del periodismo capitalino, a pesar de que durante el sexenio de Vicente Fox se vivió un ambiente de libertad que no se había vivido en la segunda mitad del siglo XX.

Actualmente hay un agotamiento en el proceso organizativo de la esfera social que no es atribuible a los cambios tecnológicos a los que nos hemos referido aquí. Este decaimiento se ha ido modificando en sus expresiones y en sus dimensiones: por un lado mucho del intercambio de información importante –y también trivial– se está haciendo por las redes sociales; pero esta comunicación no está fraguando en la conformación de grandes grupos activos, porque muchas veces la “participación” se ha sustituido por la comunicación en redes y el periodismo digital pierde en parte –no quiere decir que definitivamente– su calidad de instrumento reflexivo. La información en cambio está acercándose cada vez más a lo que se criticó de la comunicación televisiva: un periodismo de espectáculo, centrado en algo tan bizarro como “los famosos”, entre los que se cuentan lo mismo políticos que personajes de la farándula o deportistas, de quienes hoy conocemos los detalles más intrascendentes, aunque llamativos, gracias a oleadas de información o chismes, que comienzan en las redes sociales y enganchan a los propios medios electrónicos e impresos. Según Ramón Salaverria, los periódicos one line más visitados en España son aquello dedicados a los deportes y a los espectáculos,⁶²⁷ y aunque en México no contamos con estudios precisos sobre el tema, podemos suponer que sucede algo similar.

El otro escenario que complica la actual transformación generada en el periodismo, y este sí directamente relacionado con el uso de las TICs es el envejecimiento de los públicos lectores de los periódicos en sustento de papel. Para valorar en la proporción adecuada lo que está sucediendo hay que separarse del discurso que ha acompañado a todas la innovaciones tecnológicas de la historia, que es el discurso fatalista que generó novelas como Frankenstein, y una vez realizado este ejercicio reconocer que por el cierre de los periódicos impreso de Estados Unidos: de 2006 a 2008, sus ventas cayeron de 50 mil millones de dólares a 38 mil millones; éste es un claro reflejo de lo que los medios digitales le están haciendo a los periódicos impresos como negocio (Arriagada, 2009).

Ese cambio puede preverse también para los periódicos mexicanos. Y de hecho los nuevos públicos lectores apuntan hacia allá. Por otra parte, la tecnología no permite el fortalecimiento de diarios o revistas one line de factura independiente porque aún no está resuelta la ecuación del financiamiento, que los haría sustentables; por ahora los medios digitales que están absorbiendo a los lectores son aquellos que continúan ligados a un prestigio de grupos editoriales y las ediciones impresas. Estos grupos editoriales asimismo están creciendo y comprando pequeños medios locales de cada país. El escenario posible del periodismo digital será una fuerte concentración en grandes grupos editoriales, como sucede ahora con la televisión, como sucedió con las agencias de noticias internacionales y el papel liberalizador que se le atribuye al periodismo digital por sus posibilidades es tal vez mítico, o por lo menos se encuentra fuera del campo periodístico.

Parece catastrofista, pero una evidencia de la migración de los lectores, de sus consumos y de la desaparición de las ediciones impresas, que es una pérdida, es la desaparición de los reportajes de las páginas impresas o de los periódicos one line, es decir los reportajes de gran formato que se caracterizaban por la multiplicidad de fuentes, la acuciosidad de la investigación, la confrontación de las versiones y su extensión. Algunos lectores de los años ochenta recuerdan las dos semanas consecutivas en las que iban leyendo las 15 entregas de un reportaje seriado. Eso no existe más en el periodismo capitalino. Los reportajes de gran formato han migrado a la industria de los libros y son cotizados, pero con pocos lectores aunque gran permanencia. Están en proceso de extinción también las entrevistas de semblanza y las informativas están siendo reducidas en extensión, lo que las aproxima a las entrevistas “banqueteras”, que en cambio se prestan mucho para las nuevas dinámicas de la inmediatez. El reportaje, como género, es una de las primeras pérdidas visibles en los periódicos de la segunda década del siglo XXI.

Y si los procesos descritos arriba están debilitando la posición de los periódicos y revistas como mediadores entre la esfera política y la esfera social en términos de la cultura política de amplios públicos ¿cuál será entonces el lugar de los medios en el nuevo México de jóvenes ligados a la lectura de las discusiones política en sus campañas de computación o de sus teléfonos inteligentes?

Este es uno de los grandes retos del periodismo del siglo XXI, no perder su lugar como constructor de opinión pública, y con ello una pieza fundamental de la estructuración de la cultura política de los sectores emergentes y de los migrantes tecnológicos que a regañadientes exploran cada vez más la realidad a través de la computadora. Pero este reto está inscrito en la tensión de la rapidez con la que caduca la información (política o no) y la profundidad que permita el análisis y con ello un enriquecimiento de la cultura política del país.

Conclusiones

La sociedad mexicana está entrando con debilidad a la era del periodismo digital y es probable que enfrente a nuevos actores políticos sin las herramientas de filtro que le posibiliten hacer frente a su poder. La esfera política mexicana se modificará con estos movimientos de los nuevos actores políticos: los dueños de los medios, particularmente quienes tengan la posibilidad de actuar como mediadores de las nuevas tecnologías y sus posibilidades comunicacionales y de generación de un periodismo más veloz, pero menos profundo, más oportuno pero menos reflexivo.

Los periodistas mexicanos como gremio se encuentra también muy expuestos por una parte no están organizados, están poco preparados también, la estrechez del mercado laborar les reporta muy bajos salarios, y han entrado sin advertirlo a un desplazamiento de colegas, porque hoy ocupan el espacio que antes tenían tres: el que escribía para la prensa, el que hacía radio, y el que hacía televisión, en esas condiciones no podrán enfrentar los nuevos desafíos del periodismo del siglo XXI.

Nuevos fenómenos sociales como las revoluciones del norte de África en países islámicos como Túnez y Egipto o los plantones en la Puerta del Sol en Madrid, todos en el 2011, nos indican que las corrientes de la información relevante para las sociedades del presente siglo pueden transcurrir fuera de los esquemas establecidos por la tradición periodística, y tener lugar fuera del campo del periodismo, y aún fuera del campo de la política tradicional, y sin embargo ser de vital importancia para la definición del futuro político de una nación. Pero al mismo tiempo es importante señalar que las redes sociales son por lo general de un contenido más bien trivial. Sea como fuere, la disponibilidad de fb o twitter por medio de smartphone, nos indica la dirección en la que irán los flujos informativos y esto pone en jaque a las prácticas de investigación y de producción discursiva del periodismo, si nos atenemos a su tradición de finales del siglo XX.

La rapidez del cambio tecnológico, por otra parte, pone en jaque también a los periodistas que recibieron la herencia de las ricas experiencias gremiales de los años ochenta y noventa, su habilidad para la investigación, la escritura de reportajes, de crónica, la toma de fotografías desde un ángulo pensado y reposado, aunque siempre fotoperiodismo, son habilidades que están entrando en desuso ante la premura de la inmediatez. Su generación se está quedando sin herederos porque no hay quien quiera recibir las enseñanzas de un mundo que ya no es y, como en el mundo al revés, ahora son los nativos tecnológicos, nacidos a principios de los noventa, quienes son los maestros de las nuevas habilidades necesarias para el periodismo del siglo XX. No necesitan a los maestros, ellos y ellas son los maestros. El encadenamiento de generaciones se está desanudando.

Como queda señalado, la desaparición del reportaje, que como género informativo nos podía servir de termómetro de la iniciativa periodística del medio que lo publicaba, es un síntoma del cambio del lugar del periodismo dentro del campo de la política. Es hacia lo que fue ampliamente criticado en relación a la TV. Está girando hacia el espectáculo, deportivo, musical, televisivo, y está perdiendo la reflexividad propia del medio impreso. Ganamos en rapidez, pero perdemos en profundidad. Aunque ahora tenemos muchas posibilidades de difundir y de escribir, pero son eso, posibilidades.

Pero la pérdida del periodismo puede ser mayor, como se señala arriba, puede afectarse su calidad de mediador entre la esfera política y la esfera social, y por lo tanto privarse gran parte de su función social. Si no es en la prensa de papel y one line donde se va a buscar la crítica a la vida pública ¿en dónde será? Los recientes fenómenos de consumo de productos digitales como el video del FUA o de la Tigresa de Oriente, que no tuvieron filtro alguno en relación con su calidad, se solidificarían. Serían la versión del siglo XXI de los rumores que se esparcían por ejemplo al final del sexenio de Echeverría, sólo que con mayores posibilidades de moldear la cultura política. Es un reto del periodismo no perder la mediación, ser referencia para la discusión, sobre todo de la esfera política en donde el periodismo se encuentra inmerso.

Bibliografía

Arriagada, E, “¿Quiebra el periodismo con el que creciste?” Mensaje, 58, 13 de agosto de 2009, pp.40-43. 

Flores Q. Genoveva, unomásuno: 1977-1987, Historias personales, tesis doctoral, México, UIA, 2008. 

Lara K. Marco, Periodismo y computación, génesis de la automatización editorial en los principales medios impresos de la Ciudad de México (1980-1990), tesis profesional, UNAM, 2001. 

Pena de Oliveira, Felipe, Teoría del periodismo, Alfaomega, México, 2009.

17. Teóricos del anarquismo en las publicaciones de la Casa del Obrero Mundial

Anna Ribera Carbó⁶²⁸

Roger Chartier propone que el surgimiento de la opinión pública en la época de la Ilustración, supuso la circulación de lo escrito, el intercambio epistolar, la lectura crítica, la formulación de juicios. A partir de ese momento fundador, las diversas modalidades de construcción y de control de la opinión fueron sucedidas por las nuevas prácticas de lectura que instauró la Revolución francesa y, posteriormente, por las transformaciones de la prensa periódica en la segunda mitad del siglo XIX.⁶²⁹ El propio Chartier, sin embargo, sugiere que es necesario matizar el poder de la lectura, del documento escrito y su circulación, como detonadores de los procesos de transformación social, es decir de las revoluciones. Éstas construyen raíces, orígenes, precursores y, al mismo tiempo, se piensan como grandes rupturas. Es aquí donde deben cuestionarse las condiciones que hacen posible “la ruptura con el orden antiguo, los papeles recíprocos que desempeñan, por un lado, la cultura escrita, misma que va a modificar, a transformar las maneras de pensar, de sentir o de actuar; y por el otro, las transformaciones que no tienen nada que ver con la circulación de los textos ni con la lectura de libros”.⁶³⁰

En cuanto a la primera, la cultura escrita, que es la que nos interesa aquí, es en cierta medida su circulación lo que permite la constitución de un público que no está todo necesariamente en un mismo lugar. Este espacio público se define a partir de las prácticas solitarias de escritura o de lectura y vinculado a la producción, circulación y apropiación de lo escrito. Por otra parte y simultáneamente, la constitución de este espacio público se consolida en cafés, clubes, salones, sociedades literarias o asociaciones políticas donde se socializa lo leído. Este espacio público de opinión suele encontrar resistencias por parte de las autoridades, como ha estudiado Robert Darnton en Los best sellers prohibidos en Francia antes de la Revolución, libro en el que analiza lo que leían los franceses del siglo XVIII a partir de la premisa de que, si la Revolución Francesa fue una revolución de ideas, lo lógico es preguntarse por el origen de éstas.⁶³¹ Darnton empieza su libro diciendo que “las grandes preguntas de la historia resultan muchas veces inmanejables. ¿Qué es lo que causa una revolución? ¿Por qué cambian los sistemas de valores? ¿Cómo influye la opinión pública en los acontecimientos?”, por lo que él prefiere plantearse interrogantes que puedan ser respondidas, del tipo, “¿qué leían los franceses del siglo XVIII?”⁶³² Siguiendo su ejemplo, nos planteamos la aún más modesta pregunta: ¿qué textos de los teóricos del anarquismo leyeron los trabajadores de la ciudad de México durante los años de la Revolución? La Revolución mexicana tuvo, como la francesa, sus propios precursores intelectuales.⁶³³ Éstos tuvieron, en gran medida, una raigambre anarquista de la que Regeneración de Ricardo Flores Magón es la muestra más evidente. Serían los artículos publicados en sus páginas los responsables principales de la construcción en México de una cultura política (y una cultura política revolucionaria) en la primera década del siglo XX.

En la década siguiente, los trabajadores urbanos de la ciudad de México, organizados en la Casa del Obrero Mundial, se mantuvieron vinculados a dicha corriente de pensamiento libertario que lejos de ser nacional tenía una conformación absolutamente internacional e internacionalista. Sus teóricos, los grandes pensadores del anarquismo, y sus ideas contrarias al capital, al Estado y al clero, llegaron a los militantes de la Casa por la vía de algunos volúmenes que conformaban su Biblioteca. Entre los libros que la integraban Luis Araiza menciona los siguientes: ¿Qué es la propiedad?, Solución al Problema Social, Confesiones de un Revolucionario y La única salvación de Pierre-Joseph Proudhon; Dios y el Estado y Federalismo y Socialismo de Mikhail Bakunin; La Gran Revolución, La Conquista del Pan, Palabras de un rebelde, Memorias de un Revolucionario y Las pasiones de Piotr Kropotkin; Anarquía, Entre campesinos y En el café de Errico Malatesta; El Hombre y la Tierra y Evolución y Revolución de Élisée Reclus; El capital y El Manifiesto Comunista de Karl Marx; Mi comunismo de Sébatien Faure; Filosofía del anarquismo, Las alegrías del destierro, La Gran Huelga, Revolución cristiana y revolución social de Charles Malato; Cuestiones sociales y Organización, agitación y revolución de Ricardo Mella; Vía Libre y Evolución Proletaria de Anselmo Lorenzo; ¿Cómo haremos la revolución? de E. Pataud y Emile Pouget; La organización del Trabajo de H. Cjabane; El confesor, la confesión y la confesada de P. Chinsky; Triunfos nuevos de Alberto Ghiraldo y Cantos rojos de Ángel Falcó.⁶³⁴

¿Hasta qué punto los militantes de base de la Casa leyeron los volúmenes que integraban su Biblioteca?, ¿cuántos de éstos estaban traducidos al castellano? No lo sabemos, además de que la incautación de los archivos y la biblioteca de la organización obrera en sucesivas acciones represivas de la policía hace imposible conocer hoy los contenidos de la biblioteca más que por la referencia de sus cronistas. Las redacciones de muchos periódicos anarquistas del mundo sirvieron como distribuidoras de este tipo de publicaciones, pero éste no fue el caso de la Casa del Obrero Mundial. Hubo en esta época otra vía de difusión del pensamiento anarquista entre quienes se afiliaban a la organización y ésta fue la de sus propios periódicos. Parece mucho más probable que fuera por esta vía que quienes en la ciudad de México se decían afines al anarcosindicalismo se acercaran a sus autores de referencia. Los periódicos de la Casa del Obrero Mundial siguieron la pauta de toda la prensa anarquista de la época: además de ensayos doctrinales se incluían trabajos literarios, grabados, reseñas bibliográficas y teatrales, así como columnas especializadas dedicadas a la lucha obrera. Generalmente se publicaban de manera semanal o quincenal, solicitaban el apoyo económico de los lectores para su mantenimiento y resumían en sus nombres el mensaje de la lucha social. La mayor parte de la información no se relacionaba con hechos de actualidad y la selección de materiales era primordialmente ideológica, acomodándose en secciones fijas conocidas por los lectores, quienes, en muchos casos, eran además colaboradores del periódico con el que mantenían una relación que corría en ambos sentidos.⁶³⁵

Según Lily Litvak, muchos anarquistas españoles se convirtieron a dicha corriente de pensamiento inspirados por las lecturas de la prensa libertaria y en el caso mexicano, en medio de un mar de publicaciones de este género sobresale, indiscutiblemente, Regeneración, publicado en diversas etapas entre 1900 y 1918, y que constituyó la principal vía de difusión del pensamiento liberal y anarquista mexicano de principios de siglo, y el más importante medio de comunicación entre ácratas de México y el sur de Estados Unidos.⁶³⁶

La Casa del Obrero había sido fundada en septiembre de 1912 por los miembros de un efímero Grupo Anarquista, Luz, que había operado, justamente, en torno de una publicación que llevó el nombre de ¡Luz! La organización, de filiación anarcosindicalista, tuvo dos objetivos: crear una Escuela Racionalista, inspirada en la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia, y hacer difusión del pensamiento anarquista en México. Para esto último se emplearon dos recursos, la organización sindical y la publicación de un periódico. La azarosa existencia de la Casa, que en mayo de 1913 añadió la palabra “Mundial” a su nombre, su clausura por el gobierno de Victoriano Huerta en mayo de 1913, su reapertura en el verano de 1914, la permanente zozobra económica, la alianza con la Revolución Constitucionalista, el posterior distanciamiento de ésta, hicieron que fuera imposible mantener una sola publicación a lo largo de toda la existencia de la organización obrera. A lo largo de sus cuatro años de existencia la Casa publicó cinco periódicos: Lucha (1913), El Sindicalista (1913-1914), Emancipación Obrera (1914), Revolución Social (1914-1915) y Ariete (1915-1916).⁶³⁷

Durante la segunda mitad de 1914, cuando los diferentes ejércitos revolucionarios ocuparon la capital de la República, primero los constitucionalistas en agosto, y cuatro meses después, a principios de diciembre, los de la Convención, la Casa del Obrero Mundial no contó con un periódico. Fue hasta febrero de 1915, cuando la organización firmó el Pacto con los constitucionalistas, que empezó a publicar un periódico que llevó por nombre Revolución Social. En su primera etapa en la ciudad de México, el periódico publicó únicamente cuatro números que se distribuyeron en forma gratuita, el primero de ellos el 25 de febrero. La publicación, de solamente dos páginas, se concentró en la explicación y justificación del Pacto y de la participación militar de los trabajadores urbanos al lado de los constitucionalistas. En su segunda etapa, Revolución Social se publicó en Orizaba, en donde se organizaron los “batallones rojos” de obreros militarizados. La publicación, ahora semanal, contó con cuatro páginas y se vendió a un precio de cinco centavos. Entonces, además de reseñar los hechos de armas de la revolución, el periódico retomó la preocupación fundamental de la organización obrera: hacer labor de propaganda y organización sindical. El periódico se propuso desde su primer número convertirse para los trabajadores en “un verdadero órgano suyo, de temple libertario radical en la amplia acepción del vocablo y que trabajaría incansablemente por realizar la magna obra de la revolución social, única que está llamada a desempeñar el papel reservado a todos los pueblos de la tierra”. De acuerdo con Rosendo Salazar, Revolución Social contribuiría a la lenta y penosa tarea de divulgación del ideal anarquista y de liberación de las conciencias.⁶³⁸ El semanario tuvo secciones fijas conocidas por los lectores: las columnas “Rebelde léxico”, cuyo autor variaba en cada número, “Desde la Atalaya” de Juan Tudó, “Burla Burlando” de Juan Burlón, “La verdad revolucionaria” de Rosendo Salazar o “La labor de la Casa del Obrero Mundial en el campo de la idea y de la lucha armada”, que figuraban en casi todos los números.

Tras el triunfo de los constitucionalistas sobre los ejércitos de la Convención, comandados por Pancho Villa y Emiliano Zapata, la Casa del Obrero Mundial retomó sus actividades habituales en la capital de la República. Entre éstas, desde luego, la publicación de un periódico que ahora llevó el nombre de Ariete. Su primer número apareció el 14 de octubre de 1915, con el subtítulo “Revista Sociológica” y el característico “Órgano de la Casa del Obrero Mundial”. En esta época de alianza con la facción triunfante, el periódico tuvo un precio de diez centavos y constó de doce planas, no de las cuatro habituales en las publicaciones periódicas de la organización. El editorial de su primer número, en la primera plana, llevaba por título el tradicional saludo libertario ¡Salud! y manifestaba la clara intención de continuar la obra de difusión del pensamiento anarquista de sus predecesores. Decía, entre otras cosas:

a vosotros los que bregáis en el campo de la idea; los que exprimís cotidianamente vuestro cerebro, para iluminar, con la luz que de él brota, las inteligencias dormidas; los que en medio de los fragores levantáis la voz de la razón, señalando líneas de conducta, corrigiendo defectos, trazando orientaciones; a vosotros, en fin, los que por medio de la prensa sois la salvaguardia de los ideales, os ofrecemos cordialmente, fraternalmente, nuestra diestra: Ariete, de cuna modesta pero entusiasta y viril, se incorpora a vuestras filas a compartir con vosotros los sinsabores de la lucha.⁶³⁹

Ariete reprodujo el modelo anterior de El Sindicalista y Revolución Social, que reproducía a su vez el de la prensa anarquista internacional. Las distintas secciones se mantuvieron mientras duró la publicación. La “Sección doctrinaria” se encargaba de difundir la teoría libertaria. En las líneas siguientes trata de hacer justamente un breve seguimiento de textos de autores clásicos del movimiento anarquista que aparecieron en las secciones doctrinarias de estos dos periódicos de la organización, Revolución Social (1914-1915) y Ariete, (1915-1916).⁶⁴⁰ Artículos escritos para la prensa anarquista europea, o bien extractos de sus libros, fueron reproducidos en la prensa ácrata mexicana. Estos textos abordan algunos de los temas más caros a los pensadores libertarios: las injusticias derivadas de la explotación capitalista y la manera de suprimirlas, la necesidad de educar para transformar a la sociedad y el hecho de recordar momentos estelares de las luchas sociales. Aunque estos temas fueron abordados también en numerosos textos escritos por autores del propio periódico, me concretaré a comentar aquellos escritos por los grandes promotores de “la Idea”.

Respecto del primero de los temas, hay algunos artículos ilustrativos. El 27 de febrero de 1915 se publicó en Revolución Social el artículo “La expropiación” de Piotr Kropotkin. En él, el anarquista ruso, uno de los principales teóricos del movimiento anarquista, autor de la teoría del apoyo mutuo y promotor del anarcocomunismo, analiza la manera en que se construyen las grandes fortunas abusando del trabajo de quienes nada tienen. Con ejemplos sencillos de artesanos zapateros, uno que va guardando a lo largo de su vida una pequeña parte de lo que gana trabajando él mismo en su taller y otro que emplea operarios a quienes paga unos jornales menores al valor de lo que producen, demuestra cómo no es el ahorro el que está detrás de la acumulación de los grandes capitales sino la explotación del trabajo de los miserables. A partir de esta reflexión, Kropotkin concluye que:

La expropiación debe comprender todo cuanto permita apropiarse el trabajo ajeno. La fórmula es sencilla y fácil de comprender. No queremos despojar a nadie de su gabán, sino que deseamos devolver a los trabajadores todo lo que permite explotarlos, no importa a quién. Y haremos todos los esfuerzos para que no faltándole a nadie nada, no haya ni un solo hombre que se vea obligado a vender sus brazos para existir él y sus hijos.
He aquí como entendemos la expropiación y nuestro deber durante la revolución, cuya llegada esperamos, no para de aquí a doscientos años, sino en un porvenir próximo.⁶⁴¹

A una reflexión similar conduce otro artículo de Kropotkin aparecido en el siguiente número de Revolución Social. Se trata de “El alojamiento”. Aquí, siguiendo el mismo método que en “La expropiación”, el príncipe ruso reflexiona acerca de la injusticia que representa el que quienes construyen los elegantes palacios en que viven los ricos de París deban vivir hacinados en horribles cuartuchos, pagando además por habitar en viviendas construidas por ellos mismos. La conclusión es idéntica: acabar con la propiedad capitalista. Aquí una muestra de la incitación del autor:

¡Compañeros! Palacios saludables, cómodos y hermosos, superiores a cuanto edificaban los capitalistas, van a levantarse en el suelo de la ciudad libre. Serán para los que más los necesiten. El municipio anarquista no edifica con la mira de las rentas. Los monumentos que erige para sus ciudadanos, producto del espíritu colectivo, servirán de modelo a la humanidad entera, y serán vuestros.
Si el pueblo sublevado expropia las casas y proclama el alojamiento gratuito, la comunidad de las habitaciones y el derecho de cada familia a un alojamiento saludable, la revolución habrá tomado desde el principio un carácter comunista y se habrá lanzado por una senda de la que no será fácil hacerla salir tan pronto. Habrá dado un golpe de muerte a la propiedad individual. La expropiación de las casas llevará así en germen toda la revolución social.⁶⁴²

A propósito de este mismo tema, Jean Grave, el sindicalista revolucionario francés, escribió unas líneas que fueron reproducidas en este periódico mexicano y que llevan por título “La sociedad moribunda”. Grave es una de las figuras más destacadas del anarquismo francés de fin de siglo y su nombre es inseparable de los periódicos que dirigió: Révolté, Révolte y Les Temps Nouveaux. Grave se asumió como guardián de la doctrina pura lo que le acarreó críticas de algunos correligionarios. En este tono doctrinario se encuentra “La sociedad moribunda” en donde el autor dice comprender que no todo el mundo tiene la fortaleza y la convicción para enfrentar a la injusta sociedad de la explotación capitalista, pero muestra su certidumbre de que “la fuerza de las cosas llevará infaliblemente a la revolución de los trabajadores”, y que “cuanto mayor sea la intensidad de la propaganda más cercana estará (su) realización” (…) por lo que hay que “trabajar por el advenimiento de las ideas nuevas, hay que tener energía, y esa energía no puede darla más que la convicción. Hay que encontrar hombres que trabajen por ellas”. Esta certidumbre del triunfo de las ideas la demuestran los párrafos finales:

Comprobamos el hecho material de que únicamente la aplicación de nuestras ideas puede emancipar a la humanidad, ésta ha de ver si quiere emanciparse de una vez completamente, o si ha de haber siempre una minoría privilegiada que se aproveche de los progresos que se logren, a costa de los que se mueren a fuerza de trabajar para los demás.
¿Veremos resplandecer esa aurora? ¿Lo será la generación presente, o la siguiente, u otra más remota? Nada sabemos de ello ni hemos de averiguarlo. Los que tengan bastante energía y corazón para ser libres, lo conseguirán.⁶⁴³

Pierre-Joseph Proudhon, uno de los “padres” del pensamiento anarquista a partir de la publicación de sus obras ¿Qué es la propiedad? (1840) y Filosofía de la miseria (1844) no podía faltar en estos periódicos. En Ariete se publicaron algunos fragmentos de su famoso libro ¿Qué es la propiedad?, libro emblemático del pensamiento anarquista. En estas páginas el autor nos invita a seguirlo en su razonamiento en torno al derecho de propiedad que nos conducirá a la conclusión anunciada desde el principio: la propiedad es un robo. Y Proudhon se dirá animado a hacer este análisis en su afán de justicia:

[…] ¿no hemos de procurar que la justicia se realice y que nuestra educación se perfeccione? […]
Otras obras te ofrecerán el espectáculo del genio apoderándose de los secretos de la Naturaleza y publicando sublimes pronósticos; en cambio, en estas páginas únicamente encontrarás una serie de investigaciones sobre lo justo y sobre el derecho, una especie de comprobación, de contraste de tu propia conciencia. Serás testigo presencial de mis trabajos y no harás otra cosa que apreciar su resultado. Yo no formo escuela: vengo a pedir el fin del privilegio, la abolición de la esclavitud, la igualdad de derechos, el imperio de la ley. Justicia, nada más que justicia: tal es la síntesis de mi empresa; dejo a los demás el cuidado de ordenar el mundo.⁶⁴⁴

Anselmo Lorenzo, personaje protagónico del pensamiento anarquista español de fines del siglo XIX y principios del XX, precursor de la acción política en defensa de la clase trabajadora, fundador del primer núcleo de la Internacional en Madrid en 1869 y representante de la Sección Federal Española de la AIT, además de autor de una obra ensayística y periodística que contribuyó decisivamente a divulgar las ideas de los teóricos del anarquismo internacional, no podía faltar en las páginas de Ariete que, en noviembre de 1915, publicó “Los conquistadores del pan” de su autoría. En él, Lorenzo aborda uno de los temas más polémicos del anarquismo de la década de 1910: la Gran Guerra. Las distintas posturas respecto de la misma llevaron a una escisión entre quiénes desde el pensamiento libertario consideraban que había que defender a Francia, cuna de las más importantes revoluciones sociales desde finales del siglo XVIII, frente al imperialismo germánico, y los que pensaban que los anarquistas debían incitar a los trabajadores a abstenerse de participar en una contienda que se libraba, finalmente, en defensa de los intereses capitalistas de las naciones participantes. Anselmo Lorenzo compartía esta segunda postura, afirmando que de alistarse en el ejército “la acción guerrera de los trabajadores redundaría en su propio daño, porque desharía su obra, anularía su propaganda, desvanecería su rudimentaria organización y hasta les privaría de base racional para toda protesta y rebeldía, ya que por el hecho de sentar plaza de soldados renuncian a sus inmanentes derechos”.⁶⁴⁵ Pero Anselmo Lorenzo va más allá de este debate en su artículo y dice ver en la Gran Guerra una señal clara de la crisis y del fracaso del Estado, “incapaz de imponer al mundo un ideal de civilización y de paz contra otro de disciplinaria esclavitud”. En esta coyuntura, sostiene, solamente la clase trabajadora puede tomar en sus manos la construcción de la sociedad libre del futuro. Termina Lorenzo citando al geógrafo anarquista Elisée Reclus:

A los conquistadores del pan, es decir, a los hombres de trabajo, asociados, libres, iguales, desprendidos del patronazgo, se halla entregada la causa del progreso. A ellos tocará introducir al fin el método científico en la aplicación a los intereses sociales de todos los descubrimientos particulares.⁶⁴⁶

Otro de los temas que preocupó tanto a los pensadores anarquistas como a los editores de la prensa ácrata mexicana fue el de la educación. La escuela y el sindicato eran los ámbitos en que consideraban se formarían las voluntades que impulsarían la revolución. El anarquismo español tuvo su propio proyecto pedagógico, el que impulsó Francisco Ferrer Guardia en la primera década del siglo. No solamente su propuesta pedagógica centrada en el racionalismo y en la coeducación de sexos se reflejó en la prensa, sino su propia trayectoria como opositor político, culminada en su fusilamiento en Montjuïc tras ser declarado culpable de instigar la semana de agitación social y anticlericalismo desatada en Barcelona en julio de 1909 y conocida como la Semana Trágica. Convertido de inmediato en un “mártir” de la causa libertaria, no resulta extraño encontrar en las páginas de Ariete la reproducción de fragmentos de su obra La Escuela Moderna o bien de textos de otros pedagogos europeos afines a su ideario y publicados originalmente por el propio Ferrer en el Boletín de la Escuela Moderna.⁶⁴⁷

En el primer número del periódico se publicó un artículo que llevaba por título “Ferrer en la cárcel” y que era, en efecto, un texto escrito por Ferrer en la Cárcel Modelo de Madrid en mayo de 1907, cuando fue detenido tras el atentado de Mateo Morral, bibliotecario de la Escuela Moderna de Barcelona, en contra del rey Alfonso XIII el día de su boda. Me parece interesante reproducir unos párrafos ya que ejemplifican a la perfección cómo este proyecto pedagógico no era solamente eso, sino que se vinculaba a un proyecto de transformación general de la sociedad. Cito a Ferrer:

Hay que advertir (...) que la misión de la Escuela Moderna no se limita a que desaparezca de los cerebros el prejuicio religioso, porque si bien es éste uno de los que más se oponen a la emancipación intelectual de los individuos, no lograríamos únicamente con ello la preparación de la humanidad libre y feliz, puesto que se concibe un pueblo sin religión y también sin libertad. 
Si la clase trabajadora se liberara del prejuicio religioso y conservara el de la propiedad, tal cual existe hoy; si los obreros creyeran cierta la profecía que afirma que siempre habrá pobres y ricos; si la enseñanza racionalista se limitara a difundir conocimientos higiénicos y científicos y preparase sólo buenos aprendices, buenos dependientes, buenos empleados y buenos trabajadores de todos los oficios, podríamos muy bien vivir entre ateos más o menos sanos y robustos, según el escaso alimento que suelen permitir los menguados salarios, pero no dejaríamos de hallarnos entre esclavos del capital. 
La Escuela Moderna pretende combatir cuantos prejuicios dificulten la emancipación total del individuo, y para ello adopta el racionalismo humanitario, que consiste en inculcar a la infancia el afán de conocer el origen de todas las injusticias sociales para que, con su reconocimiento, pueda luego combatirlas y oponerse a ellas. 
La enseñanza racionalista y científica de la Escuela Moderna ha de abarcar, como se ve, el estudio de cuanto es favorable a la libertad del individuo y a la armonía de la colectividad mediante un régimen de paz, amor y bienestar para todos, sin distinción de clases ni de sexo.⁶⁴⁸

A partir de su segundo número, Ariete incluyó la sección “Página pedagógica” que se inauguró, no podía ser de otra manera, con un texto de Ferrer dedicado a aconsejar a los profesores acerca de la manera de hablar a sus estudiantes y en el que reflexiona a propósito de las propuestas de diversos pedagogos y pensadores cercanos a su propia propuesta: Ellen Key, Víctor Considerant y antes que ellos Charles Fourier y Robert Owen, Montaigne, Spencer y, por supuesto Rousseau.⁶⁴⁹

En Ariete se publicaron también textos pedagógicos de Paul Robin, Aline Daux, Clemencia Jacquinet, Ricardo Mella y Sébastien Faure, todos ellos promotores de nuevos métodos de enseñanza y autores habituales del Boletín editado por Ferrer en Barcelona.⁶⁵⁰ Faure era un conocido dirigente del movimiento anarquista francés, quien en 1904 fundó una escuela libertaria llamada La Ruche, experimento afín a los de Paul Robin, Francisco Ferrer Guardia y León Tolstoi.⁶⁵¹ El artículo de Faure, insertado en la “Página pedagógica”, lleva por título “La enseñanza, libertad o monopolio”. Se encuentra en él el pertinaz rechazo a la educación promovida por el clero o por el Estado y la defensa de la ciencia como base de todo conocimiento. Por ello afirma:

Usen o no sotana, enseñen en nombre de la religión o del Estado, esos dogmáticos son siempre peligrosos y como tales han de ser rechazados. (...) Si no poseemos “la” verdad, poseemos “unas” verdades. Estas verdades son las nociones de las ciencias ya ciertas, demostrables y evidentes; son los conocimientos adquiridos, las realidades positivas, las proposiciones comprobadas y comprobables. Estas verdades (...) forman el conjunto de conocimientos ciertos que constituyen en la presente “el capital intelectual de la humanidad.⁶⁵²

El último de los temas que abordaremos aquí, tratado por “autoridades” del pensamiento libertario, es el del recuento de hechos históricos significativos para la lucha revolucionaria. Hechos que formaban parte de una historia contrapuesta a las historias construidas desde el poder y que exaltaba la lucha de los pueblos hacia su liberación conformando un calendario militante que consagró algunas fechas insignes: la Comuna de París, el 1º de mayo el fusilamiento de Francisco Ferrer Guardia, entre otras.⁶⁵³

La muestra más significativa al respecto es el artículo de Louise Michel que publicó Revolución Social a propósito de la proclamación de la Comuna de París. De la heroína de las jornadas revolucionarias de 1871 y autora de Mis recuerdos de la Comuna, publicado originalmente en 1898,⁶⁵⁴ el periódico mexicano reprodujo unos fragmentos que inician diciendo: “La proclamación de la ‘Commune’ fue espléndida; aquello no era la fiesta del poder, sino la fiesta del sacrificio: sentíase a los elegidos dispuestos para la muerte”. Y termina con los siguientes párrafos:

“Ocurra lo que quiera –decían los miembros de la “Commune” y los guardias nacionales– nuestra sangre marcará profundamente la etapa”. Y la marcó, en efecto y tan profundamente que la tierra quedó saturada; abrió en ella abismos que sería difícil franquear, como la roja sangre de las rosas florece las colinas.⁶⁵⁵

Conclusiones

Resulta muy difícil, por no decir imposible, medir hasta qué punto los trabajadores afiliados a la Casa del Obrero Mundial leyeron estos textos de los teóricos del anarquismo internacional publicados en los periódicos de su organización. Lo que sí es evidente es que incorporaron a su discurso y a su militancia el rechazo a la autoridad, a la propiedad y a la influencia del clero, y que participaron en la conmemoración de las fechas señaladas en el calendario militante del anarquismo internacional. La cultura política mexicana de principios de siglo estuvo marcada por estos temas, al menos entre los trabajadores urbanos. Sin embargo, estos temas pueden haber llegado a los militantes de base no a través de la lectura directa de los textos sino por medio de otras vías más cotidianas de socialización de las ideas: las palabras que la gente dice en el mercado o en la calle, en el taller, la fábrica o la asamblea, divulgadas por los dirigentes de la organización y editores de los periódicos locales. Estas formas más cotidianas se apuntalaron, no obstante, en “criterios de autoridad”, en la palabra escrita por aquellos que confeccionaron un proyecto de futuro que incluiría a todos.

Dice Roger Chartier que la Revolución es innovadora en el campo de las prácticas de lectura, y las revoluciones del siglo XX significan una aculturación en un doble sentido: imponen una nueva ideología en lugar de viejas creencias y comportamientos y suponen un mecanismo que permitirá a los más humildes, a los más pobres, a los más numerosos, acceder a la cultura.⁶⁵⁶ Los temas abordados por los teóricos del anarquismo y publicados en la prensa obrera en la ciudad de México contribuyeron a crear, efectivamente, una nueva ideología de justicia, igualdad y libertad encaminada a crear el ambiente propicio para una revolución que destruyera las viejas estructuras. Y su preocupación por la educación se ubica en ese esfuerzo por crear canales de acceso a la cultura. Las propuestas que predominaron finalmente en la Revolución mexicana eclipsaron estas otras ideas y culturas políticas que se construían trabajosamente en los mismos años. Y aunque la facción triunfante absorbió algunos de los elementos del discurso radical libertario en su propia cultura política, impidió que éstos se expresaran libremente fuera de los márgenes del Estado, que construyó a partir de 1916-1917. La Casa del Obrero Mundial fue clausurada tras la Huelga General del verano de 1916 y con ella desapareció la principal difusora del pensamiento anarquista y anarcosindicalista mexicano de los años de la Revolución.

Pero el hecho es que las palabras y las ideas de Pierre-Joseph Proudhon, Piotr Kropotkin, Louise Michel, Anselmo Lorenzo, Sébastien Faure, Jean Grave y Francisco Ferrer Guardia estuvieron presentes en el ambiente revolucionario mexicano aunque los militantes de base no las leyeran directamente. Los militantes de base en las revoluciones modernas casi nunca han leído a los teóricos y, sin embargo, sus ideas los han influenciado. Robert Darnton afirma en este sentido que la articulación de las ideologías y la formación de la opinión pública caen en el terreno especulativo, “pues sólo tenemos una vaga noción de lo que era público (...) y de la manera en que generó opiniones en el siglo XVIII”.⁶⁵⁷ Lo mismo podemos decir en el caso que nos ocupa.

Termino con una anécdota relatada por el economista chileno Gabriel Salazar, ocurrida en un tiempo distinto al de este estudio y que se refiere a otra de las culturas políticas del ámbito socialista pero que ejemplifica lo anterior:

Una mañana de enero de 1976, José Zalaquett se acercó al grupo de prisioneros políticos donde compartíamos en ese momento y, al integrarse a la conversación, confesó: “yo no tengo idea de lo que es el marxismo, jamás lo he estudiado y no he leído mucho sobre él”. Sin embargo, él era, en ese momento, uno más entre los muchos prisioneros políticos que precisamente por “ser” marxistas, se encontraban en prisión. ¿Cómo explicar la presencia de Zalaquett en ese lugar? Estábamos discutiendo el punto cuando, de repente, José se volvió hacia mí, y preguntó con su poderosa voz: –¿Por qué no das un curso de marxismo?” El pedido me tomó por sorpresa. Nos hallábamos en el campo de prisioneros de Tres Álamos (Pabellón 2), sometidos a una rigurosa vigilancia policial y a continuos allanamientos de nuestros dormitorios y enseres personales. Lo que proponía Zalaquett no dejaba de ser un desafío. El grupo, sin embargo, reaccionó positivamente a la propuesta: “¿por qué no?” Sería algo instructivo para Pepe, interesante para la mayoría y nunca estaba de sobra profundizar las “razones teóricas” que nos habían llevado hasta allí. “¿Por qué no?”.

Bibliografía

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Darnton, Roger, Los best-sellers prohibidos en Francia antes de la revolución, traducción de Antonio Saborit, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, 553 pp. 

Ferrer Guardia, Francisco, La Escuela Moderna, Madrid, Ediciones Júcar, 1976, 180 pp. 

Litvak, Lily, Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquismo español (1880-1913), Madrid, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2001, 459 pp. 

Mayol, Albert (editor), Boletín de la Escuela Moderna. Barcelona, Tusquets editor, 1978, 281 pp. 

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Ribera Carbó, Anna, La Casa del Obrero Mundial. Anarcosindicalismo y revolución en México, México, INAH, 2010, 240 pp. 

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–––––, y Alejandro de la Torre, “Memoria libertaria. Usos del calendario militante del anarquismo hispanoamericano”, Historias 75, México, enero-abril 2010, pp.105-122. 

Salazar, Gabriel, Historia de la acumulación capitalista en Chile, (Apuntes de clase). Santiago, LOM Ediciones, 2003. 

Torre, Alejandro de la, “Las agrupaciones políticas consignadas en Regeneración, 1900-1918. Distribución geográfica de una extensa red de solidaridades políticas”, en Regeneración, 1900-1918 (edición digital), Monclova, Gobierno de Coahuila-Instituto Coahuilense de Cultura, 2008.

18. La publicidad en la construcción del imaginario capitalino. El caso de los festejos septembrinos de 1910 y 1921.

Denise Hellion

Hacia finales del siglo XX la identidad citadina en el valle de México se afianzó en la alteridad, los rasgos que caracterizan a sus habitantes se construyen en contraste con los no citadinos. Este es un rasgo cultural que definió también pautas de conducta política, tanto entre los citadinos como entre los otros, habitantes de otras ciudades y poblados. En el proceso en constante transformación de esta identidad, participaron los actores gubernamentales que han ocupado a la historiografía como sujetos políticos relevantes. Sin embargo, otras voces fueron partícipes de la construcción de la identidad citadina; me refiero a los anunciantes que a través de sus mensajes estaban en diversos espacios: muros, edificios y, por supuesto, también en las páginas de la prensa periódica y los impresos de circulación esporádica y efímera. Como parte de las estrategias publicitarias, se aprovecharon las ocasiones de congregación física y de lectura de los citadinos; entre estos momentos destacan las coyunturas cívicas, las cuales garantizaban la aglomeración de personas, que los anunciantes evaluaban tiempo propicio para el despliegue promocional. En los inicios del siglo XX las fiestas del centenario del inicio de la independencia en 1910 y de su consumación en 1921, son coyunturas que permiten acercarnos a los valores que emitían los anunciantes con miras a transformar la conducta de los citadinos.

La ciudad como escaparate

El registro de las fiestas del centenario de 1910 y de 1921 en buena medida se realizó a través de las páginas de la prensa que empleaba a la imagen como medio en la construcción de los relatos. La crónica remitía a la evocación y descripción de los ambientes festivos por medio de dibujos o fotograbados. En los dos festejos septembrinos la capital de la República fue ejemplo del despliegue desde el poder político, pero también del económico. Además de las crónicas y estudios que se han realizado sobre los festejos del centenario, queda pendiente de estudio el discurso publicitario de las firmas que aprovecharon la conmemoración para atraer a compradores, promover establecimientos y hasta para colocarse como protagonistas urbanos. Entre ambos meses de septiembre, mediaron los levantamientos armados, los desasosiegos de la capital y la transformación de los pobladores de la ciudad.⁶⁵⁸ A partir de la publicidad es posible acercarnos al imaginario de una época y preguntarnos sobre la transformación sufrida en aquella década revolucionaria.

La publicidad en curso hacía uso de la imagen desde la que podía evocar ambientes más que describir objetos, el lenguaje debía contar con significantes compartidos por los lectores, cuyo manejo permitía establecer un acuerdo en la lectura para conducir a la promoción comercial.⁶⁵⁹ El consumo de mercancías novedosas y/o industriales estaba en el horizonte de la modernidad, por él se podía expresar la pertenencia a un futuro al alcance de la mano a través de la compra.⁶⁶⁰ La adecuada comunicación publicitaria incorporaba los significados en curso; a través de una revisión de las narrativas en los dos festejos del centenario es posible ver los acentos que se habían transformado. Lo que ahora presento es un avance de una investigación más amplia sobre la manera en que la ciudad se convierte en escenario publicitario durante las primeras décadas del siglo XX. En estas páginas me concentraré en los fragmentos dispersos sobre la ciudad y la relación con los visitantes, para distinguir los giros narrativos en apenas una década. El discurso publicitario coincide con el político al buscar una reacción en la conducta, la adopción del contenido narrativo supone en el caso publicitario, la adquisición de los bienes promocionados y, en ocasiones de manera más rápida que los mensajes políticos, necesita una pronta evaluación de la oportunidad del mensaje observada en los balances mercantiles.⁶⁶¹ El consumo requiere la alteración de los valores que conforman la identidad y repercute en la apariencia que adquiere el individuo y sus peculiaridades en cuanto a la pertenencia a un grupo social. La formación de la identidad es trastocada desde la expresión visual de la publicidad. Pero si durante el Porfiriato se habían establecido estrategias publicitarias que asociaban al consumo con la modernización del país y tenían a la ciudad capital como pauta a seguir, ¿cuáles fueron las repercusiones de los movimientos armados en el discurso publicitario? En las páginas que siguen me detengo en lo que considero uno de los fragmentos del discurso publicitario que puntualiza las alteraciones citadinas, me refiero a las representaciones de los visitantes en las fiestas, que en términos más amplios se referían a los forasteros, a los provincianos llegados a la ciudad.⁶⁶²

Hacia 1910 la zona central de la ciudad de México se había convertido también en el paseo de los escaparates de los grandes almacenes y comercios que usaban las vidrieras como nuevos pregones dirigidos a los transeúntes. Para las fiestas porfiristas la ciudad era la síntesis de la buscada modernidad nacional, que amplió los horarios del deambular por el uso de la iluminación eléctrica.⁶⁶³

Fig. 1 Anuncio de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz. El Imparcial, 3 de agosto de 1910.

La actividad nocturna es asumida en este anuncio de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, el deambular no se detendría frente a un escaparate si éste no era iluminado para mostrar las mercancías. Una representación doble de comercios muestra el abandono nocturno a quienes no optaran por la nueva estrategia publicitaria, pues el aviso eléctrico “ trabajará 24 horas al día.” El contraste es claro, aparece un conjunto de citadinos que se aglomeran frente al escaparate iluminado. Se ven nítidas las siluetas de los maniquíes que invitan a la compra de prendas de vestir; los paseantes son consumidores potenciales de lo que se ilumina con focos incandescentes. Las escenas comparan a dos comercios que, a pesar de ser contemporáneos, no viven en el mismo presente y la distancia temporal radica en el uso de la luz eléctrica. El futuro inmediato para el dueño del escaparate iluminado es la atracción de los compradores, mientras que para el propietario de la oscurecida vidriera deberá esperar a que los rayos solares atraigan a los paseantes. La empresa de electricidad se ocupó en instalar alrededor de 200 mil focos incandescentes para las fiestas de 1910 y ofrecía a los comercios y casas particulares el préstamo de las lámparas; el consumo de la energía y la instalación corrían por cuenta de quien solicitara el apoyo.

Pero el deambular no solamente se esperaba en las calles por las que se realizarían desfiles, sino que se extendía a la visita por los alrededores de la ciudad; los fuereños aprovecharían su estancia para conocer las municipalidades vecinas.⁶⁶⁴ En 1910 la Compañía de Tranvías de México S.A. organizaba corridas especiales de sus rutas interurbanas para visitar la basílica de Guadalupe, los canales de la Viga, Santa Anita e Iztacalco, Xochimilco, Chapultepec, San Ángel, Coyoacán y Tlalpan. En 1921 la misma compañía anunciaba la extensión de las vías que corrían a lo largo de 330 kilómetros. Los atractivos en los circuitos no habían cambiado, solamente aparecía el Desierto de los Leones al que se podía acceder al abordar el tranvía de Tacubaya con destino a Toluca. El crecimiento era evidente pues ya no se anunciaban las corridas especiales de 1910; en 1921 el énfasis estaba en los servicios rápidos.⁶⁶⁵

Multitud esperada y mercado masivo

Los recorridos urbanos en 1910 podían hacer escala en dos fábricas para conocer el funcionamiento de las maquinarias mecanizadas que modernizaban la producción nacional. La cigarrera El Buen Tono en el barrio de San Juan y la zapatera Excélsior en la municipalidad de Tacubaya abrían sus puertas en horarios preestablecidos para que los visitantes constataran los prodigios alcanzados: “Será ésta una visita que halagará a los mexicanos en su amor patrio y de la que los extranjeros quedarán altamente admirados”.⁶⁶⁶ Como se ve en los tranvías y la visita a las fábricas, buena parte de los despliegues publicitarios se dirigían a los forasteros, propios y extranjeros, ante quienes se demostraban las ventajas del consumo urbano. En estos dos ejemplos industriales la respuesta esperada era la transformación en el calzar y el fumar, la coincidencia era la necesidad de vender mercancías producidas industrialmente. La mecanización de los procesos se tradujo en la búsqueda de un mercado masivo que en ocasiones era representado en las inserciones.⁶⁶⁷

Fig. 2 Detalle del anuncio del almacén de ropa El Surtidor en El Imparcial. 1 de septiembre de 1910, p. 12.

Para el caso del anuncio de El Surtidor, el dibujo era más que la alternativa técnica para representar el ideal de los compradores expectantes de las baratas; valía para describir la arquitectura comercial que se había vuelto marca visual en el circular citadino. El dibujo atrapaba por la caricaturización de las ventas de liquidación a bajo costo que atraían a la población de clase media –especialmente a las mujeres– con aspiraciones de aparentar su pertenencia a un grupo con mayor ingreso económico y sus consecuentes transformaciones en la vestimenta. Aquí participa también la policía capitalina para contener a la multitud. No se trataba de un tumulto por reprimir, sino de la muchedumbre que debía dirigirse; es uniformado el hombre que grita el único mensaje promocional en una apoyatura en globo, convención gráfica que todavía no era frecuente en las historietas. Las ventas especiales atraerían a los citadinos y a los forasteros, siempre que tuvieran como rasgo el intento por adoptar la misma moda. Los anuncios de los grandes almacenes usaron a la calle para señalar su ubicación, como un nuevo mojón en la ciudad y colocaban alrededor a la multitud, con la salvedad de que el peso de las imágenes –dibujos y fotomontajes– radicaba en los vehículos modernos: tranvías y automóviles se mantuvieron hasta la década de 1920, pero en 1910 todavía convivían los carruajes tirados por caballos y algún ciclista.⁶⁶⁸ La atracción de los comercios se conservaba en las inserciones, pero la representación de los consumidores se extendía para diversificarlos.

Fig. 3 Detalle del anuncio de El Buen Tono en la edición conmemorativa de El Universal, septiembre de 1921.

Aquí apenas aparece un solitario policía que pretende detener a un comprador, pero hay otros en la escena que participan en la actividad. Acuden para comprar cigarros Primores de El Buen Tono y juntar los números que les permitirían participar en la rifa de un reloj de oro. La expectación ahora incluye no solamente a las mujeres de la clase media del anuncio anterior, sino que lo mismo se representa a personas ricamente ataviadas con sombreros de copa y estola de piel, que hombres con el campesino sombrero de paja y ala ancha. Es tal el alboroto que se unen al tropel un par de guajolotes, un perro y un cochino que arrolla en su carrera a la única niña de la escena. En 1921 la representación de la multitud de compradores podía ya mezclar a la población completa, con independencia de su apariencia, género o edad.⁶⁶⁹ La democratización del país aceptaba la igualdad de la población y en ello la compañía cigarrera no podía sino aprobar el esfuerzo que redundaba en una economía en la publicidad. Al reunir a cualquier individuo en una misma inserción, se reducía el gasto en anuncios dedicados a grupos sociales diferenciados, lo que había sido usual en la década de 1900. Algunas inserciones se ocuparon en abarcar a todos los pobladores del valle de México, lo que solamente era posible con la perspectiva aérea que colocaba en los aires o en lo alto al anunciante y al lector, ya fuese un globo dirigible como anunciador, la ubicación de las Lomas de Chapultepec o hacia 1923 la representación de las ondas radiofónicas que como rayos y notas musicales eran repartidas por el valle por la fábrica El Buen Tono. Pero si la ciudad era todavía un referente geográfico que podía abarcarse en un dibujo alegórico aunque con referentes visuales de orientación, los anunciantes debían mostrar la dispersión nacional del mercado masivo y diverso que en la década de 1920 se buscaba como destinatario.

El Universal, 17 de enero de 1917, p. 2.

Una de las frases que la sombrerería Tardan usó para aludir al mercado nacional se une en el mapa a línea de la República Mexicana. En los ensayos publicitarios se había empleado también a Tabasco a Mazatlán y en la memoria quedó la frase “de Sonora a Yucatán”, tal vez la relevancia política de los sonorenses jugó como referente para la selección publicitaria. En todo caso, la frontera norte era clara y se distinguía como línea diferenciada también por los pobladores, mientras que al sur se desplazaba la referencia a la península, cuyas fronteras y relaciones vecinales eran más bien marítimas. Dentro del territorio estaba el mercado de la casa: hombres ataviados con diferentes sombreros, la variedad apoyada en “el placer que se deriva de la posesión y uso de lo mejor”. La calidad estaba disponible en sombreros para campo y ciudad, de gala y hasta infantiles; la casa era productora y distribuidora de fábricas “del mundo”; en la amplitud estaba la ambigüedad. El anuncio de 1917 incluía a la población diversa susceptible de participar en el mercado, la que compartía el ingreso económico suficiente para el consumo.

De provincianos o forasteros

De regreso a los festejos septembrinos podemos ahora preguntarnos por las representaciones que apuntalaban en el imaginario urbano a los visitantes. A. Mestas y compañía fabricaba camas de latón y hierro y con motivo de las fiestas de 1910 desplegó una campaña publicitaria a lo largo de varios meses.

Detalle del anuncio de Mestas en El Imparcial del 20 de septiembre de 1910.

La serie de inserciones se titulaba “La nueva industria”, incluía la referencia a las camas con expendio en la calle de Monterilla –actualmente 5 de Febrero– y luego aparecía una caricatura a la que se refería en verso en la parte baja. Los forasteros aparecieron en varias ocasiones. Algunas veces se dibujaban parejas elegantes con sombreros de copa, bastones y sombreros de plumas, en otras los viajeros usaban el casco tipo saracof y las mujeres sombreros con velo para realizar la travesía en automóviles modernos. Pero todos compartían el interés por las camas Mestas. Los personajes poseen la capacidad económica y se les perfila para sostener la calidad, modernidad y apariencia elitista que se quería reunir con las camas; los compradores forasteros conocen de las convenciones capitalinas y reconocen la calidad de las camas. Los visitantes llegaban a la ciudad con el dinero para gastar en traslado, hospedaje, alimentos y bebidas; disfrutarían la oportunidad para el paseo y la compra de las mercancías anunciadas:

Vengo de Chamacuero,
con pretexto de las fiestas;
pero, en verdad lo que quiero
es gastar este dinero
en buenas camas de Mestas.⁶⁷⁰

El hombre maduro, de lentes y cabello largo, lleva un traje de tres piezas y sombrero de estilo tejano. Está en camino para cumplir su deseo: gastar las dos bolsas de dinero que lleva en ambas manos. El semblante risueño y la actitud corporal contagian al perro quien acompaña gustoso al visitante, la compra es motivo de solaz, la oportunidad para visitar el establecimiento durante el mes patrio es parte de las vacaciones pasadas en la capital. No todos eran experimentados viajeros, pero participaban en la evocación citadina, así fuese como alteridad ridiculizada.

Cuadro de la historieta de El Buen Tono en El País de 2 de octubre de 1910.

La fábrica de cigarrillos El Buen Tono editaba semanalmente historietas en donde los asuntos nacionales eran ventilados con un cariz cómico, en el que todo problema era resuelto al fumar alguna de sus marcas; mostraré aquí algunos cuadros entresacados de estas historietas pioneras. Los fuereños arribaron en las corridas especiales de ferrocarriles que se anunciaron en la prensa, los atavíos rurales apenas se alteraban con un paraguas que era indispensable en la temporada de lluvias que se vivía.

Tránsito Pachili, al descender del tren, todavía trae en la mano la canasta con las viandas que harían menos penoso el viaje. Porta pantalón ajustado a rayas, sin galones ni botonadura, chaqueta corta, camisa blanca abotonada y en el hombro derecho descansa el gabán de cerrado tejido que le resguardaba de las inclemencias. Por supuesto el insustituible sombrero de ala ancha que podía estar ornado con galones. El ranchero Pachuli emprendía el viaje con un implemento adicional, seña de la visita urbana: el paraguas que sale de un atado en su mano derecha. Los rancheros fueron ilustrados como inocentes y dispuestos al asombro por los despliegues propagandísticos del Centenario, aunque en la comicidad se les mostraba más en el perfil del provinciano que llega tarde y mal a los matices de la modernidad.

El provinciano viviría las fiestas de percance en percance pues saludaría a los actores del desfile histórico como si fuesen encarnación de sus personajes, se acercaría a diplomáticos con familiaridad que constataba la ausencia de protocolo, sería espantado por las salvas militares y un jinete castrense le arrollaría. Era claro que la experiencia de las fiestas estaba reservada a quienes poseyeran el conocimiento de las representaciones y los protocolos. La conmemoración era un conjunto de convenciones desplegadas desde el poder político y económico para que los asistentes participaran como espectadores.⁶⁷¹ La visita de algunos provincianos sería el ensayo para adoptar los rasgos de civilidad, el más evidente era la combinación del atuendo.

Anuncio de El Buen Tono en formato de caricatura en El Imparcial, 13 septiembre de 1910.

En esta caricatura, se ve a una pareja de provincianos. El hombre conserva las botas puntiagudas propias de la cabalgata y la chaqueta corta, pero ha incorporado un sombrero de fieltro estilo tejano y el paraguas. Pero su mujer, más susceptible al cambio, está decidida a vestir a la moda: vestido de lunares, guantes, bolsa de mano, sombrilla de mango labrado y un descomunal sombrero que es amarrado a su barbilla por un enorme listón en moño.

En la parte superior del sombrero conviven lazos y plumas, pero el motivo central es un ave que parece estar a punto de alzar el vuelo. La provinciana desconoce los códigos de la moda y se cuelga cuanto abalorio encontró en las tiendas. El diálogo muestra la candidez de quienes se saben distinguidos por la mirada de los citadinos:

–Oye tú, pos se me afigura que le tienen envidia a mi sombrero… porque todos nomás me devisan.
–No seas criminosa, tú, si lo que devisan es que voy jumando cigarros Canela Pura del Buen Tono.

El litógrafo Juan B. Urrutia hizo la caricaturización del provinciano para dedicarla a los ojos del lector capitalino, aunque era menos cómica cuando se ocasionaban accidentes. Desde 1900 aparecieron los rieles que recorrían los veloces tranvías eléctricos, capitalinos y visitantes debieron aprender los peligros y tomar precauciones para sortear la rapidez de los carros. Los percances eran frecuentes y para las fiestas de 1910 se veía a los provincianos como susceptibles de detener la circulación eléctrica.⁶⁷² Los forasteros podían también producir el desasosiego cuando eran mostrados como intrusos que llegaban a robar las casas de los capitalinos.

Anuncio de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz en Frivolidades, 15 de junio de 1910.

En esta doméstica escena nocturna, una pareja duerme plácidamente en una cama labrada en madera, el ambiente representa una holgada situación económica que alcanza para el reloj de pared. Sobre el buró una lámpara que, por contraste y motivo publicitario, no era eléctrica:

Mas tan mala es la luz, que da pavura,
y la alcoba se encuentra tan obscura,
que al llegar un ladrón, mira el muy tuno
que bien puede robar sin miedo alguno.

La penumbra de la lámpara animó al ladrón a entrar por la ventana. El bandido es ajeno al ideal urbano: luce un sombrero de ala ancha, en el pantalón se ven los galones que adornan las piernas aunque no lleva ni huarache ni botas, sino unos desproporcionados zapatos. El rostro caricaturizado resalta el tamaño de la nariz y el gran bigote entona con la dimensión del machete que el fiero bandido lleva entre los dientes. Para el lector, el atuendo se convierte en identificación de la apariencia sospechosa de peligro, cercana a la indumentaria rural de los bandidos que asaltaban en los caminos, pero que ahora se traslada para despertar el miedo al asalto en la propia recámara. El citadino es vulnerado en su tranquilidad por el forastero peligroso, por el bandido rural.

Los años siguientes matizarían las características de los forasteros, el provinciano ingenuo se mostraría como pacífico y laborioso pescador a orillas del lago de Chapala, los zapatistas en camisa y pantalón de manta con cananas y escopeta serían mostrados como hombres de compasión ante un accidente; aunque quedaba en entredicho que el porte campirano no fuese sino la referencia a un pasado lejano del presente citadino y vanguardista.⁶⁷³

Durante el movimiento armado, la capital sufrió la toma de diversos grupos, pero su permanencia en la ciudad fue esporádica desde la caída de Victoriano Huerta. La urbe era un costo oneroso para los combatientes y sus pobladores observaron que su suerte estaba en manos militares.⁶⁷⁴ Las casas comerciales dedicadas a ropa masculina incorporaron en la década de 1910 a los militares como nuevos lectores de las inserciones publicitarias.

Detalle de anuncio de High Life en Vida moderna, septiembre de 1915.

La casa High Life se había especializado en la vestimenta masculina y pronunciaba el arribo de novedades enviadas por sus empleados desde Londres, ahora reunía en sus inmediaciones a pacíficos y adinerados militares. Al centro se conserva el inmueble para su pronta identificación, el cual es enmarcado por una línea cuyos extremos terminan en punta, una flecha que dirige la mirada del lector. La llamada conduce a la izquierda a un militar y a la derecha a un citadino. El dibujante repite el estilo del calzado, el resto difiere pues el militar uniformado es inclusive un poco más grande que el capitalino. En el mensaje central “Permítanos agregar su nombre a la lista de nuestros clientes satisfechos”. El imperativo era matizado pues implicaba la solicitud del permiso a los lectores. Los militares requerían de un tratamiento diferenciado y en otras inserciones eran representados en combates y como activos jinetes. El ejército era motivo de reconocimiento comercial y sus miembros no eran mostrados como los viejos generales porfirianos, compañeros del general Díaz en batallas históricas, cuya participación quedaba en el lustre de las condecoraciones portadas en el pecho. Para la década de 1910 los militares eran jóvenes y maduros, poderosos y enriquecidos que debían tratarse con respeto para que aceptaran otorgar el beneficio de la compra. Su representación publicitaria abría el espacio para nuevas autoridades sociales que conferían prestigio a las casas comerciales.

La india bonita y el charro

Durante el siglo XIX la raigambre histórica que confería una identidad nacional se buscó en el pasado prehispánico, los motivos ornamentales llevaron a desplegar durante las exposiciones universales muestras de los vestigios arqueológicos e inclusive a emplearlos en la fachada arquitectónica.⁶⁷⁵ La población indígena contemporánea era un asunto que remitía a la necesidad de su pronta transformación, como reminiscencia viva del pasado debía transmutarse para aliviar los esfuerzos progresistas de gobernantes y empresarios. Las fiestas de 1910 solamente toleraron el calzón de manta cuando se trataba del desfile histórico; para 1921 la población alcanzó visibilidad ya no como espectador sino como partícipe de las celebraciones.

El diario El Universal convocó a varios concursos, uno de ellos fue el de la India Bonita; si encontrar y dictaminar sobre la belleza indígena fue una labor que apenas llegó a la sierra de Puebla de donde era oriunda, el asunto de su presentación en las calles de la ciudad en un carro alegórico fue otro asunto.⁶⁷⁶ El 14 de septiembre de 1910 el diario lanzaba una inserción dirigida a “los hacendados”: “El Universal necesita en alquiler tres yuntas de bueyes de buena alzada, de buena estampa y gordos, para uncirlos en el carro alegórico de la India Bonita. Buen Pago”.⁶⁷⁷ La realidad debía ser embellecida con ocasión de las fiestas y la citadina locación del desfile complicó la ubicación de la escenografía adecuada a la belleza indígena, la cual se sostendría como alegoría rural con el atuendo y las yuntas. Pero si la reivindicación de la población indígena como bella fue un motivo en los programas festivos, también se reunió al pasado prehispánico con la juventud indígena.

El Universal edición conmemorativa, septiembre de 1921, 3ª sección, p. 9.

Dos de las fábricas cerveceras más importantes habían adoptado los nombres de héroes prehispánicos: Cuauhtémoc y Moctezuma. La asociación de la patria mexicana con raíces prehispánicas era adecuada para hacer frente a la producción cervecera estadounidense; la cervecería Cuauhtémoc, asentada en Monterrey, competía con las bebidas importadas y para establecer la lealtad a sus marcas incluyó alegorías patrias en sus inserciones. La orizabeña cervecería Moctezuma y la Cuauhtémoc rivalizaban por el mercado de la ciudad de México, cuya concentración poblacional era atractiva por su densidad, aunque el pulque se mantenía como la bebida más popular. Durante el Porfiriato los valores asociados a ambas marcas eran el orgullo de la producción nacional y las reminiscencias a un pasado prehispánico. La empresa Cuauhtémoc inclusive adoptó en sus anuncios la estatua al héroe prehispánico que se había colocado en el Paseo de la Reforma. Una década más tarde la referencia prehispánica se adoptaba como presente vigente en la idílica joven de rasgos indígenas que sería identificada como la hija de Moctezuma, el género ayudaba a que los bebedores pidieran una Moctezuma-Sol y en la inserción se repetía el femenino para acentuar a la cerveza a la vez que redundaba el femenino con la joven de perfil. Aunque la población indígena no sería empleada en otras inserciones y se prefería a los charros como potenciales miembros para ampliar el mercado.

Los bordados, botonaduras y sombreros galonados identificaban al campirano con ingresos por encima de los trabajadores campesinos y de los comuneros indígenas; con ello se sostenían los prejuicios y discriminación hacia la población indígena y campesina que se mantuvo fuera de la representación de los consumidores en la publicidad. La audiencia dispersa en las poblaciones rurales se reunía en las páginas de la prensa como el medio de mayor cobertura hasta los inicios de la década de 1920 y, por supuesto, los festejos de 1921. La dispersión de los mensajes publicitarios explotó con la aparición de la radio como medio masivo que potencialmente podía trascender los obstáculos de la comunicación escrita o la visibilidad limitada de los despliegues en espectáculos y desfiles. Los habitantes alejados de las escasas ciudades en el país podían escuchar la radio con sus mensajes publicitarios. La fábrica cigarrera El Buen Tono encontró atractivo al novedoso medio y abrió su propia estación radial desde donde emitía anuncios de las marcas de sus cigarrillos.⁶⁷⁸

Detalle del anuncio de El Buen Tono en Excélsior 19 septiembre 1923, p. 7.

La escena reúne al interior de un cuarto a los rancheros que sentados en torno a una mesa escuchan al aparato radiofónico colocado solitario en una mesa, la atención se mantiene pero es un ambiente relajado que convida al descanso mientras se fuma alguna de las marcas cuya reproducción se incluye en la parte baja de la ilustración. Los forasteros campiranos pueden sostener el vínculo con la ciudad a través de las radiodifusoras y del consumo de los productos industriales. La convivencia auditiva produciría una dispersión de lenguajes y códigos; gustos musicales y mercancías alcanzarían a los forasteros que, sin embargo, conservaron la indumentaria que se aceptó en las décadas siguientes como estereotipo mexicano.⁶⁷⁹

La pareja del charro y la china se recuperaba en la publicidad para acentuar el reconocimiento de las variaciones en el tono de la identidad nacional. Los actos festivos de 1921, en buena medida desplegados desde los diarios impresos, fueron otro motivo para la dispersión del estereotipo que sería también recogido en el discurso de los gobiernos posteriores a Álvaro Obregón.⁶⁸⁰ De la provincia llegaron los forasteros industriales que producían desde los estados, en las fiestas de 1910 y 1921 algunas empresas lucraron para hacer presencia en la prensa capitalina pero con distribución nacional. En 1910 llegó la casa Tampico News ataviada como charro, en 1921 las suelas Viosca producidas en Baja California se anunciaban como partícipes de las fiestas por ser “lo mejor del país”. Solamente he encontrado un anunciante que reiteró y llevó al extremo su identificación nacional en las fiestas de 1910 y 1921: Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A.

El Imparcial, 17 julio 1910, p. 5.

Este charro representa la madurez, el rostro y el volumen corporal no son juveniles, pero sí fuertes. Además de la forma de la chaqueta y el pantalón que tienen el mismo corte que el atuendo ranchero, la distinción se hace por la ornamentación de botonaduras y en este caso de espuelas. En muestra de respeto, el orgulloso charro se ha quitado el sombrero que no aparece tan ornamentado como el resto de la vestimenta, en un amistoso gesto invita al lector a entrar a la extensión de los campos petroleros a través de un amplio portón que permitía el acceso simultáneo de dos tendidos de rieles de ferrocarril. Aquí el charro mexicano es inversionista, recupera el orgullo patrio en la frase final: “Si no es de El Águila, no es nacional”. Una transferencia de identidad a partir de la ubicación en territorio nacional de la inversión, no importaba si ésta era extranjera. Pero este charro se anuncia en la ciudad a la que provee con la luz y el calor por la combustión del petróleo. No es un visitante fuereño, sino un proveedor; un charro propietario de yacimientos petroleros que invita a conocerlos cual si se tratara de una hacienda agrícola. El énfasis en la mexicanidad de la empresa por ubicarse en territorio nacional y no por la procedencia del capital, fue llevada al extremo de la identificación patria en el año de 1921. En la inserción publicada en la edición conmemorativa de El Universal en septiembre de aquel año, El Águila contrató la página 10 de la séptima sección para bosquejar una bandera nacional que tenía al centro el águila del escudo nacional, aunque en letra pequeña indicaba que era una “marca industrial registrada el 26 de abril de 1905 con el número 5478. El motivo de la mexicanidad era legalmente apropiado por una empresa que menos de una década después sería nacionalizada en beneficio público.

Los forasteros en la ciudad festejante se habían transformado de provincianos ingenuos o peligrosos a símbolos de identidad que abstraía y cubría a la población rural y citadina. Las empresas forasteras llegaban a la capital para demostrar la bonanza de los negocios dispersos por el territorio y los comercios citadinos, antes representados en la arrogancia de la exclusividad, debían mostrarse solícitos para sostener la venta de sus mercancías.

El Universal, 12 septiembre de 1921, 1ª sección, p. 7.

El vendedor de las zapaterías El Centenario viaja para ponerse a la disposición de los habitantes de los estados: “soy de ustedes atento seguro servidor /y vengo desde México como fiel emisario”. La proliferación del mercado había sido el requisito para la expansión industrial. Durante las fiestas porfiristas el ambiente se concentraba en la exaltación de los valores modernos, y la demostración de vínculos con las naciones extranjeras estaba en la mirada no solamente de los gobernantes, sino de los publicistas.

Para las fiestas de 1921 el papel de la publicidad giraba para colocarse entre forasteros que debían no solamente ser atendidos, sino que se establecía un lazo mercantil que esperaba convencer de la atención respetuosa de la población diversa en procedencia y apariencia; la salvedad por supuesto se mantendría por la capacidad adquisitiva. Aunque para el gobierno obregonista era importante el reconocimiento diplomático de otras naciones, la revolución había colocado a los mexicanos como la prioridad política que se recuperaba en las inserciones publicitarias.

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IV. Las instituciones y sus prácticas culturales

19. La cultura política y la esfera pública del Maximato: Nuevo León en 1933. Breve crónica de las disputas entre Francisco Cárdenas y Plutarco Elías Calles Jr.

Gustavo Herón Pérez Daniel

El presente trabajo se enmarca dentro de la corriente de la “nueva historia política”,⁶⁸¹ que se hermana con la historia cultural, pero que también parte del interés genuino por estudiar la vida política del siglo XX. Ello implica al menos en este marco, hacer un recuento de la cultura política de una época determinada, estudiando los mecanismos de representación estructurados como elementos de la esfera pública política.⁶⁸² Esto nos obliga a detenernos en los discursos políticos, en las disputas públicas aparecidas en periódicos de la época. Para retratar la cultura política de Nuevo León a inicios de la década de 1930, elegimos la disputa y defenestración del Gobernador Francisco Cárdenas, como una muestra de las discusiones públicas del periodo estudiado.

Ello nos puede dar cuenta de las distintas formas que adoptaba la cultura política local,⁶⁸³ se pone énfasis entonces en los discursos culturales, es decir las proclamas, los programas, las ideas, reglas y posiciones de cada sujeto político. Una forma de entenderlo, es decir que se estudian las sociabilidades, es hablar de las distintas formas en que los individuos se vinculan entre ellos. Para el presente trabajo una fuente inestimable es el periódico El porvenir, puesto que en este diario se recogen los dichos y los pareceres de los distintos protagonistas de la política local. Lo cual se traduce en una ventana privilegiada para observar la esfera pública de una época determinada. Esto no quiere decir que sea la única esfera pública, o la única vía de comprender el fenómeno político del pasado en su totalidad, sino más bien lo vemos como una herramienta que permite hablar de la política a través de la investigación hemerográfica. La noción de esfera pública, término que fue acuñado para estudiar la sociabilidad moderna, permite justamente describir la cultura política de la época en cuestión. Por ello, se utilizan como fuente primaria los periódicos de la época, que formaban parte de la esfera pública local de ese tiempo; así, es factible reconstruir, mediante una crónica minuciosa, tanto el hacer como el decir político de una época.

El inicio de la disputa

Una de las disputas políticas que ocuparon la esfera pública en 1933, y que por decirlo así la alimentaron, la inflamaron y mostraron la discusión per se, fue sin duda el enfrentamiento y derrota del Gobernador Francisco A. Cárdenas frente a P.E. Calles Jr. Las disputas dejaron al descubierto no solo las diferencias de poder y apoyo partidario, sino que fueron una muestra del funcionamiento de la esfera pública local. La política era cuestión de lealtad: al partido y al Jefe Máximo. El poder se ejercía en camaradería partidaria, y los conflictos se arreglaban internamente o de manera privada, ya fuera por obediencia o cercanía al líder (Jefe Máximo, Gobernador o Alcalde) o por cuenta propia, sin atacar o afectar a alguien del Partido. Por lo general, las diferencias no se ventilaban públicamente (o en los medios de comunicación como el periódico), el hacerlo era considerado una traición o una cobardía.

Pero, en Nuevo León en 1933, la lealtad no era para con el puesto político más alto en el estado, que era el de Gobernador, sino que recaía en el hijo del Jefe Máximo nacional, quien era el Alcalde. El Alcalde de Monterrey, Plutarco Elías Calles Jr., en 1933, tenía más poder, al menos de manera pública, que el propio Gobernador. De manera extraña, aún para la época, los reconocimientos públicos y el poder lo ostentaba el Alcalde, y como quedará de manifiesto más adelante en esta misma investigación, hará más obra pública que el mismo Gobernador; y no sólo eso. Lo desafiará, humillará y lo hará dimitir, todo en 1933. Se debe recordar que Plutarco Elías Calles Jr. ya había sido Gobernador Interino de Nuevo León, supliendo a Aarón Sáenz, de abril a junio de 1929. Pero en 1933 iniciaba sus maniobras para contender en 1935 por la gubernatura de Nuevo León.

A mediados de octubre de 1933, públicamente iniciaron las disputas entre el Partido local y el Gobernador. Al parecer el control de Calles Jr. sobre el partido ensombrecía y obstaculizaba las labores del gobernador Cárdenas. Se llegaron a correr rumores de que sería tomada la gubernatura militarmente. Se acusaba al gobernador de no ser militante real del partido, de estar en contra de sus principios. El primer signo real de hostilidad fue la carta de renuncia del Lic. Pablo Quiroga, Secretario de Gobierno de Nuevo León, quien desde la ciudad de México argumentaba como motivos para dejar el cargo que el gobernador Cárdenas se había alejado del Partido.⁶⁸⁴

El Gobernador Cárdenas decidió enviar al periódico tanto la misiva de Quiroga, como la suya propia para hacer públicas las diferencias políticas. El ser acusado de estar confrontado con el Partido, era un ataque político frontal, Cárdenas contestó tanto con la carta,⁶⁸⁵ como con un manifiesto al Pueblo de Nuevo León, donde culpaba a un “grupo tendencioso”, dentro del Partido Social Democrático de Nuevo León, de atacarlo constantemente.⁶⁸⁶ Al mismo tiempo, se anunciaba en los encabezados del periódico la posibilidad de desaparición de poderes en el Estado, una especie de rumor; se decía que “los Jueces Auxiliares y los Cuarteleros estaban armados y dispuestos a tomar el Palacio de Gobierno”.⁶⁸⁷ El gobernador no solamente invocaba al pueblo en su defensa, sino que proponía que ésta sería un hecho “patriótico” y ciudadano. En realidad, el enfrentamiento no se vinculaba con la ciudadanía de manera directa, era una disputa entre las élites políticas regiomontanas. Aunque el riesgo de alguna defenestración vía el Congreso Local no era muy real, al menos en ese día. En la sesión del Congreso Local⁶⁸⁸ del 18 de octubre, no hubo discusión pública sobre este particular, solamente se hicieron trámites de algunos pensionados, pero hubo “reunión de bloque”, es decir en privada.

Así, el 19 de octubre, el periódico⁶⁸⁹ ponía en primera plana: “El Palacio de Gobierno custodiado por soldados de la Federación”. La nota central decía en sus titulares, que existía un rompimiento entre el Gobernador del Estado y los Directores del Partido Social Democrático; lo que a su vez implicaba que la Policía se encontrara acuartelada por orden del alcalde bajo las órdenes del coronel Ríos, aún cuando el gobernador había designado inspector general al Sr. Arturo Meléndez. En Ciénaga de Flores y en Hidalgo hubo manifestaciones de adhesión al Señor Gobernador.

Había al menos dos bandos políticos muy bien definidos. Por un lado, el Gobernador Cárdenas y el nuevo Secretario General de Gobierno de Nuevo León, nombrado a las nueve de la mañana de ese 19 de octubre, Lic. José Antonio García González, quien había sido vicepresidente del Partido Social Democrático de Nuevo León, se encontraban en el Palacio de Gobierno y estaban constantemente en comunicación telefónica con distintos miembros del Partido local para confirmar o no el apoyo. El diario El Porvenir, de manera no explícita, parecía apoyar al gobernador. Y los estudiantes universitarios también estaban del lado del gobernador. En el otro bando, del otro lado, estaban Pablo Quiroga y Plutarco Elías Calles Jr., quienes en ese momento venían de México y habían hecho una parada en Saltillo para saludar a Lázaro Cárdenas, entonces candidato a la Presidencia. Ya en Monterrey se encontraban reunidos con simpatizantes, entre los que estaba el Congreso Local, en las oficinas del Partido en la Avenida Pino Suárez. También en estas oficinas se hacían llamadas telefónicas, pero para comunicarse con los miembros del Ayuntamiento de Monterrey y del gobierno estatal, para que renunciaran a sus puestos, en lealtad al Partido.

El bando callista

En el bando de Calles y Quiroga, la respuesta no se hizo esperar. Utilizaron el periódico para contraatacar al gobernador Cárdenas. Para ello se valieron de las distintas voces accesibles en su coro político: el Congreso Local, los diputados federales y senadores, el Partido y el Ayuntamiento. En distintas voces, todas desacreditando a Cárdenas, Calles Jr. mostraba su músculo político. La esfera pública era dominada por la visión partidaria y sumisión al Jefe Máximo, aunque en Nuevo León eso significara otorgar más poder al alcalde de la capital del estado que al propio gobernador. Hay que decir, sin embargo, que Calles participaba en el conflicto más como presidente del PNR local, que como presidente municipal de Monterrey, aunque eso no necesariamente importaba, puesto que de igual forma su grupo de gente fue el que prevaleció en el conflicto.

El mismo 19 de octubre, por la tarde, el Congreso Local (con sus ocho diputados, todos miembros del partido oficial) sesionaba a puerta cerrada incluyendo al Lic. Pablo Quiroga, se decía que se preparaba el desafuero del gobernador Cárdenas, pero en realidad lo que se fraguaba era la declaración oficial; en esta declaración, entre otras cosas, se acusaba a Cárdenas de tener “diferencias ideológicas” con el Partido y ello era suficiente para no apoyarlo. Sobresalen además a la luz pública, con la aspereza del conflicto, tres reclamos políticos: uno, que el gobernador se “hacía el mártir”, cuando no lo era; otro, que el gobernador no quería invitar a sus compañeros del Partido a su gobierno; y el tercero, la ingratitud de Cárdenas al olvidar que los congresistas habían aprobado cuantas partidas había solicitado, sin cuestionarle por ello. Tres elementos que hacen pensar en valores propios de la política mexicana de entonces: la lealtad al Jefe Máximo, la lealtad-amistad partidaria y la imposibilidad de hacer públicos los desacuerdos y las desavenencias.⁶⁹⁰

El Congreso Local estaba de lado de Pablo Quiroga y de Calles Jr., puesto que no solamente enviaron la carta al periódico, también le enviaron una similar al presidente Rodríguez, al ministro de gobernación y al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PNR; pero además, el gobernador Cárdenas sabía una de las reglas de la política mexicana de la época al enemistarse con el partido oficial, encarnado en la figura de Calles Jr. Al hacerlo había definido la balanza política en su contra, pues la mayoría de los funcionarios estatales y los políticos nacionales debían su lealtad al Partido y al hijo del Jefe Máximo. Públicamente se fueron declarando varias fuerzas políticas a favor de Pablo Quiroga y del Presidente del PNR local, Calles Jr; entre ellas sobresalen los diputados federales y senadores por Nuevo León, quienes el mismo 19 enviaron un telegrama al periódico para establecer su respaldo a Calles.⁶⁹¹

El mismo 19 de octubre, ya por la tarde noche, después de hacer comunicados telefónicos y hablar con los militantes del Partido que eran funcionarios del gobierno de Cárdenas. Se les pedía que renunciaran a su cargo para solidarizarse con Pablo Quiroga y el Partido. Las renuncias se hicieron públicas ese mismo día y la lista de los renunciantes también llegó al periódico, era cerca de una veintena de funcionarios estatales.⁶⁹² En su carácter de presidente del Partido, Calles publicó un manifiesto a nombre del Partido dedicado al Pueblo de Nuevo León, donde también atacaba frontalmente a Cárdenas. Inicialmente le acusaba de ser poco serio e inexacto, de querer desorientar a la opinión pública local y de intentar explotar la buena fe de los neoloneses.⁶⁹³ En su misiva, Calles no reconoce el rango del gobernador, llamándolo solamente por su apellido, sin reconocerle su estatus político (lo llama “señor”). Pero además le imputa el engaño a la opinión pública; el manifiesto continúa y lo llama traicionero y desleal; también lo acusa de generar desconfianza y una mala impresión pública.⁶⁹⁴ El manifiesto remata desacreditando al gobernador Cárdenas y deslindando el Partido de su gestión, puesto que el problema era la actitud de Cárdenas y su desorganización.

La otra voz que faltaba en el coro callista local en contra del gobernador Cárdenas era la del Ayuntamiento de Monterrey. Calles, el mismo 19 de octubre, había pedido permiso al Cabildo de Monterrey para ocuparse como presidente del PNR local de la crisis política. Por eso su suplente, Nicandro L. Tamez, es quien dirige un documento de protesta contra el gobernador, intentando desmentir a Cárdenas.⁶⁹⁵ La protesta incluye, no solamente el desmentido, sino además califica de ridículas las aseveraciones del Ejecutivo por carecer de lógica legal.⁶⁹⁶ Nuevamente se tiende a desacreditar lo dicho por el gobernador, en este caso se utilizan los argumentos de jerarquía legal para minimizar las acusaciones de inminencia de la toma de armas. Y con ello se puede afirmar entonces que el bloque callista neolonés constaba de una variedad de voces y niveles de gobierno, que incluían al ex secretario general de gobierno, al alcalde y Ayuntamiento de Monterrey, el Congreso local completo, los diputados federales y senadores por Nuevo León, todos, y un buen número de funcionarios estatales. Otra forma de presión adicional al gobernador, fue la renuncia masiva de todos los policías municipales, el 20 de octubre,⁶⁹⁷ quedando la seguridad y vigilancia de Monterrey en manos de las tropas federales. Andrew Almazán, jefe de la zona militar en Monterrey, decide viajar a la capital de la República y deja el mando al Gral. José Seiurob, quien dirige las tropas para resguardar al gobierno estatal y al municipal. Aunque más adelante, al día siguiente, se manifestara abiertamente callista.

El apoyo al gobernador

La esfera pública local se llenaba de información al nutrirse las acciones públicas de ambos bandos. El contexto político estaba cargado de expectativa, sobre lo que sucedería, pues el enfrentamiento entre el gobernador de Nuevo León y el alcalde de Monterrey, dividía en bandos a los regiomontanos; aquellos que simpatizaban con el gobernador, eran más localistas y simpatizantes de los intereses empresariales regiomontanos. El periódico, quizás de parte del Gobernador, explicaba la situación a su manera.⁶⁹⁸ Es decir, que de manera implícita, culpaban a Pablo Quiroga como quien fuera “lo que vino a violentar las cosas”; es su renuncia lo que origina la crisis. Pero el Gobernador contaba con otros apoyos, distintos de los del Partido. En los municipios de Ciénaga de Flores, Hidalgo y Mina, hubo manifestaciones nocturnas el 19 de octubre a favor del gobernador; la gente salió a la calle para apoyarlo. Otra aglomeración fue al Palacio de Gobierno para respaldar a Cárdenas. De igual forma lo apuntalaban también los sindicatos y patrones de Monterrey; también los maestros, quienes eran los que estaban en mayor número en las inmediaciones del Palacio. Había mucha gente esperando instrucciones.⁶⁹⁹ Inclusive hubo quienes intentaron interceder ante el presidente y el Jefe Máximo para que ayudaran al gobernador. Por vía telegrama la Cámara Nacional de Comercio, respaldaba al gobernante.⁷⁰⁰ El gobernador aportaba⁷⁰¹ “pruebas gráficas de su actuación en el PNR”, que consistían en una foto de su abanderamiento de la carrera de las antorchas, organizada por el partido, fechada el día 12 de octubre de 1933. Además presentaba una copia fotográfica del recibo de pago de su militancia en el PNR, correspondiente al mes de octubre de 1933, donde constaba que había hecho su aportación de $36.00 pesos.

El 21 de octubre se da a conocer, que el día anterior, el Gobernador Cárdenas había pedido la intervención como mediador del Senador Riva Palacio, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PNR; intervención que fue aprobada hasta por el mismo Calles Jr. Esta medida parecía que beneficiaría al propio gobernador. Hasta el mismo Aarón Sáenz se manifestaba complacido por la mediación de Riva Palacio; pues consideraba que la crisis política surgía del error de ventilar públicamente las diferencias entre el Partido y el Gobernador. Sáenz no tomaba partido, al menos públicamente, sino que a petición de la Cámara de Comercio Local aparecía dando su opinión pacificadora en los periódicos, confiando en el papel mediador de Riva Palacio.⁷⁰²

Sáenz, al no atacar a Cárdenas, se colocaba como aliado de él. De igual forma invitaba a la tranquilidad y al trabajo; discurso conciliador muy similar al que adoptaría el propio Cárdenas.⁷⁰³ Retomando los valores locales de trabajo y esfuerzo, Sáenz intentaba conciliar frente a los ojos empresariales, el llamado “incidente”; menciona veladamente la lealtad, pero destaca el deseo imperante de tranquilidad. Pero la tranquilidad no era posible todavía.

El 20 de octubre se da una manifestación de estudiantes a favor del gobernador Cárdenas. La manifestación se inició en el Colegio de Bachilleres y de ahí se extendió hacia la Normal, la recién nacida Universidad (Leyes, Medicina e Ingenierías), la Secundaria, la Escuela Técnica Álvaro Obregón y la Femenil Pablo Livas. Los bachilleres, a eso de las diez de la mañana, fueron a avisarle al director de Bachilleres, el exgobernador de Nuevo León Pedro Benítez Leal,⁷⁰⁴ que pensaban marchar por las calles del centro de la ciudad para manifestar su apoyo a Cárdenas. Decretaron la huelga válida por ese día al menos, pues era viernes, y en los siguientes dos días no habría clases. Aunque Benítez intentó disuadirlos, los estudiantes iniciaron su marcha; iban a pie y en automóviles. Fueron pasando por las distintas escuelas, y los alumnos, escuela por escuela, se les fueron sumando: la Normal, la Universidad, Secundarias Álvaro Obregón y Pablo Livas. Los estudiantes iban gritando “Viva Cárdenas” y “A la huelga” por las Calles del Centro de la ciudad de Monterrey.

Al parecer la manifestación fue parcialmente espontánea, pues ni Benítez ni el propio Cárdenas disuadieron a los alumnos de su intento de marchar.⁷⁰⁵ Una vez que formaron cerca de unos quinientos manifestantes, entre estudiantes y curiosos, los que lideraban la marcha fueron los universitarios; los alumnos fueron tomando camiones urbanos, obligándolos para que los llevaran hasta el centro, al Palacio de Gobierno. Se fueron deteniendo en varios lugares; el primero de ellos fue el periódico “El Porvenir”, donde se detuvieron para en voz alta encomiar la labor del gobernador, especialmente el trabajo e interés que tenía por la educación, pues había creado la Universidad de Nuevo León. Después, como andaban en automóvil o en camión decidieron ir a Cervecería a invitar a los obreros a unirse a su marcha y la huelga. Los alumnos proponían no volver a sus actividades hasta que hubiera triunfado el “lado de la razón y la justicia”. Los obreros no se les unieron pero dialogaron con ellos. Los estudiantes decidieron seguir marchando por las calles del centro hasta llegar al Palacio de Gobierno y siguieron gritando sus consignas, aún enfrente del Ayuntamiento de Monterrey. Luego, como a las cuatro de la tarde, siguieron hasta la Universidad (Colegio Civil), donde, con el conjunto de estudiantes manifestantes, empezó a sesionar el Consejo Estudiantil. Ahí se presentaron, como invitados, Pedro Benítez y Pedro de Alba, para argumentar en contra de la huelga en apoyo a Cárdenas. Pedro de Alba sostuvo que los universitarios no debían mezclarse en política, pues la Universidad debe estar por encima de la política.⁷⁰⁶

Por su parte Pedro Benítez utilizó argumentos, como la poca edad de los alumnos, la necesidad de que lo mejor es trabajar y esforzarse, y que no debían desarrollar la política en el salón de clases. Los alumnos manifestantes, como ya era tarde, se fueron retirando. Se les convenció de que el Consejo Universitario resolvería el asunto. Ese mismo día, más tarde, sesionó el Consejo Universitario y se decidió por hacer un “voto de censura” a ambos bandos en disputa. Y ahí terminó la movilización estudiantil. El mismo gobernador Cárdenas, aprovechando el movimiento estudiantil inusitado para la ciudad, publicó “Un atento llamado a los ciudadanos de Nuevo León”, en el diario del día 21, para reforzar más su posición.⁷⁰⁷ De esta forma, se puede afirmar que la esfera pública local, no solamente se formó con los discursos de los políticos en pugna, sino que también participaron los estudiantes con su intento de huelga y marcha por las calles de la ciudad. Ello le dio voz, aunque momentánea y de forma conservadora, a las autoridades educativas en el conflicto político. Además mostró lo que en 1934 sería algo muy evidente: la Universidad sería un foco local de movilización social.

El acuerdo misterioso

Ese mismo 20 de octubre, por la tarde, ya se preparaba un mitin político que contrarrestara la presencia universitaria; en las oficinas del PNR local, comenzaron a llegar contingentes de campesinos de los municipios del sur del Estado, traídos en trocas y camionetas. Ante ellos, Calles Jr., ya por la noche, daba un discurso “informativo sobre la situación política”, como él la llamó.⁷⁰⁸ Ese mismo día, el Congreso Local anunciaba⁷⁰⁹ que suspendería su actividad hasta que resolviera la crisis política el arbitraje del Senador Riva Palacio. En un Boletín del Social Democrático, anunciaba todos los telegramas, oficios y nombres de funcionarios municipales que había recibido hasta ese día, como respaldo al Partido; había misivas de los municipios: Aldamas, Higueras, Santa Catarina, Garza García, Lampazos, los Herrera, Camarón, Cerralvo, Terán, Allende, Dr. González, Montemorelos, Marín, Hualahuises, Dr. Arroyo y 60 Comités Agrarios, Linares, Congregación Melchor Ocampo, Parás, Agualeguas, Cadereyta, Gral. Treviño, Sabinas Hidalgo, Villaldama, Pesquería Chica, los Ramones y Vallecillo. De estos municipios fieles, se confirmaba, además las renuncias de los Recaudadores de Rentas y de los Agentes del Ministerio Público; todo ello en solidaridad con el Partido. También se adhería la Liga de Comunidades Agrarias del Estado.

Se avisaba en la ciudad que el ejército era ahora el encargado de la seguridad en Monterrey, pues la policía había renunciado masivamente a favor del Partido. El general José Seiurob, encargado momentáneo de la Zona militar, anunciaba que solamente se podrían manifestar aquellos que el Gobierno Municipal autorizara.⁷¹⁰ El 21 de octubre por la noche llegó el Senador Riva Palacio, acompañado de su Secretario Particular, el joven Adolfo López Mateos. Riva Palacio inmediatamente se entrevistó en privado y por separado con el Gobernador Cárdenas, con Calles Jr. y con los diputados locales.⁷¹¹ También llegaron a la ciudad y directamente a las oficinas del Partido, los Diputados Federales por Nuevo León, Generoso Chapa Garza, Julián Garza Tijerina y Jesús C. Treviño. Ello levantó expectativas en el Social Democrático y se hizo un mitin con los campesinos que aún esperaban apostados afuera de las oficinas del Social Democrático. Ahí estaban además, los diputados federales y los locales, así como algunos renunciantes y otros simpatizantes. Comenzaron los discursos, y el diputado Julián Garza Tijerina comparó la deslealtad de Victoriano Huerta de 1913, con la de Francisco Cárdenas en 1933.⁷¹² Otro Diputado que habló fuerte, fue Heriberto Montemayor,⁷¹³ perteneciente a la Legislatura Local, dijo estar convencido de que al gobernador Francisco Cárdenas le quedaban solamente algunos minutos de permanencia en el poder.

El domingo 22 de octubre sesionaron en privado, en el Hotel Ancira, donde se hospedaba Riva Palacio, tanto el gobernador Cárdenas, como el alcalde, Calles Jr. La reunión duró cerca de cuatro horas. No se ventilaron públicamente los acuerdos, pero circuló el rumor de que el gobernador Cárdenas negoció su renuncia para un par de meses más adelante. Lo que se anunció públicamente fue algo raro, hasta para la época; pues se decidió, por acuerdo de ambas partes, dar por terminado el conflicto y que todo volviera a ser como antes de la renuncia de Pablo Quiroga. De hecho se les restituyó su empleo a aquellos que habían renunciado como apoyo al Partido, incluyendo el propio Quiroga. Riva Palacio había inclinado la balanza a favor del Partido, de Calles Jr; el gobernador Cárdenas sólo se limitó a agradecer a aquellos que lo habían apoyado, no sin antes lanzar una última advertencia, pero ya sin posibilidades de cumplirla.⁷¹⁴ En consecuencia Calles Jr. también emitiría una declaración, que buscaba, entre otras cosas, dejar en claro que la crisis había pasado, y que era momento de volver a la unidad partidaria. No se aclaraba cómo se había resuelto, ni qué sí y qué no se había negociado, solamente se anunciaba el acuerdo.⁷¹⁵ Interesante apuntar que si bien la disputa se hizo pública y hubo el involucramiento de distintos actores, como diputados locales y federales, estudiantes y hasta campesinos traídos del sur de Nuevo León, al momento del acuerdo, no solamente se hizo en privado y no se dio a conocer realmente en qué consistió el convenio, sino que los únicos que participaron fueron el gobernador y el alcalde. Lo público se hizo privado, lo político se diluyó en el monolito de la aparente “unidad partidaria”.

La crítica

Desde luego que hubo algunas reacciones en la prensa, ante la tomada de pelo que resultó “el acuerdo”. Fueron críticas veladas, pero públicas entorno a la disputa política. La primera de ellas fue la del “abate sieyés” seudónimo de Eduardo Martínez Celis, columnista de El Porvenir, en la sección Un tópico cualquiera, quien en un texto titulado “Un hecho”, criticaba que hubiera renunciado la Policía de la ciudad en solidaridad con el Partido Social Democrático, pues ello implicaba dejar sin vigilancia la ciudad. El editorialista concordaba con la renuncia de funcionarios estatales, pero no con la del cuerpo policiaco. Una de las preocupaciones de esa columna periodística, como más adelante lo veremos, es la de la seguridad; esta seguridad es propuesta como un elemento propio de la Revolución, como una virtud modernizadora conquistada para Monterrey. La crítica se dirige a que la Policía, la seguridad, es esencial para el funcionamiento de la ciudad, haya o no cambios Revolucionarios.⁷¹⁶ La crítica velada⁷¹⁷ está en que el poder local, en este caso Calles, en su ambición por ganar la disputa contra el gobernador, a decir del crítico, no midió sus fuerzas y arrastró a la Policía al conflicto, siendo que el cuerpo policiaco no debería ser tocado. También llama “vaivenes”, a la lucha política entre los dos poderes locales, lo que significaba en parte una crítica que se transforma, en “tanto para nada”, es decir que se generó una situación de excepción, similar a la de la Revolución, pero que no trajo ningún cambio aparente; al menos en el decir del columnista. En cambio sí hubo incertidumbre e inseguridad.

Esta crítica, va en consonancia con otra, la del columnista Carlos Polo, que compara la crisis política con juegos de niños, que se tornan peligrosos; el texto se titula “La Pandilla”.⁷¹⁸ El columnista, en su sección A la vera del camino, generalmente hacía comentarios breves sobre las noticias nacionales, pero esta vez dedicó sus cortas líneas a burlarse de los políticos locales, llamándolos “niños”, “pandilla” y “peligrosos”. Los invitaba a no jugar “en las vías públicas”, es decir a no jugar con el público. Como ya vimos la esfera pública local se vio inflamada por el enfrentamiento político, que finalmente se tradujo, al menos por un par de meses, en ningún cambio político en la entidad. Es una crítica un poco más certera, pues habla de una “pandilla”, uno de los sinónimos del grupo callista local, que el mismo gobernador Cárdenas llamara “un reducido grupo al interior del Partido”. Al igual que en la crítica de “abate sieyés”, la Policía se convierte en un elemento que llama a la seguridad; pero al mismo tiempo una prioridad moral por restablecer las cosas como estaban, en orden, es decir, por conservar el statu quo. El conservadurismo local veía con malos ojos las disputas públicas.

El lento desenlace

Las disputas parecieron desaparecer por un par de meses, pero revivieron en diciembre de 1933, cuando tuvieron un desenlace diferente. Para el 20 de diciembre, aparecieron en diarios de Texas y de Cd. de México, como rumor político,⁷¹⁹ de que el Gobernador Cárdenas tenía en el puesto los días contados y estaba por presentar su renuncia. El 21 de diciembre se reunieron en el Palacio de Gobierno, el gobernador Francisco Cárdenas y el Alcalde Plutarco Elías Calles; según parecía Calles acaba de llegar de la Convención del PNR en Querétaro y de entrevistarse con su papá, el Jefe Máximo. La reunión duró cerca de dos horas, y al parecer se pactó la renuncia del gobernador de Nuevo León, Francisco Cárdenas, para el 27 de diciembre. Dejando de Interino a Pablo Quiroga. Cárdenas, durante el 21 de diciembre, negaba el acuerdo; comentó a la prensa que habían tratado asuntos administrativos.⁷²⁰ Al igual que en octubre, no se mencionó sobre lo que habían hablado o pactado. Los medios solamente consignaban que estaban aseando el salón de sesiones del Congreso Local, por si fuera necesario utilizarlo (como cuando se toma protesta a un nuevo gobernador). En respuesta más explícita a la defenestración del gobernador, hubo una agrupación política, el Partido Popular Antireeleccionista,⁷²¹ que intentó impedirlo, mediante el movimiento “Acción Popular”, que organizó una marcha para el día 23 de diciembre. El mismo día 21, por la tarde, comenzaron a repartir volantes convocando a una marcha para apoyar al gobernador Cárdenas, la marcha recorrería las calles principales de la ciudad y terminaría al frente de las oficinas del gobernador.⁷²²

Todavía el día 23 de diciembre de 1933 había la incertidumbre de hasta cuándo renunciaría el gobernador Cárdenas; mientras, se veía con escepticismo la participación de gente en la marcha, sobre todo por las fiestas decembrinas. En una nota⁷²³ titulada “La verdadera situación”, se intentaba dar a conocer lo que estaba sucediendo. Ante la inminencia de la marcha anunciada, los políticos locales se limitaban a enviarse amenazas veladas al respecto.

Nuevamente se soslaya el hablar de la disputa entre Calles y el gobernador; se habla de tranquilidad y orden, como garantías que el propio gobierno debe aportar a la sociedad. Se le dice al pueblo que debe ser discreto y honesto. En realidad lo que se buscaba era desanimar a la gente a asistir a la marcha del día siguiente. A pesar de ello, hubo⁷²⁴ una pequeña movilización estudiantil por el centro de la ciudad, la mayoría de estudiantes de bachillerato y algunos universitarios, que en seis camiones andaban invitando a la gente a la manifestación del día siguiente, dando pequeños discursos en defensa de Cárdenas.

El día 23 de diciembre se llevó a cabo la marcha. Se suponía que debía ser una marcha silenciosa; el único que hablaría al final del trayecto sería el propio Cárdenas, quien por cierto se encontraba en el Palacio de Gobierno esperando la marcha. Los manifestantes llevaban pancartas alusivas al apoyo a Cárdenas; pero había otras que contenían algunas injurias. Al pasar enfrente del Ayuntamiento, algunos manifestantes gritaban “Viva Manrique”, en claro insulto a Calles; también lanzaban vivas a favor de Antonio I. Villarreal. Los manifestantes iban a pie, en automóvil y en algunos camiones. Se detuvieron frente al Palacio de Gobierno y pidieron que saliera Cárdenas para que les dirigiera algunas palabras. El secretario general del Comité de Acción Popular, Manuel Cruz Peña, dijo ante los manifestantes.⁷²⁵ Al parecer el Gobernador Cárdenas, quien estaba enfermo o le apenaba ver tan poca gente, no quería hablar en público.

Cruz Peña pidió a los manifestantes que se desbandaran, diciendo que la manifestación había terminado, pero la gente empezó a pedir a gritos que querían escuchar al Gobernador. Finalmente, como se esperaba, Cárdenas⁷²⁶ dijo un breve discurso. En las mismas palabras del gobernador podemos ya leer su derrota, al decir que es la “última” manifestación a su favor, se puede dar por sentado que abandonaría el puesto. Y no queda duda que el motivo de su renuncia sería el conflicto directo con Calles y el Partido Social Democrático de Nuevo León, brazo local del PNR. El mismo Comité de “Acción Popular” publicaba este manifiesto.⁷²⁷ Ese mismo día 23, por la tarde, el Partido Nacional Revolucionario daba a conocer un manifiesto,⁷²⁸ firmado por el propio Calles Jr., donde opinaba sobre la marcha, sobre quienes la organizaban y las implicaciones políticas que podría tener. Al día siguiente, el 24 de diciembre, el Gobernador Cárdenas asistió al reparto de juguetes, dulces y ropa para las familias de los policías; evento que se desarrollaba en los patios de la penitenciaria estatal. Al mismo tiempo en las oficinas del Partido Social Democrático de Nuevo León, Calles Jr., repartía juguetes y dulces a niños de escasos recursos. La simetría de actividades servía públicamente para levantar la expectativa, para medir sobre el hombro al rival; para saber qué hacía el otro, como si fuera una competencia. El 25 de diciembre, el Comité de Acción Popular decidió responder⁷²⁹ al manifiesto de Calles Jr., la acusación de ser oposición, de ser políticos, es asumida como un insulto; pues de lo que se trataba era de mostrar la fidelidad al personaje del gobernador.

La política partidista no debía mezclarse, pues solamente existía un partido poderoso, el PNR. Estar al margen del Partido era estar al margen de la política. Acción Popular prefería definirse como movimiento obrero, aunque no dio pruebas de ello. Se declaran sin más ideología, que la de respaldar al gobernador; pero también dejan entrever sus ideales modernizadores bajo la noción de progreso; otro sitio ideológico es la noción de justicia, cercano a la pretensión de posesión de la verdad, pero no es lo suficientemente explícito como para analizarlo. Lo cierto es que en 1933 ya no volverían a aparecer en la esfera pública, pues su causa, evitar la salida de Cárdenas de la gubernatura, era una causa perdida; no se contaba con el respaldo del PNR.

Al parecer el propio gobernador Cárdenas esperaba todavía que lo volviera a salvar la presencia del Senador Riva Palacio, Presidente Nacional del PNR. Para ello había estado en comunicación con el general apostado en Saltillo, Irineo Contreras,⁷³⁰ quien era cercano a Riva Palacio. El 25 de diciembre le trajo la resolución de Riva Palacio de no apoyarlo. El mismo Irineo Contreras se presentó en las oficinas del Partido, ante Calles Jr., para darle la misma noticia. La defenestración del gobernador Cárdenas era inminente. El 26 de diciembre, por la tarde-noche, comenzaron a llegar grandes contingentes de campesinos y militantes del PNR, provenientes de los municipios del norte y sur del estado: Mina, Linares, Galeana, Hidalgo y Villaldama. El Partido estaba haciendo una gran convocatoria de reunión a todos los militantes para que estuvieran el día 27 de diciembre en las oficinas del Partido para una manifestación. Los militantes venían en tren, o en trocas y automóviles.

El 27 de diciembre a la doce del mediodía, Francisco Cárdenas presentó al presidente del Congreso Local, Luis Bueno, su renuncia como gobernador de Nuevo León. Entre los argumentos que mostró en la misiva mencionaba “motivos de salud”.⁷³¹ En realidad los motivos de manera más extensa se mostraban en su carta al público, aparecida en el diario del día siguiente.⁷³² De ello se desprende que sin duda el conflicto de octubre y finalmente la presión de diciembre vinieron a derrotar al gobernador. Sin embargo, la insistencia en la pertenencia al partido oficial, la fidelidad y respeto que parece tenerle, son propias de las coordenadas políticas mexicanas de entonces. Es la llamada disciplina partidaria. El gobernador Cárdenas, además, hace un panegírico de lo que debería ser la vida pública partidaria; en su carta final, esboza públicamente lo que moralmente puede considerarse como un buen político para su época. Pero también vuelve sobre el tópico local por excelencia, Nuevo León, cuna de trabajo y progreso, es decir el ideal de modernización neolonesa.⁷³³

Mientras tanto, el Congreso Local se apresuraba a nombrar a Pablo Quiroga como gobernador interino hasta 1935. Entre los argumentos y razonamientos que se utilizaron para aceptar la renuncia, además de los preceptos legales, estaban los motivos personales, como la edad, el agobio y los padecimientos físicos.⁷³⁴ Una vez tomada la resolución de aceptar la renuncia de Cárdenas; el Congreso dispone necesario informarle a Plutarco Elías Calles Jr. Una llamada telefónica informa a Calles. Para entonces ya había una gran concentración de campesinos en las inmediaciones de las oficinas del Partido. Calles le pidió a Marcelino Hinojosa que informara a la gente sobre la renuncia del gobernador y el ascenso de Quiroga.⁷³⁵ Se organizó la toma de protesta de Pablo Quiroga para las cuatro de la tarde. Los diputados federales y los locales habían traído a la capital un promedio de seiscientas personas cada uno. Por lo que la manifestación sería bastante nutrida. Del Partido saldría una marcha de apoyo que iría del Partido hasta el salón del Congreso. Por las calles del centro de Monterrey, los manifestantes gritaban “Viva Pablo Quiroga”, “Viva Plutarco Elías Calles Jr” y “Vivan los hombres nuevos de la Revolución”.

Una vez tomada la protesta entre la muchedumbre que respaldaba a Quiroga, este habló de su juventud política al ocupar el puesto (tenía 58 años de vida y cerca de tres en política); también sostuvo que gobernaría apegado a los lineamientos del PNR. Y después se deslindó, en parte, del gobierno anterior.⁷³⁶ Los defectos de la administración de Cárdenas en la gubernatura de Nuevo León fueron bajo esta visión: el alejamiento de los principios partidistas; la no elección de colaboradores dentro de los miembros del partido, que no era necesario una posición de riqueza para saber gobernar. Quiroga sostiene que eran buenos la participación política, los sentimientos democráticos y la fe en las luchas cívicas, pero no lo era, la subversión reaccionaria. De esto se desprende que, una vez más, sólo es bien vista la actividad del partido oficial, lo demás se consideraría reaccionario y reprobable. Los eventos de 1934, como la lucha por la Universidad Socialista, confirmarían esta visión.

Conclusiones

La cultura política de la época, que pretendemos, se deja observar en la esfera pública de la hemerografía local, nos ha permitido reconstruir un momento de la política neolonesa en el Maximato. Sin duda nos hacen falta más elementos para analizar profundamente el impacto del Maximato en Nuevo León; si al menos, de algo sirve lo que hemos intentado describir en estas páginas, es para mostrar, más que demostrar, cuál era esa cultura política operante en el período. Ello no quiere decir que se pueda generalizar a otras instancias o espacios más complejos de la política mexicana posrevolucionaria. Antes bien, creemos que se deja la puerta abierta para construir una historia política de la esfera pública mexicana que utilizara, como combustible nuevo, la hemerografía nacional y su análisis discursivo. Pero también hay que andar a oscuras debajo de los muebles de la historia, para volver a la crónica política, asunto literario, sueño del dulce vendedor de best sellers académicos. No es fácil ser nadie, invisibles, y hasta para ello hay que encontrar nuestro espacio de enunciación de una historia propia o distinta.

Por otro lado, el de la historia de la cultura política del período, las discusiones políticas que se ventilan en la esfera pública de 1933 son, al parecer, diferencias partidarias. El PNR, partido modernizador y moderno, que intentaba aglutinar distintas fuerzas políticas a nivel nacional, localmente se fue consolidando hasta 1933. Vemos el poderío que entonces tenía el Jefe Máximo, en la personalidad de su hijo, Calles Jr., quien desde la presidencia estatal partidaria del PNR pudo defenestrar al gobernador Cárdenas. En el interior de las discusiones se hablaba de “lealtad partidaria” como valor y norma irrompible en la política de la época; al romperse esta norma-valor se inician las discusiones, amenazas y descalificaciones. Institucionalmente, el PNR resolverá las diferencias con la aparición de Riva Palacio, quien como árbitro conciliará los intereses en pugna; finalmente en el momento decisivo, al retirar el apoyo a Fco. Cárdenas, inclinará la balanza a favor de Calles Jr; imponiendo con ello una de las características políticas de la época, la del poder incuestionable del Jefe Máximo. En vez de cuestionar al partido y su funcionamiento, todos los actores políticos coinciden en sus alabanzas, apologías y juramentos de lealtad partidarias; la política de la época perfilaba la lealtad partidaria, como uno de las normas y valores por seguir en la política local y nacional. La institucionalización de la política mexicana se fortalecía, así como su modernización política se iba construyendo.

Bibliografía

Luhmann, Niklas, La política como sistema, México, Universidad Iberoamericana, 2009.

Merino, Mauricio, Coord., ¿Qué tan público es el espacio público en México?, México, FCE-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2008.

Palacios, Guillermo, Coord., Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, siglo XIX, México, El Colegio de México, 2007.

Rabotnikof, Nora, En busca de un lugar común: el espacio público en la teoría política contemporánea, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

Hemerografía

El porvenir. Monterrey, N.L., El periódico de la frontera, Periódicos de Octubre a Septiembre de 1933.

20. Sociología y cultura política en los años cincuenta. Los Congresos Nacionales de Sociología como representaciones de una disciplina inexistente

Margarita Olvera Serrano

Nota introductoria

Ha sido señalado por diversos estudiosos que la sociología mexicana germinó en el seno de una sociedad cuyas estructuras habían sido remodeladas por el triunfo de la revolución de 1910, en un país que comenzaba su incursión abierta en los procesos de modernización económica que, años más tarde, se profundizaron en el horizonte de la posguerra. En un arco temporal que abarcó aproximadamente veinte años, tuvo lugar el desprendimiento de la sociología y de las ciencias sociales en general de la matriz del derecho, en buena medida, gracias a las condiciones y demandas sociales, producto de la necesidad de reconstruir el país y de consolidar el nuevo régimen alrededor de un proyecto nacion.

Como la sociología europea del siglo diecinueve, la mexicana del veinte registró intelectual y también emocionalmente los sacudimientos del tránsito de una sociedad tradicional a una moderna con todo lo que este proceso implica: estado nacional, mercado capitalista, centralidad de la ciencia y la tecnología, secularización de las costumbres, individualización y agudización de las desigualdades sociales. La primera sociología mexicana y sus autores se ubican en este escenario con el ánimo entusiasta o desilusionado de quien tiene una revolución social a sus espaldas y que observan además esperanzada o nerviosamente el jaque del socialismo a los Estados Unidos, el polémico referente del nacionalismo mexicano.⁷³⁷

Este horizonte definió los derroteros de la institucionalización universitaria de la sociología y de las ciencias sociales en México, sus estrechos lazos con el poder político, su entrecruzamiento con la cultura política clientelar y corporativa, propia de los regímenes posrevolucionarios y, en general, con las estructuras y procesos de modernización económica impulsados por ellos a lo largo de las décadas siguientes. La dependencia de la sociología del poder público condicionó su tendencia a la formulación de un discurso normativo, más que propiamente disciplinar. La pretensión de sus líderes institucionales, generalmente abogados, fue orientar los procesos de transformación social, influir en la toma de decisiones políticas, ganar espacios para esta ciencia y, qué duda cabe, también obtener reconocimiento, pertenencia, prestigio, poder e influencia. Se trataba de convertir un saber racional sobre la sociedad en proveedor de criterios para la toma de decisiones políticas. La sociología se definió, sobre todo desde los años treinta, como una ciencia comprometida con la revolución, con la nación, con el progreso de la patria. En realidad, los saberes que produjo en estos años lejos estaban de ser eficientes en términos instrumentales para la política, pero indudablemente tuvieron la capacidad de proveer de legitimación simbólica a una buena parte de sus proyectos ante los ojos de la sociedad y sus principales actores colectivos. Así, tales proyectos pudieron ser presentados como elaboraciones derivadas de un saber experto que definía claramente como deficitario el saber del sentido común como orientador de la política y, en contraparte, se asumía como el insumo cognitivo más adecuado para acercar al país al futuro del desarrollo y del bienestar social.

Esta dimensión del desarrollo de la sociología en México, sin la cual por otra parte no hubiese sido posible su institucionalización, adquirió visibilidad en múltiples ocasiones entre los años treinta y cincuenta. Pero una de ellas, tal vez la más relevante en términos de la representación simbólica de una ciencia con independencia institucional, pero sin un discurso consistente⁷³⁸ y altamente dependiente de la política, fue la organización de dieciséis congresos de sociología entre 1950 y 1965, efectuados en una coyuntura internacional particularmente favorable para su expansión. El propósito de este trabajo es examinar el significado de estas representaciones de la incipiente comunidad practicante de la sociología en México en esos años, en relación con las demandas extradisciplinarias provenientes del poder público y con las coordenadas de la cultura política⁷³⁹ dominante en esos años, definida en buena medida por la transferencia del decreciente ánimo revolucionario al terreno políticamente menos comprometido de la educación y de la cultura.⁷⁴⁰ En este escenario, se privilegió más el discurso que la acción.⁷⁴¹

La lógica del funcionamiento de la política de los regímenes de la modernización se caracterizó por una estructura vertical y corporativa, formalmente regulada por ordenamientos de corte universalista, pero que en realidad se aplicaban en términos particularistas, es decir, en función del contexto de las relaciones específicas que existían entre los actores políticos, tanto en la política pública en sentido estricto, como en anchas franjas de la vida universitaria, tal y como puede verse en el tipo de liderazgo que tuvo la sociología en esos años: densos, largos, corporativos y unipersonales. Las entidades colectivas como el partido dominante, la nación, la patria, el estado, la clase, la familia, etc. predominaban sobre el actor individual, demandando de él lealtad y adhesión subjetiva a cambio de identidad, pertenencia y, eventualmente, de vías de ascenso social. Puede decirse, en este sentido, que existió complementariedad entre lo que la política demandaba a la sociología y las aspiraciones sociales, políticas e identitarias de sus practicantes. Los congresos nacionales de sociología pueden verse así, como las manifestaciones ritualistas de una cultura política atravesada por las demandas, tensiones y sobrecarga de expectativas de los años del desarrollismo en nuestro país.

I. La Universidad Nacional era en los años cincuenta la única institución que contaba con un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales: el Instituto de Investigaciones Sociales, fundado en 1930, con la finalidad de contribuir a la producción de un saber capaz de orientar la acción y de fundamentar los proyectos políticos derivados del triunfo de la revolución de 1910. Para las comunidades en formación que se encargarían del cultivo de las ciencias sociales en los años treinta, el estudio empírico de la realidad nacional era un insumo indispensable para contar con un saber racional capaz de orientar las políticas de reconstrucción nacional. Esta expectativa cobijó la emergencia de estas disciplinas como ciencias y como profesiones institucionalizadas, particularmente de la economía y de la sociología, aunque debe señalarse que el papel del saber sociológico de la época cumplió más un papel simbólico que técnico, dada su fragilidad interna y su enorme dependencia del derecho y de la etnografía, lo cual no fue obstáculo para recibir un decidido apoyo gubernamental desde esos años.

En muchos sentidos puede afirmarse que la instauración de las ciencias sociales como disciplinas autónomas institucionalizadas, a partir de esa década, fue un proyecto de estado dirigido a encontrar instrumentos cognitivos para acercarse al cumplimiento del programa social de la Constitución de 1917. Esto significa que, a diferencia de las ciencias sociales en Europa y en Estados Unidos, que aceptaban globalmente las sociedades que constituyeron como objeto de investigación, en nuestro país se insistió reiteradamente en que estas disciplinas tenían un propósito normativo consistente en transformar la sociedad. Se esperaba que las relaciones entre la Universidad como la principal institución de conocimiento y el régimen posrevolucionario habrían de ser complementarias. Al poder público le interesaba ésta como fuente de identidad cultural y nacional, así como espacio simbólico potencialmente productivo para la política. En 1947, Luis Chico Goerne, ex rector de la Universidad, ex director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, profesor de sociología de la misma, ministro de la Suprema Corte de Justicia, uno de los directores rotativos que tuvo el Instituto de Investigaciones Sociales en sus primeros años y, por ello, arquetipo del universitario-intelectual-político que había encontrado prestigio, poder e influencia en su posición de miembro de una élite educada en un país de analfabetas, hablaba del nuevo rol que debía jugar la Universidad en términos que no dejaban dudas acerca de la índole de la relación conocimiento/poder bajo la cual se cobijaron las incipientes ciencias sociales mexicanas hacia finales de la década de los cuarenta, un par de años antes del Primer Congreso Nacional de Sociología:

No más la docencia fría y egoísta del pasado, que sólo quiso formar con el estudiante al sabio sin misión social; porque la nueva docencia habrá de vibrar con el anhelo supremo y redentor, de conmover el espíritu del joven que estudia y del maestro que enseña, con la inquietud de los grandes problemas nacionales, y la de verter la savia moza por todas las venas de la patria. No más la vieja investigación científica idólatra de la ciencia pura sin palpitación nacional, ni humana siquiera, y sin otro destino que el de enriquecer en abstracto el patrimonio de la sabiduría del mundo; la nueva investigación científica habrá de añadir a su misión tradicional otra misión todavía más alta: el descubrimiento integral del México que hoy ignoramos y de las fuerzas que han de salvarle, redimirle, dignificarle mañana.⁷⁴²

En el escenario metanacional delineado por la posguerra y sus principales efectos, por el fortalecimiento de la hegemonía económica, cultural y política de Estados Unidos, por el surgimiento de organismos internacionales abocados a la reorganización económica mundial, por las políticas modernizadoras del régimen del presidente Miguel Alemán en México, así como por el crecimiento económico latinoamericano, se promovió la idea de una universidad humanista y comprometida, cercana a los requerimientos prácticos de la vida nacional, capaz de orientar la acción para llegar a la armonía social. El saber científico, en ese contexto, se postuló como un patrón de orientación temporal y espacial: el futuro de la patria dependería en buena medida de él y, en consecuencia, a los universitarios estaba reservada una misión⁷⁴³ de corte colectivo que atravesaba (discursivamente hablando) las identificaciones parciales para disolverlas en una imaginaria e imaginada entidad nacional que las integraría, precisamente a través de procesos de modernización económica, acompañados de las políticas culturales y educativas complementarias que habían comenzado a germinar desde los años veinte.⁷⁴⁴

En otros pasajes del texto citado, Chico Goerne reinterpreta, incluso, la historia universitaria de la primera mitad del siglo ubicando su propio presente (1947) como un momento de renacimiento en el que se esperaba de la institución un compromiso con las entidades colectivas articuladas discursivamente alrededor de los conceptos nación, patria, revolución. Su uso es un indicador de los íntimos nexos de los impulsores de las ciencias sociales con el régimen político y del modo como articularon, simultáneamente, un discurso en el que es posible rastrear las coordenadas principales del tipo de cultura política que fue una de sus condiciones de posibilidad. Tales nexos quedan expuestos aquí sin reparo alguno:

...faltaba el conductor que juntara, con una personalidad de perfiles universales, la valentía sin sombra del miedo, y aun la audacia que da la fuerza incontenible del ideal revolucionario, que se atreviera a enfrentarse con el ambiente tradicional de la pedagogía individualista, estratificada por el egoísmo sin visión social, que señoreó omnipotente la Universidad anónima del pasado. Pero el Capitán llegó por fin: Ayer, cuando la rebeldía del espíritu en el seno de la ilustración superior era nada más gestación y esperanza, él era un muchacho humilde aprisionado por todas las inquietudes, por todos los ideales, por todos los sueños redentores de su pueblo y de su tiempo (...). Hoy es el Presidente de México; y lo es cuando la voz de México se escucha en el mundo entero, y cuando esa voz en sus labios ha lanzado desde la tribuna Universitaria de Columbia⁷⁴⁵ una idea que habrá de llegar a todos los rincones del alto pensamiento del universo, una idea que es una ruta de salvación: “Si la ciencia no puede ser más que la ciencia, ella cavará un abismo entre la Universidad y la vida pública”.⁷⁴⁶

Vemos aquí la función política que los gobiernos de los años de la modernización económica de mediados del siglo XIX atribuyeron al conocimiento científico. En concordancia con ello, tuvo lugar una expansión significativa de las instituciones de educación superior en México, pero sin que se modificara el estatus de la Universidad Nacional en la vida cultural, política y social de país. Prueba de ello fue la construcción de la Ciudad Universitaria que sustituyó la dispersión de sus espacios en el centro de la ciudad de México lo cual, por otra parte, es prueba del maridaje de la época entre cultura universitaria y política.

II. Los Congresos Nacionales de Sociología forman parte de la historia efectual de la institucionalización de las ciencias sociales a nivel local, así como de los acontecimientos internacionales del horizonte de la posguerra. Fueron parte de un entramado en el que se condicionaron mutuamente elementos internos con elementos de orden externo, esquemáticamente dicho. En el primer sentido, es necesario referir que ya desde 1942 el director del IIS, Lucio Mendieta, había publicado un trabajo en el que sostuvo que la ciencia sólo tenía valor en la medida en que era inmediatamente útil, por lo cual la investigación empírica de los problemas sociales de “la América Latina” debía ser el propósito fundamental de las ciencias sociales de la región. Sin embargo, en ese tiempo, tales ciencias eran sólo un proyecto, a diferencia del sólido desarrollo que tenían en Europa y Estados Unidos desde el siglo XIX. Asumiendo esta limitante, Mendieta propuso en ese pequeño ensayo que la principal tarea debía ser crear un clima propicio para el cultivo de estas ciencias en la región y, para ello, pensó una serie de medidas prácticas entre las cuales ocupaba un lugar de primer orden la hipotética organización de congresos periódicos de sociología “para discutir puntos vitales de organización y estudio”, tanto a nivel nacional como latinoamericano,⁷⁴⁷ así como el establecimiento de relaciones rutinarias entre las diversas asociaciones de sociología que existían a nivel internacional. Esta propuesta no pasó a mayores y quedó perdida entre la multitud de materiales que este autor y muchos otros publicaron en la década de los años cuarenta en la Revista Mexicana de Sociología.

Fue hasta 1950 que este viejo proyecto fue desempolvado en una coyuntura particularmente propicia para la expansión de la sociología y las ciencias sociales no sólo en México, sino en América Latina como región. Tal coyuntura fue la política emprendida por la UNESCO dirigida a desarrollar escuelas y centros de investigación en ciencias sociales en aquellos países en los que no existían, con la finalidad de producir conocimientos empíricos capaces de dar forma instrumental a las políticas de modernización que se fortalecieron en la región. Se buscaba así desarrollarla y, con ello, “recortar” la distancia entre los países avanzados y los atrasados en el contexto de la guerra fría; puede decirse, en este sentido, que la promoción de las ciencias sociales aquí tuvo como propósito central reducir la asimetría conceptual y práctica implicada entre los países que experimentaban ya en su propio presente, lo que para nosotros era la expectativa de futuro del desarrollo. En otras palabras, los Congresos Nacionales de Sociología tuvieron su condición de posibilidad en un horizonte político –interno y externo– que se caracterizó por la convicción de que una de las claves para la solución de los problemas de un mundo recién salido de una guerra mundial e inmerso en la polarización propia del conflicto entre el bloque occidental y el oriental, era el desarrollo propositivo de las ciencias sociales⁷⁴⁸ como fundamento técnico y legitimación, simultáneamente, de las políticas de desarrollo locales. El discurso que cobijó y legitimó estos propósitos se centró en postular a la sociología –y las ciencias sociales en general– como disciplinas encaminadas al mejoramiento de las relaciones colectivas, a la consecución de la armonía social, a la solución de los problemas de la convivencia nacional y universal. El mutuo conocimiento de las realidades nacionales debía conducir, en un futuro cercano, a la conquista de la paz mundial.⁷⁴⁹ Las ciencias sociales fueron concebidas por la UNESCO como formas de conocimiento regidas por los principios de neutralidad, universalismo y búsqueda de legitimidad científica por encima de la búsqueda de prestigio, influencia, recursos o poder. La confianza en que una planeación orientada por ellas podría conducir a una transformación de las estructuras económicas y políticas locales en un sentido que favoreciera la libertad, la prosperidad y el aumento de los niveles de bienestar fue el núcleo duro del discurso que justificó su promoción y expansión institucional en prácticamente todo el mundo occidental. Un medio indispensable para lograr esto era que universidades, organizaciones gubernamentales, empresas y diversos actores colectivos reconocieran las ventajas que podría ofrecer su desarrollo y establecer espacios regulares para su cultivo. En términos geopolíticos, esto implicaba que los países atrasados se acercaran a los adelantados que contaban ya con un patrimonio de conocimiento acumulado en este campo, así como con comunidades, tradiciones e instituciones estables. Desde luego, se dio por sentado que éstos serían el modelo de referencia para la organización y el desarrollo de la sociología en países como el nuestro.

Así, siguiendo los lineamientos de la Asociación Internacional de Ciencia Política fundada poco antes, en septiembre de 1950, se funda en Zürich la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), formada por profesores y practicantes de la sociología de siete países latinoamericanos que habían asistido a los congresos mundiales de sociología organizados por la Asociación Internacional de Sociología. Al mismo tiempo, se decidió efectuar un Congreso Latinoamericano de Sociología, cuya organización estuvo en manos de Alfredo Poviña, cercano colaborador de Lucio Mendieta en el IIS y en la Revista Mexicana de Sociología. Se trataba de organizar vertical y corporativamente en los países “no desarrollados” una sociología entendida como técnica al servicio de las políticas nacionales de modernización. La ciencia serviría a la política orientando los movimientos que –desde el presente y deslindándose de una experiencia pasada considerada deficitaria– permitirían la construcción del futuro del progreso y el desarrollo.

El Primer Congreso Latinoamericano de Sociología se realizó en Buenos Aires en septiembre de 1951 con el tema “Los problemas fundamentales de la sociología latinoamericana”. Las secciones en las que se dividió fueron:

I. Necesidad y existencia de una sociología latino-americana y de sociologías nacionales. Los problemas comunes y las cuestiones específicas. Las cátedras y las obras de Sociología en América. II. Análisis de las cuestiones sociológicas vinculadas: a) al medio físico y geográfico y a los recursos naturales; b) a la población: los tipos étnicos y la inmigración; la ciudad y la campaña (sic) en las naciones de la América; III. El estudio sociológico de la vida material en los diferentes países. Las instituciones sociales. La familia. IV. La civilización y la cultura nacionales: ciencia, arte, técnica, educación. El espíritu americano.⁷⁵⁰

La estructura interna del congreso muestra la idea que tenían los practicantes de la incipiente sociología regional de lo que podía y debía ser su disciplina, de su ámbito de competencia y de su papel instrumental. El énfasis estuvo puesto en el estudio de los problemas sociales que planteaban los procesos de modernización económica, tal y como puede verse en el interés por temas tan relevantes como los grupos étnicos, la inmigración, la descripción de los recursos naturales y del medio físico, o bien, de cuestiones asociadas a la organización institucional de la familia, la educación o la ciencia. El amplio rango temático implicado aquí, ciertamente, logró convocar a intelectuales, abogados, filósofos, historiadores, economistas, antropólogos, funcionarios y políticos de diverso signo. Pero, al mismo tiempo y a la distancia, mostraba el precario desarrollo disciplinar que tenía la sociología en América Latina, la fragilidad de sus fronteras cognitivas con otras disciplinas, así como los alcances de las tareas que tenía por delante para lograr su real autonomía como disciplina científica, la cual necesariamente habría de pasar por el deslinde de cuestiones tan difusas como “el espíritu americano” o “ciencia, arte, técnica y educación”.

Las conclusiones del congreso representaron la concreción de las indicaciones generales que había hecho la UNESCO en 1950: recomendar a los profesores de sociología de las universidades latinoamericanas que, en los programas de sus cátedras, incluyeran lecciones en las que se estudiara la realidad social de sus respectivos países; que, en la medida de lo posible, se crearan cátedras de sociología latinoamericana que permitieran que la enseñanza de la sociología dejase de estar cobijada bajo las cátedras de lógica o de corte juridicista; que incluyeran la historia de las ideas sociales latinoamericana en sus programas. Asimismo, se acordó en este congreso, promover la investigación de temas como sindicatos, integración de migrantes, educación, formación de investigadores en sociología, así como la enseñanza de métodos de investigación sociológica y la organización de comisiones para reunir bibliografías. Uno de los acuerdos más importantes en este contexto fue la organización de una comisión que tuvo a su cargo, nada menos que la tarea de unificar la terminología utilizada en la sociología. El carácter normativo de las tareas que implicó este proyecto de formación de una sociología latinoamericana dirigida a apuntalar las políticas de desarrollo de la región queda claramente enunciado en el uso de términos como realidad social, sociología latinoamericana, integración (de etnias, de regiones, etc.), así como en la pretensión de que era indispensable que la comunidad intelectual latinoamericana contara con un lenguaje homogéneo como garantía de la objetividad y cientificidad de los saberes que produciría. Desde luego, esto se explica en el contexto científico de la época, dominado epistemológicamente por las corrientes legatarias de la tradición positivista, expresada sociológicamente en la centralidad del estructural-funcionalismo en prácticamente toda la sociología occidental en la década de los años cincuenta.⁷⁵¹

El candidato natural para la organización de la versión mexicana de los congresos de sociología fue Lucio Mendieta y Núñez, director del IIS y asistente a todos los congresos internacionales a los que convocó la UNESCO desde 1949 y de los cuales surgieron la Asociación Internacional de Sociología y la Asociación Latinoamericana de Sociología.⁷⁵² Su temprano contacto con la comunidad internacional de científicos sociales europeos y norteamericanos, y su cercanía con los gobiernos posrevolucionarios desde los años veinte,⁷⁵³ le habían hecho cobrar conciencia, no sólo de la importancia de los aspectos institucionales, organizativos y prácticos en el desarrollo de cualquier disciplina, sino también de la crucial importancia de los vínculos con la política y los políticos para tener acceso a los recursos materiales y simbólicos que esto demandaba. Entendió claramente, en el contexto de la cultura política corporativa, particularista y patrimonialista propia de los gobiernos de la modernización de mediados de siglo en México, que las empresas científicas, para tener viabilidad, tenían que entenderse también como proyectos políticos.

La investigación científica, y especialmente, la de carácter social, es además de costosa, lenta y larga, sus resultados no pueden apreciarse sino a través del tiempo, en virtud de que mientras se lleva a cabo sólo representa una acumulación de datos, de consideraciones y sugestiones cuya trascendencia depende de su resonancia en los medios científicos y del valor práctico que logran en las esferas gubernamentales.⁷⁵⁴

Así, desde el IIS y bajo el liderazgo de Mendieta, se formó una comisión organizadora constituida por Francisco Rojas González y Pablo González Casanova. Las instituciones participantes fueron el Ateneo Nacional de Artes y Ciencias, la Barra Mexicana de Abogados, el Comité Nacional Mexicano de Trabajo Social, la Facultad de Derecho de la UNAM, el IFAL, el IMSS, el Sindicato Nacional de Periodistas y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es claro que estas instituciones, en sentido estricto, tenían prácticas y propósitos alejados de la sociología, sin embargo fueron convocadas precisamente para cumplir con las funciones de representación simbólica señaladas antes, imprescindibles para ir creando un clima público propicio para el ensanchamiento de los espacios institucionales de esta disciplina, así como para su conversión en profesión en 1951, año en el que se funda la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, después de dos años de debates en el Consejo Universitario. Las carreras que incluyó originalmente la nueva escuela fueron las licenciaturas en ciencias sociales, periodismo, diplomacia y ciencia política. El carácter difuso de sus primeros perfiles explica que tuvieran en común dos años de los cuatro que duraban sus respectivos planes de estudios, cuestión que no impidió el establecimiento de lazos estrechos entre sus primeros egresados y la administración pública.

III. El primer Congreso Nacional de Sociología tuvo lugar hacia finales de 1950 en la ciudad de México; su temática central fue Sociología General. Si la primera escuela dirigida a la formación de sociólogos profesionales abrió sus puertas a mediados del año siguiente las preguntas pertinentes aquí son: ¿Quiénes fueron sus asistentes? ¿Qué tipo de discursos elaboraron? ¿Qué significación política tuvieron? ¿Por qué celebrar congresos de sociología en un país en el que no existían sociólogos en el sentido fuerte del término? ¿Qué indicaban estos eventos de la cultura política que los posibilitó y condicionó, al mismo tiempo?⁷⁵⁵ En este contexto es posible argumentar que el sentido de estas prácticas se comprende, sobre todo, en términos de sus funciones de representación simbólica en el ámbito de estructuras políticas orientadas por una cultura corporativa, vertical, particularista y patrimonialista, en tensión con su discurso universalista. Las prácticas asociadas a lo que fueron los congresos en esos años, poco tuvieron que ver con el intercambio de ideas, los debates teóricos o metodológicos, la contrastación de descripciones o ejercicios de investigación empíricos. Tuvieron, sobre todo, funciones de representación simbólica: de un proyecto instrumental de ciencia, de sus practicantes, de sus líderes intelectuales, de un conjunto de instituciones públicas, de los líderes políticos (federales, locales y municipales) que los cobijaron en búsqueda de legitimación discursiva para sus proyectos. Estas funciones no fueron menores, puesto que contribuyeron a la apertura y consolidación de espacios institucionales para las ciencias sociales, no sólo a nivel nacional, sino también regional e internacional. Se trataba de convencer a profesionistas, universitarios, funcionarios, políticos y líderes potenciales de diverso tipo, de la pertinencia práctica que podía tener el saber sociológico en una sociedad en tránsito hacia la modernidad. Una de las cosas sobre las que mayor claridad tuvieron los líderes de la institucionalización de las ciencias sociales en México fue que su desarrollo no dependía sólo de la definición de un campo cognitivo, de teorías, métodos y procedimientos, sino también de lugares sociales, recursos materiales, infraestructura, puestos académicos, así como de una intensa labor de promoción del potencial que tenían como proveedoras de un saber útil para un país que buscaba salir del atraso económico y social. Los líderes aquí fueron actores en el sentido fuerte del término, en tanto que al comprender a nivel de la conciencia práctica el crucial peso de los símbolos y de los significados colectivos imputados al saber científico, influyeron, redefinieron sus situaciones de acción, negociaron y adquirieron un estatus que pusieron al servicio no sólo de sus propias posiciones, sino también de las instituciones que los cobijaron. En esta perspectiva es posible entender con mayor amplitud el alcance simbólico y práctico que tuvieron los congresos, en vez de leerlos anacrónicamente como manifestaciones de una etapa precientífica del desarrollo de la sociología en México sin valor alguno.

A ese primer congreso, efectuado en el Palacio de Bellas Artes, se presentaron 50 ponentes y asistieron poco más de cien personas. Se convocó, no sólo a practicantes de la sociología, sino también a profesionistas que podían tratar “desde el ángulo especializado de su conocimiento” algunos problemas sociales, bajo el argumento de que ello pondría a disposición de cualquier interesado en la sociología acervos de datos potencialmente aprovechables para un hipotético análisis sociológico. Un tipo de análisis que se postuló como tal, pero que nunca se definió con claridad, porque era imposible hacerlo en un momento en el que la sociología mexicana aún no se desprendía plenamente de su matriz juridicista ni de las herencias de la criminología, o de la antropología.

Las intervenciones fueron sobre un amplio abanico temático que incluyó, entre otros asuntos, prostitución, clases sociales, sociología criminal, alcoholismo, indígenas, nutrición, conducta e higiene mental e, incluso, sociología de la música. La misma fragilidad, excesiva apertura y dispersión que veíamos en el desarrollo regional de la sociología mostrado en el Primer Congreso Latinoamericano de Sociología, la identificamos también en estas intervenciones. Cognitiva y disciplinarmente hablando, el congreso no arrojó resultados relevantes, pero sí a nivel práctico–político, el más importante fue la fundación de la Asociación Mexicana de Sociología, como sección de la Asociación Internacional de Sociología de la UNESCO.⁷⁵⁶ La creación de esta organización había sido una de las preocupaciones principales de los organizadores del congreso, dirigidos por Lucio Mendieta en su calidad de responsable del IIS. Una vez formada la asociación se propuso en el congreso adscribirla a la Asociación Internacional de Sociología, bajo el argumento de que era necesario orientar unificadamente los esfuerzos de quienes cultivaban la sociología como disciplina dirigida al propósito práctico de solucionar los problemas de sus respectivas sociedades nacionales.

Luis Chico Goerne, ex rector de la Universidad Nacional, reiteró en el discurso que pronunció en el congreso su idea de que esta institución era el espacio natural para el cultivo de una ciencia útil, puesta al servicio del progreso de la nación, de la patria y de todos los “pueblos de la tierra”. El universalismo discursivo contenido aquí, era una clara muestra del peso de las demandas políticas en las prácticas y orientaciones de la sociología en México en esos años, de sus íntimos nexos con los círculos gubernamentales, así como de la importancia geopolítica de la UNESCO como institución dirigida formalmente a contribuir a la paz y a la seguridad internacionales por medio del fomento a la educación, la ciencia y la cultura, entendidas como instrumentos al servicio del desarrollo del país y de América Latina en general. Existió aquí una afinidad electiva entre el propio avance de la modernización económica que México tenía ya en estos años, como producto de las políticas emprendidas desde los años posrevolucionarios (manifiestas en las célebres tasas de crecimiento desde los años de la guerra), por una parte, y los propósitos políticos implicados en la presencia creciente de la UNESCO en las políticas concernientes al impulso a las ciencias sociales en el país precisamente en estos años.

Tanto el horizonte interno como el externo fueron extremadamente favorables para la sociología en los años cincuenta. Los congresos nacionales tuvieron como denominador común, además de la cercanía de los participantes con los gobiernos en turno, la positivista convicción de que esta ciencia podía y debía decirle a la sociedad cómo era y cómo debía ser. El segundo congreso se llevó a cabo en Guadalajara, con el apoyo logístico y económico del gobierno de Jalisco. La comisión organizadora siguió en manos del director del IIS y del rector de la Universidad de Guadalajara, Jorge Matute, acompañados de José Montes, coordinador de Ciencias y Humanidades de dicha institución.⁷⁵⁷ La convocatoria se publicó en media plana de El Universal y se repartieron 5 000 folletos con información sobre el evento. Los títulos de las ponencias y sus adscripciones dan cuenta del peso material y simbólico del poder público sobre prácticas que pretendían ser medios de obtención de legitimidad científica para la sociología. De un conjunto de cincuenta ponencias destacan temas como el folklor musical de Jalisco, sociología de la escuela secundaria, esquema geográfico de Jalisco, la opinión pública de Jalisco, ideas médico-sociales de los juristas de Jalisco, la lepra como problema social de Jalisco. Sus autores fueron funcionarios de distintos niveles de los gobierno estatal y municipal, así como de instituciones públicas como el Dermatológico de Guadalajara y otros hospitales. Junto a estas intervenciones, claramente dirigidas por las necesidades de representación política del gobierno estatal, hubo otras que hubiesen merecido otro tipo de foro. Tal es el caso de las ponencias debidas a las plumas de José Medina Echevarría, Pitirim Sorokin, Stuart Queen, Óscar Álvarez Andrews, Paul Meadow y Pauline Young, célebres sociólogos de la época, en las que se abordaron cuestiones realmente relevantes a nivel disciplinar, pero no político: el papel de la teoría y de los conceptos en la investigación sociológica, las técnicas de investigación, la estructura social urbana, el desarrollo de las ciudades, la cultura de masas, la perspectiva estructural-funcionalista, etcétera.

Una constante en los dieciséis congresos nacionales de sociología que organizó el IIS bajo el liderazgo de Lucio Mendieta y Núñez fue, precisamente, la coexistencia de trabajos propios de una suerte de seudosociología impresionista de profesionistas de orígenes varios ubicados en oficinas públicas diversas, por un lado, y un conjunto de escritos con un perfil sociológico más definido, frecuentemente afines a la perspectiva estructural-funcionalista dominante en la sociología norteamericana de los años cincuenta. La mayor parte de este segundo grupo de trabajos era de autores extranjeros con ligas con el IIS, o bien, de algunos de sus investigadores. Esta heterogeneidad, como se señaló antes, se debió a que las convocatorias fueron tan abiertas, que prácticamente cualquier interesado podía participar.

El tercer congreso se efectuó en la ciudad de León, Guanajuato, en 1952, nuevamente con el patrocinio del gobierno del estado y la participación de la universidad de Guanajuato. Para ese momento se contaba ya con un esquema organizativo que duraría prácticamente hasta 1965: en la mesa directiva del evento figuraban el gobernador de la entidad y el rector de la universidad estatal, Lucio Mendieta, en su calidad de director del IIS y responsable del congreso. Al tercer congreso concurrieron el Banco de México, el Departamento del Distrito Federal, Pemex y distintas universidades del país. Entre los participantes figuraron personajes que, con el tiempo, ocuparían distintos puestos en las estructuras del ejecutivo federal y del congreso, como Porfirio Muñoz Ledo, en ese entonces recién egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional y líder estudiantil conocido a nivel nacional. Los temas fueron vicios sociales y criminalidad, las guerras internacionales y la delincuencia, sistemas de prevención y atención a grupos de menores, los menores desadaptados, profilaxis de la delincuencia, medicina geriátrica, las prisiones en México, las funciones del ministerio público y hasta un trabajo sobre el mítico delincuente de las postrimerías del porfiriato conocido como el “tigre de Santa Julia”. Más cercanos al derecho que a la sociología, en estos trabajos se planteaba la necesidad de conocer para prever, controlar y solucionar problemas. Por ejemplo, Héctor Solís Quiroga, célebre criminólogo de esa época, afirmó:

Es necesario atacar los detonadores de la delincuencia para combatirla. El castigo del menor es inútil y dañoso puesto que su internación (...) en instituciones contribuye a deformar su personalidad. La delincuencia juvenil es un síntoma de enfermedad social y necesita la atención del Estado, un estudio integral psicológico y social y la creación de instituciones. Debe crearse una secretaría de protección a la infancia, y el código federal de protección a menores.⁷⁵⁸

Desde la criminología, se postulaba que el ideal normativo de la sociología era investigar la lógica subyacente a los procesos patológicos que amenazaban el tejido social como condición de su profilaxis. Esta idea no era nueva, como lo muestra la importancia, no sólo del discurso criminológico de finales del siglo XIX y el de la antropología criminal, sino también el de la medicina en su versión frenológica en el pensamiento sociológico de la etapa de los precursores individuales de esta ciencia.⁷⁵⁹ Lo novedoso fue que, en buena medida por la difusión que alcanzó gracias a estos congresos, los actores e instituciones que se adhirieron subjetivamente a ella contribuyeron a convertirla en un insumo discursivo para el diseño de políticas de prevención del delito. La sociología cultivada en el IIS, de esta forma, confirmaba sus íntimos nexos con el poder público y su potencial, no tanto como proveedora de un saber instrumental capaz de orientar eficazmente las acciones políticas sino, sobre todo, de una legitimación cognitiva para éstas. Las funciones de representación simbólica de los congresos se confirmaron en las cuotas de poder, influencia y recursos de diverso tipo que reportaron a sus participantes pero, sobre todo, a sus instituciones y líderes académicos. Al respecto, Óscar Uribe Villegas, cercano colaborador de Lucio Mendieta y egresado de las primeras generaciones de la licenciatura en ciencias sociales, rememoraba el crucial papel de estos nexos en la organización de los congresos:

Pude acompañarle en más de quince (congresos) y pude presenciar su labor de zapa: 1. para obtener el patrocinio del gobernador del estado sede, quien de este modo se prestigiaba con la realización en su capital, de un acontecimiento académico de importancia nacional e internacional, así como 2. para obtener el apoyo del rector de la universidad local que del congreso recibía ráfagas refrescantes y abono para su propio quehacer académico. Y puedo atestiguarlo personalmente, altísimos funcionarios de la Federación (en el ejemplo más palpable don Gustavo Díaz Ordaz, en aquel entonces a cargo de la Secretaría de gobernación) nos enviaban a sus representantes a solicitr ejemplares de los modestos pero eficaces “Extractos” (o síntesis) de Ponencias.⁷⁶⁰

A partir del cuarto congreso, en 1953, comienzan a verse temáticas más acotadas, por lo menos a nivel formal, en estos eventos. El tema central ese año fue la “sociología de la educación” y, por supuesto, contó con la presencia del entonces Secretario de Educación Pública José Ángel Ceniceros, funcionarios gubernamentales, profesores e investigadores universitarios, así como el rector de la Universidad Nacional. Los congresistas más relevantes fueron Pablo González Casanova, Mario Lins, José López Portillo, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Gamio, Gonzalo Aguirre Beltrán y Pitirim Sorokin. Los trabajos reiteraban las necesarias conexiones entre conocimiento científico y poder político dentro de un discurso formalmente sociológico y especializado, pero en realidad distante de lo que era un saber especializado consistente. Los años siguientes continuaron esta tendencia declarativamente especializada. El V congreso tuvo como tema sociología de la economía; el VI, sociología rural; el VII, sociología urbana; el VIII, sociología del derecho; el IX (en 1958) nada menos que sociología de la revolución; el X, sociología de la planificación; el XI, sociología de la política; el XII, sociología del trabajo y del ocio; el XIII, sociología del desarrollo nacional y regional; el XIV, sociología de la seguridad social; el XV, sociología de la reforma agraria y, el último organizado por el IIS, sociología del conflicto y de la cooperación, en 1965.⁷⁶¹ Las ciudades en las que tuvieron lugar fueron, sucesivamente, Guanajuato, Morelia, Monterrey, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Ciudad Victoria, Toluca, Hermosillo, Culiacán, Tepic y Veracruz, lo cual muestra el propósito de extender redes de influencia política más allá de la capital del país, así como la intención de favorecer la creación de instituciones y puestos dedicados a la práctica de la incipiente sociología mexicana.

Por otra parte, las sedes dejan ver el potencial simbólico que tenía el discurso sociológico para el poder público y también los gobiernos de las entidades federativas. Si el desarrollo de la sociología era precario en estos años, si su centro era la ciudad de México y, si aún ahora, las disciplinas sociales de muchas entidades del país muestran una frágil integración disciplinar, comparadas con las cultivadas en los centros institucionales ubicados en la capital, podemos inferir que en los años de los congresos era prácticamente inexistente en el interior del país, más allá de las cátedras impartidas en las carreras de abogado, ingeniero o médico. Asimismo, no puede perderse de vista que las universidades de provincia en los años cincuenta eran altamente dependientes de las decisiones políticas de los gobernadores, de modo que los rectores, funcionarios, etc., prácticamente eran designados por ellos y, en consecuencia, mantenían con ellos vínculos políticos de corte particularista. Si a pesar de todo lo anterior los gobiernos estatales brindaron apoyo a los congresos fue por razones que poco o nada tenían que ver con intereses científicos. La razón principal fue que estos eventos cumplían una función de representación en la que se asociaba el conocimiento científico con el ejercicio de un poder público que aparecía, así, como un poder ilustrado o en vías de ilustración. Esta representación tuvo como destinatarios, no al grueso de la sociedad, sino sus sectores más educados e influyentes y, particularmente, la clase política en sus distintos niveles, como lo prueba la revisión de los organizadores, asistentes, ponentes, instituciones participantes, etcétera.

A lo largo de los dieciséis congresos que organizó el IIS y a pesar de la diversidad de temas abordados, de los orígenes profesionales e institucionales de los más de 400 participantes que registran las memorias respectivas, vemos que existió un núcleo relativamente cerrado de nombres que se repiten, independientemente del congreso en caso: Manuel Gamio, María Luisa Rodríguez Sala, Francisco Carmona Nenclares, Ignacio García Téllez, Jorge Martínez Ríos, Héctor Solís Quiroga, Ezequiel Cornejo, Óscar Uribe Villegas, Mario Monteforte Toledo, Luis Recaséns, Roberto de la Cerda, Antonio Moreno, Rodolfo Ortega Mata, Vicente Fernández Bravo, Fernando Anaya y, desde luego, el propio Lucio Mendieta. Los espacios institucionales a los que estaban adscritos eran el IIS, la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la Asociación Mexicana de Sociología e instituciones vinculadas con el influyente gremio de los abogados como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Facultad de Derecho de la UNAM y el Tribunal Superior de Justicia de la Federación. Para calibrar adecuadamente el significado de la presencia de los juristas en los congresos hemos de recordar que la vida política y administrativa de los poderes públicos tenía en ellos a sus principales actores. La Universidad en general, y la abogacía en particular, fue una de las vías de participación y ascenso social de una minoría educada en un país en el que una amplia franja de la población no tenía acceso a los bienes culturales. La adhesión subjetiva a una cultura política integrada por los patrones de orientación corporativista señalados antes fue, durante mucho tiempo, una de las señas de identidad de este gremio, por lo que no resulta extraña su enorme presencia en los congresos.

El ambiente general de los congresos involucraba distintos niveles entrelazados: por una parte, había un pequeño núcleo alrededor del cual giraba la discusión propiamente académica, generalmente integrado por ponentes extranjeros e investigadores del IIS; en segundo término, figuraban universitarios de orígenes profesionales diversos (arquitectos, médicos, abogados, historiadores) que abordaban las temáticas desde el ángulo de sus respectivos campos profesionales, siempre con una intención pragmática y, finalmente, un círculo que representaba a gobernadores, algunos secretarios de estado, funcionarios y políticos locales. El último congreso de sociología organizado desde el IIS tuvo lugar en Veracruz en 1965; su tema central fue la “sociología del conflicto y la cooperación”, título que refleja la influencia que tenían todavía los problemas y objetos de investigación que predominaron en la sociología funcionalista norteamericana que tanta influencia tuvo en México entre los años cincuenta y principios de los sesenta, justo en vísperas del cuestionamiento generalizado de los modelos positivistas que tendría lugar en prácticamente toda la sociología occidental por nuevas generaciones de sociólogos, situados en coordenadas radicalmente distintas de las de sus antecesores.⁷⁶² Los participantes más destacados del congreso fueron, nuevamente, Mendieta, Uribe Villegas, Luis Recaséns, Roberto Agramonte, Afred Sauvy, Héctor Solís Quiroga, Roberto Mac Lean y Estenós y Juan Yepez del Pozo. Los contenidos de sus discursos reiteraron, una vez más, las ideas de principios de los años cincuenta sobre la necesidad de producir saberes útiles, instrumentos para “actuar adecuadamente” en la vida de la colectividad; de aportar ideas e intelectuales y gobernantes”; de “encontrar mejores caminos para la grandeza de México”.

IV. En los años de mayor cuestionamiento de los resultados de los regímenes herederos de la revolución de 1910, en el horizonte en el que nuevas generaciones experimentaban la disociación de experiencia y expectativa, recolocando las relaciones entre pasado, presente y futuro, los contenidos discursivos de los ponentes sonaban cada vez más vacíos y carentes de significación, a diferencia de lo ocurrido en los primeros congresos. La cultura política particularista propia del régimen político estaba expuesta cada vez más a la crítica y, paradójicamente, la disciplina que se institucionalizó bajo el argumento de que era necesaria una ciencia encargada de conocer la realidad nacional, fue muda frente a los nuevos acontecimientos nacionales e internacionales que la marcaron en esos años. Dentro de la Universidad misma tenían lugar procesos intelectuales que rompieron la continuidad entre antecesores y sucesores, pero las prácticas ritualistas de los congresos no registraron estas novedades de la experiencia societal.

Hubo, tras la salida de Lucio Mendieta de la dirección del IIS, tres congresos más, pero ninguno de ellos tuvo conexión alguna con esta institución, se rompió la continuidad anual y sus resultados fueron publicados gracias a las redes particularistas de influencia que había construido Mendieta a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, el XVII congreso se efectuó tres años después del anterior, en 1968, sus memorias fueron publicadas por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, cuyo vicepresidente era el político Víctor Manzanilla Schaffer. El tema del congreso fue “sociología del arte”, impensable en la lógica pragmática de los congresos anteriores. Uno de los ponentes fue el expresidente Miguel Alemán; participaron también Luis Recaséns, Óscar Uribe y Jorge Moreno Collado, lo que permite comprender que se realizó gracias a la influencia de la que siguió gozando Mendieta en los círculos de los abogados. No se presentó ningún ponente del IIS, para entonces dirigido por Pablo González Casanova. No hubo una sola referencia a los acontecimientos que estaban cimbrando ya la vida política nacional.

El XVII congreso tuvo lugar en 1972, en Oaxaca, con el tema “sociología política”. La memoria del evento, publicada por la Dirección de Caminos y Puentes Federales, se dedica al presidente Luis Echeverría, por sus “brillantes esfuerzos en pro de la integración Latinoamericana y de las relaciones de todos los países del mundo con base en una Carta de los Derechos y Deberes económicos...”.⁷⁶³ Junto a ello, se leen agradecimientos a secretarios de estado, subsecretarios, gobernadores e, incluso, al director del IMSS. El espacio de enunciación cambió radicalmente. Excluido de los lugares que contribuyó a construir, el fundador de la sociología institucionalizada en México halló refugio en sus colegas abogados, frente a los cuales reiteró la necesidad de una “mutua compenetración” entre intelectuales y gobierno. Estas palabras fueron escuchadas primero, leídas más tarde, por individuos ubicados en instituciones que ya no eran aquellas que habían respondido a las convocatorias de los primeros dieciséis congresos; entre los asistentes no figuraron ya practicantes profesionales de la sociología. Los académicos del IIS y de la ya Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no encontraron significación alguna en los enunciados de los congresistas, involucrados como estaban en la elaboración de una sociología crítica de los legados recibidos de la generación anterior, cuyos temas centrales eran las estructuras de poder, las clases sociales, sindicalismo, corporativismo, poder y estado, etc. Este desplazamiento temático indicaba ya el germen de un cuestionamiento severo, de las estructuras y procesos sociales de las últimas décadas, así como de los patrones de orientación de la acción, típicos de la cultura política que les había acompañado, dicho esquemáticamente.

En 1976, último año del gobierno de Luis Echeverría, la Asociación Mexicana de Sociología organiza el XIX congreso con el tema “Sociología de las relaciones internacionales”. En la memoria publicada figuran el alemanista Instituto Mexicano de Cultura y personajes políticos como Pedro Astudillo y Ramón Ojeda Mestre. En el acto inaugural estuvieron el Subsecretario de Gobernación Sergio García Ramírez, Miguel Alemán Valdés, el Subsecretario de Relaciones Exteriores Rubén González, así como viejos abogados-sociólogos como Emile Sicard, Óscar Álvarez Andrews, Roberto MacLean y el sociólogo de formación, Óscar Uribe. Todos ellos asistentes a título personal.

Conclusión

Los patrones de orientación propios de la cultura política de los regímenes de la revolución permeó profundamente la incipiente sociología cultivada en la Universidad Nacional, donde encontraron un campo fértil en los proyectos y acciones de una protocomunidad que buscaba espacios, identidad, influencia, poder y prestigio a través de un saber experto sobre lo social. La idea de que la solución definitiva a los problemas mundiales y nacionales pasaba, necesariamente, por la apertura de espacios para el cultivo de la sociología como disciplina y como profesión, fue el eje normativo de los congresos, así como parte crucial del horizonte internacional en que se forjaron y expandieron las ciencias sociales de los países en desarrollo. Los temas abordados en estos eventos se desprendían directamente de las agendas políticas locales, por lo que puede afirmarse que sus contenidos fueron altamente dependientes de los detentadores del poder público, quienes veían en el saber científico –representado imaginaria y simbólicamente en los congresos– como una especie de adorno que revestía de autoridad y objetividad los proyectos políticos y las políticas públicas en turno. Discursos y prácticas político-intelectuales, en este sentido, estuvieron profundamente entrelazadas, retroalimentándose mutuamente, por lo que sus participantes legos y expertos estuvieron dispuestos a representar los papeles que les estuvieron reservados de antemano y, desde luego, a beneficiarse de ello.

El corporativismo estuvo presente, no sólo en la cultura política local, sino también en la lógica de las políticas de la UNESCO en América Latina. El íntimo vínculo entre lo nacional y lo internacional permite comprender las afinidades electivas existentes entre las representaciones locales de lo que era y debía ser el conocimiento científico de lo social, y el propuesto por esta agencia internacional en estos años. Vemos entonces que existió un tejido estratificado en el que es posible rastrear diversos espacios y escalas, distintos actores y proyectos, diversos tiempos y agendas que, en conjunto, fueron la condición de posibilidad y –simultáneamente– el límite cognitivo por el que estuvieron marcadas estas representaciones de los practicantes de las ciencias sociales en el México de los años cincuenta y principios de los sesenta.

Los congresos nacionales de sociología han sido examinados aquí, no sólo en términos de sus vínculos con la cultura política dominante, sino también e indirectamente, como los actos performativos de una disciplina ausente, pero presente en las representaciones simbólicas y en los proyectos tanto de los universitarios, como de la clase política y de funcionarios internacionales unidos alrededor de las mismas concepciones acerca de las relaciones de colaboración entre conocimiento y política. El particularismo corporativista propio de la cultura política que articuló las prácticas y los discursos de los organizadores y participantes en los congresos constituyó un campo intersubjetivo que iba más allá de lo cognitivo hasta alcanzar su sustancia principal en la práctica política. El análisis de los congresos muestra que la asociación entre saber y poder fue un motor que impulsó el desarrollo de las instituciones de docencia e investigación sociológica en México. Muestra también que la identidad de la sociología en esos años se construyó alrededor de la necesidad de saberes discursivamente técnicos y científicos por parte del gobierno, y no en función de criterios internos. El examen de las huellas textuales de estas prácticas dan cuenta de un tramo del pasado de la sociología que aún está pendiente de reconstrucción puntual. Un tramo que, por otra parte, quedó marcado por la ruptura de un esbozo de tradición que, posteriormente, ha quedado en el olvido.

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21. La videovigilancia. Una aproximación al discurso de la seguridad en la ciudad de México

Dolly Espínola y Edgar Esquivel

El uso de mecanismos e instrumentos que en distintas fases del proyecto de la modernidad ha dado lugar a formas particulares del control social es un tema que cuenta con desarrollos importantes desde el punto de vista sociológico. Desde la arquitectura carcelaria del panóptico, hasta la instalación de cámaras de videovigilancia en prácticamente todas las megaciudades, pasando por múltiples sistemas de registro, la utilización de dispositivos técnicos al servicio de la vigilancia, tiende a ser vista desde la dimensión de la administración y gestión de lo social como recurso para asegurar la normalización de la vida cotidiana, lo que supone formas particulares de establecer vínculos entre los gobernantes y los gobernados.

En el escenario tecnológico actual, nos interesa abordar el problema de la videovigilancia desde la perspectiva de los usos políticos de las tecnologías de información (TIC). Una ruta posible para este abordaje consiste en observar el valor que se otorga a los dispositivos técnicos mediante la construcción de las estrategias discursivas que la clase política pone en juego para justificar la toma de decisiones y, en consecuencia, para legitimar la práctica política.

Considerando que la construcción discursiva ofrece un espacio privilegiado para observar a la cultura política, en este trabajo se propone hacer una aproximación general a la forma en que se está llevando a cabo la valoración sobre el papel que cumple la videovigilancia en el contexto de violencia y crisis institucional que vive el país.

La relación medios, sociedad y poder es una pieza clave en la construcción de las ideologías políticas, tiene su lugar porque el desarrollo de los medios y sus procesos han transformado de manera significativa la construcción social de la práctica y la cultura política; la naturaleza masiva de los procesos de comunicación implica nuevas dinámicas en la interacción social y en los vínculos que se establecen entre los centros de poder y la sociedad. En este sentido: “[…] la importancia de los medios de comunicación en las sociedades modernas es tan indudable que casi no hace falta recordarlo. Es precisamente, a través de la incesante comunicación de los medios que se va construyendo una realidad común que puede presuponerse después implícitamente como trasfondo de todas las interacciones sociales”.⁷⁶⁴

La situación de violencia que vive el país deja poco espacio para la construcción del equilibrio en las relaciones de gobernantes y gobernados. Por un lado está el debate que permanentemente se da en el escenario mediático y que pone en cuestión de manera sistemática, tanto la eficacia, como la legitimidad de la acción gubernamental; lo que coloca a los medios como “sancionador máximo” del acontecer social. Al mismo tiempo, la incapacidad que muestran las instituciones para hacer frente a la gravedad y complejidad de la situación. Por lo anterior, planteamos hacer una aproximación a las estrategias discursivas que son utilizadas a propósito del problema de la seguridad y su relación con el uso de las tecnologías digitales de la videovigilancia.

En particular, enfocamos la atención en la gestión actual del gobierno en la ciudad de México. Hay dos motivos iniciales. Por un lado, en el proceso de sucesión presidencial que se llevara a cabo en el año 2012, el jefe de gobierno del Distrito Federal se colocó como uno de los candidatos fuertes de la oposición, lo que se tradujo en una importante presencia mediática. Por otro lado, si bien de acuerdo a las cifras disponibles de distintas fuentes, el índice delictivo en la capital de país no es de los más altos, sí lo es el nivel de percepción sobre la violencia entre sus habitantes. De hecho, algunos análisis indican que, por lo menos para la ciudad de México, el problema de la violencia está directamente vinculado al tratamiento informativo y a la necesidad de desplegar estrategias que a través del discurso político redimensionen la problemática y permitan posicionar de modo distinto el ejercicio del poder.

Se trata de observar de qué manera la clase política, al dar cuenta del uso que se hace de los recursos tecnológicos como dispositivos que ayudan a mejorar la eficacia de su acción, se coloca entre la tradición y la modernidad, entre la política y la tecnocracia.

Particularmente, el uso de cámaras de video y su notable expansión como recursos para la prevención y persecución de actos delictivos, rápidamente se ha convertido en un instrumento de control sobre todo tipo de conductas que se califican como indeseables o disfuncionales en el espacio público. No es difícil imaginar que uno de los resultados inmediatos del uso de la videovigilancia como instrumento de control alcanza no sólo a “los violentos” sino también a otros sectores sociales que casi automáticamente se convierten en fuente de información, en video registro.

Aún cuando la videovigilancia se concibe como un recurso preventivo ante la comisión de actos delictivos, no garantiza la mejora en la impartición de justicia y constituye un reto para el diseño de políticas públicas que resguarden el derecho de los ciudadanos a ser grabados y a usar su imagen sin autorización previa. Desde nuestra perspectiva, el problema es que el uso de la videovigilancia sí resulta una herramienta que, en el plano discursivo, coloca a la acción de gobierno en el escenario de la modernidad independientemente de los resultados y de los recursos que se requieren para su operación.

Si consideramos el acentuado proceso de deterioro social que en el contexto Latinoamericano está marcado por profundas diferencias socio-culturales, desigualdad y pobreza, resulta de gran relevancia profundizar en la reflexión sobre los usos sociales de las TIC para dar cuenta de los fenómenos políticos. Generar aproximaciones interdisciplinarias que permitan explicar la naturaleza particular de ciertas prácticas discursivas nos permitirá entender con mayor claridad la complejidad de la cultura política y su importancia en el desarrollo de la ciudadanía y la consolidación de la democracia.

Los usos políticos y sociales de las TIC no escapan a la dinámica económica que las caracteriza y que, casi de manera inevitable, les confiere un aura de objetividad y eficacia en su incorporación a diversos procesos de registro, organización y sistematización de grandes cantidades de información para la realización de tareas de diversa índole. Sin embargo, su importancia en la construcción del escenario social mantiene vigentes los problemas del acceso y la alfabeticidad digital, sobre todo cuando la racionalidad científico-tecnológica se impone como única ruta de tránsito hacia la explicación de los procesos de uso y apropiación de los dispositivos técnicos. Esta visión deja fuera el diferencial que resulta de múltiples posiciones socio-culturales y restringe el entendimiento sobre que las tecnologías apuntan y definen a nuevas formas de percibir y construir el mundo.

Como parte de una aproximación general y con el objetivo de trazar algunas líneas que orienten el trabajo de observación sobre los rasgos que caracterizaron la construcción de las estrategias discursivas del poder político rumbo al proceso electoral del año 2012, en este trabajo se presentan algunos elementos que contribuyen a entender la manera en que son utilizados los dispositivos técnicos de registro de la imagen con el fin de mantener el control y aparente resguardo del espacio público ante la problemática de inseguridad creciente.

Si bien el control y la vigilancia social no es un asunto nuevo, el tema de la videovigilancia representa un problema teórico y de análisis empírico que requiere de aproximaciones en sus dimensiones y aspectos éticos, legales y de políticas públicas.⁷⁶⁵

Este problema se empieza a posicionar como resultado de eventos, visiones y políticas públicas que tienen como telón de fondo la idea de la amenaza permanente en que viven las megaciudades. Actos terroristas, crimen organizado vinculado al narcotráfico, infiltración y debilitamiento de las instituciones del Estado, intervienen en el diseño de nuevas formas de gestión de la seguridad en sus niveles global, regional y local.

Así, las estructuras institucionales del poder político acuden al diseño de políticas públicas que reconfiguran su relación con la sociedad mediante el uso de dispositivos técnicos que extienden la capacidad de “ver”, es decir, que incrementan el margen de certidumbre sobre el control del espacio.

Es importante señalar que, como una de las consecuencias de los atentados terroristas del 2001 en los Estados Unidos, las políticas vinculadas a la protección y resguardo de la seguridad nacional sufrieron fuertes modificaciones. La idea de que el Estado norteamericano estaba perdiendo el control, incluso sobre su propio espacio aéreo y que se encontraba bajo la indefensión, hizo necesaria la transformación de las estrategias y mecanismos que devolvieran la certidumbre ante la prueba evidente de la incapacidad de brindar protección y seguridad a la población civil. Al respecto, resulta pertinente el señalamiento de Mattelart:

La multiplicación de las medidas de excepción en el marco de la “guerra global” contra el terrorismo se ha conjugado en el marco de los países democráticos a raíz del 11 de septiembre de 2001 con la creciente injerencia de los dispositivos de vigilancia en la vida cotidiana de los ciudadanos. A más seguridad, más tecnología: la cuestión de la seguridad del riesgo se va convirtiendo en una cuestión de técnicas.⁷⁶⁶

Norberto Bobbio⁷⁶⁷ ya advertía sobre la paradoja de la sociedad que demanda cada vez más protección el Estado. Como un elemento inherente al reclamo de mayor seguridad se demanda el incremento de los recursos disponibles para la defensa, lo que sin duda incluye más armamento, que controle y reprima más fuerte, con las consecuentes violaciones a los derechos civiles.

La dinámica que resulta es que los temores y miedos crecen. Las amenazas provienen del “otro”, de esa construcción colectiva que se construye a través de los miedos y que, permanentemente está en la agenda mediática. En el caso mexicano la amenaza no proviene del exterior, es interna, de acuerdo con el discurso gubernamental se liga directamente al narcotráfico y al crimen organizado.

Los miedos de la gente tienen una expresión sobresaliente: el miedo al delincuente. La delincuencia es percibida como la principal amenaza que gatilla el sentimiento de inseguridad. Sin ignorar las altas tasas de delitos en todas las urbes latinoamericanas, llama la atención que la percepción de violencia urbana es muy superior a la criminalidad existente. Por ende, no parece correcto reducir la seguridad pública a un "problema policial". Probablemente la imagen del delincuente omnipresente y omnipotente sea una metáfora de otras agresiones difíciles de asir. El miedo al delincuente parece cristalizar un miedo generalizado al Otro. Varias razones alimentan esa desconfianza en las relaciones interpersonales.⁷⁶⁸

El contexto de crisis institucional del Estado mexicano nos obliga a reconocer que las tecnologías de información y comunicación representan instrumentos y escenarios de legitimación del poder y el orden social. El seguimiento sobre el desarrollo de los sistemas, así como la valoración que adquieren los recursos técnicos en general y de videovigilancia en particular, resulta importante en el contexto de lucha política preelectoral ante la magnitud de la violencia que se vive. Consideramos que la construcción de argumentos sobre la eficacia del gobierno, particularmente vinculada al problema de la seguridad, encuentra en el uso de las TIC un elemento importante para lograr una valoración positiva por parte de los ciudadanos.

Registro, vigilancia y seguridad

El problema de la relación entre los sistemas de registro, vigilancia y seguridad tiene una importancia clave en el desarrollo de las instituciones del Estado. Una aproximación general nos permite señalar que, la gestión del poder en el desarrollo de la modernidad ha supuesto múltiples formas de registro, almacenamiento y construcción de archivos que ofrecen a las estructuras políticas información privilegiada. Así, el control de y sobre el/los acontecimientos se vuelve un problema de diseño, registro y acceso a información que adquiere el carácter de evidencia judicial, de prueba sobre lo distinto y, por lo tanto, peligroso.

Es necesario tomar en cuenta que el diseño de los criterios y mecanismos que regulan quién y cómo se accede a los archivos que se integran con la información que se obtiene, es resultado de decisiones políticas que se ajustan a una racionalidad estratégica, es decir, sólo algunos tienen acceso a información privilegiada, organizada de cierta manera para darle estatus de verdad que la convierte en saber, en recurso de control y ejercicio del poder.

Por otro lado, se encuentra el problema de la objetividad de la imagen. El desarrollo de las tecnologías de reproducción de la imagen aparece como una herramienta vital para la construcción de la realidad. La imagen ocupa el lugar de la realidad, sustituyéndola en el proceso de representación social. No obstante que la producción de la representación visual siempre ha sido objeto de manipulación sea sólo por la elección del punto de vista, o bien por la disposición que actualmente existe de gran cantidad de recursos digitales que permiten editar, trucar o recomponer el registro visual, la credibilidad le sigue siendo consustancial.

La imagen no sólo es registro, sino que adquiere el carácter de prueba de “lo real” y por ello su fundamento de validez y objetividad. Con las tecnologías de lo visual transitamos hacia el mundo de la realidad objetiva, de la reconstrucción del tiempo, del lugar y del hecho. De ahí que el registro y la reproducción de la imagen llevan a la construcción de sus propios límites ante la evidencia de su fuerza. Ya a inicios del siglo XX esa fuerza era objeto de censura y da lugar a decisiones cuyas implicaciones no dejan duda sobre la importancia que se le atribuye.

Al crearse en noviembre de 1912 el British Board of Film Censors, para censurar las películas cinematográficas que pretendían exhibirse en el Reino Unido, sus dos únicas normas explicitadas fueron la prohibición del desnudo y de la representación de Jesucristo. Este curioso y aleccionador aparejamiento de tabúes, sacro uno y profano el otro, resulta llamativo si se tiene en cuenta que ambos temas habían sido objeto de tratamiento exhaustivo en la pintura y en la literatura.⁷⁶⁹

La tecnología de la imagen aparece con una racionalidad propia, que resignifica la memoria, la percepción y la experiencia a través de lo visible. En este sentido, la vigilancia y el control que se ejerce como resultado de múltiples dispositivos técnicos de registro de la realidad adquieren un valor clave en el ejercicio de poder. Para Foucault, el poder es una relación entre parejas, sean individuales o colectivas, de esa relación se deriva un modo de acción de unos sobre las acciones de los otros, sean éstas acciones presentes, eventuales o futuras. Y para dar cuenta de esas relaciones propone observar varios elementos en los que está la determinación de los instrumentos con que se ejerce, ahí se encuentran el control y la vigilancia.⁷⁷⁰

Como lo describe Mattelart, los métodos de registro desplegados para mantener el control, o todos los dispositivos utilizados para vigilar actúan a favor de la gestión del poder y de su reproducción.

En el plano de las mentalidades colectivas, se ha creado una suerte de habituación que ha ampliado los umbrales de la tolerancia y ha hecho que muchos consientan, muchas veces sin siquiera darse cuenta, importantes abandonos de su esfera privada y de sus derechos fundamentales. Y ello no sólo en relación con las técnicas de vigilancia y fichado, sino también de los instrumentos de medida y captación de las vivencias individuales por parte del complejo mediático y publicitario. En el seno mismo de los sectores democráticos y progresistas, sigue siendo fuerte la imposición de visiones instrumentalistas de la información, la comunicación y la cultura.⁷⁷¹

En esta perspectiva, se vuelve relevante el análisis de la videovigilancia como un dispositivo técnico que reconfigura no sólo la esfera de lo público, sino que convierte al conjunto de la sociedad en sujeto permanente de sospecha y, al mismo tiempo, en sujeto vigilante. Si bien con los sistemas de control de que disponemos no es posible asegurar mejores formas de seguridad, si es posible desplegar nuevas formas de ejercicio del poder político, de ahí su importancia como instrumentos.

En este sentido, los argumentos de la aparente eficacia tecnológica, que articulan la construcción del discurso político para justificar la tecnificación de la seguridad, apuntan a la necesidad de legitimar la acción de gobierno en la oposición entre lo tradicional y lo moderno, lo viejo y lo nuevo, lo ineficaz y lo eficaz, lo subjetivo y objetivo. Desde ese punto de vista, esta estrategia discursiva enmascara un ángulo preocupante, la transformación del espacio público como el sitio de la desconfianza permanente y donde se invierte la máxima de la presunción de inocencia, de libertad que debe gozar todo ciudadano en su actuar cotidiano al de la sospecha como práctica habitual. Los sistemas de videovigilancia pública “nos cuidan de la criminalidad” en un ejercicio de vigilancia en su doble acepción: “me cuidas” a la vez que “sospechas y controlas”. En las sociedades modernas, el poder se ejerce a través de, a partir de y en el juego mismo de esa heterogeneidad entre un derecho público de la soberanía y una mecánica polimorfa de la disciplina.⁷⁷²

Consecuentemente, no es posible disociar la utilización de los recursos técnicos del contexto de uso, pues es ahí donde se construye su legitimidad y se les otorga valor a medida que se erigen como formas particulares de intervención y control, tanto en la esfera pública como en la privada, donde lo importante es el registro más allá de sus implicaciones y acaso su eficacia, para contender con los problemas que se combaten.

Quizás el ejemplo más evidente de esta esquizofrenia que reconfigura el espacio público lo representa el caso inglés con su millón de videocámaras que atraviesan todo el Reino Unido.⁷⁷³ En este caso, un ciudadano común que en un día cualquiera se desplaza a su trabajo por la mañana y de ahí a un lugar público, por la tarde, y a otro distinto por la noche y de regreso a su casa, puede ver su imagen cientos de veces en un banco de datos que registra los rostros de quienes se desplazan por el espacio público: calles, plazas, almacenes, autobuses y metro ¿libertad carcelaria?

A pesar del apabullante despliegue tecnológico, en un informe sobre la efectividad del uso de cámaras en el Reino Unido, presentado por el Partido Liberal en 2007, se indica que no existe evidencia de que a más cámaras, corresponda un decremento en los índices de criminalidad. En otros países los datos también llaman la atención, de acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en ese país el número de cámaras se triplicó entre 2007 y 2008, pasando de cinco mil a quince mil.⁷⁷⁴ Para el año 2010, la cifra creció hasta las 21 mil cámaras.

Podemos señalar que el aumento tan considerable en la asignación de recursos de todo tipo para la instalación y desarrollo de sistemas de video registro se explica por el desbordamiento de la problemática de la seguridad que afecta el orden global. Al tiempo que cierta racionalidad técnica se impone ante la capacidad para construir grandes bases de datos que contienen información relevante para agencias publicitarias y/o de seguridad, partidos políticos, instituciones gubernamentales, organizaciones sociales, etc. En cualquier caso: “Las nuevas tecnologías de información permiten innovar y al mismo tiempo reactivar y “modernizar” antiguos procedimientos y protocolos para adaptarlos a una sociedad percibida en lo sucesivo como nómada o móvil”.⁷⁷⁵

En América Latina ya el estudio del Latinobarómetro (1995) registró que el problema de la delincuencia es considerado uno de los dos más importantes para sus ciudadanos:

La agenda de América Latina, definida como el problema más importante, ha estado marcada desde 1995 por dos problemas principales. Por una parte, el problema del desempleo, que aumentó de manera sostenida entre 1997 al 2004 de 19% a 30%, y comienza a bajar desde el año 2005 hasta el 2008, llegando a 15%, su punto más bajo desde 1995. El segundo problema principal ha sido la delincuencia, que ha aumentado desde el 5% en 1995 a 19% en el 2008. El quinquenio virtuoso de crecimiento hizo que ambos problemas llegaran a tener el mismo nivel de importancia en el año 2008.⁷⁷⁶

El problema de la delincuencia en la región oscila entre incrementos reales como se muestra en la gráfica 1 y un aumento mayor en la percepción. A partir de la revisión de datos duros sobre homicidios –considerado el peor de los delitos–, podemos observar de 9 países seleccionados tres conjuntos de tendencias. La primera es la de los países que registran un incremento, entre ellos se encuentran: Venezuela, El Salvador y Guatemala. En el segundo bloque se encuentran los que mantienen promedios estadísticos más o menos similares para el periodo de análisis (trece años), entre estos se encuentran: Brasil, Colombia y México. De estos tres, tanto Colombia como Brasil registran tendencias a la baja, siendo la más notoria la tasa colombiana que descendió una tercera parte en el periodo pero que aún continúa siendo elevada. El tercer conjunto es el de los países con las tasas más bajas de la región en el periodo de análisis, entre los que se ubican: Argentina, Chile y Bolivia, ésta última también registra un notable descenso en su tendencia. El homicidio es por razones obvias el peor flagelo para la sociedad, sin embargo hay que tener en cuenta que se registran otros delitos, mismos que en conjunto inciden en la percepción ciudadana sobre la criminalidad como uno de los dos grandes problemas de la región.

Gráfica 1. Latin America and the Caribbean, 1995-2008
Total recorded intentional homicide, completed, rate per 100, 100 pop

Elaboración propia con base en: World Bank, HOMICIDE RATE DATASET. 1995-2008.
2. Latin America and the Caribbean. Total recorded intentional homicide, completed, rate per 100 000 pop.

Con este panorama general, vale la pena resaltar que México se encuentra entre los países con una tasa intermedia de homicidios tal como se muestra en la gráfica 2.

Gráfica 2. Número de homicidios en nueve países de América Latina
(calculado por cada 100 mil hab.)

Elaboración propia con base en: World Bank, HOMICIDE RATE DATASET. 1995-2008. 2. Latin America and the Caribbean. Total recorded intentional homicide, completed, rate per 100 000 pop.

Sin embargo, llama la atención que en la agenda de noticias sobre México a lo largo de 2010 en diversos diarios de otros países (Cfr. Nueva York Times; El País y El Clarín), existe una tendencia a destacar la nota roja sobre otras de la vida pública de este país. Este proceso nos lleva al terreno de cómo se ve el asunto de la seguridad específicamente en el Distrito Federal. La ciudad de México ha sido una de las principales entidades en México en colocar la agenda la videovigilancia como respuesta a la criminalidad que ahí se registra. En las gráficas siguientes se puede observar que existe un desfase entre los datos que dan cuenta del problema de la seguridad y el modo en que los ciudadanos la perciben.

Un elemento importante a destacar y que se observa en la gráfica 3, se refiere a que la percepción de inseguridad en la ciudad de México es sensiblemente más alta que en el resto del país. Las razones son diversas y evidentemente multifactoriales.

Gráfica 3. Población de 18 años y más, por entidad federativa según percepción de la inseguridad en la entidad federativa y su distribución porcentual. Agosto 2010 (En su ciudad)

Elaboración propia con base en: Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010. INEGI 2010.

Sin duda, que la elevada percepción de inseguridad se enlaza por ejemplo en el alto nivel de desconfianza hacia las autoridades involucradas en la problemática: policías, ministerios públicos y jueces. En la Encuesta Nacional de Cultura Política 2008, que realiza la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano, destaca que 26% de los encuestados afirmaron confiar “mucho” o “algo” en la policía, un dato bajo y muy preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que el promedio que recoge la Encuesta Mundial de Valores (EMV) 2005-2008 se registra un porcentaje de 56% de confianza frente a esta figura de autoridad.

De manera contradictoria, México cuenta con un número promedio de policías superior a muchas naciones. Por ejemplo, en el Distrito Federal hay un policía por cada 97 habitantes, el promedio es mayor al de países como Suecia (uno por cada 551), Japón (uno por cada 561), Alemania (uno por cada 585), Canadá (uno por cada 590) y Finlandia (uno por cada 654).⁷⁷⁷ Por otra parte, un ángulo que no se puede descuidar es el referente al crecimiento de la industria de la seguridad privada, que se ha desarrollado como consecuencia del incremento del fenómeno en cuestión.

En los últimos 20 años se ha desarrollado un mercado que hace clara referencia a la industria de la seguridad, es decir, tanto a los artefactos que proporcionan seguridad privada como alarmas, blindajes de automóviles y seguros, como a empresas de seguridad privada. Actualmente, en la ciudad de México se han registrado 454 de estas empresas con 8 680 empleados (SSP, 2005). Aún así no se puede confiar en los datos oficiales, debido a que expertos en la materia hablan de más de 10 000 empresas en territorio nacional y de ellas 2 000 operan sólo en la ciudad de México.⁷⁷⁸

En el escenario de alta percepción sobre el clima de inseguridad, se registran fenómenos igualmente preocupantes. Un creciente mercado de armas alimentado de manera directa por los Estados Unidos con operaciones encubiertas que se han hecho públicas sobre todo debido a su ineficacia. Según un estudio realizado en el 2008, 28 por ciento de los encuestados en la ciudad de México reconocen que: “Pensando en la seguridad de la Ciudad, lo mejor es tener un arma para defenderse. Esto hace evidente la disposición de la ciudadanía a protegerse al margen de la autoridad”.⁷⁷⁹ Si a esto sumamos que en el mismo barómetro 40 por ciento de los ciudadanos se reconoce dispuesto a desobedecer la ley por motivos familiares; nos revela en conjunto no sólo las atrofias e ineficacias gubernamentales sino una asignatura pendiente, que es el de la construcción de una robusta cultura de la legalidad.

En el debate actual sobre el clima de inseguridad, un elemento central gira en torno a si se trata de un problema, percepción generada a través de los medios de comunicación, o se corresponde con hechos concretos. El propio presidente Felipe Calderón ha recriminado a los medios ya que, según su percepción, contribuyen a esta representación social de México como un país sumido en un clima de inseguridad. Sin entrar en el tema de las cifras negras, reconocidas como todos aquellos delitos que no son denunciados, es decir, atendiendo solamente a las denuncias presentadas formalmente, en la gráfica 4 se puede observar que el repunte en el número de delitos se genera de forma evidente a partir del año 2007 y evidencia una tendencia creciente hasta 2009. Es lo que podríamos denominar el inicio de un creciente ciclo de criminalidad.

Gráfica 4. Denuncias en General de todos los delitos (1997-2009)

Elaboración propia con base en: “Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública” (2010). Información actualizada y entregada al ICESI.

Esto significa que el incremento en la criminalidad (organizada y no) sí se corresponde claramente con actos delictivos reales, es decir, no es sólo percepción: la criminalidad ha crecido conforme los datos disponibles. Lo interesante es que sigue siendo baja comparada con el año de 1997 en que se registró el pico más alto. Es decir, la percepción también es mucho mayor al incremento registrado.

Gráfica 5. Percepción del comportamiento de los delitos

Elaboración propia con base en: Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010. INEGI 2010.

Con este escenario, resulta más claro ubicar cómo en la gestión actual de la Ciudad, la expansión e intensificación del uso de las tecnologías digitales se presenta como un factor importante para el desarrollo social. Algunos ejemplos que aportan elementos para el análisis son: el proyecto de la Red Convergente Metropolitana (RCM) que depende del Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal. Con este proyecto se pretende ofrecer servicio gratuito de Internet a la ciudad desde el 2008.⁷⁸⁰ Esta acción se ve como un requerimiento vital para la modernización de la ciudad.

También se puede mencionar la instalación de aulas digitales en mil 711 escuelas públicas de educación básica, número que, de acuerdo con la información disponible, pretende llegar a las 4 mil 800 escuelas del sistema. Según el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, esta acción resultaba importante ya que: […] se han logrado incrementos en el desempeño de las niñas y los niños verdaderamente impresionantes en muchas escuelas, si lo pudiéramos medir en porcentajes, ha podido mejorar el aprovechamiento, el desarrollo en casi 45 por ciento.⁷⁸¹

En cuanto a la instalación del sistema de cámaras de videovigilancia que se lleva a cabo en el marco del Proyecto Bicentenario Ciudad Segura, mismo que fue dado a conocer en el año 2007, el responsable del proyecto señaló que: “El Proyecto Bicentenario del Gobierno del Distrito Federal contempla la instalación de 8 mil cámaras de videovigilancia en toda la ciudad, con la finalidad de incrementar los canales de supervisión de lo que sucede en las calles, principalmente de los puntos de reunión de la ciudadanía, como escuelas, parques, plazas comerciales, entre otros”⁷⁸²

Lo anterior apunta a que las políticas vinculadas a la digitalización de procesos y servicios, así como al uso de las TIC como recurso para obtener información de todo tipo, corresponde a una racionalidad que deposita o traslada a la tecnología el poder de control y disuasión sobre aquellas acciones que representan riesgos para la gestión de la seguridad en los entornos cuya constante es la violencia y que, en ocasiones, se ejerce también desde las propias instituciones del Estado.

Como se ha señalado, en la ciudad de México se desarrolló el Programa Bicentenario Ciudad Segura como parte de una estrategia que pretende integrar los sistemas de vigilancia. Llama la atención que en las intervenciones públicas se indica que: “Con este programa se logra de manera integral la vigilancia… por medio de 8 088 cámaras… la administración local planea hacer del DF una ciudad moderna y funcional…”.⁷⁸³ El proyecto inicial señalaba que de las poco más de 8 mil cámaras que se instalarían al término de la gestión de gobierno en el año 2012, para agosto de 2010 ya operaban poco más de 5 mil y al final de la gestión ese número estaría rebasado. En el propio informe de gobierno del 2010, se planteó que la seguridad es uno de los retos principales.

No obstante, un dato relevante es que la percepción sobre las causas que originan la criminalidad están vinculadas fuertemente con la pobreza (9%) y con el desempleo (15%), esto significa que uno de cada cuatro ciudadanos del país considera que la explicación es de índole económica. En otro rubro importante están un conjunto de causas que la ciudadanía considera que tiene que ver con falta de disciplina en los hogares (10%), desintegración familiar (7%); es decir problemas de control y cohesión social (17%), casi uno de cinco. Las drogas (12%), y el alcohol (7%) en total (19%) uno de cinco considera que en estas dos causas esta la explicación de la criminalidad. En conjunto (60%) estos tres ángulos explicarían, que según seis de cada diez de los encuestados la explicación gira en torno de estas seis causas y tres rubros: económicos, de cohesión social y drogas (legales y no). El otro conjunto de explicaciones se muestran en la gráfica 5.

Gráfica 6. Percepción general sobre el origen de la delincuencia

Elaboración propia con base en: Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010. INEGI 2010.

En contraste con lo anterior, frente a los resultados de la Encuesta obtenidos en el Distrito Federal, en la gráfica 6 destaca que la pobreza (7%) y el desempleo (13%) se presentan como las explicaciones de corte económico; en la que coinciden uno de cada cinco ciudadanos (20%) del Distrito Federal, un dato ligeramente menor frente a la percepción nacional. El otro conjunto, el de la cohesión social, apunta a la falta de disciplina en los hogares (10%), y a la desintegración familiar (10%) como las principales causas que inciden sobre los problemas de control y cohesión social (20%). Esto quiere decir que uno de cada cinco ciudadanos atribuye estas causas al origen de la delincuencia, un dato mayor frente a la percepción nacional. En lo referente a las otras dos causas, las drogas (9%) y el alcohol (11%), en total (20%), son consideradas por uno de cada cinco ciudadanos que en estas dos problemáticas explican la creciente criminalidad. En suma, en lo tocante a estas seis causas y tres rubros: económicos (20%), de cohesión social (20%) y drogas (20%) se coinciden en señalar que ahí se encuentra la explicación del fenómeno. Es evidente a partir de este análisis el desfase entre la agenda del gobierno federal enfrascado en la “guerra frente al narco”, o combate como lo denominaron a partir de un reciente giro discursivo, frente a las 6 causas o tres principales rubros que la sociedad identifica como el origen de la criminalidad.

Gráfica 7. Percepción sobre el origen de la delincuencia en el Distrito Federal

Elaboración propia con base en: Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010. INEGI 2010.

Considerando lo anterior, podría pensarse que el diseño de programas tendientes a enfrentar la problemática de la seguridad tiene un componente importante en el rubro de las percepciones. Así, un problema importante para la comunicación política como espacio de relación entre el gobierno y los gobernados será el diseño de estrategias discursivas que permitan hacer frente a la “batalla por las percepciones”. Justamente el problema de la gestión de poder consistirá en equilibrar el uso de los recursos de todo tipo tanto para atender las causas que dan origen a la situación de violencia, como a reconstruir en el imaginario colectivo la confianza sobre la acción de gobierno. De no ser así, se apunta a un probable fracaso de los programas que ponen en el centro a los recursos tecnológicos dado que en la apreciación de la ciudadanía, la videovigilancia no generará una mejor percepción de seguridad.

A manera de conclusión

El ejercicio del poder público por parte de la clase política se sujeta a las condiciones del contexto en que se desarrolla. En este sentido, la caracterización positiva que se expresa de manera recurrente sobre el impacto de las tecnologías y sus sistemas, como parte fundamental de la estrategia de seguridad, influye en el enmascaramiento de las deficiencias que se encuentran en el diseño de las políticas para atender de fondo a la problemática de la inseguridad.

El momento que atraviesa el país hace cada vez más evidente la ineficiencia de los cuerpos de seguridad que, infiltrados por la delincuencia organizada, no cuentan con los recursos necesarios para garantizar un desempeño acorde a la problemática que se vive y que incrementa de forma constante la desconfianza generalizada en la acción de gobierno. Como se ha señalado, una primera aproximación, indica que las estrategias discursivas que se despliegan en torno al incremento de violencia, transfieren a los procesos de tecnificación la solución al problema de la ineficiencia. Sin embargo vale la pena reiterar que, como señala Arteaga:

Independientemente del desarrollo tecnológico y del campo de problemas a que responden los sistemas de vigilancia en los disitntos países, su expansión implica cambios en la organización del espacio y en los órdenes legal, económico y productivo, mismas que afectan las actividades cotidianas realizadas por los individuos en los espacios público y privado.⁷⁸⁴

Reconsiderar el valor de la técnificación como un recurso que, más allá de la información que proporciona, no contribuye de manera inherente a mejorar la gestión del poder político.

Bibliografía

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Waiton, Stuart, “The Politics of Surveillance: Big Brother on Prozac”, Surveillance & Society, vol. 8, núm. 1, 2010, pp. 61-84. [Publicación en línea] Disponible desde Internet en: http://www.surveillance-and-society.org. [con acceso el 2-2-2011].

22. Élite burocrática y cultura política en México durante el “desarrollo estabilizador”, 1950-1970.

Alejandro Ramos Ortiz⁷⁸⁵

Introducción

Este ensayo tiene varios propósitos, por una parte, aportar elementos que permitan reconocer y describir cómo se fue instituyendo el concepto de planeación en el horizonte cultural que imperó en el marco de la política económica y en la administración pública mexicana entre 1950 y 1970. Por otra parte, se propone recordar cómo diversos saberes institucionalizados (derecho, economía, ciencias sociales, ciencias administrativas, ciencias políticas), y las necesidades discursivas y prácticas de la política y la administración pública promovieron el influjo de la planeación y el desarrollo del aparato público durante el periodo ahora conocido como “desarrollo estabilizador⁷⁸⁶ haciéndolos medulares en la especialización y expansión de la administración pública implementada por la clase política y la élite burocrática mexicana de esos años.

Adicionalmente, se busca entender cómo esos principios se fueron constituyendo en elemento cohesionador y a la vez en un espacio simbólico, que pudiera llamarse, provisoriamente, “cultura política del sector económico y financiero de la élite burocrática”, espacio privilegiado donde se tomaban decisiones políticas en la administración pública mexicana de esos años, por lo que será útil repasar el origen del concepto planeación y sus propósitos en la administración pública y en el sistema político mexicano.

Esos años serán el escenario de distintas manifestaciones y expresiones discursivas y de historia efectual que irán construyendo un discurso mayor, inmerso a su vez en el metarrelato todavía palpitante (sólo en el discurso) de la Revolución Mexicana, y de un entramado normativo e institucional modular y acumulativo que propició que los diversos actores políticos, en particular la élite burocrática que desde 1946 llega a la cima, a través de los abogados que ocupan espacios destinados en años previos sólo a militares, políticos y líderes de organizaciones sociales.

Si aparentemente estaba claro en las piezas discursivas de la época que alcanzar el desarrollo y bienestar con justicia social era el objetivo último de la Revolución Mexicana, el cómo lograrlo estableció dilemas y tensiones que propició que existieran diferentes enfoques, métodos y teorías; enfrentamiento y afirmación de saberes institucionalizados y de prácticas que a lo largo de esos años fueron construyendo y sedimentando, aparentemente sin plan previo, una cultura política sui géneris en la élite burocrática de la administración pública mexicana, donde la palabras, planeación y desarrollo, se convirtieron en mito y utopía de todo un sistema de creencias, valores y percepciones que rigieron el actuar de la clase política y en particular de la élite burocrática, desde antes de 1950 y hasta finales de los años ochenta.

Lo que sigue tratará de contribuir con elementos que lleven a identificar los diversos componentes que conformaron la cultura política de la élite burocrática durante el periodo que Antonio Ortiz Mena denominó, en 1969, como “desarrollo estabilizador”.⁷⁸⁷ Seguramente será debatible –es uno de los propósitos implícitos del ensayo– pero se parte del supuesto de que a la cultura política de la élite burocrática de esos años la integraban al menos tres tipos de subculturas: subcultura aspiracionista; subcultura de lealtad y subcultura de responsabilidad, que se expresaban, amoldaban, entrecruzaban, omitían, superponían o metamorfoseaban según las circunstancias prevalecientes en un sistema político sexenal, autoritario y presidencialista.

Antes de iniciar con los aspectos centrales de este trabajo es necesario realizar dos breves consideraciones teórico metodológicas: qué se entiende por élite burocrática y cómo entiendo lo que llamaré cultura política.

Élite burocrática

Tropicalizando lo establecido por Norberto Bobbio respecto de las élites políticas, tomo las siguientes consideraciones para aplicarlas a la élite burocrática:

I) Las relaciones entre individuos o entre grupos se caracterizan por ser relaciones de desigualdad. II) La causa principal de la desigualdad es la desigual distribución del poder, pues este tiende a concentrarse en una minoría. III) El poder determinante, es el poder político. IV) Los que detentan el poder político, la clase política; la élite burocrática, son siempre una minoría cuyo origen es la clase alta y la clase media ilustrada. V) La élite política por ser minoría, tener intereses comunes, estar ligados entre sí, son solidarios, por lo menos en el respeto de las reglas del juego que les permite, ora a unos, ora a otros, el ejercicio alternativo del poder.⁷⁸⁸

La élite burocrática ha sido, de manera subordinada, parte de la élite política, e insistiré en que es un subconjunto (que no ha renunciado a sus pretensiones al poder, pero las omite, difiere y están latentes) donde no se incluyen en ella los dirigentes del Estado, los legisladores, los líderes políticos y los de organizaciones sociales, pero sí a los administradores del aparato público, incluidos los técnicos, los asesores y los especialistas.

Respecto al aparato público, este subconjunto estará integrado, para el caso mexicano, por los secretarios de estado, subsecretarios, oficiales mayores, directores generales del sector central; los titulares de las entidades paraestatales y los organismos descentralizados, los integrantes de la procuraduría, los integrantes de la Oficina de la Presidencia de la República y los embajadores.⁷⁸⁹ Parto del reconocimiento de que nuestro sistema político desde antes de los años que nos ocupan ha producido un aparato complejamente articulado, sobre normado, lleno de reglas formales e informales y una élite burocrática sumamente flexible para ser manipulada a las órdenes políticas. Es en este marco de relaciones donde se establecen las pautas aceptables y comunes de lealtad, liderazgo, profesionalización, experiencia y control, propio de este aparato administrativo.⁷⁹⁰

Así, parte de la élite burocrática que durante el periodo 1950-1970 será aludida, a través de discursos y prácticas, en el transcurso de este texto, serán los secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Relaciones Exteriores; de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa; de la Presidencia; del Patrimonio Nacional; de Industria y Comercio, así como subsecretarios y oficiales mayores de las mismas dependencias y al director de la Comisión Nacional de Inversiones. Respecto a entidades y organismos se considerarán al director general del Banco de México, al director general de Nacional Financiera, al director general del IMSS, a algunos de sus segundos niveles y eventualmente a asesores de la presidencia de la república y de los secretarios de estado.⁷⁹¹

Reconociéndose que la frontera entre élite burocrática y élite política es porosa e indeterminada, en este trabajo se considerará como élite burocrática al estrato más alto donde se ubican elementos que por designación (y no por elección ni por concurso) ejercen la función pública (o sea los administradores, especialistas y expertos), cuya procedencia en cuanto clase social proviene de estratos altos; la alta clase media y los estratos medios ilustrados, teniendo casi todos ellos una sólida formación académica (especialización incluida) y vinculación institucional con redes académicas nacionales y extranjeras.⁷⁹²

Cultura política

Respecto de la cultura política, este trabajo se enmarca en la definición que establece que ésta es el conjunto de “los valores, expectativas y reglas implícitas que expresan y configuran las intenciones y las acciones colectivas”, para lo cual se ha diseñado un esquema donde se presentan diversos elementos y factores conductuales, culturales, institucionales y extra culturales que se considera coexisten de manera explícita, implícita o latente en la cultura política de la élite burocrática mexicana del periodo que nos ocupa. Tomando como base lo recomendado por estudiosos de la cultura política y de la administración pública mexicana, se propone el siguiente esquema.⁷⁹³

Componentes de la cultura política de la élite burocrática durante el
“desarrollo estabilizador” 1950-1970

Subcultura de la aspiración
(Sustrato de racionalidad tecnocrática)
Propensiones subjetivas / actitudes subyacentes / orientaciones a la acción.
Valores, expectativas, sentimientos.
Sistema de creencias, cultura y saberes institucionalizados.
Testimonios, memorias, ensayos, biografías, diarios.

Subcultura de la lealtad
(Sustrato de racionalidad política)
Comportamiento
Conductas intencionales. Estrategias. Tiene como objetivo incidir sobre las relaciones de poder, que están determinadas por dimensiones subjetivas, culturales, intereses, institucionales.
Lo regido por el patrimonialismo, la discrecionalidad y la disciplina son rasgos distintivos manifestados en la existencia de facciones o grupos nucleados por un líder. Praxis política. Memorias institucionales, informes.

Subcultura de la responsabilidad
(Sustrato de racionalidad burocrática)
Estructuras de poder o sistema político
Normas, jerarquías, procedimientos, instituciones, marcos hegemónicos que incluyen o excluyen a actores y sus demandas.
Marco jurídico normativo: prescripciones constitucionales, Experiencia y práctica administrativa. Leyes, reglamentos, discursos especializados

Este esquema adiciona tres categorías más, al propuesto por Miguel Ángel Hernández Fuentes, que sólo incluye tres y que son el eje del mismo: I) Propensiones subjetivas / actitudes subyacentes / orientaciones a la acción. Valores, expectativas, sentimientos; II) Comportamiento. Conductas intencionales. Estrategias. Tiene como objetivo incidir sobre las relaciones de poder, que están determinadas por dimensiones subjetivas, culturales, intereses, institucionales y; III) Estructuras de poder o sistema político. Normas, jerarquías, procedimientos, instituciones, marcos hegemónicos que incluyen o excluyen a actores y sus demandas.

En el esquema que presento, incorporo lo relativo a la subcultura de la lealtad, la subcultura de la responsabilidad y la subcultura de la aspiración. Debo reconocer que las dos primeras son sugeridas por Mauricio Merino (la subcultura de la lealtad y la subcultura de la responsabilidad). Lo relativo a la subcultura de la aspiración, lo agrego como acción y efecto de pretender o desear algún empleo o dignidad, no confundir con el aspirantismo que condenaran Guillermo Prieto o Lorenzo de Zavala en el siglo XIX: esa ambición de encontrar cobijo de por vida en la comodidad burocrática.

Coincido con Merino cuando señala que la dinámica funcional que ha prevalecido en la administración pública mexicana es la que se sustentaba en privilegiar valores como la lealtad y la disciplina, puestas por arriba de la especialización y profesionalización, pues se tiene claro que el empleo público permite alcanzar poder político.

Sostengo que la subcultura de la responsabilidad existe de facto y ha sido el límite natural (la ley) que define y acota las facultades, ámbitos de competencia, atribuciones y responsabilidades de los funcionarios públicos. De las múltiples disposiciones que se tenían que cumplir en el maremágnum jurídico normativo que regula a la administración pública, destacaban en esos años la Ley de Responsabilidades de los funcionarios y Empleados de la Federación y la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Cabe mencionar que Merino se refiere a la subcultura de la responsabilidad como algo que necesita construirse en el futuro a través de la profesionalización del servicio público.⁷⁹⁴ En segundo lugar, agrego como sustratos de las subculturas señaladas, formas de racionalidad (tecnocrática, política y burocrática), sugeridas, en parte, por el trabajo del sociólogo José Medina Echavarría.⁷⁹⁵

Añado, además, un tercer bloque que es el resultado del desarrollo y la dinámica, al interior de las subculturas; de las propensiones subjetivas; el comportamiento y la estructura de poder. Afirmo que al interior de la cultura política se da una interacción constantemente, no sin tensiones y contradicciones, entre la subcultura aspiracionista, la subcultura de lealtad y la subcultura de responsabilidad, que como ya se mencionó se expresan, amoldan, entrecruzan, superponen y simbiotizan según las circunstancias prevalecientes en un sistema político sexenal, autoritario y presidencialista.

Ese resultado, produce historia efectual que se manifiesta a través de discursos, instituciones, disposiciones, prácticas y marcos jurídicos normativos que es lo que nos permitirá conocer parte de la cultura política del periodo.

Relativo a la subcultura aspiracionista y vinculado al sistema de creencias, cultura y saberes institucionalizados, surgirán entre otros: testimonios, memorias, autobiografías, biografías, diarios, ensayos y propuestas teórico metodológicas. Respecto de la subcultura de la lealtad y el comportamiento, surgirá lo regido por el patrimonialismo, la discrecionalidad y la disciplina. Rasgos distintivos manifestados en la existencia de facciones o grupos nucleados por un líder y conectados mediante una praxis política y a través de códigos no escritos. Sus productos son: memorias institucionales, informes, reportes y praxis no documentada. Por último y vinculado, la subcultura de la responsabilidad y las estructuras de poder y el sistema político, expresados en marco jurídico normativo, prescripciones constitucionales y en experiencia y práctica administrativo-jurídica, se producen: leyes, reglamentos, estatutos, manuales operativos y otras disposiciones.

Planeación del desarrollo. Configuración de un horizonte cultural en la posguerra

La planeación del desarrollo tal y como se implantó en los países capitalistas hasta antes de la inserción del paradigma neoliberal, tiene su origen, parte en el socialismo –la planificación estatal– y parte en las ideas económicas modernas expresadas en la contabilidad nacional, en las teorías keynesianas y en la política anticíclica en general y se caracterizó porque trataba de comprender y de influir en la economía de un país en su conjunto.⁷⁹⁶ Este último propósito se perfiló más y definió mejor como secuela de la crisis de 1929-1933, cuando se vio que las cosas no funcionaron como se esperaba para la economía capitalista. Al concluir la Segunda Guerra Mundial y reconfigurarse el sistema mundial bajo la égida norteamericana, aparecerán nuevos actores institucionales, políticos, económicos y financieros, que serán parte fundamental del modelo de desarrollo capitalista teniendo en lo económico la tarea de cooperar para la reconstrucción y el desarrollo de los países capitalistas.⁷⁹⁷ Esto propició lo que se ha llamado la etapa de oro del capitalismo 1950-1970.

Dentro de este contexto, no deberá sorprender la expedita aparición de la planeación del desarrollo que instrumentará tanto el FMI, como BIRF (en adelante Banco Mundial), al final de la década de los cuarenta, teniendo como espacio de implementación la reconstrucción de Europa. En los sesenta esa estrategia tendrá un actor más, al fundarse el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que nuevamente a través de créditos externos, asistencia técnica y capacitación mediantes consultores expertos, inducirán nuevas líneas de inversión que revitalizarán al modelo capitalista mexicano después del aparente impasse de 1910-1940. En consecuencia, en la política económica mexicana de 1946-1952,⁷⁹⁸ ya habrá ciertos alineamientos tácitos para impulsar el desarrollo capitalista, según las nuevas necesidades del mercado, todo promovido por la hegemonía de los Estados Unidos de América (EUA).

Si bien la historia de las relaciones de México con los organismos financieros internacionales de apoyo al desarrollo está por escribirse, queda claro, que desde la misma creación de los dos principales organismos, los gobiernos mexicanos estuvieron presentes. Desde la constitución del FMI, del Banco Mundial y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, primero, y luego con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México ha tenido con todos ellos una participación e intercambio de relaciones constante: miembro fundador, interlocutor y solicitante de recursos. Desde el inicio de la relación, los préstamos del Banco Mundial en México han sido coordinados por Hacienda, la que en nombre del gobierno federal otorga la garantía sobre el pago del servicio de la deuda siendo la banca de desarrollo la que fungía como agente financiero. Por décadas, el principal agente financiero ha sido Nacional Financiera, por designación de la SHCP.

Señala Francisco Suárez Dávila, que “El Banco Mundial reconoció que México, a raíz de la exitosa política económica de la década de los cuarenta y cincuenta, definía en forma autónoma su política de desarrollo y admiraba su conducción”. Agrega que, en este sentido, fue de especial importancia el acuerdo para establecer una Comisión Mixta que funcionó entre 1951 y 1952, integrada por Raúl Ortiz Mena y Víctor L. Urquidi, por el gobierno mexicano; por el Banco Mundial Albert Waterston y Jonas Harralz, quienes elaboraron El desarrollo económico de México y su capacidad para absorber capital del exterior, que publicaría Nacional Financiera, en 1953.⁷⁹⁹

Al parecer en ese trabajo, desde esos años, se estableció la línea de política a seguir por México y el Banco Mundial hasta fines de los sesenta y se señalaba la necesidad de formular e implantar un programa de desarrollo (o plan). Surgía así la necesidad de establecer las metodologías de planeación, que implicaban una adecuada jerarquización y coordinación de actores. De estas ideas surgirían las tareas de la Comisión Nacional de Inversión Pública.

Comenta Francisco Suárez Dávila que eran las épocas de las tesis keynesianas de la inversión pública como motor de desarrollo. Adicionalmente y siguiendo a Rafael Izquierdo en su libro Política hacendaria del desarrollo estabilizador, 1958-1979, habrá que agregar una contribución importante del BID en este proceso que reactiva a la planeación en México, la que se encontraba desarticulada por tener dos instancias responsables de su formulación, pero principalmente era rehén de las pugnas interburocráticas existentes en la administración pública mexicana de aquellos años. Él considera que en esa década el encuadre de los asuntos económicos lo dieron principalmente dos trabajos: el ya mencionado El desarrollo económico de México y su capacidad para absorber capital del exterior, y El desequilibrio externo en el desarrollo económico latinoamericano: el caso de México, formulado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1957.⁸⁰⁰

Cabe destacar que los paradigmas tanto del Banco Mundial como de la CEPAL tenían sus seguidores en las diversas instancias de la administración pública y aunque eran antagónicos, coexistieron y hasta se complementaron en ocasiones, sin embargo, fueron parte del sustrato de un conflicto interburocrático entre los tomadores de decisiones políticas en la administración pública mexicana, que en esos años se ventiló como la pugna de “políticos” contra “técnicos” y que años después llevaría al enfrentamiento que se denominó la “disputa por la nación”, principalmente, entre economistas, participantes de la élite burocrática en la administración pública, formados en instituciones de educación superior mexicanas, con postgrados y especializaciones en el extranjero, que trataron de imponer sus adscripciones teóricas e ideológicas para hacer prevalecer su idea y representación de lo que debería ser el futuro de México.

De acuerdo al esquema de componentes de la cultura política mostrado al inicio, pronto comenzó una confrontación, y en el marco de las aspiraciones, valores y expectativas, se fueron enfrentando sistemas de creencias y saberes institucionalizados, si bien por cumplir objetivos, atribuciones y responsabilidades conferidas, soterradamente para privilegiar y destacar a un equipo político encabezado por un miembro de la élite burocrática con aspiraciones políticas latentes.

La planeación del desarrollo. La subcultura de la aspiración I

Los términos plan económico y planeación económica⁸⁰¹ aparecieron en el vocabulario político mexicano al inicio de los años treinta. Eran los años de la gran depresión cuando, acicateados por los intelectuales más jóvenes,⁸⁰² los dirigentes posrevolucionarios dan a conocer el primer Plan Sexenal (1933). Son los años del apogeo del “maximato” de Plutarco Elías Calles, sin duda, el político introductor del concepto, objetivos y alcances iniciales.⁸⁰³ Si nos atenemos a los términos legales, desde 1930.

La planeación de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto coordinar y encauzar las actividades de las distintas dependencias del Gobierno para conseguir el desarrollo material y constructivo del país, a fin de realizarlo en una forma ordenada y armónica, de acuerdo con su topografía, su clima, su población, su historia, su tradición, su vida funcional y social y económica, la defensa nacional, la salubridad pública y las necesidades presentes y futuras.⁸⁰⁴

En México, fue deliberado el uso del término planeación y fue la designación dominante en los círculos gubernamentales desde hora temprana, aunque en los ámbitos académicos especializados o de convicción marxista, se le designó como planificación haciendo las diferenciaciones correspondientes.⁸⁰⁵ Es evidente que la preferencia del término planeación era la punta del iceberg, de una confrontación ideológica dura y soterrada, que en la administración pública mexicana se resolvió de una manera pragmática: se le llamó planeación para diferenciarla y deslindarla de la planificación socialista, pues los diseñadores de la política económica tenían muy claro que era el “mercado” el que asignaba los recursos. Incluso, las altas esferas del gobierno estaban conscientes de que incluso el término planeación provocaba sospechas en el sector privado.⁸⁰⁶

José Medina Echavarría, señala que es Karl Mannheim quien considera a la sociología la ciencia de la planificación, pues es ésta un esfuerzo de transformación total. Propone una planificación para la libertad. Para Mannheim, la planeación realizaría la tarea que el laissez-faire, liberal, ya no podría cumplir por sí mismo, pero respetando y dando vigor nuevo a los principios liberales.⁸⁰⁷ La planeación tiende a encarnar en distintos sitios en sus formas extremas, nunca realizadas plenamente, en tres tipos: burocrática, tecnocrática o democrática. Describe a la planeación burocrática y señala que está basada en la administración racional. “Todo el saber acumulado de la burocracia no produce por sí mismo un acto de decisión. El símbolo popular de la burocracia es el expediente. La racionalidad burocrática y la racionalidad jurídica están emparentadas”.

De la planeación tecnocrática hace referencia señalando que la utopía tecnocrática es la más típica de nuestro tiempo: existe una racionalidad de fines. Observa que no ha existido un gobierno de planificadores. Para Medina Echavarría,⁸⁰⁸ la planeación democrática pretende la participación y el control populares en la elaboración y cumplimiento del proceso planificador. Observa que todo parece apuntar a que la planeación funcionaría mejor en un sistema democrático.⁸⁰⁹ Él analiza la compatibilidad entre la planeación; el sistema representativo y la democracia, señalando lo siguiente: 1) El sistema de partidos es el espacio donde se enfrentan y elucidan, ante la opinión pública, las opciones que implica la planeación. 2) El sistema de partidos contribuye a la continuidad de la cultura política, sin la cual es imposible realizar acciones en el largo plazo. 3) Es compatible con las innovaciones.

A esta parte del análisis, en el caso mexicano, la pienso como planeación política, más que planeación democrática, pues es la clase política y el gobierno quienes, en el marco democrático, controlan, regulan y fomentan las demandas que surjan en el proceso político, económico y social. Esto es lo que considero, en el marco del esquema de componentes de la cultura política, la racionalidad política, pues está regida por intereses políticos, de partido o facción.

A la distancia, ya podemos afirmar que al sistema representativo, la planeación y la democracia los conjugan dos de los tipos de planeación previstos por Medina Echavarría: lo realiza una estructura burocrática, cuyos cuadros dirigentes son profesionales avezados en la política, y en la administración pública; abogados especializados en economía y/o ciencias administrativas públicas y economistas, algunos de ellos, que le darán una visión tecnocrática, y para efectos de control político y refrendo corporativo con sus organizaciones. Los proyectos, programas o planes que se formulan en México entre 1948 y 1970, siguiendo a Medina Echavarría, se ajustan al modelo de racionalidad tecnocrática y burocrática, donde los aportadores de los recursos externos y los responsables de la política definían los objetivos a alcanzar y los técnicos (o tecnócratas) formulaban con criterios economicistas el proyecto, programa o plan que se requeriría y que sería implantado por la burocracia, por el aparato en la administración pública.

Administración pública y cultura política. La subcultura de la responsabilidad

En México, desde 1928, independientemente de la tónica que cada titular del ejecutivo imprimiera a su gestión, el gasto federal se fue expandiendo y la estructura administrativa fue creciendo, siguiendo un impulso que fue creando dependencias, empresas públicas, organismos y programas para la explotación de los recursos naturales; el reparto agrario, la inversión en: infraestructura, proyectos productivos, equipamiento urbano o para financiar el desarrollo y crear más empresas paraestatales, hasta construir un gran aparato y mecánicas institucionales para administrar, planear y controlar toda la inversión y la administración pública, principalmente.

En todo ese aparato administrativo que se fue construyendo durante más de 40 años de gobiernos posrevolucionarios, si bien el concepto de planeación no aparece nítidamente desde el primer momento, ni en todas las áreas de gobierno, sí surge en las áreas económicas y en las tareas administrativas, donde se pretende que las tareas de planeación sean de carácter estrictamente científico. No se puede generalizar y afirmar que en todo el aparato público prevaleciera un sólo tipo de racionalidad, pues coexisten diversos tipos que incluso se superponen, prevaleciendo en algunos momentos una racionalidad sobre otras. De inicio, la racionalidad predominante en la administración pública y en la burocracia fue cierto tipo de racionalidad jurídica, que en lo argumentativo y normativo devino en racionalidad, propiamente burocrática. Debe señalarse que el entramado de disposiciones es enorme.

Siguiendo a Medina Echavarría, se podría afirmar que la planeación es una arena donde se enfrentan, colisionan y a veces se organizan distintas formas de racionalidad, la política, la burocrática y la tecnocrática en un marco institucional no exento de tensiones entre lo político y lo administrativo. Él señala: “El planificador es hombre de ciencia –la económica– que conoce realidades objetivas, fenómenos económicos, sin embargo no es un científico pues su actividad es la de un asesor. Es un experto que ofrece modelos, elabora estrategias y cursos de acción. Los fines para cuya realización construye su plan no están definidos por él, no obstante que pueda ofrecerlos en forma condicional como alternativas abiertas”.⁸¹⁰

Si bien ahora son claros los alcances de la racionalidad tecnocrática y se sabe que éstas descansan en tesis de que los hombres son capaces de dirigir racionalmente su destino, en la medida en que puede aplicar técnicas sociales y en el grado en que permite la introducción racional de semejantes técnicas, en todos esos años se fue generando un optimismo por lo técnico, las especialidades y las visiones tecnocráticas. Fue un momento de auge, que viniendo del exterior, propició la creciente confianza en los saberes institucionalizados.

Este optimismo permitió a los abogados con especialización en economía y ciencias administrativas, y a los economistas, principalmente, ir escalando posiciones, primero en la pirámide administrativa (desde el inicio, procedentes de la Universidad Nacional, estuvieron muy cerca de la cúspide y la toma de decisiones) y posteriormente en la pirámide política, donde a partir de 1946, con el abogado Miguel Alemán Valdés en la Presidencia de México, ocuparon altos cargos y se convirtieron en secretarios, subsecretarios de estado y oficiales mayores, algunos de ellos, o en asesores de los políticos-abogados que ocuparon el primer plano de la administración pública.

Desde esos años comenzó a surgir una diferenciación, en el seno de la clase política, pues la élite burocrática comenzó a hacerse evidente y ostentar y desplegar una cultura política impregnada de saberes institucionalizados (derecho, economía, planeación, ciencias políticas, administración pública) pugnando por predominar, paulatinamente, en la tarea de gobierno, a través de una supuesta racionalidad tecnocrática que dirige toda tarea del planificador y del administrador público.

Sin embargo, la declaración de fines y metas y la formulación de la imagen ideal de la sociedad pretendida pertenece, en todos los regímenes políticos, a quienes detentan el poder, y que están sujetos a una racionalidad política que en muchas ocasiones no contemplaba totalmente a la racionalidad tecnocrática. Ni siquiera el sistema de valores que orientan el diagnóstico es cosa de su libre elección. Ese era el centro de la pugna entre “políticos” y “técnicos”, por hacer política, por acceder al poder, ascender en él y detentarlo.

En el caso mexicano, el planeador o planificador estuvo, aparentemente, al margen del proceso político y estuvo sustraído de la racionalidad política de la que, aparentemente, no participó. En ese tipo de decisiones fue un subordinado; mero agente “técnico”, quien asesoró, sugirió y desarrolló posibles soluciones “técnicas” a quienes realizan definiciones políticas. Entre 1940 y 1970, el planificador, de bajo perfil en apariencia, fue ajeno al “Proyecto de nación” –definición política–, no porque tuviera desinterés en participar, sino porque la racionalidad política y las prácticas burocráticas y políticas de la administración pública mexicana no le permitían acceder y controlar el proceso de decisiones políticas. Eran tiempos de callar y obedecer.

El planificador en esos años era un técnico; un abogado con especialidad en finanzas públicas o ciencias administrativas o un economista (profesión en ascenso a partir de 1935) con especialidad en administración pública; un tecnócrata que tuvo que aclimatarse en un entorno donde hacia arriba predominaba “lo político” (subcultura de la lealtad); en el centro él, sus valores, expectativas y formación (subcultura aspiracionista), y hacia los lados y hacia abajo prevalecía lo burocrático, compenetrándose de lo que la burocracia maneja: el marco normativo, el expediente y los procedimientos (subcultura de la responsabilidad).

La élite burocrática aprendió a convivir en ese contexto donde la racionalidad es típicamente funcional y se enmarca en atribuciones, facultades y ámbitos de competencia, características que durante algunos sexenios fue adosando a su propia racionalidad tecnocrática.⁸¹¹

Cultura política del presidencialismo mexicano. Planeación y praxis política. La subcultura de la lealtad

Tras la contienda armada iniciada en 1910, los constituyentes de 1917 crearon un nuevo orden y un guardián eficaz del mismo. Establecieron al nuevo Estado mexicano, con las tradicionales facultades que marcaba la teoría constitucional. Pero fueron más allá: introdujeron las reformas sociales e hicieron del Estado, específicamente del presidente, el órgano comprometido y encargado de ejecutar dichas reformas. La aplicación, desarrollo legislativo o ejecución de las normas constitucionales referidas a las reformas de carácter social quedó supeditada a la voluntad del presidente.

El presidencialismo mexicano de mediados del siglo XX, si bien tiene raíces autoritarias con resabios porfiristas, más bien es el resultado de un proceso que comenzó con Álvaro Obregón, a quien le tocaría establecer, con su muerte, la no reelección como límite de la autoridad presidencial, para proseguir con Plutarco Elías Calles, quien con atributos de “jefe máximo” delineó cualidades de supremacía política que le serían enajenadas por Lázaro Cárdenas del Río, no para depositarlas en su persona, sino más bien para fortalecer la investidura presidencial configurando la representación de autoridad presidencial, que en mayor o menor grado fueron robusteciendo los siguientes presidentes subsecuentes, los que fueron agregando un estilo personal de gobernar.

Sin embargo, los principales atributos del presidencialismo mexicano, en los años que abarca este trabajo son, por una parte, su marcada influencia en la economía, pues fue el presidente quien determinó la política económica global: la política monetaria, la política fiscal, la política de precios, la política de inversión y gasto público, la política de importaciones y exportaciones, la política petrolera y la petroquímica, la política de energía, las políticas agrícolas, pecuarias y forestales, la política agraria, la política industrial, la política turística, la política regional y la política hacia el sector paraestatal.⁸¹² Por otra parte, el poder unipersonal indiscutible durante su sexenio.⁸¹³

Son estas facultades las que han propiciado que el Estado mexicano haya promovido la modernización económica del país, entendida como industrialización y crecimiento económico, apoyado en la discrecionalidad del titular de su órgano ejecutivo para aplicar las normas jurídicas y para definir la política económica. Esta discrecionalidad en la aplicación de las leyes ha sido la característica del Estado en su relación con la sociedad. Sin embargo, si bien los alcances de las decisiones presidenciales son extraordinarios, pues en cierto modo nombra y protege, concede, coarta o facilita la corrupción, es la medida de toda carrera política, le da tono a los estilos de su sexenio. A pesar de todo, en otro sentido, esa desmesura está debidamente encuadrada por el sistema financiero internacional, el imperialismo norteamericano, el capitalismo nacional, la iglesia católica y la autonomía creciente de la burocracia.⁸¹⁴

La discrecionalidad, uno de los atributos fundamentales del presidencialismo mexicano, se trasminó y transmitió a los secretarios de Estado, y de éstos a los niveles subordinados de más confianza de lo que denominamos la élite burocrática, lo que permitió que se fuera incubando paulatinamente una autonomía en determinados sectores, principalmente el económico-financiero, propiciando que aparecieran facultades discrecionales en diversas secretarías enfrentadas por la atención y la confianza del presidente. Fue en estos sectores donde comenzaron a participar los “técnicos” como asesores de los políticos detentadores de la titularidad de las secretarías de Estado hasta que, paulatinamente, aquellos fueron designados titulares.

El hecho de que el titular del Poder Ejecutivo designara o removiera a los funcionarios de sus puestos con toda libertad, influyó en la orientación profesional de los mismos. Durante décadas la lealtad incondicional a la dirección política fue evidente. Así, la sólida unidad y autonomía de la jefatura política en México, derivada del régimen presidencialista, hizo muy difícil, más no imposible, que la administración pública definiera y luego ampliara sus márgenes de independencia frente al poder político, pero siempre manteniendo una relación diversa.

Los saberes institucionalizados. Economía. Ciencias Políticas y Sociales. Administración Pública. La subcultura de la aspiración II

Escuela Nacional de Economía

Debemos recordar el contexto de crisis en el cual se inserta la Universidad Nacional, a finales de los años veinte y primeros años del treinta, una vez ganada la lucha por la autonomía universitaria y una vez sucedidas la convulsas elecciones de 1929, teniendo a José Vasconcelos como candidato opositor al gobierno con la simpatía y el apoyo de profesores y estudiantes universitarios. Desde esos años la Escuela de Jurisprudencia tenía ya una intensa participación, a través de sus egresados, en el sector hacendario y financiero de la administración pública, pues a instancias de los políticos de aquella época –los generales triunfantes de la revolución– los jóvenes egresados reclutados por sus maestros incursionaban en el estudio de las ciencias económicas y las ciencias sociales, disciplinas orientadas y sustentadas internacionalmente, a través de estudios de posgrado en el extranjero, con el propósito de formar a futuros administradores públicos en las últimas y más modernas técnicas.

Fue Manuel Gómez Morín, quien fuera director de la Escuela de Jurisprudencia y creador de instituciones,⁸¹⁵ el diseñador de la propuesta que dio origen al Banco de México, en 1925, con un equipo de colaboradores entre los que destacan Daniel Cosío Villegas, Antonio Espinoza de los Monteros, Miguel Palacios Macedo y Eduardo Villaseñor, quienes crean al interior de la escuela de Jurisprudencia, en la Universidad de México, algunas materias de economía, que a la postre serían la base para fundar la Escuela Nacional de Economía, ya en la UNAM, en 1935.

Lo anterior nos permite mencionar a Sarah Babb, en Proyecto: México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo,⁸¹⁶ quien señala que la historia de esta profesión en México proporciona una visión de cómo las políticas económicas mexicanas –y las ideas que la formaron– fueron moldeadas por fuerzas (ideas y doctrinas) nacionales e internacionales. Ella aporta elementos para dejar claro que la carrera de economía en México nació, creció y tomó su actual forma debido a la importante presencia del gobierno mexicano en las actividades económicas del país. En su trabajo queda claro que en México, de 1950 a 1970, la ciencia económica fue un principio dominante. Babb señala que la escuela de economía fue creada por individuos comprometidos con las ideas revolucionarias y que fue creada por y para el Estado revolucionario.⁸¹⁷

De lo que sucedió en los cincuenta y sesenta nos da cuenta José Luis Ceceña Cervantes en “La economía en México, 1950-1975”,⁸¹⁸ quien comenta que en la Escuela de Economía de la UNAM, en la década de los cincuenta, existe un auge por estudiar las cuestiones más importantes del desarrollo económico; surgen así el interés por algunas de las obras pioneras en temas como: etapas del crecimiento, teoría del desarrollo económico, estrategia del desarrollo económico y el papel de la planificación en la economía, entre otros.⁸¹⁹ El aparente boom del “milagro” económico por el que atravesaba México propició que la primera mitad de los sesenta fuera el inicio del estudio y análisis sistemático sobre el desarrollo en México y los efectos sobre la distribución del ingreso que éste propiciaba.

Había interés en el sector gubernamental y la preocupación estaba en el ambiente académico, nacional y extranjero, ya se había constituido un horizonte cultural que daría cobertura a una vasta producción de estudios que se difundirían durante las dos décadas siguientes: El dilema del desarrollo económico de México de Raymond Vernon (1963); La democracia en México, de Pablo González Casanova (1965) y Bases para la planeación económica y social de México (1965).

Este último, resultado y memoria del seminario que con el mismo nombre organizó la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM en 1965.⁸²⁰ Destaca la realización de este seminario pues es un indicio claro de la preocupación que ya existía a nivel nacional entre los funcionarios del gobierno, académicos y jóvenes economistas⁸²¹ por el tema de la planeación o la planificación. Muestra además, el intenso tránsito de académicos a la función pública y viceversa, lo que fue una constante en el periodo. Desde las instancias académicas se trataba de incidir en la propuesta de planeación para los gobiernos al inicio de cada sexenio, pues ya había pasado una década del primer programa formulado con la asistencia del Banco Mundial y ya existía la necesidad institucional en la élite burocrática de proponer las acciones gubernamentales a través de un plan o programa, lo que era atendido desde la administración publica mediante algunas instancias gubernamentales, como veremos más adelante. Los asesores ya querían tomar las decisiones políticas e implementar los cursos de acción que sugerían.

Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales

Respecto a las ciencias sociales y a la sociología, también en el seno de la Escuela de Jurisprudencia, ya a finales de la década de los veinte existía también una efervescencia por su estudio y por constituir una escuela, sin embargo lo que se creó fue el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), fundado en 1930. Se tenía claro desde ese entonces que el Estado mexicano necesitaba hacer investigación y formar técnicos y se dio a la tarea de formar profesionales y estudiosos de la realidad social. De alguna manera, ya en 1939, esos esfuerzos fructificaban al publicarse la Revista Mexicana de Sociología.

Señala Margarita Olvera Serrano,⁸²² que la Universidad Nacional era en los años cincuenta la única institución que contaba con un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales: el IIS, fundado con la finalidad de contribuir a la producción de un saber capaz de orientar la acción y de fundamentar los proyectos políticos derivados del triunfo de la revolución de 1910. Afirma que: “La pretensión de sus líderes institucionales, generalmente abogados, fue orientar los procesos de transformación social, influir en la toma de decisiones políticas, ganar espacios para esta ciencia y, qué duda cabe, también obtener reconocimiento, pertenencia, prestigio, poder e influencia. Se trataba de convertir un saber racional sobre la sociedad en proveedor de criterios para la toma de decisiones políticas”.⁸²³

Producto del contexto internacional y del horizonte que resultó al comenzar a intervenir los diversos organismos del sistema de las naciones unidas, a partir de 1948 surgen iniciativas promovidas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y por la UNESCO. El primero, tendiente a crear cinco comisiones económicas regionales con el objetivo de cooperar y ayudar a los gobiernos de la zona, siendo relevante para nuestro hemisferio la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El de la UNESCO, destinado a crear y desarrollar escuelas y centros de investigación en ciencias sociales en aquellos países en los que no existían, con la finalidad de producir conocimientos empíricos capaces de dar forma instrumental a las políticas de modernización que se fortalecieron en la región.

Es esta recomendación la que propiciará que algunos años más tarde, después de intensos debates, en 1951, el Consejo Universitario apruebe el proyecto presentado por Lucio Mendieta y Núñez mediante el cual se funda la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, iniciando con las licenciaturas de Sociología, Ciencia Política, Diplomacia y Periodismo. Era evidente el esfuerzo institucional para formar cuadros profesionales que participaran en la administración pública mexicana en constante especialización y expansión.⁸²⁴

De las diversas carreras que se constituyeron, destaca la licenciatura en Ciencias Políticas,⁸²⁵ la que ya en 1958 presentó cambios en su programa de estudio para poder incorporar lo relativo a la administración pública como especialización y desde ese momento se denominaría a la carrera como Ciencias Políticas y Administración Pública, esto, durante la gestión de Pablo González Casanova. Vale la pena señalar este punto, pues una de las razones de los intensos debates en la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas fue que se trató de instituir en ella la carrera de administración pública, situación que no se logró por una férrea oposición de los representantes de la Escuela Nacional de Economía, quienes consideraban a la administración pública una disciplina inherente a la economía, y esencia de las finanzas públicas, conviniéndose que la Escuela de Economía se quedaría con lo relativo a administración pública en su plan de estudios.⁸²⁶

Previo a estos cambios y en el marco de la dinámica de la licenciatura en Ciencias Políticas, se publicó en la revista de la ENCPS el ensayo La utilidad nacional de la Carrera de Ciencias Políticas; en él, José López Portillo, profesor de la licenciatura, la definía como carrera con dos polos: la investigación y la acción, y agregaba:

La Carrera de Ciencias Políticas resuelve un problema vocacional mucho más humano y colectivo (…) el que la siga con toda modestia, pero con toda conciencia, en la medida de su convicción y no para comer, porque ya tiene que ir comido, sino para vivir en una sociedad mejor, debe ir a las corporaciones, especialmente al sindicato, al gremio, al partido político y tender hacia su natural destino: el Estado, el puesto de elección o el puesto de designación.⁸²⁷

En otra parte del texto, López Portillo resume lo que también podría ser el espíritu modernizador de esos años: “o el político estudia o se estudia para político”. Está claro que en esa carrera universitaria se incluía la vocación y la responsabilidad y se preparaba para insertarse en el aparato público y en la racionalidad política; la racionalidad burocrática y la racionalidad tecnocrática.⁸²⁸ Sin ser un tecnócrata puro, pero tampoco un político tradicional, no tuvo puestos de elección popular pues, López Portillo llegaría a la presidencia en 1976-1982.

El Instituto de Administración Pública (IAP)

En la administración pública mexicana y en la academia se procuraba estar al tanto y al día, no se tenía una posición aislacionista y se enviaba recurrentemente a jóvenes egresados a realizar estudios de posgrado al extranjero (EUA, Inglaterra, Francia, Holanda). Más allá de las intencionalidades y aspiraciones políticas, y quizá por ello, se trataba de formar especialistas técnicos para contribuir con racionalidad tecnocrática, al menos, a la atención de dos problemas, sino irresolubles, si muy complejos: hacia adónde vamos; cómo hacerlo.

En 1955 se funda el Instituto de Administración Pública, IAP (antecedente del INAP), sección mexicana del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, fundado en Bruselas, Bélgica en 1930. El IAP contribuyó a la formación de una élite burocrática ilustrada, pero en los juegos de la política mexicana presidencialista, también se pretendía think tank, escaparate y hasta trampolín en ese juego de “serpientes y escaleras” o “rueda de la fortuna” en que sexenalmente se convertía la administración pública mexicana, más allá de los intentos formales de institucionalización y profesionalización de la función pública.

En la publicación conmemorativa por el 35° aniversario de esa institución, se recuerda que desde que se pensó en la creación del Instituto, alentado siempre por el contexto internacional, aparecieron al menos dos posiciones iniciales: los tradicionalistas o legalistas, que concebían a la administración pública desde una perspectiva de leyes y reglamentos; y los prácticos y operacionales, que observaban a la administración gubernamental desde el punto de vista de la planeación, programación y dirección. Entre los primeros se encontraban Antonio Carrillo Flores, Gabino Fraga y Andrés Serra Rojas. Entre los segundos, Raúl Salinas Lozano, Gustavo Martínez Cabañas y Alfredo Navarrete.⁸²⁹ En lo que sí había coincidencia plena, es que se pretendía fundar un centro de administración donde los interesados podrían establecer procesos científicos sobre la administración pública: estudios, análisis, planteamientos, donde se buscaba estimular el intercambio de ideas y expresiones sobre la materia, así como estudiar y sugerir las medidas tendientes a mejorar la organización y el funcionamiento de las oficinas gubernamentales.⁸³⁰

El grupo de los legalistas encabezados por Serra Rojas pretendía fundar una escuela de administración tomando como modelo la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia, pero los funcionarios de la SHCP consideraban que la adscripción de la escuela no podría ser otra que la propia Hacienda o la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. Para evitar la pugna entre los grupos se decidió crear como asociación civil. Sin embargo, respecto de las relaciones con el gobierno, se estableció que el Instituto sería un organismo independiente dedicado exclusivamente a actividades científicas y técnicas. Rafael Urrutia Millán, miembro fundador, señala que en la UNAM era creciente la expansión de la ciencia administrativa e identifica que entre los fundadores del IAP había dos ramas: la primera, la de los que provenían del Banco de México o la SHCP. La segunda, las personas relacionadas con la UNAM y dependían de la Escuela de Economía o Derecho. En varios casos, se daba la situación de que eran funcionarios públicos y al mismo tiempo catedráticos.⁸³¹ De inicio el IAP era un punto de convergencia de teoría y práctica: de racionalidad tecnocrática y racionalidad burocrática en el que ambas pudieron coexistir, si bien se tiene claro que la administración pública es un organismo político.⁸³²

El primer presidente del IAP (1955-1961) fue el eminente abogado Gabino Fraga e integran su Consejo distinguidos miembros de la élite burocrática de esos años pertenecientes al sector hacendario, financiero, económico y paraestatal: Antonio Carrillo Flores; Mario Cordera Pastor, Raúl Salinas Lozano, Alfredo Navarrete, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Álvaro Rodríguez, Ricardo Torres Gaitán, y otros 17 miembros fundadores. En 1956 aparece la Revista de Administración Pública (RAP),⁸³³ órgano del IAP, su director es Antonio Martínez Báez y presenta, entre otros, artículos de Antonio Carrillo Flores: “El Instituto de Administración Pública de México”, de Rafael Mancera Ortiz: “La administración pública en los Planes de Desarrollo Económico”, de Álvaro Rodríguez: “La formación de funcionarios públicos”, que muestran los temas y preocupaciones del IAP en su inicio.

Si bien el IAP nace como asociación civil, son fundamentales los apoyos y subsidios gubernamentales a través de la SHCP, Banco de México y NAFIN. De la SHCP hay seis miembros, destacando el secretario Carrillo Flores, el subsecretario Mancera y tres directores generales: Enrique Caamaño, Rafael Urrutia Millán y Raúl Ortiz Mena. De la Secretaría de Relaciones Exteriores, participa Daniel Escalante y de la Comisión Nacional de Inversiones, su director, Raúl Salinas Lozano. De NAFIN hay dos integrantes, de los que sobresale Alfredo Navarrete; de la Secretaría de Economía cuatro integrantes, donde destaca el secretario Gilberto Loyo y el oficial mayor, Ricardo Gaitán. Están seis catedráticos, entre los que destacan Gabino Fraga, que lo preside; Andrés Serra Rojas, ex secretario del trabajo; Antonio Martínez Báez, ex secretario de Economía y Jesús Rodríguez y Rodríguez, director en la SHCP. Participan además representantes de la Comisión Nacional de Valores; de Almacenes Nacionales de Depósito; de Diesel Nacional y José Iturriaga, consejero de la Presidencia de la República. Además, el Consejo determinó que se invitaría al presidente Adolfo Ruiz Cortines a ser el presidente Honorario, lo que fue aceptado por el Ejecutivo.⁸³⁴

Independientemente de que debe hacerse una investigación profunda sobre la historia institucional del ahora INAP, una somera revisión a las revistas (RAP) aparecidas en el periodo 1956-1970 nos indican cambios, tensiones, suspensiones, silencios y algunas permanencias en el concepto y en el discurso de esa parte de la cultura política de la élite burocrática del “desarrollo estabilizador”.⁸³⁵ Considero que la fundación del IAP si bien obedecía a las influencias del contexto internacional, el “espíritu de los tiempos”, impregnado de racionalidades tecnocráticas, contribuyó a delinear, también, la cultura política imperante, pues con la especialización, por ejemplo, emergían claramente, por una parte, elementos de la subcultura aspiracionista (sistema de creencias, cultura y saberes institucionalizados) y por otro de la subcultura de la responsabilidad (normas, jerarquías, instituciones) y la élite burocrática no sólo se formaba e informaba; se especializaba.

Respecto de la planeación y la administración pública, las prácticas prevalecientes en la política y en el aparato público estuvieron definitivamente determinadas por ese principio dominante que conocemos como presidencialismo mexicano, praxis que será modificada (fortalecida y acotada) por la racionalidad tecnocrática para beneficio de su causa y de sus adeptos; en cuanto a los contenidos, respecto a lo formal, predominaba la racionalidad política, pero se enunciaba crecientemente la racionalidad tecnocrática. La creación del IAP no fue la excepción, si bien se constituyó como asociación civil, y contó con la anuencia y favor del presidente Ruiz Cortines como ya se comentó, fue un espacio para la disertación sobre estos temas, cobijados por la presidencia.

¿Por qué decir que el “desarrollo estabilizador” fue parte de la cultura política de una época?

Antonio Ortiz Mena (1908-2007), para algunos,⁸³⁶ es una imagen casi mítica, principalmente por su larga y exitosa trayectoria como administrador público de fama nacional e internacional, quien con una formación universitaria de abogado (fue discípulo de los “siete sabios” y condiscípulo de Miguel Alemán Valdés y Antonio Carrillo Flores), se especializó, en la práctica, en finanzas públicas y economía. Fue litigante, asesor y jefe jurídico del Departamento del Distrito Federal y colaboró en la Procuraduría General de la República. Ya en el sexenio del presidente Miguel Alemán, fue funcionario del Banco Nacional Urbano y de Obras Públicas. Fue colaborador de Ruiz Cortines y siendo éste presidente, pasó a ser director general del IMSS durante la administración 1952-1958. Es ampliamente conocido su paso como titular de la SHCP en dos sexenios 1958-1970, así como su larga estancia en el BID de 1971 a 1988.

Comenta Ortiz Mena que fue a instancias de Miguel de la Madrid (su ex colaborador) y de Pedro Aspe (ex titular de la SHCP) que el Fondo de Cultura Económica le propuso escribir un libro relacionado con el periodo 1958-1970. El libro tiene la ventaja, para su autor, de estar escrito con casi treinta años de distancia, donde algunos de los procesos ahí mencionados ya concluyeron y ya casi ninguno de los protagonistas estelares que aparecen ahí pueda replicar, precisar o dar su punto de vista. El libro tiene la desventaja, para el lector, de que su autor se expresa con la seguridad que da el presente respecto de acontecimientos polémicos cuyo desenlace en su momento fue muy difícil de saber. La narración es fluida y el relato rico en anécdotas (algunas poco conocidas), dejando entrever el ámbito beligerante entre la SHCP y otras secretarías de estado: el multicitado conflicto de “políticos” (los otros) vs “técnicos” (SHCP y demás entidades del sector financiero) por la preferencia y la atención del presidente.

Con la claridad y seguridad que da decir las cosas a “toro pasado”, Antonio Ortiz Mena deja ver nítidamente por qué y cómo se fue gestando ese conflicto, cómo lo apaciguó dos veces y cómo estuvo latente siempre, pues lo que estaba en juego era el poder y el ascenso político sexenal. Ya en esos años se gestaba una nueva cultura política, una nueva manera de ascensión en el aparato público –claro, si el presidente de la república no disponía otra cosa–, el ascenso ya no era sólo por la vía de pertenecer a la clase política, se da un desdoblamiento de ésta, y a partir de entonces, la nueva vía se llamará élite burocrática. Pero, antes de concluir este trabajo, hagamos algunas consideraciones sobre la praxis de Ortiz Mena, aspectos que fueron fundamentales en el proceso de diseño (planeación) e implementación y gestión del “desarrollo estabilizador”.

Más allá de su discurso especializado, en sus reflexiones, Ortiz Mena ubica la política económica en su contexto histórico y establece las profundas relaciones que existen entre la política nacional, el acontecer internacional, las necesidades de la sociedad y la concepción y aplicación de la política económica. Su libro es el relato del “desarrollo estabilizador” y cómo se logró un desempeño caracterizado por la disciplina hacendaria, que hizo posible el crecimiento del país con estabilidad de precios, salarios reales y empleo en aumento. Debe destacarse el énfasis que él pone en un buen desempeño alcanzado por la disciplina y estabilidad, mencionando desde el primer momento que el “desarrollo estabilizador” fue resultado de un trabajo en equipo,⁸³⁷ integrado con distinguidos miembros de la élite burocrática, de la SHCP, Banco de México y Nacional Financiera.

Al parecer, a la personalidad de Antonio Ortiz Mena la definirá la disciplina, la estabilidad, el buen juicio, la seriedad y la abnegación, elementos que marcarán su larga trayectoria profesional por la administración pública mexicana y en organismos financieros internacionales. Destaco dos momentos que de acuerdo a su testimonio fueron fundamentales para el “desarrollo estabilizador” y para la vida política mexicana.

El primero, en 1958, cuando el presidente electo, Adolfo López Mateos, le encarga, ante la agitación social (así llama Ortiz Mena al conflicto magisterial y al conflicto ferrocarrilero), realice las acciones necesarias de gestión, coordinación y planeación para preparar el plan del gobierno 1958-1964. Así, Ortiz Mena con su equipo⁸³⁸ formula el Programa Económico Nacional, que es aprobado por López Mateos, pero que al tratar de implementarse chocará frontalmente con el proyecto de Ley de Secretarías de Estado, que López Mateos solicitó a otros colaboradores y que, en esencia, restaba facultades y atribuciones y competencias al crear una nueva secretaría de Estado: la Secretaría de la Presidencia, y al hacer cambios a otras dos (Secretaría del Patrimonio Nacional y Secretaría de Industria y Comercio) en detrimento de la SHCP, según Ortiz Mena. Cuenta él que con la nueva ley sería muy difícil establecer la política económica necesaria al país y que requería el presidente, por lo que para evitar las tensiones y obstáculos del juego palaciego y lograr su objetivo en política económica, solicitó desde ese momento al presidente López Mateos que lo descartara de la carrera presidencial.⁸³⁹ Así, pudo trabajar y salir avante.

El segundo momento, se da a mediados del sexenio de López Mateos. Relata Ortiz Mena que en esas fechas, Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, al salir de un acuerdo con el presidente, le dijo que en el marco de la sucesión presidencial los dos eran candidatos naturales, él por llevar el manejo político, y Ortiz Mena por el éxito de la política económica, y le propuso mantener contacto permanente para no caer presa de un juego político que les creara conflictos. Señala Ortiz Mena que comentó que él no tenía intención alguna de hacer carrera política y que así se lo había manifestado a López Mateos desde el inicio de su gobierno, pero que de todas maneras estaría en la mejor disposición de estrechar la relación y mantener la constante y directa. En septiembre de 1964, Gustavo Díaz Ordaz, presidente electo, relata Ortiz Mena, le ofreció continuar en el puesto de secretario de Hacienda.⁸⁴⁰ De acuerdo a lo que señala Ortiz Mena, él prefirió descartarse como posible candidato presidencial, en dos ocasiones, con la finalidad de poder desarrollar e implementar adecuadamente la política económica prevista por él según lo requeíra desde su perspectiva y valores, sacrificando así sus posibilidades de ascenso político. Sín embargo, quedará la pregunta de por qué lo hizo.

Conforme al esquema de cultura política mostrado al inicio de este trabajo, este miembro prominente de la élite burocrática puso por encima de sus posibilidades políticas, sus valores y formación de especialista; consciente de su papel y posición, decidió ser leal a sí mismo y a la instrucción presidencial de desarrollar una adecuada política económica para el gobierno en turno. Si bien Ortiz Mena no alcanzó la sexenal presidencia de México, sí alcanzó casi por 18 años seguidos la presidencia del BID, a partir de 1971. Si bien de lo anterior se pudiera inferir que la disciplina, la estabilidad de convicciones, la seriedad y la abnegación serían elementos de cultura política en algunos integrantes de la élite burocrática en la administración pública mexicana, durante “desarrollo estabilizador”, sería sin duda una conclusión superficial y hasta errónea, pues las evidencias empíricas señala que los perfiles tecnocráticos y los saberes institucionalizados, en los sexenios siguientes, 1970-1976 y 1976-1982, se enfocaron en poner los saberes y el perfil técnico en aras del ascenso político.

De 1970 a 1976, ocurrió el asalto masivo de posiciones por disposición presidencial ante los problemas sociales. De 1976 a 1982, con el favor presidencial, se llegó a escalar posiciones y a formular el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, lo que permitió a Miguel de la Madrid ser candidato presidencial para el periodo 1982-1988 y a Carlos Salinas de Gortari, para 1988-1994. Sin duda, la cultura política de la élite burocrática mexicana se fraguó durante el desarrollo estabilizador, y permitió a partir de 1970 que la racionalidad tecnocrática se impusiera a la racionalidad política.

La cultura política de esos años se caracterizó por la consolidación del saber técnico en la élite burocrática y generalizando lo que señala Margarita Olvera para los sociólogos, se obtuvo reconocimiento, pertenencia, prestigio, poder e influencia, pero tuvo dos caras: la mostrada por la trayectoria técnica impecable y los logros de Ortiz Mena, y otra cara donde, posteriormente, se mostraron las implacables ambiciones de una parte de la élite burocrática formada en esos años, que basada en su perfil técnico escaló posiciones políticas, ya no para ofrecer cursos de acción, sino más bien para tomar las decisiones políticas ante los graves yerros de una clase política en crisis y ante los retos económico sociales. Fue la cara de una cultura política donde la especialización técnica fue ariete y trampolín para la conquista del poder político, y eso también se formó entre 1950-1970.

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V. Representaciones y prácticas artísticas del poder

23. Abstractos, pintores, y por tanto, “jóvenes”: El Salón Esso de Artistas Jóvenes en México (1965)⁸⁴¹

Nadia Moreno Moya⁸⁴²

Introducción

El Salón Esso de Artistas Jóvenes fue un concurso organizado por la Dirección de Artes Visuales de la Unión Panamericana –instancia encargada de la investigación, promoción y divulgación de las artes visuales de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA)– y la International Petroleum Company, con el apoyo de museos o instituciones culturales de los distintos países pertenecientes a la organización interamericana.⁸⁴³ A través de estos últimos, se convocó a artistas menores de cuarenta años para que presentaran obra en las modalidades de pintura y escultura.

Los artistas seleccionados en cada uno de los países exhibían su trabajo en una exposición colectiva, a través de la cual un jurado nacional de reconocida trayectoria elegía a dos ganadores en cada modalidad.⁸⁴⁴ Además de premios en dinero, los ganadores fueron condecorados como participantes de una exposición de arte latinoamericano que se celebró en abril de 1965 en las Salas de Exposiciones de la Unión Panamericana con sede en Washington D.C., en el marco de las celebraciones del septuagésimo quinto aniversario del Sistema Interamericano. Allí también se escogieron ganadores en las dos modalidades.⁸⁴⁵

Los análisis hasta ahora efectuados sobre el programa Salón Esso de Artistas Jóvenes han apuntado más a revelar los intereses macro-políticos e ideológicos de la política cultural exterior de los Estados Unidos hacia América Latina en el marco de la Guerra Fría. Para varios autores, dichos intereses se materializaron en el ámbito de las artes visuales a través de la promoción del arte abstracto en la región como estrategia de “infiltración cultural” y despolitización de sus artistas.⁸⁴⁶

Esta perspectiva de análisis ha tomado la experiencia específica del caso mexicano –donde el abstraccionismo fue, grosso modo, la tendencia artística ganadora en las dos modalidades del concurso– como base para generalizar las intenciones y los efectos que el evento tuvo en otros países de América Latina. Sólo con mirar algunas obras premiadas en países como Colombia, Argentina o Uruguay, como también aquellas que fueron galardonadas en la muestra final llevada a cabo en Washington, se hace necesario revisar la premisa de que el expresionismo abstracto fuera la tendencia privilegiada a través del Salón Esso en todo el continente. Igualmente, investigaciones más recientes que han evaluado los archivos de varias instituciones involucradas en las política exterior y la política cultural de los Estados Unidos en los años sesenta sugieren que en dicho período existieron estrategias más “plurales” y menos homogeneizantes que en décadas anteriores para garantizar, no con menos efectividad, el dominio político de los Estados Unidos sobre la región.⁸⁴⁷

No queda duda de que a través del Salón Esso circuló el mensaje de la “libertad de expresión” como bastión del mundo occidental y del capitalismo a través de la voz de José Gómez Sicre, quien fuera Director de la División de Artes Visuales de la OEA, y cabeza visible de la organización del programa en toda América Latina.⁸⁴⁸ Pero si analizamos el caso de México a través de las discusiones que se generaron a raíz del concurso y la inauguración de la exposición, encontraremos que en éstas se hacen evidentes las relaciones de poder al interior del campo del arte mexicano de mediados de la década del sesenta que llevaron a favorecer las obras de tendencias “abstraccionistas”.

En el presente ensayo me propongo mirar este evento desde una perspectiva de análisis sintonizada con lo que Michel Foucault ha denominado la microfísica del poder.⁸⁴⁹ Es decir, analizar los poderes en pugna desde los “microespacios” y no en los grandes principios normativos. Asimismo, atendiendo a una definición del arte como campo y no como artefacto, y por ende, como una red de significados y de relaciones de poder en la que participan sujetos, prácticas, discursos e instituciones. Estos agentes actúan en un territorio de conflicto por la significación y legitimación de las prácticas artísticas y por la acumulación y distribución de capital económico, cultural, social y simbólico asociado a las mismas.⁸⁵⁰

Así, encuentro una problemática poco tratada en las historias del arte mexicano y latinoamericano, y que está decididamente vinculada a esta iniciativa: la emergencia del “artista joven” como sujeto de políticas culturales institucionales. Ahora bien, con esta afirmación no pretendo posicionar al Salón Esso de Artistas Jóvenes como la primera experiencia del campo de las artes plásticas en México o en América Latina en la que la noción de juventud se inscribió en un proceso de subjetivación o se articuló a un conjunto de prácticas y de discursos. Dicho en otras palabras, no fue allí donde emergió por vez primera un territorio existencial sui-referencial, individual o colectivo, que mediante operaciones de máquinas sociales y lingüísticas hiciera del “joven” un sujeto identificable en el campo del arte.⁸⁵¹

Existieron voces de “artistas jóvenes” anteriores a un evento como el Salón Esso si tenemos en cuenta la doble significación que la subjetivación de la juventud encierra. Pues desde esta perspectiva, “joven” es quien está dentro de una etapa biográfica delimitable, pero también se dice “joven” quien tiene cierta actitud ante la vida. Los usos del término coexisten, y justamente nos habla de que, por un lado, “joven” hace referencia a un cuerpo con ciertas características y delimitado de acuerdo al discurso de la ley, la psicología, o la educación, entre otros; pero por otra parte, “joven” también ha sido una forma de nombrar una actitud y una posición.

Ampliando lo anterior, es necesario reconocer que han existido transformaciones tanto en la caracterización de la subjetividad juvenil en el campo del arte como en el locus de enunciación que la produce, condición esta última que ubica de formas distintas al “artista joven” en las relaciones de poder del campo del arte, y por ende, las significaciones y representaciones que pretenden imponerse sobre el mismo.⁸⁵² En este orden de ideas, la experiencia del Salón Esso de Artistas Jóvenes revela la codificación de la subjetividad juvenil en los discursos y políticas de las instituciones orientadas a la divulgación del arte “actual”, haciendo del artista “joven” un importante baluarte en la acumulación y distribución de capitales económicos, culturales y sociales.⁸⁵³

Las significaciones que tuvo la noción de juventud en los debates surgidos del evento y cuyo principal escenario fue la prensa de la época, nos ayuda a comprender porqué el Salón Esso como concurso y exposición que impuso en su convocatoria la taxonomía de “artistas jóvenes” propició una alta visibilidad a la disputa entre la “figuración” y la “abstracción”, o entre la “Escuela Mexicana” y la “Generación de la ruptura”.⁸⁵⁴

El Salón Esso de Artistas Jóvenes y el campo del arte de la ciudad de México a mediados de los años sesenta

Comencemos por ubicar la pertinencia del Salón Esso de Artistas Jóvenes en el campo del arte de la ciudad de México de aquellos años. Desde finales de los años cuarenta, México había comenzado a tener cambios importantes en la configuración institucional y la administración estatal del arte moderno. Con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1947, gran parte de los recursos destinados a la actividad artística se deslindaron de la Secretaría de Educación, transformación que atendió al programa de gobierno del presidente Miguel Alemán (1946-1952), que reestructuró la agenda cultural heredada del proceso posrevolucionario. Esta transformación institucional rompió con el vínculo que se había entendido obligatorio entre el arte y la educación popular desde la década del veinte.

Sin embargo, dicho proceso no implicó la desaparición de un discurso nacionalista en la producción artística y simbólica, pero sí un desplazamiento de su sentido. El gobierno de Alemán incentivó un muralismo de temáticas conciliadoras, desprovisto del radicalismo político que lo había caracterizado en los tiempos del cardenismo, pero en los que aún subsistían imaginarios de la “mexicanidad”.⁸⁵⁵ En la Ley Orgánica de la creación del INBA se habló del “reconocimiento de un arte universal para ampliar la propia personalidad con el objeto de impedir un localismo cerrado”,⁸⁵⁶ pero también se hizo referencia a “la protección del arte nacional, para evitar la filtración de un arte ajeno al propio”.⁸⁵⁷ Esta posición se mantuvo en los siguientes gobiernos de la década del cincuenta. Sin que hubiera una disminución numérica en la producción de murales, en el transcurso de esta última década los encargos fueron fuertemente absorbidos por empresas y particulares. En cuanto a los espacios de administración gubernamental, éstos se concentraron en hospitales, en multifamiliares, en la naciente Ciudad Universitaria y otras construcciones públicas, pero lejanas de los sindicatos y las escuelas de educación básica, lugares predominantes para la exhibición de murales en décadas anteriores. Se trata entonces de un período en el que se reorienta la producción mural hacia la “integración plástica” con la arquitectura.⁸⁵⁸

En el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) se expresó mayormente una posición de apertura hacia lo “universal” en materia artística, pero sin dejar de lado la protección hacia las expresiones artísticas nacionales. La confluencia de las dos posturas sirvió a la agenda política de este sexenio en una doble vía en materia de artes plásticas. Al sostener dentro de los límites nacionales el respaldo a un tipo de producción plástica asociada a la “Escuela Mexicana”, se mantenía viva una producción visual que se consideraba con sello “mexicano”. Por otra parte, esta postura funcionaba también para aplacar las posturas de izquierda de anteriores miembros del Frente Nacional de Artes Plásticas y sus exigencias de defensa de una tradición pictórica nacional.

Esta política también alimentó la producción de imágenes románticas de la Revolución Mexicana, que aunque lejanas a la realidad social y económica, fungían aún como mito fundacional de la nación. El gobierno de Adolfo López Mateos se caracterizó por ofrecer beneficios a particulares para incrementar las empresas privadas en el país, promover las inversiones extranjeras, y un proyecto de nación moderna enfocada hacia el desarrollo industrial urbano, ideario que no empataba justamente con las premisas derivadas de la revolución. Pero así como mantuvo el apoyo a ciertas manifestaciones asociadas a la “Escuela Mexicana”, este gobierno fortaleció una imagen internacional de México como nación moderna y actualizada, garantizando la participación de artistas nacionales en eventos fuera del país que corroboraran su empatía con el discurso “universal” del arte. Es así como José Luís Cuevas, Fernando García Ponce, Lilia Carrillo y Manuel Felguérez representaron a México en eventos como la Bienal Joven de París (1959), la VI Bienal de Tokio (1961) y la Bienal de Sao Paulo (1955, 1959, 1961).

En este sentido, 1958 fue un año significativo al imprimir un giro en materia de selección de obras y artistas desde el discurso oficial para las representaciones de México en exposiciones internacionales. Esto sucede cuando las obras de Rivera y Orozco fueron clasificadas como manifestaciones del “realismo socialista” y la de Siqueiros fue descalificada por el comité de selección internacional de la exposición 50 años de arte moderno, muestra que se presentó en el marco de la Feria Universal e Internacional de Bruselas.⁸⁵⁹ Es también el año en que se hace la primera versión de la Bienal Interamericana de Pintura y Grabado, iniciativa que pretendió reposicionar a México como polo cultural a nivel internacional, a pesar de que sus resultados fueron favorables para representantes de la tradición de la “Escuela Mexicana”.

La apertura de la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Chapultepec en septiembre de 1964 también es una clara materialización del descentramiento del apoyo estatal al muralismo. Celestino Gorostiza, director del INBA en ese año, habló en el discurso de apertura del museo sobre la “culminación de una etapa en el progreso de las artes plásticas de México, etapa que se había iniciado hacía más de cuarenta años, con los primeros pasos del muralismo”.⁸⁶⁰ Igualmente, comentó que en dicho recinto se exhibiría principalmente “obra de caballete de los artistas mexicanos contemporáneos que estaban abriendo nuevas posibilidades a la plástica nacional”.⁸⁶¹ Nótese el énfasis que da Gorostiza en su declaración a la “obra de caballete”, excluyendo otros posibles soportes para el arte contemporáneo. Más adelante veremos que el debate surgido de la realización del Salón Esso también gira en torno a la pintura, aspecto determinante para entender la pugna surgido del evento.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es evidente que la acogida de un concurso para artistas jóvenes liderado por la OEA y patrocinado por una empresa petrolera estadounidense también formaba parte de las estrategias del Estado mexicano para incorporarse en las plataformas de legitimación del arte “universal”, como también para ratificar una imagen de nación abierta y progresista. En este sentido, el INBA no fue un agente “títere” de la OEA y la ESSO, como algunas lecturas sobre el Salón Esso en México lo han señalado. Con estrategias sutiles, el Estado mexicano ya anidaba desde unos años antes la defunción del muralismo como medio de expresión de un arte vigente, posición que estuvo velada tras una retórica oficial que siempre se manifestó proclive al apoyo de las expresiones nacionales. El discurso del desarrollo también demandaba otro tipo de representaciones para un Estado que, entre pocos de América Latina, se vislumbraba a un paso del “Primer Mundo”.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la convocatoria del Salón Esso se anunció en México con un título que le quitaba protagonismo a la empresa petrolera –aparecía allí como Salón de Artistas Jóvenes de México–, y su contenido daba mayor visibilidad al INBA y la OEA. Este detalle junto con otros, sugieren que el INBA fue dominante al establecer algunos criterios para la realización del evento en el contexto mexicano, como fue la conformación del jurado y el nombre con el que se promocionaría.

El cuantioso número de obras inscritas a la convocatoria del salón –alrededor de 500–, es un dato que tampoco se debe desestimar. El hecho de que el Salón de Artistas Jóvenes de México se hiciera mediante convocatoria pública lo convertía en una iniciativa sin precedentes en el campo del arte en México. Si bien había casos anteriores de filantropía empresarial destinada a las artes visuales, existían pocos concursos y distinciones en la ciudad que no estuvieran dirigidos a artistas de renombre. En eventos como las Bienales Interamericanas de Pintura y Grabado realizadas en 1958 y 1960,⁸⁶² el Salón Nacional de Pintura de 1959, la Exposición de Escultura Mexicana de 1960, y las Bienales de Escultura de 1962 y 1964, participó uno que otro artista joven –entendido aquí en virtud de su edad y corta trayectoria–. La única iniciativa que mantuvo con cierta regularidad concursos públicos para artistas de distintas trayectorias fue el Salón de la Plástica Mexicana.

Creado en 1949 con el auspicio del INBA, el Salón de la Plástica Mexicana era un espacio de exhibición y una cooperativa de artistas para la gestión comercial de su trabajo. Desde 1953, esta institución creó exposiciones anuales y concursos para pintores, grabadores y escultores activos, como los Salones Anuales de Pintura, Escultura y Grabado y el Salón de Nuevos Valores.⁸⁶³ Este último no concedía premios en dinero, sino que otorgaba un galardón y la posibilidad de hacer una exposición individual al siguiente año. Se entendía como una oportunidad para que los más jóvenes dieran a conocer su trabajo, la mayoría de ellos, recién egresados de las escuelas de San Carlos y La Esmeralda.

Sin embargo, el Salón de la Plástica Mexicana venía desde finales de la década del cincuenta con profundos cuestionamientos respecto a su legitimidad, como también respecto a su efectividad en la promoción de la obra de sus miembros. Entre las soluciones al problema, se consideró necesaria su articulación con instituciones internacionales, aspecto que se concretó en los nuevos estatutos de la entidad en 1965.⁸⁶⁴ Como veremos más adelante, muchos artistas que se posicionaron como asiduos defensores de la “Escuela Mexicana” en el contexto del debate del Salón Esso señalaban que el veredicto del jurado reflejaba la “imposición” de tendencias artísticas extranjeras. A pesar de que estos artistas usaban una retórica panfletaria frente a todo aquello que sonara a “internacionalización”, lo cierto es que varios de ellos habían presentado propuestas de exhibición a la Dirección de Artes Visuales de la OEA antes de la realización del Salón Esso, sin que recibieran respuesta favorable por parte de Gómez Sicre. Quizás por esta razón él no formó parte del jurado, bien por voluntad propia o porque el INBA no lo consideró conveniente, a diferencia del resto de versiones del Salón Esso en otros países de América Latina.

Volviendo al Salón de la Plástica Mexicana, que fue uno de los espacios más importantes para la carrera de los artistas “jóvenes”, tenía algunos concursos en los que sí se daban premios económicos, pero éstos estaban restringidos a los miembros de la cooperativa, salvo contadas invitaciones a artistas externos.⁸⁶⁵

Claramente, el Salón de la Plástica Mexicana no era un lugar de exhibición interesante para artistas como José Luís Cuevas, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Manuel Felguérez o Vicente Rojo. A pesar de los cambios en las dinámicas de los concursos y exposiciones a principios de la década del sesenta en el Salón de la Plástica Mexicana, en éste se seguían premiando obras que indicaban un favoritismo por el legado de la “Escuela Mexicana”.⁸⁶⁶ Estos artistas tenían como principal plataforma de exhibición dentro del ámbito nacional un grupo de galerías como Antonio Souza y Juan Martín, las cuales aparecieron en el transcurso de la década del cincuenta como alternativas de exposición distintas a aquellas del dominio estatal, satisfaciendo también una creciente demanda nacional de mercado a raíz del surgimiento de nuevos sectores de burguesías urbanas.⁸⁶⁷

En este orden de ideas, el Salón Esso no era un concurso menor en la escena artística local, tampoco cualquier exposición para el devenir del campo del arte en México, de acuerdo al panorama anteriormente esbozado: era un evento que abría la oportunidad para que artistas no consagrados pudieran recibir un importante reconocimiento nacional participando en la primera exposición colectiva a realizarse en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec. De manera paralela, el evento era un canal para exponer y ser premiado en el exterior, con posibilidades de llegar a ser reconocido en la costa este de los Estados Unidos; ya había sucedido con José Luis Cuevas y otros artistas latinoamericanos después de haber pasado por las salas de exposiciones de la Unión Panamericana.

La noche de inauguración del Salón Esso de Artistas Jóvenes

La inauguración de la exposición tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec el 2 de febrero de 1965, después de que el jurado de selección y premiación conformado por Rufino Tamayo, Carlos Orozco Romero, Justino Fernández, Juan García Ponce y Rafael Salas Anzures hubiera seleccionado 74 piezas de las que habían llegado a través de la convocatoria.⁸⁶⁸ Cincuenta y dos de ellas eran pinturas y veintidós esculturas. Fueron catalogadas por el jurado en dos grandes grupos: las obras figurativas, que incluían las tendencias “naturalistas”, “magico-realistas”, “dadaístas”, “fauvistas”, “primitivistas” y “neoimpresionistas”; y las abstractas, que abarcaban las obras “constructivistas”, “abstracto-expresionistas”, “informalistas” y “neoplasticistas”.⁸⁶⁹

La clasificación anterior es un abanico de conceptos sacados del repertorio de las vanguardias europeas de principios del siglo XX, salvo por los términos “abstracto–expresionista”, “informalista” y “mágico realista”. Esta taxonomía, más que ofrecernos un registro certero de los trabajos en el contexto del salón, lo que revela es una cartografía conceptual del jurado marcada por las características formales de las obras. De acuerdo con la clasificación, coexistían búsquedas artísticas emparentadas con vanguardias artísticas aún vigentes –o cercanas en el tiempo– en polos culturales como París o Nueva York, como podían ser el informalismo o el expresionismo abstracto. Pero también, propuestas que estaban explorando en la tradición del arte moderno europeo. Todo indica que los artistas jóvenes de la época acudían a lo “largo y ancho” del archivo del arte occidental para tomar de allí elementos formales o conceptuales en la configuración de su discurso visual.

Los artículos de prensa a propósito del Salón Esso se concentran en la noche de la inauguración de la exposición, momento en el que tuvieron lugar fuertes enfrentamientos verbales y físicos entre artistas y asistentes, una vez que el jurado distinguió como ganadores a Fernando García Ponce y Lilia Carrillo con el primer y segundo premios en pintura respectivamente; a Olivier Seguin y Guillermo Castaño en la modalidad de escultura. El evento suscitó un impacto mediático que trascendió las secciones de cultura de los periódicos y los espacios habituales de la crítica de arte. Los detalles de la noche de inauguración fueron motivo de caricaturas y notas de prensa que vieron el suceso como un novelón. Ningún medio se enfocó a revisar unos días después la exposición con las obras elegidas, o hacer algún reportaje con los artistas que no resultaron ganadores.

El enfrentamiento comenzó con la interrupción del artista Benito Messeguer al discurso del director del INBA, reiterando públicamente su protesta por los premios adjudicados, los cuales habían sido anunciados desde la mañana de aquel 2 de febrero a través de la prensa.⁸⁷⁰ Uno de los miembros del jurado, el escritor Juan García Ponce, era el hermano de quien había sido galardonado con el primer premio, situación que ya antes de la inauguración era percibida como una señal de conflicto de intereses. Adicionalmente, Messeguer estaba enterado de que su obra Mimetismo había estado entre las favoritas para obtener el primer premio en pintura, pero que Tamayo se había opuesto rotundamente a adjudicarle tal distinción durante la deliberación.

Una vez que Messeguer hizo su interrupción, comenzaron a escucharse fuertes ataques al jurado, en especial dirigidos hacia Tamayo y García Ponce, por parte de artistas como Francisco Icaza y defensores a ultranza de la “Escuela Mexicana” como Antonio Rodríguez, quienes lanzaron arengas en contra de la OEA y del jurado. Se escucharon gritos por parte de distintos asistentes que decían frases como: “¡José Luis Cuevas, lárgate a Washington, traidor, vendido de la OEA!”,⁸⁷¹ y de otro lado, José Luis Cuevas encendía aún más el enfrentamiento diciendo “García Ponce es mejor que Orozco”⁸⁷² y acusando a Antonio Rodríguez, portugués de origen, de que “debería estar en Portugal defendiendo las libertades de su propio país”.⁸⁷³ En resumen, con gritos, insultos, manotazos y “jaibolazos”⁸⁷⁴ se libró una acalorada batalla que no cesó esa noche, sino que se prorrogó en los días siguientes a través de la prensa.

En el transcurso de la inauguración, un grupo de asistentes redactó un telegrama de protesta dirigido al Presidente de la República, al Secretario de Educación Pública y al Director del INBA. Este decía:

Los abajo firmantes protestamos por la farsa organizada en el Concurso de Pintura del Primer Salón de Artistas Jóvenes de México, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Organización de los Estados Americanos, por la falta de ética de los jurados y por la imposición de una sola tendencia, ignorándose todas las corrientes que han prestigiado al arte de México.⁸⁷⁵

Explicaré rápidamente algunas características formales de las cuatro obras ganadoras, en diálogo con la cartografía conceptual del jurado, para evidenciar que la “abstracción” era ya para la década del sesenta un amplio conjunto de posibilidades de exploración plástica y no estrictamente “una sola tendencia” como lo aseveran los firmantes del telegrama. Asimismo, que tales posibilidades tampoco eran del todo ajenas a las que había explorado la “Escuela Mexicana”.⁸⁷⁶

Seguramente, la obra Pintura No. 1 de Fernando García Ponce fue clasificada por el jurado como “abstracto expresionista”.⁸⁷⁷ García Ponce había incursionado en la abstracción geométrica desde 1959, pero unos años después su pintura fue adquiriendo un aspecto más “lírico” –término bastante usado en la época para calificar una pintura emotiva– en tanto que sus composiciones fueron abandonando zonas cerradas de color y contornos definidos, y se fue desplazando hacia un énfasis en la experimentación con la materia y la confluencia de colores y formas sobre la superficie pictórica. Sin embargo, en Pintura No.1, está latente un principio constructivo del espacio que no se diluye totalmente en manchas y zonas abiertas de color.

La pintura Seradis (1963) de Lilia Carrillo mantenía la línea de trabajo que la artista había comenzado a desarrollar desde finales de la década del cincuenta y que en opinión de varios críticos la convertían en la iniciadora de la pintura informalista en México.⁸⁷⁸ Si bien el trabajo de Carrillo demuestra simpatía con algunos presupuestos del informalismo, sus pinturas no incorporan medios extraños al óleo en la superficie, tampoco una voluntad de destrucción al soporte o la composición pictórica, ni la densidad matérica o intensidad gestual que caracterizó en gran medida el trabajo de los pintores informalistas de Europa. En la obra de Carrillo hay un interés por crear ambientes pictóricos de corte “lírico”, en los que apenas se sugieren algunas formas a través de un meticuloso tratamiento de capas de color y de texturas. En su trabajo se advierte cierta deuda con la obra de Rufino Tamayo, pero también con Roberto Matta y otros discursos visuales en boga en el ámbito internacional.

La apariencia geométrica de la escultura titulada Brote (ca. 1960) de Olivier Seguín, quizás sustentó su relación con la tradición constructivista, a pesar de que es una talla en piedra con un aspecto orgánico que dista de los principios de ensamblaje y de los medios de producción industrial que promovió dicha vanguardia. De origen francés, Seguín trabajaba en Guadalajara desde 1959 como profesor de educación visual en la Escuela de Arquitectura. Un año antes, había ganado el premio “Chac-Mool” de la II Bienal de Escultura con la obra Verticalidad, una pieza que muestra interés en los procesos de síntesis forma de las culturas prehispánicas, inquietud que también exploraba un nutrido grupo de escultores en el contexto mexicano a principios de la década del sesenta. En 1967, recibió un premio en la tercera versión de esta bienal con un proyecto para espacio público en el que se resaltan las características naturales de las piedras de un jardín con poca intervención por parte del artista.

La obra de Seguín que ganó en el Salón Esso también hace parte de un repertorio de exploraciones abstractas que en los años sesenta se nutrió del estudio de las formas orgánicas y sintéticas provenientes de las culturas mesoamericanas, como también de otras posibilidades formales y conceptuales apropiadas de otras culturas no occidentales; en este orden de ideas, su propuesta dista considerablemente de las exploraciones “líricas” de la pintura de Carrillo.

Continuando con las categorías propuestas por el jurado, la obra Luzbel de Guillermo Castaño Ramírez parece difícil de encasillar. Es una pieza que si bien propone una síntesis en las formas que dialoga con la abstracción, en ella se reconoce claramente una figura alada. Lucifer, el “ángel caído”, es reinterpretado por el artista como un ave con pico sobresaliente semejante a un buitre. Y en este orden de ideas, Luzbel no es una obra abstracta en estricto sentido.

La ausencia de opinión o de pugnas en torno a los premios concedidos en la modalidad de escultura es un aspecto en suma llamativo que se ha descuidado en los análisis sobre la pertinencia del Salón Esso. La situación no puede ser más clara respecto al poder que se estaba disputando en el acalorado enfrentamiento de la noche de la inauguración: los seguidores de la “Escuela Mexicana” allí presentes estaban dando la batalla por la legitimidad y continuidad de ésta en el ámbito de la pintura, sin importar mucho el de la escultura. Igualmente, sus opositores los “abstraccionistas” postulaban también sus argumentos en torno a la pintura.

Los medios tridimensionales no habían servido con la misma facilidad y efectividad para la transmisión simbólica del proyecto revolucionario y la inversión en proyectos escultóricos desde la década del veinte y hasta la década del cuarenta fue notablemente menor respecto a los murales.⁸⁷⁹ Los directores del INBA de la década del cincuenta hablaron siempre de su apertura hacia la “pintura de caballete”, pero fueron menos explícitos a la hora de mencionar sus políticas frente a la escultura.

Las obras de Olivier Seguín, Lilia Carrillo y Fernando García Ponce tampoco responden a una sola de las múltiples búsquedas en torno a la abstracción que ya existían en el repertorio del arte moderno occidental a mediados de la década del sesenta. En este orden de ideas, el reclamo expuesto en el telegrama expresa un síntoma recurrente en los discursos del arte de la época en el contexto mexicano: la categoría “abstracción” como todo aquello que albergaba un arte que carecía de temáticas sociales y opuesta, supuestamente, a la tradición del muralismo mexicano.

La juventud como metonimia de “abstracción”

Además de que la disputa en la noche de la inauguración y los comentarios de la prensa sólo giraron en torno a los premios en pintura, el sujeto “artista joven” invocado por el nombre del evento se ancló al concepto de “pintura abstracta”. Por ejemplo, a pesar de que José Luís Cuevas se declaraba abiertamente como dibujante figurativo y sus propuestas visuales se caracterizaron tempranamente por la influencia de la obra de José Clemente Orozco, fue calificado como “abstraccionista” en varios artículos de prensa que abordaron la disputa del Salón Esso. Cuevas había estado vinculado hasta unos años antes a la realización de este concurso al grupo Nueva Presencia,⁸⁸⁰ el cual abogaba por principios neohumanistas y rechazaban los valores en extremo formalistas asociados al expresionismo abstracto.

Un término que usó Cuevas para referirse al grupo de artistas que defendía la decisión del jurado en el Salón Esso fue el de “nueva ola” y algunos diarios le dieron cierta resonancia.⁸⁸¹ El término, que evidentemente hace alusión a la nouvelle vague –Nueva Ola Francesa–, es un claro señalamiento del vínculo que por aquellos años Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Manuel Felguérez y el propio Cuevas, como también Juan García Ponce, tenían con los proyectos cinematográficos de Juan José Gurrola.

Dramaturgo de oficio y formación, Gurrola ganó uno de los premios del Primer Concurso de Cine Experimental de 1964 con el cortometraje Tajimara.⁸⁸² Entre 1963 y 1964, dirigió tres documentales dedicados cada uno de ellos al trabajo de José Luís Cuevas, Alberto Gironella y Vicente Rojo.⁸⁸³ Tanto Gurrola como Manuel Barbachano Ponce y Juan Ibáñez buscaron superar la “edad de oro del cine mexicano” y sus historias, que según estos autores, fortalecían estereotipos de la identidad mexicana.

Se trata entonces de un grupo de cinematógrafos, fotógrafos, artistas plásticos, escritores y actores que se interesaban en los directores franceses del momento, se reunían en torno a los propósitos surgidos de la revista Nuevo Cine y los nacientes cineclubes.⁸⁸⁴ Aunque el término “nueva ola” haya sido empleado por Cuevas en medio del furor que el cine independiente irradiaba a los artistas plásticos en aquellos años, y no porque efectivamente fueran miembros de un movimiento autodenominado “nueva ola”, es un término llamativo con el que Cuevas intenta dar nombre a una actitud y unos intereses artísticos que desbordaban los límites de la “pintura abstracta”. El término designa con mayor acierto una actitud de apertura hacia propuestas artísticas de diversa índole, como también un interés común por la experimentación y las libertades expresivas.

La “nueva ola” conformó un ambiente intelectual y artístico que anticipó el advenimiento de posturas críticas y estéticas más radicales asociadas al movimiento estudiantil de 1968. Por ejemplo, la reinstalación del Mural Efímero de José Luís Cuevas en Ciudad Universitaria como apoyo al movimiento estudiantil; y el Salón Independiente de 1968, que se preparó apresuradamente en medio de las represiones a este último movimiento. En estas iniciativas autogestionadas y abiertamente antiestatales, confluyeron nuevamente algunos de los creadores que se vincularon con las propuestas de cine independiente; a pesar de que exploraban tendencias plásticas distintas, lograron cohesión junto con el agenciamiento político que convocaba la condición de juventud en 1968.⁸⁸⁵

Sin embargo, lo “joven” no apareció en medio de los debates y los artículos de prensa como noción que resaltara una voluntad de experimentación, o una postura estética y política similar a lo que Cuevas llamó “nueva ola”. Tampoco se resalta la condición de juventud de sus participantes en virtud de su edad. La prensa se refirió a la juventud como valor homónimo a la “pintura abstracta”. El concepto Joven Pintura apareció en un titular de prensa, y paulatinamente se fue fijando para referirse a la obra de García Ponce y Carrillo, dejando fuera cualquier significación asociada a las propuestas escultóricas galardonadas. Los rasgos de una subjetividad juvenil como experiencia transformadora tampoco resultaron destacados.⁸⁸⁶ La noción de juventud en el marco del Salón Esso no sólo quedó asociada a la “pintura abstracta” en el espacio de la prensa, sino que el término joven pintura trascendió la coyuntura del evento y se convirtió en una categoría con mayor permanencia y aceptación para referirse también al trabajo de Alberto Gironella, Vicente Rojo, Manuel Felguérez y José Luís Cuevas, entre otros.⁸⁸⁷

Como bien ha señalado Pierre Bourdieu, cuando el campo del arte escenifica una lucha entre “viejos” y “jóvenes”, lo que está en disputa es el dominio de la vigencia de un discurso.⁸⁸⁸ Si bien artistas como José Luís Cuevas y participantes del Salón Esso como Carrillo, García Ponce y Felguérez sí produjeron una subjetivación de la juventud entendida como ethos iconoclasta y liberador, el enunciado joven pintura promovido desde la prensa indicaba más la legitimación de la pintura abstracta como expresión de lo vigente que la subjetividad de sus protagonistas.

La juventud devino en un espinoso tema de debate en materia de políticas culturales un año después del Salón Esso. A partir de la experiencia de este evento, el INBA convocó en 1966 a un amplio comité de artistas y críticos de distintas edades y tendencias para que asesoraran a la entidad en la formulación de un evento similar: Confrontación 66, una “exposición-balance de las últimas corrientes en la pintura mexicana”.⁸⁸⁹ Para ello, el INBA invitó especialmente a los artistas “abstraccionistas” y “figurativos” que habían protagonizado el enfrentamiento en la inauguración del Salón Esso.

Inicialmente, el INBA y su comité proponía que para Confrontación 66 se convocara a artistas teniendo en cuenta un límite de edad, con miras a contrastar, dialogar y reflexionar sobre las orientaciones que estaba tomando la pintura mexicana. Este detalle desató una oleada de comentarios negativos por parte de muchos artistas y críticos, especialmente por parte de aquellos fieles a la tradición de la “Escuela Mexicana”.

Por el contrario, Rufino Tamayo apoyó la idea de que la exposición Confrontación 66 estuviera destinada exclusivamente a los artistas jóvenes. Decía Tamayo: “Los jóvenes deben participar en Confrontación. Este es su tiempo. Esta es su lucha. Sin embargo, los jóvenes deben ser más valientes, expresar lo que piensan, creen, sienten (…) Los jóvenes de México deben discutir entre ellos los problemas que tienen”.⁸⁹⁰

Después de numerosos intercambios de opinión entre el INBA y varios artistas, como también de cuantiosas entrevistas a personajes del campo del arte que se publicaron en distintos diarios del país a propósito del tema, apareció un manifiesto firmado por Arturo García Bustos, redactado con ideas de Siqueiros, que decía en uno de sus puntos:

Denunciamos que la llamada Confrontación 66 está organizada tendenciosamente para imprimirle un carácter estético unilateral y excluir la corriente artística que representa a los valores mexicanos, con dos maniobras del comité de selección:

a. La condición de edad en la selección de invitados, con la finalidad evidente de excluir a los maestros de la plástica mexicana de toda confrontación, tiene por objeto no permitir que se conozca la superioridad de esta escuela sobre los llamados nuevos valores.⁸⁹¹

Finalmente, la muestra no se limitó a ningún rango de edad, aunque sí aclaró en la convocatoria que estaba dirigida especialmente a las nuevas generaciones. No se entregaron premios ni distinciones; se planteó como un escenario de confrontación entre tendencias y posturas con el ánimo de dilucidar sobre la situación del arte mexicano contemporáneo.

Comparando los argumentos y opiniones del Salón Esso y Confrontación 66, es notable que los asiduos seguidores de la “Escuela Mexicana” no sólo disputaban la validez de la “figuración”, del “realismo” o de una pintura con “contenido social”, sino también, ser legítimos sucesores de un propuesta plástica que históricamente había sido dominante. Ahora bien, cuando la prensa hace de la pintura abstracta una metonimia de Joven Pintura, como sucedió en el contexto del Salón Esso, se posiciona a dicha tendencia como relevo de otra que ya es considerada “vieja”, produciendo además un efecto de verdad sobre la “abstracción” como sinónimo de actualidad. La idea de que la “abstracción” era la expresión artística actual y por tanto “joven” en el marco del Salón Esso, correspondió más a una representación de lo que se comprendía por “abstracción” que a la realidad del conjunto de obras premiadas.

Conclusiones

El Salón Esso de Artistas Jóvenes en México no sólo debe verse como una estrategia de la política cultural exterior de los Estados Unidos para garantizar el control político sobre América Latina. Esta iniciativa también fue una experiencia inédita en el campo artístico local que evidencia la inscripción del sujeto “joven” en las políticas institucionales. Esta inscripción sirvió a distintos agentes y procesos del campo del arte mexicano de la década del sesenta: por una parte, fortaleció el descentramiento del muralismo mexicano como expresión del arte nacional, agenda que el INBA ya había comenzado a consolidar unos años atrás. Por otra, permitió que artistas no consagrados de distintas posturas y tendencias confrontaran sus propuestas en un recinto con notable poder de legitimación, haciendo de “lo joven” un concepto en pugna al ser equiparable a “lo vigente” y “lo actual”.

Disputas en torno a la edad biográfica legítima para ser un artista “joven”, como también opiniones frente a la condición de juventud como garante de actualidad o de vigencia, muestran que la iniciativa dejó instalados cuestionamientos y problemas a debatir en materia de política cultural estatal.

El perfil del jurado del Salón Esso, en especial el de Rufino Tamayo, fue decisivo para avalar un tipo de producción visual que coincidía con la voz de un grupo de artistas que promovía un parricidio simbólico a la llamada “Escuela Mexicana”. No obstante, este discurso no orientó una agenda visual con objetivos comunes a todos ellos. Las inquietudes expresivas y “neohumanistas” de los dibujos de José Luis Cuevas, los ambientes pictóricos de Lilia Carrillo deudores de la obra de Rufino Tamayo, son algunas señales de que la “ruptura” hasta la realización del Salón Esso fue más una actitud común, un ethos de retórica vanguardista, pero menos una apuesta de subversión de dicha “escuela” desde un programa visual común.

La prensa de la época no fue sólo el medio que registró con detalle los hechos y disputas que ocurrieron en la inauguración del Salón Esso en México, sino que fue en sí misma la plataforma comunicacional mediante la cual la noción de juventud y los “artistas jóvenes” se convirtieron en metonimia de la tendencia “abstraccionista”. No obstante, esta operación discursiva se orientó hacia el ámbito de la pintura y excluyó completamente el de la escultura. El concepto Joven Pintura trascendió el contexto del debate del Salón Esso y sirvió posteriormente para empeños de construcciones historiográficas.

El amplio cubrimiento mediático aceleró la pérdida de poder político y simbólico de la llamada “Escuela Mexicana” y de manera concomitante reforzó el supuesto de que, había una generación de artistas jóvenes que de forma unificada hacía pintura abstracta como estética de impugnación hacia la tradición del arte nacional. No obstante, es necesario mirar el trabajo de artistas como Cuevas, Felguérez, Carrillo, Rojo o Gironella fuera de la lógica polarizante entre “figuración” y “abstracción” o “Escuela Mexicana” y “abstraccionistas”. Son indispensables otras genealogías en torno a las propuestas de unos artistas que desbordaban estas oposiciones, como también encontrar mayores matices estéticos y políticos frente a su posición en el campo del arte mexicano de los años sesenta.

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24. La tensión arte puro-arte con contenido social en las representaciones de la cultura política: algunos momentos clave en la pintura moderna de México

Jorge Morales Moreno

Mentalidad y cultura política de la modernidad: a manera de introducción

En términos generales, y sin que esto implique una discusión mayor, la historia moderna de México inicia con la guerra de independencia (1810-1821) y se extiende hasta el día de hoy, dando cuenta no sólo de la historia de su propia modernidad (en tanto estilo de vida, identidad nacional, arte y cultura propios) sino de la cultura política a la que dio lugar y que, lejos de haber seguido un proceso unilineal o desarrollista, en una línea de tiempo podemos resumirla en al menos cuatro periodos clave, en tanto cada uno de ellos aportó esfuerzos individuales y colectivos tendientes a la configuración de un estado–nacional moderno.⁸⁹² Grosso modo estos periodos son:

a) | El periodo que va de la consumación de la independencia nacional que condujo a la proclamación del Primer Imperio (1821-1822) hasta la caída del Segundo Imperio (1967), que llamaré aquí el periodo de la Primera Modernidad o Modernidad Proto-republicana.
b) | El que va de la República Restaurada (1867) al inicio de la Revolución Mexicana (1910), que llamaré Segunda Modernidad o Modernidad Liberal.
c) | El que va de la caída de El Porfiriato (1911) al inicio de la así llamada “Transición Democrática” (2000), que llamaré Tercera Modernidad o Modernidad Post–revolucionaria.
d) | El periodo de historia contemporánea enmarcado por las elecciones presidenciales del año 2000 a los días que corren (2011), y que llamaré provisionalmente Cuarta Modernidad o Modernidad Contemporánea.

Ahora bien, semejante periodización no implica cortes definitivos entre cada uno de ellos, ni desarrollos sucesivos en las ideas políticas o eventos que los caracterizan. En todo caso, y en términos de una historia de la cultura política mexicana, dan cuenta del proceso sinuoso que ha caracterizado la construcción de las instituciones de modernidad política que el país ha llevado a cabo desde su fundación como un estado–nación soberano. Y también enmarcan el desarrollo y evolución de una mentalidad⁸⁹³ con contenidos modernos que no se agota en los recursos operativos de la esfera pública (construcción de una sociedad civil reglamentada por códigos universales abstractos que garantizan derechos y deberes a los ciudadanos) ni son el resultado de las demandas de la base económica, y que hace referencia más a los procesos culturales que han acompañado la implementación y recepción de un estilo moderno de vida por los diversos sectores de la sociedad, de su larga historia y de los agentes y grupos sociales que en ella participaron y cuya acción la impregnó de sentido y significado.

Lo anterior quiere decir que, si priorizamos el enfoque de la modernidad como una mentalidad colectiva que recoge las experiencias de las diversos periodos de la modernidad política mexicana (definida en términos de la construcción de un estado–nacional como ya hemos dicho y que, de hecho, la incluye), entonces sus referentes no podrían ser las experiencias políticas foráneas de otros países o culturas, por más que éstos hayan influido en su configuración. Desde ese punto de vista, la modernidad mexicana ha seguido un proceso propio, alimentada o constituida por procesos culturales e historias locales que hablan, a su vez, de ciertas “particularidades” irreductibles, como la integración y desintegración de poblaciones y culturas que existían antes del descubrimiento de América (singularidad histórica), de condiciones geopolíticas que determinaron en su momento estrategias de seguridad o desintegración territorial (singularidad geográfica), de un periodo colonial que marcó la idea del poder, del servicio público, el pensamiento religioso y la historia nacional (singularidad política), etcétera.

Así, como historia de una cultura política, la modernidad puede resumirse en una serie de factores más o menos cuantitativos tales como la existencia o no de un parlamento, de una constitución, de consultas democráticas, de rotación de elites políticas, de participación ciudadana, de partidos políticos que compiten por el poder, de procesos electorales sancionados por institutos independientes de los actores políticos, de libertad de expresión, etcétera. O bien cualitativos como la recepción de tales instituciones o indicadores en la población civil, la imagen que se tiene del poder, de lo legal, de la identidad nacional, del nivel de confiabilidad y transparencia respecto de la acción política, etcétera.

Pero en términos de una mentalidad, la caracterización de la modernidad resulta entonces mucho más compleja pues tiene que ver con sus representaciones (la historia de), las ideas que la imbuyen o soportan, el léxico creado para trasmitirla o enunciarla, las actitudes y los gestos sociales que la refuerzan o la disminuyen, las memorias que la portan o enriquecen, los discursos literarios que la recrean o promueven, el impacto que tiene en las conductas y éticas sociales de los individuos y de las comunidades, los imaginarios colectivos que la proyectan o socializan (sea por medio de las celebraciones, los monumentos, los museos, el folclore) y en fin, otra vez un largo etcétera. Además las mentalidades generadas por la modernidad no son homogéneas ni son percibidas de la misma manera por los diversos sectores sociales.

Como el alcance de esta última perspectiva rebasa con mucho los objetivos de este trabajo, me conformaré con ilustrar cómo el arte en México ha registrado el desarrollo de esas mentalidades de “modernidad” teniendo como marco de referencia, precisamente, la historia de su cultura política. Es decir cómo el arte ha representado los diferentes quiebres o continuidades que se han dado en la esfera de la política (valga decir: en sus diversas coyunturas) durante la conformación de una mentalidad moderna de largo aliento. Para ello, y por razones de espacio, me concentraré en el primer periodo de la historia de la cultura política, el de la Modernidad Proto-republicana, que, sin embargo y como veremos más adelante, cuando lo tratamos con temas vinculados a las representaciones artísticas se traslapa con en el de la Modernidad Liberal, e incluso con el de la Modernidad Post-revolucionaria. Mientras que en los dos primeros el arte testimonia la génesis y la consolidación de una visión nacional que tiene como punto de partida la recuperación del pasado indio, es decir la incorporación del tiempo remoto en el tiempo presente de la época –una característica de la modernidad decimonónica enraizada en la mentalidad “neoaztequista” que el patriotismo criollo desarrolló a lo largo del siglo XVIII y que heredó a los historiadores liberales del XIX–, el último testimonia la emergencia y encumbramiento del discurso revolucionario, su paulatina pérdida de sentido y su consecuente decadencia; es decir registra el proceso cultural en el cual el arte dio forma a las utopías del proyecto revolucionario (mediante una nueva iconografía de “lo mexicano” insertada en el tiempo presente) que, al paso del tiempo, perdió vigencia y significado hasta entrar en colisión con nuevas formas de representación, portadoras de otras temporalidades (enmarcadas en el tiempo contemporáneo) que exigían ser valoradas.

Algunas cuestiones referidas a las representaciones artísticas de la Modernidad

Pero para el logro de semejante empresa será menester abordar antes ciertas cuestiones referidas a la relación entre las representaciones artísticas, el desarrollo de una cultura política y la conformación de una mentalidad en el marco de la modernidad experimentada por México en los periodos en cuestión. La primera es que ni tal mentalidad ni el arte están supeditados a las diversas tensiones o rupturas que se dan en la esfera de la política. Éstas pueden explicar la periodización histórica antes expuesta, pero no necesariamente los quiebres o tensiones que caracterizan el desarrollo del arte moderno, ni las reacciones culturales que ciertos sectores “del margen” o “subalternos” (indígenas, campesinos) manifiestan respecto de los valores propios de un sistema democrático impuesto desde el poder. En todo caso enriquecen el desarrollo de las mentalidades en tanto constituyen parte de la experiencia social y de la memoria histórica en ese esfuerzo colectivo por dotar al país de instituciones políticas modernas, según hemos dicho antes.

Respecto a las representaciones artísticas, la historia del arte enseña que la creación artística no necesariamente reacciona como un espejo de los fenómenos sociales. En el mejor de los casos los representa, y de esa manera los testimonia cualitativamente pues su valor, como documentos históricos, dependerá tanto de la circunstancia de la ejecución como de la biografía del autor. Así, si bien es cierto que la cuestión social suele ser causa de la expresión artística, como sucedió con el muralismo mexicano de los años veinte y treinta, también lo es que suele ser motivada por la simple expresión del ser en el tiempo, es decir por los impulsos creativos de autores motivados por los valores morales, estéticos o existenciales de sus tiempos, de tal forma que sus representaciones se hacen eco de las expectativas, gustos, deseos o proyecciones contenidos en la mentalidad de la época, como sucedió con el anhelo de cambio o de novedad en la temática y en la técnica de la mayoría de los jóvenes pintores de los años cincuenta que, sin proponérselo, iniciaron el movimiento de ruptura dentro de la plástica mexicana del periodo que aquí he llamado de la Modernidad Post-revolucionaria.⁸⁹⁴ En tanto lenguaje de expresión propio, particular, la pintura –como la poesía– sigue sus propias indagaciones respecto a las formas de representar al mundo, “más allá de los nombres, más acá de las fechas”.⁸⁹⁵

Una segunda cuestión conectada con la anterior es la relacionada con el tema de las fuentes de inspiración o creación artística, un tema muy viejo en el que se han invertido cantidades impresionantes de tinta. Refiriéndonos a la historia larga del arte moderno de tradición occidental, este asunto se remonta a las primeras representaciones del Quattrocento, en las que el artista enfrentaba un problema de carácter técnico más que de inspiración creativa. Por ejemplo, en su famoso tratado De Pictura (1436), Leon Battista Alberti (1404-1472) sostenía que el reto de cualquier pintor era crear, independientemente del tema, “una clase particular de ilusión” en la que los objetos representados mediante “líneas y pinturas de colores sobre una superficie”, vistos a una distancia fija y a determinada posición del punto de fuga, “parezcan estar dispuestos en relieve y parecerse exactamente a los cuerpos en cuestión” (citado por Anthony Grafton, 2002:115). Pero con el paso del tiempo la cuestión derivó de la representación “exacta” de la realidad a la expresión pura del ser (como hemos dicho antes), cuyo mejor ejemplo es cualquier cuadro que Jackson Pollock (1912-1956) haya pintado entre 1947 y 1956, y en los que ni el tema está relacionado con objetos de la realidad ni la técnica trata de crear ilusiones de la misma.

Así, la cuestión de las fuentes y técnicas de la representación nos conduce irremediablemente al de las tensiones propias de la representación, es decir sobre la pertinencia del objeto de la representación (resumido en el qué y en el cómo se le representa), que en la historia de la pintura moderna ha sido abordado mediante los análisis del estilo, normalmente objeto de la historia del arte, y de los temas representados (es decir la historia representada, sea un paisaje, un retrato o un concepto estético), que suelen ser estudiados por enfoques de historia cultural. Me parece que es en el siglo XIX cuando estas cuestiones son planteadas por primera vez en el contexto de los tiempos modernos de esa época por Charles Baudelaire (1821-1867), quien se preguntó sobre el significado y la actitud del pintor contemporáneo. Desde entonces la cuestión del tema de representación se resumió a la tensión arte puro-arte con contenido social, es decir entre un arte que representaba historias conforme al canon clásico de lo bello, que en esa época era la tradición neoclásica, y un arte que representaba historias en las que el autor plasmaba también sus emociones y, por lo tanto, su propia temporalidad.⁸⁹⁶ Así, el artista moderno es el que lograba captar la “heroicidad de la vida actual” que, según Baudelaire (1863), se lograba volviendo la mirada de los eventos grandiosos del pasado a los temas contemporáneos, por más nimios o cotidianos que éstos fueran.

De esa manera, la tensión arte puro-arte con contenido social introdujo la cuestión de la temporalidad en la representación: el arte puro quedaba congelado en un tecnicismo pretendidamente ahistórico que preocupó lo mismo a Alberti en pleno origen del Renacimiento (según hemos visto) como a Joshua Reynolds (1723-1792) en el último cuarto del XVIII, en tanto que el segundo se refugiaba “en lo efímero, en lo fugitivo y en lo contingente” que irremediablemente rodeaban al pintor de la vida moderna. Unos se abocarían a temas del tiempo pasado, o de un presente representado a la usanza de un tiempo pasado, enalteciendo la grandeza de los valores universales que se recogían o incorporaban como propios cuando los temas referían asuntos de historia nacional, con esa perfección de estilo que se remontaba a las civilizaciones grecorromanas, y otros simplemente tratarían se representar el acto heroico que implica mantenerse vivo en los días que corren, en esa perturbadora inmediatez del tiempo presente. Arte moderno entonces, y a partir de Baudelaire, significó la representación del tiempo presente, una preocupación que observamos en las telas de los pintores de la École de Barbizon (1825-1875), de Édouard Manet (1832-1883) y de los impresionistas (1874-1886).⁸⁹⁷

Finalmente una tercera y última cuestión: la tensión arte puro-arte con contenido social derivó en el siglo XX en la tensión arte figurativo-arte abstracto que, en el fondo, está relacionada con las formas de entender el arte moderno de ese siglo. Pero si resulta complejo explicar el significado de la modernidad en México, como el lector habrá visto, imaginemos ahora una caracterización de esa condición en su producción plástica. Me parece que la mejor manera de abordar esta cuestión es partiendo de una revisión conceptual de lo que se entiende por arte moderno en general. Y como esta cuestión suele ser referida al siglo XX en tanto que el XIX es considerado su génesis y punto de partida, acudiré entonces a dos autores de ese siglo, cuyas vidas y obras estuvieron completamente inmersas en él: me refiero al historiador norteamericano Alfred H. Barr (1902-1981), primer director del Museo de Arte Moderno de Nueva York (1929-1943), y al escritor mexicano Octavio Paz (1914-1998), poeta, crítico de arte, ensayista político y Premio Nóbel de Literatura (1990).

De entrada, una coincidencia importante: ambos autores advirtieron sobre los contenidos borrosos que se encuentran tanto en los términos historia moderna como arte noderno, e incluso pintura moderna. Por ejemplo Barr (1934:82-83), quien después de explicar en un breve ensayo los dificultades que observa en los contenidos diversos de la historia moderna (“un término ambiguo y flexible”), que consideraba un periodo de tiempo tan flexible que podía ser usado en oposición a una historia antigua en sus múltiples acepciones (como la historia anterior a Roma, la historia medieval o incluso la historia de L’Ancien Régimen de los reyes Borbones de Francia), escribió

El término arte moderno, cronológicamente hablando, es tan elástico que apenas si puede ser definido. Pero el coloquialismo “Arte Moderno” en mayúsculas o en citas es algo que a menudo no es una mera cuestión de cronología académica. “Arte Moderno” es un tema recurrente para el debate, para ser atacado o defendido, un estandarte para los progresistas, una bandera roja para los conservadores. En este sentido la palabra moderno puede convertirse más en un problema de prejuicios que de periodos.

Prejuicios que ilustró con los siguientes ejemplos:

En Pintores Modernos Ruskin defendió a Turner y a Holman Hunt contra los filisteos británicos, pero veinte años después llamó a uno de los Nocturnos de Whistler “un cubetazo de pintura arrojado a la cara del público”. Whistler levantó una demanda contra Ruskin pero él mismo no titubeó en llamar infantil a la pintura de Cézanne. Cézanne en su vejez expresó su desprecio por el “Arte Moderno” tal y como lo vio en los trabajos de Gauguin y van Gogh quienes, de haber vivido el tiempo suficiente, no hubieran dudado en condenar al Cubismo

Sin embargo, fue en un diagrama que Barr hizo en 1936 donde vertió mucho de lo que a la larga entendería él mismo por el término. De acuerdo a su Carta del Arte Moderno (1936a), el Arte Moderno del siglo XX fue el resultado de dos importantes corrientes de pintura que tuvieron en el impresionismo francés un origen común. El primero fue el neo-impresionismo, una corriente que se basó en el arte y las teorías de Cézanne y Seurat, tal y como Barr explicó de manera más detallada en otro trabajo que escribió sobre el tema (1936b:90-91). Esta corriente evolucionó en el cubismo, el suprematismo y el constructuvismo, y culminaría en lo que llamó Arte Abstracto Geométrico (de acuerdo con el tiempo en que el diagrama fue hecho), que describió como “… intelectual, estructural, arquitectónico, geométrico, rectilíneo y clásico en su austeridad y con dependencia en la lógica y el cálculo”. La segunda corriente fue el sintetismo, basado en el arte de Gauguin y su círculo, que evolucionó en el fauvismo, el expresionismo (abstracto), el futurismo, el dadaísmo (abstracto) y el surrealismo (abstracto), culminando en lo que llamó Arte Abstracto No-Geométrico que, por contraste con la corriente anterior, describió como:

intuitivo y emocional, más que intelectual; orgánico y biomórfico más que geométrico en sus formas; curvilíneo más que rectilíneo; decorativo más que estructural; y romántico más que clásico en su exaltación de la mística, de la espontaneidad y de lo irracional.

Como el lector podrá apreciar, Barr identificó al arte moderno con el arte abstracto, ese “impulso común y poderoso… por abandonar la imitación de la apariencia natural”, y que en su perspectiva había sido el principal cambio que el arte había experimentado en los últimos cincuenta años (1884-1936). Tales ideas,⁸⁹⁸ así como la caracterización de las dos tendencias ya descritas que consideró las más representativas del arte moderno de su tiempo (el arte abstracto geométrico y el no–geométrico, acaso la nueva forma que asumía la vieja pugna entre neoclásicos y románticos a la que ya me he referido),⁸⁹⁹ marcaron a las futuras generaciones de autores que escribieron sobre este asunto en buena parte del siglo XX. En la mayoría de las historias e investigaciones que he revisado al respecto, y en las que el arte moderno es asumido como la consecuencia de la evolución del impresionismo al arte abstracto, Barr es citado o como un calificado autor o como un actor crucial de la época (Meyer Shapiro, 1937/1978; John I. H. Baur 1952; Rudi Blesh, 1956; Harold Rosenberg, 1975), dejando en algunos de ellos una enorme influencia en sus interpretaciones (Herbert Read, 1964).⁹⁰⁰

En un catálogo donde presenta a ciertos pintores mexicanos de arte contemporáneo al público español, Octavio Paz (1983/1988:468) escribió que la pintura moderna era una “expresión engañosa” porque tenía la edad del siglo (XX), contenidos ambiguos como la Escuela de París y orígenes diversos, pues había nacido “casi simultáneamente en París y en Munich, en Milán y en Petrogrado, para citar sólo a los centros de irradiación más conocidos”. Según Paz, la pintura moderna fue “…una de las últimas expresiones de esa Europa que nació en el siglo XVIII y que, no sin desgarraduras, sobrevivió hasta 1914 sólo para ser destruida por los nacionalismos imperialistas”, con la excepción de la así llamada Escuela de París, que más bien fue “una sucesión de tendencias y maneras, un conjunto de movimientos en los que participaron decisivamente grandes pintores de distintos países…”.

A diferencia de Barr, Paz (1967/2002:19-24; 34-39) suponía que el arte moderno no se caracterizaba por una progresiva transición de la pintura figurativa a la abstracta, sino por movimientos intermitentes de pintura especulativa y representaciones espontáneas de la realidad. Es decir periodos de abstracción seguidos por periodos de figurativismo, y luego otra vez, periodos de pintura figurativa confrontados por periodos de pintura abstracta, oscilaciones que Paz caracterizó como una ley rítmica, “un movimiento de péndulo entre periodos de reflexión y periodos de espontaneidad”,⁹⁰¹ y que podemos rastrear desde el supuesto origen propuesto por Barr: al figurativismo borroso o álgido del último impresionismo, a la abstracción del cubismo, y del expresionismo alemán, De Stijl y del supramatismo ruso, seguidos por la reacción figurativista del muralismo mexicano y el regionalismo norteamericano de los años 20 y 30, para volver a la reacción visceral de la pintura especulativa del expresionismo abstracto norteamericano del medio siglo, y luego de nuevo la reacción figurativa del Pop, del neofigurativismo y del hiperrealismo, seguidos o acompañados por el minimalismo, el arte conceptual, el Land-Art etcétera.

Según Paz la constante en esta trayectoria alternativa de zigzagueos “sin fin” propia del arte moderno ha sido la crítica, es decir las constantes rupturas de estilos que le han permitido renovarse:

La historia del arte y la literatura se despliega como una serie de movimientos antagónicos: romanticismo, realismo, naturalismo, simbolismo. Tradición no es continuidad sino ruptura y de ahí que no sea inexacto llamar a la tradición moderna: tradición de la ruptura. La Revolución Francesa sigue siendo nuestro modelo: la historia es cambio violento y ese cambio se llama progreso. No sé si estas ideas sean aplicables al arte. Podemos pensar que es mejor conducir un automóvil que montar a caballo, pero no veo cómo podría decirse que la escultura egipcia es inferior a la de Henry Moore o que Kafka es superior a Cervantes. Creo en la tradición de la ruptura y no niego al arte moderno; afirmo que utilizamos nociones dudosas para comprenderlo y juzgarlo. Los cambios artísticos no tienen, en sí mismos, ni valor ni significación; la idea de cambio es la que tiene valer y significación. De nuevo: no por sí misma sino como agente o inspiradora de las creaciones modernas. La imitación de la naturaleza y de los modelos de la antigüedad –la idea de imitar, más que el acto mismo– alimentó a los artistas del pasado; después, durante cerca de dos siglos, la modernidad –la idea de la creación original y única– nos nutrió. Sin ella no existirían las obras más perfectas y duraderas de nuestro tiempo. Lo que distingue a la modernidad es la crítica: lo nuevo se opone a lo antiguo y esa oposición es la continuidad de la tradición. La continuidad se manifestaba antes como prolongación o persistencia de ciertos rasgos o formas arquetípicas en las obras; ahora se manifiesta como negación u oposición. En el arte clásico la novedad era la variación del modelo; en el barroco, una exageración; en el moderno, una ruptura. En los tres casos la tradición vivía como una relación, polémica o no, entre lo antiguo y lo moderno: el diálogo de las generaciones no se rompía.

Así, por ejemplo, Paz encontró en la pintura de Rufino Tamayo (1899-1991) y Carlos Mérida (1991-1984) los prolegómenos de “la gran ruptura” en la historia del arte moderno mexicano, cuya raíz no ubicaba en las telas de los impresionistas franceses del fin de siècle sino en la vanguardia muralista de los “tres grandes” y sus epígonos sucesores de la Escuela Mexicana. Si éstos se encargaron de proyectar un arte que recogía las tradiciones estilísticas de la Europa renacentista con temas contemporáneos inspirados en la revolución y el marxismo, una pintura tan realista y figurativa como exigían sus compromisos con el arte social de la época, Tamayo y Mérida refrescaron la ideología que las restringía con temas y técnicas que proyectaban valores universales, como el origen, el amor, la mujer, la música, los astros, el color. Sus críticas no sólo provinieron de temáticas más amplias (y al mismo tiempo “íntimamente” locales), sino de técnicas más arriesgadas como el primitivismo, el cubismo y el expresionismo (entonces vigentes fuera de México). Fue la revuelta de la pintura especulativa frente a una pintura ideologizada que en el caso de Tamayo buscaba una síntesis entre el cosmos, la astronomía y el origen (acaso diversas escalas de un mismo concepto)⁹⁰² y que inspiró, entre otros factores, la irrupción de una pintura nueva de orientación abstracta en los años 50.

Ahora bien, he seleccionado a estos autores para ilustrar dos perspectivas de interpretación del arte moderno del siglo XX, emanadas sin duda de las tradiciones del arte de esa época que las enmarcó: la modalidad norteamericana, identificada las más de las veces con la tradición del arte abstracto en la versión no-geométrica enunciada por Barr, y la modalidad mexicana caracterizada por la confrontación entre las tradiciones de representación objetual o figurativa y las no objetuales, abstractas o conceptuales, en la línea formulada por Paz. Ciertamente la tradición norteamericana encontró su lugar en la propia tradición europea de las vanguardias, de tal forma que el arte abstracto más representativo de la época –el expresionismo abstracto– se reconocía heredero de las tendencias pictóricas fundadas por los geometristas y no-gemoetristas europeos de todo signo. Al recogerlas y fundirlas en un movimiento único u original se declaraba a sí mismo como la quinta esencia del arte moderno del siglo y, al mismo tiempo, el termómetro con el cual medir la temperatura del arte moderno en el mundo.⁹⁰³ Además la mentalidad de modernidad norteamericana de la época, imbuida por la búsqueda y el gusto por la novedad como elemento de distinción, permitía una recepción casi popular del arte abstracto y su asimilación-consumo en tanto signo de los tiempos.⁹⁰⁴

Pero en el caso mexicano, donde el peso de la historia carga el de numerosas tradiciones enraizadas en el pasado, la visión de un arte moderno orientado a la abstracción no puede constituir por sí mismo un horizonte de interpretación válido. El mismo siglo XIX mexicano está más cerca del muralismo revolucionario que cualquier modernismo de principios del siglo XX, de tal forma que las premisas que Barr desarrolló al calor de su puesto de director del neoyorquino Museo de Arte Moderno en los años 30, que influyeron en la manera de conceptuarlo a lo largo de buena parte del siglo XX, no resultan del todo útiles para comprender el desarrollo del arte moderno en México. A diferencia de las experiencias norteamericanas y europeas, la mexicana había pasado por sus propias peculiaridades que sólo podían explicarse bajo la luz (y sombra) de su propia historia, mentalidad y cultura. En todo caso, la enseñanza que aportan los trabajos de Barr y Paz es que el arte moderno carece de una sola lectura o interpretación, que no es el fenómeno universal que parece ni tiene o comparte los mismos significado o estilos más allá de los centros que se abrogan su exclusividad, origen o primacía.⁹⁰⁵

Tensiones artísticas y políticas de la Modernidad: entre las convergencias y las determinaciones

Ahora bien, una vez dicho todo lo anterior, no queda más que centrarnos en las tensiones propias que el arte mexicano experimentó durante la constitución de México como nación soberana, proceso iniciado con la revolución de Independencia. El punto de este ejercicio no es tanto la constatación de las mismas (en tanto parte de la evolución del arte moderno mexicano), sino indagar la participación que la cultura política de la época tuvo en ellas, toda vez que no existe una relación de causa–efecto entre sí –como hemos aclarado antes. Entonces la pregunta general que aquí pretende ser contestada, en función de los periodos “traslapados” con los que trabajaremos, es cómo las tensiones propias de la esfera política son registradas en la creación artística, y si existe convergencia o determinación entre aquéllas y las tensiones o rupturas propias del arte que, según hemos establecido antes, hacen referencia a la mentalidad de la época.

Si bien es cierto que el movimiento muralista mexicano contenido en la primera mitad del periodo de la Modernidad Post-revolucionaria puede pasar como el capítulo decisivo en la historia del arte moderno mexicano del siglo XX (en tanto echó las bases de un arte nuevo que se reconocía a sí mismo como moderno, contemporáneo y, al mismo tiempo que reafirmaba valores nacionales, expresaba aspiraciones universales), éste no puede verse ni como su tendencia más innovadora o vanguardista ni como el resultado exclusivo del movimiento revolucionario. Hay una historia atrás que puede ser rastreada en el paso de la Modernidad Proto-republicana a la Modernidad Liberal, tanto en la técnica como en la temática.

Por ejemplo, la temática nacionalista del muralismo (y en menor medida la de la Escuela Mexicana que se erigió en su entorno) repite la tradición de la Pintura de Historia que los gobiernos liberales impulsaron a lo largo del periodo de la Modernidad Liberal, en el sentido de que ambas fueron pinturas ideológicas que satisfacían los proyectos culturales del poder. Como tales, representaron los valores asociados a la identidad que el poder necesitaba socializar, si bien los muralistas lograron imponer su propia agenda. Quizá ello explique que el tema indigenista, esto es la presentación del indio como sujeto histórico, esté presente en ambas corrientes, sea como alegoría del pasado –como en las telas de pintura de historia–, sea como alegoría del futuro –como en los muros de los edificios públicos. En cualquiera de los casos, se trata de un indio inventado, ficticio, irreal, una invención de la política (más que una propuesta plástica): en un caso es su representación mitificada como los primeros pobladores de la patria –caudillos de la resistencia; en el otro es su representación mitificada en su versión moderna, es decir como clase trabajadora (campesinos) que se apresta, por medio de las armas y la tecnología, a conquistar el futuro. En ambos casos, como podemos ver, se representó al mito.

Pero si las continuidades (en términos de las analogías y los significados) y rupturas (en términos de los formatos, las técnicas y las temporalidades) entre una y otra corriente son más o menos reconocibles, ¿qué podemos decir del origen de la Pintura de Historia? En tanto representación de un pasado nacional, ¿no acaso esta tendencia es considerada un antecedente fundamental de la pintura moderna de cualquier país? Es decir, ¿por qué la Pintura de Historia, que corresponde al periodo “más” moderno del siglo XIX (1867-1910), se aboca al pasado remoto (horizonte prehispánico) soslayando al pasado reciente (horizonte virreinal) y a la historia inmediata (horizonte contemporáneo)?

La respuesta no puede ser una sola, aunque debo reconocer que los argumentos los encuentro en la cultura política de la época. Éstos tienen que ver con la construcción de una identidad nacional que para los gobernantes del emergente estado-nación resultaba una cuestión fundamental, una ratio de estado, toda vez que el país salía de numerosas guerras civiles y de intervención extranjera, sin que hubiera un discurso de “lo nacional” que sustituyera los discursos religiosos propios del ancien régime colonial, con los que importantes estratos de la población aún se identificaban. Así, un primer intento consistió en restaurar la Constitución de 1857 como garantía de un estado de derecho (y como programa político del ideario liberal), si bien el elevado porcentaje de analfabetas no aseguraba la comprensión cabal de su significado.

Una vez impuesto el orden legal se emprendió la batalla ideológica en dos campos estratégicos de contenido simbólico: el de la construcción de una historia patria que narrara el devenir del país “a través de los siglos”, remontándolo al pasado indio como su subsuelo y origen; y el de la construcción de un imaginario patriótico que la proyectara en la memoria colectiva y en la mentalidad de la época.⁹⁰⁶ En esta misión los intelectuales orgánicos de los gobiernos liberales del periodo, en los que incluyo tanto a escritores y críticos de arte (como Manuel Altamirano, Francisco Zarco y Guillermo Prieto) como historiadores (como Alfredo Chavero, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra) y pintores de historia, cumplieron un papel decisivo. Sus trabajos sustituyeron las visiones hispanistas que defendieron en su momento miembros del partido conservador, que reivindicaban la tradición española como antecedente directo de la identidad nacional. Y también lograron insertar el tema de la identidad nacional en la tradición neoaztequista que se remontaba al patriotismo criollo de la segunda mitad del siglo XVIII, continuada por el historiador militante Carlos María de Bustamante (1774-1848) durante la primera mitad del XIX.⁹⁰⁷

Todo lo anterior puede explicar el por qué la Pintura de Historia de la época fijó su horizonte de representación precisamente en el pasado indio, y no en el pasado novohispano (pasado reciente) ni en los tiempos álgidos de la Primera Modernidad (pasado inmediato). En ese sentido puede decirse que la esfera política decidió el tema de representación de esta corriente importante de pintura moderna. De esa manera, la tensión entre arte puro-arte con sentido social que en México tuvo lugar en este periodo, se orientó a favor de la segunda modalidad cuando los liberales llegaron al poder, pesando más las consideraciones políticas que las preferencias estéticas. El instrumento idóneo para tal orientación fue la Escuela Nacional de Bellas Artes, heredera de la Real Academia de las Nobles Artes que los españoles fundaron en los umbrales del tiempo novohispano (1785) y, sin duda alguna, uno de los agentes modernizadores más importantes de todo el siglo XIX. Desde ahí la visión liberal de la historia fue promovida mediante sus célebres exposiciones anuales así como en los talleres de pintura de Historia y de Paisaje que ahí se impartían.⁹⁰⁸

Ahora bien, desde una perspectiva de la historia del arte, pese a las incongruencias evidentes que destaca Justino Fernández⁹⁰⁹ entre los temas de representación (pasado prehispánico) y las técnicas de representación (neoclásicas), la pintura de historia con temas indigenistas fue original e innovadora en su tiempo. Sobre todo en contraste con la escuela anterior; es decir, la escuela que antecede al triunfo de los liberales, concentrada en la creación de un arte “puro” de gran calidad, y en la tradición netamente neoclásica tanto en temas como en técnica. Esta escuela surge de las cenizas de aquella instaurada por sus maestros fundadores, la mayoría españoles, enviados por la corona para divulgar la enseñanza, práctica y gusto por el arte moderno que prevalecía en Europa, y que no era otro que el neoclásico. Por lo mismo, este estilo entró en tensión con el barroco, considerado el estilo popular y hegemónico de aquella época. Esta primera experiencia neoclásica duró desde la fundación de la Academia (1785) hasta la consumación de la independencia (1821), 36 años que al parecer fueron suficientes para transformar el gusto colectivo conforme a los cánones de las representaciones neoclásicas.⁹¹⁰

Sin embargo, la “primera escuela” neoclásica se colapsa con todo y Academia al inicio de la Modernidad Proto-republicana, y no es sino hasta 1846 cuando volverá a renacer con el mismo vigor en sus ramas de pintura y escultura, creando así la “segunda escuela” neoclásica que entraría en colisión con la del “indigenismo” en el periodo de la Modernidad Liberal (curiosamente ambas escuelas neoclásicas fueron fundadas por españoles). Su historia abarca poco más de veinte años, e inicia en 1843 cuando el presidente Antonio López de Santa Anna emite un decreto mediante el cual se concedía a la entonces Academia Nacional de las Bellas Artes un generoso presupuesto proveniente de los ingresos de la Lotería Nacional,⁹¹¹ lo que permitió la contratación de artistas extranjeros altamente calificados para dirigir las especialidades de creación artística que se impartían, como el escultor Manuel Vilar i Roca (1812-1860) y el pintor Pelegrín Clavé y Roque (1811-1880), ambos catalanes, que se hicieron cargo de las escuelas de escultura y pintura respectivamente, hasta la muerte del primero en 1860, y hasta la caída del emperador Maximiliano, el segundo.

Centrada en temas de historia sagrada (del viejo o del nuevo testamento) y en menor medida de historia universal, la así llamada Escuela de Clavé ⁹¹² logró actualizar el gusto por el neoclásico, y por tanto difundir las ideas de una belleza clásica que podía ser representada conforme a los cánones de la época (claroscuro, proporción áurea, composición geométrica, dominio de la perspectiva, representación de valores universales). El mismo Clavé fue un protagonista de esta tradición, que enriqueció mientras estudió en la Accademia di San Luca en Roma, donde conoció a Johann Friedrich Overbeck (1789-1869), el líder indiscutible de los Nazarenos, quienes creían que el arte era un asunto religioso, y que pintaban con los ojos puestos en un pasado inspirado en la edad media y en el Renacimiento rafaeliano.

Cuando Clavé es separado del cargo en 1867 por el recién instalado gobierno del presidente Juárez, decide regresar a su país de origen no sin antes haber dejado una obra importante en la que destacan los retratos de personajes de la época, un fresco en el domo del ex convento de La Profesa (ciudad de México), su famoso cuadro sobre la infancia de la futura Reina Isabel con su madre perturbada, y un grupo distinguido de talentosos discípulos entre los que destacan Felipe Santiago Gutiérrez (1824-1904), Santiago Rebull (1829-1902), José Salomé Pina (1830-1909), José Obregón (1832-1902), Joaquín Ramírez (183?-1886), Ramón Sagredo (1843-1874), Luis Monroy (1845-1918?) y Rodrigo Gutiérrez (1848-1903), todos ellos protagonistas de la pintura moderna de la segunda mitad del siglo XIX (Rebull, por ejemplo, fue maestro de Diego Rivera). En términos de las obras, los trabajos de Clavé y de algunos de sus discípulos pueden ilustrar esa modalidad que aquí hemos llamado de “arte puro”.

Ahora bien, todo parece indicar que en el siglo XIX las principales tensiones entre arte puro y arte con contenido social se dieron entre las corrientes académicas de pintura moderna que giraron en torno a la Escuela de Clavé (1846-1867) y la escuela Indigenista (1867-1898), es decir entre una que puso mayor énfasis en la técnica de la representación que en la temática (o bien cuyos temas resultaban secundarios en términos de los tiempos cruciales en los que las obras fueron ejecutadas), y que manifiestan un dominio excelente de la técnica neoclásica; y otra que dio mayor importancia a los contenidos y que, si bien éstos referían temas de historia remota, pulsaban las demandas políticas del tiempo contemporáneo (lo que explica precisamente lo temas tratados), ejecutadas también con gran dominio de la técnica neoclásica. Así, las tensiones se dieron más en el campo de las temáticas que en el tipo y dominio de la técnica. Y también en el campo de las actitudes: unos continuaban una tradición, otros inauguraban una tradición.

A distancia, puede decirse que la importancia de la primera radicó en haber demostrado que el arte podía resistir a los cantos del poder, que el mundo de las representaciones artísticas pertenecía al arte por sí mismo (más que a la política o a la ideología) y que, por lo tanto, constataba que el arte es un lenguaje que se habla a sí mismo: se podía pintar tanto a un Marat moribundo como a una reina europea enloquecida, o a un apóstol meditabundo, en medio de un país en llamas, dividido por las guerras de todo tipo y al borde de una intervención extranjera. En tanto que la importancia de la segunda radicó en el hecho de haber testimoniado con gran elocuencia el tiempo contemporáneo, o mejor dicho, la visión política de ese tiempo, por lo menos en los términos de la representación de los principios dominantes de la época. Asimismo, reafirmó la vieja historia mexicana del uso pedagógico del arte como eficaz difusor de imaginarios ideológicos, una historia que se remonta a los dominicos y franciscanos del los siglos XVI y XVIII, y llevada a su máxima expresión por el secretario Vasconcelos entre 1922 y 1924.

Por la técnica de la presentación empleada, las dos escuelas fueron modernas en México, a pesar de que el neoclásico era demodé en Europa en los años en que la Escuela de Clavé lograba sus mejores telas.⁹¹³ Pero la segunda, la escuela liberal o indigenista, al reflejar su tiempo político, es decir al hacerse eco del clima cultural y de la mentalidad contemporánea (como hemos dicho antes), se constituye como la tendencia fundadora del arte moderno mexicano. Logró representar (y acaso crear) la iconografía cultural que movía al debate historicista de la Modernidad Liberal.

Sin embargo, lejos de sacar el sombrero de charro y las banderitas tricolores para festejar la declaración arriba enunciada, es conveniente indagar sobre las primeras representaciones de temas indigenistas que pudieron haber antecedido a la Pintura de Historia mexicana. Notaremos entonces tres hechos importantes. Uno, que se encontraba desfasada respecto a lo que sucedía en otras latitudes del mundo de la época. Por ejemplo tanto en Francia como en Inglaterra, y aún en los Estados Unidos, la Pintura de Historia estaba ya en plena decadencia cuando en México se ejecutaron su obras más exitosas.⁹¹⁴ En su famosa reseña del Salón de 1846 el mismo Baudelaire invitó a los pintores de su tiempo a abandonar los temas de historia, que por lo general exaltaban la grandiosidad del pasado, para dedicarse mejor a la representación del “heroísmo de la vida moderna”. Dos, hubo antes otros pintores que abordaron al tema con perspectivas diferentes, acaso mucho más críticas respecto al tiempo en que fueron realizadas, e incluso refiriéndolo “en la inmediatez del tiempo presente”. Y tres, ni la Escuela de Clavé ni la Indigenista fueran las únicas que se practicaron en sus respectivos periodos: hubo una suerte de tensiones al interior de ellas de diferentes estilos, e incluso varios pintores cuentan con excelentes ejemplos tanto de una como de la otra tendencia. Fueron dominantes, pero no las únicas.

Ahora bien, ¿cuáles fueron esos otros pintores que se anticiparon a la pintura de historia con temas indigenistas de la etapa liberal? Hasta ahora he podido ubicar a tres: un norteamericano que estudió pintura en Dïsseldorf, un mexicano que perfeccionó sus estudios de pintura en Roma, y un pintor académico francés que acompañó al ejército de Napoleón en su aventura mexicana. Se trata de Emanuel Leutze (1816-1868), Juan Cordero (1824-1884) y Jean-Adolphe Beaucé (1818-1875), respectivamente. Leutze nace en Alemania en un pueblo de la Selva Negra, y cuando tiene nueve años emigra con sus padres a Norteamérica, donde inicia una carrera exitosa de pintor de retratos. Llega a ser conocido en los círculos de pintores de Filadelfia e incluso en 1836 le otorgan un premio por una tela de inspiración indigenista (An Indian Contemplating the Setting Sun).

Como todos los pintores con aspiraciones de su generación, Leutze entiende que debe continuar sus estudios en Europa. Así, en 1842 lo ubicamos en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, donde tiene como maestro a Karl Friedrich Lessing, un académico con un pie en el romanticismo y otro en la tendencia de los Nazarenos (bastante conocida porque el director de la academia, Wilhem von Schadow, había sido uno de ellos). De esta época es su cuadro Columbus before the High Council of Salamanca (1841), con el que se introduce a la tendencia de pintura de historia, obtiene el premio de adquisición e inaugura una fructífera serie de pinturas con temas colombinos, entre los que destacan Columbus returning in chains to Cadiz, (1842), Columbus before the Queen (1843), The Festive Reception of Columbus after his first Discovery of America (1847-48) y Departure of Columbus from Palos in 1492 (1855). Entre 1843 y 1845 Leutze emprende un Grand Tour por Italia y el sur de Alemania, y puede decirse que cuando regresa a Düsseldorf es ya un pintor muy reconocido en los Estados Unidos, desde donde recibe diversas comisiones de trabajo.

Así, en 1847 recibe una de Amos Binney, un amigo del historiador William Prescott que en 1843 había publicado History of the Conquest of Mexico, que resultó memorable por tres razones: primero porque fue un texto que se documentó con fuentes primarias, algunas incluso desconocidas en México, en el que así como reconoce los avances importantes que la nación azteca habían alcanzado en los cálculos astronómicos y la arquitectura, y la crucial tarea evangelizadora de los españoles, sostiene también que ambas culturas tenían costumbres o prácticas que a la larga impedían su civilización plena, como los respectivos sacrificios humanos e intolerancia religiosa, encarnada en la institución de la Santa Inquisición; segundo, por que en México el libro fue traducido y publicado en dos ediciones que fueron las primeras publicaciones en las que se divulgaron reproducciones arqueológicas del pasado indio, pues incluyeron grabados de diversos autores y de originales resguardados en el Museo Nacional (Elena Isabel Estrada de Gerlero, 2000); y tercero, porque fue el texto que Leutze utilizó para elaborar el encargo de Binney, el amigo de Prescott que le había encargado a Leutze un cuadro con el tema de la conquista de México (Raymond Louis Stehle, 1969-1970; Barbara S. Groseclose, 1975).

Así, Leutze termina Storming of the Teocalli Temple by Cortez and His Tropos en 1848, y aunque no hay documentos que sugieran que fuera visto por algún pintor mexicano de la época, en términos cronológicos se adelanta a cualquier tela de la Escuela Indigenista. En todo caso, la gran diferencia entre su trabajo y los de aquélla es la perspectiva que Leutze asume en la historia representada: en la toma del gran templo azteca se confrontan dos culturas despiadadas, una que sacrifica infantes en la creencia de que con ello se evitaría la catástrofe de la conquista y otra que los asesina en esa guerra de conquista.

Emanuel Leutze (1816-1868). La toma del templo del Teocalli por Cortés y sus tropas,1848, Óleo sobre tela.

Juan Cordero (1824-1884). Colón ante los Reyes Católicos, 1850, óleo sobre tela, 177 x 253 cm.

Finalmente, la pintura de historia con temas indigenistas tiene en los trabajos de Cordero y Beaucé dos telas fundamentales cuyas temporalidades temáticas no instituyeron, sin embargo, una tendencia posterior: se trata de Colón ante los Reyes Católicos, un óleo sobre tela de 177 x 253 cm que Cordero pintó en 1850, cuando se encontraba becado en la Accademia di San Luca de Roma, y Visita de la embajada de indios Kikapúes al emperador Maximiliano, un óleo sobre tela de 120 x 179 cm que Beaucé pintó para el propio emperador catorce años después (1865). Modernas las dos, en tanto refieren temas de historia en una lenguaje pictórico mitad neoclásico y mitad romántico acorde con los cánones de la época, la tela de Cordero introduce la “figura oscura del indígena… en la pintura culta, la de la Academia, por un rincón del cuadro y en sumisa actitud o de rodillas”, según Ida Rodríguez Prampolini (1988: 205).⁹¹⁵ Es pues un cuadro de historia que narra un evento del tiempo pasado (los umbrales de la historia colonial), en tanto que la pintura indigenista del siguiente periodo (1867-1898) centró su atención en eventos del pasado remoto. En ese sentido, el trabajo de Cordero evoca las visiones hispanistas de la historia nacional que aún disputaban con los discursos liberales el origen de la Patria, como ya hemos mencionado en otra parte de este trabajo. Cordero parece ubicarlo en el encuentro con los Reyes de España, con lo que introduce el tema de la historia novohispana. Como sabemos, tal visión fue cancelada al triunfo de los liberales: no parece haber un solo cuadro durante la Modernidad Liberal que refiera, ni por accidente, un tema de historia colonial (obviamente exceptuando los temas guadalupanos).

El punto en cuestión no deja de ser interesante, pues Cordero acude a un tema colombino cuando Leutze hace precisamente lo mismo desde su estancia en Alemania. ¿Habrá habido algún tipo de relación entre ambos, más allá de que hubieran compartido la influencia Nazarena de sus respectivos maestros? Para los pintores de la Academia de Düsseldorf, Colón resulta ser un héroe romántico que ha logrado sus sueños a base de una voluntad inquebrantable y una enorme confianza en los instrumentos científicos de la época. Ha tenido que sobreponerse al miedo y a la debilidad de sus propios hombres, como antes a la desconfianza y a las ideas cerradas de una iglesia católica dogmática. Entonces, ¿de qué Colón nos está hablando Cordero en su cuadro?, ¿del de Leutze, inspirado en la célebre biografía de Washington Irving, The Life and Voyages of Columbus, 1828? ¿o el de la visión hispanista que ve en Colón al gran civilizador de las tierras americanas?

Cordero envía Colón ante los reyes católicos a México para ser expuesto en la tercera exposición de la Academia de San Carlos en 1851, donde tiene una gran recepción y es adquirido para enriquecer su propio acervo. Sin embargo, será en el claustro de la Academia donde provocó las reacciones más memorables: motivado por el tema “indigenista” referido en la tela, el escultor Manuel Vilar i Roca realiza un conjunto de esculturas con temas indigenistas, entre las que destacan Tlahuicole (1851), cuya historia es narrada por Clavijero, y Malinche (1852). Antes, en 1850, ya había realizado una escultura del emperador Moctezuma, de tal forma que a Vilar le cabe el mérito de haber sido el verdadero fundador de la escuela indigenista mexicana, en México y en tiempos de la Escuela de Clavé, quien por cierto tardó un tiempo en reaccionar al trabajo de Cordero. Sólo cuando los críticos insistieron que la Academia debería seguir el ejemplo de éste, a punto de regresar a México, con premios y medalla y dispuesto a pelear su puesto como director de pintura de la Academia de San Carlos, fue que Clavé se decidió a incursionar con un tema de pintura de historia… sólo que con la brújula en sentido contrario a lo esperado, pues el tema que escogió fue el de la infancia de Isabel de Castilla al lado de su madre Isabel de Portugal, enferma de sus facultades mentales. Un tema más allá de cualquier inspiración hispanista aunque ejecutado, eso sí, con una brillante técnica neoclásica.

Cordero nunca llegó a ser director de pintura de San Carlos, pero en 1874 pintó un mural en la Escuela Nacional Preparatoria con un tema referido al avance de la industria y la ciencia lo que, según Jean Charlot, lo convirtió en un pionero del muralismo moderno mexicano.⁹¹⁶

Jean-Adolphe Beaucé (1818-1875). Visita de la embajada de indios Kikapúes al emperador Maximiliano, 1865, óleo sobre tela, 120 x 179 cm.

Por lo que respecta a la tela de Beaucé, pintor francés que llegó a exponer en el Salón de 1839 y que se enlistó en el ejército francés a partir de 1843, narra una escena propia del tiempo presente, el siempre espinoso tiempo contemporáneo. Así, mientras que los indios retratados por Cordero se presentan ante el rey como trofeos de caza, los de Beaucé se presentan al Emperador para hacer válidos reclamos sobre sus tierras despojadas. Así, tanto uno como otro refieren temporalidades incómodas para los gobiernos liberales: la nueva historia de la patria no podía recuperar un pasado que calificaba como un tiempo de invasión de la patria original y de “destrucción general de las indias”, y tampoco detenerse en la historia contemporánea, o al menos a aquélla referida a los pueblos indios, porque ésta estaba aún por resolverse. La Ley Lerdo estaba aún demasiado caliente como para dedicarse a pintar temas de sus consecuencias.

Édouard Manet (1832-1883). La ejecución de Maximiliano, 1868-1869, óleo sobre tela, 252 x 305 cm.

Como el célebre cuadro que Édouard Manet (1832-1883) pintó en alusión al fusilamiento de Maximiliano en México (1867-1869), el cuadro de Baucé resultó un trabajo oportuno en un momento muy inoportuno. Es decir, en tanto testimonios del tiempo contemporáneo que recoge las tensiones propias de la esfera de la política, son impecables. Dicen precisamente lo que está pasando. No se discuta tampoco la calidad de sus facturas en términos pictóricos, si bien las telas de Manet tuvieron casi siempre recepciones críticas o polémicas, pues no seguía ninguno de los estilos académicos vigentes. Pero en ese decir lo que está pasando radica la crítica y el malestar de su contemporaneidad: ven lo que todo mundo ve pero de lo que nadie quisiera hablar. El tiempo inmediato resulta demasiado heroico aún para ser asimilado por el poder. Ni los liberales mexicanos posteriores a Maximiliano, ni Napoleón III, podían soportar una pintura “tan moderna” como la de Baucé-Manet, pues de lo que se trataba era de hablar de la grandeza de la historia nacional, no de los actos heroicos que el ayer ha introducido intempestivamente en el día de hoy.

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25. La banalidad estética en la decadencia de la virtud cívica: mimetismo entre cine y cultura cívica

Felipe Gaytán Alcalá

De vez en cuando la comedia se convierte en horror y acaba en relatos,
seguramente bastante verídicos, cuyo humor macabro
sobrepasa cualquier imagen surrealista.

Arendt, 1999.

En la época de los llamados gobiernos populistas (1970-1982) algunas producciones del cine mexicano se caracterizaron por su pretensión de ser la conciencia cívica nacional y mostrar la decadencia de los valores sociales en las grandes urbes, como si la decadencia fuera el destino trágico e inevitable de los que viven en ellas. Tres películas son representativas de la corrupción y la anomia que produce la rápida urbanización y la falta de solidaridad social en dos décadas diferentes pero continuas: Mecánica nacional (Luis Alcoriza, 1971), México, México, ra, ra, rá (Gustavo Alatriste, 1976), y El mil usos (Roberto G. Rivera, 1981). Estas películas fueron realizadas en diez años continuos que dibujan la transición del DF de los años 60 a los 70 y el arribo a los años 80. Pero también el tránsito del México del desarrollo estabilizador a las épocas de crisis e inflación.

Las situaciones retratadas en las tres producciones son muy parecidas, los contextos son similares y hasta el lenguaje es igual. La imagen del policía corrupto, la marginación y promiscuidad generada por el hacinamiento en las vecindades y los cinturones de miseria en la ciudad de México terminan por ser muletillas estéticas que intentan exhibir la miseria humana, pero en lugar de motivar un rechazo por parte de los espectadores logran un efecto contrario: la representación social de los antivalores como corrupción, pobreza, violencia, promiscuidad, terminan siendo anti-valores aceptados que forman parte de la cultura e identidad del mexicano. La saturación de las imágenes decadentes, el abuso del lenguaje lumpen, entre otros aspectos, se convierten en un referente atemporal utilizado para banalizar la crítica social, generar programas de comedia sobre el tema y usarlos para ejemplificar situaciones cotidianas.

El presente trabajo aborda cómo el llamado cine de denuncia social, aquel que tiene como componentes básicos el realismo, el compromiso social y la denuncia; puede terminar banalizando aquello que critica y cómo ese cine decadente fue reflejo de la descomposición social propiciada desde los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), ambos fueron llamados en conjunto La docena trágica, como referencia a los índices de deterioro económico, pobreza y devaluaciones que las dos administraciones dejaron a su paso. El declive económico en ambas administraciones arrojó como resultado un grave deterioro social y cultural que de alguna forma los cineastas trataron de llevar a la pantalla grande.

A partir de 1972 el cine mexicano empezó a experimentar una estatización gracias a la presunta intención de Luis Echeverría por mejorar la calidad del cine que se hacía en el país. Algunos cineastas y críticos consideran incluso que el mejor cine que se hizo en este país tuvo lugar entre 1972 y 1976 gracias a las acciones del gobierno, entre ellas la reconstitución de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y de los Premios Ariel, la inauguración de la Cineteca Nacional y la creación del Centro de Capacitación Cinematográfica.

En general, el cine del sexenio de Echeverría recibe calificativos como crítico, incisivo, muy inclinado a temas sociales y políticos, lo que ayudó a que por primera vez en la historia de nuestra cinematografía, la realidad social de la clase media se haya visto retratada en la pantalla.

A partir de 1976, con la llegada de José López Portillo a la presidencia se desmanteló la producción fílmica nacional, hechos como el incendio de la Cineteca Nacional, el primer intento por desaparecer el Centro de Capacitación Cinematográfica, la llegada de la hermana del presidente a la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, encargada de dar luz verde a las películas que llegarían a la pantalla, marcaron el arribo de la censura, falta de apoyos y el declive del cine nacional. Los temas sociales dieron paso al cine de ficheras que prevalecería durante todo el sexenio.

Cine y cultura cívica, mecanismos miméticos

Es lugar común citar que las obras cinematográficas producidas durante los gobiernos echeverrista y lopézportillista reflejan en cierto grado el ethos de una sociedad, las representaciones simbólicas de sus conflictos y deseos. Una supuesta forma de conciencia cívica que muestra a través de las imágenes el dominio de la élite y la hipérbole de la pequeñez de los personajes principales ya sean simples ciudadanos enredados en tramas cotidianas, héroes que buscan salvar el mundo o cómicos involuntarios producto de enredos o escenas de situación, como lo llamarían los cinéfilos. No importa el género cinematográfico en cuestión sino la forma en que muestra la realidad y la convierte en imagen y discurso más allá de la descripción para convertirse en la connotación del espíritu de época de una generación (Barthes, 2009).

Pero el cine no es un simple reflejo del espíritu de una época. Son sus propuestas expresadas en cada película las que mueven y generan procesos sociales, signos y percepciones que antes no se percibían como tales, dando paso a nuevas realidades, miedos y angustias no vividas.

La cuestión relevante en este debate no está en cuál de los dos ámbitos (cultura o cine) es el que le abre la puerta al otro. Lo relevante es discernir las tensiones y conflictos que se generan en el proceso de escribir un guión (percepción social), filmar la película (legitimidad moral de la producción),⁹¹⁷ reconocimiento legal y su impacto en la memoria del público, que puede generar comportamientos y lenguajes (El mil usos) o, simplemente, desvanecerse el mismo día de su proyección (Matando cabos). Éste es un proceso que va y viene, dialéctica que no es reflejo del cine y la cultura, no es un juego de espejos que colocados frente a frente sólo reflejan imágenes vacías al infinito.

Entre el cine y la representación social siempre existe lo que Girard (2006) llama mecanismos miméticos de semejanza, que en la medida en que descubren cosas en común generan conflictos. El mecanismo mimético no es otra cosa que la expresión de un deseo a partir de un modelo a imitar o criticar. Esto desencadena la imitación y la necesidad de reproducir aquello que se desea. Por ejemplo, la forma de vida de un personaje o situación en el cine es un deseo que los espectadores tratarán de reproducir. Esto es una tensión permanente porque no sólo es imitar, es también reproducir aquello que se desea y por tanto, ante la imposibilidad de hacerlo tal cual debido a carencias, falta de recursos o simplemente porque las condiciones sociales y simbólicas son distintas, se generan conflictos y pugnas entre ambas dimensiones. La película Avatar provocó depresión en un grupo de personas por no poder vivir en el planeta Pandora y en unos más pensamientos suicidas derivados de la imposibilidad de cambiar la tierra por un planeta similar.⁹¹⁸ En sentido opuesto, el cine generó distintos filmes que deseaban captar la esencia de la identidad nacional y terminaron mostrando antivalores –y un sentimiento de losers (perdedores) de manera involuntaria como ocurrió con las películas Forrest Gump y Nacido el 4 de julio.

El mecanismo mimético se muestra con mayor nitidez cuando abordamos la relación entre cine y cultura política. Las tensiones y conflictos son evidentes entre las películas que abordan las cuestiones de las virtudes cívicas como normativa para la vida ciudadana y lo que deber ser el espacio público, se generan conflictos entre los espectadores ciudadanos entre lo que es “normal” y aceptable en la vida cotidiana y la crudeza de imágenes que develan que tal normalidad y aceptabilidad en realidad es una simulación, mejor dicho, disimulación. ¿Cuál es la diferencia? Mientras la simulación es mantener una ficción, mentira que nos sostiene en pie y habilita las relaciones sociales; la disimulación es simplemente ignorar lo que acontece o mejor dicho, no estar obligados a decir una mentira pero tampoco una verdad.⁹¹⁹ La lectura de algunos valores de los ciudadanos en la cultura política en diversas sociedades, particularmente en México, tiende a establecer la disimulación como mecanismo de defensa. Los diarios en la ciudad de México dan cuenta de ello en sus encuestas semanales a la pregunta de si considera que debe existir mayor vigilancia policiaca para evitar delitos y la respuesta es positiva casi 100%. En cambio, cuando se pregunta si denunciaría un delito en flagrancia y/o avisaría a la policía, en ese momento la respuesta positiva cae hasta 60%, según la última Encuesta Mundial de Valores que analiza las conductas y motivaciones de los habitantes de distintos países. La percepción es que la policía está coludida con los criminales o no interviene en tiempo y forma, y por tanto, cuestiona el para qué actuar si todo seguirá igual.

En el cine basta ver las tensiones generadas por Presunto Culpable (Antonio Hernández, 2011), documental que cimbró la opinión pública: la (di) simulación de lo que todos sabemos por percepciones de cómo se comporta el sistema judicial mexicano y de las fallas estructurales que persisten en el mismo: fabricación de pruebas, sentencias amañadas, juicios que tardan más de lo normal, entre otros.

El documental narra la historia de José Antonio Zúñiga, un joven tianguista de una zona popular de la capital, a quien arrestaron de manera abrupta, a partir de una injusta acusasión por homicidio, que implicó una larga lucha en contra del sistema judicial. Finalmente, logró demostrar su inocencia. Al recuperar su libertad, se convirtió en una figura pública: un cantante de música hip hop.

Bastó que la historia de Presunto culpable se llevará al cine para que en la vida real empezaran a surgir por todos lados casos de ciudadanos acusados injustamente y liberados gracias a la presión mediática, de entre todos destacan dos casos: el de Mariel Solís, estudiante de la UNAM de 23 años, acusada por las autoridades del Distrito Federal de haber participado en el secuestro y asesinato de un catedrático, teniendo como única prueba un video donde aparece una mujer que la autoridad argumentó era Mariel. Su caso remitió a la opinión pública inmediatamente a la película.

El otro caso es el de Antonio Ortega Gallardo, quien permaneció cuatro años en prisión acusado de violación, a pesar de que sus presuntas víctimas habían declarado que no lo reconocían como el agresor. Tras demostrarse su inocencia y recibir el indulto presidencial, Ortega perdió su identidad para evitar ser reconocido en los medios como “El nuevo presunto culpable”.

Con este caso se muestra el por qué una buena parte de las películas en México, y sus directores, han pretendido atender esta tensión en el mecanismo mimético entre realidad y ficción. Basta observar que en la década de los 90 una de las películas que marcaron época fue Sexo, pudor y lágrimas, del director Antonio Serrano, en 1999, que habla de los conflictos de la clase media, sus aspiraciones e infidelidades; atendiendo la crisis económica, familiar y cotidiana de una clase aspiracional que en 1994 se sentía parte del primer mundo y cuyo poder adquisitivo lo demostraba. Un año después la crisis financiera llevó a la quiebra la cotidianeidad de esas familias. Sexo, pudor y lágrimas no fue más que un recurso mimético aspiracional de una clase media que no se levantaba aún de su frustración. En cambio, para la primera década del siglo XXI el cine fue audaz y mostraba las tensiones en los valores políticos y sociales entre diversos estratos sociales y aún más, las tensiones del cambio generacional.

Amores Perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu daba cuenta de lo que era el secuestro, la envidia, el abandono de las utopías, la traición, etcétera; situaciones que en la cultura política nacional se mostraban como normales. Los filmes que marcan una generación no pretenden o no pueden tener como misión informar, menos educar. Su pretensión es señalar, mostrar, develar el deseo de lo que el modelo de cultura cívica ha sido, de lo que debería ser y no lo es.

Recordemos que la cultura cívica atiende aspectos del espacio público donde las personas se convierten en ciudadanos, sujetos de derechos y obligaciones. El respeto a la ley, tolerancia, solidaridad con los otros, confianza en el marco institucional y, sobre todo, la reciprocidad social con los otros a través de la virtud cívica, entendiendo por esto último la motivación de los ciudadanos para la acción pública orientada al respeto de la legalidad y la justicia social.⁹²⁰

El orden social dependerá de la disposición de los ciudadanos por atender el orden cívico, pero ello no basta por sí solo. Se requiere de un entramado institucional que establezca los límites y contrapesos. Ésa es la razón de un Estado: no vigilar o castigar, sino de orientar las disposiciones y motivaciones de los ciudadanos hacia el bien público. Recordemos que la virtud cívica es un elemento de la vida privada y no potestad de lo público. Es decir, en tanto mis motivaciones y conductas respeten a los otros y a la ley, mi seguridad como ciudadano y mis intereses privados estarán a salvo. El compromiso público se justifica como instrumento necesario para salvaguardar mi espacio privado. De otra manera, si toda la virtud cívica fuera pública no tendría más opción que el dictado de lo comunitario y con ello, la individualidad quedaría en manos de lo colectivo, pasaría al dominio del estado y por tanto, los derechos como ciudadano serían nulos. (Garretón, 1993). Cabe mencionar que, en menor medida, la participación política forma parte de la cultura cívica, pero no la más importante (Peña 2009).

Cuando el cine, mejor dicho, algunas películas abordan el tema de la virtud cívica como deseo terminan generando un conflicto, no con la cultura cívica existente, sino consigo mismas al crear estereotipos de personajes que luchan con antivalores, que a su vez terminan siendo víctimas de aquello que anhelaban. Es decir, cuando los filmes abordan temas de la virtud cívica terminan describiendo una serie de antivalores (corrupción, mafias, ilegalidad, abuso de confianza) pero nunca lo que debería ser. No pueden hacerlo porque de entrar en definir o marcar pautas a los personajes para actuar en la virtud cívica terminarían anulando el discurso y la imagen de los protagonistas y antagonistas. Esto es parecido a los mandamientos cristianos que definen en su mayoría lo que no debe ser. Por eso el infierno y el demonio en la narrativa cristiana son entidades con una carga moral mayor que Yahvé o Jesús. El conflicto entonces se da alrededor de lo que no es la cultura cívica para hacerla visible. Se impone a los protagonistas y antagonistas de las películas en un contexto excesivamente moralizador que acaba por ahogarlos, o volverlos cínicos aún cuando alcanzan su meta.

En la tensión mimética entre cine y cultura cívica resulta entonces interesante analizar un periodo del cine mexicano en el que se muestra con vehemencia tal conflicto. Dicha etapa se refiere a la década de los 70 (inicio y final) que muestra en el terreno político-económico un cambio generacional universitario derivado del movimiento estudiantil de Tlatelolco, en 1968, que trajo nuevos consumos culturales, fuertes cuestionamientos al partido en el gobierno, la bonanza petrolera, la protesta social sistémica, el crecimiento exponencial del tamaño del Estado y su burocracia, el imaginario de la riqueza y paradójicamente la marginación y pobreza en las grandes urbes, principalmente en la ciudad de México.

A principios de la década la pobreza extrema se mantenía en los mismos niveles de 1968, alrededor de 16% según el INEGI, pero había un suceso que no se había presentado en los años previos: 19 millones de mexicanos, 13 millones habitantes del campo, vivían en pobreza alimentaria. Pero el campo también enfrentaba problemas de acceso a los servicios de salud y falta de empleo, lo que marca la primera gran migración del campo a las ciudades.

Por otro lado, también los jóvenes empiezan a experimentar la libertad sexual y la necesidad de tener independencia personal y económica lejos de sus padres, lo que los orilla a encontrar empleos a edades tempranas en lugar de ir a la universidad, casarse jóvenes y divorciarse al poco tiempo. En el caso de las mujeres, las madres solteras empezaron a ir en aumento.

En ese contexto se genera un tipo de cine de denuncia y protesta social. El cambio generacional trae consigo actores universitarios y directores ávidos de mostrar los contrastes y complejidad de la transformación social (Alatriste, Alcoriza, Rivera, Ripstein, entre otros.) Tres son las películas que marcaron la vitrina imaginaria y el discurso cinematográfico de esa época en este tenor: Mecánica nacional (Luis Alcoriza, 1971), México, México, Ra, Ra, Rá (Gustavo Alatriste, 1976); y, El mil usos (Roberto G. Rivera, 1981).

Mecánica nacional (1971) narra el encuentro de diversos personajes en una carrera de autos. Roles y aspiraciones convergen en ese espacio donde pasan días y las interacciones entre diversos roles van degenerando en la decadencia de la cotidianeidad. La madre abnegada, la mujer decente, el machista–buscapleitos, etcétera. Más allá de los roles, lo que se da es la confluencia de tres generaciones y las disputas por lo simbólico expresado en las relaciones sexuales, el consumo de alcohol y la muerte de la madre.

México, México, ra, ra , rá (1976) muestra varias historias entrelazadas que hacen evidente la decadencia de la vida cotidiana en México: corrupción policiaca, el abuso de estudiantes de medicina con la población marginada, los conflictos sociales en los barrios, todo ello ante la indiferencia (disimulación) de la población, entre la que el Estado no aparece como tal, su presencia se da únicamente en los eslabones micro de la interacción: policía, médico del sector salud, burócratas medios.

El mil usos (1981) aborda el tema de la migración del campo a ciudad. A través de la historia de un campesino llamado Tránsito, personaje que debe sortear su estancia en la capital del país en el límite de la sobrevivencia económica y social. A lo largo de la trama se enfrentará con personajes que no le permiten integrarse a las redes de solidaridad, por el contrario, será expoliado y expulsado constantemente. La virtud de dicha película fue mostrar la decadencia del capital social, más que del Estado y la ciudad en sí.

Cine de denuncia, imagen decadente del espacio público

Los tres filmes se insertan en el llamado cine de denuncia social, búsqueda de la virtud cívica y protesta por la disimulación ética y el cinismo político. El contexto social de los 70 parece contradecir tal protesta. El auge petrolero vaticinaba un horizonte de bienestar y riqueza en el mediano plazo, la educación universitaria se masificaba y el gobierno hablaba de justicia, lucha popular, apertura, las ciudades se expandían con la inclusión de flujos del campo a la ciudad, además, el Partido Comunista participaba por primera vez en su historia en las elecciones y conseguía una representación en la Cámara de Diputados a través de la Ley LOPPE.

Durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez (LEA) se perdió el control sobre el gasto público, se pensó que el auge petrolero compensaría cualquier déficit entre lo que se gastaba y lo que ingresaba a las arcas públicas. Para 1970 el Producto Interno Bruto tenía un crecimiento de 8%, pero para 1976 ya había bajado a 4%.

Atrás de lo que parece evidente y promisorio se gestaba una decadencia de la cultura cívica: la sobrevivencia del más fuerte en un terreno. Las motivaciones ciudadanas no estaban en función de la mejora de los otros sino de la sobrevivencia de sí mismo. Esto debido a la expansión desmedida de las ciudades, que no se acompañó de esquemas institucionales que normaran y dieran contrapeso a las actitudes y conductas egoístas de los ciudadanos, menos a la generación de un capital social por parte de los ciudadanos en su convivencia cotidiana.⁹²¹ La virtud cívica al provenir del espacio privado no tenía incentivo alguno para orientar su acción al ámbito público como el respeto a la legalidad y la confianza con los otros, por lo que la pugna por el más fuerte se volvió central. La decadencia del espacio público no fue producto de la impersonalidad, alineación y frialdad entre los ciudadanos sino de la excesiva pretensión de mantener una identidad comunitaria en los barrios y colonias ante los nuevos inquilinos que no formaban parte de lo que ya existía. Fueron a final de cuentas la exclusión de las redes sociales y de los beneficios del Estado lo que propició que la virtud cívica fuera en declive.⁹²²

Mantener la comunidad se volvió un fin en sí mismo, la purga de aquellos que no pertenecen verdaderamente a ella se transformó en el quehacer de la comunidad. Del deseo supuestamente humanitario de borrar la impersonalidad de las relaciones sociales resulta motivo fundamental para negarse a negociar, para la purga constante de los elementos foráneos.⁹²³

Las tres películas muestran esta decadencia de la virtud cívica en la excesiva necesidad de fortalecer la identidad comunitaria. En Mecánica nacional (MN) los clanes y las familias se delimitan por zonas y autos. No toleran que otros critiquen sus hábitos ni sus roles, no permiten las relaciones sexuales entre los más jóvenes por ser una ofensa, jóvenes que buscan autos neutros (que no pertenecen a ninguno de sus familiares) para fornicar. La esencia de los personajes en Mecánica nacional gira alrededor de tres actividades básicas del ser humano: la comida, la bebida y el sexo. Vicios y virtudes, defectos y cualidades del mexicano se muestran a velocidad vertiginosa.

En Mecánica nacional nos enfrentamos a un México dividido generacionalmente. Es el México de principios de los setenta: un país desconcertado, radical, a punto de entrar en una profunda crisis social. Los valores tradicionales han sufrido una rápida transformación, aunque los personajes todavía no son conscientes de ello. En cambio, México, México, ra, ra, rá (MRA) da cuenta de historias de free riders (oportunistas) que se aprovechan de los lazos de solidaridad de los barrios para estafar y, en todo caso, para obtener un favor no de un individuo en particular sino de la comunidad en su conjunto. En El mil usos (MU) observamos el pasar de Tránsito por una serie de comunidades, siempre en la lucha individual, expulsado de un barrio, familia o colonia. Al final regresa a su comunidad como refugio frente a los otros, pero en su refugio ya es también un extraño.

Otro aspecto del análisis es cómo se construye la dimensión de la calle como espacio público, quién lo ocupa, cómo lo explota. Durante la década de los setenta la expansión urbana-habitacional de las ciudades no fue acompañada por una oferta de empleo y los que existían se fueron precarizando con el tiempo. Ante esto, muchos ciudadanos justificaron la apropiación de las calles y parques como espacios que no tenían propietario y por tanto era tierra de nadie. Comenzaron la toma masiva de calles para protestar en contra de algunos movimientos, otros más vieron en la calle la oportunidad de apropiarse de ella y generar una renta sin responsabilidad alguna ante el Estado. El respeto a la legalidad podía ser obviado en nombre de la justicia, en este caso la justicia de los que supuestamente bajo el argumento del desempleo se apropiaron de la calle. Mientras que en los países europeos la calle es un espacio público responsabilidad de todos, en América Latina ese mismo espacio es de todos y por tanto no pertenece a nadie; por eso se puede hacer uso de él a pesar o contra el gobierno, autoridad que al final, en el afán de la justicia para todos, aceptará una dádiva para no entorpecer la aspiración social de justicia.⁹²⁴

En las tres películas no se da por obvio lo anterior. Por el contrario, cada una aborda de manera distinta la apropiación alevosa de eso que es común a los ciudadanos, el andar en la calle. A través de metáforas y analogías se da cuenta de que el respeto a los otros como marca la cultura cívica acaba por ser nada más un cliché. En MN el espacio donde se ubican los autos es un espacio baldío en el que se estacionaron sin saber si les era permitido por alguien o por alguna autoridad competente. Las disputas entre los personajes se dan en el terreno, la mayor parte de ellos, y menos dentro de los autos. El espacio privado (el auto) no se toca, pero en el espacio público parece que tienen permiso hasta de matarse. En cambio, en MRA la situación transita constantemente por la calle. El policía, los estudiantes de medicina, el funcionario, todos siempre hacen de la vía pública su espacio de impunidad. Pueden ser observados por otros, pero eso no importa, la calle es el lugar de la disimulación. Basta ver cuando en los pórticos de las casuchas los futuros médicos extraen la sangre a las personas de las ciudades perdidas sin que nadie diga algo. En las imágenes que ofrece, el director se regodea en la impunidad de este espacio público. A la vista de todo, el cinismo se impone. En cambio, en el MN, la calle es la constante de toda la película, el escenario y discurso del personaje que nunca encuentra un hogar, un espacio privado. Todo se mezcla en la vía pública, sus aspiraciones, sueños y frustraciones. Las interacciones con el resto de antagonistas se dan en la calle, expresión máxima que sigue siendo un foráneo, un extraño a los ojos de las redes sociales comunitarias. “No pasarás” parecen decir siempre las puertas cerradas que se muestran a lo largo de la película. La virtud cívica se vuelve parte del discurso snob de los buenos ciudadanos. Pero la dinámica urbana habla de otro sentido, la supervivencia del más fuerte. Se va perdiendo la civilidad de la vida moderna, es decir, la actividad que protege a la gente entre sí y sin embargo le permite disfrutar de la compañía de los demás.⁹²⁵ La civilidad en este sentido tiene como fin, afirma este autor, proteger a los demás de tener que cargar con uno mismo.

Ciudad y civilidad tienen una raíz etimológica común. Civilidad significa tratar a los demás como si fuesen extraños y forjar el vínculo social sobre dicha instancia. La ciudad es el establecimiento humano donde es más probable el encuentro con extraños. La geografía pública de una ciudad es la civilidad institucionalizada.⁹²⁶

Referirse a la incivilidad significa cargar a los demás con uno mismo, disminuir la sociabilidad con los otros y competir por el uso de los bienes públicos de manera despiadada. Es cierto que la civilidad misma tiene márgenes de tolerancia con los llamados oportunistas (free riders) que hacen uso de los bienes y sus derechos sin atender sus obligaciones y deberes. Pero tiene un límite que no puede ser obviado, no sólo por la autoridad, sino por los participantes y consumidores privados que tienen que ceder parte de sus expectativas y utilidades al mantener los bienes públicos, no por convicción sino porque saben que de otra manera sería costoso que cada uno por su cuenta mantuviera tales servicios. Esa es una de las principales razones del por qué de los impuestos aún cuando los ciudadanos no se muestren de acuerdo en pagarlos.⁹²⁷

El caso de la ciudad de México es particularmente interesante porque a partir de la masificación de la urbe en todos los sentidos (educación, salud, vivienda, entre otros.), la carga impositiva se incrementaba. Muchos de los ciudadanos optaron por jugar por la libre y convertir el espacio público y sus bienes en un campo de batalla, dando paso a la incivilidad de la vida moderna, es decir, a que los demás carguen con uno mismo. Los años 70 muestran esto como un punto de quiebre en esa idea de la incivilidad, el propio discurso populista gubernamental alentaba en parte tales posiciones con la imagen de la justicia social y el renacer de los excluidos. Su punto culminante se muestra en el discurso del Presidente José López Portillo al nacionalizar la banca en 1982 con la frase “ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”.

La decadencia del espacio público en la película México, México, ra, ra, rá se muestra cruda. El juego de los free riders parece imponerse en la vida cotidiana de la ciudad de México, sin importar su referencia en estratos medios o marginales. La razón es única, ganar y sacar ventaja de los demás antes que ellos lo hagan conmigo. Hasta la participación de la autoridad a través de los burócratas y policías sigue el mismo patrón. En cambio, Mecánica nacional muestra las dificultades de convivencia y la rapacidad de los personajes en su convivio a lo largo de los días en ese estacionamiento enorme que representa el Distrito Federal. Paradójicamente, todos conviven en un espacio de autos que todo el tiempo permanece estático. Viajar y moverse se convierte en la aspiración, imposibilitados por la obstrucción de unos con otros. Los free riders no permiten moverse y ello deriva en la incivilidad del espacio público.

En el caso de El mil usos la historia se repite. El personaje central lucha en batalla campal con sus antagonistas por la sobrevivencia, con la diferencia de estar solo y formar parte de los excluidos que no pueden aprovecharse impunemente de los bienes públicos sin una red social que, más que ser solidaria, se vuelve cómplice. Tránsito, el personaje, pisa la cárcel sólo para dar cuenta que la incivilidad en este espacio es igual que en el exterior sólo que magnificada a la n potencia, pero irónicamente éste es el único lugar donde le va bien, donde después de enfrentarse a la incivilidad encuentra solidaridad cuando los reos se enteran que su delito fue orinarse en la calle, patear una patrulla, pero sobre todo, no tener dinero para pagar la mordida. El momento glorioso de esta cinta es cuando el protagonista le "mienta la madre" a la ciudad de México.

Las relaciones ciudadanas parecen simétricas y garantizadas por un orden legal y su instrumento: el Estado. Nada más lejano que la realidad en el contexto de la gran urbe de esos años y en la actualidad. Primero, los ciudadanos no juegan en un campo simétrico, siempre habrá disparidades derivadas del poder social, económico y político. El ciudadano común tiene que negociar de manera constante su presencia con los otros y hacer uso de los recursos disponibles que no necesariamente posee de manera directa sino por referencias a veces tan extrañas que terminan por ser aceptadas: “soy amigo del vecino que conoce a la secretaria del diputado x”. La frase de “no sabes con quién te metes” refiere a la amenaza y también a la marca de la asimetría de lo desconocido. Aquel que la pronuncia espera no develar su identidad porque de hacerlo ya no surtiría la amenaza. El escenario urbano común para estas frases vuelve a remitirnos a la calle, al tránsito de vehículos y el derecho de movilidad que todos los ciudadanos tenemos. Pero en este juego se establece la asimetría, no del poder en sí, sino de la percepción sobre eso que suponemos se posee.

La cultura cívica en parte es un ejercicio de percepciones ciudadanas sobre el poder y su ejercicio público (obediencia y lealtad a la autoridad). Los ciudadanos y su vida no están permanentemente en la política, tienen otras orientaciones y preocupaciones pero se preocupan de lo que pasa ahí para no salir perjudicados.⁹²⁸ El principio del ciudadano total resulta entonces un mito, no todos podemos participar todo el tiempo y en todos los lugares. De ahí que la cultura cívica sea el referente de acción para organizar toda la vida social y, en caso de ser necesario o deseable, participar en algún momento de los asuntos públicos. Derivado de la tesis anterior, Almond y Verba aducen que la conducta política de una sociedad y sus instituciones puede explicarse mayoritariamente a partir de actitudes no políticas. La personalidad autoritaria no deriva exclusivamente de la política, es ahí donde adquiere resonancia y se magnifica, pero sus influencias provienen de otra parte. La familia, el trabajo, la escuela, los usos y costumbres delinean en parte lo que será el ciudadano y su personalidad autoritaria.

Siguiendo con las películas citadas, damos cuenta de que los directores se regodearon en exaltar esta parte de la personalidad autoritaria y de los espacios no políticos que conforman lo que es ser mexicano en la política. La familia, la escuela, los amigos prefiguran los conflictos que tendrán repercusión en el espacio público. Las relaciones se muestran asimétricas como sucede en Mecánica nacional: la figura de la madre interpretada por Sara García da pauta para fortalecer la imagen del machismo, ordena las relaciones entre los integrantes y, define los esquemas de autoridad. Todo ello bajo el rostro dulce de la abnegación y la bondad. En el mismo sentido, en la producción México, México, ra, ra, rá, la escuela y la familia juegan en contra de lo que pretendidamente se ha pregonado como la semilla de la buena conciencia cívica. Paradójicamente, la libertad se localiza exclusivamente en la esfera política, mientras que el ejercicio de la fuerza y la violencia se da en la esfera privada como fenómeno prepolítico donde es indispensable dominar la necesidad. Ser pobre o enfermo significa verse sometido a la necesidad física, buscar dinero para mantener una casa es necesidad alimentaria.⁹²⁹ Las películas dan cuenta de tal violencia en la esfera de lo privado. La familia se observa como la unidad de las desigualdades brutales, la escuela como el ejercicio autoritario y déspota de los que detentan lo simbólico del saber. La constante en las tres es la exposición cruda de lo privado en el espacio público. Desmitificar la benevolencia de la madre, el altruismo de los amigos, la búsqueda de la justicia de los universitarios y las infidelidades y excesos, se convirtió en el leitmotiv de los directores. La frontera entre lo público y privado quedó disuelta en el aire en cada una de las películas. Tal frontera no existía como tal, México se mostraba como una gran extensión de lo privado disfrazado de virtud cívica.

De la virtud cívica a la banalidad estética

En una comunidad de cretenses mentirosos, uno de ellos se levanta y anuncia que todos mienten.⁹³⁰Tal paradoja refiere a la complejidad de los observadores de primer orden en su afirmación de objetividad cuando describen la realidad. La contradicción se vuelve aún más compleja cuando el observador de primer orden termina asumiendo un rol moral de juzgar e indicar lo que está mal y las consecuencias de las acciones pervertidas en la sociedad. Un moralista en este sentido cae en su propia trampa, indica Luhmann pues para señalar el marco moral requiere conocer lo inmoral, para juzgar moralmente necesita reconocer las inmoralidades sociales.⁹³¹ No termina en este punto la cuestión. Los moralistas están sujetos a ser juzgados con el mismo rigor y ortodoxia con el que emiten sus juicios.

Todo esto viene a colación porque las películas señaladas en este texto remiten a la pretensión de moralizar la vida pública. Exponen los rituales, símbolos, experiencias, la transmutación de la realidad en metáforas y metonimias (Carro, 2008). Se exageran las situaciones, el lenguaje se imposta a un nivel lumpen y las relaciones y actividades a lo largo de la trama se sobrecargan de mensajes moralistas y los personajes se convierten en víctimas de sus destinos. La madre que muere en Mecánica nacional, las historias de México, México, ra, ra, rá cierran con la incertidumbre de los personajes y El mil usos termina en su origen, la vuelta al paraíso ficticio donde no existe promesa de futuro.

La excesiva carga moralizante de las escenas, el lenguaje de ruptura (palabras altisonantes a cada instante y a la menor oportunidad a veces sin justificar su uso en la secuencia) termina por banalizar aquello que condena. Las situaciones trágicas al límite terminan siendo algo tragicómico que, si bien impactó a las audiencias, termina por justificar que los mexicanos así somos y seremos ¿y qué?

Llegar a esta conclusión no es gratuito pues la propia película así lo propicia a lo largo de las historias que se cuentan, pues cada una se desarrolla en interacciones de los personajes y donde se apela a la conciencia y se exhibe la falta de la virtud cívica. Los espectadores habrán notado que en todos los filmes no aparece el Estado como tal, con su fuerza y sanción legal. Aparecen burócratas y policías como ciudadanos que buscan beneficiarse de los otros como también esos otros intentan aprovecharse de ellos. El Estado es una entelequia que no existe y si aparece es un panóptico que nadie atiende porque saben que no hay alguien que regule o sancione.

Las relaciones de poder se dan al amparo de un poder legal, ficticio o de facto que invoca cada uno de los personajes. Los conflictos se resuelven en la acción o conciencia individual que termina por purificar a la comunidad para fortalecer la identidad, las redes sociales, y por tanto termina por excluir a los foráneos como lo explicamos anteriormente. El círculo vuelve a su punto de arranque: exhibir la decadencia de la virtud cívica y apelar a la carga moral hasta la exasperación. La conciencia y la motivación se convierten en el quid por el cual la realidad se transformaría. Pero los espectadores terminan por ver que lo que ocurre en la pantalla no es algo extraordinario, por el contrario, es parte de su cotidianidad y las situaciones al exagerarse se vuelven cómicas de manera involuntaria. Entonces los espectadores comienzan a asociar las representaciones e imágenes a su entorno. Aparecen los apodos (“mil usos”, “tirantes”, “chompas”, etc.) y las situaciones se etiquetan como en las películas. Se banaliza entonces la carga moral, las palabras pierden su sentido crítico y las expresiones altisonantes se asumen como parte del lenguaje ordinario y hasta efusivo, la fiesta de las palabras. La canción tema de la película El mil usos se convirtió en un éxito de la radio, eslogan de comerciales y parte de los chistes de la época. Mecánica nacional dio paso a la devoción de la madre como cabeza de familia, ciega ante lo que ocurría a su alrededor: sexo, drogas, alcohol. Para ella sólo importaba su hijo como cabeza del clan, alejada de los conflictos y de lo cotidiano.

La corrupción, la violencia y el abuso se usaron como hipérbole discursiva para ilustrar las situaciones de lo que no debe ser. Pero el efecto provocó el sentido contrario. Antes bien, regodearse en cada situación proporcionaba un catálogo de estrategias e ideas antes que lecciones morales. Formas de eludir la responsabilidad familiar, dar dinero a la policía, etc. De esta forma, al moralizar las escenas y denunciar las conductas y motivaciones corruptas al paroxismo se termina por inocular la conciencia cívica, la vida es así, el mexicano no podrá de ser de otra manera.

Los directores y guionistas levantaron la mano, como el cretense que indica que los cretenses mienten, para ofrecer al público imágenes moralizantes que en la sobrecarga del discurso del deber ser terminan por banalizar su mensaje, asumiendo que la realidad es así como destino tragicómico, los héroes griegos que conocen su destino y no pueden cambiarlo. Homero en la Ilíada señala “Dadme un héroe y te escribiré una tragedia”.⁹³²

Conclusiones

Cine y cultura cívica componen un binomio complejo en el que se establecen procesos y mecanismos miméticos. Imitación de la vida social en la pantalla y actitudes–emociones de la imagen que impacta las relaciones sociales. Los procesos miméticos también desatan conflictos cuando uno de los dos ámbitos intenta moralizar al otro. Lo social establece la censura de lo que debe proyectarse. El cine usa la imagen como vehículo para señalar la corrupción y desde ahí moralizar la vida cotidiana.

El riesgo de una u otra estrategia tiene consecuencias importantes sobre la virtud cívica. La censura acrecienta la personalidad autoritaria y el dominio de aquellos que detentan el poder en cualquiera de sus formas. La excesiva moralización termina por caricaturizar aquello que es su evangelio cívico.

Las películas mexicanas como Mecánica nacional, México, México, ra, ra, rá y El mil usos definieron una época de contrastes. Entre la abundancia petrolera y la alta marginalidad urbana, entre un discurso de la justicia por encima de la legalidad y el crecimiento exponencial de la corrupción. Los directores buscaron reflejar la decadencia cívica en sus películas, una forma de conciencia social que buscaba llamar la atención sobre el problema de una urbanización acelerada y sin control.

El objetivo final era mover la conciencia colectiva, pero el resultado es cuestionable. La carga moralizante terminó por banalizar la imagen y el discurso moral. Los personajes acabaron ahogados en su propia tragedia, trasmutando su mensaje en comedia.

La banalización de la moral y la conciencia cívica se repitió en los años posteriores con otras películas y con otros mensajes. Es una ruta de investigación que en los estudios sobre la cultura cívica se tendrá que tomar en cuenta en el futuro inmediato.

Bibliografía

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26. ¿Ton’s qué? Una mirada a la cultura política desde el humor irreverente de Tin Tan

Jorge Alberto Rivero Mora

El humor resulta más revolucionario por su
sentido antisolemne, desmitificador y crítico
Sergio Pitol

En los ámbitos histórico e historiográfico, documentos alternos a las fuentes escriturísticas, como las imágenes estáticas (pintura, fotografía o caricatura) o en movimiento (cine, televisión y video) pueden constituirse, por una parte, en una materia prima substancial para la expresión y difusión de la cultura política y, por otro lado, una excelente oportunidad para reflexionar en torno a esta interesante categoría que puede desarrollarse o modificarse en un particular tiempo y espacio histórico.⁹³³

En este horizonte, la cinematografía suministra múltiples posibilidades de significados, los cuales ayudan a relacionar a este tipo de representaciones artísticas con la realidad política de una época histórica específica. En otras palabras, los discursos fílmicos pueden reflejar o aludir a la cultura política de distintas maneras, ya sea por medio de películas o documentales que denuncian abiertamente las formas anómalas y corruptas de hacer política o incluso a través de películas que se apoyan en el género de la comedia, que además de divertir al espectador, puede también hacerlo reflexionar.

Por lo antes citado, el humor, el relajo y la irreverencia, más allá de su condición de entretenimiento, son expresiones informales de resistencia pasiva y de desafío; de catarsis o de crítica que se gestan, no solamente en la cotidianidad del ciudadano común y corriente, sino también son construcciones que se erigen desde los ámbitos estético y artístico. En este derrotero, el presente escrito pretende examinar cómo la cultura política mexicana puede leerse también desde el universo representacional de la cinematografía, en específico del género de la comedia.

Para ello, primeramente reflexionaré en torno a la noción de cultura política a través de su naturaleza polisémica y multidimensional, en especial como ésta puede ser examinada desde otras disciplinas como la creación artística. Posteriormente me detendré en la manera en cómo se han ido desarrollando las variantes humorísticas en la caricatura periodística, en el teatro y la carpa, así como en el cine o el video, y quiénes han sido los caricaturistas y los cómicos representativos de cada época.

Y finalmente, con el telón de fondo del alemanismo me detendré en el discurso cinematográfico de Germán Valdés Tin Tan, a través de su cinta más celebrada, El rey del barrio (1949), para escudriñar cómo, a través de la risa, la sátira política y el relajo que irradia la cinta, se pueden advertir interesantes vertientes con las cuales pueden darse perspectivas de análisis de la cultura política de la segunda mitad del siglo XX.

Cultura Política: ¿continuidad, ruptura o qué?

La cultura política es tan difícil de aprehender
como el intentar sujetar gelatina en la pared
Ronald Formisano

El concepto de cultura política en los últimos años ha cobrado una gran importancia en el medio académico. Su condición polisémica y multidisciplinaria hace que dicha categoría posea más de una interpretación o uso y, por ende, puede analizarse desde diferentes horizontes. Es decir, más que noción o concepto, la cultura política alude a un amplio campo de conocimiento que se nutre de saberes distintos para la explicación de la realidad política de un espacio y tiempo determinados. Por esta razón, más allá de los enfoques en que puede examinarse –culturalista o racionalista– la cultura política puede remitir a la dicotomía continuidad-cambio y de igual modo aludir a distintos campos de acción que reflejan claramente su complejidad y flexibilidad.⁹³⁴

La cultura política entonces, es una construcción conceptual que puede derivar en distintos tipos de intencionalidades. Con ello, se edifican significaciones que inciden en el presente inmediato pero también éstas pueden trascender y tener modificaciones con el tiempo. En otras palabras, para escudriñar a esta categoría, se debe tener muy presente el concepto de historicidad, ya que la cultura política es un concepto que intenta superar la actualidad en que se analiza y en la que se hace historia.⁹³⁵

Desde esta perspectiva, la cultura política, además de estimular el debate de distintas disciplinas, se presenta también como un indicador que sugiere diversas formas de atender a lo histórico. Por lo anterior, resulta relevante no solamente ponderar a la cultura política en sí misma, sino también a los discursos adjuntos, los contextos e intencionalidades que giran a su alrededor.

En el tema de la cultura política, al revisar la relación Sociedad-Estado que se aprecia o vislumbra desde el vínculo existente entre dominador-dominado, la participación política del gobernado, en muchos casos, se limita solamente a procurar la llamada democracia mínima o procedimental; es decir, la participación política del ciudadano se reduce al mero sufragio en procesos electorales (a veces cuestionados y cuestionables).

Ahondando en lo anterior, los politólogos Guillermo O' Donnell y Phillipe Schmitter, aseveraron que la democracia en su etapa más terminada –y con ello la adopción de una cultura política democrática– es una práctica que debe constar de tres momentos, los cuales se concretan en los procesos de 1) Liberalización, que alude al proceso de redefinición y ampliación de los derechos de individuos y grupos. 2). Democratización, que describe las reglas del juego que aceleran la democracia electoral y 3). Socialización, cuyo objetivo es alcanzar la democracia en su sentido más amplio, para suministrar de iguales beneficios a la población.⁹³⁶

Precisamente, me detengo en los procesos de liberalización, en el que con frecuencia existen integrantes de la sociedad de los ámbitos periodístico, intelectual y artístico, que por lo general son los primeros en manifestar su oposición al régimen autoritario. Esta confrontación entonces se traduce en un discurso antagónico y en una serie de críticas de distintos actores de la sociedad civil a la cerrazón del sistema político. Uno de estos actores en los que me interesa detener la mirada son aquellos artistas que a través del humor denuncian críticamente los yerros de la esfera política

Y es que desde el siglo XIX, desde distintos espacios, tonos e intencionalidades, el humor en México ha funcionado como una eficaz herramienta de expresión para reflejar realidades sociales y específicamente para desacralizar criticar, denunciar y en ciertos casos hasta banalizar la política y con ello la cauda de problemas sociales, económicos y políticos que aquejan a la población. En esta dirección, para ahondar en lo anterior, examinaré algunos de los elementos que hacen de la relación humor y cultura política una categoría relevante en el análisis de nuestra realidad social.

Cultura política y humor

No hay nada más inútil en la vida que la próstata y los presidentes
Eduardo del Río Rius

En los últimos años una de las temáticas que para el mundo académico han resultado más difíciles de examinar es el humor en sus múltiples variantes. Y es que los esfuerzos por enlazar lo formal y estricto de lo científico con lo gracioso o divertido de lo cotidiano nos lleva a reflexionar cómo el análisis del humor ha sido, si no desdeñado, sí poco atendido por los distintos saberes insertos en las ciencias sociales.

En el caso que me ocupa, el humor y su peculiar relación con la cultura política, a través de una expresión artística como la cinematografía, me permite poner en el centro del debate cómo dos temas, en apariencia ajenos o lejanos, encuentran muchos puntos de intersección; especialmente, cuando es a través del humor político que en diversas ocasiones se pueden desenmascarar los vicios y yerros de los gobernantes.

Así por ejemplo, apelativos como “el quince uñas” a Antonio López de Santa Anna aludiendo a su extremidad inferior amputada; “el nopalito” a Pascual Ortiz Rubio por su debilidad ante Plutarco Elías Calles; “López Paseos” a Adolfo López Mateos por sus numerosas giras presidenciales al extranjero; los motes “mandril” y “hocicón” de los estudiantes de 1968 dirigidos a Gustavo Díaz Ordaz; los acrónimos Jolopo a José López Portillo o Fecal a Felipe Calderón; o los numerosos chistes dedicados a diferentes presidentes de la República; son expresiones populares que utiliza la sociedad para desacralizar a sus autoridades.⁹³⁷

Por lo anterior, se puede reflexionar el por qué los mexicanos al reírse de la política, la desmitifican y con ello la vuelven más cercana y más objeto de crítica y de burla. Es así que a lo largo de la historia las sociedades han tenido distintas formas de expresar la inconformidad, el disgusto y la oposición frente a los yerros y malos usos que del poder político hacen los gobernantes: desde sutiles exigencias de cambio con escasa repercusión, hasta explosiones violentas que de modo expedito y radical pugnan por cambiar el estado de cosas.

En este escenario me detengo en un tipo de prácticas e interpelaciones que contribuyen a configurar la cultura política mexicana en un periodo temporal específico: la utilización del humor, cuyo principal efecto es la risa, la diversión o el regodeo, al ridiculizar a personajes y acontecimientos de los más diversos temas, y la política no podía escapar a esta crítica, a través de distintos formatos como la parodia, la caricatura, la sátira, la ironía o del chiste. Y es que muchas veces se minimiza o se deja de lado a estos actos de inconformidad que emanan de la cotidianidad del humor y de la diversión de las sociedades, que si bien no necesariamente poseen gran impacto político, inmediato y tangible, culturalmente gozan de gran relevancia.

Sobre este tema, el escritor Juan Villoro señala que el humor nunca ha sido bien visto en un país como el nuestro dominado por la solemnidad y la hipocresía. En este sentido, uno puede preguntarse por qué el humor, que generalmente se visualiza como mero divertimento, no se evalúa también como un espacio de reflexión y de crítica, ya que el humor, como enfatiza el escritor Sergio Pitol, resulta en ocasiones más revolucionario y corrosivo por su sentido antisolemne, desmitificador y crítico.⁹³⁸

Empero, si bien la aseveración de Pitol vincula al humor como un mecanismo con elementos de resistencia, no necesariamente contiene rasgos subversivos o de rebelión que proponga derrocar gobiernos, o cambiar el estado de las cosas, sino la mayoría de las veces el humor no es más que una catarsis, protesta o desahogo de frustraciones políticas que el ciudadano tiene respecto a la actuación del gobierno y de los políticos.

Y es por esta condición que en ocasiones el humor colabora e incide en la simplificación o banalización de situaciones que merecen ser reflexionadas con mayor profundidad. En este horizonte de posibilidades y limitaciones, el humor político, más allá de que corre el peligro de tergiversar situaciones, ayuda a sus receptores a tener una visión alternativa para entender a la política o para cuestionar o arremeter en contra de sus autoridades configurando con ello una percepción negativa de prácticas, valores y personajes de la política (en muchos casos justificada).⁹³⁹

De esta manera, pareciera que a mayores libertades democráticas, mayor apertura de críticas humorísticas a los políticos o a los gobernantes, pero muchas veces se ha comprobado que en condiciones de represión, autoritarismo, elecciones no competitivas o fraudulentas, etcétera; el humor y los chistes políticos, a través de diferentes expresiones artísticas (fotografía, pintura o cinematografía) quizás no contribuyan a generar una cultura política democrática entre la ciudadanía, pero sí al menos puede hacernos reflexionar cómo el humor o los chistes políticos son resultado de una cultura política específica, que a veces refuerzan la oposición y desafío a la imagen de los políticos, aunque paradójicamente el humor a veces favorece la resignación ciudadana antes los vicios que no se pueden cortar de tajo.

Si bien el humor alienta la crítica hacia el sistema político y a quienes lo conforman, entonces también se convierte en una interesante forma de hacer política, ya que la participación de la sociedad se realiza a través de este talante de ingenio desacralizador, como es el humor, que permite apreciar cómo la sociedad no solamente percibe a la arena política, sino también cómo se visualiza a sí misma.

Cultura política y humor en México. Algunas lecturas

La política mexicana es una épica protagonizada por extras
Juan Villoro

Como se ha puntualizado, cuando se hace referencia a la participación política de las sociedades, generalmente se considera a los actos masivos de carácter formal como pueden ser los procesos electorales que legitiman a un sistema. Sin embargo, también existe participación activa de otra índole en contra de dicho aparato gubernamental o institución y que, en términos sociales y de cultura política, poseen un alto valor explicativo (movimientos sociales, huelgas, protestas, levantamientos, etcétera).⁹⁴⁰

De igual manera existen, también, actos de resistencia individual o de menor escala, que si bien no pueden tener un impacto de corte político inmediato, sí tienen un peso cultural de mayor repercusión y a la larga pueden afectar la esfera de lo político. Me refiero específicamente cuando el humor político se convierte en una importante expresión de cultura pasiva, ya sea a través de la elaboración de chistes, caricaturas o expresiones artísticas críticas que desacralizan a la política y a sus actores.

En el caso mexicano, las expresiones de inconformidad a sus autoridades y a sus prácticas políticas son vastas. Los chistes, las burlas o las alusiones críticas no solamente reflejan parte de la idiosincrasia nacional en un intento de revancha popular o de catarsis por sus nocivos gobernantes; sino también evidencia una más de las posibilidades de lectura que puede hacerse a la cultura política a través del humorismo.

En el campo de las artes, la música, la canción popular, el teatro, la carpa o el cine, desde el siglo XIX, se convirtieron en excelentes vehículos de crítica y de caricaturización. Ya fuera en versos musicalizados como Adiós Mamá Carlota, de Vicente Riva Palacio; las ácidas críticas de las caricaturas de El hijo del Ahuizote; los excelentes grabados de José Guadalupe Posada; o las notables caricaturas de Miguel Chamaco Covarrubias o de Ernesto García Cabral, El chango.

En la prensa escrita y periodística hubo importantes publicaciones que centraron sus críticas al sistema autoritario, que apostaron a la toma de conciencia de sus lectores y con ello abrieron paso al concepto de cultura política. Me refiero a publicaciones periódicas que en los años sesenta y setenta se atrevieron a denunciar los rasgos autoritarios y represivos del régimen.

Cito como ejemplos las revistas Hoy (1937), Rotofoto (1939), Mañana (1943) y Siempre (1953) de los primos Regino y José Pagés Llergo; la Revista de la Universidad de México (1946); la revista Política (1960) dirigida por Manuel Marcué Pardiñas; la revista independiente ¿Por qué?(1968) de Mario Menéndez; el periódico Excélsior (1968) y el semanario Proceso (1976) dirigidos por Julio Scherer; las revistas Plural (1971) y Vuelta (1976) dirigidas por Octavio Paz; así como los diarios Uno más uno y La Jornada, fundados en 1981y 1984, respectivamente.

En este horizonte cultural crítico, sobresale también el esfuerzo de reconocidos caricaturistas que a través del humor retrataron con nitidez los vicios de una clase política corrupta y rapaz y de una sociedad conformista con su destino adverso, como Ernesto García Cabral (1890-1968); Gabriel Vargas (1915-2010); Abel Quezada (1920-1991); Eduardo del Río, Rius (1934); Rogelio Naranjo (1937); Rafael Barajas, El Fisgón (1956); José Trinidad Camacho, Trino (1961); José Ignacio Solórzano, Jis (1963) y el monero de La Jornada, José Hernández, Hernández (1965).

En el ámbito escénico destaco los trabajos de los cómicos Leopoldo Cuatezón Beristaín (1875-1948); Roberto, Panzón, Soto (1888-1960); Joaquín Pardavé (1900-1955) Amelia Wilhelmy (1900-1964); Delia Magaña (1903-1996); Jesús Martínez, Palillo (1913-1994) o Mario Moreno, Cantinflas (1911-1993) quienes desde la carpa o el teatro popular hicieron fuertes burlas a los políticos y figuras consagradas de la época. En este orden de ideas la carpa funcionó como el espacio de la risa y esparcimiento para las clases más bajas y en estos lugares el público asistente podía enterarse de las noticias políticas del momento, las cuales se parodiaban de manera muy crítica y humorística a la vez.⁹⁴¹

Basta señalar como ejemplos las puesta en escena de El país de la metralla (1913) de Fernando Elizondo, que aborda el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Francisco I. Madero; los montajes de la compañía de El Panzón Soto (en varias de ellas acompañado del notable cómico Joaquín Pardavé) como El desmoronamiento de Morones (1929), en la que se hace una aguda crítica a Luis Napoleón Morones, líder de la Confederación Regional Obrera de México (CROM); El caníbal de Tabasco (1935), que alude al polémico y anticlerical gobernador de dicha entidad, Tomás Garrido Canabal; La resurrección de Lázaro (1937), en la que Roberto Soto hace referencia al cada vez más fortalecido presidente Lázaro Cárdenas tras exiliar a Plutarco Elías Calles; o El Máximo Pachuco (1943), obra que se mofó de Maximino Ávila Camacho, el hermano incómodo del entonces presidente de la República, Manuel.⁹⁴²

En el ámbito cinematográfico, la apertura y crítica al régimen y con ello la toma de posición de la cultura política de aquellos años es a cuentagotas; ya que de un cine con evocaciones revolucionarias muy críticas, como la propuesta fílmica del director Fernando de Fuentes, con cintas como Vámonos con Pancho Villa (1935), se transitó a un cine campirano idílico y forjador de estereotipos culturales (en el que pulularon los charros, los mariachis y las chinas poblanas) con exitosas películas como Allá en el rancho grande (1936), filme que muchos críticos marcaron como el inicio de la llamada “época de oro” del cine mexicano como industria de exportación.

Poco después se exploró un cine con añoranzas porfiristas en el que la premisa central es la reivindicación de formas de entretenimiento durante la dictadura (destacan las cintas estelarizadas por Joaquín Pardavé y dirigidas por Juan Bustillo Oro. En este periodo surge el universo citadino-arrabalero de las películas de Alejandro Galindo, que convivió con el cine preciosista, estético, extremadamente nacionalista y con marcadas pretensiones didácticas de Emilio Indio Fernández.⁹⁴³

En este escenario artístico y cultural, en 1943, Germán Valdés, entonces locutor radial de la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, y apodado El pachuco Topillos, dejaba su trabajo para integrarse en la compañía artística itinerante del ventrílocuo Paco Miller y con ello gestar el inicio de una carrera artística relevante que tuvo en la cinematografía su principal respaldo, pero ya con el apelativo que lo consagraría: Tin Tan. Al inicio de su carrera, su propuesta humorística tuvo numerosos detractores, pero también tuvo un fuerte arraigo entre sus seguidores como a continuación explicaré.

Tin Tan: la cultura política desde la irreverencia

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho, tras deponer los proyectos socializantes de su antecesor Lázaro Cárdenas, nombra como su sucesor a Miguel Alemán Valdés. Hay que enfatizar que el llamado “Cachorro de la Revolución” representaba la llegada al poder de un civil tras un largo periodo de mandatarios provenientes de la milicia, pero lo cierto es que en el sexenio alemanista se alcanzaron altos niveles de corrupción.⁹⁴⁴

Cabe recordar que el gobierno surgido de la revuelta armada de 1910 mantuvo incólumes muchos de los vicios, estructuras y aparatos del antiguo régimen, y en numerosas ocasiones, líderes populares accedieron a los círculos de poder “por méritos propios, por oportunismo o por simple suerte”, como bien y socarronamente afirmara Jorge Ibargüengoitia en su famosa novela Los relámpagos de agosto (1964).⁹⁴⁵

México entonces, entre 1946 y 1952, se transformó notoriamente. En este periodo, el partido en el gobierno mutó de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) al Partido Revolucionario Institucional (PRI); el régimen salió fortalecido a través de tres grandes “ismos” que moldearon en mucho la cultura política nacional: presidencialismo, corporativismo e intervencionismo de Estado, que si bien debilitaron marcadamente las prácticas democráticas, fortalecieron al sistema económico de la época a través del desarrollo del mercado interno y una política de sustitución de importaciones.

En el alemanismo se deja atrás el paradigma histórico de la vida rural y se arriba al paradigma urbano; se supera el reparto agrario precedente y se encamina al país a la industrialización con la amplia participación de la iniciativa privada. Sin embargo, nuestro país no logró adaptarse al nuevo contexto mundial derivado de los acuerdos monetarios de la posguerra, lo que generó una notable desigualdad que hacía más lejanos los demagógicos discursos del poder.

Sirvan los anteriores esbozos del contexto alemanista para subrayar que muchos de los rasgos de la cultura política de aquellos años se trasladaron –abierta o veladamente– al ámbito cinematográfico. Es aquí donde rescato la propuesta fílmica de Germán Valdés Tin Tan, quien supo insertarse en el discurso hegemónico de la mitificada “Época de oro”, basada en películas que con discursos moralizantes y sentimentaloides priorizan el melodrama, el nacionalismo a ultranza y la reivindicación del ambiente rural que se significó como el espacio utópico que favorecía los valores morales, la familia y la identidad del ser mexicano, en contraposición del espacio urbano y la ciudad apreciadas como lugares de perdición y degradación moral.⁹⁴⁶

En este horizonte, la cinematografía proporciona a los ámbitos histórico e historiográfico múltiples significaciones que este tipo de representaciones ofrece en relación con el contexto de una particular época histórica. Por lo anterior, el cine, al ser un medio de comunicación de carácter lúdico y en general accesible, se convierte en un magnífico mecanismo de entretenimiento, pero también de aprehensión de algunos rasgos de la cultura política de aquellos años.

Sin hacer una detallada descripción de la obra fílmica de Tin Tan, sí quiero reparar en cómo su discurso ofrece una representación particular de la realidad histórica; en un primer momento, con el estereotipo que le daría fama y posteridad y, después, a través de la parodia de lo acreditado (historia, política, literatura). Es así que desde el inicio de su carrera, Tin Tan irrumpió con gran fuerza en la solemne y sentimental cinematografía de la época, y de inmediato causó enorme polémica por su uso del lenguaje, su estética corporal y su actitud, como puntualiza Carlos Monsiváis:

La sociedad tradicionalista (la única que entonces existe) ve en el guardarropa tan “desenfrenado” de Tin Tan una proclama incendiaria: sacos hasta la rodilla, solapas amplísimas, cadena que se acerca peligrosamente al piso, tirantes de fantasía, sombreros con plumas, camisas floreadas que se extienden hasta casi cubrir las manos, sentido de la combinación que incendia el recuerdo de la ropa decente…
Tin Tan asimismo elabora a la perfección el collage lingüístico donde participan las voces anglosajonas impuestas por la necesidad de nombrar a lo nuevo (…) Tin Tan le pregunta a Marcelo: “Y el jale que conseguiste de guachador? ¿Y todavía te forgetean tus relativos? Y uno debe traducir en el acto que jale es empleo y guachador es velador, y los relativos que forgetean son los parientes que olvidan.⁹⁴⁷

Pronto Tin Tan vivirá en carne propia lo que desde el porfiriato se comprobaba, “el mexicano que se ‘agringa’ es objeto de burla y desdén” y por ende en los años de su pachuquería fueron constantes las impugnaciones y agresiones a su personaje por parte de algunos sectores de las comunidades artística e intelectual –que llegaron a pedir que censuraran al “peligroso” artista “por deformar el idioma y la imagen del mexicano–”.⁹⁴⁸

En este horizonte y ya acompañado de su pareja cómica, Marcelo Chávez, entre 1943 y 1952, Tin Tan actuó en 18 películas en plan estelar y aunado a su capacidad de desdoblarse en distintos personajes más allá del estereotipo, también es muy rescatable su posición burlona, irreverente y relajienta hacia los valores tradicionales, hacia las instituciones del Estado y hacia las formas corruptas de hacer política.⁹⁴⁹

Tin Tan y su equipo cinematográfico, a través de la parodia, la ridiculización y el relajo se convirtieron en figuras notoriamente atípicas de la vida cultural de la primera mitad del siglo XX. Sobre este punto, el Diccionario de la Real Academia Española define el relajo como “desorden, falta de seriedad, barullo; holganza y laxitud en el cumplimiento de las normas”.⁹⁵⁰

En las sociedades muy rígidas el relajo es visto como un desfogue necesario y hay culturas que establecen tiempos y lugares para el relajamiento de las normas: La cultura mexicana del relajo tiene una larga tradición, pero sucintamente “quien es un desorden todo lo desordena y el que es un desmadre todo lo desmadra”. Desde hace años el llamado desmadre, desorden, despiporre o relajo son vistos como una conducta nociva consustancial a los rasgos identitarios del mexicano y para muchos el relajo está en el origen de muchos de los males del país.

Así, a mediados de los años cuarenta, el grupo Hiperión se preocupa por esclarecer la propia realidad y se propone dilucidar racionalmente la identidad del mexicano y lo mexicano. Uno de los representantes más célebres de este grupo fue Jorge Portilla, quien con su obra Fenomenología del relajo plantea que la importancia del relajo, esa forma de burla colectiva, reiterada y estruendosa que surge esporádicamente en la vida diaria de nuestro país, puede servir como clave para comprender los rasgos esenciales de la condición humana o para penetrar en la estructura espiritual de un pueblo.⁹⁵¹

Con base en lo anterior, en su producción fílmica, Tin Tan hizo del relajo y el atrevimiento un sello característico de su particular humor cinematográfico, ya que de manera constante criticó y se mofó de los modos de hacer del régimen alemanista. Por ejemplo, en la película La Marca del Zorrillo (1950), en una divertida secuencia, Tin Tan, al ser torturado en un potro de castigo, implora: “No me estiren que no soy presupuesto” (ver figura 1). Asimismo, destaco la película El ceniciento (1951), en la que se alude al tema de la explotación del indígena. En una escena, tras ser alcanzado por un rayo, el chamula Valentín Gaytán (Tin Tan) reza con fervor e inserta entre sus plegarias el hasta entonces sacralizado e “intocable” himno nacional (ver figura 2).

Figura 1

Figura 2

El rey del barrio: el relajo como expresión de la cultura política

El personaje de Tin Tan en El rey del barrio es perfecto: indefenso
como una catástrofe, con la elocuencia del que no tiene nada que perder
Carlos Monsiváis

A continuación examinaré la cinta El rey del barrio (1949) que es considerada “la mejor película cómica del cine mexicano en toda su historia”. El argumento, como explica Gilberto Martínez Solares, director de la misma, es simple: “es la historia de un hombre bueno que desea ser malo”; y en esta trama Tin Tan interpreta a un cúmulo de personajes heterogéneos: un ferrocarrilero que se convierte en un gánster “de Chicago Illinooois” que explota a un grupo de delincuentes lerdos; un cantante español, El niño de pecho; un pintor francés; un maestro de opera italiano, y desembocar en el operador del trenecito de Chapultepec, con el típico final feliz.⁹⁵²

Sin embargo, las posibilidades de dicha película cinematográfica, son mayores a la de los elementos referidos. La lectura simplista que se podría hacer a las diferentes representaciones de personajes de culturas distintas a la mexicana que interpretó Tin Tan, podría parecer que está dirigida a ridiculizarlos y con ello reivindicar la mexicanidad y el nacionalismo reinantes.⁹⁵³

Quiero poner hincapié que la cinta misma y la actuación de Tin Tan, sobrepasan la intencionalidad primera de la película que es el entretenimiento. Por lo anterior, lo más relevante de El rey del barrio, además de la propuesta humorística de la cinta de Tin Tan y su equipo de apoyo, radica en la fuerte dosis crítica e irreverencia a las instituciones (Estado y familia); al conservadurismo de la sociedad; a la doble moral de la misma o al nacionalismo hegemónico (Tin Tan, por ejemplo, parodia los títulos de las principales cintas de El Indio Fernández), etcétera.

Así, en El rey del barrio, el descaro de Tin Tan se expresa en dos direcciones, por una parte, desvirtuando al concepto de familia como factor unificador de la nación mexicana, tema repetido hasta el cansancio en el discurso moralizante de directores como Ismael Rodríguez y, por otro lado, da cuenta de la vulnerabilidad de un régimen político que fomentó como pocos, la corrupción y el tráfico de influencias.

Explicaré con mayor detenimiento: dentro de la trama, Tin Tan hace referencia a las “faltas” en las que puede incurrir cualquier familia y ridiculiza a sus primas que “dieron un mal paso”. Asimismo, la figura materna, imagen hegemónica y venerada en numerosas películas mexicanas, en El rey del barrio está ausente (Tin Tan cumple las funciones de padre y madre). De igual manera, el concepto de familia no asume el rol tradicional, la cinta nos sugiere que el soporte “familiar” descansa en el barrio y, por lo tanto, la figura central es el “rey de dicho espacio”, quien procura el bienestar de sus vecinos o más bien de su guapa vecina (ver figura 3).

Figura 3

En cuanto a la crítica, en mi opinión inédita, al régimen alemanista y a la cultura política en turno, se manifiesta en episodios significativos. Por ejemplo, John Mraz advierte con tino que contrario a la mayoría de películas que la aborda, la clase obrera no está santificada o demonizada, se presenta tal cual, con su lado humano, con virtudes y defectos, pero tan pobre que está obligada a robar para aspirar a una mejor vida.⁹⁵⁴

La trama también hace varias alusiones a la corrupción, tráfico de influencias y desigualdad social imperante en el alemanismo. Por ejemplo: cuando El niño de pecho llega a una mansión, refiere cómo el sindicato ha corrompido al criado (cómplice suyo en realidad), que era una abierta crítica a los vicios del naciente sindicalismo. Asimismo, en otra simpática escena Tin Tan y sus secuaces intentan, sin éxito, dejar inconsciente a Marcelo, el policía infiltrado. Aturdido por los golpes, Marcelo le pide permiso a Tin Tan para descansar y éste lo reprende delante de su pandilla: “¿Qué les parece? Por eso está México como está con vagos como tú” (ver figura 4).

Figura 4

Por su parte, en la película, mientras los ricos no tienen ninguna preocupación más que divertirse en sus fiestas fatuas –una característica del alemanismo– los pobres necesitan ganarse el pan o comprar medicinas para un pariente enfermo. Todavía más, la película demuestra cómo los pobres tienen que delinquir para malvivir en medio del “milagro” del desarrollo alemanista.

Asimismo, existen dos episodios nodales en la película, el primero está referido al personaje del policía Marcelo, representante del orden y del gobierno: Tin Tan y Marcelo se emborrachan en la fiesta del hijo del primero (que en realidad es su sobrino) y el obeso policía confiesa a Tin Tan que lo ha querido capturar, pero ahora, “al verlo tan buen padre y tan buen ciudadano”, le da su autorización para que robe.

El anterior diálogo tiene una honda significación ya que el representante de la ley reconocía la corrupción en México y cómo ésta se introyectaba en los valores políticos de los ciudadanos y, por lo tanto, sugería a Tin Tan a caer en ella. Consciente del peligro que corre Marcelo por sus críticas a un régimen autoritario y corrupto, Tin Tan mitiga las declaraciones del policía al afirmar que la corrupción es común en todas partes del mundo, pero Marcelo no cede y enfatiza: “No, no, aquí más”.

Y a continuación viene el elemento más innovador de la cinta: Marcelo mira directamente a la cámara y señala con el dedo al público y exclama: “Mire nada más, ¡Cuánto ratero millonario anda por ahí suelto!”. Tin Tan azorado por la acusación, pide su compasión para el borracho policía que ha hablado de más. Aquí resulta justo valorar la “interacción” de los personajes con los espectadores, a través del “rompimiento” con la barrera de la pantalla (algo común en el cine de Tin Tan), tal como señala Mraz, lo más loable es la inaudita denuncia a un régimen político (ver figura 5).⁹⁵⁵

Figura 5

En fin, esta suma de características, como advierte con mucha precisión John Mraz, puede hacernos cavilar si la crítica constante y tenaz hacia Germán Valdés Tin Tan, tanto en su persona como en su personaje, por distintos sectores sociales, no se limitaba a la mera deformación del idioma sino también por su actitud fresca, antisolemne, crítica e irreverente hacia los valores morales y cívicos tradicionales y a las instituciones del Estado (ver cuadro 1).

Cuadro 1
Mensaje crítico de El Rey del barrio

Elaboración propia

De esta manera, a través del estudio de la película El rey del barrio, se puede visualizar al sexenio alemanista, más allá de la ligereza con que puede tomarse una película con matices cómicos y de entretenimiento, sino como una fuente primaria en la construcción de una cultura política de posguerra, donde los efectos de ésta como la migración a las ciudades y el encarecimiento de la vida desencadenó dos situaciones: la pauperización de los sectores obreros, y la progresiva transformación de la sociedad mexicana tradicionalista, conservadora y rural en una sociedad urbana, masificada y abierta, cuyos valores trascienden el cerrado espacio familiar desde cuyo estrado era muy difícil la denuncia abierta a un régimen político autoritario, como el priísta.

Conclusiones

Con más de cuatro décadas de debate sobre la cultura política, entendida como un campo en permanente construcción y que encierra múltiples problemáticas y alcances, no se han agotado las diversas directrices que puede presentar esta importante temática. Hoy en día, podemos percatarnos de que diversos estudios nos muestran cómo la cultura política puede ser tanto causa como efecto de distintos fenómenos culturales y, a su vez, estos fenómenos culturales (como la cinematografía) pueden incidir en la reconfiguración de una determinada cultura política. En otras palabras, la cultura política puede ponderarse desde el plano de lo real, pero también de lo simbólico.

En el caso de la cinematografía, cintas críticas de denuncia social no lograron sortear la censura como La sombra del caudillo (1960) de Julio Bracho; o La rosa blanca (1961) de Roberto Gavaldón; a lo largo de los años han existido interesantes propuestas fílmica como Los Olvidados (1950) de Luis Buñuel; La fórmula secreta (1965) de Rubén Gámez; Canoa (1975) y El Apando (1975) de Felipe Cazals (la crudeza de la cinta sirvió para cerrar definitivamente el Penal de Lecumberri en 1976); Rojo Amanecer (1989) de Jorge Fons; La ley de Herodes (1999) y el Infierno (2010) de Luis Estrada; El violín (2006) de Francisco Vargas; o Presunto Culpable (2011) de Roberto Hernández; que han logrado plasmar las incongruencias del sistema político mexicano.

Con lo anterior, se puede apreciar que la cultura política de un colectivo no es un elemento externo al sistema del que forma parte, sino que en muchos sentido funda a éste, en tanto que cumple la labor de ser un dispositivo generador de identidades. La cultura política, entonces, se expresa de múltiples maneras y es precisamente que desde la historiografía quise examinar a dicho fenómeno con mayor profundidad.

Si bien la cinematografía es un excelente espacio para la representación de la realidad, en este caso de la cultura política, también es un buen mecanismo para reflexionar en torno a lo mal que ésta puede funcionar, ya sea a través de discursos cinematográficos dramáticos o con perfiles de documental o a través del humor del cine irreverente como el que elaboró Tin Tan hace más de medio siglo, en el que se puede vislumbrar con claridad la representación chusca de la realidad de la época en distintos horizontes (político, económico, social o cultural).

No con ello le doto al cine de Tin Tan intencionalidades que el cómico nunca persiguió. Simplemente, rescato su posición lúdica y desenfadada de hacer cine y de representar la realidad a través de la actitud. En este sentido, tal como ha puntualizado el escritor Eduardo Mejía, Tin Tan nunca fue un subversivo consciente, siempre fue involuntario. Si bien es cierto que Tin Tan desafía a la autoridad y se burla de la policía; o que califica a los políticos de corruptos y a los gendarmes de mordelones, de allí a que invocara a la toma de conciencia o mensajes moralizantes hay mucha distancia; Tin Tan incita a la revuelta, pero sin tintes políticos, sino desde el relajo más descarado.⁹⁵⁶

Por lo tanto, en las cintas de Tin Tan no hay incitaciones a la rebelión ni a la disidencia, pero a lo que sí desafía fue a la censura al hacer menciones a la mariguana, a la virginidad o a los símbolos patrios, a un llamado velado al desenfreno y al relajo (pero no en el sentido de relajarse, sino en el de olvidarse de la seriedad, de hacer un paréntesis en la realidad y dejar entrar lo prohibido, la sensualidad y la informalidad). Y esa propuesta de cambio de actitud considero que puede resultar más provocadora y más radical que cualquier llamado a rebelarse contra el gobierno.

En este horizonte intenté poner en el escenario algunos de los múltiples caminos en la urdimbre de significaciones que la película El rey del barrio brinda. Por ello, como he puesto hincapié en el presente trabajo, no basta sólo la reconstrucción del pasado por el pasado mismo sino cuestionar al mismo, más allá de intencionalidades políticas, morales o afectivas, propias de toda reconstrucción del pasado.

De esta manera, más allá de las grafías escriturísticas tradicionales, considero que en el análisis de la cultura política se debe tomar en cuenta a otro tipo de huellas históricas que brinden elementos innovadores y que abran paso a otras miradas y lecturas que se pueden edificar desde el arte (literatura, cine, fotografía, performance, etcétera), espacio que aunque no está directamente comprometido con la verdad histórica, sí puede ofrecer perspectivas de análisis para alcanzar a ésta.⁹⁵⁷

Así, desde el enfoque de la historiografía crítica, este trabajo no se asume como el punto final de un tema tan amplio como la cultura política, sino como un espacio abierto al debate y a la interlocución con otros colegas para que se asomen a una ventana que muestra múltiples realidades, y de este modo se puedan repensar problemáticas importantes que se debaten en los ámbitos histórico e historiográfico contemporáneos, como el muy sugerente tema de la cultura política.

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Imágenes

Fig. 1. Fotograma de la cinta La marca del Zorrillo (Gilberto Martínez Solares, 1950).

Fig. 2. Fotograma de la cinta El ceniciento (Gilberto Martínez Solares, 1951).

Fig. 3. Fotograma de la cinta El rey del barrio (Gilberto Martínez Solares, 1949).

Fig. 4. Fotograma de la cinta El rey del barrio (Gilberto Martínez Solares, 1949).

Fig. 5. Fotograma de la cinta El rey del barrio (Gilberto Martínez Solares, 1949).

VI. Sociedad Civil en América

27. Defensa de lo público y conservación de la impunidad: las dos caras de la sociedad civil en Uruguay

Jaime Ortega Reyna

Fue el sociólogo boliviano René Zavaleta quien insistiera en la preocupación que representa, para cualquier análisis social, observar tanto los momentos democráticos como autoritarios que se dan en el seno de la sociedad civil. Entendemos por sociedad civil, de la manera como lo hace Antonio Gramsci: un espacio político donde convergen multiplicidad de sujetos en el proceso de constitución del consenso requerido para el establecimiento de cualquier orden social y político. Así, la sociedad civil:

No es un actor sino un campo de lucha dentro del Estado ampliado donde los diferentes grupos y clases sociales forman y defienden sus proyectos políticos. Por lo tanto, no es buena ni mala, no es de por sí conservadora o progresista. Ello depende, en cada caso, de las fuerzas sociales concretas y de sus proyectos políticos y culturales.⁹⁵⁸

La sociedad civil es un espacio conflictivo, en donde los sujetos y sus relaciones, expresan la diversidad de puntos de vista en torno a la organización social, pero también es el lugar donde se logra el acuerdo de cuestiones en común. Sin embargo, no sólo la búsqueda del consenso actúa, sino que la fuerza, el conflicto, la imposición, son elementos constantes y recurrentes. Sobre la base de esta consideración, tiene sentido el llamado de Zavaleta: la sociedad civil no siempre actúa como el elemento democrático. Muchas veces en ese espacio donde se cristalizan las relaciones sociales políticas, imperan actitudes no de resistencia, sino más bien de conservación de la dominación y reforzamiento del orden establecido.

A partir de lo dicho es posible considerar que en la sociedad civil los conflictos se expresan con actitudes que llamaremos, por un lado, cultura política del orden y su antagonista, la cultura política de la resistencia. Esto es, siguiendo a Bolívar Echeverría:

¿Qué podemos entender por “cultura política”? Dicho rápidamente, “cultura política” sería la manera peculiar que tiene una sociedad concreta de institucionalizar lo político en calidad de política. Sería el modo que ella tiene de mantener activa, en medio de la vida cotidiana, una función que sólo asume o actualiza propiamente en los momentos extraordinarios –sean ellos revolucionarios o catastróficos– en los que re-constituye o vuelve a fundar la forma de su propia socialidad, en los que re-define su identidad. La política es la prolongación o permanencia de lo extraordinario o creativo junto a lo rutinario o repetitivo dentro de la vida ordinaria. Una continuación que puede adoptar figuras muy distintas de acuerdo a la historia concreta de las sociedades. En ésta, el cuidado de la constitución comunitaria, es decir, lo político de baja intensidad –la política–, puede combinar de manera muy variada la religiosidad con el republicanismo, la representación con la identificación, el despotismo con la democracia.⁹⁵⁹

Si aceptamos esta premisa dada por Echeverría, podemos construir un concepto de cultura política que no absolutice las expresiones de la sociedad, sino que precisamente reconozca en ellas una variedad de formas de dar sentido a sus actos más significativos. Existiría entonces una pluralidad de formas de la cultura política al seno de la sociedad civil y no sólo una de tipo democrático o liberal. Dicha pluralidad encarnaría en proyectos y programas que se enfrentarán, a lo largo de la historia, con la finalidad de dar rumbo al Estado-nación. Es sobre esta concepción que desarrollaremos algunos momentos problemáticos de la historia política reciente de Uruguay, en donde pueden observarse claramente momentos de irrupción de una cultura política que apuntala el orden establecido y momentos que lo interpelan.

Dos momentos de la sociedad civil en el Uruguay

Hemos decidido presentar dos casos ocurridos en el Uruguay contemporáneo, un pequeño país que el día de hoy alberga a poco más de 3 millones de habitantes, que a mi parecer demuestran cómo la sociedad civil puede actuar promoviendo formas de resistencia al orden establecido e inmediatamente después desplegar acciones que operan como reforzamiento del orden social dominante. Los dos momentos a los que nos referimos son: a) la campaña y votación en torno a las leyes de impunidad; y b) la campaña y votación en torno a la privatización del agua. Ambos involucran un proceso de votación por referéndum o plebiscito, lo que en gran medida refuerza la afirmación de que en la región latinoamericana Uruguay es el país que utiliza más el recurso de la denominada “democracia directa”,⁹⁶⁰ donde se conjuga tanto la posibilidad de aprobar reformas constitucionales, como que la propia ciudadanía “vete” propuestas provenientes desde el ejecutivo.⁹⁶¹

En el presente texto describiremos ambos momentos tratando de ubicar los elementos contextuales que den al lector una dimensión de lo que estaba en juego, sobre la hipótesis de que dichos procesos son muestra de cómo la sociedad civil puede tener un despliegue de una cultura política increpadora del orden social; pero también de refuerzo del modo de dominación social. Debe tenerse en cuenta que nos movemos en dos ámbitos distintos, no sólo discursivos, sino también en las implicaciones sociales que ambos tuvieron. Sin embargo, ambos comparten procesos el hecho de encontrarse en un periodo en el que el trasfondo político está dominado por la discusión en torno al neoliberalismo y las causas que lo engendraron, particularmente la dictadura de tipo militar. A pesar de encontrarse en distintos campos problemáticos, los problemas remiten a uno: el tipo de cultura política y participación ciudadana que una sociedad civil, en este caso la uruguaya de la pos-dictadura, lleva adelante de manera contradictoria. Caso emblemático del que no es posible reducir los problemas a variables únicas, sino que, por el contrario, la cultura política, como concepto, debe poder amoldarse a los casos en donde no siempre está claro el sentido y la dirección de los procesos sociales.

Impunidad y cultura política del orden

Conocida por su larga tradición democrática y un elevado nivel de vida que llevó a que se le conociera como la “Suiza de América”, Uruguay, como muchas otras naciones de la región, vivió un clima de violencia política y represión estatal en la segunda parte del siglo XX. La dictadura militar de los años setenta rompió con el mito de la “Suiza de América”, en tanto que país exento de las múltiples problemáticas que aquejaban a la región, particularmente aquellas asociadas a la guerra fría, el conflicto social y la intervención norteamericana. Pero también finiquitó, momentáneamente, el orden democrático liberal que parecía tan afianzado.

El Uruguay ha sido considerado un país de avanzada, con gobiernos liberal-radicales desde principios del siglo anterior, siendo el más famoso aquél que sentó las bases para la modernidad en dicho país: el de Jorge Batlle, quien fue presidente en dos periodos, el primero de 1903 a 1907 y el segundo de 1911 a 1915. A partir de su presidencia, Uruguay tiene una vida política democrática durante prácticamente casi todo el siglo XX, y se da el lujo apenas iniciado el siglo XX de contar con instituciones como el divorcio, la legislación social o un marcado interés en la defensa de los derechos de la mujer, así como una constante intervención estatal en los asuntos económicos que se consideraban más importantes. Estas acciones son las que llevaron a Abelardo Villegas a denominar al presidente Batlle como “revolución batllista”.⁹⁶²

En realidad la situación política en el Uruguay transitó en muchos sentidos como el resultado de un gran acuerdo entre dos grandes partidos: el Nacional y el Colorado, expresiones políticas de los grupos económicamente dominantes. Así fue hasta el 27 de junio de 1973 –meses antes del golpe al presidente Salvador Allende en Chile–, donde una junta militar se hizo con el control de los órganos del Estado e inició una sangrienta represión dirigida, aunque no exclusivamente, a los militantes de la izquierda revolucionaria. El objetivo principal de aquella represión eran principalmente los militantes de la guerrilla autodenominada como Movimiento de Liberación Nacional (conocidos mundialmente como los tupamaros), cuya sola existencia dejó perplejos a muchos de los intérpretes que veían en el Uruguay el “retrato de la democracia”,⁹⁶³ pero también organismos que tenían visiones no armadas del conflicto social, como el Partido Comunista de Uruguay, dirigido entonces por Rodney Arizmendi, así como otros grupos de izquierda tanto sindicales como estudiantiles.

La dictadura militar que se estableció el 27 de junio de 1973 con un auto–golpe de Estado encabezado por el presidente constitucional Juan María Bordaberry, fue el tercer golpe dentro de un nuevo ciclo de gobiernos militares que tendió a tipificarse como burocrático-autoritario. Dicho ciclo comenzó con el golpe de Estado y la instauración del régimen militar en el Brasil en 1964, continuó con los golpes de Estado en Argentina, tanto en 1966 como en 1976 y finalizó con el chileno de 1973.⁹⁶⁴ La similitud de la situación de estos países se da en tanto que todos ellos vivieron con mayor intensidad la “edad de oro”⁹⁶⁵ del desarrollismo e iniciaron un proceso de industrialización por sustitución de importaciones tempranamente,⁹⁶⁶ colocándose como los países con los más altos niveles de producción industrial y de crecimiento del PIB. La diferencia más marcada del caso uruguayo se detecta en que este país no vivió, como en el resto de los países en los que dieron este tipo de golpes de Estado, una experiencia de tipo populista. Sin embargo el golpe de Estado operó de la misma forma: clausuró el parlamento, volvió ilegales a partidos políticos, instauró la censura, y cedió el poder a la institución armada, entre otras medidas.

Este periodo convulso de la historia de América Latina fue abordado en el pensamiento latinoamericano de forma diferenciada, pues en un primer momento se consideró que estos golpes daban inicio a una forma fascista de la sociedad,⁹⁶⁷ mientras que en un segundo momento la teoría del autoritarismo ganó terreno como forma de legitimar posteriormente los proceso de transición pactada entre partidos políticos y militares. De cualquier forma, aquella discusión que no está lo suficientemente zanjada en cuanto a sus alcances, interés y límites,⁹⁶⁸ registró invariablemente los elementos que las hacían similares: los gobiernos militares iniciaron un proceso de des–nacionalización y des–industrialización, clausuraron las vías legales de acceso y reparto del poder político, desactivaron cualquier acción independiente al seno de la sociedad civil e iniciaron una dura campaña de represión contra los opositores, que devino en un intento de remoldeamiento autoritario del conjunto de la sociedad:

En Uruguay la tortura fue sistemática, ya desde el periodo anterior a 1973. Al respecto el senador Frank Church declaró: Uruguay es “la mayor cámara de torturas de América Latina". Edy Kaufman, que trabajaba en la sede en Londres de Amnistía Internacional, denunció que en Uruguay uno de cada 500 ciudadanos había sido torturado. Amnistía Internacional organizó y llevó a cabo una campaña de denuncias en esos años y sus tentativas de visitar el país fueron siempre infructuosas. Innumerables casos de denuncias de torturas fueron elevados ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Las víctimas fueron integrantes del Movimiento Liberación Nacional (MLN), militantes sindicales y estudiantiles y también del Partido Comunista, del Partido Por la Victoria del Pueblo, los Grupos de Acción Unificada y de otros grupos de izquierda. Durante la dictadura el patrón represivo por excelencia, en el caso uruguayo, fue la prisión prolongada”: … desde 1970, 6300 personas pasaron por el sistema de justicia militar acusadas de ofensas bajo la Ley de Seguridad del Estado y Orden Interno... las detenciones se produjeron en dos grandes oleadas, la primera entre 1972 y 1974 (3700 detenidos) y la segunda entre 1975 y 1977. Casi 50 % de los detenidos estuvieron en prisión entre 3 y 8 años; más de un 30 % estuvo un lapso mayor a 8 años.⁹⁶⁹

Sin embargo, a diferencia de otras dictaduras, la llamada “transición” o regreso al régimen democrático fue mucho más tersa y claramente negociada con los militares, lo que no niega que hubiesen movilizaciones sociales reclamando el regreso al régimen democrático.⁹⁷⁰ Entre los acuerdos logrados mediante las negociaciones llevadas a cabo por las cúpulas de los partidos políticos y los militares estuvo la convocatoria a un referéndum sobre una propuesta de constitución presentada por los propios militares, realizado en 1980. Aquella fue la primera derrota de los militares, pues su propuesta de constitución tuvo 57.9 % votos en su contra, lo cual es bastante significativo si pensamos que en aquel año todo el aparato estatal y legal estaba al servicio del gobierno militar.

Dicho resultado fue el que, de alguna forma, obligó a los militares a buscar más acuerdos y pactos con los partidos tradicionales, no sin problemas, logrando el tránsito a elecciones más o menos “libres” en el año de 1984. En realidad el régimen militar había dispuesto normas, prohibiciones y formas de ordenar la disputa por el poder, de tal forma que no todos pudieron desenvolverse de manera totalmente libre durante las elecciones, siendo el caso del hoy gobernante Frente Amplio (fundado en 1971, compuesto por los comunistas, los socialistas y sectores democristianos)⁹⁷¹ el más visible, aunque la derrota del aquel temprano referéndum fue fundamental para que la constitución no otorgara poderes especiales a los militares.

Es muy importante decir que quizá como pocas sociedades, la uruguaya ha manifestado siempre su sentir a través de esas mediaciones tan complejas como lo son los partidos políticos. Durante mucho tiempo ha sido la centralidad del partido político la forma convencional y más estable de hacer sentir las demandas de la sociedad en los órganos de la sociedad política. Ellos tienen, en su vertiente bipartidista tradicional, más de un siglo de existencia. Aunque el periodo previo a la dictadura y posteriormente la historia reciente han visto la emergencia de una sociedad civil dinámica, lo cierto es que los partidos son enclaves o mediaciones efectivas en el conjunto del sistema político cuya importancia no puede ser minusvalorada desde ningún punto de vista:⁹⁷² “El trámite final de la dictadura vino a confirmar entonces la transición restauradora, con un retorno vigoroso del partidocentrismo y de aspectos sustanciales del viejo mapa de relaciones entre la sociedad civil y el sistema político”.⁹⁷³

Si en 1984 se logró recuperar algo del régimen democrático y éste pareció encauzarse naturalmente hacia el bipartidismo, los militares obtuvieron de parte de las fracciones mayoritarias de ambos partidos, el Nacional y el Colorado, una ansiada recompensa: la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva (o también Ley 15.848),⁹⁷⁴ conocida, al seno de la sociedad y, particularmente, de quienes fueron víctimas de la represión como la Ley de Impunidad. Aprobada en 1986, fue presentada como la salida política a la negativa de los militares a investigar los crímenes cometidos con respecto a violaciones de derechos humanos y desde ahí en adelante fue un asunto clave para la llamada “gobernabilidad democrática”,⁹⁷⁵ convirtiéndose en uno de los ejes de prácticamente todas las disputas políticas posteriores al término del gobierno militar.

…tanto el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas en 1988 (CPR/C/322) y en 1993 (CCPR/79 del 5 de mayo de 1993), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1992 (informe 29/92 del 2 de octubre de 1992), concluyeron que la ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986 de “caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, era violatoria del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos.⁹⁷⁶

La demanda de esclarecimiento de los crímenes de tipo político ocurridos durante el periodo de la dictadura militar, llevó a que muy tempranamente, en el año de 1989, además de elegir gobierno nacional (donde el Partido Colorado perdió frente al Partido Nacional), gobiernos locales (con el histórico triunfo del Frente Amplio en la capital, Montevideo),⁹⁷⁷ la sociedad en su conjunto pudiese decidir la suerte de la Ley de Caducidad. La ciudadanía tenía la posibilidad de echarla para atrás y cerrar de una forma insólita hasta ese momento el tránsito hacia la democracia. La Ley de Impunidad en su artículo primero es claro:

Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto.

La ley se presentaba como el cierre de la transición a la democracia y dejaba a militares y policías fuera del alcance de la justicia. En 1989 la sociedad uruguaya tuvo una primera oportunidad para derogarla, pues un intenso movimiento social, comandado por los familiares y las víctimas de la represión, así como por el movimiento sindical y el movimiento estudiantil lograron el primer paso establecido en el artículo 79 de la Constitución: lograr que el 25 % del censo apoyara la propuesta del referéndum:

…la respuesta ciudadana irrumpió de inmediato mediante la conformación de un movimiento –encabezado por la Comisión Nacional Pro Referéndum– de amplia convocatoria que hizo uso del recurso constitucional de referéndum. Le siguió el apoyo del Frente Amplio, el Movimiento de Liberación Nacional y el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT-CNT). También lo respaldaron grupos de los partidos tradicionales.⁹⁷⁸

La sociedad se encontraba movilizada: “La intensa campaña de recogida de firmas emprendida hubo de enfrentar a lo largo de 1988 serias dificultades y trabas oficiales para verificar la identidad de alguno de los signatarios. El proceso de movilización que esa insólita campaña produjo se trasladó a las calles…”.⁹⁷⁹ Ante los cambios que se avecinaban, tanto a nivel local en Montevideo, como a nivel nacional con la disputa por la presidencia, parecía posible echar abajo la Ley de Impunidad. Además cabe destacar que antes de esta movilización habían existido intentos por parte de familiares o gremios por abrir el espectro de la justicia mediante múltiples demandas de variado calado.⁹⁸⁰

Con lo que no se contaba era que la sociedad en su conjunto decidiría votar mayoritariamente a favor del perdón y el olvido: “El triunfo del voto amarillo, así denominado por el color de la papeleta, fue en primer lugar el de los militares y policías, quienes lograron que la ciudadanía ratificara la anhelada amnistía votada por el Parlamento; y en segundo término el del Partido Colorado, que apoyó la confirmación de la Ley casi en su totalidad”.⁹⁸¹ En el seno de la sociedad civil había triunfado, en un momento democrático, la tendencia conservadora, que justificaba los peores actos contra la propia sociedad. La cultura política expresada era la del respeto al orden y la ley, aunque con ella se encubrieran los actos más injustos, como son la tortura o la desaparición forzada.

El enfrentamiento a la ley condensaba los conflictos políticos entre diciembre de 1986 y abril de 1989 con una polarización creciente entre la derecha y un vasto movimiento nacional que buscaba derogarla. En abril de 1989 se realiza un plebiscito para el que se había movilizado previamente a un 25 % del electorado. La ley fue ratificada con un 55. 44 % de los votos nacionales, pero en la capital fue rechazada con un 54.45 %. Los resultados permitieron observar la relación entre los intereses económicos propietarios y la función tutelar de las fuerzas armadas, los niveles de polarización social y también, el temor de parte importante de la población al autoritarismo militar, constituido en materia primera del recurrente chantaje del gobierno, en términos de que la conflictividad social atentaba contra la estabilidad democrática.⁹⁸²

No termina de estar claro qué fue lo que motivó a la sociedad en su conjunto a elegir por el camino del perdón a los militares. La cita anterior tiene como hipótesis el chantaje del gobierno hacia la sociedad en el sentido de que no había que provocar la posibilidad de una vuelta al pasado autoritario, por tanto había que evitar al máximo las “confrontaciones con las fuerzas armadas”.⁹⁸³ Otras hipótesis, más institucionales, coinciden con ello, pero en otros términos:

El voto favorable al mantenimiento de la Ley de Caducidad se basaba en torno a la idea del refuerzo del sistema político que supondría su vigencia; en el miedo a los militares, puesto que un continuado proceso judicial a un buen número de sus cuadros podría provocar una involución autoritaria; en el olvido al pasado, negligencia sobre la que debería construir el nuevo régimen; en el trato similar que deberían recibir militares y tupamaros, amnistiados estos últimos en marzo de 1985: y, finalmente, en el necesario apoyo que deberían darse a las Fuerzas Armadas como institución básica del Estado.⁹⁸⁴

El fondo de la hipótesis es idéntico: la pervivencia de la ley de impunidad permitiría un tránsito a la democracia por una vía tersa y no conflictiva. Operó una cultura política del mantenimiento del orden a pesar de lo que ella significaba. Otra especialista dice: “De acuerdo a un orden de prioridades se advirtió la idea de prudencia y conservar lo obtenido hasta el presente en el espacio democrático, la idea de la preservación del orden, del orden privilegiado del Uruguay “mejor y diferente”.⁹⁸⁵ De esta manera, apenas unos pocos años después del fin del gobierno militar, no sólo el Estado en su conjunto, sino la propia sociedad, afirmaban el olvido como política de Estado.

Aunque la derrota de 1989 había recaído sobre todo en las organizaciones de familiares de los torturados y desaparecidos, viendo su militancia y su ánimo decaer, sin embargo no cesaron.⁹⁸⁶ La pugna por el reclamo de justicia continuó, tanto así que la ley sería seriamente discutida nuevamente, aunque veinte años después. La sociedad civil con un rol protagónico nuevamente del movimiento estudiantil, el movimiento sindical y los partidos de izquierda lanzaron de nuevo la campaña para recolectar firmas que permitieran comprobar que el 25 % del electorado estaba de acuerdo en la realización del referéndum que anulara la ley de impunidad. Era 2009 y se acercaba el final del primer gobierno nacional del Frente Amplio. Uruguay había cambiado y las generaciones también. La movilización fue nuevamente exitosa, logrando llevar a cabo un nuevo proceso de votación.

El referéndum se llevó a cabo en marzo de 2009, de manera paralela a la elección que daría el triunfo al ex guerrillero José Mujica en el cargo de presidente del país. El Frente Amplio repetía en el gobierno nacional y a decir de algunos ha sido el gobierno que más ha trabajado en la recuperación de la memoria y en el esclarecimiento de los hechos, como era de esperarse, pues muchos de sus militantes incluidos los dos últimos presidentes, pasaron por la experiencia de la represión.⁹⁸⁷ En esta ocasión el referéndum permitiría una modificación legal que implicaba la anulación parcial de la ley de impunidad.

Sin embargo, contra todo lo previsible o pensable, la sociedad volvió a permitir la continuidad de las leyes de impunidad: no fue posible lograr el 50 % de votos requerido. A pesar de que a favor de su derogación se manifestaron 47. 98 %, que representan más de un millón de uruguayos, era necesario obtener el 50 % de la votación, lo que no ocurrió.

Definitivamente los veinte años transcurridos nos presentan un país absolutamente distinto al que, en 1989, votó a favor del mantenimiento de la ley. Si en aquel momento, la hipótesis principal fue el miedo de la población hacia una involución de tipo autoritario, en 2009 esta hipótesis parece carecer de sentido. Al contrario, un exitoso gobierno del Frente Amplio, partido indudablemente identificado con las fuerzas reprimidas durante la dictadura y un presidente que apoyó públicamente la realización del referéndum.⁹⁸⁸

Aunque la sociedad había decidido dar un cambio al elegir por segunda ocasión a un miembro del Frente Amplio, identificado con el viejo movimiento guerrillero, no se daba oportunidad para derogar, por la vía democrática, las leyes que permitían la impunidad. El avance de la justicia tuvo que llegar por otras vías, como lo fue, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, quien en diversas ocasiones y por diversos motivos interpretó la ley de tal forma que ésta pudiera dar lugar a actos de investigación sobre los crímenes de orden político.⁹⁸⁹

¿Qué tipo de cultura política actúa en la sociedad que es capaz de elegir a un presidente de izquierda, ligado en su juventud a los grupos guerrilleros, pero incapaz de desafiar el orden legado por el gobierno militar? Estos hechos, descritos sucintamente, deben permitirnos reflexionar sobre el estatuto no democrático que la sociedad civil puede asumir: aún en un acto democrático, como lo es el que se presente en el momento del referéndum, se es incapaz de increpar un residuo del orden social legado por un gobierno de tipo militar. En menos de 20 años las fuerzas más reaccionarias, conservadoras, seguidoras del ordenamiento más represivo se encumbran con una doble victoria, en términos de la participación social. Tal parece que no queda más que una doble hipótesis: 

a) Por un lado la dictadura moldeó a la sociedad civil en tanto que impidió que ésta rechazara los actos más cruentos cometidos por la institución castrense, negándose a reconocerlos; y b) al parecer entre las nuevas generaciones de votantes, todos aquellos que no vivieron el proceso político polarizado, donde no puede actuar el miedo hacia una involución autoritaria que no conocieron –que fue una fuente de explicación del referéndum de 1989–, actuó la política de Estado que durante los años noventa se aplicó tendiente al olvido y que sólo en años recientes ha intentado ser desmontada en el plano educativo, no sin ser un tema conflictivo para los sectores más conservadores de la sociedad,⁹⁹⁰ en este sentido pueden servir las palabras de Silvia Dutrénit y Gonzalo Varela:

Uruguay no ha sido ajeno a la disputa en torno a un pasado marcado por una sistemática represión política. Al respecto, durante quince años, la política oficial se caracterizó por cerrar el pasado de manera legal y discursiva. Las afirmaciones relativas a la necesidad de amnistías balanceadas y a la protección de la estabilidad institucional recuperada, justificaban la política del olvido.⁹⁹¹

Defendiendo lo público

Los gobiernos militares que se instauraron en los países del cono sur, como mencionamos antes, tuvieron la característica de modificar el sistema económico en su totalidad. Los análisis en torno a este hecho fueron confusos, pues mientras algunos observaron claramente la tendencia hacia la desnacionalización⁹⁹² y la apertura del proceso de privatización, otros pensaron que habría una profundización del proceso de industrialización.² Lo que llegó con los gobiernos militares, no sólo fue un nuevo tipo de gobierno sino sobre todo una recomposición en la relación del Estado con la economía y a su vez con toda la sociedad: el neoliberalismo.

Uruguay no quedó exento de este proceso que se vivió de manera diferenciada en toda América Latina. Como con sus vecinos chilenos y argentinos, el neoliberalismo entró por la puerta grande, en medio de la mayor represión y sin oportunidad de que la sociedad expresara en lo inmediato su rechazo.

Es aquí donde destacará una forma particular de operar de lo que arriba llamamos una cultura política de la resistencia. Sin embargo, a diferencia del resto América Latina, la oposición a los programas de ajuste, al proceso de privatización, a la pérdida del poder del salario, no se dará tanto como movilización callejera. Los uruguayos adoptaron, de manera privilegiada, el uso de los mecanismos de la democracia participativa como momento de resistencia al neoliberalismo, apoyados en la capacidad de organización de la central sindical, del movimiento estudiantil y en gran medida del Frente Amplio como partido político no tradicional que tenía un ascenso importante, expresando una sociedad civil en donde distintos proyectos sociales tenían lugar y se confrontaban.

Después de 1989, la sociedad civil uruguaya no sólo dio muestras de contener en su seno tendencias de tipo autoritario o conservador, sino que también expresó la posibilidad de ser un espacio en donde la disputa por la hegemonía continuamente se mostró como la interpelación a la imposición de una nueva forma de ordenamiento social.

Dice Stolowicz que: “Los plebiscitos que hubo desde 1989 fueron interpuestos por iniciativa de fuerzas políticas y sociales con el común denominador de ser opositoras a la derecha neoliberal de ambos partidos”,⁹⁹⁴ refiriéndose, por supuesto, al empeño puesto por los partidos tradicionales por llevar a cabo las cacareadas reformas estructurales, sobre la base de la cual estaban, como en el resto de América Latina, la privatización de lo público y la mercantilización del mundo de la vida.

De entre los múltiples referéndums y plebiscitos, el particularmente importante es el que se dará en 1992, en pleno auge del neoliberalismo, cuando se eche atrás la Ley de empresas públicas, que permitía el avance de las privatizaciones:

A propuesta del Frente Amplio se creó la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional para promover por referéndum la derogación de los artículos de la ley que otorgaban discrecionalidad total al poder Ejecutivo. A la Comisión se adhirieron algunas fracciones del Partido Nacional, una del Colorado, el movimiento sindical y otras organizaciones populares, desplegando una campaña de participación masiva.⁹⁹⁵

Finalmente se votó por la anulación de artículos de la ley que daba poderes especiales al ejecutivo y sobre aquellos que tenían que ver con la privatización de un sector, considerado estratégico, como era el de la telefonía. De todos los procesos de participación popular éste es sin duda el más significativo, pues echó atrás leyes votada por las fracciones parlamentarias de los partidos tradicionales (Nacional y Colorado) y permitió un ascenso importante del Frente Amplio como fuerza antineoliberal. De igual forma se votó, en los años noventa, en torno a propuestas que afectaban a los jubilados y algunas conquistas laborales, así como intentos de Reforma del Estado que planteaban reconfigurar el espacio estatal en su forma neoliberal.⁹⁹⁶ Dichas votaciones, favorables en general para posiciones antineoliberales, han sido catalogadas como las primeras victorias de la oposición después del proceso de ratificación de la ley de impunidad, abriendo el camino que se concretará con el ascenso del Frente Amplio a la presidencia.⁹⁹⁷

Con estos antecedes es que podemos pasar a la exposición del caso que nos interesa. Nos referimos al problema de la constitución de lo público y la búsqueda por preservar relaciones sociales que descansen sobre ese aspecto que citaba Bolívar Echeverría: el valor de uso en tanto que forma de preservar la reproducción de la organización social. Construido en sus últimas investigaciones, Marx aventuró una explicación de la contradicción valor de uso/valor de manera más concreta en El Capital, en donde, a juicio de Echeverría se dirime el gran conflicto de la sociedad moderna. En América Latina, Echeverría, junto a otros importantes teóricos –Enrique Dussel, Álvaro García Linera, Franz Hinkelammert– han avanzado en la configuración de un discurso crítico del orden neoliberal, sobre la base de la preservación valor de uso y la resistencia a la mercantilización del mundo de la vida. Si bien no podemos detenernos mucho en este aspecto, es importante advertir que el neoliberalismo ha significado un proceso de privatización de lo público y un proceso de mercantilización de distintos órdenes de la vida social que con antelación no eran considerados como mercancías. El neoliberalismo se presentó como una forma de aniquilamiento del valor de uso y sus implicaciones en términos sociales son aún materia de estudio. Lo que algunos autores como David Harvey han llamado “acumulación por desposesión” o la mercantilización (o colonización) del mundo de la vida por el valor de cambio,⁹⁹⁸ tienen como elemento subyacente el problema de la conservación y subordinación del valor de uso. De cómo existen bienes cuya utilidad es fundamental para la conservación de la vida humana, más allá de su intercambiabilidad. Objetos de disfrute y satisfacción de necesidades antes que de mercancía con valor económico, esta afirmación tiene base en la constatación de que el agua no se produce por medios técnicos sino naturales, y sobre todo porque ella misma “es premisa de la vida humana porque es premisa de la vida terrestre en general”,⁹⁹⁹ o en términos de Echeverría “valor de uso espontáneo”.¹⁰⁰⁰

En el caso uruguayo el agua ha sido ese elemento en el que se ha mostrado de manera más clara el problema de la cultura política que interpelando un determinado orden social –el neoliberal– ha planteado la posibilidad de conservación del valor de uso que ella representa. La sociedad civil se insubordinó frente a los proyectos y acciones privatizadoras del agua que el último gobierno del bipartidismo llevó a cabo. Como se sabe, son las grandes compañías (Nestlé, Danone, Pepsi, Coca-Cola) las que han buscado afanosamente someter a los Estados a fin de obtener el control sobre el líquido.¹⁰⁰¹ Lo cual ha causado terribles problemas de distribución, un aumento en los costos que los usuarios tienen que pagar y en algunos países, como Bolivia, una verdadera insurrección popular en la conocida “Guerra del Agua”.

Con motivo de la elección presidencial de 2004, el 31 de octubre de 2004 los uruguayos fueron convocados nuevamente a las urnas, en esta ocasión se dieron dos pasos históricos: por un lado se puso fin al ciclo del bipartidismo que encabezaron por más de 170 años los partidos Nacional y Colorado, dándole el triunfo al Frente Amplio; y también expresaron su negativa a la privatización del agua, en un hecho hasta entonces insólito en la región:

Uruguay ha sido y es, sin duda, el país en el que la reacción ciudadana contra la privatización de los servicios del agua y saneamiento se ha visto reflejada en cambios institucionales y legales de forma más contundente. En 2004, el pueblo uruguayo, en referéndum y con 64 % de los votos emitidos, decidía incorporar a la constitución el reconocimiento del agua potable como un derecho humano…¹⁰⁰²

Paralelamente a la elección presidencial se llevó a cabo un referéndum en donde se aceptó la enmienda constitucional de incluir al agua como un “bien público” de carácter inalienable. Esto llevaba además la propuesta de la participación social en la distribución del líquido y su consideración como “derecho humano”. Se trató de un acto en donde la sociedad civil, expresando una cultura política de la resistencia frente al embate neoliberal devolvió un elemento fundamental al propio Estado: la soberanía sobre un recurso estratégico y vital para la conservación de cualquier nación, no siendo casual que el organismo aglutinador de la campaña de recolección de firmas y de la promoción del referéndum llevase por nombre “Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida”. Pero no se trató, ciertamente, de devolverle al Estado una soberanía que pudiera ejercer de forma arbitraria o verticalista. Sino que partió el esfuerzo desde la sociedad: fue así que el sindicalismo, el movimiento estudiantil y una llamativa participación femenina lograron primero conseguir las firmas requeridas para que se convocase al referéndum revocatorio y posteriormente la victoria:

…la reforma obtuvo 64.7 % de los votos emitidos en esa oportunidad. Esta modificación estableció que: “el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”. La Reforma Constitucional del artículo 47 de la Constitución (en la sección Derechos, Deberes y Garantías) estableció además los criterios de los recursos hídricos como públicos y basados en la participación ciudadana y la sustentabilidad.¹⁰⁰³

Esta acción de la sociedad civil uruguaya fue la que permitió la no privatización de la distribución del agua. La movilización y la participación de los sectores sociales tradicionales (movimiento sindical, estudiantil, de las mujeres), impidieron la privatización de un bien público y en disputa, en contra de todas las presiones de las empresas trasnacionales y de los gestores neoliberales al interior del país:

En el año 2000 se crea la Comisión en Defensa del Agua y por la Vida que estuvo integrada por el sindicato de la OSE [Obras Sanitarias del Estado], organizaciones vecinales y organizaciones ambientalistas, la Federación de Cooperativas de Vivienda, la Federación de Estudiantes Universitarios, y la Asociación de Jubilados. Esta comisión con el apoyo y el asesoramiento de destacados abogados constitucionalistas, docentes de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y de Arquitectura. Se establecieron formas de funcionamiento horizontal donde no existieron protagonismos, ni liderazgos y en donde todo lo que se discutía y resolvía era colectivamente y por consenso.¹⁰⁰⁴

Se trata de una victoria que va en contrasentido de todas las ansias del poder político, muy en consonancia con movilizaciones regionales, como las que ocurren en Bolivia, aunque expresada de otra manera, en organización social y participación en formas de democracia directa. También funcionó como catalizador para una ruptura al interior de los partidos tradicionales y reforzó la victoria del Frente Amplio. No es casual que durante este periodo los mecanismos de democracia directa se hayan nombrado, a manera de consigna, en estudio reciente, como el del “Estado no se toca”.¹⁰⁰⁵ Y en efecto, los procesos de privatización tuvieron fuertes reveses cuando la sociedad pudo opinar y decidir sobre el futuro de las empresas públicas.

Implicaciones y debates (o a modo de conclusión)

La actuación de la sociedad civil, no en su consideración típicamente liberal, de espacio de libertad absoluta, permite entender que ésta se encuentra en disputa, entre momentos de determinación democrática y momentos de regulación o conservación del orden social, que se expresarán, siguiendo a Bolívar Echeverría, en una cultura política que integre momentos sustanciales de una determinada forma. Se trata entonces, a nivel general o teórico, de invitar a pensar como campo en disputa a la sociedad civil. De ninguna forma puede considerarse un espacio libre de conflicto o al margen de la acción de las fuerzas histórico sociales, que disputan la conducción de la nación. Por otro lado, ayuda a comprender cómo la herencia cultural, en este sentido una herencia negativa –la del gobierno militar– también ha moldeado esta sociedad civil, provocando la expresión, en dos grandes momentos, de una cultura política del orden que encubrió actos terribles.

Ahora bien, en el término de interpelación del orden social, la sociedad civil ha logrado poner en la práctica –o al menos colocarlo como un elemento jurídico fundamental– al llevar más allá del Estado, la defensa de lo público. Contra las intenciones de un Estado moldeado por el neoliberalismo, la sociedad civil permitió pensar lo público como no estatal,¹⁰⁰⁶ esto es, logra llevar el carácter público de la administración de los recursos con y más allá del Estado, logrando canalizar uno de los mayores problemas que enfrenta y enfrentará la región (la disputa por el agua), por una vía de avanzada y que ciertamente evitó problemas como los que se dieron en la Bolivia de la “Guerra del Agua”.

Resulta tan paradójico el caso del Uruguay que el Senado –una institución que podría pensarse conservadora– recientemente aprobó la derogación de la ley de Impunidad, lo que permitiría la posibilidad de investigación sobre los crímenes ocurridos durante el gobierno militar. Sin embargo, el que en dos ocasiones una sociedad preciada de democrática haya aceptado la política del no conocimiento de la verdad, del perdón y de la impunidad debe decirnos algo sobre ella y sobre el impacto que tuvo el gobierno militar. Incluso se han llegado a explorar los efectos de tipo psicológicosociales¹⁰⁰⁷ de estos hechos. Uruguay es el único país que ha puesto el tema de la memoria y la impunidad en la mesa de votaciones. Ningún país que haya vivido bajo gobierno militar lo ha hecho.

La comparación con experiencias similares en países de la región demuestra que o bien es el Estado quien en alguna coyuntura determinada transforma su política con respecto al pasado (como es el caso argentino en tiempos muy recientes) o bien, quien opta por políticas del olvido, como sería paradigmáticamente, el caso de Chile.¹⁰⁰⁸ Uruguay sale fuera de esos marcos y posibilita que la sociedad sea la que decida: “Uruguay también es uno de los escasos países que, en virtud de su ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, consiguió no sólo la legitimidad parlamentaria sino también la acordada por la vía del referéndum”.¹⁰⁰⁹ A pesar de la legitimidad social, lo cierto es que, como decíamos arriba, el acceso a la justicia tuvo que venir, paradójicamente de los órganos del Estado, primero con los cambios radicales en la política de derechos humanos iniciada con los gobiernos del Frente Amplio, que devinieron en una investigación titulada “Detenidos desaparecidos”, aparecida en cinco tomos, disponibles en formato electrónico.¹⁰¹⁰ Sólo en tiempos muy recientes, la Suprema Corte no sólo procesó, por ejemplo, a uno de los presidentes de facto durante el gobierno militar, sino que también impuso una pena de 25 años al general Gregorio Álvarez, quien gobernó a nombre de la institución militar. Aún más, lo que la sociedad, en una muestra de su cultura política autoritaria o conservadora, no hizo, lo realizó el Senado de la República al anunciar la derogación de la ley que permitió la impunidad el 12 de abril de 2011.¹⁰¹¹ Aunque es muy pronto para calibrar las implicaciones reales de éste acto, lo cierto es que fue un acto proveniente desde arriba, desde el régimen político y no desde la sociedad.

Siguiendo las hipótesis que Constanza Moreria lanza en un estudio comparado entre Uruguay y Brasil, podría decirse que en Uruguay en general parece que existe un fuerte compromiso de los ciudadanos con respecto al régimen democrático y, para sorpresa de sus pares latinoamericanos, también con los partidos políticos, lo cual ha devenido en las actitudes de respeto al orden, pero también de increpación del mismo, que hemos analizado. En palabras de la politóloga:

La "cultura política" de ambos países, relevada a través de la opinión pública, es consistente con el legado histórico de los mismos. Las adhesiones a la democracia y la confianza en los partidos políticos diferencian fuertemente a Uruguay de Brasil. Las preferencias por la democracia y la satisfacción con el régimen democrático son notoriamente más altas entre la opinión pública uruguaya (80% y 57% respectivamente) que entre la de sus pares brasileros (41% y 30% respectivamente): ambos parecen confirmar casos "extremos" entre los países del Cono Sur.¹⁰¹²

No queda duda de que Uruguay es, en muchos sentidos, un anomalía en la configuración neoliberal de nuestros países, pero lo es también en el actuar de su sociedad civil. Quizá valdría la pena detenerse en un viejo texto de Perry Anderson, producto de una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, donde se preguntaba por el significado de los golpes de Estado y gobiernos militares que se dieron en América Latina, para él una posible respuesta es que:

Todas ellas fueron contrarrevoluciones preventivas cuya misión primordial fue la de decapitar y eliminar a una izquierda que no se resignaba al modo de producción capitalista, sino que apuntaba directamente a un socialismo que lo trascendía. Su función esencial, primordial, pues, fue la de traumatizar a la sociedad civil en su conjunto con una dosis de terror suficiente para asegurarse de que no habría ninguna tentación ulterior de reincidir en desafíos revolucionarios contra el orden social vigente; para romper cualquier aspiración o idea de un cambio social cualitativo desde abajo; para eliminar permanentemente, en suma, el socialismo de la agenda política nacional.¹⁰¹³

Aunque ubicado desde una posición política muy particular, la de Anderson parece una respuesta correcta, pero incompleta: efectivamente, los gobiernos militares tuvieron esa función de “traumatizar” a las sociedades, lo cual puede explicar en cierta medida la existencia de una cultura política del orden, lo cierto es que ni toda la sociedad, ni todo acto de ella está necesariamente marcado por este hecho. De otra forma no se explicaría el ascenso al poder del Frente Amplio o las constantes interpelaciones al modelo neoliberal mediante la defensa de lo público, que se dieron por mecanismos de la democracia directa en los años de mayor fuerza de esa corriente económico–política.

Dos caras, una misma sociedad, que se debate entre su pasado autoritario, presente incluso en el momento de su determinación democrática; pero que al mismo tiempo logra trascender una limitación de la época –la ideología privatizadora neoliberal– y avanzar en la propuesta de construcción de otra forma de sociabilidad.

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28. ¿Y todo para qué? Una mirada historiográfica a la cultura política a través del movimiento navista (1958–1992)

Jorge Alberto Rivero Mora

Uno no encuentra lo que busca sino lo que la realidad le entrega
Voltaire

El oftalmólogo Salvador Nava Martínez emergió a la escena política en 1958, al ganar la presidencia municipal de San Luis Potosí y encabezar a un grupo de profesionistas que tomaron como una afrenta el dominio autoritario de la entidad por parte del cacique Gonzalo N. Santos. Con ello nació y se consolidó un movimiento local ciudadano, denominado navismo, en reconocimiento a su liderazgo. El apoyo velado del presidente Adolfo López Mateos a Nava, para alcanzar la alcaldía de la capital potosina en 1958, alentó al galeno a contender, tres años después, por la gubernatura del estado pero la lógica insensible de un gobierno autoritario hizo estragos en Nava (hostigamiento, cárcel y tortura) y en sus seguidores, que tuvieron que desintegrar por dos décadas al movimiento navista.

Tras un largo silencio, interrumpido en 1982, Nava gana por segunda vez la alcaldía de la capital potosina y la oposición local se consolida y se opone al entonces gobernador de la entidad y cacique sindical del magisterio Carlos Jonguitud Barrios. De este modo, con el telón de fondo del salinismo en 1991, el cada vez más arraigado liderazgo de Nava en la capital potosina lo animó a contender por la gubernatura a través de una inédita alianza opositora entre el PAN y el PRD; pero ahora el otrora moderno dirigente opositor, es denostado por sus adversarios priístas, como un viejo anacrónico y proclive a la violencia.

Con base en lo anterior, en el presente trabajo analizaré la particular representación de la cultura política en la retórica del líder opositor Salvador Nava; así como la de sus principales adversarios políticos (del partido oficial), en dos contextos particulares: 1958-1961 y 1991-1992 para examinar las rupturas, pero también las continuidades, que en torno a la cultura política pueden construirse en dos lapsos distantes.

De esta manera, el orden de exposición que seguirá este artículo es el siguiente: Primero haré una breve reflexión sobre los sentidos posibles en que se puede abordar el muy extenso campo de análisis de la cultura política. Después, trataré de precisar algunos de los significados de esta serie de nociones, valores, percepciones que tienen los protagonistas en sus discursos sobre el campo de la política, a partir de las condiciones particulares de los contextos históricos antes señalados: por una parte el doctor Nava en sus siete lustros de lucha política y, por otro lado, las prácticas y la retórica de sus diversos adversarios para descalificar al médico potosino.

De esta manera, examinar el significado de las representaciones de un político sui generis como Salvador Nava, en relación con las que se incubaron y reprodujeron desde las directrices de la cultura política hegemónica dominante en la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por el auge de la ideología revolucionaria pero también con el declive de la misma, será el derrotero por el que transitará este trabajo.

La cultura política. Avatares de un campo movedizo

¿Quién es quién para decir “esto es así”, si la historia de la humanidad no es
más que una historia de contradicciones y de tanteos y de búsquedas?
Jaime Sabines

En el ámbito de las ciencias sociales, la cultura política se presenta como un complejo campo de estudio con múltiples posibilidades de análisis.¹⁰¹⁴ Este rasgo problematiza en demasía a dicha esfera, debido a que en los últimos años dicho concepto ha sido utilizado con abundante profusión para explicar todo tipo de fenómenos políticos. Por este uso irreflexivo, la cultura política posee una vastedad de aplicaciones que la convierten en un instrumento para distintas disciplinas sociales en el análisis de la realidad político-social en espacios determinados.

Hay que subrayar que el auge de la cultura política como referente de análisis tiene sus orígenes en los años cincuenta y sesenta con los trabajos pioneros de Gabriel Almond y Sidney Verba, quienes, desde la perspectiva de la naciente política comparada, estudiaron las actitudes de una muestra representativa de la población de cinco países que fueron sujetos de análisis: Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Italia y México, en relación con sus respectivos sistemas políticos.¹⁰¹⁵

Debido al convulso contexto internacional (marcado por la Guerra fría, la revolución cubana, el surgimiento de nuevas naciones y la caída de otras) el término cobró una mayor relevancia en los ámbitos académico y político estadounidenses y será a partir de los años setenta cuando se comienza a edificar todo un entramado metodológico que dio como resultado, por una parte, la elaboración de investigaciones muy influidas por el trabajo pionero de Almond y Verba,¹⁰¹⁶ pero también nuevos trabajos que criticaban la postura conservadora de los primeros, lo que da cuenta de la complejidad del término (ver cuadro 1).¹⁰¹⁷

CUADRO 1
COMPLEJIDAD DEL CONCEPTO

Elaboración propia

Se puede vislumbrar que por su vastedad de miradas y complejidad, existen diversas estrategias para examinar a la cultura política. Por lo anterior y recuperando a autores como Ronald Formisano o Roberto Varela,¹⁰¹⁸ soy partidario de no buscar razones unicausales en un término tan complejo, ya que si bien comparto la posición de quienes examina a la cultura política desde una bifurcación –como variable independiente o dependiente– no hay que dejar de lado su complejidad, puesto que se presenta como un término moldeable y utilitario, que si bien se refiere a una serie de características objetivas, también alude a lecturas subjetivas de la realidad política.¹⁰¹⁹

Esta amplitud de miradas, nos expresa que la cultura política es un campo en permanente construcción y abierto a diversos saberes (ciencia política, sociología, antropología, historia o historiografía). La cultura política, entonces, adquiere una múltiple dimensión de análisis y por ello es útil estudiarla desde una mirada transdisciplinaria, con diversos enfoques, horizontes de enunciación e intencionalidades. Con ello, en este campo de conocimientos, se construyen y redefinen significaciones que impactan no sólo en el presente inmediato sino que también pueden tener modificaciones a través del tiempo.

Con base en lo anterior, concibo a la cultura política como un término multidimensional que alude a un amplio campo de percepciones de índole objetivo (externa al partícipe) y subjetivo (interiorización del mismo), que los actores políticos construyen con relación a la esfera de lo público. En este orden de ideas: la cultura es política, actúa como un aparato instrumental que redefine histórica, espacial y temporalmente una serie de asimilaciones de la esfera del poder por parte de los actores sociales que se ven condicionados por ella (representaciones, percepciones, imágenes, competencias, luchas, actitudes, conflictos, etcétera).

De esta manera, entre el cúmulo de temas o dimensiones que sobre la cultura política se han hecho, me interesa destacar las diferentes formas de participación política en México, específicamente en torno a un actor clave de la sociedad civil como son los movimientos sociales y más específicamente aún, volver mi mirada al navismo y en su principal dirigente, Salvador Nava Martínez, para examinar su particular representación de la cultura política, así como la de sus principales adversarios políticos (del partido oficial), en dos contextos particulares: 1958-1961 y 1991-1992.

La cultura de la “revolución práctica”, 1958-1961

Cuando el priísta Adolfo López Mateos asumió la presidencia de la república, el 1° de diciembre de 1958, el escenario social y político del país estaba colmado de movimientos de protesta en áreas urbanas y rurales que de manera directa se confrontaron con el régimen autoritario; destacan los movimientos magisterial de Othón Salazar y el ferrocarrilero, liderado por Demetrio Vallejo y Valentín Campa. La represión fue la respuesta del régimen revolucionario a los intentos de apertura de una sociedad civil subyugada por cultura política autoritaria desde el poder, que no solamente se incubaba en la capital del país sino también en sus múltiples regiones.¹⁰²⁰

Para el caso que me ocupa, y como bien describe el escritor Carlos Monsiváis: “En aquél entonces Política es aquello que se hace desde el gobierno y para el gobierno y en San Luis Potosí el adalid del régimen es el muy célebre cacique Gonzalo N. Santos”.¹⁰²¹ En este horizonte, el cacique potosino, de 1943 a 1958, a cambio de pragmáticas alianzas con el poder central en turno ofrece el control del estado potosino. Por lo tanto durante su largo y opresor cacicazgo, aunque no logra mejores condiciones de vida para los potosinos, Santos es creador de ingeniosos aforismos que lo pintan de cuerpo entero, el tipo de cultura política que concibe en su ejercicio del poder.¹⁰²²

De esta manera, y no obstante el panorama de claro desprecio de la clase gubernamental a los derechos humanos de sus ciudadanos, y de una notoria debilidad de la oposición política, a mediados del siglo XX, en la capital potosina se gesta y desarrolla una clase media urbana vanguardista, compuesta por profesionistas liberales con tradiciones políticas diversificadas e incluso contradictorias. Es un grupo de profesionistas que están comprometidos con el ejercicio de sus carreras pero que también luchan por la apertura política que el cacique Santos les negaba.¹⁰²³

El dirigente de este grupo urbano de la capital potosina fue el Dr. Manuel Nava Martínez, antiguo vasconcelista y fundador de lo que su hermano Salvador consolidaría como navismo. Aunado al prestigio ganado en su quehacer profesional, la popularidad y liderazgo de Manuel Nava se incubaron al ocupar la rectoría de la UASLP por dos periodos sucesivos (de 1952 a 1958) y por lograr la plena autonomía de la institución con respecto al cacique, cuya influencia también abarcaba el espacio universitario. Sobre este particular cito al historiador y poeta Tomás Calvillo:

Los cacicazgos de Saturnino Cedillo y Gonzalo Santos retrasaron la institucionalidad política en el estado frente a los cambios del entorno nacional y poco a poco se fueron confrontando a sectores sociales al interior del estado. El grupo que encabezará el doctor Salvador Nava tiene una presencia y un origen en el sector medio, urbano, universitario... El navismo surge en los años cincuenta y en esa época se construye la Ciudad Universitaria en la Ciudad México. Así, mientras se construye CU, en San Luis empieza un movimiento antagónico al ejercicio del poder del cacique Santos.¹⁰²⁴

En este contexto, la gestión de Manuel Nava como rector se caracterizó por procurar que la universidad potosina se viera beneficiada a través de una serie de reformas para la modernización y el buen funcionamiento de la institución,¹⁰²⁵ como la creación de la Facultad de Humanidades (en la cual el geógrafo Ramón Alcorta tuvo un papel crucial) y por vincular a la universidad local con su homóloga, la UNAM, a través de la participación de importantes intelectuales de la época para impartir cursos o dictar conferencias: José Gaos, Edmundo O’Gorman, Henrique González Casanova, Mariano Azuela, Antonio Castro Leal, Jesús Silva Herzog, Nabor Carrillo y Octavio Paz.¹⁰²⁶

En términos de cultura política, se puede subrayar que el esfuerzo del rector Manuel Nava por ampliar el alcance de la UASLP, como una universidad en crecimiento y con importantes medidas de modernización educativa, no solamente cumplía una función de desarrollo académico, sino también el reconocimiento de intelectuales del centro del país que le daban presencia no solamente a la universidad potosina en sí, sino a la FPEI que mantenía su lucha política de manera constante.

En otras palabras, en la contienda de los profesionistas locales en contra del cacique Santos, no solamente se ponía en el escenario la defensa de la autonomía universitaria frecuentemente violada por este personaje, sino también la permanente búsqueda de espacios políticos, desde el espacio universitario, usufructuados por Gonzalo Santos. Por lo tanto en este tipo de expresiones se pueden apreciar nuevas manifestaciones políticas de profesionistas cuyo horizonte de expectativas se enfrenta pero a la vez coexiste con una cultura política marcada por prácticas caciquiles en el nivel regional, y con rituales antidemocráticos en el ámbito federal.

Sin embargo, un acontecimiento externo es lo que alentó a sectores opositores a Santos a movilizarse con más fuerza: el destape a finales de 1957 del candidato del PRI a la presidencia de la República, Adolfo López Mateos, ex vasconcelista y figura antagónica (al menos simbólicamente) al cacique potosino.¹⁰²⁷ Así, en julio de 1958, los navistas fundaron la Federación de Profesionistas e Intelectuales de San Luis Potosí (FPEI) y tomaron como bandera al candidato presidencial para enfrentarse a Santos.

Hay que recordar que la generación de los hermanos Nava, que nació durante las dos primeras décadas del siglo pasado, a diferencia de la que le precedió, forjada en el desorden y anarquía de la revolución mexicana, fue precisamente la que constituyó la hegemonía del PRI y gobernó al país durante décadas; una generación más civil, más política, profesional y urbana, formada en el ambiente universitario y sin vínculos estrechos con la milicia.

Pronto, la FPEI advirtió en las elecciones municipales de diciembre de 1958 el camino legal para acabar con el control estatal del cacique. Por ello, la agrupación de profesionistas, apeló a la muy cuestionable democracia interna del partido oficial y se afilió a este organismo político a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) para participar electoralmente. Obviamente, Santos se opuso a los propósitos navistas, por lo que el cacique designó a otro incondicional suyo a la candidatura del PRI a la alcaldía de la capital potosina.

Ante esta disyuntiva, la FPEI, que de manera paulatina había perdido toda comunicación con dirigentes del PRI, impulsó la candidatura independiente de Salvador Nava, quien tras la muerte inesperada de su hermano Manuel, el rector (por un infarto al corazón), heredó el liderazgo vacante por su sólido ascendiente sobre sus adeptos.¹⁰²⁸

Así, el doctor Nava participó como candidato de la Unión Cívica Potosina (UCP), que aglutinó en torno a su figura distintos intereses e ideologías: sinarquistas, comunistas, priístas marginados, ferrocarrileros, obreros, profesionistas, mineros, comerciantes, burócratas, empresarios, universitarios y grupos conservadores.¹⁰²⁹

Sobre este tema, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, puntualiza:

Al doctor Nava le tocó la parte final del cacicazgo de Santos de modo que había un blanco muy concreto, hasta personalizado, de las incomodidades, del desasosiego de la sociedad potosina. No era una incomodidad general, difusa, sino que se concentró en la figura de Santos. Entonces cuando hay un objetivo muy específico en una movilización, ésta gana velocidad y densidad porque sabe bien a dónde dirigirse.¹⁰³⁰

Sin ninguna experiencia política, Salvador Nava inició su campaña improvisando sus discursos, abandonando desde el inicio de su carrera política la enunciación de peroratas elaboradas, demagógicas y ambiguas. Y es que como describe Miguel Ángel Granados Chapa: “El doctor Nava hacía sus discursos como una conversación ampliada como si estuviera en una reunión de amigos, como en una tertulia”. Por esta razón, sus palabras adquieren una característica primordial que acompañará al líder potosino hasta el último de sus días: la sencillez o la parquedad.¹⁰³¹

Nava, deficiente orador, esboza en sus precarios discursos que el tránsito a una verdadera modernización político-económica del país sólo se lograría al cumplirse los postulados de democracia, libertad y justicia del paradigma ideológico que permitió al partido oficial legitimarse durante décadas: la Revolución Mexicana. Sin embargo, para el oftalmólogo, a este propósito de hacer de la revolución mexicana una “revolución práctica”, se oponían individuos anacrónicos como Santos.

Ahondando en lo anterior, Nava, en su primera etapa como líder opositor, no concibe que el sistema político¹⁰³² sea la causa del rezago de San Luis Potosí (y por ello no se opone al régimen) sino que enfoca su lucha en contra de los individuos que abusan del mismo. Comparte esta tesis la viuda de Nava, María Concepción Calvillo:

No es que el doctor (Nava) tuviera una fe ciega en el PRI. Era lo único que había... El doctor creía en lo que había ganado la Revolución, en lo que se había logrado con estos regímenes revolucionarios: el Seguro Social, el ISSSTE, todas esas instituciones que aún con todos sus errores y carencias sirven a la sociedad. Así que él sí creía en la revolución, lo que no creía era cuando el hombre abusaba del poder que tenía.¹⁰³³

Así, sin la intromisión del gobierno federal que apoyó veladamente a los opositores de Santos, Nava ganó la alcaldía de la capital potosina con el respaldo de la sociedad que se entregó a su figura carismática a través de diversos actos de protesta y de resistencia civil. En este panorama, en 1958, Salvador Nava acusó al cacique Gonzalo Santos de impedir a la entidad a acceder “progreso” y a la modernización económica que solo se lograba por medio de la industrialización y la actualización tecnológica:

En San Luis Potosí impera el caciquismo, que es una negación rotunda de la Revolución. Todos encontramos el modo de sobrellevar esos males, pero así como en la ciencia médica estamos en la era de la medicina preventiva, en estos problemas hay que ir sobre la causa que los está provocando: obras de irrigación en el campo, facilidades para la creación de nuevas industrias con garantías para el capital y sueldos dignos para los trabajadores, libertad de expresión sin temor a represalias y libertad para elegir a los que nos gobiernen.¹⁰³⁴

Asimismo, es importante puntualizar que el uso ambiguo del término pueblo como actor social, la recuperación de la ciudadanía efectiva, y la abierta confianza en los postulados revolucionarios impregnaron el discurso político de Nava de 1958 a 1961, así como su propia aprehensión de la esfera pública y el ejercicio del poder. Inserto dos ejemplos de los muchos que pueden hallarse en la retórica navista:

Debemos evitar que el pueblo potosino siga sufriendo en carne propia las consecuencias funestas del cacicazgo. Estoy dispuesto a la lucha y seguiré el afán señalado por el pueblo que quiere librarse del cacicazgo que durante tantos años lo ha venido oprimiendo.¹⁰³⁵

Nuestra lucha va encaminada hacia el triunfo de los ideales de la libertad y la justicia que desea el pueblo potosino... Vivimos en una época al estilo porfiriano, pero el progreso no será más detenido. Cierto que debemos vivir una era de crisis y sacrificios para sacudirnos el cacicazgo y al final vencerán la razón y la justicia.¹⁰³⁶

“El caciquismo, es la negación rotunda de la Revolución”, afirma el médico potosino reiteradamente. Una revolución mexicana que a medio siglo de su irrupción se sigue vanagloriando como el único paradigma a seguir, como el mejor camino para acceder al “progreso”. Como ejemplo cito otros dos pronunciamientos de Nava Martínez: el primero emitido en noviembre de 1958, en que culpabiliza de todos los rezagos de la entidad al cacique Santos y el segundo, enunciado en su toma de posesión como alcalde municipal, en el que puede calificarse como el primer ayuntamiento ganado por una fuerza política alterna al PRI.

Muchos incrédulos piensan que yo juego a la “gallinita ciega” contra el cacicazgo, que actúo sin programa definido. Y todo esto está tan claro: nuestro programa será hacerlo todo, pues las autoridades pasadas y las actuales gentes en el poder nada han hecho a favor del pueblo.¹⁰³⁷

Estamos aquí por voluntad expresa del pueblo. Estamos aquí en cumplimiento de uno de los postulados de la Revolución: el sufragio efectivo. Siempre debemos tener presente que nuestra meta será construir un San Luis en el que la libertad ciudadana sea la mejor expresión de su progreso.¹⁰³⁸

Sin embargo, la ilusión de una transición democrática en la capital potosina quedó en eso, en una mera quimera. A este respecto, me resulta muy ilustrativo recuperar a los teóricos Guillermo O´Donnell y Phillipe Schmitter, quienes afirmaron que la incertidumbre es la característica central de toda transición política y que ésta no forzosamente deriva en formas democráticas, sino que por el contrario puede ocasionar el retorno más severo de formas autoritarias.¹⁰³⁹

La anterior tesis se comprobó para el navismo en 1961, ya que posterior al triunfo efímero y a sus relaciones cordiales con el gobierno federal, Nava buscó ser candidato del PRI a la gubernatura, pero el 20 de enero de 1961, el general Alfonso Corona del Rosal, presidente del PRI, le notificó al doctor Nava que no sería el candidato del partido oficial, pero a cambio de su disciplina le ofreció una diputación y el pago de los gastos de su breve precampaña. Indignado, Nava rechazó y denunció públicamente la proposición del militar y renunció al PRI, por lo que desde entonces se volvió una figura antagónica del régimen.¹⁰⁴⁰

Sobre este particular cito el diálogo que el militar y dirigente del PRI, Corona del Rosal, sostuvo con Nava Martínez, lo que derivó en la ruptura tajante del médico respecto régimen en el que alguna vez creyó, y defendió; lo cual ilustra con claridad cómo dentro de la cultura política dominante, las aperturas a cuentagotas no fueron avances democráticos sino respuestas a situaciones particulares:

Alfonso Corona del Rosal (ACR): Doctor, usted no va a ser el candidato del PRI para la gubernatura de su estado.
Salvador Nava (SN): General, usted se ha de estar equivocando de estado porque en San Luis Potosí todavía no se realizan las convenciones del Partido
ACR: Pues no, doctor; con convenciones o sin convenciones usted no será el candidato del Partido, aunque las ganara... Porque además de tener el voto de las personas se necesita otra cosa.
SN: ¿Qué se necesita? ¿El beneplácito del presidente de la República?
ACR: No doctor, al presidente no hay que meterlo en esto.
SN: Entonces ¿Se necesita que usted dé su visto bueno?
ACR: Pongamos que así sea, doctor…
SN: Pues yo no acepto eso, porque usted no es el Partido, el Partido son sus miembros, y son de ellos los votos que busco.
ACR: Mire doctor, espérese; más adelante ya será otra cosa. Por lo pronto le ofrezco la diputación del primer distrito y el dinero que ha gastado en su campaña.
SN: General, yo no ando en busca de empleo. A mí me han llamado para que participe como candidato a gobernador porque me tienen confianza. Y respecto a lo que usted me ofrece de dinero, eso es una ofensa, pues me califica igual que a todos los que hablan por teléfono para pedirle su apoyo para ser diputados… Así, general, que muchas gracias por haberme invitado a almorzar. Me arrepiento de haber aceptado, porque lo que usted me propone es un insulto.¹⁰⁴¹

No obstante lo anterior, Nava no renunció a su intento de alcanzar la gubernatura de manera independiente. Sin embargo, la “apertura” del régimen de tres años atrás fue más forma que fondo y el sistema priísta, esa entelequia todopoderosa, le mostró con toda su dureza al inconforme médico su lógica autoritaria: fraude electoral, hostigamiento, cárcel y tortura; por lo que Nava, obligado por la represión a su movimientos y a sus seguidores, abandonó la escena política y se refugió en su profesión durante dos décadas hasta que, en 1982, nuevamente contendió y ganó la alcaldía de la capital potosina confrontándose ahora con el gobernador y líder vitalicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE): Carlos Jonguitud Barrios.¹⁰⁴²

La cultura política del nuevo orden

A partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1958-1992) nuestro país comenzó un arduo y azaroso proceso de cambio que implicó una radical reestructuración en diversos ámbitos. Se trata de un periodo en el que las reiteradas crisis y las (muchas veces equivocadas) respuestas a ellas, contribuyeron a cimentar una transición política promovida por una nueva élite en el poder que, unilateralmente, asumió el compromiso de transformar el régimen nacionalista revolucionario que encarnaba a una economía proteccionista y cerrada, por otro modelo de índole neoliberal que privilegia a una economía abierta y librecambista y que prevalece hasta nuestros días.¹⁰⁴³

En el sexenio salinista, el discurso del Ejecutivo asentó una y otra vez que México era un factible aspirante al Primer Mundo, a las prácticas políticas modernas, y por fin nuestro país abandonaría todo obstáculo que implicara atraso o penuria. Pero Carlos Salinas, por medio de la demagogia, cerró los ojos a lo evidente, al México “profundo” de Guillermo Bonfil Batalla, a las graves contradicciones de un país como el nuestro con carencias y necesidades básicas insatisfechas que detonarán por ejemplo, en la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.¹⁰⁴⁴

De esta manera, en el salinismo, ser “moderno” implicó ser afín al modelo neoliberal y por ende, el discurso tecnocrático se convirtió en la enunciación característica de la clase política de principios de los noventa. En el esquema salinista de este entorno, los procesos de modernización fueron entendidos como la ejecución de decisiones, programas y planes que encauzarían al país a ese modelo ansiado llamado modernidad, meta que proponía el establecimiento de un proyecto de nación más abierto, sobre todo en el ámbito económico, y no tanto en el político.

Sin embargo, la modernidad salinista fue un proceso de transformación sui generis: se cambió de manera tajante la racionalidad económica pero se mantuvieron indemnes los viejos esquemas de dominación política (corporativismo, presidencialismo y partido de Estado) que incide en la percepción de la cultura política de la ciudadanía, por lo que la democracia, principal meta de la modernidad política, no solo no se alcanzó sino que en muchos sentidos sufrió un retroceso.¹⁰⁴⁵

En 1991, Salinas tuvo en las elecciones intermedias una gran oportunidad para legitimar su muy cuestionada investidura presidencial y no la desaprovechó. En este contexto, Salvador Nava participó nuevamente por la gubernatura potosina representando a una coalición inédita al aglutinar a partidos antagónicos: PAN, PRD y PDM en la Coalición Democrática Potosina (CDP). Este rasgo, la conciliación de intereses e ideologías en torno a su figura de candidato ciudadano, como una vía de insertar prácticas democráticas, será distintivo en Nava, quien se refería de la siguiente manera a este rasgo en su figura:

Nuestro primer objetivo es restablecer los fundamentos de una cultura política perdida durante los últimos años en San Luis Potosí: la participación civil, que debe entenderse como la necesidad de rescatar a los potosinos del ostracismo político en el que han permanecido durante los últimos regímenes priístas. No se trata de mantener ante la sociedad un compromiso de bienestar social sin antes asumir otro más importante que es el de respetarle su voluntad al momento de que asiste a las urnas. La coalición que me postula siente que fundamentalmente hay que democratizar al Estado.¹⁰⁴⁶

Para contender en contra del longevo y enfermo líder potosino, Salinas designó como candidato priísta a Fausto Zapata Loredo, quien, con un pasado muy cuestionado, se escudó en el dedo de su único líder, de su buena oratoria y de un discurso, si bien no exacerbadamente tecnocrático, sí leal al presidente. Hay que recordar que Zapata Loredo fungió como jefe de prensa del Presidente Luis Echeverría y en julio de 1976, fue partícipe de actos en contra de la libertad de expresión, como el golpe de estado al diario Excélsior, dirigido por Julio Scherer.

Debido a sus excesos en sus prácticas y discursos, Carlos Monsiváis caracteriza a Zapata como una especie de “Andy Warholl” de la política mexicana, de un espacio donde las prácticas antidemocráticas permanecen vigentes tanto en su sistema político como con sus representantes:

Fausto Zapata es el típico priísta de la transición entre lo que fue y lo que no será… Zapata se enorgullece de su cabal modernidad, es lector de The Nueva York Times, y está convencido de que en la era del fin de las ideologías la militancia priísta es la concesión de los modernos a las supersticiones antiguas. A él Salvador Nava le parece mera reliquia, un ser de la época en que la terquedad confería imagen frente al espejo, o algo así de anacrónico.¹⁰⁴⁷

En este panorama, las campañas transcurrieron en medio de una gran disparidad de recursos, mientras los priístas despilfarran recursos en bardas, carteles y objetos de propaganda, los navistas tienen que recurrir a kermeses, rifas y colectas para autofinanciar la campaña de su candidato. Asimismo, Fausto Zapata, que sólo se sabía importante si estaba al lado de alguien famoso, exhibió en su campaña retratos de su etapa echeverrista en los que aparece con líderes mundiales como Yasser Arafat, Fidel Castro, Mao Tse Tung, Richard Nixon o la Reina Isabel, los cuales son difundidos ampliamente en la televisión local como estrategia de campaña. Cito a José Escamilla, jefe de la campaña de Fausto Zapata, en 1991:

(Fotos con líderes mundiales) Eso se hizo como una presentación de su currículum. Para que los potosinos vean que su candidato se ha desarrollado a nivel internacional. Y que con mejor perspectiva ha visto los problemas de México. Una persona que nunca ha salido de su casa tiene menos posibilidades de arreglar los problemas.¹⁰⁴⁸

Nava, por su parte, con su estilo parco pero directo, al pronunciarse sobre el tema minimizó e hizo mofa de la estrategia de campaña de Fausto Zapata publicitando su imagen al lado de líderes internacionales de la siguiente manera:

Le voy a decir lo que la gente me ha dicho de esto: ¿Qué diantres tiene que ver la reina de Inglaterra con San Luis Potosí? Se debe trabajar aquí, con los nuestros... A nosotros nos interesan las realidades de este pueblo chiquito, qué hemos hecho por él, en qué trabajamos... Y no son palabras mías, sino que me han transmitido otras personas.¹⁰⁴⁹

Aunada al despilfarro de recursos y apoyada, en los medios de comunicación locales la estrategia priísta, que acabó por revertírsele a Zapata, consistió en subrayar valores afines al proyecto modernizador de Carlos Salinas y obviamente opuestos a los del líder potosino. En este entorno, en 1991, el otrora moderno Nava es percibido por su contendiente directo –y por prominentes priístas– como un político “viejito”, “anacrónico”, “antiguo”, “tradicional”, “proclive a la violencia”, que representaba el atraso y que frenaba al México moderno y progresista que privilegiaba el gobierno de Carlos Salinas.

Para ilustrar lo anterior señalo como ejemplo las declaración del presidente Salinas, en una gira por la entidad potosina en abril de 1991, en la que hizo una clara crítica hacia el dirigente opositor Salvador Nava y a su modo particular de aprehender la política: “El futuro se debe aprovechar; se debe ver con claridad que las oportunidades no están en el pasado sino en el mañana, en el futuro que estamos construyendo”.¹⁰⁵⁰

O ya al calor de la contienda electoral, el discurso virulento del candidato priísta por la gubernatura potosina, Fausto Zapata Loredo:

Ustedes deben de escoger entre una enciclopedia o un hombre que sabe resolver problemas. No pienso hacer del rencor una plataforma política ni de la obsesión del pasado un falso programa de gobierno… Ante una oposición intolerante, opondremos la razón; ante los exabruptos, la serenidad; ante la retórica amenazante, palabras claras y sentido común; ante la prepotencia moral de quien se cree dueño de la verdad, la capacidad de discernimiento y análisis.¹⁰⁵¹

En lo que a todas luces fue una estrategia muy bien montada por los gobiernos federal y estatal; ya ampliada por la prensa local afín al presidente y a su candidato, en términos literales, por el discurso agresivo y confrontador en contra del veterano candidato Salvador Nava, cito la siguiente declaración del entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio:

En la contienda electoral de San Luis Potosí se define el futuro político, social de la entidad. Pedimos una contienda que apele a la razón y no a la nostalgia; donde prevalezcan las ideas, los argumentos, pero no el insulto ni la descalificación personal, y mucho menos las añoranzas y las majaderías.¹⁰⁵²

El tono agresivo y de confrontación del propio Fausto Zapata se puede percibir en el siguiente fragmento de su discurso de cierre de campaña, en agosto de 1991, donde pronuncia un muy bien articulado pero muy demagógico discurso:

Esta es una asamblea de potosinos que mira hacia el futuro con Carlos Salinas de Gortari para construir un nuevo San Luis… El candidato de la oposición es un intolerante, sin ideas, amenazante… en seis largos meses de campaña es imposible encontrar una sola idea digna en el discurso de ese hombre. En su búsqueda obsesiva del poder, el candidato de la oposición se aparta de la civilidad y el respeto hacia las personas y las instituciones. Ataca y embiste en un discurso sin proyecto para el estado y sin ideas para sacar del atraso y de la pobreza a miles de familias. El pueblo respeta más al hombre sereno que al exaltado”.¹⁰⁵³ (Afirma un exaltado Zapata.)

Por su parte Nava, con enredados discursos y con deficiente oratoria contrarrestó, como pudo, la elaborada retórica de sus oponentes, principalmente con frases sencillas y directas, reivindicando la importancia de los valores éticos y morales en el espacio de lo público para que incidiera en un nuevo tipo de cultura política y, sobre todo, hizo uso del sentido común, una capacidad mental que Nava utiliza mejor que nadie y que por obvia o por cotidiana, históricamente se ha menospreciado.¹⁰⁵⁴ Cito algunos discursos del anciano oftalmólogo en distintos momentos de la campaña electoral y posterior a ella:

Ya me quieren enterrar, pero me siento sano. Ahora estoy perfectamente bien. Lo que sí es cierto es que no puedo romper mi acta de nacimiento… no voy a entrar a un circo ni a hacerla de saltimbanqui o trapecista. Voy a una campaña política. Para eso me siento bien.¹⁰⁵⁵

Tras los resultados electorales que no lo favorecen, el 19 de agosto de 1991, el doctor Salvador Nava ofrece una nutrida conferencia de prensa en la ciudad de México para denunciar el fraude electoral cometido un día antes, y en dicho foro denunció que la prácticas antidemocráticas que permean en todo el sistema político no ofrecen ninguna esperanza para limpiar un muy desaseado proceso electoral:

No nos presentaremos (al Comité Estatal Electoral) pues detrás del escritorio en que están sentadas esas autoridades, está el PRI con todos sus elementos. Si recurriéramos a ellas, como ha pasado siempre, nos negarían la razón y eso sería convalidar ante el pueblo que nosotros estamos en un error. No podemos, ni queremos, ni nunca lo haríamos, corromper a esas autoridades, de tal manera que no confiamos en ellas porque no tienen calidad moral.¹⁰⁵⁶

Tras más de un mes de permanentes movilizaciones de descontento de la oposición local en contra de los resultados electorales, Nava, viejo lobo de mar y conocedor hasta los espacios más recónditos de la cultura política mexicana muy dependiente del presidencialismo, realizó protestas más llamativas y con más peso simbólico, en términos de una moralidad que el galeno presumía como su mayor prenda (destaca su famosa Marcha por la dignidad y la democracia), terreno donde los gobiernos, federal y estatal no podían competir. Cito entonces un fragmento del discurso de Nava al ungirse como gobernador moral de los potosinos:

En la escala de valores de los potosinos, los valores de orgullo y vergüenza están por encima de los bienes materiales, que son los únicos que representa el hombre (Zapata) que usurpa la gubernatura de nuestro estado. El movimiento popular potosino es autónomo de cualquier partido político y sólo obedece las instrucciones que emanan del pueblo.¹⁰⁵⁷

Sin embargo, mucho más importante que su parca y sencilla palabra, estuvo la autoridad moral de Nava, entendida como la confianza y la credibilidad que le profesan sus seguidores. En este sentido, la conducta y la actitud de Nava en su larga trayectoria hablan por sí mismas. Por ello, en 1991, para contrarrestar los ataques permanentes de la prensa potosina Nava alentó a los medios de comunicación nacionales y a un sector importante de intelectuales a que tradujeran y redimensionaran la permanente apelación a los valores en la esfera política.¹⁰⁵⁸

El 18 de agosto de 1991, las elecciones son competidas y con graves irregularidades. Se anuncia como ganador de los comicios a Zapata y de inmediato, Nava, apela a la lucha simbólica valorativa que él representa y por medio de distintos actos de protesta y de resistencia civil –destaca la caminata de protesta hacia a la ciudad de México–, el navismo apresura a Salinas a destituir de su cargo a Zapata.

De esta manera, la confrontación abierta de Salvador Nava, a través de la apelación de la moral en un sistema carente de este atributo, si bien comenzó como una cruzada en pro de la apertura de todo un sistema renuente a la democratización, terminó (como antaño cuando Nava enfocó su lucha en contra del cacique Santos) personalizando su inconformidad en la figura menor de Fausto Zapata y no sobre todo un régimen autoritario y amoral como el encabezado por Carlos Salinas de Gortari.

Cultura política: ¿dos contextos un camino?

La cultura política mexicana prestigia la felicidad del modo opuesto:
lo importante no es lo que se ve, sino lo que se oculta
Juan Villoro

Quiero subrayar que el doctor Salvador Nava, si bien en sus inicios simpatizó con el PRI, al momento de sus ruptura definitiva con el régimen, con su discurso y conducta se opuso al discurso gubernamental, al advertir que en México no sólo son necesarias medidas económicas que impulsen el cambio, sino que éstas deben ir acompañadas forzosamente de su cariz político, situación que en nuestro país sólo se presenta en la verborrea de la clase gobernante que, cíclicamente, cada que hay un cambio de gobierno alude a nuevas prácticas políticas en términos de modificaciones de la estructura gubernamental, es decir, sólo de apariencia pero no de esencia.

Aunque los debates recientes acerca del cambio político anuncian que México está en un claro proceso de transición democrática o de modernidad política, existen elementos que nos hacen ser menos optimistas. La creencia y la insistencia de los últimos gobiernos de que se lleva a cabo una auténtica transformación en los espacios de representación política que empujarán la incierta transición en la que estamos, se desmorona al ser testigos de que la supuesta ruptura con las prácticas autoritarias de antaño no sólo no se han superado sino que ni siquiera se han confrontado.

La extensa lucha navista, por ejemplo, puso en evidencia que los cambios políticos de 1958 a 1991 no eran tan amplios y hablan más bien de la adaptación del sistema priísta a los nuevos tiempos pero conservando su carga de anacronismo. Creo entonces que la cultura política en México no es más que el reflejo de la constante lucha dialéctica entre los valores positivos y negativos insertos de una sociedad tan contradictoria como la nuestra y que se resiste a cambiar en el terreno de la esfera pública.

Siguiendo la propuesta del teórico alemán Max Weber, Nava mismo no se escapa de esta problemática puesto que su amplio liderazgo, mesiánico y caudillezco, forjado originalmente por su carisma, evoluciona de una autoridad de carácter legal (en las dos oportunidades en que el oftalmólogo es alcalde de la capital de San Luis Potosí) a una de tipo tradicional (como el líder indiscutible de la oposición potosina durante más de tres décadas), que lo arraiga entre sus simpatizantes pero que en términos de cultura política no alentó la formación de nuevos cuadros de un movimiento que por ello mismo desapareció.¹⁰⁵⁹

Con lo antes expuesto quiero remarcar que Salvador Nava se afianzó como un carismático caudillo cuando en la capital potosina, la debilidad organizativa y la necesidad de alguna forma de liderazgo efectivo prepararon el camino para la consolidación de un movimiento encabezado por un dirigente poderoso. Es decir, paradójicamente, el navismo, al mismo tiempo que forjó, en términos de cultura política, una oposición a los cacicazgos y al sistema priísta basada en una lucha ética–cívica, produjo su propia versión antidemocrática de poder personalizado en Nava.¹⁰⁶⁰

Una muestra clara de la peculiar relación de la coexistencia de las categoría, tradición y modernidad radica en que, en 1991, las demandas de Nava por la democratización del país no perdieron vigencia, y siguen como un reclamo histórico desde principios del siglo XX con Francisco I. Madero, precisamente en San Luis Potosí, hasta la fecha: el respeto al sufragio efectivo y a la perseverante lucha por el principal objetivo de la modernidad política: la democracia, en su sentido más amplio.

El propio Salvador Nava, en 1991, analizó esta serie de regularidades nocivas del sistema y de la cultura política que lo envuelve y que no terminan por superarse: “Hace treinta años luchamos contra el cacicazgo de una persona (Gonzalo N. Santos) pero ahora es contra el cacicazgo del sistema, del PRI”. De igual modo, la “modernidad” de la que tanto se ufanan los priístas es expliacda por Nava: “Antes sacaban pistolas y ahora sacan computadoras. El PRI es exactamente igual”.¹⁰⁶¹

Esta situación paradójica de aperturas que no llegan y de discursos amañados de priístas, creemos que no es aplicable a la figura y al discurso de Nava, quien a través de la búsqueda de un proyecto de país forjado en cimientos axiológicos, ajenos al sistema priísta, percibe que el tan ansiado acceso a la modernización del país no podrá alcanzarse nunca si el sistema no se abre y respeta el voto ciudadano. Citamos nuevamente a Granados Chapa:

El anacrónico Nava, nunca lo fue aunque en 1991 esa era la visión propagandística que le otorgan... Planteaba el ataque al statu quo, la destrucción del partido dominante en el país… Propugnar por la democracia electoral, era una posición moderna, si entendemos por modernidad o modernización la destrucción de las estructuras que impiden que la sociedad sea abierta, y en eso estaba empeñado el doctor Nava. En ese sentido, era tan moderno en el 58 como en 91 porque la estructura a la que oponía su capacidad de movilización era la misma… La modernización en el sentido estricto es pasar de un sistema cerrado a un sistema abierto y eso es lo que Nava proponía.¹⁰⁶²

De este modo, ya fuese en 1958, 1961, 1982 o 1991, en Nava está presente la necesidad de un proyecto de país ajeno a las prácticas antidemocráticas priístas y cimentado en la construcción de una nueva cultura política basada en los valores que ha desvirtuado la clase política mexicana Y ahí es donde encuentro uno de los principales méritos de este apacible médico de provincia, quien respaldado por una proba trayectoria como líder opositor, simbolizó esa batalla tenaz, y muchas veces dolorosa, en contra del régimen. Por lo tanto, el doctor Nava va a satisfacer su deseo de modernidad política a través de la construcción de un porvenir edificado en los valores y principios contrarios a un sistema como el priísta: abiertamente pragmático y amoral.

Nava, entonces, hizo de su representación de la modernidad política una tarea de ruptura con el régimen político prevaleciente. Su trayectoria política nació y creció con el auge del orden nacionalista revolucionario, por lo que en un principio estuvo muy identificado con el ideario de la Revolución Mexicana; sin embargo, la prácticas autoritarias y corruptas del régimen lo estimulan a rompe, definitivamente con el régimen, pero también Nava es un político (aunque él no se catalogaba así) que concuerda con muchos ciudadanos de hoy en día: Nava no se sintió representado ni por el partido oficial, pero tampoco por otras fuerzas partidistas.

Por este motivo, Nava centró su confianza en la participación de la amorfa sociedad potosina organizada en frentes ciudadanos y, viceversa, la sociedad potosina de la capital del estado manifestó también una abierta desconfianza hacia los partidos políticos, por lo que se entregó sin reservas a la figura mesiánica y mítica del galeno potosino. Lo que parece confirmar un rasgo de nuestra cultura política: México ha sido, es y seguirá siendo un país de caudillos.

En mi opinión, para Salvador Nava, las desigualdades y rezagos de México tienen como causa principal y directa el régimen autoritario al que siempre enfrentó. Nava entonces creía que la solución a estos agravios empezará abriendo al sistema a la modernidad política; es decir, a la instauración de la democracia electoral como primer paso. Es por eso que Nava anhela la construcción de un país inexistente, distinto y mejor de aquel en que vivió: un país apegado a valores, a principios necesarios en todo proyecto de carácter político.

En cambio, la cultura política que asimilan y reproducen los distintos adversarios del navismo es demagógica y antidemocrática. A través de la retórica artificiosa, los presidentes priístas y su círculo más cercano hacen creer a sus partidarios que si se actúa diferente en términos de la inserción de valores democráticos en una cultura política carente de estos atributos será benéfico para el país en el corto o mediano plazo y se estará construyendo un esquema de nación ajeno al pasado antidemocrático. Sin embargo, en 1991, en comparación a 1961, comprobé que, quizás con diferentes actores, con nuevas leyes electorales, con reformas políticas, con sucesivas crisis y enmiendas económicas y, con tres generaciones de por medio, los tramposos procedimientos de antaño que han permeado nuestra cultura política siguen vigentes e inhiben la participación ciudadana y la pluralidad de opciones políticas.

En este texto quise resaltar que, la permanente demanda de Nava Martínez por una nueva cultura política democrática (en teoría y praxis) tenía como objetivo la modernización política, entendida como toda forma de apertura y/o ruptura del autoritario, cerrado y sui generis sistema político mexicano. Con este análisis, además hice hincapié en el uso de conceptos que aluden al extenso campo de la cultura política caracterizado por el uso de significados ambiguos y diversos que se le otorgan. Y no sólo pensamos en los adversarios de Nava sino que, de manera general, ésta ha sido una práctica recurrente de los políticos mexicanos del siglo XIX a la fecha.

En este sentido, soy partidario de analizar a la cultura política no como una definición única y acabada, ni como un campo homogéneo, sino como la posibilidad de coexistencia entre tradiciones diversas y a veces contradictorias ya que la representación de la cultura política puede tener rasgos de rupturas con el pasado pero también de inercias y continuidades, cómo he querido mostrar en el presente ensayo con los protagonistas centrales del mismo: Salvador Nava y sus adversarios políticos.

Conclusiones

El presente trabajo tuvo como propósito principal debatir en torno a la compleja categoría de la cultura política, a partir de la participación que han tenido un movimiento social regional y su principal dirigente, quien desde la oposición política ha trabajado en la aprehensión y lectura de la categoría cultura política que remite a un conjunto de valores, actitudes, competencias y evaluaciones que los actores sociales tienen con respecto a la esfera del poder en términos de desafío, conflicto o de antagonismo.

Desde esta perspectiva, el campo de la cultura política adquiere una múltiple dimensión de análisis, que puede derivar en distintos tipos de enfoques, horizontes de enunciación e intencionalidades (política, social, económica, cultural, etcétera). Por lo tanto, la historiografía proporciona el instrumental metodológico adecuado para examinar con una mirada incluyente a la cultura política. Así, el presente trabajo ofrece un sentido práctico a la categoría de cultura política, a partir de las virtudes y contradicciones de un político bastante peculiar como Salvador Nava.

De esta manera, el análisis de la cultura política a través del movimiento navista y sus adversarios, me permitió explorar y reconstruir un tramo específico de la historia contemporánea de nuestro país y, por consecuencia, pude examinar nuestro pasado inmediato. Asimismo, a partir de la importante trayectoria del doctor Nava, como líder popular y símbolo de la oposición, profundicé en las características, aportes y contradicciones del dirigente opositor y, al hacerlo, de modo paralelo expuse los rasgos de un régimen y sus protagonistas que han seguido criminalizado la protesta pública y los esfuerzos de ciudadanos inconformes.

Con base en lo anterior, si bien la cultura política puede examinarse teóricamente, esta categoría también induce a la praxis, a la gestación de conductas individuales y colectivas a favor (o en contra) del tipo ideal que maneja la arena política: la democracia, pero ésta entendida en su sentido más amplio y no meramente reducida a la organización y gestación de procesos electorales confiables y creíbles.

Al final de cuentas, el acercamiento al tema de la cultura política resulta siempre provisional porque la construcción de este instrumento conceptual se encuentra en una etapa de aproximaciones y tanteos, de ensayos y modificaciones. La cultura política, entonces, puede asimilarse desde su parte concreta, es cierto, pero también desde su parte simbólica, lo que supone un proceso de configuración conceptual de la realidad. Hoy en día que se viven tiempos de violencia, inseguridad e incertidumbre, la política y la cultura que emanan de ella se modifican y se transforman; adquieren nuevas expresiones que redefinen tanto a los actores como a sus instituciones, sus discursos y sus prácticas, aunque arrastrando anacronismos muy difíciles de extirpar.

Así, los actores cobran nuevos protagonismos, el Estado adquiere otras definiciones y, por ende, surgen nuevas formas de hacer política, aunque con un marcado desencanto de la ciudadanía hacia la esfera pública, lo que ha desembocado en una grave crisis de representación de la ciudadanía hacia la esfera política y sus instituciones, y cada vez son más las personas que prefieren anular su voto, que seguir legitimando organismos partidistas corruptos e ineficaces.

En suma, este ensayo más que esbozar respuestas definitorias pretende motivar nuevas preguntas y alentar a la vez diferentes caminos que nos lleven a más reflexiones y debates, superando los lugares comunes y los estereotipos que en torno a la cultura política y sus diferentes expresiones y representaciones se han creado desde posturas maniqueas, que con frecuencia tienden a ubicar o calificar a ciertos personajes de la historia política contemporánea (como el propio Nava) sin preocuparse en advertir matices, ni en separarse de las conclusiones previsibles o de los juicios tajantes.

Debatir y aprehender a la cultura política como un sugerente campo de estudio del ejercicio del poder en sus múltiples dimensiones resulta muy relevante; por lo tanto, este trabajo no se asume como punto final de un debate que de ninguna manera se ha agotado, por el contrario, espero que esta propuesta estimule a seguir estableciendo diálogos y nuevas miradas al siempre ancho ámbito de la cultura política.

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Entrevistas

Manuel Nava Calvillo (19 de mayo 2002)
Concepción Calvillo, viuda de Nava (20 de mayo de 2002)
Miguel Ángel Granados Chapa (10 de julio de 2002)

Siglas y Acrónimos

ACP: Alianza Cívica Potosina.

CDP: Coalición Democrática Potosina.

CNOP: Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

FCP: Frente Cívico Potosino.

FRCP: Frente Reivindicador de la Ciudadanía Potosina.

ISSSTE: Instituto de Seguridad Social y Servicios para Trabajadores del Estado.

PAN: Partido Acción Nacional.

PCM: Partido Comunista Mexicano.

PDM: Partido Demócrata Mexicano.

PRD: Partido de la Revolución Democrática.

PRI: Partido Revolucionario Institucional.

SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

UASLP: Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

UNS: Unión Nacional Sinarquista.

29. Prácticas artísticas y culturales, política cultural y espacios públicos en el barrio de Moravia de Medellín, Colombia

Fernando Escobar Neira

Presentación

Las reflexiones que se plantearán a continuación hacen parte de la investigación realizada para obtener el título de maestro en geografía humana en El Colegio de Michoacán A.C. entre los años 2008 y 2010.¹⁰⁶³ Se pretende presentar y explicar algunas transformaciones que han señalado otras direcciones en las relaciones posibles entre ciudadanos y Estado, con el fin de evidenciar nuevas estrategias en el ejercicio del poder en un ordenamiento democrático bajo unas condiciones económicas y políticas específicas, precisando algunas particularidades de tales relaciones que también se han registrado en las últimas décadas en América Latina en el ámbito de la cultura.

Se presentarán tres casos de prácticas culturales y artísticas vinculadas a la producción de espacios públicos en el barrio Moravia de Medellín, Colombia, que tuvieron lugar después de 1984, momento del cierre del basurero a cielo abierto alrededor y sobre el cuál se construyó dicho barrio. La escogencia de estos tres casos de prácticas culturales y artísticas que han coadyuvado a la producción de espacios públicos a lo largo de los últimos años en el barrio, responden a un trabajo empírico en el que se pudo detectar su papel en la transformación social y en el cambio espacial del barrio, ya que favorecieron la definición de espacios para disfrute colectivo, el fortalecimiento de valores identitarios y la inclusión de los sectores más degradados de un barrio históricamente marginado de Medellín, con el soporte de una política cultural. Para esto se trabajará sobre tres aspectos centrales que articulan cada caso: la cultura, los espacios públicos y la política cultural.

Se hará referencia a algunos conceptos, nociones y, en general, problemas abordados en trabajos de distintos autores que conceden una importancia central a la cultura como una dimensión capaz de articular prácticas sociales y espacios públicos en las ciudades actuales. En este sentido, son reconocidos los alcances de las políticas culturales en el marco de los conflictos, acuerdos, la gobernanza democrática y las movilizaciones sociales frente a instituciones públicas y privadas en defensa de sus derechos –no sólo culturales– en microespacios de las ciudades latinoamericanas. El problema central que se examinará tiene que ver con la forma como son entendidos los espacios públicos de un barrio: se asumen como “algo” que pertenece “naturalmente” a la comunidad, esté organizada o no.

La principal dificultad que entraña asumir de esta manera los espacios públicos es que pueden quedar excluidas en su estudio las motivaciones y necesidades que llevaron a establecer cierto orden social especializado, que es lo que representa en última instancia un espacio público. Con la homogeneización de la categoría “espacio público” también se corre el riesgo de minimizar el conflicto inherente a una organización social, y por lo mismo, en la práctica puede estar abocada a desvirtuar cualquier acción encaminada a la impugnación de alguna regla impuesta por el grupo hegemónico, como en efecto ocurrió en Moravia cuando el orden fue establecido por algún grupo armado, al margen de la organización comunitaria del barrio. Por eso, para la explicación de los casos de prácticas culturales propuestos se empleó la categoría “espacios comunes” ya que acotó la escala, especificó el proceso y situó en un lugar mucho más reducido y factible de estudiar todos los asuntos habitualmente asociados con la categoría más general “espacio público”.¹⁰⁶⁴

Cultura

Se asume que la cultura no es una cualidad abstracta asociada a cierta condición de clase social, sino un entramado de relaciones entre actores sociales que tiene lugar en espacios concretos. En el diccionario de estudios culturales latinoamericanos que coordinan Mónica Szurmuk y Robert McKee Irwin,¹⁰⁶⁵ para definir cultura recogen posturas y marcos epistemológicos diversos, según los cuales, la cultura sería simultáneamente un medio para la negociación de conflictos sociales, el lugar mismo de tales conflictos y un mecanismo de poder que es disputado permanentemente por grupos sociales hegemónicos y subalternos, en tanto espacio-herramienta de intervención. Esta definición alude a algunos de los referentes teóricos que se emplearon para ubicar este trabajo, pero lo más importante es que ofrece un punto de apalancamiento que relaciona las prácticas culturales y el proceso de organización de una comunidad con el lugar de su propia cultura. Es decir, sirve para situar teóricamente desde una perspectiva interdisciplinar una serie de prácticas culturales que han tenido y tienen lugar en el barrio Moravia de Medellín.¹⁰⁶⁶

Expertos como Ana María Ochoa Gautier,¹⁰⁶⁷ George Yúdice,¹⁰⁶⁸ Eduardo Nivón¹⁰⁶⁹ y Jesús Martín-Barbero,¹⁰⁷⁰ entre otros, especifican algunos tipos de relaciones posibles entre sociedad y Estado, que han tenido lugar en los últimos tiempos en América Latina, evidenciando las distintas formas del ejercicio del poder en sus democracias y la complejización extrema de tal ejercicio. En lo que atañe a este trabajo, se intentará situar una serie de prácticas artísticas y culturales que tuvieron un papel significativo en la transformación social y espacial del barrio Moravia, que obviamente implican tal relación.

Las cuestiones que involucran las prácticas y políticas culturales, el papel de los medios masivos y de la tecnología en los procesos sociales contemporáneos, hoy son temas comunes en distintas investigaciones. En la actualidad se puede observar el rápido cambio de la significación de “lo cultural”, de su representación académica y su reconocimiento como un objeto de estudio importante, motivos por los cuales se han establecido nuevos campos disciplinares. Desde hace unos treinta años estos cambios en las prácticas culturales y sus significados han venido animando intensos debates académicos y fuertes pugnas por la representación política de la diferencia y la identidad. Igualmente, en los espacios de la vida cotidiana distintos grupos y movimientos sociales han encontrado lugar para sus respectivas agendas políticas movilizadas vía cultura.

En este orden de ideas, precisar un concepto de cultura y ampliar las implicaciones de su definición en cualquier investigación, proyecto de gestión o intervención, significa atender las características específicas de las relaciones que se establecen entre grupos sociales e individuos con respecto a sus instituciones, condiciones materiales y las representaciones que de sí han establecido históricamente. Por lo tanto, la pregunta por el vínculo entre prácticas culturales y la producción de espacios públicos hace necesario ofrecer algunos elementos del contexto específico de Colombia y Medellín.

Por otro lado, es en las ciudades en donde tienen lugar con mayor frecuencia nuevas experiencias del espacio público relacionadas con el acceso y circulación de numerosos dispositivos tecnológicos. Entre los principales efectos de tal condición están las experiencias y conductas surgidas de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Hoy, además de las diferencias por condición de clase, etnia, edad, filiación política, preferencias sexuales, la música que escuchan o el vestuario que usan y que asignan a cada habitante de la ciudad una determinada ubicación sociocultural, también es posible distinguirlos por medio de los dispositivos con los que marcan y usan el espacio de la calle.

El entramado de productos, prácticas, lugares, discursos y agendas políticas presentes en el consumo cotidiano de productos populares como la música, el vestuario o la comida, más que afirmar el señalamiento hecho muchos años atrás por Raymond Williams, en el sentido de que la cultura es ordinaria, reitera que la cultura es un espacio de construcción colectiva, heterogéneo y para nada armónico, en la que “los diálogos, conflictos y negociaciones culturales ocurren en topografías glocales donde se enfrentan y negocian de manera compleja lo hegemónico y lo subalterno, lo nacional y lo extranjero, lo canónico y lo popular”.¹⁰⁷¹ Las topografías glocales a las que alude el autor son resultantes de una situación de rasgos espaciales, sociales y culturales específicos en articulación problemática con los flujos desterritorializados y ubicuos propios de la globalización.

En Colombia, la rápida transformación de las llamadas músicas “locales”, “populares” o “tradicionales” no ha estado exenta de polémica. A propósito, Ana María Ochoa dice: “el término ‘músicas locales’ lo empleo para nombrar músicas que en algún momento histórico estuvieron claramente asociadas a un territorio y a un grupo cultural o grupos culturales específicos –aun cuando la territorialización no haya sido necesariamente contenida en sus fronteras, y en las cuales esa territorialización original sigue jugando un papel en la definición genérica–”.¹⁰⁷² Así, los elementos que participan en la producción, circulación y apropiación de las músicas locales han replanteado las relaciones entre lugar de origen, el sujeto que las produce, el sujeto que las consume y la trama de significados implicados en su circulación.¹⁰⁷³

Los cambios señalados resultan de la transformación del modo de producción musical, de los nuevos circuitos de consumo que han aparecido a través de sitios web como youtube o myspace, y por supuesto, de las políticas culturales implementadas simultáneamente. También, si se comparan los costos actuales con los registrados hace veinte años en la producción y grabación musical, se observa una significativa reducción por cuenta de la “democratización” en el acceso y uso de nuevas tecnologías, lo que a su vez ha alentado un intercambio mucho más intenso, efectivo y masivo de tecnologías, productos e información, reproduciendo saberes sociales a una velocidad y escala jamás vistas. Por otro lado, la incontrolable piratería de software permite el uso de sofisticados programas para composición y edición musicales. Si a lo anterior se suma la aparición de software gratuito para edición de audio asociados a iniciativas globales de copy left que apuntan a una participación masiva en la esfera pública de todos los ciudadanos, las opciones reales que existen para hacer música se multiplican casi al infinito, comparadas a las que tuvieron en sus manos los ciudadanos de hace apenas quince años. Esta caracterización tan general del fenómeno de las músicas locales en Colombia bien se puede aplicar a otras prácticas dentro del campo cultural de los países latinoamericanos.

Para cerrar este punto, puede ser útil precisar la definición de “campo cultural”, empleando para ello una descripción de “campo” coincidente con lo planteado por Bourdieu, que sintetizan Szurmuk e Irwin:

La idea de campo permite estudiar ya no sólo las dinámicas de la cultura como bien de la élite, sino las dinámicas de las diferentes culturas que disputan la hegemonía. (…) Por ello, un campo es siempre un espacio de lucha por la dominación que genera estrategias de conservación, resistencia, subversión. La dominación, de acuerdo al habitus y al capital, no tiene una sola dirección y los actores tienen diferentes posiciones de acuerdo a la estructura que se analice.¹⁰⁷⁴

Agentes e instituciones del campo cultural en Colombia

La indagación en las prácticas culturales que coproducen un determinado campo cultural permite abordar distintas expresiones sociales que, animadas por reivindicaciones diversas,¹⁰⁷⁵ pueden converger en artefactos culturales transformadores de la ciudad.¹⁰⁷⁶ Al observar distintas prácticas culturales que han tenido lugar en Bogotá y Medellín en los últimos diez años, se hace evidente que sus estrategias responden simultáneamente a dinámicas y flujos de escala global, nacional y local: las incuestionables transformaciones lideradas por los más recientes gobiernos de las ciudades, que han alterado radicalmente su forma y paisaje urbanos, han sido posibles gracias a la participación de la ciudadanía en los procesos reales de transformación social y cultural; a una priorización de lo público como efecto de distintos discursos de amplia circulación social; y sobre todo, a su traducción en políticas públicas que no siempre han tenido efectos positivos.

Los ciudadanos reconocen y valoran las grandes intervenciones urbanas que han construido o renovado conjuntos de viviendas, parques, paseos peatonales, vías vehiculares y plazas. También valoran y reconocen las actuaciones de grupos minoritarios, como los grupos de hip hoppers, punkeros y metaleros que suenan en esas ciudades, o las agrupaciones culturales cuyos miembros identificados con alguna etnia, por ejemplo, participan activamente en fiestas y carnavales barriales. Todo lo anterior señala la importancia de las prácticas culturales en la transformación socio-espacial de la ciudad, específicamente en sus micro-espacios, es decir, en algunas de sus cuadras, colonias y delegaciones, o barrios y comunas en el caso de Medellín. Las consecuencias en este caso son diversas: el fortalecimiento de la gobernanza democrática, el avance en el ejercicio real de la ciudadanía, el afianzamiento de las identidades a través de la representación de la diferencia cultural, y a la vez, la estetización de la política.

Los asuntos asociados a la relación Estado y cultura en Colombia y la compleja red de relaciones que surgen de allí se han multiplicado, y más aún, cuando se ha establecido un discurso que pretende emplear la cultura como herramienta para la consecución de la paz.¹⁰⁷⁷ Ha sido problemático referirse en esos términos a “la paz” pues insinúa que la violencia es algo sobrenatural que por mala suerte se estableció en el país, ocultando las condiciones estructurales que indican que la violencia actual es resultado de un proceso histórico de acumulación de desigualdades sociales y excesos contra desposeídos, indígenas, mujeres y afrocolombianos, entre otros.

En esta situación y con la intención de garantizar el desarrollo sociocultural general y la redistribución de los recursos y servicios culturales entre toda la población, el Estado colombiano estableció el Sistema Nacional de Cultura, que es un entramado de instancias, conductos regulares y procedimientos encaminados al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones culturales existentes y a la generación de organizaciones sociales que garanticen la participación de la población en la planeación, evaluación, seguimiento, puesta en marcha y ajustes de las políticas culturales del país. La Constitución Política de 1991 reconstruyó el deber ser del Estado desde la cultura, y por decirlo de algún modo, le dio juego a la sociedad civil organizada alrededor de la cultura.

El caso paradigmático de esta apuesta y de la importante tarea de establecimiento de políticas culturales públicas es Bogotá D.C. En el documento Políticas Culturales Distritales 2004-2016,¹⁰⁷⁸ la Alcaldía Mayor de Bogotá pone de relieve las transformaciones del paisaje urbano de la capital del país desde la segunda mitad de la década de los noventa:

En la última década, la cultura ha jugado un papel preponderante en la transformación social y política que vive la ciudad mediante la creación y fortalecimiento de vínculos asociativos, la participación cívica, el desarrollo de la confianza en las instituciones, la solidaridad, el libre ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos y la interlocución entre ciudadanos y entre éstos y el Estado. Esta percepción de la cultura como eje estructurante de la vida social se expresa en los logros alcanzados en lo que respecta al mayor acatamiento de las normas básicas de convivencia, al mejoramiento de la seguridad y al orgullo que hoy sienten numerosas personas por su ciudad.¹⁰⁷⁹

En el caso de Medellín, tareas similares a las que realiza en la actualidad la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte en Bogotá D.C., están a cargo de la Secretaria de Cultura Ciudadana. Para cumplir objetivos tales como la ejecución de las políticas de cultura ciudadana, la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Cultural de la ciudad, se le ha conferido por parte del gobierno local un papel central a la educación ciudadana, pues se supone que fortalece la convivencia en la ciudad y establece algunas de las estrategias para articular las acciones y participaciones de distintas instituciones que logren integrar productivamente lo público con lo privado. En Bogotá D.C. y Medellín, sus políticas de cultura han superado el ámbito de lo artístico, no sólo por haber logrado traducir las necesidades más variadas de cada ciudad, sino por su articulación a políticas culturales y de gestión de organismos multilaterales como la UNESCO, y, por haber conseguido el acompañamiento de otras entidades públicas y privadas que trabajan sobre el arte y la cultura en otras ciudades y países.

Desde cierta óptica todo ha redundado en el aumento del número y tipo de agentes culturales, que asociados o no a organizaciones de base social, pertenecientes o no a instituciones educativas, miembros o no de iniciativas privadas de gestión cultural, entran en diálogo permanente con funcionarios públicos e investigadores adscritos a instituciones académicas públicas y privadas. Es obvio que tales contactos no son necesariamente fluidos o positivos. Por el contrario, suelen ser conflictivos en la medida en que cada vez son más las esferas sociales que reclaman políticas culturales como plataforma básica para legitimar la lucha por sus derechos y también para redefinir “las fronteras de su campo de acción cotidiano”.¹⁰⁸⁰ A todo esto hay que agregarle la agudización del conflicto interno armado y las inevitables preguntas sobre la relación entre cultura y violencia.

Las fracturas y condiciones de posibilidad de agentes, instituciones y sociedad en general, hacen que se tengan que reordenar constantemente las dimensiones de creación, circulación, formación, apropiación e investigación de las prácticas artísticas.¹⁰⁸¹ Un efecto inmediato de esta circunstancia es la multiplicación de los significados y alcances del uso del término-herramienta-lugar “cultura”, lo que hace que constantemente estalle su sentido. Esta realidad es la explicación más elemental para la necesidad y existencia de una política cultural pública como eje articulador de planes, prácticas, instituciones, agentes de los campos culturales de Bogotá D.C. y Medellín.

Las políticas culturales

Definir con precisión lo que es una política cultural puede ser una tarea interminable. Según Lucina Jiménez, en la introducción que hace al libro de Eduardo Nivón que aborda este tema,¹⁰⁸² en un país como México, con una larga tradición de políticas culturales, la bibliografía con la que se cuenta al respecto es reducida. Y le parece curioso pues durante los últimos años han aparecido varios espacios académicos de formación en gestión cultural en donde el tema de las políticas culturales se supone es central. Comparativamente, en Colombia, sin ser radicalmente distinta la situación en términos de número de publicaciones e investigaciones al respecto, si hay mayor producción de trabajos sobre esta problemática que circulan en distintas franjas sociales y que sirven de referencia para el desarrollo de instituciones y organizaciones culturales públicas y privadas en sus principales ciudades. También considera que el fenómeno de la globalización ha alterado las lógicas locales y las políticas sobre todos los ámbitos de la actividad humana, dentro de las que se encontraría obviamente la cultura, y por lo tanto deberían existir muchos trabajos al respecto. Según ella, la academia está en espera de actualizar su conocimiento, sistematizar su experiencia al respecto e integrar la dimensión administrativa que implican semejantes transformaciones.

Nivón coincide con Jiménez y amplía un poco más la incidencia de políticas emitidas por órganos multilaterales como la UNESCO en la concertación de políticas públicas. Identificar la cultura con los valores, prácticas y representaciones presentes en toda activad humana implica necesariamente al enfoque desde el cuál se define tal cultura, que perfila lo que se pueda afirmar sobre su práctica y su política. La cultura es para Nivón “la totalidad de la experiencia aprendida por una comunidad, sus convenciones y valores tanto económicos y productivos como jurídicos, políticos y religiosos; morales, familiares, tecnológicos, científicos y estéticos”.¹⁰⁸³ Esta definición recoge la noción de la cultura en tanto derecho humano, acordada en la Conferencia de la UNESCO de 1950, y la definición del mismo organismo que ha permanecido más o menos inalterada desde la declaración de México de 1982, que establece la no existencia de un significado totalizador, homogeneizador o estabilizador de un “mejor” sentido de una política cultural. Estas precisiones se integran más fácilmente a las sociedades actuales y a la centralidad que ha adquirido la producción y defensa de los espacios públicos, por ejemplo.

Se puede convenir en que para estudiar problemas relativos a las prácticas y políticas culturales no se puede observar sólo el papel del Estado en las políticas y prácticas, porque la vida cotidiana queda fuera. Del mismo modo, no se puede atender sólo a las prácticas artísticas porque quedan fuera otras prácticas igualmente significativas que arrojan registros novedosos sobre las comunidades que las practican. Todo esto ha conducido de forma gradual a lo que Ochoa denomina “la ciudadanización de la cultura o la culturalización de la ciudadanía”.¹⁰⁸⁴ A este respecto, y mas allá de considerarla una intromisión que reduce el papel del Estado, la labor de la UNESCO ha sido fundamental para la democratización de la cultura, y más si se reconocen los aportes previos que hizo a la democracia de países que de otro modo no hubieran podido precisar qué hacer frente a los acelerados cambios sociales, políticos y económicos que ha enfrentado el mundo desde el fin de la segunda guerra mundial.

En la actualidad, consecuencias de este redimensionamiento del arte y la cultura se advierten en Bogotá y Medellín, ciudades en las que si bien es cierto que han surgido más agentes dentro del campo cultural, también se registra una diversidad y cantidad inédita de ofertas culturales, pero al mismo tiempo que se ha profundizado la desigualdad social, la marginación socio-espacial y se sigue dificultando el diálogo intercultural. En vista de todas las experiencias acumuladas hasta este momento, tal vez sea imperioso lo que propone el artista Marcelo Expósito para hacerle contrapeso a esta situación: “Dejar de considerar la actividad artística y cultural como una excepción en el ámbito de las relaciones sociales y de producción, para poder pensar las formas de acción que desde el campo de la producción cultural apuesten por una reorganización crítica del trabajo y de la producción de los bienes comunes”.¹⁰⁸⁵

Los países de América Latina presentan procesos sociopolíticos diferenciados entre sí aunque se puede aceptar la hipótesis de que comparten problemas similares: desigualdad, pobreza, debilidad institucional, corrupción, dependencia económica y subordinación política a los países centrales, entre otros. Nivón supone una tendencia en el subcontinente registrada durante los últimos veinte años: el proceso de democratización y de búsqueda de otras estrategias de convivencia e inclusión social por parte de las distintas naciones.¹⁰⁸⁶ Sin embargo, las estrategias empleadas por las comunidades urbanas para lograr su inclusión y reconocimiento sociales tienden a escenificar y exagerar sus propios rasgos culturales, como la identidad.

Precisando lo anterior, Yúdice afirma que “hay que ponerse las plumas, por así decir, para ser reconocidos y representados en las instituciones garantizadoras de ciudadanía”.¹⁰⁸⁷ Las evidencias le dan la razón a Yúdice. Las consecuencias y nuevas problemáticas surgidas al asumir y “performar” tal exageración identitaria son casi inmediatas. Por ejemplo, la homogeneización de grandes franjas de población joven que por vivir en determinado sector de Medellín, por vestirse de determinada manera, son tachados de delincuentes en potencia, vagos, o sujetos peligrosos por parte de muchos habitantes, autoridades cívicas y de policía de la ciudad.

A pesar de que algunas políticas culturales emanadas de instituciones gubernamentales tienden a homogeneizar y banalizar grupos y prácticas culturales y artísticas, no dan por sentado que la cultura no juegue un papel importante en la interacción entre las identidades en conflicto, entre los valores culturales en disputa. Lo que sí se puede señalar es que la cultura aislada en su propio campo no juega un papel definitivo porque requiere de articulaciones estratégicas y permanentes con procesos políticos, económicos y sociales. Como asevera Ochoa,¹⁰⁸⁸ “la cultura, por sí sola, no soluciona todo el marco de reconstrucción de lo social” que en un país como Colombia es una tarea inabarcable, aunque también sea acertada la afirmación de Yúdice al insistir en que la cultura “sustituye a la política donde ésta carece de eficacia o aplicabilidad”.¹⁰⁸⁹

Para concluir este punto, sirva establecer la definición de política cultural que ofrece Arturo Escobar, que para el propósito de esta ponencia es útil para ubicar en una posición distinta prácticas culturales que de otra manera ni siquiera serían consideradas:

La noción de política cultural asume que los significados y las prácticas culturales –en particular aquellas teorizadas como marginales, de oposición, minoritarias, residuales, emergentes, alternativas, disidentes y similares, todas ellas concebidas respecto a un orden cultural dominante– son fuente de procesos que podrían considerarse políticos.¹⁰⁹⁰

La organización artística y cultural en Medellín

Las dos últimas décadas han testificado el establecimiento de escenarios de resistencia a la implementación global de políticas neoliberales en varios lugares de las grandes ciudades y del campo colombianos, pues se ha hecho cada vez más evidente que tales políticas que se implementaron para “reactivar” la economía local terminaron por erosionar las garantías laborales de muchos trabajadores a lo largo y ancho del planeta. Estos escenarios han ofrecido soluciones de sostenimiento económico a muchas familias en la producción cultural a pesar de los bajos presupuestos oficiales para la cultura y las artes, el efecto del narcotráfico en la economía nacional y unas cuestionables políticas al respecto como el Plan Decenal de Cultura 2001-2010: “Hacia una ciudadanía democrática y cultural, un plan colectivo desde y para un país plural”.

Medellín, por las características de su gobierno, la innegable influencia del narcotráfico en su proceso sociopolítico reciente, la acción constante de distintas violencias y otros procesos asociados como el desplazamiento forzado de población, revela un proceso en extremo complejo. Una de sus particularidades es que ha mantenido las expectativas puestas en las políticas culturales a lo largo de las últimas dos décadas en la búsqueda de la paz. Ser reconocida en algún momento como la ciudad más violenta del planeta obligó a que los planes e iniciativas puestos en marcha por distintas instituciones públicas y privadas implementaran un lenguaje común sobre la violencia, la cultura de la paz y el valor de la vida que la mayoría de sus habitantes continúan reproduciendo hasta hoy.

La transformación experimentada por Medellín desde hace casi una década es el resultado en buena medida de la puesta en marcha de una política cultural que ha promovido la participación y apropiación de la ciudad por parte de sus habitantes. Para lograrlo fue necesario un aparataje cultural que diera coherencia y significara las formas de relación y control social. De este modo la cultura se reveló como el campo de batalla más complejo en donde se han podido escenificar todas las diferencias y poderes en pugna en la sociedad medellinense.

Los reclamos en contra de la exclusividad propia de la práctica y disfrute del arte en general, de su valor político en términos de la democracia contemporánea y de la participación activa en la vida social de las ciudades, han empezado a disolver aceleradamente las fronteras existentes entre “lo artístico” y “lo social”, no exentos de dificultades y contradicciones, propios del contexto de Medellín. Durante la última década se acrecentaron los casos de experiencias exitosas, resultado de la implementación de unas políticas culturales adecuadas, de una importante participación ciudadana, de una gestión cada vez más profesional y de una serie de acompañamientos internacionales que coadyuvaron en la implementación y ajuste constante de unas políticas culturales públicas sobre educación, niñez, juventud, derechos de las mujeres, etcétera.

Casos de prácticas culturales de producción de espacios públicos / comunes

Los casos que se presentarán en este último apartado están a cargo no sólo de artistas y gestores culturales sino de organizaciones culturales y de habitantes de Moravia, cuyo rasgo común es la micro-escala de sus acciones. A lo largo del texto se han expuesto algunas de sus características y de sus contextos nacional, metropolitano, local e institucional. En este último punto se harán descripciones relativas a su condición de productoras o activadoras de espacios comunes a partir de datos recolectados a través del trabajo de campo y la revisión de investigaciones recientes que dan cuenta de proyectos culturales recientes puestos en marcha en América Latina cuyo objetivo último es la transformación del lugar en donde ocurren y de las condiciones de vida de quienes participan en ellos.

Si se comparan estos tres casos con ejemplos de experiencias latinoamericanas en Argentina o Brasil, puede que las producciones culturales que se presentarán no resulten extraordinarias ni novedosas en sí mismas. Pero sí pueden llegar a ser novedosas en términos de las estrategias empleadas en su práctica, de su efectividad y la transversalidad de la política cultural que las posibilita y legitima, y de su vínculo con el lugar, que es el que en última instancia, dimensiona su impacto e importancia.

Tres casos de prácticas culturales y artísticas

El Hip Hop de Moravia

El Hip Hop es la cultura musical juvenil de mayor presencia y desarrollo en los últimos años en el barrio y en general en la ciudad, que surge y se relaciona con la violencia que ha marcado a Medellín ininterrumpidamente desde la década de los 80, que ha fracturado en numerosos “territorios del miedo” prácticamente toda la ciudad. Esta música se ha venido consolidando como un vehículo efectivo para la elaboración de afectividades colectivas y para reproducir sus propias representaciones y sentidos de la espacialidad urbana.¹⁰⁹¹ Los cada vez más numerosos grupos de hip hop que hacen presencia en Moravia y otros barrios de la periferia medellinense, hoy son reconocidos y apoyados por el gobierno de la ciudad y son respetados, en términos muy generales, por los jóvenes miembros de pandillas y combos.

Para sus practicantes, el hip hop ha significado un ejercicio de ciudadanía y se ha convertido en una herramienta fundamental para su visibilización como actores importantes de la comuna y de la ciudad. Han fortalecido su ciudadanía cultural, es decir, aquella ciudadanía, que según explica Roxana Morduchowicz, “se define por la articulación del derecho a la organización, a la expresión y el derecho a la participación, a partir de pertenencias y anclajes culturales”.¹⁰⁹² Si en las décadas anteriores la lucha de los hip hoppers había sido por su visibilidad y el respeto de su vida, a comienzos del siglo XXI la lucha se ha concentrado en obtener el reconocimiento como artistas y todo lo que eso podría implicar en términos de acceso a la infraestructura instalada de la ciudad, recursos públicos y prestigio social.

Esa condición contradictoria de la práctica cultural encarna una nueva relación histórica entre la institución arte –en manos de especialistas y profesionales– y lo que el establecimiento cultural denomina “popular” –en manos de franjas sociales heterogéneas asociadas por medio de representaciones hegemónicas a lo bajo, lo vulgar, lo excesivo, lo masivo, lo informal–. Algunos de estos artistas en equipo con gestores culturales han conformado uniones temporales para acceder a recursos ofrecidos en concurso por la Alcaldía de Medellín. Estos recursos sumados a la organización y circuitos establecidos por los hip hoppers han fortalecido el trabajo comunitario y la construcción de espacios de encuentro permanente entre la comunidad hip hop y los habitantes del barrio y de la ciudad.

Los hip hoppers entendieron que no bastaba con marcar muros del barrio con graffitis y tags mientras se escucha música a alto volumen en alguna esquina. Han aportado en la construcción de lo público y establecido un discurso identitario de juventud y participación en la construcción de la ciudad, lo cual ofrece opciones de vida a los jóvenes del barrio.

Las jornadas de Paz y Dignidad¹⁰⁹³

Esta iniciativa es liderada por Paola Rincón, una artista de la ciudad que ha logrado vincular a las familias indígenas que viven en la Comuna 4-Aranjuez, las cuales llegaron desplazadas a la ciudad por la situación de violencia en los campos en general y en los territorios de ciertos resguardos indígenas en particular.¹⁰⁹⁴ La importancia de esta iniciativa radica en varios puntos. El primero es la paradoja representada por una incipiente organización indígena en un ambiente urbano que hace aún más frágil la sobrevivencia de sus costumbres y tradiciones ancestrales. El segundo, la precaria integración de la comunidad indígena a las dinámicas barriales se dificulta por la forma de gobierno autónomo que posee en tanto minoría étnica con respecto al gobierno de la ciudad, pues su gobierno representado por la autoridad indígena del Cabildo Chibcariwak es invisible para la gran mayoría de los habitantes de Medellín. Y el tercero, el rescate y fortalecimiento de tradiciones ancestrales a las que los niños y jóvenes de esta comunidad acceden a través de pequeñas pero sostenidas acciones artístico-culturales en el barrio y la comuna.

El reconocimiento de las minorías étnicas en Colombia como sujetos de derechos no ha sido fácil. Entre los obstáculos que han dificultado diferenciar su situación de adversidad con respecto al resto de la sociedad está la acción de la violencia que con mayor intensidad ha afectado los territorios de indígenas y afrodescendientes desde finales de los años setenta, ejercidas por colonos y multinacionales interesadas en la explotación de los recursos naturales descubiertos en sus territorios. A estos factores de la violencia hay que sumar la ejercida por el propio Estado, históricamente, a través de sus políticas de seguridad, agrarias y mineras, e indirectamente por medio de la acción de algunos de sus agentes armados asociados a grupos paramilitares y actores políticos con influencia local.¹⁰⁹⁵

Como si fuera poco, el reconocimiento cultural de los indígenas en condición de desplazamiento forzado que tuvieron que abandonar sus territorios ancestrales cesa por completo. Esa es más o menos la lógica que aplica la OIA (Organización Indígena de Antioquia), institución para la que los indígenas que deciden salvar sus vidas estableciéndose para ello en la ciudad, ya no son indígenas y pierden su representación cultural: la OIA reconoce al indígena en su territorio, fuera de él no, afirman algunos activistas pro-indígenas de Medellín. En la actualidad hay varias familias viviendo en distintos sectores de Moravia que se sienten marginadas e ignoradas por las distintas organizaciones civiles e instituciones que trabajan en el barrio. En estas condiciones su adaptación al contexto ha hecho que incluso los niños indígenas no aprendan su propia lengua para evitar burlas en las escuelas a las que asisten, o simplemente, para no sentirse marginados del resto de estudiantes. Por motivos similares los más jóvenes evitan usar prendas que los distingan como indígenas.

Por eso la propuesta de Rincón, en sus tres capítulos, ha intentado enfrentar tal marginación y exclusión. En 2008 y 2010 propuso una marcha que partió del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia –CDCM– y llegó al Resguardo Indígena Karmata Rua, en Jardín; un municipio ubicado a 138 kilómetros al suroeste de Medellín. Los objetivos de esta Jornada eran obtener un lugar dentro del CDCM para la apropiación de espacios culturales dentro de la comuna y el barrio que los beneficiara directamente; y también, garantizar un bienestar integral para la comunidad expresado en la restitución del vínculo con sus saberes ancestrales y una correspondencia con las autoridades indígenas.

La iniciativa de Rincón y la participación de la comunidad indígena de Moravia y de la unidad administrativa en la que se inscribe, es decir, la Comuna 4-Aranjuez, son un intento por resistir la subordinación que históricamente se les ha impuesto, o al menos reconfigurar las relaciones de poder que han marcado la convivencia de indígenas y mestizos en el país. Por lo mismo buscan acceder a sus derechos culturales de tal suerte que puedan entablar otras formas de relación con la administración y la sociedad de la ciudad y conseguir acuerdos desde la diferencia y no desde la homogeneidad que supuso en algún momento el gobierno local a los moravitas en lo que a intervenciones urbanas se refiere.

El juego de las locas

Muchas prácticas culturales en manos de miembros de la comunidad del barrio les han sido útiles para compartir saberes, expresarse, situarse y organizarse frente a su propia realidad, una realidad compartida con otros en sus dificultades más obvias, como la pobreza, la exclusión, la violencia y el miedo. Entre las iniciativas más llamativas que han surgido en el barrio, e incluso en la ciudad, aparece un juego de fútbol conocido por algunos en los sectores Chocó Chiquito y el Oasis como el “juego de las locas”. El partido se realiza cada 31 de octubre desde hace varios años como símbolo de renovación de un pacto de no agresión entre los jóvenes –sobre todo afrodescendientes– que viven o vivieron en esos dos sectores de Moravia. Más que un evento deportivo siempre ha sido una gran celebración en la que participa buena parte de la comunidad que de una u otra manera se vio afectada por los episodios de violencia entre los jóvenes del sector por cuenta del control territorial que ejercían.

Para el juego, estos muchachos, y quienes los suceden hoy, generacionalmente, saltan a la cancha travestidos, empleando maquillaje y accesorios diseñados o prestados por sus novias, esposas, madres, hermanas o tías. Salen a jugar cada año un partido de fútbol mientras son animados por las barras respectivas que bailan en las gradas mientras suena la música en grandes equipos de sonido, convirtiendo el escenario deportivo en una gran fiesta.¹⁰⁹⁶ Estas prácticas, enmarcadas por lo general en la categoría cultura popular, fortalecen a las comunidades no sólo en términos políticos para mantener cierta cohesión frente a las ya cotidianas negociaciones entre la administración de la ciudad y los habitantes del barrio, sino también en términos identitarios, lo que mitiga de algún modo el alto riesgo que ha sido vivir allí. En esta dirección, el Grupo Memoria y Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana señala lo siguiente:

A este sentido de inminencia, emergencia, calamidad declarado por el Estado los habitantes del Morro contraponen su larga historia de vida en ese territorio, es tal vez por esto que muchos desconocen la caracterización del “alto riesgo”; planteando incluso que el alto riesgo es algo del pasado, una forma de vida que experimentaron en los comienzos del barrio cuando debían compartir el sector con animales de todo tipo y pelearse con ellos, literalmente, la basura para subsistir. Es así como los habitantes de El Morro plantean que ese territorio hoy está “domado”, construido y habitable gracias a su propio trabajo y no comparten esa situación de riesgo inminente expuesta por el Estado.¹⁰⁹⁷

Conclusiones

–Después de toda esta exposición, queda en evidencia la imposibilidad de homogeneizar o fijar siquiera la noción de espacio público urbano, pues si bien se reconoce que ese espacio está dotado de dimensiones complejas como la cultural, la política y la ciudadana, también es cierto que el espacio público no es algo que pertenezca “naturalmente” a una comunidad.

–La institucionalización de los espacios públicos se ha inclinado por minimizar los conflictos al interior de Moravia, reduciendo la capacidad de impugnación y del accionar de la comunidad organizada. Es más, queda la sensación de que la organización social que sirvió a la transformación del barrio fue disuelta con la última gran intervención en su espacio físico por parte del gobierno de Medellín.

–En cuanto a los espacios comunes en Moravia, se puede afirmar que surgen de la intersección de las relaciones entre actores sociales y su capacidad de gestión, las instituciones públicas y privadas y la mermada capacidad del gobierno para controlar el territorio del barrio y la ciudad, debido en parte, –pero no solamente–, a los efectos globales del tráfico de drogas y armas.

–Las relaciones asimétricas de poder entre los distintos actores e instituciones a lo largo del proceso social de Moravia hacen visibles distintos tipos de gobernanza (de tipo militar, económica y cultural) que se superponen unas a otras, y que en términos generales no se pueden explicar si no es por las múltiples facetas del conflicto armado interno que se vive en Colombia.

–La gobernanza cultural que opera en sectores específicos de Medellín, además de fortalecer lo público desde la participación ciudadana, ha redundado en la fijación de políticas públicas, la emergencia de nuevos actores sociales, la implementación de otras formas de organización social y de reactivación económica. Los distintos ejemplos de prácticas culturales presentados comparten la tarea de fortalecimiento del sentido y alcance de lo público en el barrio. Se traducen en un ejercicio claro y conciente de derechos civiles, políticos, sociales y económicos no sólo de los practicantes, sino de la ciudadanía en general. En este contexto, tales prácticas culturales han servido como herramientas de gestión muy importantes para la consecución de recursos de todo tipo y la resolución de conflictos en el barrio, la comuna y la ciudad.

–Las transformaciones directas promovidas por las prácticas culturales en Moravia son de corto alcance, se perciben en microespacios, como las casas, cuadras o sectores específicos del barrio. No impactan realmente en los indicadores macro que miden la calidad de vida de los habitantes del barrio, por ejemplo: pero esto no desdice su potencia transformadora de ciudad.

–Lo cultural se descubre así, como un ámbito estratégico para la gestión de recursos por parte de distintas comunidades, pero también como un vehículo para el avance del capital. Sin embargo, no se debe perder de vista que la cultura como dimensión autónoma no juega un papel importante en la interacción entre las identidades en conflicto o entre los valores culturales en disputa en Medellín. Su papel sólo es definitivo articulado estratégica y permanentemente con procesos políticos, económicos y sociales concretos.

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Documentos sin publicar

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30. ¡Ya es hora!: Análisis de la concepción de ciudadanía estadounidense de origen latino y su papel en la formación de cultura política

Adjani Gabriela Tovar Pimentel¹⁰⁹⁸

Ser políticos es participar en un plano de igualdad con los otros, dando forma a nuestro entorno y a nuestra vida cotidiana; política es lo que podemos y necesitamos hacer juntos (…) Hacer política en nuestra comunidad implica alcanzar el empoderamiento, usar nuestras relaciones humanas de forma tal que transformemos nuestra vida.¹⁰⁹⁹

A manera de introducción

Pensar hoy la política, nos lleva irremediablemente a pensar en la ciudadanía. Aunque pareciera que ésta es un lugar común en los discursos políticos, medios de comunicación e incluso en las charlas que los propios ciudadanos sostienen, pero la realidad da cuenta de que pocas veces reparamos en su significado e implicaciones.

A lo largo de los años, buena parte de la población ha limitado la concepción de ciudadanía a la participación en los momentos electorales; por fortuna parece que ello está cambiando. La primera década del siglo XXI nos ha permitido ser testigos de distintos ejercicios de participación civil, lo cual ha venido aparejado con un descontento generalizado con la clase política, misma que en todo el mundo ha dado muestras sistemáticas de escasa representación de aquellos que la eligieron. En distintos países, millones de personas han salido a las calles para demandar el respeto a sus derechos culturales, civiles, políticos y sociales, y en algunos, incluso, los candidatos ciudadanos han accedido a las cúpulas del poder, con lo cual renace la esperanza de que las demandas de la población sean escuchadas.

Lo anterior da cuenta de que, en los últimos años, la concepción que los individuos tienen de su ciudadanía se ha ampliado, y que un primer paso para la consolidación de las democracias es la toma de conciencia de la importancia de su ejercicio en distintas arenas, que implique, además, un verdadero compromiso con la comunidad sociopolítica en la que se adscriben; todos son elementos que en conjunto derivarán en la consolidación de la cultura política de cada grupo.

A lo largo del trabajo se da cuenta de que hablar de cultura política, en definitiva, lleva a ampliar el concepto “tradicional” de ciudadanía, y que si bien es complicado encontrar ciudadanos por nacimiento con una cultura política sólida, encontrar ciudadanos por naturalización con estas características, lo resulta aún más. Este trabajo recupera la concepción de ciudadanía y cultura política presentada por nuevos ciudadanos estadounidenses de origen latino, residentes en la ciudad de Los Ángeles California, quienes fueron apoyados en el proceso de ciudadanización por la campaña ¡Ya es hora!. La información recabada, además, permitió conocer el nivel de politización que tenían los miembros de la comunidad latina a los que se entrevistó. Lo anterior, es producto de la investigación que se realizó entre enero de 2009 y junio de 2010 para la obtención del grado de Maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México.

Este artículo estará dividido en cinco apartados. En el primero se discuten los conceptos centrales del trabajo: ciudadanía y cultura política; en el segundo se presenta brevemente la situación contextual donde se inserta el enclave cultural latino residente en Estados Unidos; en el tercer apartado se describe de maneara puntual la campaña ¡Ya es hora!; el cuarto apartado presenta los hallazgos más importantes acerca de la definición de ciudadanía estadounidense presentada por la campaña y sus beneficiarios; el último apartado recupera el manejo que en la campaña se dio sobre la cultura política del enclave cultural latino residente en Estados Unidos, y los rasgos generales de la cultura política con la que cuentan los entrevistados.

Hacia una definición de ciudadanía y cultura política

Al igual que otros términos asociados a las ciencias sociales, la ciudadanía es un concepto sobre el cual se han elaborado un sinfín de reflexiones abordadas desde distintas posturas teóricas. Sin importar el autor o corriente teórica desde la cual se trabaje el tema, hay rasgos que se comparten al momento de definirla. La principal, por ser la base del concepto, es la idea de que la ciudadanía implica una relación entre el Estado y los ciudadanos que lo constituyen como comunidad política. Este vínculo directo, que hasta cierto punto celebra un contrato, establece una relación dialógica, donde a partir del cumplimiento de las obligaciones de cada parte, se garantiza la existencia de ambos actores.

Para lograr la evolución de la comunidad política de adscripción se demanda la existencia de una ciudadanía activa, capaz de generar la extensión de derechos y nuevas formas de inclusión a tal comunidad, que, además, permita la constante reproducción y evolución de las estructuras sociales y políticas. En los casos donde esto no se presente, estaríamos ante un tipo de ciudadanía pasiva, donde los individuos se limitan a ser regulados, y la extensión de sus derechos está basada en la buena voluntad del Estado al que se adscriben, lo que derivaría en la negación de la propia ciudadanía.¹¹⁰⁰

Así, entenderemos la ciudadanía como la relación directa que se establece entre el individuo y el Estado, que lo habilita con derechos –civiles, sociales y políticos– y obligaciones, que le permitirán participar en la toma de decisiones que garantizan la supervivencia, reproducción y evolución de la propia estructura estatal y de la entidad sociopolítica, todo esto implica implica la autoconciencia de los derechos y obligaciones de los que son dotados. En la investigación presentada se trabajó con su definición a partir de dos dimensiones: la procedimental y la simbólica.

La dimensión procedimental apunta a la relación directa entre los individuos y el Estado en términos de derechos y obligaciones. Parte de la idea de universalidad de los derechos fundamentales de los individuos, donde se subraya la dignidad de todos los seres humanos en tanto que poseen una condición de igualdad que va más allá de las propiedades o títulos nobiliarios con los que pudieran contar.¹¹⁰¹ Uno de los autores más citados en esta materia es T.H. Marshall, quien elaboró un estudio histórico sobre la evolución de los derechos de los individuos, que ha quedado plasmado en su ya clásico modelo de ciudadanía tridimensional, donde a partir de la ampliación del ejercicio de cada tipo de derechos, los ciudadanos beneficiados han ido aumentando su rango y posibilidad de acción en su entorno.

El autor británico estableció que, bajo este modelo, los “principios de igualdad y libertad […] se concretan en la noción de ciudadanía y en un conjunto de derechos legales que unifican a los individuos particulares, ofreciendo una nueva fuente de identificación con un Estado a cuya existencia está referida la garantía de tales derechos”.¹¹⁰² Históricamente, explica Marshall, los derechos civiles son los primeros que los individuos adquieren con el advenimiento del Estado moderno durante el siglo XVII. Este tipo de derechos son los mínimos necesarios para garantizar la libertad individual de todo ser humano, y engloban a la libertad individual, de expresión, de pensamiento, de culto, de propiedad y de justicia.¹¹⁰³ Su ejercicio habilitó los derechos políticos de los individuos ganados durante el siglo XIX. Ello permitió a los ciudadanos tomar parte en el ejercicio del poder político, traducido en participación en la toma de decisiones políticas –de forma directa o indirecta–, e incluyen los derechos de asociación, de reunión, al voto y a ser votado.¹¹⁰⁴

El tercer tipo de derechos a los que Marshall hace referencia son los sociales, mismos que fueron ganados durante el siglo XX, y que constituyen los elementos mínimos necesarios para que los ciudadanos puedan participar plenamente en la vida social de forma digna según los propios estándares sociales. Este tipo de derechos implican la intervención estatal en esferas que antes estaban a cargo de instituciones privadas. Es así que el Estado tendrá la obligación de otorgar a los ciudadanos servicios como educación, vivienda y salud.¹¹⁰⁵ Si bien la adquisición de derechos y obligaciones son parte inherente a la ciudadanía y su ejercicio, el ser ciudadano implica, además, un grado de pertenencia e identificación con el Estado de adscripción. Esto es lo que Cecilia Bobes identifica como la dimensión simbólica de la ciudadanía.¹¹⁰⁶

La dimensión simbólica de la ciudadanía se define por las narrativas de los criterios más generales de pertenencia a la Nación y al conjunto de valores sociales –tolerancia, pluralismo, autonomía– que configuran la cultura política de cada grupo, y que incluyen las virtudes generadas por una solidaridad social inclusiva.¹¹⁰⁷ La pertinencia de que tales debates y narrativas circulen en el espacio público como esfera de discusiones, permite que con la participación constante de los ciudadanos en ellos, se renueven las concepciones que los ciudadanos tienen de Nación y ciudadanía.

Bajo ésta, la concepción de Nación juega un papel central, pues es el espacio (simbólico) donde se enmarcará la relación entre Estado y ciudadanos. Es una comunidad imaginada construida por sus participantes: “que tiene lugar en la intersección de la cultura y la política, que implica una conciencia de pertenencia común, el reconocimiento intersubjetivo de identidad que se produce en un proceso dinámico y cambiante en el que intervienen la memoria colectiva, las instituciones estatales (a través de la fijación de símbolos y rituales), las instituciones educativas y el discurso público de la sociedad civil”.¹¹⁰⁸ Lo anterior permite explicarnos el por qué la Nación es una de las fuentes primarias de la identidad de los individuos.

En el caso de Estados Unidos, Hoffman explica que la identidad nacional, y por tanto identidad ciudadana estadounidense, está constituida por la combinación de rasgos materiales –diversidad étnica producto de la migración a las 13 colonias– y de rasgos ideológicos –su credo democrático liberal–.¹¹⁰⁹ El último elemento clave en esta dimensión es la cultura política. Jacqueline Peschard la define como el conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder y de la autoridad, que son los ejes bajo los cuales se estructura la vida política de una nación.¹¹¹⁰

En sentido general, explica Cecilia Bobes, la cultura política moderna en Occidente tiene como base la libertad y la igualdad, ambos, valores que han sido concretados en dos modelos de moralidad pública diferentes: la liberal –asociada al individualismo y al liberalismo– y la colectivista –identificada con el republicanismo y distintas variantes del socialismo–.¹¹¹¹

La cultura política de una sociedad está constituida por las orientaciones básicas hacia los objetos políticos, los conocimientos que se tienen sobre los procesos políticos, las ideologías y cosmovisiones que permiten la evaluación de la vida política por parte de los individuos, las normas y valores que la rigen, los lenguajes, imágenes, símbolos políticos, así como las tradiciones, mitos, costumbres asociados a los fenómenos políticos.¹¹¹² La reproducción y evolución de este tipo de cultura se da a partir de narrativas, que constituyen las bases de la identidad política ciudadana, mismas que en la actualidad suelen circular a través de los medios de comunicación y que permiten a los ciudadanos comprender e interpretar las relaciones y conductas políticas.

Es importante resaltar que la consolidación de la cultura política se logra solamente cuando se traduce en acciones dentro de la esfera pública de los grupos sociales, y servirá como vínculo entre las cúpulas del poder político y las prácticas de los ciudadanos, con lo cual, afirma Bobes, se puede analizar la política en un plano macro a partir del campo normativo y social que la orienta, un plano micro a partir de campos subjetivos, psicológicos e individuales, y un nivel meso, donde convergen ambas esferas.¹¹¹³

En la formación de cultura política dentro de un grupo social, instituciones como la familia y la escuela resultan vitales para orientar las prácticas de comportamiento político de los individuos, especialmente en un primer momento de su vida. Ya en la vida adulta, el proceso de consolidación de la cultura política de los ciudadanos se da a partir de las relaciones que establecen con organizaciones políticas y civiles con las que simpatizan, así como con la institución medios de comunicación.

Hay un último elemento, no menos importante, que resulta crucial en la formación y variaciones que pudiera sufrir la cultura política de un grupo: el contexto socio histórico donde se insertan los ciudadanos. Es a partir de éste que las prácticas políticas se moldearán, y puede en ocasiones derivar en la generación de subculturas a partir de las experiencias políticas vividas por un grupo social determinado. Esto puede verse claramente reflejado en el enclave cultural latino residente en Estados Unidos, que históricamente ha buscado librar una batalla por el respeto a sus derechos civiles, sociales y políticos.

En el siguiente apartado se trabaja con algunos de los elementos contextuales, que permitirán entender la concepción de ciudadanía y la formación de cultura política de los latinos residentes en EUA.

Ser latino en EUA: implicaciones contextuales para la formación de ciudadanía y de cultura política

Las reformas económicas implementadas en Latinoamérica durante la década de los 80 dieron como resultado una reconfiguración de las características migratorias de la zona. Históricamente, América Latina era una región constituida por inmigrantes y con intensivos flujos migratorios internos. Sin embargo, las cifras indican que en los últimos 20 años se ha erigido como una zona expulsora de migración, que tiene como principal destino a los Estados Unidos.

La segunda mitad del siglo XX fue testigo de las transformaciones que los flujos migratorios propiciaron en las políticas migratorias de los Estados Unidos. El incremento de la inmigración indocumentada y el creciente descontento de algunos sectores de la población estadounidense –que veían en los inmigrantes un peligro en materia laboral, acusándolos de emplearse por debajo de los salarios estándares, de propiciar el desempleo, y de provocar un alto costo en servicios de salud y educación–, llevaron a los gobiernos estadounidenses a promulgar leyes que buscaron asegurar el control de las fronteras buscando la reducción de flujos migratorios indocumentados, y un alza en la criminalización de este tipo de migrantes. Tal es el caso de la ley de Immigration Reform and Control Act (IRCA) promulgada durante la administración de Ronald Reagan y la Illegal Immigration Reform and Immigration Responsability Act, bajo la administración de Bill Clinton.¹¹¹⁴

Tales medidas no detuvieron los flujos migratorios indocumentados, y sí propiciaron la aparición de nuevos mecanismos ilegales y actores que intervienen en el trayecto migratorio, por lo que en la última década del siglo XX la población latina residente dentro de Estados Unidos creció sustancialmente. En el verano de 2004, los latinos se erigieron como el grupo étnico más grande dentro de Estados Unidos con un poco más de 38 millones de personas (13% de la población total), rebasando incluso a los afroamericanos, y presentando un crecimiento de más del 50% en un periodo de ocho años. Dos años más tarde, la comunidad latina representaba 14.4% de la población total, y se estima que para el 2050 representarán 25%.¹¹¹⁵ Entre 2000 y 2006, la población latina en EUA creció 24.3%, incremento que fue tres veces superior al total de la población estadounidense.

Después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos diseñó el plan homeland security, basado en acciones preventivas que atacan directamente a los Estados promotores del terrorismo internacional. La primera administración del ex presidente Bush centró sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, motivo por el cual las esperanzas por una reforma migratoria se esfumaron.

Pese a que en su campaña para la reelección George Bush buscó atraer al voto latino al prometer una reforma migratoria justa, las cosas no fueron diferentes a su anterior periodo. Contrario a ello, los movimientos antiinmigrantes se hicieron sentir en las políticas propuestas al interior de su gobierno. Tras la aprobación de la propuesta de ley para la protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la inmigración indocumentada en diciembre de 2005, que tiene como objetivo principal la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, y de la iniciativa de ley (Sensenbrenner), que propone la aprehensión de los inmigrantes indocumentados en vez de sólo deportarlos –con lo cual se les da el estatus de criminales–, grupos pro inmigrantes y organizaciones civiles comenzaron a organizar diversas acciones estratégicas que iniciaron el 10 de marzo en la ciudad de Chicago¹¹¹⁶ y que alcanzaron su punto cumbre con las movilizaciones del 1 de mayo de 2006.

De acuerdo con cifras presentadas por Arturo Santamaría, se estima que en las marchas de la primavera de 2006, entre el 10 de abril y el 1 de mayo, participaron entre 3 y 5 millones de personas, en su mayoría latinos. Chicago y Los Ángeles fueron las ciudades con la mayor afluencia de personas en la movilización (entre 700 y 750 mil personas), lo cual puede entenderse por ser dos ciudades con mayor número de residentes latinos dentro de EUA, entre documentados e indocumentados.¹¹¹⁷

La difusión de las marchas fue apoyada por medios de comunicación en español, como Univisión, Telemundo, Azteca América y distintas radiodifusoras de habla hispana. A través de dichos medios, los titulares de programas de entretenimiento y noticias se encargaron de motivar a la población a que hiciera escuchar su voz en las calles. Redes sociales como facebook y myspace cobraron relevancia pues se erigieron como un importante medio de información desde y para la propia comunidad latina.

Este tipo de manifestaciones no es el único espacio que ha tenido la comunidad latina para hacer oír su voz. A la par que la población latina dentro de Estados Unidos se ha ido incrementando, la participación en la política de miembros de dicha comunidad se ha ido consolidando. El incremento de latinos electos en puestos públicos dentro de Estados Unidos es muestra del avance que la comunidad ha tenido dentro del terreno político. Ello ha ido de la mano con el incremento de la participación latina en las elecciones, con lo que además, puede verse que las iniciativas para movilizar a los votantes de dicha comunidad han tenido efecto.

La National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO Educational Fund) ha reportado que desde el 2006 ha habido un incremento en el número de residentes legales que han solicitado la ciudadanía. De acuerdo con datos del Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, durante el año 2006 se recibieron 730 642 aplicaciones para la ciudadanía, mientras que en 2007 el número se duplicó y 1.4 millones de personas la solicitaron.¹¹¹⁸

La misma asociación ha reportado que la elección de 2008 registró un record histórico, donde el 92% de los latinos registrados votaron en los comicios electorales, el 46% de los votantes de origen latino nacieron en un país distinto a Estados Unidos.¹¹¹⁹ Estas cifras pueden reflejar el entusiasmo que la población latina residente en Estados Unidos mostraba desde las marchas de 2006, donde la posibilidad de cambiar el rumbo del país a través de su participación se convertía poco a poco en una realidad. Ello fue muy bien aprovechado por los organizadores de ¡Ya es hora!, quienes supieron capturar el ambiente político que la comunidad latina vivía y les dieron una alternativa para alcanzar la ciudadanía estadounidense.

¿Qué es ¡Ya es hora!?

A partir de 2004 no sólo se ha incrementado sustancialmente el número de latinos que habitan en territorio estadounidense de manera documentada. También, su presencia comenzó a manifestarse sistemáticamente en ámbitos culturales, deportivos, políticos y sociales. Lo anterior, sin duda, es indicio de que pese a los constantes ataques antiinmigrantes, la sociedad estadounidense ha comenzado a reconocer que existen. Sin embargo, ello no es suficiente para hablar de reconocimiento ciudadano. Por lo que es necesario se fomente la participación del enclave cultural latino en distintos sectores, a fin de lograr una transformación en sus condiciones de vida, donde, ante todo, se les reconozca como parte fundamental del funcionamiento de los Estados Unidos.

Un primer ejercicio de lo anterior es ¡Ya es hora!, campaña de formación cívica, apartidista y sin precedentes históricos, producto de la alianza entre organizaciones comunitarias y medios de comunicación estadounidenses en español, que en respuesta a las movilizaciones pro inmigrantes durante la primavera de 2006, vincularon el proceso de naturalización, el ejercicio del voto y más recientemente el conteo censal bajo el slogan ¡Ya es hora!, a fin de concientizar al enclave cultural latino residente en Estados Unidos sobre la importancia de su incorporación como actores activos en el proceso político estadounidense.¹¹²⁰

El análisis realizado se centró en las primeras dos fases de la campaña: ¡Ya es hora! ¡Ciudadanía!, y ¡Ya es hora! ¡Ve y Vota!, esta última tuvo a su vez dos etapas, la primera buscó movilizar al registro de los ciudadanos y la segunda motivar a la participación electoral.

A fin de garantizar el suministro de información a los residentes de origen latino con posibilidades de ciudadanización, la campaña tuvo tres niveles de acción:

a. La campaña mediática, que agrupó a los tres conglomerados más grandes de medios de habla hispana dentro de territorio estadounidense: Entravisión Communications Corporation, Impremedia y Univisión Communications Inc.

b. La estrategia nacional que tuvo como líderes al Fondo Educativo Mi familia Vota, organización líder en promoción de la participación política de los inmigrantes; el Fondo educativo de NALEO, organización líder en la promoción de la participación cívica de los latinos; el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la organización más grande de defensa de derechos civiles de latinos; y SEUI, el sindicato más grande de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos.

c. Y la estrategia local, que agrupó a más de 400 organizaciones asociadas –comunitarias, laborales y organizaciones ciudadanas nacionales vinculadas directamente con la comunidad latina–, a nivel local y estatal, a lo largo de todo el país, con lo que se buscó aprovechar la experiencia comunitaria de tales organizaciones.¹¹²¹

El poder de convocatoria de ¡Ya es hora! superó las expectativas de los propios organizadores, en tan sólo cuatro meses alcanzaron la meta de apoyar el proceso de ciudadanización de 1 millón de personas, cifra a la que preveían llegar tras un año de trabajo. Aunque no se puede asegurar que el incremento sustancial en los niveles de ciudadanización y participación electoral de la comunidad latina presentado entre 2007 y 2008 sea efecto únicamente de la campaña, es importante señalar la movilización y el esfuerzo que se hizo por apoyar a dicha comunidad para la obtención de la ciudadanía. La respuesta de la gente llevó a los organizadores a plantear nuevas estrategias de acción para transformar a ¡Ya es hora! en una campaña de educación cívica a largo plazo, que poco a poco logró incrementar los niveles de politización de la comunidad latina residente en Estados Unidos.

Partiendo de este punto y tomando en cuenta el marco contextual que permeaba tras las movilizaciones de latinos en territorio estadounidense, la pregunta que guió la investigación fue la siguiente: ¿En qué medida la definición de ciudadanía presentada en la campaña ¡Ya es hora! favoreció la definición de ciudadanía dada por los nuevos ciudadanos estadounidenses de origen latino?

Para tratar de responderla, se formuló el siguiente supuesto: “La campaña ¡Ya es hora! limitó su definición de la ciudadanía estadounidense de origen latino a la participación electoral, con lo cual orientó a los nuevos ciudadanos estadounidenses de origen latino a definir su ciudadanía a partir de su participación como electores”. Si bien tanto la campaña como los nuevos ciudadanos hacen fuertes asociaciones de la ciudadanía estadounidense con la participación electoral, el análisis arrojó que, ante todo, el voto es el medio para lograr la adquisición de derechos de tipo social; además, se encontró que, con ello, se alcanza la formación de vínculos solidarios con la comunidad latina y se presentan fuertes conexiones con elementos de la dimensión simbólica de la ciudadanía.

La definición de ciudadanía estadounidense de origen latino en la voz de ¡Ya es hora! y sus beneficiarios

La información proporcionada por la campaña a los residentes legales puede identificarse en dos principales líneas: información operativa, e información movilizadora. Por información operativa entendemos aquella que buscó orientar a los residentes legales para llevar a cabo el proceso de ciudadanización, de registro y voto. Ello incluye los requisitos para la toma de la ciudadanía, datos sobre los lugares para obtener los formularios de aplicación y registro, información sobre la realización de talleres para iniciar el proceso, y la localización de las urnas para que los ciudadanos pudieran ir a votar.

Por otra parte, la información movilizadora presentada por la campaña incluyó los beneficios sociales –laborales, de salud, reunificación familiar y educativos– que a nivel individual se podrían obtener. Además, buscó resaltar la importancia de la toma de la ciudadanía –y su ejercicio en la arena electoral– de la comunidad latina, como una forma de empoderamiento que les permitirá exigir mejores derechos y condiciones de vida a nivel individual y para el resto de la comunidad latina. Tanto en la fase de Ciudadanía como en la de Ve y vota, se enfatizó constantemente que sólo aquellos que tuvieran la posibilidad de ejercer su voto podrían alcanzar los cambios que la comunidad latina demandaba, como una reforma migratoria justa.

Este argumento se refuerza con lo señalado por Lizette Escobedo, directora del departamento de Naturalización de NALEO Educational Fund, y responsable de ¡Ya es hora!:

(…) pues básicamente la campaña en el 2007 les decía a las personas que se hicieran ciudadanos para que pudieran votar en unas elecciones que tenían acento muy importante. La razón que las personas reaccionaron es por lo que estaban viendo la situación relativamente depresiva, que crisis con la economía, todo mundo estaba perdiendo sus casas, la guerra en Irak, no pasaba nada con inmigración, entonces nuestro mensaje era ¡hazte ciudadano para que votes!¹¹²²

Ante este panorama contextual es que la participación ciudadana de los estadounidenses debía revitalizarse y tomar las riendas del país, pues la élite política daba muestras continuas de incapacidad para solucionar las demandas de la población. Esto es lo que Adrián Velázquez denomina un desdoblamiento de lo político, donde la ciudadanía si bien no busca conquistar el poder, sí pude llegar a modificarlo como resultado de la emergencia de un plano social con incidencia política.¹¹²³

Para que la función movilizadora tuviera efecto, ¡Ya es hora! apeló a presentar información con la que los individuos estuvieran más familiarizados, tales como beneficios laborales, servicios médicos, empleos mejor remunerados, oportunidad de acceso a servicios educativos a nivel superior y libre movilidad con un pasaporte americano, entre otros. Sin embargo, aún cuando buena parte del discurso de la campaña se centró en estos elementos, siempre se resaltó que el voto era el único mecanismo para la obtención y extensión de sus derechos.

La relación establecida por la campaña entre el voto y la extensión de derechos ciudadanos tiene sus bases en el Estado de derecho que prevalece en los Estados Unidos, donde el ejercicio ciudadano a través del voto es la forma más efectiva de participación para tener incidencia en la política e iniciativas de ley, pues muchas de éstas, antes de someterlas al juicio de las cámaras, son aprobadas por la propia ciudadanía en consultas y referendos.

Es entonces que, desde la perspectiva de ¡Ya es hora!, la ciudadanía ejercida a través del voto es el mecanismo para lograr un verdadero cambio en beneficio de la comunidad latina. Esta idea puede reforzarse con lo expresado por Erica Bernal, directora de Comunicación de NALEO Educational Fund:

(…) pero para el trabajo específico de NALEO es que tengamos una representación, una voz y participemos activamente en el proceso político. Y una de las maneras quizás más tangibles para eso es el poder votar, y para poder votar se necesita eh… ser ciudadano americano naturalizado. Entonces vemos ese como uno de los primeros pasos, no el único, porque no creemos tampoco de que es necesario ser ciudadano para participar cívicamente. O sea solamente las marchas es un acto de participación cívico muy importante, muy valioso. Pero para tener voz en el sistema democrático de Estados Unidos en realidad ocurre a través del voto.¹¹²⁴

A lo largo de las dos etapas analizadas, la campaña hizo alusión constante al importante paso que la población latina dio al unirse y marchar durante la primavera de 2006, y resaltaron que, ante las elecciones de 2008, tenían la nueva oportunidad de lograr un cambio en su favor, donde incluso se pudieran frenar aquellas iniciativas de corte racista. Esto nos permite señalar que, desde la perspectiva de la campaña, las opiniones de los ciudadanos tienen mayor peso que la de todos los habitantes de los EUA. El resto de los individuos, aún cuando participen en ejercicios de ciudadanía social, no puede hacer escuchar su voz con el mismo impacto que los ciudadanos. Bajo esta lógica, únicamente aquellos que cuenten con la totalidad de derechos que la esfera política constitucional reconoce como válida, pueden ejercerlos e impactar en los procesos políticos.

Aún cuando en la mayoría de las ocasiones esto es cierto, la realidad nos muestra que hay ejercicios efectivos de ciudadanía social, tal es el caso de las marchas de 2006, que permitieron que se pusiera en la mesa nuevamente la discusión sobre la necesidad de una reforma migratoria justa. Esta no es la única omisión que la campaña hace en relación con el ejercicio de los derechos políticos, ya que su discurso asocia la ciudadanía con la posibilidad del voto, pero se olvida por completo de la posibilidad de que todo ciudadano puede ser votado. Ello resulta relevante si tomamos en cuenta que la principal organización que estuvo detrás de la campaña, NALEO Educational Fund, es la asociación encargada de reunir a los funcionarios públicos de origen latino dentro del gobierno de Estados Unidos, y que, en el contexto en el que se desarrolló la campaña, la presencia de latinos en puestos estratégicos había aumentado considerablemente.

Vista de esta forma, la ciudadanía es un medio para alcanzar un fin: el poder político necesario para lograr un cambio a nivel individual –donde se alcancen mejoras en los beneficios sociales y económicos– y a nivel colectivo, donde se trabaje por la extensión de derechos para la comunidad latina. Puede verse así que con el voto se busca incidir en el proceso político para buscar beneficios a nivel comunitario. En la campaña ¡Ya es hora!, la relación política entre el Estado e individuos particulares que se celebra a través de la ciudadanía, se presenta como una relación entre una comunidad y el Estado. Esto hasta cierto punto contradice el esquema vertical y bidireccional de la relación entre Estado y ciudadanos, que si bien es reconocido, también se suma la idea de que la ciudadanía puede habilitar a los individuos a hacer escuchar las demandas de aquellos que no tienen la misma condición de igualdad, en tanto que no son ciudadanos, y no obstante, exigen al Estado que les otorgue los mismos beneficios. Es entonces que con su nueva condición de ciudadanos, los individuos podrán materializar la serie de expectativas que comenzaron a construir desde el momento en que iniciaron su trayecto migratorio. Tales expectativas guardan una relación directa con la idea del sueño americano, elemento que además está asociado con la nación estadounidense. El historiador James Truslow lo definió como:

el sueño de vivir en una tierra donde la vida debería ser mejor, (…) No es solamente un sueño en autos y altos salarios, sino un sueño de un orden en el cual cada hombre y cada mujer, puedan alcanzar la capacidad plena que de una manera innata pueda lograr y ser reconocido por otros por lo que es, sin importar las circunstancias fortuitas de nacimiento o posición social.¹¹²⁵

Contrastando esta postura con el contexto donde se desenvuelven los inmigrantes latinoamericanos, podemos señalar que el mejor futuro es entendido en la campaña como ese contexto idílico, que representa la seguridad económica que en los países de los inmigrantes no se encontró y que en Estados Unidos se adquiere a partir del disfrute total de derechos sociales ganados con la obtención de la ciudadanía, y que además, permitirá la adquisición de bienes materiales que les permitirá desarrollarse a nivel personal y profesional con plena libertad.

Así, la libertad es el último elemento con el que la campaña define la ciudadanía. Dentro del horizonte de expectativas de los latinoamericanos está la idea de que en Estados Unidos alcanzarán la total libertad, que si bien es uno de los derechos civiles por excelencia, en la campaña se presenta como un elemento asociado directamente con los Estados Unidos, pues es la libertad uno de sus principios fundacionales. En todas las pizarras oficiales y en las pantallas de plasma utilizadas como parte de la escenografía está presente la “Estatua de la Libertad”, símbolo plenamente identificado con la nación estadounidense en tanto hace referencia a un derecho civil característico de la comunidad estadounidense. Desde que fue inaugurada en 1886, la estatua es la primera visión que tenían los inmigrantes europeos que cruzaban el océano Atlántico al momento de llegar a América.

Por otra parte, encontramos que en el discurso de los entrevistados, los límites entre la dimensión simbólica y la procedimental de la ciudadanía resultan difíciles de marcar. Esto nos permite concluir que ambas esferas se encuentran en constante interacción en la vida cotidiana de los individuos. Además, en el caso de nuestros entrevistados, la construcción del concepto se vio enriquecida por un proceso de negociación de los valores socioculturales que obtuvieron al interior del enclave cultural al que pertenecen, en el contexto donde se intenrnaron a edad temprana o tardía.

En las diez entrevistas realizadas se encontró que los nuevos ciudadanos estadounidenses de origen latino asociaron su concepción de ciudadanía con la obtención de derechos principalmente de tipo social. Si bien en algunos casos ingresaron de manera legal a los Estados Unidos, su historia migratoria y origen étnico los limitó al acceso a beneficios como servicios de salud y educativos. Es entonces que la idea de ciudadanía presentada se vincula directamente con la idea de progreso, un ideal que ha estado presente en la ideología de la nación norteamericana desde su fundación. Los entrevistados entendían al progreso no sólo respecto al derrumbamiento de las restricciones que les determinaba su condición migratoria previa, sino que esencialmente representa un avance de las condiciones de vida que tenían en América Latina. Es importante señalar que el progreso que representa para ellos la ciudadanía no tiene límites, gracias a ella podrán seguir abriéndose camino en EUA, ello puede reforzarse con este comentario de nuestros siguientes entrevistados:

008: (…) si uno aprende a obedecer las leyes, y aprende uno a ver tanto beneficio que hay en este país, porque ahora como ciudadano yo puedo decir voy al college, y no importa la edad que tenga, e incluso hasta la universidad no importando la edad que tenga, y puedo alcanzar una maestría o… algún… algo que me pueda ayudar para mi vejez verdad. Eso es parte de la integración de este país, porque este país tiene muchos más beneficios que nuestros países.

014: tal vez para un latino este es el sueño americano, poder venir aquí, vivir, poder estudiar, poder uno ah… tener una mejor vida. Porque yo tengo amigas que no son ciudadanas, no tienen sus papeles y tienen que pagar sus libros, sus clases. En cambio yo que soy ciudadana el gobierno me ayuda. Entonces ese es un significado mucho para mí, porque sé que puedo seguir mis estudios.

Sin embargo, como puede verse, aún cuando el Estado dote a los ciudadanos de los elementos necesarios para que alcancen el progreso, su consecución será responsabilidad exclusiva de los individuos, a partir de los méritos que realicen para alcanzarlo. Aquí es donde se encuentra un primer punto de vinculación con la dimensión simbólica de la ciudadanía estadounidense. El individualismo es parte sustancial del Credo americano, en el que los estadounidenses basan gran parte de su identidad nacional. Bajo esta lógica, los estadounidenses creen que una persona es aquello que logra, pues “los horizontes están abiertos, las oportunidades son ilimitadas y aprovecharlas depende de lo enérgico, sistemático y perseverante que sea el individuo”.¹¹²⁶

008: Bueno, veamos muchos puntos, que para mí es una inquietud, de hecho yo trabajo con la comunidad, y empecemos pensando en el wellfare. Yo creo que si en lugar de enseñarle a la persona a extender la mano para recibir la comida mejor le damos un arma, o una herramienta para ganarse la comida, va a ser mucho más fácil que… que esta gente se incorpore. Yo tuve durante mucho tiempo la oportunidad de ver gente que se beneficia de esto y en lugar de ser productivos se vuelven muy ociosos. Eh… creo que eso es un trabajo muy fuerte que hay que hacer, pero que el gobierno… el gobierno debería de ayudarnos. Porque yo soy persona que si miro a alguien que pide mi consejo, ¿si pedir wellfare o trabajar?, yo le diría que trabajar.

La ética del trabajo, otro punto central del Credo americano, es un segundo punto de vinculación con la dimensión simbólica de la ciudadanía. Para los estadounidenses, el trabajo es una de las fuentes de legitimidad, símbolo de estatus y de movilidad social, es el medio de independencia y de seguridad en uno mismo.

Por otra parte, todos los entrevistados señalaron que con su ciudadanía tienen más margen de acción para poder expresar libremente sus pensamientos, con lo que además han dejado el anonimato que su previo estatus migratorio les confirió:

009: Pero sí también, donde tú estés viviendo tienes que hacerte oír. Y yo lo logré hacerme oír tal cual. (…) Y tú estás hablando y que nadie te escuche es desesperante. Y es lo que hacen los residentes, hablan pero nadie te escuchan. Y los ciudadanos hablan y son escuchados, eso es lo más importante

Los latinos que obtienen su ciudadanía se convierten en la voz de los millones que siguen siendo ignorados, son quienes serán capaces de llevar sus demandas y de lograr las reformas necesarias para que sean reconocidos como la fuerza laboral que día con día hace funcionar al país, lo que les permitirá ser reconocidos como individuos igualmente valiosos que un ciudadano por nacimiento.

En su declaración de independencia, los estadounidenses basan el nacimiento de su país en las libertades de los individuos: 

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.¹¹²⁷ 

Es en esta libertad donde los estadounidenses basan el éxito de su camino hacia el progreso, pues desde que fue declarada su Independencia le concedieron al pueblo la posibilidad de elegir y forjar su destino como Nación. Este argumento puede verse reflejado en la forma en que la entrevistada 014 define su ciudadanía: “Yo creo que representa libertad. Yo creo que… que aquí la gente puede escoger, hacer sus culturas ah… tienen el derecho de hacer muchas cosas. Entonces yo creo que para mí, significa libertad, en general libertad.”

Sin embargo, no hay que perder de vista que para los entrevistados el ejercicio total de tal libertad queda reducido a un pequeño grupo, a aquellos que han conseguido la ciudadanía estadounidense. Otro punto vinculado con la dimensión simbólica de la ciudadanía, y que estuvo presente en todas las entrevistas, es el proceso de identificación con la Nación estadounidense a partir de un apego territorial. Para nuestros informantes, el territorio estadounidense fue traducido como su zona de refugio, su espacio de interacción, y como objeto de apego afectivo porque ahí han desarrollado su vida:

002: imagina la emoción de estar tomando el juramento, tomando la libertad a un país que en verdad es… es mi tierra, porque aquí aunque no nací aquí, estuve creciendo y aquí está mi corazón.

016: Sí… desde joven he estado aquí, yo Estados Unidos es mi casa, aquí tengo mis amistades, tengo mi casa (…) estoy contenta, pues a pesar de que acá me mataron una hija que tenía 19 años, la más chica. Y mi hija hace cuatro años murió de cáncer, entonces pues… yo digo, pues aquí ya están parte de mis raíces

Estos elementos permiten señalar que, en el caso de estos nuevos ciudadanos, se ha generado un sentido de identificación con la Nación estadounidense a partir de lo que Giménez denomina como pertenencia socio territorial, la cual designa la pertenencia a una colectividad a partir de un territorio que desempeña un papel simbólico en el contexto de la acción y de las relaciones humanas, y no sólo como escenario de éstas. La identidad personal marcada por la territorialidad, explica Pollini, se alcanza a través del proceso de socialización de los actores, que progresivamente interiorizan una variedad de elementos simbólicos hasta llegar a adquirir el sentimiento y estatus de pertenecía socio-territorial.¹¹²⁸

012: Porque crecí aquí, bueno prácticamente yo viví aquí (…) Toda mi… mi adolescencia y mi juventud la viví yo aquí.

017: Mm… yo me hice ciudadano bueno porque en México no tengo nada que hacer, y otra que aquí es donde he estado casi toda la… toda mi vida, ahora tengo mis hijos, mi esposa, mi carrera y todo gracias a Estados Unidos me lo dio todo.

Para concluir este apartado se puede señalar que si bien se pueden encontrar elementos de la dimensión simbólica de la ciudadanía como parte de la definición que los recién naturalizados dieron, su asociación con el voto sigue siendo también muy fuerte, sin embargo, más que su ejercicio electoral como tal, se concentran en la idea de que el voto es el mecanismo que les permitirá hacer efectivos los derechos civiles, y expandir los derechos sociales para ellos y para otros miembros de su comunidad, con lo que, al igual que en la campaña, el voto genera un vínculo solidario con la comunidad latina:

014: (CONTUNDENTE) Sí, sí es muy importante. Yo creo que es muy importante que uno… no sólo para ayudar a la demás gente latina, a la comunidad latina sino para ayudar a todos los inmigrantes yo creo que es importante poder votar y dar tu opinión.

007: Para mí significa muchas cosas. Significa poder ayudar a mi gente, significa buscar recursos, buscar maneras de cómo poder trabajar, es un compromiso social y moral para mí. Porque el ser ciudadano no nomás es de papelito y decir mire comadre lea mi certificado, ya soy ciudadana de los Estados Unidos, ¡para nada! Es un gran compromiso que adquirí en cómo voy a trabajar por mi familia, por mi comunidad, por mi gente.

¡Ya es hora! y la cultura política de sus beneficiarios

Como se ha señalado en párrafos previos, ¡Ya es hora! logró capturar de muy buena forma el ambiente politizado en el que la comunidad latina se insertó tras las marchas de 2006. A partir de ese momento, el debate en los medios de comunicación (que se erigen como nuevo espacio público) demandaba la participación de la comunidad latina para movilizarse y lograr un verdadero cambio que beneficiara a todos. ¡Ya es hora! no quedó fuera de este debate y, en su discurso sobre la ciudadanía, enfatizó un ejercicio activo de la misma a través del voto, presentándolo como el mecanismo más efectivo para la transformación del sistema político estadounidense con miras a mejorar las condiciones de vida del enclave cultural latino.

Esto, de cierta manera, representa una extensión de lo señalado por Faist, quien apuesta porque los lazos de solidaridad desarrollados con la ciudadanía sirvan para la transformación y mejoramiento de la comunidad política de adscripción, y en el caso de la campaña se espera apoyar a aquellos que son parte de la comunidad social y que por distintos motivos son invisibles para el sistema político estadounidense.¹¹²⁹

Si bien los propios organizadores de la campaña reconocieron que la participación de la comunidad latina es vital para alcanzar la transformación que les lleve a mejores condiciones de vida, en el discurso sobre la ciudadanía que presentan, tal participación se limita al ejercicio del voto. Ello resulta relevante no sólo por lo señalado por los organizadores, sino porque, además, la campaña es producto de las movilizaciones de la sociedad civil en territorio estadounidense. Sin embargo, la apuesta hacia futuro que ¡Ya es hora! siguió en las etapas consecuentes a las analizadas, ha buscado convertirse en un mecanismo para fomentar la promoción de cultura política, con una definición de ciudadanía más amplia, donde aquellos que la poseen, la mantengan y generen nuevas estrategias de acción en beneficio de la comunidad latina, y logren sembrar en aquellos que no la tienen un interés que a la larga pueda redituar en nuevas estrategias de acción y empoderamiento de la propia comunidad, en un sistema político como el estadounidense, que basa muchas de sus reformas en la participación activa de sus ciudadanos.

Los entrevistados dieron testimonio de que sus habilidades y experiencias de vida han ido abriendo espacios y estableciendo estrategias para hacer valer sus derechos, y donde reconocen que la participación es vital para resolver los problemas sociales existentes e incluso para fomentar la cultura política al interior de la comunidad latina. Su participación en cuestiones políticas sigue siendo motivada por las necesidades personales y por los procesos de desarrollo personal. El medio en el que se desenvuelven también es clave en la generación de cuestionamientos sobre las condiciones con las que cuentan los latinos residentes en EUA y compromisos con su propia comunidad, pues la mayor parte de los entrevistados consideraron que la ciudadanía equivale a la participación electoral, y salvo en un caso, no se observa como una responsabilidad con la propia comunidad de origen. Esto demanda la necesidad de cambios a nivel de una cultura política, donde ésta deje de presentarse como algo ajeno, para ser vista como parte del desarrollo de los propios individuos. Es importante que los ciudadanos entiendan que para lograr un cambio profundo es necesario que se involucren a través de distintas formas de acción, y no sólo en los momentos electorales.

Tras haber tomado la ciudadanía apoyados por ¡Ya es hora!, estos individuos, además, han buscado involucrarse en asociaciones vinculadas con la población latina, y han impartido cursos y talleres de ciudadanía en Estados de la Unión Americana, donde se concentra la mayor parte de dicho enclave cultural.

En el resto de los entrevistados, aquellos que pueden considerarse como migrantes de primera generación, encontramos que presentan niveles de politización intermedios y bajos. En el primer grupo podemos catalogar a aquellos individuos que reconocen que existen formas de participación ciudadana distintas a los comicios electorales, pero han tenido escaso contacto con ellas pues consideran que el voto es el único mecanismo que les permitirá lograr un cambio efectivo. Son ciudadanos que por su condición migratoria tuvieron que abandonar sus estudios con aproximadamente nueve años académicos. En algunos casos los retomaron en Estados Unidos, y se preocuparon en aprender el idioma. La intensión de voto de estos individuos estuvo orientada por la forma de pensar de aquellos a quienes consideran líderes de opinión al interior de su familia o amigos cercanos.

El último grupo son sujetos que presentan los índices escolares más bajos –cuatro o cinco años de primaria–, que por lo regular limitan su consumo mediático a programas de entretenimiento en español y presentan dificultades con el idioma inglés. Si bien reconocen la importancia de la participación en los comicios electorales, y al igual que el grupo anterior lo reconocen como el mecanismo que llevará al cambio, hay poco conocimiento de los posibles candidatos, partidos políticos, e incluso hay confusión entre los candidatos e iniciativas de cada uno de ellos. Si bien participaron en el proceso electoral de 2008, lo hicieron como primer ejercicio y por iniciativa de personas que estaban a su alrededor, aunque declararon tener intensiones de seguir haciéndolo en futuros comicios.

Finalmente tenemos un caso especial: nuestro entrevistado número 13 entra dentro de la categoría de migrantes de primera generación, pero alcanzó un nivel medio superior de escolaridad. Ingresó al país de manera indocumentada, estuvo a punto de ser deportado para enfrentar un juicio por problemas políticos en su natal Guatemala, sin embargo, tras meter un juicio de amparo y esperar por varios meses, se vio beneficiado con la ley IRCA y él y toda su familia lograron la residencia. En este caso, es el único de nuestros entrevistados que en su país de origen tenía cierto nivel de participación política, y casi 30 años después ha logrado mantenerse activo políticamente en el país de recepción.

Incluso generando lo que puede ser un indicio de cultura política transnacional, puesto que en los Estados Unidos y a partir de su trabajo como pastor de una iglesia protestante, ha fundado una ONG para ayudar a niños en situación de riesgo donde imparten no sólo clases de educación cívica sino que los preparan con oficios que más adelante pueden ayudarlos a labrarse un mejor futuro. Tras analizar los distintos elementos que constituyeron la campaña y las entrevistas a quienes se vieron beneficiados con ella, encontramos que ¡Ya es hora! no sólo puso a discusión la importancia de la toma de la ciudadanía para la comunidad latina, sino que, además, en sus distintas fases, fomentó la participación del enclave cultural latino en procesos centrales para la toma de decisiones del gobierno estadounidense, lo cual, sin duda, en algún momento puede derivar en la consolidación de la cultura política de dicho grupo.

Conclusiones

Tanto en la campaña como en el discurso de los entrevistados, la ciudadanía sigue siendo fuertemente asociada con cuestiones electorales, aunque en ambos discursos se vislumbra la posibilidad de participación en otras esferas. Si bien en el caso de los entrevistados, en términos procedimentales, la extensión de los derechos sociales a través del voto es fundamental, es éste también un mecanismo solidario con la propia comunidad latina. Ello tiene su base en la empatía que guardan los entrevistados con el resto de los inmigrantes de origen latino, pues todos tienen una historia personal o familiar similar.

Aún cuando los nuevos ciudadanos han reconocido que la campaña los motivó a iniciar el proceso de ciudadanización, señalaron que fue una decisión que se consensó en familia desde tiempo atrás. Con lo que se concluye que ¡Ya es hora! solamente reforzó una decisión tomada previamente. Esta tendencia se mantiene con el nivel de politización de los entrevistados, pues aún cuando retomaron muchos de los elementos presentados por la campaña para construir su propia definición, su nivel de participación y preocupación por el entorno político está determinado por el contexto sociopolítico en el que han crecido y por su historia migratoria.

Sabemos que por las características de un estudio cualitativo no se pueden hacer generalizaciones, podemos retomar algunas líneas que los testimonios de los nuevos ciudadanos estadounidenses de origen latino nos revelaron: Sin importar su país de origen, años de escolaridad, y anteriores ejercicios de participación, los entrevistados coinciden en la valoración que otorgan a la participación, pues es a través de su ejercicio –electoral principalmente– que se lograrán resolver los problemas sociopolíticos que aquejan a la comunidad latina.

Aún cuando las prácticas políticas democráticas de los estadounidenses permiten que los individuos tengan injerencia en las decisiones que afectan directamente al ámbito local, su referente de participación es sólo en elecciones presidenciales. Esto puede ser indicador de que, aún cuando tengan conciencia de la importancia de su participación, no se ha desarrollado en todos los casos una cultura política que los lleve a involucrar y decidir sobre los aspectos que les afectan a nivel local.

El análisis realizado en esta investigación demuestra cómo los medios de comunicación sirvieron de vehículo para que organizaciones civiles y comunitarias presentaran su propuesta sobre la importancia de la toma de la ciudadanía estadounidense a los residentes legales de origen latino. Si bien la campaña ¡Ya es hora! contó con tres estrategias de acción, nadie puede poner en duda que sin la estrategia mediática se hubiese alcanzado el número de participantes. No sólo por la difusión de la información, sino que además puso en la mesa de debate la importancia de la toma de la ciudadanía en un momento contextual muy álgido para la comunidad latina. Al enfatizar la forma en que los medios de comunicación colectiva permitieron vincular una propuesta de organizaciones civiles con la esfera de la política a través de la definición de ciudadanía, se resalta que los medios se han consolidado como una institución de nuestro tiempo, cuestión que ha sido descuidada por la teoría política y social

Finalmente, queremos insistir que a la par que se demanda a la comunidad estadounidense que reconozca el papel primordial que el enclave cultural latino juega en su funcionamiento cotidiano, debemos trabajar en iniciativas que fomenten la concientización de los latinos acerca de la importancia de su activa participación en los procesos políticos de dicho país. Mismos que no deben quedar limitados a los momentos electorales, pues sólo el ejercicio continuo de su ciudadanía permitirá tener mayores posibilidades de garantizar el respeto a sus derechos, y de alcanzar las reformas necesarias justas para vivir de manera digna.

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Entrevistas

Bernal, Erica, Senior Director of Programs and Communications NALEO Educational Fund. (Adjani Tovar, Entrevistador) 5 de agosto de 2009. 

Escobedo, Lizette, Deputy Director of Naturalization NALEO Educational Fund y coordinadora de ¡Ya es hora! Ciudadanía (Adjani Tovar, Entrevistador) 3 de agosto de 2009. 

Entrevistado 002: hombre, nacionalidad: mexicana; ingreso a los EUA: indocumentado, generación 1.5; lugar de entrevista: Los Ángeles California, 3 de agosto de 2009. 

Entrevistado 007: mujer, nacionalidad: mexicana: ingreso a los EUA: documentada peticionada por su padre; lugar de entrevista: Bell Gardens California, 5 de agosto de 2009. 

Entrevistado 008: hombre, nacionalidad: guatemalteca: ingreso a los EUA: indocumentado, primera generación; lugar de entrevista: Los Ángeles California, 11 de agosto de 2009. 

Entrevistado 009: hombre, nacionalidad: mexicana: ingreso a los EUA: indocumentado, primera generación; lugar de entrevista: Los Ángeles California, 6 de agosto de 2009. 

Entrevistado 012: mujer, nacionalidad: guatemalteca: ingreso a los EUA: indocumentada, generación 1.5; lugar de entrevista: Culvert City California, 14 de agosto de 2009. 

Entrevistado 014: mujer, nacionalidad: guatemalteca: ingreso a los EUA: indocumentada, primera generación; lugar de entrevista: Los Ángeles California, 17 de agosto de 2009. 

Entrevistado 016: mujer, nacionalidad: mexicana: ingreso a los EUA: indocumentada, primera generación; lugar de entrevista: Bell Gardens California, 17 de agosto de 2009. 

Entrevistado 017: hombre, nacionalidad: mexicana: ingreso a los EUA: indocumentado, generación 1.5; lugar de entrevista: Los Ángeles California, 17 de agosto de 2009.

Todas las entrevistas a nuevos ciudadanos Estadounidenses de origen latino fueron realizadas por Adjani Gabriela y Tovar Pimentel.

Notas

[1] Profesores de los departamentos de Humanidades y de Sociología de la UAM-A. <<

[2] Sobre los debates en torno a la pertinencia del concepto, Ronald Formisano, “The Concept of Political Culture”, 2001, p. 400. Algunas reflexiones sobre las limitaciones del concepto y una crítica a su uso, en Esteban Krotz, “La investigación sobre la cultura política en México: visión panorámica de un campo de estudio en construcción”, 2002. La expresión “todo se vale” es del historiador estadounidense Stephen Haber, quien la usó para referirse a los estudios culturales sobre historia de México. Stephen Haber, “Anything Goes: Mexico´s ‘New’ Cultural History”, 1999. <<

[3] Es pertinente aclarar que al igual que Héctor Tejera pensamos que no es posible pronosticar el comportamiento en política a partir del análisis de los valores de un conjunto de individuos. Héctor Tejera Gaona, “Cultura, prácticas políticas y comportamiento electoral en la ciudad de México”, 2005, p. 200. <<

[4] Alan Knight, “¿Vale la pena reflexionar sobre cultura política?”, 2007, p. 71. <<

[5] Formisano, “The Concept of Political Culture”; Nils Jacobsen y Cristóbal Aljovín, “Cómo los intereses y los valores dificilmente estań separados, o la utlidad de una perspectiva pragmática de la cultura política”, 2007, pp. 81-104. <<

[6] Citado en Knight, op.cit., p.43. <<

[7] Por ejemplo, desde el terreno de la investigación histórica, Peter Guardino, El tiempo de la libertad. La cultura política popular en Oaxaca, 1750-1850, 2009, pp. 14-33. <<

[8] Héctor Tejera Gaona, “Teoría y metodología para el estudio de la relación entre cultura y política”, 2009, p. 39. <<

[9] Ibid., p. 24. <<

[10] En Guardino, op. cit., pp. 25-26. Knight es categórico al respecto “la conducta no tiene por qué verse como algo que surge de propensiones previas o subjetivas”. Cita a John Scott, y dice: “el mejor enfoque es analizar la conducta concreta, que es lo que en general los historiadores hacen”, poco se gana atribuyendo dicha conducta a propensiones subyacentes. Knight, op. cit., p. 45. <<

[11] Teun A. Van Dijk, “El discurso como interacción en la sociedad”, 2000. <<

[12] Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político, 2003, p. 16. <<

[13] Giovanni Sartori, La política lógica y método en las ciencias sociales, 1996, pp. 208-211. <<

[14] Ibid., pp. 215-224. Al final sobre el apartado “La identidad de la política” Sartori concluye: “Como se ve, la polémica sobre la identidad y también sobre la autonomía de la política no puede ser más abierta. Un hecho es indudable la ubicuidad y por tanto la difusión de la política en el mundo contemporáneo” p. 223. <<

[15] Tejera, “Cultura, prácticas políticas y comportamiento electoral en la ciudad de México”, 2005, p. 201. Creo que un análisis permitirá dimensionar el comportamiento de los actores políticos, pero la dimensión electoral es sólo uno de tantos aspectos de la política. <<

[16] Véase la discusión de Elías Palti en torno a la existencia de una cultura política latinoamericana. Elías Palti, “Introducción. La cultura política latinoamericana como problema”, 2010, pp. 11-24. <<

[17] Incluso en los casos en que se proponen leyes que aparentemente están fuera de la cultura de las mayorías; pues para que una propuesta sea elaborada tuvo que haber un proceso de convencimiento de un grupo de representantes, vinculados con corrientes de pensamiento y políticos de su país o de otros y hacer política cercana a esos parámetros, aunque eso genere conflicto con sus representados. <<

[18] En el nivel de la teoría, ello ha supuesto mantener un equilibrio entre los conceptos y metodologías propios de cada disciplina y la saludable retroalimentación derivada de una interlocución atenta a los efectos de los aportes de campos vecinos. Cfr. George Peter Murdock, Cultura y Sociedad, 1987; Clifford Geertz, La interpretación de las Culturas, Gedisa, 1987; Freud Pommier Gerard, ¿Apolítico? 1989; Manuel García Pelayo, Los Mitos Políticos, 1981; Ernest Gellner, Words And Things. A Critical Account of Linguistic Philosophy and Study of Ideology, 1989; Hardin Russell, Confianza y Confiabilidad, 2010. <<

[19] Cfr. Oscar Gabriel, Cambio Social y Cultura Política, 1990. pp. 132-163. <<

[20] La importancia de la “construcción de la realidad” a partir de las interpretaciones subjetivas, es decisiva en este enfoque sobre la cultura y en particular sobre la cultura política. Por esta vertiente, nos reencontramos con la definición que Geertz da sobre la cultura. <<

[21] Debe señalarse que la complejidad del problema impide las descalificaciones tajantes. No se puede desconocer que en posiciones distintas a la aquí expuesta, se esgrimen argumentos válidos que, sin embargo, creemos que tendrían que relativizarse a la luz de otras consideraciones. <<

[22] Con respecto a los modelos de democracia, afirma C.B. Macpherson, La democracia liberal y su época, 1982, pp. 14-15, se debe poner especial atención en “lo que presupone acerca del carácter esencial de las personas que han de hacer que funcione el sistema (lo cual, evidentemente, en un sistema democrático, significa la gente en general, y no sólo una clase gobernante o dirigente). Pues lo que cree la gente acerca de un sistema político no es algo ajeno a éste, sino que forma parte de él”. <<

[23] Con relación a este tipo de procesos, Esperanza Palma “Problemas de la Transición” en suplemento "Política" de El Nacional, 1991, ha señalado que: “En estas situaciones confluyen tendencias contradictorias y persisten vicios que pueden hacer que aborte una transición. El problema central será que durante la transición no pudieran definirse las reglas de convivencia política que sustituyan a las anteriores… Así, parece que un factor básico es que los actores presentes en la transición se vean obligados a competir por sus espacios desechando la política de la eliminación de los opositores”. Cuestión que se encuentra íntimamente ligada a la temática de la cultura política. <<

[24] En este marco no sería ocioso recordar la definición de política de Hartmann, citada por Herman Heller, Teoría del Estado, 1978, como el arte de transformar las tendencias sociales en formas jurídicas. <<

[25] Para el análisis de la cultura política, resulta crucial el estudio del papel que en una coyuntura específica tiene la actualización de las creencias de densa raigambre histórica, de los viejos mitos y de las utopías. No es poca la importancia del pasado en el establecimiento de vínculos de sentido que hacen inteligible al presente. La influencia de ciertos discursos, la permanencia de rituales políticos e incluso la notoriedad de algunos liderazgos no podría explicarse si se hace abstracción de la tradición que les subyace. <<

[26] Conviene puntualizar aquí, que los cambios en la cultura política pueden leerse en una doble perspectiva. La primera toca a las modalidades del proceso de erosión de los componentes de la cultura vigente, lo que puede ocasionar pérdida de credibilidad de las instituciones y de los líderes del sistema, en el contexto de un malestar social significativo. La segunda concierne a la eventual continuidad de este proceso en tanto producción y consolidación de nuevos patrones político-culturales. Esta acotación parece útil, por ejemplo, para pensar de manera matizada la profundidad y la dimensión de los cambios en la cultura política mexicana en los últimos tiempos. <<

[27] Dice Max Weber, Economía y Sociedad, 1984, pp. 16-17, “la Sociología construye conceptos-tipo y se afana por encontrar reglas generales del acaecer. Esto en contraposición a la historia, que se esfuerza por el análisis e imputación casuales de las personalidades, estructuras y acciones individuales consideradas culturalmente importantes... (En la Sociología) como en toda ciencia generalizadora, es condición de la peculiaridad de sus abstracciones el que sus conceptos tengan que ser relativamente vacíos frente a la realidad concreta de lo histórico... En todos los casos, racionales como irracionales, se distancia de la realidad, sirviendo para el conocimiento de ésta en la medida en que, mediante la indicación del grado de aproximación de un fenómeno histórico a uno o varios de esos conceptos, quedan tales fenómenos ordenados conceptualmente”. <<

[28] Además de los comentarios vertidos durante el Congreso “La cultura política a debate”, agradezco particularmente las sugerencias de Saúl Jerónimo y Miguel Ángel Hernández para la redacción final de este ensayo. <<

[29] Lucien Pye, “Cultura política”, 1979, p. 323. <<

[30] El ejemplo más claro, y que persiste en la actualidad, es la ausencia de una metodología más o menos delineada para su estudio. <<

[31] Si nos remitimos a las definiciones clásicas que la describen como los sistemas de creencias, símbolos y valores que definen la situación dentro de la cual se da la acción política, se observará que con esto se pretendía amalgamar la vertiente de estudios sobre el “carácter nacional” y el análisis psico-social (behaviorismo) realizados en los años 30 y 40. Si volvemos a nuestros días notaremos, por ejemplo, un descuido casi total sobre los procesos de socialización que tanto interesaban en aquel entonces. Ibid., 324-325. <<

[32] Sus lecturas críticas sobre los límites del concepto se encuentran en los ensayos: “Hacia la cuarta dimensión de la cultura política”, 1985, pp. 121-127; “Aproximaciones a la cultura política como fenómeno y campo de estudio”, 1996, pp. 11-35; y “Cultura política y participación ciudadana”, 2005, pp. 373-398. Un buen indicativo para calibrar la incertidumbre sobre la utilidad del concepto, al recorrer de varias décadas, puede observarse en los títulos de diversos ensayos que incursionan en su debate: David J. Elkins y Richard Simeon, “A Cause in Search of its Effect, or What Does Political Culture Explain?”, 1979, pp. 127-145; Margaret Sommers, “¿Qué tanto hay de político o de cultural en la cultura política y en la esfera pública?”, 1996/7, pp. 31-95; y Alan Knight, “¿Vale la pena reflexionar sobre la cultura política?”, 2007, pp. 41-80. <<

[33] Mijaíl Bajtín, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, 1998, p. 22. Este punto ha sido abordado cada vez más por diversos autores. La originalidad de Bajtín, más allá de ser pionero en esta preocupación, es la variedad de aristas que atraviesan su estudio: cultura popular, dialogía, política carnavalesca, historia, etcétera. <<

[34] Ibid., p. 23. <<

[35] Ibid., p. 57. <<

[36] Iuri Lotman, La semioesfera, 1996, p. 24. <<

[37] Véase el esclarecedor estudio sobre el debate CEU-Rectoría realizado por Julieta Haidar desde esta perspectiva. Julieta Haidar, Debate CEU-Rectoría. Torbellino pasional de argumentos, 2006. <<

[38] Así, por ejemplo, Iuri Lotman –padre del término– emprendió investigaciones que van desde la moda, obras literarias, los <<muñecos>>, el lenguaje teatral, la pintura y la arquitectura, hasta los cambios culturales tanto graduales como “explosivos”. <<

[39] Ibid., p. 31. <<

[40] Siguiendo con el mismo ejemplo del zapatismo, y bajo una óptica similar a la que aquí tenemos, Francisco Pineda argumenta que por “posición” el pueblo está más propenso a la penetración de lo externo a lo interno: se le impone el idioma, la religión, etc., del colonizador. Por más que exista resistencia a estos procesos, el poder domina. Las condiciones cambian, nos dice, cuando los pueblos despliegan sus potencialidades culturales y se puede invertir el sentido, de lo interno a lo externo. En el caso de las rebeliones la cuestión es más compleja que cambiar los usos de los códigos (como propone el llamado “liberalismo popular”), pues ese es sólo el comienzo de la subversión cultural “pero sólo se profundiza cuando se rompe el ‘orden natural’ o ‘civilizado’ de las cosas; cuando la gente cuestiona la existencia misma del verdugo y no sólo sus actos excesivamente crueles”. Francisco Pineda, La revolución del Sur, 1912-1914, 2005, p. 119. <<

[41] Julieta Haidar, “La complejidad y los alcances de la categoría de semiosfera”, 2005, s/p. No obstante desde otras disciplinas, como se verá en el caso de Thompson para la historia, la cuestión del poder ha sido primordial. <<

[42] E. P. Thompson, Costumbres en común, 1995, p. 19. <<

[43] Idem. <<

[44] Ibid., pp.19 - 20. <<

[45] Bolívar Echeverría, Definición de la cultura, 2001, p. 188. <<

[46] Idem. Las cursivas son mías. <<

[47] Lotman, La semiosfera, p. 21. Es decir, la “política”, lo “económico” o lo “histórico” no existen –o se explican– en sí mismos; dicha división es realizada por necesidades metodológicas. <<

[48] Desde otra posición, el término –y su potencia explicativa– puede variar: el “todo complejo”, la estructura social, los “tramas de significación”, el sistema social, etcétera. <<

[49] Krotz, “Hacia la cuarta dimensión…”, 1985, p. 121. <<

[50] Adolfo Sánchez Vázquez, Ética y política, 2007, p. 23. Las cursivas son mías. <<

[51] Bolívar Echevería, Valor de uso y utopía, 1998, p. 78. <<

[52] Idem. Un ejemplo podría ser el zapatismo en el Morelos actual. En su tiempo cotidiano muchos campesinos saben que las tierras que aún poseen en forma de ejido o propiedad comunal son fruto de la revolución hecha por sus padres y abuelos –prolongan el tiempo extraordinario en lo real– aunque es poco lo que pueden hacer contra la cooptación, el fraude o el despojo por parte del gobierno o particulares. Pero es por demás común que en los carnavales y fiestas patronales –sin importar el partido o corporación a la que pertenezcan– lancen diatribas y gritos contra el mal gobierno, denuncien el despojo y el engaño, adviertan una próxima revolución y reafirmen la compañía de Zapata y su brazo justiciero a su lado. El orden de las cosas es subvertido –como lo fue hace cien años– porque permanecen en el imaginario. El trabajo de Bajtín al que hemos aludido es esclarecedor sobre el carnaval y la subversión en la Edad Media y el Renacimiento. <<

[53] Ibid., p. 81. <<

[54] Echeverría, Definición…, p. 183. <<

[55] Otra cuestión sería investigar los mecanismos por los cuales se incorpora lo político al hacer cotidiano: oral, escrito, en el ámbito familiar, comunal o como “política” de Estado. <<

[56] Massimo Modonesi, Subalternidad, antagonismo, autonomía, 2010. <<

[57] Sobre este asunto se pueden consultar las intervenciones de diversos pensadores durante el Festival de la Digna Rabia del 2008, en particular los ensayos de Gustavo Esteva, Raúl Zibechi y Francisco Pineda. Puede consultarse su versión en línea en http://www.cedoz.org/site/content.php?cat=124. <<

[58] Por ejemplo, la acción, movilización de recursos, oportunidades políticas, creación de marcos, etcétera. <<

[59] Adam Kuper, Cultura, 2001. Sobre esta polémica consúltese en particular el capítulo 7. <<

[60] Margaret Sommers, “¿Qué tanto hay de político…?”, pp. 33 y 34.<<

[61] Walter Mignolo, “Las geopolíticas de conocimiento y colonialidad del poder. Entrevista a Walter Mignolo”, 2002, p. 20. <<

[62] Un intento en este sentido es el de Raúl Zibechi. Véase su ensayo “El colonialismo cabalga de nuevo”, 2009, s/p. <<

[63] Roa Bastos, “La excavación”. <<

[64] Roa Bastos, Contravida, primera parte, apdo. 15. <<

[65] Franco Moretti es especialista en literatura comparada en la Columbia University. En varios de sus libros se dedica a la “ficcionalización” del espacio, mediante una cartografía muy elaborada de las novelas y los espacios tanto territoriales como sociales, o bien simbólicos. <<

[66] Moretti, Atlas of the European Novel 1800-1900, p. 17. <<

[67] Con estudios de historia, filosofía, letras y sociología, especialista en Europa oriental, Karl Schlögel es uno de los principales estudiosos del espacio y su conceptualización histórica, y de los que con mayor profundidad se han dedicado a la lectura e interpretación de documentos cotidianos, aparte de los mapas, como por ejemplo horarios de trenes y otros medios de transporte; uno de sus intereses es la observación de las relaciones entre tiempo y espacio, y sus mutuas transformaciones e impactos. <<

[68] Schlögel, En el espacio leemos el tiempo: sobre historia de la civilización y geopolítica, p. 197. <<

[69] Existe, en estos contextos, poca claridad acerca de posibles definiciones, usos, acerca de lo que se pretende aludir mediante lo simbólico o bien lo metafórico. No se pretende aquí aclarar eso ni tomar una posición que sería anticipada en las discusiones especializadas. El lector encuentra referencias recientes sobre la metáfora en estudios historiográficos o en campos disciplinarios cercanos en autores como Frank Ankersmit, Lutz Danneberg, Hans Blumenberg y Paul Ricoeur, entre otros. <<

[70] Roa Bastos, El fiscal, pp. 17-18. <<

[71] Se trata sobre todo de algunos textos presentados en distintos seminarios, encuentros y simposios, sin publicar, que problematizan las nociones de representación, fragmento y metáfora: “El panorama, una realidad simulada”, 2004; “La alteridad en la historia mundial”, 2006; “Fragmentos, pero ¿de qué?”, 2007; “Divergente. Inestable. Experimental”, 2008; “¿Qué creemos conocer cuando vemos imágenes, y qué representan éstas?”, 2009; y “Carretera”, 2011. <<

[72] Cf. las obras que han adquirido características casi canónicas: Chartier, El mundo como representación; Burke, Visto y no visto, y quizás incluso Said, El mundo, el texto y el crítico. <<

[73] Para una visión mucho más amplia en torno a los debates sobre la teoría del discurso, véase Van Dijk, El discurso como interacción social. Estudios sobre el discurso II. Una introducción multidisciplinaria; Ricoeur, “La representación historiadora” en La memoria, la historia, el olvido; Foucault, El orden del discurso. <<

[74] En palabras de Siegfried Jäger, “la realidad en sí es discursiva”; cf. Siegfried Jäger, Discourse and Knowledge. Theoretical and methodological aspects of a critical discourse and dispositive analysis. <<

[75] Cf. Bachelard, La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo. <<

[76] Cf. Rheinberger, Iterationen, p. 90. <<

[77] Ricoeur, La metáfora viva, p. 287. <<

[78] Cf. Blumenberg, Paradigmas para una metaforología. <<

[79] Roa Bastos, El fiscal, p. 350. <<

[80] Ibid. <<

[81] Se trataría de una tarea personal en vista del libro que publiqué en 1987 en torno a la obra narrativa de Augusto Roa Bastos, previo a la edición de obras fundamentales de los años noventa, como El fiscal, Madama Sui, y Contravida entre otras. Cf. Pappe, Desconfianza e insolencia. Estudio sobre la obra narrativa de Augusto Roa Bastos. <<

[82] Roa Bastos, “La excavación”, s/p. <<

[83] Schlögel, p. 203. <<

[84] Roa Bastos, Hijo de hombre, pp. 290-291. <<

[85] Schlögel, p. 70. <<

[86] Roa Bastos, El fiscal, p. 168. <<

[87] Ibid. <<

[88] Schlögel, p. 71. <<

[89] Roa Bastos, El fiscal, pp. 14, 17. <<

[90] Ibid, p. 257. <<

[91] Ibid, p. 258. <<

[92] Ibid, p. 208. <<

[93] Eufemio Franco Pimentel es Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana (Flacso). Estudió la Licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCP y S) de la UNAM. Entre los temas que ha trabajado se encuentran ciudadanía, sociedad civil y reflexiones teóricas acerca de la sociología y el estudio de la sociedad. <<

[94] Jefrey Alexander, “Sociedad civil”, 2000, p. 701. <<

[95] Lucía Álvarez, La sociedad civil en la ciudad de México. Actores sociales, oportunidades, políticas y esfera pública, 2004, p. 9. <<

[96] Se puede revisar Will Kymlicka, Ciudadanía Multicultural, 1996; y Will Kymlicka y Wayne Norman. El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía, pp. 5-39. En esta se propone una reflexión vertida sobre la línea de la ciudadanía y la transformación de los derechos políticos de los ciudadanos. Se pone realce en aquellas cuestiones suscitadas por los migrantes. También se puede revisar Sassen, Saskia, Los espectros de la globalización; y Sassen, Saskia, Una sociología de la globalización. En donde la reflexión se aborda a partir de las relaciones económicas entre las diferentes instancias internacionales, así como la importancia de aquellas ciudades conocidas como globales. Lo interesante de este planteamiento es que no deja de ver la importancia de las localidades para el sostenimiento de estas ciudades globales. <<

[97] Alberto Olvera, “Democracia y sociedad civil en México”, 2002, p.400. <<

[98] Ibidem. <<

[99] Héctor Tejera, “Ciudadanía y gobiernos locales en el Distrito Federal: la configuración cultural de la democracia”, 2006, p. 117. <<

[100] Los partidos políticos son instituciones que tienen el reconocimiento del Estado, considerándose así como instituciones estatales. <<

[101] Como defensores de estas tesis se puede consultar a Sirvent, Carlos, “Reformas electorales y representación política en México, 1910-2000”; y a Rodríguez Araujo, Octavio, Los partidos políticos en México, origen y desarrollo. Este último también hace indicaciones sobre la importancia de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en la apertura del sistema político mexicano. En éstas última se sostiene que se preveía bajar los sueldos de los trabajadores y, a consecuencia de esto, era posible que las movilizaciones de resistencia y protesta crecieran en número y fuerza. La apertura del sistema político sería, entonces, como una válvula de escape a la presión social. <<

[102] En este sentido se pueden consultar los estudios de la acción colectiva, en donde la sociología trata de dar cuenta de cómo es que se forman las movilizaciones sociales que llegan a tensar el espacio público. Para este punto ver, entre otros: Alberto Melucci, “La acción colectiva como construcción social”, 1991; y Pizzorno, Alessandro, “Algunas otras clases de otredad: una crítica de las teorías de la elección racional’’’, 1990. <<

[103] Acerca de las diferentes maneras en que se ha abordado la importancia del movimiento de 1968 en la vida política del México se puede indicar: Lucía Álvarez, La sociedad civil en la ciudad de México. Actores sociales, oportunidades políticas y esfera pública; Karen Álvarez Villeda, “Un canal para todos en la ciudad de México: la configuración cultural de la democracia”, 2006; y Loaeza, Soledad. “Perspectivas de una historia política del Distrito Federal en el s. XX”, 1995. <<

[104] Juan Ramírez Sáiz, “Las dimensiones de la ciudadanía”, 1997, p. 203. <<

[105] Karen Álvarez, “Un canal para todos en la ciudad de México”, 2006, p. 106. <<

[106] T. H. Marshall, Ciudadanía y clase social, 1998, p. 37. <<

[107] Mauricio Beuchot, “El proceso histórico de la noción de persona y su aplicación en la ciudadanía. La persona como origen de deberes y derechos”, 2000, p.49. <<

[108] Esto también sirve para entender que existan simpatizantes que se suman a las convocatorias de ciertos grupos y se manifiesten a favor o en contra de las demandas y reivindicaciones expresadas. <<

[109] Plural, núm. 13, 1972, pp. 21-28. <<

[110] Un texto que permite observar los antecedentes inmediatos de la mesa, el tenor de la discusión y los saldos que arrojó en su futuro inmediato dicha discusión es el de Carlos Gómez Carro titulado “Plural (1971-1976): las reglas de la excepción” en Temas y Variaciones de Literatura, núm. 25, 2005, UAM, México, pp. 221-245. <<

[111] Valga en este momento citar a Julio Scherer en una conversación que tuvo con Octavio Paz en la que afirmaba que “La historia de Plural, también la de Vuelta, es parte de una historia más amplia: la de las relaciones entre los intelectuales y la política”. En Octavio Paz, Itinerario, p. 224. <<

[112] Plural, núm. 13, op.cit., p. 26. <<

[113] Véase Ronald P. Formisano, “The Concept of Political Culture”, en Journal of Interdisciplinary History, XXXI: 3 (winter, 2001), pp. 393-426. <<

[114] Miguel Ángel Hernández y Saúl Jerónimo, Cuaderno de posgrado: Cultura política, México, UAM Azcapotzalco, 2009, p. 13. <<

[115] Ver Gabriel Almond y Sidney Verba, The Civic Culture. Attitudes and Democracy in Five Nations, 1963. <<

[116] Roberto Varela, Cultura y poder, México, 2005. <<

[117] Ibid., p. 97. <<

[118] Ibid., p. 87. <<

[119] Ibid., p. 145. <<

[120] Ibid., p. 166. <<

[121] Keith Michael Baker, The French Revolution and Creation of Modern Political Culture I, The Political Culture of the Old Regime, Oxford, Pergamon Press, 1987, p. XII. <<

[122] Ibidem. <<

[123] Leonardo Martínez, “La Generación de Medio Siglo. Tesis historiográfica sobre una categoría del discurso”, en Temas y variaciones de Literatura, núm. 30, 2008, UAM, México, p. 29. <<

[124] Roger Chartier, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII: los orígenes culturales de la Revolución Francesa, Barcelona, Gedisa, 1995. <<

[125] Advierto que lo abajo expuesto son sólo fragmentos descriptivos que consideramos necesarios para instrumentar el enfoque que proponemos y que la complejidad del texto es mucho mayor, por lo tanto hay que considerar una relectura del mismo para seguir con el análisis en otra ocasión. <<

[126] Op. cit., Plural, núm. 13, pp. 7-8. <<

[127] Un artículo que resulta clave para entender esta polémica es el escrito por Carlos Gómez Carro, titulado “Plural (1971-1976): Las reglas de la excepción (La revista y Carlos Fuentes)” en Temas y Variaciones de la Literatura, núm. 25, México, UAM, 2005, pp. 221-245. En él, el autor ilustra y documenta la disputa de ideas y alternativas que veía cada uno. Señala: “En el número siguiente [al que había escrito Fuentes apoyando a Echeverría], el 12 (septiembre de 1972), Gabriel Zaid contestaba en un artículo que aparecía en la parte última del ejemplar con una ‘Carta a Carlos Fuentes’ y con el subtítulo ‘Sobre la ‘opción crítica’ de apoyar (condicionalmente) al público y no al ejecutivo ‘en el verano de nuestro descontento’. En la carta, Zaid partía de deslindar lo público de lo privado, en el apoyo sin condiciones que Carlos Fuentes le proporcionaba con su prestigio a Luis Echeverría; el absurdo de sumar la autoridad moral del novelista al poder del Ejecutivo en contra de sus subordinados y, enfáticamente, en contra de los intelectuales independientes, como el mismo Fuentes. Señala Zaid lo que parecía, y sigue pareciendo, de sentido común: Echeverría era secretario de Gobernación cuando la matanza del sesenta y ocho, y no un funcionario de segundo orden; además prometió aclarar los asesinatos del jueves de Corpus, en el setenta y uno, en quince días, y un año después no había aclarado nada (y en la actualidad sigue sin aclararse), con lo cual Zaid enfatizaba de modo contundente: ‘no se puede pedir credibilidad pública sin demostración pública’; a los renunciantes de su gabinete coludidos con las ‘fuerzas del mal’, agregaba, los premió con apetitosos puestos, para preguntarle finalmente a Fuentes: ‘¿Quién ha cometido el ‘crimen histórico’ de la ‘abstención’ y el ‘silencio’? ¿Quién está desaprovechando la apertura?’ Y bajo el paradigma de que la ‘lealtad del que publica debe ser con el público.’, profetiza (así se puede leer a la distancia) las consecuencias del apoyo acrítico de Fuentes, y de otros prominentes intelectuales, a su amigo Presidente: ‘El desprestigio no será del régimen sino de la independencia. Has hecho fácil la cargada contra los intelectuales’”, pp. 236-237. <<

[128] Véase el trabajo de Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano: las posibilidades de cambio, México, Joaquín Mortiz, 1972. El artículo del mismo“La región más transparente de la política mexicana”, en Plural, núm. 2, noviembre de 1971, pp. 8-10. <<

[129] Octavio Paz, Posdata, México, Siglo XXI, 1970. <<

[130] Octavio Paz, “Carta a Adolfo Gilly”, en Plural, núm. 5, febrero de 1972, pp. 16-20. <<

[131] Plural, núm. 13, op.cit., p. 22. <<

[132] Ibidem. <<

[133] Ibid., p. 25. <<

[134] Ibid., p. 23. <<

[135] Ibidem. <<

[136] Ibid., p. 23. <<

[137] Ibidem. <<

[138] Carlos Gómez, op. cit., pp. 237-239. <<

[139] Héctor Tejera, “Introducción. Antropología y cultura política en México”, en Antropología política. Enfoques contemporáneos, 1996, México, Plaza y Valdés, p. 13. <<

[140] Ibid., p. 16. <<

[141] Garriga, “Continuidad”, 2010, pp. 61-62. <<

[142] Lempériere, “¿Nación?”, 2005, p. 3. <<

[143] Annino, “La ruralización”, 2010, p. 385. <<

[144] Garriga, “Continuidad”, 2010, pp. 68-71. <<

[145] Garriga, “Continuidad”, 2010, p. 70. <<

[146] Portillo, “Entre”, 2010, pp. 52-53. <<

[147] Ver Antonio Serrano, Igualdad, 2007, pp. 9-24. <<

[148] Aboites, Breve, 1988, pp. 234-236. <<

[149] Plan que manifiesta los ayuntamientos y juntas municipales que comprenden las cabeceras de partido según los censos de su población, en AHMCH, Fondo Independencia, Sección Presidencia, caja 3, exp. 37. <<

[150] Navarro, La Diputación Provincial de las Provincias Internas de Occidente (Nueva Vizcaya y Durango) Actas se sesiones, 1821-1823, México, Instituto Mora, 2006, p. 227. <<

[151] González, “La administración”, 2002, p. 85-86. <<

[152] Dublán y Lozano, Legislación, 1876, pp. 384-396. <<

[153] Consulta del subdelegado de Rioverde, José María de Zepeda, al jefe político de la intendencia de San Luis Potosí, Manuel de Acevedo, en, AHESLP, ISLP, leg. 1814.4, exp. 16. <<

[154] Navarro, La Diputación, 2006, p. 203. <<

[155] Ibid., p. 203. <<

[156] Ibidem. <<

[157] Ortiz, “Guerra”, 1997, p. 83. <<

[158] Dublán y Lozano, Legislación, 1876. <<

[159] Elección de elector de partido en Villa de Valles, 2 de febrero de 1814, en AHESLP, ISLP, leg. 1814.3, exp. 1. <<

[160] Orden del jefe político de San Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, al subdelegado del partido de Charcas, 19 de junio de 1820, en AHESLP, ISLP, leg. 1820.1, exp. 1. <<

[161] Elección de ayuntamiento constitucional de Parral, diciembre 25 de 1813, en: AHMP. FC. A04.002.041, sección gobierno y administración, serie elecciones. <<

[162] Resolución del intendente de San Luis Potosí, Manuel de Acevedo, sobre que el subdelegado de Valle de San Francisco no tiene jurisdicción sobre el ayuntamiento de Santa María del Río, AGN, Ayuntamientos, 187, 28 de octubre de 1814. <<

[163] Gerhard, La frontera, 1996, p. 234. <<

[164] Navarro, La diputación, 2006, p. 240. <<

[165] Guedea, “La organización”, 2002, pp. 145-150. <<

[166] Ver Juan Ortiz, 2007. <<

[167] Guerra, 1999, p. 41-42. <<

[168] AHESLP, PSLP, leg. 1822, Mayo (1), Solicitud del ayuntamiento de San José del Valle para que se les asigne un “protector” de indios. <<

[169] AHESLP, PSLP, Actas de la Diputación Provincial, libro II, sesión tercera, 5 de febrero de 1821. <<

[170] AHESLP, PSLP, leg. 1822, Mayo (1), Solicitud del ayuntamiento de San José del Valle para que se les asigne un “protector” de indios. <<

[171] Portillo, “Entre”, 2010, p.52. <<

[172] AHESLP, ISLP, leg. 1813-1814, exp. 6, Elecciones parroquiales en el pueblo de Tlaxcala. <<

[173] AHESLP, ISLP, leg. 1813-1814, exp. 6. <<

[174] Navarro, La Diputación…, 2006, p. 227. <<

[175] Solicitud del Ayuntamiento para que se instale en esta villa y no en Durango la Junta Preparatoria, en: AHMCH, Fondo Colonial, Sección gobierno, Actas de Cabildo, 1813, Exp 34, Caja 48. <<

[176] AHMCH, Fondo Colonial, Sección Gobierno, c. 49, exp. 50. <<

[177] AHMCH, Fondo Colonial, Sección Gobierno, c. 49, exp. 50. y Orozco, El Estado, 2007, p. 78. <<

[178] Warren, “The will”, 1992, p. 9. <<

[179] Sobre la elección de ayuntamiento en Tierra Nueva, febrero 27 de 1822, en AHESLP, ISLP, leg. 1820-1823.1, exp. 21. <<

[180] Norberto Bobbio, Diccionario de política, 2005, p. 415. <<

[181] Manuel Mier y Terán, “Descripción geográfica de la Provincia de Chiapas”, 1991, p. 89; Jan de Vos, Vivir en frontera. La experiencia de los indios en Chiapas, 1997, p. 62; Véase Gerhard, La frontera sureste de la Nueva España, 1991, p. 120. <<

[182] François-Xavier Guerra, “Hacia una nueva historia política. Actores sociales y actores políticos”, 1989, p. 250. <<

[183] Un claro ejemplo de este tipo de estudios es el coordinado por Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega, Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, 2007. <<

[184] Ver Dolores Palomo Infante, “Los ayuntamientos de los pueblos indígenas de Chiapas en el siglo XIX y su relación con los asuntos de justicia”, 2009 y “Enredos y sutilezas del Derecho en defensa de los bienes comunes. La Hacienda San Pedro Pedernal de Huixtán, Chiapas. 1790-1865”, 2007. <<

[185] Para conocer con mayor amplitud los acontecimientos en la provincia chiapaneca en este periodo, ver Mario Vázquez Olivera y Amanda Torres Freyermuth, “La participación en las Cortes españolas y el despertar autonomista de Chiapas, 1813-1821”, 2010, pp. 62-86. <<

[186] Ver Timothy Hawkins, José de Bustamante and Central American Independence, 2004. <<

[187] Correspondencia del obispo Ambrosio Llano, AHDSCLC. <<

[188] Como se ha indicado con anterioridad han sido estudiados ampliamente por Mario Vázquez Olivera. <<

[189] I Congreso Constituyente del Estado de Chiapas, Constitución del Estado de Chiapas. Sancionada por su congreso constituyente en 19 de noviembre de 1825, 1826, p. 37. <<

[190] Véase Arturo Güemez Pineda, “La emergencia de los ayuntamientos constitucionales gaditanos y la sobrevivencia de los cabildos mayas yucatecos, 1812-1824”, 2007 y Peter Guardino, “El nombre conocido de república. Municipios en Oaxaca de Cádiz a la primera república federal”, 2005. <<

[191] Ibid., pp. 38-39. <<

[192] Decreto 52. Elecciones de ayuntamientos: sus facultades idem de los alcaldes: fondos municipales, Ciudad Real, 30 de noviembre de 1825, en Colección de decretos del Congreso Constituyente de las Chiapas, 1829, t. I, pp. 88-89, ACH-BMOB, t. III, doc. 59. <<

[193] Ibid., p. 89. <<

[194] Impuesto por el cual toda persona sujeta a él pagaría exactamente la misma cantidad de dinero, independientemente de su renta u otras circunstancias. <<

[195] Memoria del estado actual en que se hallan los ramos de la administración pública de las Chiapas. Que en cumplimiento de la obligación 1ª del artículo 57 de la Constitución del Estado, presentó y leyó el Secretario del Gobierno en las segundas sesiones de la 2ª Honorable Legislatura Constitucional el día 6 de febrero de 1828, Capital de Chiapas, Imprenta de la sociedad, AHCH-BMOB, t. III, doc. 52. <<

[196] Todos los habitantes del municipio. <<

[197] Decreto 52. Elecciones de ayuntamientos: sus facultades idem de los alcaldes: fondos municipales, Ciudad Real, 30 de noviembre de 1825, en Colección de decretos del Congreso Constituyente de las Chiapas, 1829, t. I, pp. 88-89, ACH-BMOB, t. III, doc. 59. <<

[198] Ibid., p. 90. <<

[199] Ibid., p. 86; Decreto 33. Contiene varias disposiciones para el arreglo de los juzgados, Ciudad Real, 16 de junio de 1825, en Colección de decretos del Congreso Constituyente de las Chiapas, 1829, t. I, p. 52, ACH-BMOB, t. III, doc. 59. <<

[200] Decreto 52. Elecciones de ayuntamientos: sus facultades idem de los alcaldes: fondos municipales, Ciudad Real, 30 de noviembre de 1825, en Colección de decretos del Congreso Constituyente de las Chiapas, 1829, t. I, pp. 87-88, ACH-BMOB, t. III, doc. 59. <<

[201] Ibid., p. 88. <<

[202] Memoria del estado actual en que se hallan los ramos de la administración pública de las Chiapas. Que en cumplimiento de la obligación 1ª del artículo 57 de la Constitución del Estado, presentó y leyó el Secretario del Gobierno en las segundas sesiones de la 2ª Honorable Legislatura Constitucional el día 6 de febrero de 1828, Capital de Chiapas, Imprenta de la sociedad, AHCH-BMOB, t. III, doc. 52, p. 10. <<

[203] Memoria del estado actual en que se hallan los ramos de la administración pública de las Chiapas. Que en cumplimiento de la obligación 1ª del artículo 57 de la Constitución del Estado, presentó y leyó el Secretario del Gobierno en las primeras sesiones de la Segunda Honorable Legislatura Constitucional el día 12 de febrero de 1827, Ciudad Real, 12 de febrero de 1827, en AHCH-UNICACH, Fondo Fernando Castañón Gamboa, exp. 7, f. 4v. <<

[204] Memoria del estado actual en que se hallan los ramos de la administración pública de Chiapas. Que en cumplimiento de la obligación 1ª del artículo 57 de la Constitución del Estado, presentó y leyó el Secretario del Gobierno en las primeras sesiones del tercer H. Congreso Constitucional el día 12 de febrero de 1829, Capital de Chiapas, Imprenta de la sociedad, AHCH-BMOB, t. III, doc. 61, p. 7. <<

[205] Memoria del estado actual en que se hallan los ramos de la administración pública de las Chiapas. Que en cumplimiento de la obligación 1ª del artículo 57 de la Constitución del Estado, presentó y leyó el Secretario del Gobierno en las primeras sesiones de la Segunda Honorable Legislatura Constitucional el día 12 de febrero de 1827, Ciudad Real, 12 de febrero de 1827, en AHCH-UNICACH, Fondo Fernando Castañón Gamboa, exp. 7, f. 4v. <<

[206] Memoria del estado actual en que se hallan los ramos de la administración pública de Chiapas. Que en cumplimiento de la obligación 1ª del artículo 57 de la Constitución del Estado, presentó y leyó el Secretario del Gobierno en las primeras sesiones del tercer H. Congreso Constitucional el día 12 de febrero de 1829, Capital de Chiapas, Imprenta de la sociedad, AHCH-BMOB, t. III, doc. 61, pp. 7-8. <<

[207] Manuel B. Trens, Historia de Chiapas. Desde los tiempos más remotos hasta el gobierno del General Carlos A. Vidal, 1942, pp. 238-239. <<

[208] Ibid., p. 239. <<

[209] Idem. <<

[210] Idem. <<

[211] Rocío Ortiz Herrera, Pueblos indios, Iglesia católica y élites políticas en Chiapas (1824-1901). Una perspectiva comparativa, 2003, p. 195. <<

[212] Ibid., pp. 196-197. <<

[213] Posteriormente nombrada San Cristóbal. <<

[214] Promulgado el 4 de diciembre de 1829 por el ejército de reserva de Jalapa, se pronunciaba en contra del gobierno de Vicente Guerrero, apoyado por el entonces vicepresidente Anastasio Bustamante. Primero manifestaba que el ejército defendería a cabalidad el pacto federal del país; además, demandaba que las leyes se cumplieran justamente; que se le suspendieran los poderes extraordinarios al presidente; convocaba al Congreso general para que se reuniera nuevamente; y pedía que los funcionarios que habían sido denunciados por la opinión pública como miembros de la logia yorkina fueran suspendidos de sus funciones (artículo 4º). Con este manifiesto cayó Vicente Guerrero, ocupando la presidencia Anastasio Bustamante. Ver Michael P. Costeloe, La primera república federal de México (1824-1835). Un estudio de los partidos políticos en el México independiente, 1996, pp. 217-247. <<

[215] En México, estas agrupaciones se establecieron entre 1813 y 1820. No se sabe a ciencia cierta quiénes las fundaron, pero se atribuye su establecimiento a la llegada de extranjeros y del contacto que con ellas tuvieron los diputados a Cortes. Estas asociaciones fueron atacadas por las autoridades estatales y eclesiásticas por varios aspectos: su carácter secreto, considerado malo por ser contrario a la religión y porque pudieran convertirse en espacios para la conspiración; por arrogarse atribuciones que no les correspondían como crear leyes propias y ejercer justicia; y por el hecho de que sus miembros superponían las obligaciones masonas a las que tenían con las autoridades legítimas. Sabemos que en México hubieron dos logias: la yorkina y la escocesa. La primer ha sido calificada como liberal y la segunda tenía posturas más conservadoras; entre los personajes conocidos yorkinos se encuentra Vicente Gerrero y en la escocesa Nicolás Bravo. En Chiapas tenemos conocimiento de que fue la logia yorkina la única instituida, en contraparte a este grupo estaba la Sociedad Económica de Amigos del país, que desde nuestro punto de vista funcionó como agrupación política. Para mayor información ver Genaro Bermúdez González, “La masonería en el inicio de la vida independiente de México”. Disponible en: http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc151/masoneria.pdf [con acceso el 13 de septiembre de 2010]. <<

[216] “El gobernador del estado a sus conciudadanos”, San Cristóbal, 9 de enero de 1830, en Para-rayo, núm. 120, 16 de enero de 1830, LAL, Howard-Tilton Microforms, Microfilm 2007-008, reel 5, fr. 13. <<

[217] Sergio Nicolás Gutiérrez, Joaquín Miguel Gutiérrez. El fulgor de la espada, 1999, p.86; Mario Vázquez, “Trazos de historia política. El estado de Chiapas y la federación mexicana, 1824-1835”, 2007, p. 217. <<

[218] “Chiapa”, Para-rayo, núm. 127, 6 de marzo de 1830, LAL, Howard-Tilton Microforms, Microfilm 2007-2008, reel 5, fr. 13. <<

[219] Mario Vázquez, op. cit, 2007, p. 218. <<

[220] Puntos constitucionales núm. 23. El ayuntamiento de Chamula en el estado de Chiapas pide se anule la actual legislatura, México, 6 de abril de 1830, en AMHyML, Ramo Público, Fondo Antigua, t. XIX, exp. 23, .f. 207. <<

[221] Ibid., f. 207v. <<

[222] Ibid., fs. 207v-208. <<

[223] Segunda representación de la Ilustre municipalidad del pueblo de San Pedro Chenalhó, sala consistorial de San Pedro Chenaló, 11 de mayo 1830, en Para-rayo, núm. 138, 22 de mayo de 1830, LAL-Tulane, Howard-Tilton Microforms, Microfilm 2007-2008, reel 5, fr. 13. <<

[224] Ibid., p. 2. <<

[225] El que especificaba que aquellos funcionarios acusados de pertenecer a la logia fueran destituidos de sus puestos. <<

[226] Segunda representación de la Ilustre municipalidad del pueblo de San Pedro Chenalhó, sala consistorial de San Pedro Chenaló, 11 de mayo 1830, en Para-rayo, no. 138, 22 de mayo de 1830, p. 2; Representación de la municipalidad del pueblo de San Juan Bautista Chamula, Chamula, 12 de mayo de 1830, en Para-rayo, núm. 137, 15 de mayo de 1830, LAL-Tulane, Howard-Tilton Microforms, Microfilm 2007-2008, reel 5, fr. 13. <<

[227] Ver Punto constitucional no. 23. El ayuntamiento de Chamula en el estado de Chiapas pide se anule la actual legislatura, México, 6 de abril de 1830, en AHyML, Ramo Público, Fondo Antigua, t. XIX, exp. 23. <<

[228] “Decreto que prohíbe toda reunión clandestina que haga profesión de secreto”, 1828. <<

[229] Decreto del Congreso suprimiendo las sesiones ordinarias en tanto se declaraba su legalidad o nulidad, San Cristóbal, 30 de marzo de 1830, en AHCH-BMOB, t. IV, doc. 6 y 7. <<

[230] Decreto por el que se admite la renuncia de Joaquín Miguel Gutiérrez al puesto de gobernador, San Cristóbal, 30 de marzo de 1830, en AHCH-BMOB, t. IV, doc. 4y 5. <<

[231] El ciudadano José Diego de Lara a los habitantes del Estado de las Chiapas, San Cristóbal, 15 de abril de 1830, en AHCH-BMOB, t. IV, doc. 8. <<

[232] Mario Vázquez, op. cit., 2007, pp. 218-219. <<

[233] Acta celebrada por la guarnición militar del estado de Chiapas, San Cristóbal, 5 de abril de 1830, en Para-rayo, núm. 132, 10 de abril de 1830, LAL-Tulane, Howard-Tilton Microforms, Microfilm 2007-2008, reel 5, fr. 13. <<

[234] Punto constitucional no. 23. El ayuntamiento de Chamula en el estado de Chiapas pide se anule la actual legislatura, México, 6 de abril de 1830, en AHyML, Ramo Público, Fondo Antigua, t. XIX, exp. 23, f. 212. <<

[235] Ibid., f. 215v. <<

[236] Las condiciones eran no haber ocupado un cargo federal y tener una residencia mínima de cinco años en el estado. <<

[237] Sergio Nicolás Gutiérrez, op. cit., 1999, p. 86; Mario Vázquez, op. cit., 2007, p. 225. <<

[238] Antonio Annino, “Pueblos, liberalismo y nación en México”, 2003, p. 411. <<

[239] Ibid., p. 403. <<

[240] Marcello Carmagnani, “El federalismo liberal mexicano”, 1993, p.137. <<

[241] Hasta el momento no he encontrado fuentes pertinentes para entender por qué actuaron así los ayuntamientos indígenas. <<

[242] Memoria del estado en que se hallan los ramos de la administración pública de Chiapas. Que en cumplimiento con el artículo 4º de las constitución del estado, y de orden del Excelentísimo Señor Gobernador y comandante general Don José Ignacio Gutiérrez, presentó y leyó el oficial mayor encargado de la secretaría del supremo gobierno en las primeras sesiones del cuarto H. Congreso constitucional el día 10 de febrero de 1831, San Cristóbal, 20 de febrero de 1831, en Justus Ferner (Coord), Memoria e Informes de los gobernadores de Chiapas 182-1900 [CD-ROM], México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/ PROIMMSE/Instituto de Investigaciones Antropológicas/ Universidad Nacional Autónoma de México, s.a, p.6. <<

[243] Ibid., pp.6-7. <<

[244] Cabe señalar que es el primer decreto o ley en el que se habla del indígena como sujeto jurídicamente especial, desde la anexión definitiva de Chiapas a México. <<

[245] Atribuciones de los prefectos del estado de Chiapas, San Cristóbal, 20 de julio de 1831, en LAL-Tulane University, Chiapas Collection, sin clasificación, p. 7. <<

[246] Ibid., pp. 7-8. <<

[247] Orden colonial se entiende, en el contexto de la época estudiada, como una derivación lógica del orden moral católico; ya que el discurso religioso aparece ligado al poder, al control de la sociedad y a la regularización de la vida en este orden colonial. Por lo tanto, al intentar romper con dicho orden, los habitantes de la América española tuvieron que enfrentarse al poder colonial, que no sólo estaba representado por el gobierno monárquico, sino también por la Iglesia católica. <<

[248] El estudio está basado en el análisis de algunos de los testimonios recogidos en los juicios que se hallan en los documentos identificados como “las causas de infidencia” ubicados en el Archivo General de la Nación (AGN) tanto de Venezuela como de México; complementando el análisis con otros discursos de la época. Estos juicios son una serie de documentos en torno a procesos que les fueron seguidos a personas acusadas de atentar contra el rey y las autoridades coloniales en el periodo de la guerra de independencia. A partir de la lectura de estos documentos, presento algunos ejemplos de cómo en cada una de estos espacios coloniales fue percibido este ambiente de cambios y de cómo se comenzó a dar una trasformación del discurso en una parte de la sociedad que integraban estos territorios. <<

[249] Jaime Peire y Roberto Di Stéfano, “De la sociedad barroca a la ilustrada: aspectos económicos del proceso de secularización en el Río de la Plata”, 2004, [en línea] http://redalyc.uaemex.mx/pdf/127/12701504.pdf <<

[250] Roberto Di Stefano, “Por una historia de la secularización y de la laicidad en la Argentina”, 2001, [en línea] http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851–28792011000100004&script=sci_arttext <<

[251] Blancarte, Roberto, “Laicidad y secularización en México”, 2001, p. 847, [en línea] http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=59805712 <<

[252] Baubérot, Jean, “Sécularisation y laicisation. Une trame décisive”, 2004. <<

[253] Di Stefano, op. cit. <<

[254] Keith M., Baker, “Introduction”, en The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture I, The Political Culture of the Old Regime, 1987, p. XII. <<

[255] Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político, 2003, p. 20. <<

[256] Luis,Vitale,“La Capitanía General de Venezuela”, 2002, [en línea] http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/vitalel/2lvc/02lvchistsocal0028.pdf <<

[257] Alejando Gómez señala que “La condición de pardo estaba restringida únicamente a los hombres de color con ascendencia europea, quedando fuera las ‘castas’ y todas aquellas personas que, a pesar de estar emparentados con blancos, se habían vinculado nuevamente con negros”. Alejandro E. Gómez, “Las revoluciones blanqueadoras: elites mulatas haitianas y ‘pardos beneméritos’ venezolanos, y su aspiración a la igualdad, 1789-1812”, 2005, [en línea] http://nuevomundo.revues.org/index868.html <<

[258] La capitanía general de Venezuela en los inicios del siglo XIX tenía una población de 880.000 habitantes, integrada por 200.000 pardos, 12.000 españoles, 100.000 indios puros, 60.000 negros y 108.000 mestizos y castizos. Caracciolo Parra Pérez, Historia de la primera República de Venezuela, 1992, p. XLVIII. <<

[259] Eric Van Young, La otra rebelión, la lucha por la independencia de México, 1810-1821, 2006, p. 112. <<

[260] Jaime Valenzuela, “Del orden moral al orden político. Contextos y estrategias del discurso eclesiástico en Santiago de Chile”, 2005. p. 122. <<

[261] Roger Chartier, Espacios públicos, crítica y desacralización en el siglo XVIII, 1995, pp.33-39. Jürgen Habermas señala que “La opinión pública o general, surge en occidente como consecuencia de las transformaciones políticas y sociales a finales del siglo XVIII, no como una mera inclinación, sino más bien como una postura reflexiva, razonada y discutida abiertamente sobre los asuntos públicos”. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, 1994, pp. 124. <<

[262] Archivo General de la Nación, Ramo de Infidencia, México, (en adelante: AGN, Infidencia, México) vol. 124., exp.2, 1816. <<

[263] Sobre este particular ver a: Luz Mary Castellón, “La denuncia de Infidencia: La mujer entre las tensiones políticas y los conflictos familiares”, 2010, pp. 1-25. <<

[264] En la época virreinal se establecía una semejanza entre la institución monárquica y la institución de la familia, donde el esposo representaba para su esposa e hijos, lo que el rey para la sociedad: la máxima autoridad. Según esta metáfora, Silvia Arrom comenta que: “el hombre era el representante del estado en la familia, y gobernaba a su esposa y a sus hijos igual que él a su vez era gobernado por el rey”. Arrom, Las mujeres de la Ciudad de México, 1790-1857,1988, p.98. <<

[265] Pedro Sosa, “Persecución inquisitorial de los libros prohibidos en la Venezuela colonial”, 2008, pp. 134-135. <<

[266] Archivo General de la Nación, Causas de Infidencia, Venezuela, (en adelante: AGN, Infidencia, Venezuela), t. XXXVI, exp. 3, 1820. <<

[267] Juan F. Martínez, “Haití y Venezuela en la época de la Independencia. Influencias, solidaridades y desencuentros”, [en línea] http://www.centrocultural.coop/blogs/nuestramericanos/wpcontent/uploads/2009/12/haiti.doc <<

[268] AGN, Infidencia, México, vol. 6, exp.8, 1809. <<

[269] AGN, Infidencia, México, vol. 5, exp. 1, 1810. <<

[270] AGN, Infidencia, Venezuela, t. XIX, exp. 22, 1812. <<

[271] Pablo Rodríguez, “1812: el terremoto que interrumpió una revolución”, 2009. <<

[272] María Eugenia Talavera señala: “La tarea de crear una nueva sociedad no era una empresa fácil pues no solo implicaba separarse por la fuerza a través del conflicto bélico e introducir cambios institucionales, sociales o económicos, sino que era necesario rasgar los hilos de pertenencia con ‘la antigua sociedad estamental’, se trataba en definitiva de romper con la ‘conciencia monárquica’, con todo lo español que había en nuestra sociedad, que incluía resolver el problema ‘sin desobedecer a Dios’”, Talavera. “La libertad contra los propietarios de la verdad. Proceso de laicización en la Venezuela del Siglo XIX”, [en línea]http://ares.unimet.edu.ve/academic/VII-congreso/libro-vii/ponencias/talavera-maria.pdf <<

[273] Manuel Ceballos R., “Iglesia católica, Estado y sociedad en México: tres etapas de estudios e investigación”, 1996, p.92, [en línea] http://www2.colef.mx/FronteraNorte/articulos/FN15/4-f15_Iglesia_ catolica_Estado_y_sociedad_en_Mexico.pdf <<

[274] El inmenso poder de que gozaba la Iglesia católica en las Indias provenía de una parte de las atribuciones entregadas por la corona para la misión evangelizadora y para controlar las acciones de los primeros conquistadores, así como de su papel como “hombres santos” para las masas, los mediadores entre el pueblo y la divinidad, entre una población profundamente religiosa y dependiente de los sacerdotes por herencia precolombina. <<

[275] Guillermo Aveledo, “República y religión durante la crisis de la sociedad colonial venezolana”, 2007, p. 55. <<

[276] AGN, Venezuela, Infidencia, t. XXVIII, exp. 15, 1815. <<

[277] AGN, Venezuela, Infidencia, t. VI, exp.6, 1812. <<

[278] “Regulación de la Iglesia en Indias, el Patronato Regio”, [en línea] http://www.bibliojuridica.org/libros/2/818/11.pdf <<

[279] Belén Rosa De Ges, “John Figgis, El derecho Divino de los Reyes y tres ensayos adicionales”, [en línea] http://www.buenastareas.com/ensayos/Derecho-Divino-De-Los-Reyes/466338.html <<

[280] Luis Frayle Delgado, “Teoría del poder político”, 2004, pp.93-104. <<

[281] Idem. <<

[282] AGN, México, Infidencia, vol. 128, exp. 3, 1810. <<

[283] AGN, México, Infidencia, vol. 30, exp. 5, 1809. <<

[284] AGN, Infidencia, Venezuela, t. XXIV, exp. 12, 1814. <<

[285] Mario Briceño Perozo, Las causas de infidencia..., p. 100. <<

[286] Christopher Domínguez, Vida de Fray Servando, 2004. <<

[287] AGN, Infidencia, Venezuela, t. XXIV, exp. 12, 1814. <<

[288] AGN, Infidencia, México, vol. 68, exp. 9, 1816. <<

[289] Rodríguez, op. cit., pp.247–272. <<

[290] Jorge Mier Hoffman, “Bolívar y la Iglesia”, [en línea] http://www.simon-bolivar.org/Principal/bolivar/bol_y_la_iglesia_04.html <<

[291] Rogelio Altez, “1812 como frontera: el último desastre colonial y el primero de la modernidad en Venezuela”, 2006, p. 97. <<

[292] AGN, Infidencia, Venezuela, t. XX, exp. 5, 1812. <<

[293] Citado por Pablo Rodríguez, op. cit., p. 262. <<

[294] Di Stefano, op. cit. <<

[295] Brian Connaughton y William Taylor, “Vías culturales hacía la independencia de México”, 2007, p.205. <<

[296] Doctorado en Historiografía, UAM-A. <<

[297] Por este uso refiero cualquier acontecimiento, imagen, palabra, etcétera, que, en su carga semántica, es instrumentada por una situación discursiva concreta para “convencer al interlocutor de que su causa es justa”. Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov, Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, 2003, p. 92. <<

[298] Edmundo O’Gorman refirió que existe una numerosa y tradicional polémica respecto a la mariofanía como “acontecimiento”, cuyo centro problemático es la ausencia de un relato de los supuestos testigos, y al problematizarse sobre la historicidad de las apariciones de la virgen del Tepeyac, éste nace siendo un problema historiográfico. “Cierto, no puede decirse que suceso de tanta trascendencia en los anales patrios no haya atraído la atención de multitud de estudiosos y provocado, como nadie ignora, una apasionada y larga polémica cuyos pro y contra han nutrido en proporción muy considerable el alud bibliográfico guadalupano”. Destierro de sombras, 1991, p. 1. Además de este texto, vale la pena citar otra gran obra que forma parte de una historiografía de culto, me refiero a la publicación de Jacques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe, 2002. <<

[299] Esta relación de la virgen de Guadalupe como estandarte de la revolución de independencia y los próceres es uno de los máximos axiomas de la historiografía patriótica, y como tal, muy poco reflexionado. Incluso se ha llegado a sugerir, para reafirmar la guerra, que la Independencia de México fue producto de un germen nacionalista, y que ésta tuvo como campo de batalla, un elemento simbólico-religioso: la oposición histórica entre la virgen de los Remedios y la virgen de Guadalupe, la primera abanderando al “gachupín”, la segunda al patriota mexicano. “Pero, ¡ay!, fueron aquellas las últimas explosiones de ruidoso entusiasmo hacia la Conquista; pronto los criollos electrizados por el mismo patriotismo que veían exaltar por todas partes, y apasionados con el propio odio que los españoles sentían en contra de los franceses, opondrían a la virgen española de los Remedios, traída por los conquistadores, la virgen india de Guadalupe, que sería paseada y vitoreada no sólo por las calles de una ciudad como aquella, sino, por todas partes, al luchar los insurgentes en los campos de batalla”. Luis González Obregón, La vida de México en 1810, p. 119. Cabe señalar que esta obra tuvo como año de primera publicación 1911, por tanto, implícitamente debe verse desde este horizonte de enunciación; a decir la construcción discursiva a manera de apología del festejo del primer centenario de la gesta independentista. <<

[300] Niklas Luhmann sostiene que en la sociedad moderna coexisten una serie de sistemas parciales “desiguales por la función que cada uno desarrolla. […] los principales son el sistema político, el sistema económico, el sistema de la ciencia, el sistema de educación, el sistema jurídico, las familias, la religión, el sistema de salud, el sistema del arte”. Giancarlo Corsi et., al., Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann, 1996, p. 61. <<

[301] Idem. <<

[302] Véase esta dualidad conceptual en el Glosario citado arriba. <<

[303] Michel de Certeau, La cultura en plural, 2004, p. 72. <<

[304] Esta noción puede ser problemática, incluso puede sugerir un contrasentido; sin embargo se puede leer como las múltiples e historizables posturas de la Iglesia como institución y los discursos religiosos frente al fenómeno de secularización en dichos estados nacionales. Véase: Fortunato Mallimaci, “Catolicismo y liberalismo”, 2004. <<

[305] Aquí cabe señalar una distinción, antes bien no acabada: por laicidad se entiende una serie de disposiciones que tipifico como institucionales, inscritas en las nuevas formas jurídicas; mientras que secularidad, se entiende como un fenómeno cultural más amplio donde se pueden inscribir las nuevas formas de sociabilidad política. Véase: Elisa Cárdenas Ayala, “Secularización, laicización: una reflexión pendiente”, 2008. <<

[306] Roberto Blancarte, “Laicidad y secularización en México”, 2004, p. 47. <<

[307] Ibid., p. 46. <<

[308] Edmundo O’Gorman, Destierro de sombras, 1991, p. 1. <<

[309] Jacques Lafaye, “La madrecita de Guadalupe: una religión nacional”, p. 110. <<

[310] Xavier Noguez, Documentos guadalupanos, 1993, p. 189. Las cursivas son mías. <<

[311] Ibid., p. 190. <<

[312] Por “identidad narrativa” entiendo la construcción del personaje (también aplica para entes o fenómenos metanaturales, “movimientos sociales y corrientes políticas”) y su relación temporal con los acontecimientos al interior de la estructura de relato del texto, o en este caso, la pieza retórica. Ver Javier Fernández Sebastián, “Conceptos históricos, actores políticos, identidades narrativas”, 2008. <<

[313] Antes de iniciar el análisis de esta “ejemplaridad” respecto al uso de una imagen religiosa, en la construcción de la legitimidad política de principios del siglo XIX, quisiera reconocer algo: además de la ya dicha multiplicidad de discursos historiográficos respecto a la imagen de la virgen de Guadalupe, en sus apariciones y en el desarrollo su culto; la historización del llamado sermón guadalupano de Fray Servando Teresa de Mier, ocupa un lugar privilegiado en la historiografía nacional y extranjera. El presente trabajo es una pequeñez frente al gran ejercicio heurístico de Edmundo O’Gorman y la exquisita exposición hermenéutica de Jacques Lafaye. En todo caso quisiera referir este humilde esfuerzo como instrumento para reflexionar sobre lo referido arriba: la cultura política y el cuestionamiento a los límites de lo político. <<

[314] Carlos Herrejón Peredo, Del sermón al discurso cívico, 2003, p. 153. <<

[315] El sermón de Fray Servando no fue el primero que operó con temas políticos. Refiere Herrejón que desde mediados del siglo XVIII, José Julián Parreño uso su prédica para exhortar al Colegio de Abogados a desterrar “la envidia y la discordia”. En esa misma prédica se presenta un horizonte de expectativa hacia esta agrupación, trazando un proyecto mediante el cual se debía seguir la intención fundacional de la virgen de Guadalupe hacía su pueblo. Ibid., p. 161. En otro estudio, Jaime Cuadriello demuestra que desde que se nombra “patrona” de la Nueva España a la virgen de Guadalupe, en 1746, su imagen toma una connotación fundamentalmente política. Desde el gesto mismo que su jura: “Nótese que este hecho tuvo lugar en el Palacio Virreinal y no en la Catedral”. Jaime Cuadriello, “El discurso de la ceremonia de jura”, 1998, p. 3. <<

[316] Edmundo O’Gorman, “Dos sermones guadalupanos”, 1981, p. 226. Desde aquí tanto las notas de O’Gorman como las citas textuales de los sermones de Mier, tienen como fuente Obras completas. I El guadalupano heterodoxo. <<

[317] Servando Teresa de Mier, “Fragmento de un sermón del padre Mier, 1793”, p. 227. <<

[318] Ibid., 231. <<

[319] Ibid., 230. <<

[320] Idem. <<

[321] Jacques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe, 2002. <<

[322] Servando Teresa de Mier, “Texto del sermón del 12 de diciembre de 1794”, p. 237. <<

[323] Ibid., p. 236. <<

[324] Para quienes no conocen la generalidad del sermón, cuatro proposiciones lo motivaron: a) “La imagen de nuestra Señora de Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás, apóstol de este reino”; b) “Mil setecientos cincuenta años antes del presente, la imagen de nuestra Señora de Guadalupe ya era muy célebre, y adorada por los indios ya cristianos en la cima plana de esta sierra Tenanyuca donde erigió templo y colocó Santo Tomás”; c) “Apóstatas los indios muy en breve de nuestra religión, maltrataron la imagen […] y Santo Tomás la escondió; hasta que diez años después de la conquista apareció la reina de los cielos a Juan Diego pidiendo templo, y le entregó la última vez su antigua imagen para que la llevara a presencia del señor Zumárraga”; y d) “La imagen de nuestra Señora es pintura de los principios del siglo primero de nuestra Iglesia; pero, así como su conservación, su pincel es superior a toda humana industria, como que la virgen María se estampó naturalmente”. Ibid., pp. 238-239. <<

[325] Aquí es de llamar la atención una figura coincidente en varias mariofanías a lo largo de la historia: el polvo. Según se establece en el mandato de Cristo a los evangelizadores: cuando no hay paz, ellos deben sembrar la discordia en el pueblo resistente a la evangelización “y sacudir sobre esa tierra rebelde el polvo de sus sandalias”, pues cuando se dé la venida del apocalipsis ese polvo se disipará y Dios juzgará. De tal suerte que en las mariofanías, la virgen favorece a los pueblos dándoles una nueva oportunidad de restablecerse. <<

[326] Ibid., p. 254. <<

[327] Jaime Cuadriello, “El discurso de la ceremonia de jura”, 1998, p. 15. <<

[328] Carlos Herrejón Peredo, Del sermón al discurso cívico, 2003, p. 320. <<

[329] Ibid. Ver los resultados cuantitativos. <<

[330] Diego Miguel Bringas, Sermón que en la solemne función que en acción de gracias por la insigne victoria conseguida contra los insurgentes…, 1812. <<

[331] Ibid., p. 3. <<

[332] Ibid., p. 7. <<

[333] Profesor-investigador en el Departamento de Escritura y Argumentación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Doctorando en Humanidades, Línea Filosofía Moral y Política, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa (UAM-I). Agradezco las sugerencias de los dictaminadores externos, las cuales permitieron mejorar la argumentación principal. <<

[334] Carl Schmitt, “Teología política. Cuatro lecciones sobre el concepto de soberanía”, 1999; Leo Strauss, Liberalismo antiguo y moderno, 2007; Karl Lowith, Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia, 2007. <<

[335] Reinhart Koselleck, Aceleración, prognosis y secularización, 2003; Hans Blumenberg, La legitimidad de los tiempos modernos, 2009; Giacomo Marramao, Cielo y tierra. Genealogía de la secularización, 1998. <<

[336] Cfr. Gabriel Almond, Sidney Verba, La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones, 1970. <<

[337] Cfr. Werner Conze, “Säkularisation, Säkularisierung”, 1985; Koselleck, Aceleración. <<

[338] Cf. Marramao, op. cit., pp. 12-34. <<

[339] Cf. Koselleck, op. cit., pp. 37-47. <<

[340] Cf. Charles Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853, 1972; Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, 1993. Al respecto, cabe advertir que en el uso del concepto de cultura política no está implícita necesariamente teleología alguna; por el contrario, la historiografía oficial utilizó una estrategia teleológica para justificar la legitimidad de la modernidad en las nacientes naciones americanas. El concepto de cultura política permite ampliar los factores explicativos sin que ello sugiera reducir la complejidad de la modernidad en México u otras latitudes. <<

[341] Cf. Annick Lempériére, “¿Nación moderna o república barroca? México 1823-1857”, 2005. <<

[342] Cf. José Antonio Aguilar Rivera, La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970, 2010. <<

[343] Como ejemplo de ello, véase la excelente obra de Elías José Palti, La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX (Un estudio sobre las formas del discurso político), 2005. <<

[344] El recuento de este déficit de investigación ha sido tratado recientemente por Pablo Miganjos, La historiografía jurídica mexicana durante los últimos 20 años, 2010. <<

[345] La intervención lleva por título completo Discurso pronunciado en 14 de noviembre de 1842, por el diputado Juan N. Rodríguez de San Miguel contra el proyecto de constitución en su discurso general. Originalmente fue publicado en el periódico El Siglo Diez y Nueve (número 410) y posteriormente fue reimpreso en la Imprenta del Gobierno de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el mismo año de 1842. El texto en su versión íntegra se encuentra resguardado en la Biblioteca Nacional de México, Fondo Lafragua 1396 (BN-LAF 1396). <<

[346] Rodríguez de San Miguel, op. cit., p. 23. <<

[347] Afirmó Donoso Cortés: “El ateísmo de la ley y del Estado, o lo que en definitiva viene a ser lo mismo, expresado de una manera diferente, la secularización completa del Estado y de la ley, es teoría que no se compone bien con la de penalidad, viniendo la una del hombre en su estado de apartamiento de Dios y la otra de Dios en su estado de unión con el hombre… Así sucede cuando comienza a secularizarse o apartarse de Dios”. Donoso Cortés, Obras Completas de Donoso Cortés, 1946, p. 523. Para más detalles sobre la teoría de la modernidad y la secularización en Donoso Cortés, véase José Luis Villacañas, Mal y dictadura en Donoso Cortés, 1992. <<

[348] José María Gutiérrez de Estrada, Carta dirigida al Escmo. Sr. Presidente de la república sobre la necesidad de buscar en una convención el posible remedio de los males que aquejan a la república y opiniones del autor acerca del mismo asunto, 1840. Para una lectura detallada del documento véase de Frank Sanders, “José María Gutiérrez Estrada: Monarchist pamphpleteer”, 1970; y la interpretación de Jesús Reyes Heroles, op. cit. <<

[349] Rodríguez de San Miguel, op. cit., p. 19. Las cursivas son del propio autor. <<

[350] Ibid., p. 20. <<

[351] Ibid., p. 24. <<

[352] Cf. ibid., p. 25. <<

[353] “resultando que el actual Congreso prepara la tolerancia religiosa, y la hace para lo futuro necesaria”, Rodríguez de San Miguel, op. cit., p. 26. <<

[354] Ibid., 27. <<

[355] En promedio, en la ciudad de México se publicaron 73 periódicos entre 1821 y 1835. En cambio, en el mismo periodo, salieron a luz 302 folletos por año. Las cifras de la prensa provienen del catálogo de Miguel Ángel Castro y Guadalupe Curiel (coords.), Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1822-1855, 2000. Este catálogo sólo contempla el contenido de dos archivos: el Fondo Antiguo de la Hemeroteca Nacional y el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México (Colección Lafragua). Por lo tanto, estas cifras presentadas deben ser tomadas sólo como tendencias generales. Los datos de los folletos provienen de Nicole Giron et al., Folletería mexicana del siglo XIX (etapa 1), CD-ROM, 2004. <<

[356] De acuerdo con Mariana Ozuna, “La carta o epístola, tal como era conocida en los siglos XVIII y XIX, estaba presente no sólo en el ámbito de lo privado (la llamada carta familiar), sino que era esencial en diversos aspectos de la vida pública de los individuos y corporaciones[…] escribir cartas era una de las habilidades a las que se dedicaban no sólo los letrados, sino también la mayoría de los individuos (common man) que formaban parte de la sociedad moderna”. Mariana Ozuna Castañeda, “La correspondencia trasatlántica de las Américas: Viscardo y el padre Mier”, en Cristina Gómez, Josefina Mac Gregor Gárate, Mariana Ozuna Castañeda (coordinadoras), 1810, 1910: Reflexiones sobre dos procesos históricos. Memoria, México, UNAM-FFL, 2010, pp. 263-264. <<

[357] Serge Berstein, “La cultura política”, en Jean-Pierre Rioux y Jean-François Sirinelli, Para una historia cultural, 1999, pp. 390-392; y Alan Kinight, “¿Vale la pena reflexionar sobre la cultura política?”, en Cristóbal Aljóvin de Losada y Nils Jacobsen, Cultura política en los Andes (1759-1950), 2007, pp. 41-80. <<

[358] Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano. La sociedad fluctuante, 1958, tomo 2.; Michael P. Costeloe, La primera república federal de México. Un estudio de los partidos en el México independiente, 1996; María del Carmen Ruiz Castañeda, “La prensa durante el Primer Imperio y la República Federal”, en Luis Reed Torres y María del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en México, 450 años de Historia, 1974, pp. 115-136. <<

[359] El Sol fue uno de los periódicos que apoyó la primera administración de Anastasio Bustamante. Parte de este respaldo se basó en argumentos típicos del pensamiento liberal. Catherine Andrews, “Constitución y leyes: el lenguaje liberal y el Plan de Jalapa”, en Cristina Gómez Álvarez y Miguel Soto (coords.), Transición y cultura política. De la Colonia al México Independiente, 2004, pp. 143-170. La afirmación de que El Sol sostenía un pensamiento liberal desde su fundación se desarrolla y demuestra en Laura Martínez Domínguez, “La prensa liberal y los primeros meses de la Independencia: El Sol, 1821-1822”, tesis de maestría, 2010. <<

[360] La obra Modernidad e Independencias de François-Xavier Guerra si bien convoca a poner el acento en los cambios culturales, no respalda sus afirmaciones con estudios originales. Por ejemplo, en el caso concreto de la alfabetización en la Nueva España, Guerra asegura que existía una amplia alfabetización sin indicar un solo dato estadístico que lo compruebe. En un mismo sentido, están sus reflexiones sobre el aumento en la producción editorial novohispana (no considera la importación de impresos) y la escolaridad infantil. François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 1993, en especial el capítulo VIII: “La difusión de la modernidad: alfabetización, imprenta y revolución en Nueva España”. Para una revisión crítica de la obra de Guerra véase Medófilo Medina Pineda, “En el Bicentenario: consideraciones en torno al paradigma de François-Xavier Guerra sobre las ‘revoluciones hispánicas’’’, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 37, núm. 1, 2010, pp. 149-188. Gracias a Óscar Javier Linares Londoño, quien me proporcionó éste artículo. <<

[361] Laurence Coudart, “En torno al correo de lectores de El Sol (1823-1832): espacio periodístico y ‘opinión pública’”, en Gómez Álvarez, op. cit., p. 68. <<

[362] Idea del diario económico de México. <<

[363] Diario de México, 7 de octubre de 1805, p. 26. <<

[364] Susana María Delgado Carranco, Libertad de imprenta, política y educación: su planteamiento y discusión en el Diario de México, 1810-1817, 2006, p. 30. También véase, Esther Martínez Luna (ed.), Bicentenario del Diario de México. Los albores de la cultura letrada en el México Independiente, 1805-2005, 2009. <<

[365] Gabriel Torres Puga, “Opinión pública y censura en Nueva España. De la expulsión de los jesuitas a la revolución francesa”, 2008. <<

[366] Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar y de Teresa, Censura y revolución. Libros prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819), 2009. <<

[367] “Decreto de 10 de noviembre de 1810. Libertad política de Imprenta”. El primer artículo establece: “Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto”, en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislaturas expedidas desde la independencia de la República, México, 1876, tomo 1, pp. 336-338. <<

[368] Los datos provienen de Amaya Garritz, Virginia Guedea y Teresa Lozano (comps.), Impresos novohispanos, 1808-1821, México, UNAM, 1990, 2 tomos; y de Giron, loc. cit. Debe subrayarse que estas cifras sólo contemplan el papel impreso, no contamos con datos para los manuscritos. Igualmente estos datos no indican los diversos impresos que circularon y que no fueron producidos en la Nueva España. <<

[369] Las cifras de la gráfica vienen de Garritz, loc. cit. <<

[370] Este estudio se basa en una revisión y crítica de mi tesis de licenciatura, Laura Martínez Domínguez, “Voces del ‘público’: Los comunicados de El Sol (julio 1829-diciembre 1832)”, 2006. <<

[371] Coudart, op. cit., pp. 84-85. <<

[372] Ibid., p. 86. <<

[373] Esta observación apunta al ejemplo de la ausencia de comunicados publicados provenientes del estado de Jalisco, posiblemente porque se trataba de un espacio periodístico que no apoyaba las propuestas de El Sol, y que por tanto, los comunicados de Jalisco o no eran publicados porque eran críticos a El Sol o porque simplemente suscribía poca gente de ese estado. Otro ejemplo, sería la oposición de nuestro cotidiano hacia el Astro Moreliano (1829-1830). Para más detalles véase Celia del Palacio, La disputa por las conciencias. Los inicios de la prensa en Guadalajara, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2001. <<

[374] Para más detalles, véase Andrews, loc. cit. <<

[375] El Sol, 1 de junio de 1830, p. 1344. <<

[376] Ibid., 28 de junio de 1830, p. 1450. <<

[377] Ibid., 23 de enero de 1831, p. 2288. <<

[378] Ibid., 10 de noviembre de 1832, p. 4916. <<

[379] Ibid., 17 de enero de 1831, p. 2263. <<

[380] Ibid., 25 de diciembre de 1829, p. 711. <<

[381] De acuerdo con Alfredo Ávila: “El Estado liberal fue también un medio por el cual un grupo social buscó acceder al poder, poder que no estaba dispuesto a compartir con los sectores populares”, Alfredo Ávila, En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México (1808-1824), p. 290. <<

[382] El Sol, 12 de junio de 1831, p. 2847. <<

[383] Ibid., 2 de diciembre de 1832, pp. 5002-5003. Los paréntesis son del periódico. <<

[384] “Enfermedades y sus medicinas”, El Baratillo, 22 de febrero de 1828, año 3, núm. 72, p. 345. <<

[385] Harold D. Sims, el principal estudioso de la expulsión de españoles, ha manejado esta tesis en todos sus escritos. Véase: La expulsión de los españoles de México (1821-1828), 1974; “Exiliados españoles”, en Historia Mexicana, 1981; El conflicto entre mexicanos y españoles (1821-1831) 1982; La reconquista de México. La historia de los atentados españoles, 1821-1830, 1984; así como The Expulsion of Mexico’s Spaniards: 1821-1836, The University of Pittsburg Press, 1990. <<

[386] León Matamoros, María Graciela, Del discurso exaltado a la actuación indulgente..., 2011. <<

[387] Según Tomás Pérez Vejo “todo proceso de construcción de identidad colectiva lleva implícito un proceso de invención del otro”. Esta invención puede emanar de distintas vertientes: étnicas, de clase e ideológicas, entre las más evidentes; en los países colonizados, el conquistador reúne los elementos idóneos para erigirse en el otro, elemento que será sustancial para forjar un sentimiento nacionalista. Cf. “Bestiario mexicano: el gachupín en el imaginario popular de finales del siglo XIX”, Imágenes cruzadas. México y España, siglos XIX y XX, pp. 32-34. <<

[388] Eric Hobsbawm abunda que la afirmación del nacionalismo era más efectiva cuando se edificaba sobre sentimientos ya existentes, fuesen de xenofobia o chauvinismo, en la medida en que dichos sentimientos no fueron creados, sino tomados en préstamo y fomentados por los gobiernos. Cf. Naciones y nacionalismo desde 1780, p. 101. <<

[389] Manuel Ferrer, La formación de un estado nacional en México..., p. 27 <<

[390] La presente investigación tomó como punto de partida el trabajo de Erika Pani, “De coyotes y gallinas: Hispanidad, identidad nacional y comunidad política durante la expulsión de españoles”, Revista de Indias, núm. 228, 2003. <<

[391] Cf. Harold Sims, La expulsión de los españoles en México; y Romeo Flores, La contrarrevolución en la independencia. <<

[392] Harold Sims, op. cit. p. 107. <<

[393] Como lo señala Clara E. Lida en su libro Inmigración y Exilio, p. 90: “desde los últimos años del Virreinato hasta mediados del siglo XIX, los españoles controlaron el comercio mexicano a través de su puerto en Veracruz y llevaron sus negocios a otros puntos del Golfo y el Caribe, desde Nueva Orleáns hasta La Habana y, con sus redes mercantiles, llegaron hasta Cádiz, Barcelona, Londres, Liverpool, Burdeos y Hamburgo, así como a Nueva York, Filadelfia y Baltimore”. La autora estima un aproximado de diez mil peninsulares después de la independencia (p. 50). Dentro del aspecto cuantitativo, Moisés González Navarro sostiene que las estimaciones sobre el número de españoles son variables: Humboldt señala que a principios del siglo XIX había 75 mil españoles, para Alamán la cifra se reduce a 70 mil hacia 1808, y siguiendo a Fernando Navarro y Noriega, la cifra aumenta a 107 928 en 1810. Para el autor, no se puede definir su número exacto, pero acentúa el hecho de que dominaban la vida pública: “Cualquiera que haya sido la cifra exacta, ocupaban casi todos los puestos principales en la administración, la Iglesia, la magistratura y el ejército, ejercían casi exclusivamente el comercio y eran dueños de los grandes causales existentes en numerario”. Citando a Alamán, aclara que tanto la cifra como su poder disminuyeron considerablemente cuando se dividieron en europeos y americanos (Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, 1821-1970, p. 70). Por su parte, Tomás Pérez Vejo destaca la complejidad de la cuestión española y reseña cómo en un lapso relativamente corto su estatus se modificó; es decir, antes de la Independencia, la definición del español era predominantemente racial: toda la gente blanca era considerada española; la definición se tornó política a raíz de la Constitución de Cádiz. En los tratados de Córdoba se promovió que todos fuesen mexicanos, incluidos los españoles que decidieran permanecer en el país (España en el debate público mexicano…, p. 293-294). <<

[394] La Ley de empleos contenía los siguientes artículos: 1º Ningún individuo que sea español por nacimiento podrá ejercer cargo ni empleo alguno de nombramiento de los poderes generales en cualquier ramo de la administración pública, civil y militar, hasta que la España reconozca la independencia de la nación. 2º Se extiende lo prevenido en el artículo anterior a los cargos y empleos eclesiásticos del clero secular y regular, en cuanto al ejercicio de sus atribuciones económicas, gubernativas y judiciales. Esta disposición no comprende a los reverendos obispos. 3º El gobierno queda autorizado para separar hasta por el tiempo de que habla el artículo 1 a los curas, a los misioneros y doctrineros del distrito y territorios de la federación. 4º Tampoco se comprenden en los artículos anteriores los hijos de mexicanos que casualmente nacieron en la península y se hallan en la república. 5º Los empleados que se separen del servicio en virtud de esta ley, gozarán todos sus sueldos, y se les abonará el tiempo en sus carreras respectivas. 6º Los empleos vacantes por las disposiciones que contiene esta ley, se desempeñarán provisionalmente conforme a las leyes. 7º Los curas que separare el gobierno en uso de las facultades que le concede el artículo 3, continuarán percibiendo todos sus emolumentos en los mismos términos que antes de su separación; y los coadjutores y sustitutos serán pagados por la hacienda pública. <<

[395] Romeo Flores Caballero, La contrarrevolución…, pp. 109-113. <<

[396] Cf. Romeo Flores Caballero, La contrarrevolución…, p. 113 y Jesús Ruiz. La expulsión de los españoles..., p. 66. <<

[397] El Ilustrador americano, núm. 5, 10 de junio de 1812. <<

[398] En el ínterin, el 17 de enero de 1824 el cabildo de Cuernavaca aprobó un Plan en el que se separaba a los españoles de los puestos públicos, estableciendo que deberían ser sustituidos por nacionales. Seis días más tarde, el general José María Lobato se sublevó para exigir al gobierno de Guadalupe Victoria la misma demanda, hasta que la Independencia fuera reconocida por el rey de España; además exigía la destitución de los ministros Michelena y Domínguez por ser españoles. En Campeche, el 25 de febrero de 1824 el congreso declaró la guerra a España y promulgó la separación de los peninsulares de los cargos públicos. Todos estos casos surgieron a raíz de que las cañoneras del castillo de San Juan de Ulúa bombardearan desde septiembre de 1823 el puerto de Veracruz, impidiendo el libre tránsito de las mercancías necesarias para el sustento de la república. Jesús Ruiz, La expulsión…, p. 64-66. <<

[399] Lucas Alamán, Historia de México..., p.828 <<

[400] José María Luis Mora, Obras completas. Obra Política I, p. 515. <<

[401] La concepción del periódico como escenario del debate público ha sido desarrollada por Roger Chartier, quien, aludiendo a los periódicos literarios de la Francia del siglo XVIII, afirma que éstos “al pretender que hablan en nombre de los lectores […] dan vida a una nueva instancia crítica, autónoma y soberana: el público”, Espacio público..., 1995. <<

[402] En la nota de El Patriota hay una paráfrasis del artículo 1º de la Ley de empleos que dice: “Ningún español, sean cuales fueren los derechos que haya adquirido por los planes que adoptó la patria para emanciparse, y por la constitución general, podrá ser nombrado para ejercer cargo ni empleo alguno en la república, ínterin la península no reconozca la independencia mexicana”. <<

[403] El Patriota, 9 de mayo de 1827, núm. 3, p. 9. <<

[404] Manuel Ferrer, La formación de un estado…, pp. 28-30. <<

[405] El Baratillo, 22 de Abril de 1828, núm. 80 <<

[406] Moisés González, Los extranjeros…, p. 73. <<

[407] El cosmopolita, núm. 6, 21 de octubre de 1826. <<

[408] Michael Costeloe, La primera república…, p. 89-92. <<

[409] El Patriota, núm. 1, 25 de abril de 1827. <<

[410] Idem. <<

[411] Harold Sims, Reconquista…, p. 41. <<

[412] AGN, Expulsión de españoles, 4 de marzo de 1828, vol. 22, f. 129f-129v. <<

[413] Artículos XV y XVI de los tratados de Córdoba, celebrados el 24 de agosto de 1821:
XV.- Toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno, o pasando el país a poder de otro príncipe, queda en el estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna a donde le convenga, sin que haya derecho para privarle de esta libertad, a menos que tenga contraída alguna deuda con la sociedad a que pertenecía por delito, o de otro de los modos que conocen los publicistas: en este caso están los europeos avecindados en Nueva España y los americanos residentes en la península; por consiguiente, serán árbitros a permanecer adoptando ésta o aquella patria, o a pedir su pasaporte, que no podrá negárseles, para salir del imperio en el tiempo que se prefije, llevando o trayendo sus familias y vienes; pero satisfaciendo a la salida por los últimos, los derechos de exportación establecidos o que se establecieren por quien pueda hacerlo.
XVI.- No tendrá lugar la anterior alternativa respecto de los empleados públicos o militares que notoriamente son desafectos a la independencia mexicana; sino que éstos necesariamente saldrán del Imperio dentro del término que la regencia prescriba, llevando sus intereses y pagando los derechos de que habla el artículo anterior. <<

[414] El Baratillo, 22 de febrero de 1827, suplemento al núm. 24. <<

[415] Soledad García Morales, “La expulsión de españoles”, La palabra y el hombre, núm. 4, 1989. <<

[416] El Baratillo, 1 de febrero de 1828, núm. 69. <<

[417] AGN, Expulsión de españoles, GD 130, vol. 20. <<

[418] Harold Sims, La expulsión de los españoles…, p. 101. <<

[419] Jesús Ruiz, La expulsión…, p.71. <<

[420] La fuerte presencia de los regionalismos es abordada por Josefina Zoraida Vázquez: “El fracaso de la monarquía permitió que el regionalismo consolidara la autonomía que había ganado y que no estaba dispuesta a perder. Eso aseguró que el federalismo radical establecido impidiera el funcionamiento del gobierno federal y la adecuada defensa de la república” en “El establecimiento del federalismo en México, 1812-1827”. El establecimiento del federalismo en México (1821-1827), p. 36. <<

[421] Así lo indican las reseñas de los debates en torno al tema, plasmadas por Harold Sims en sus libros La expulsión de los españoles de México y Descolonización en México. <<

[422] La aplicación de la Ley de expulsión de 1827 estaba a cargo del ministro de relaciones exteriores, en este caso, Juan de Dios Cañedo. En relación a la dificultad que entrañaba aplicar la Ley, Cañedo expresó lo siguiente: “no es posible explicar el ímprobo trabajo que ha tenido que emprenderse para poner en ejecución esta ley, tan complicada, por decirlo así, en todos en sus aspectos y relaciones. Por una parte, han sido tantos los asuntos ocurridos en el particular, cuanto los individuos a que se ecstendia dicha ley, o, lo que es lo mismo, cuantos los españoles ecsistentes en la república, respecto a que la facultad concedida en el art. 9 se versaba acerca de todos los no comprendidos en los artículos anteriores. Por otra parte, en cada uno de estos asuntos debian atenderse todas y cada una de las circunstancias que mediaban, de persona, familia, relaciones, etc. para lo que han sido indiscpensables muchos trámites detenidos y difíciles [sic] […]”. Tarsicio García, Memorias de los ministros del interior y del exterior..., pp. 273-274.
Además, la forma en que estaban constituidos los artículos que conformaban la Ley permitía que los españoles se ampararan y solicitaran su excepción. Los apartados más importantes del decreto son los siguientes: Art. 1. Los españoles capitulados y los demás españoles de que habla el artículo 16 de los tratados de Córdoba, saldrán del territorio de la república en el término que les señalare el gobierno, no pudiendo pasar éste de seis meses. Art. 2. El gobierno podrá exceptuar de la disposición anterior: primero, a los casados con mexicana que hagan vida maridal; segundo, a los que tengan hijos que no sean españoles; tercero, a los mayores de sesenta años; cuarto, a los que estén impedidos físicamente con impedimento perpetuo. Art. 12. Los españoles empleados cuyo sueldo no llegue a mil quinientos pesos, y a los que a juicio del gobierno no puedan costear su viaje y transporte, se le costeará por cuenta de la hacienda pública de la federación hasta el primer puerto de la nación española o de los Estados Unidos del Norte, según elijan los interesados, procediendo el gobierno con la más estrecha economía según la clase y rango de cada individuo. Art. 13. En los mismos términos se costeará por la hacienda pública el viaje y transporte de los religiosos a quienes no pueda costeárselos por falta de fondos, la provincia o conventos a que pertenezcan. Art. 14. Los empleados que salgan en virtud de esta ley y elijan para su residencia un país que no sea enemigo disfrutarán de su sueldo, pagadero en el punto de la república que señale el gobierno. Art. 15. La separación de los españoles del territorio de la república sólo durará mientras la España no reconozca nuestra independencia. <<

[423] El Águila mexicana, 23 de diciembre de 1827. <<

[424] El Baratillo, Puebla, 22 de abril de 1828, núm. 80. <<

[425] Según Harold Sims, la cámara de diputados podía aprobar una ley sin necesidad de que ésta pasara por el senado. Sin embargo, la cantidad de votos que se precisaban para tal efecto era tan grnade, que dada la composición del Congreso de 1827 eso era imposible. Harold Sims, La expulsión…, pp. 13-138. <<

[426] Reynaldo Sordo Cedeño, “El congreso…”, pp. 143-144. <<

[427] El Baratillo, 15 de diciembre de 1827, núm. 63. <<

[428] Harold Sims, La expulsión…, pp. 79-81. <<

[429] El Baratillo, 22 de Abril de 1828, núm. 80. <<

[430] Pasquín CEHM–CARSO, 082.172. VA., núm. 5, 21336, 30 de septiembre de 1831. <<

[431] Cf. Harold Sims, La reconquista de México..., pp. 37-61 y Romeo Flores Caballero, La contrarrevolución…, pp. 115-120. <<

[432] Harold Sims, Harold, Descolonización en México…, pp. 62-63. <<

[433] Ibid., pp. 62-74. <<

[434] Ello se puede entender mejor siguiendo a Eric Hobsbawm, quien sostiene que un mecanismo de nacionalismo moderno es el concepto de un enemigo nacional secular contra el cual un pueblo pueda definir su identidad y alcanzar la unidad como Estado. “La fabricación en serie de tradiciones: Europa, 1870-1914”, La invención de la tradición, p. 285. <<

[435] Hira de Gortari, “Estado y Nación: la historia de México como proceso de proyecto nacional”, El nacionalismo en México, p. 163. <<

[436] Juan de Dios Cañedo, “Memoria de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Esteriores [sic] de la República Mexicana”, Memorias… <<

[437] Harold,Sims, Descolonización en México..., pp. 11-113. <<

[438] El cometa, 1 de julio de 1829. <<

[439] AGN, Expulsión de Españoles, GD 130, circular del 17 de abril de 1830, proclamada por el Vicepresidente de la República, vol. 45, f. 323f-323v. <<

[440] El Observador de la República, 16 de junio de 1830. <<

[441] Idem. <<

[442] Idem. <<

[443] CEHM-CARSO, “Manifiesto que hace a sus conciudadanos avecindados en los Estados Unidos, el Sr. Tiburcio de Cañas”, Nueva York, 16 de agosto de 1830. Este personaje era un español que adquirió la nacionalidad mexicana al momento de la Independencia. Aunque se desconoce la causa por la que estaba avecindado en los Estados Unidos, en su manifiesto se declara presto a combatir por la causa mexicana en caso de un nuevo intento de reconquista, haciendo patente su nacionalismo: “desde que me decidí por la causa de los pueblos, no he dudado en un solo momento en ser Mejicano, solo Mejicano, y hasta la muerte Mejicano. Que prefiero con mas orgullo ser un simple soldado en las filas de los libres, que van á defender su independencia, que ser Jeneral en las filas de los Tiranos” [sic]. Cañas era un militar que fue expulsado del país en febrero de 1829. En su manifiesto declara que sólo espera el permiso de su “supremo gobierno” para trasladarse a México a luchar contra los españoles. <<

[444] CEHM-CARSO, 082.172. VA., núm. 5, 21336, 30 de septiembre de 1831. <<

[445] Josefina Zoraida Vázquez, “La primera presidencia de Antonio López de Santa Anna”, Gobernantes mexicanos, pp. 101-103. <<

[446] Clara Guadalupe García, El Imparcial Primer periódico moderno de México, México, Centro de Estudios Históricos del Porfiriato A.C., 2003, p. 235. <<

[447] Rafael Solana, “Cómo se fundó El Universal”, en El Universal, 11 de abril de 1922, p. 2. <<

[448] “Cómo nació un diario, según el relato de los nueve fundadores supervivientes”, en Excélsior, 18 de marzo de 1957, p. 1. <<

[449] Félix F. Palavicini nació en Tabasco. Realizó sus estudios en el Instituto Juárez de San Juan Bautista, donde obtuvo el título de Ingeniero Topógrafo (1901). Viajó a Europa becado por Justo Sierra y estudió en el Conservatorio de Artes y Oficios de París (1906-1907). A su regreso de Europa en 1911 desempeñó el puesto de director de la Escuela Industrial para Huérfanos (1911), fungió como diputado al Congreso de la Unión por el primer distrito electoral de Tabasco (1912). Fundó varios periódicos: El Precursor, El Partido Republicano (1908), durante la campaña de Madero fue director de El Antirreeleccionista (1909), El Universal (1916) y posteriormente, El Globo, El Día y la revista Todo. Colaboró en los periódicos El Universal Gráfico y en El Universal Taurino.

Fue diputado del Congreso Constituyente de 1916-17, diputado federal (1917-19), embajador extraordinario ante los gobiernos de Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, España y Argentina (1938-1942) y presidente del Congreso Mexicano del Niño (1921-24). Asimismo escribió diversas obras: México. Historia de su evolución constructiva. Autor de Pro-patria, Las escuelas técnicas, Los diputados, Construcción económica de escuelas técnicas, El primer jefe, Diez civiles notables de nuestra historia, La enseñanza técnica, Problemas de la educación, La democracia victoriosa, El arte de amar y ser amado, La patria por la escuela, Palabras y acciones, Grandes de México, Lo que yo vi, Epistolario del amor, Libertad y demagogia, Democracias mestizas, La estética de la tragedia mexicana, Mi vida revolucionaria, Parábolas esotéricas, Historia de la constitución de 1917, México, historia de su evolución constructiva, Los irredentos (1923).

Los países aliados, Bélgica, Italia e Inglaterra le otorgaron el grado de “Comendador de la Corona”; Francia lo premió con la Cruz de la Legión de Honor”; Japón lo nombró Comendador de la Orden del Sol Naciente y China le otorgó la Cruz de la Espiga de Oro.

Durante el periodo presidencial de Álvaro Obregón, Palavicini se integró al movimiento antirreeleccionista y fundó el periódico El Pensamiento (1927). Presidió las juntas que postulaban a los generales Arnulfo R. Gómez y a Francisco R. Serrano, aspirantes a la presidencia de la República. Tras el asesinato de Serrano, Palavicini fue detenido culpado de haber participado en un movimiento rebelde. Salió del país como refugiado político y pasó por Texas, Cuba y Francia. Enviaba sus colaboraciones a los periódicos El Mundo, de Tampico, y a El Diario de Yucatán. Gracias a la intervención de Isidro Fabela y Emilio Portes Gil, regresó a México en 1929.

Contribuyó también con el campo de la radiodifusión: creó Radio Mundial en 1930. En 1945 realizó el programa “Interpretación mexicana de la guerra” que se radiaba por XEW y XEWW. El 5 de septiembre de 1933 funda y dirige la revisa semanaria Todo. Hasta antes de 1938 estuvo vinculado con la vida periodística de una u otra forma. En septiembre de 1930 figuraba como accionista de la Productora e Importadora de Papel, PIPSA. Murió el 10 de febrero de 1952. Véase: Antonio Médiz Bolio, “Palavicini”, en El Nacional, 23 febrero de 1952, p. 3-4; Carlos Heredia Jasso, “México en biografías. Félix Palavicini”, en Mañana, 5 de octubre de 1946, p. 23-25; Diccionario Enciclopédico de México, Humberto Mussachio V. 1, p. 1448-1449; “El Universal y su programa. Félix F. Palavicini su fundador”, en El Universal Año VII, tomo XXV, domingo 1 de octubre de 1922, cuarta sección, p. 2; Francisco Tapia Ortega, “Cara y cruz de un periodista mexicano” en Revista de Ciencias Políticas y Sociales. Historia de la Prensa en México, núm. 109, Julio-Septiembre, 1982, Félix F. Palavicini, Mi vida Revolucionaria, México, Ediciones Botas, 1937; Marcos E. Becerra, Palavicini. Desde allá abajo…, México, Talleres Linotipográficos de “El Hogar”, 1924. <<

[450] García, El Periódico, 2003, p. 43. <<

[451] Félix F. Palavicini, Mi vida Revolucionaria, México, Ediciones Botas, 1937. p. 359. <<

[452] José de J. Núñez y Domínguez, “Cómo se fundó Excélsior”, en Excélsior, 18 de marzo de 1942, p. 1. <<

[453] Nació en Puebla el 22 de enero de 1889. Realizó sus estudios en Liceo Fournier y en Colegio del Estado. Se destacó en el ámbito periodístico como el fundador de El Automóvil de México y comprador de la publicación Revista de Revistas, sin embargo su aportación más importante fue la creación del periódico Excélsior en el año de 1915. En el mundo cultural se le atribuye la fundación de la primera Academia Mexicana de Historia y de la Sociedad Folklórica Mexicana. Gracias a él se instituyo el “Día de las Madres”. Murió el 29 de mayo de 1924 a consecuencia de las lesiones ocasionadas al caer de un caballo. “Cosmópolis”, en Excélsior, 18 de marzo de 1942, p. 1, 12; Roberto Núñez y Domínguez, “Rafael Alducín, fundador de Excélsior”, en Excélsior, 16 de marzo de 1957, p. 6,13; “Muerte del Sr. Rafael Alducín”, en El Universal, 30 de marzo de 1924, p. 1. <<

[454] “Muerte del señor Aldúcin”, en El Universal, 30 de marzo de 1924, p. 1. <<

[455] Sobre la historia de Excélsior véase: Arno Burkhnolder de la Rosa, “La red de los espejos. Una historia del diario Excélsior (1916-1976)”, tesis doctoral, México, Instituto Mora, 2007, p. 31. Burkholder explica que “en 1916 la empresa de Alducín publicó un volumen con documentos relativos al reconocimiento del gobierno Constitucionalista por parte de diversas naciones. En este, Alducín se refiere al gobierno de Carranza como un “celoso defensor de la integridad nacional”. <<

[456] Sobre los primeros síntomas de modernidad en la prensa véanse: Irma Lombardo, De la opinión a la noticia, México, Ediciones Kiosco, 1992; Irma Lombardo, “La figura del reportero mexicano” Laura Navarrete Maya y Blanca Aguilar Plata (coords.), La prensa en México. Momentos y figuras relevantes (1810-1915), México, Addison Wesley Longman, 1998, 211 p., Laura Edith Bonilla de León, Revista de la prensa en 1883: Manuel Caballero, México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 2006, Año 2, núm. 50, vol. II, marzo 5, 2004 (Colección Itinerario de las miradas); Laura Edith Bonilla de León, El Reportaje en el Porfiriato: Manuel Caballero, México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 2006, Año I, núm. 29, vol. I, abril 3, 2003, (Colección Itinerario de las miradas); Laura Edith Bonilla de León, La función social del periodismo en el Porfiriato, México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Año III, núm. 71, vol. III, noviembre 30, 2004, (Colección Itinerario de las Miradas). Laura Bonilla describe el trabajo de Pola y Caballero: Ángel Pola influenciado por el naturalismo, con la intención de disertar sobre la realidad que tenía que expresar la literatura y dejar escritas sus vivencias personales, así como sus apreciaciones del mundo que lo rodeaba. Para finalizar la década de los ochenta de este siglo, su intención fue rescatar el pasado inmediato a través de alcanzar la verdad de los acontecimientos. Ya en otra etapa de su escritura, los siguientes años los dedicó a la realización de un trabajo periodístico más informativo y a la edición de libros. Por otro lado, el trabajo periodístico de Manuel Caballero se enfocó hacia la modernización y profesionalización del mismo. Le interesaba decir qué pasaba a su alrededor, así que en ese sentido se convirtió en un informador al que le importaba la noticia inmediata, pero también le incumbían los temas que eran atractivos y la forma de expresión de los mismos, es por ello que en él cobró importancia la aplicación de los géneros periodísticos, donde sobresalieron la nota informativa, la entrevista y el reportaje. Según Irma Lombardo, Manuel Caballero es considerado como el primer reportero mexicano y quien después de peregrinar por los géneros opinativos encontró un mecanismo para resistir la embestida oficial en contra de los escritores públicos: los géneros informativos. Ángel Pola, por su parte, destacó en el género de la entrevista y por sus excelentes reportajes de carácter histórico, así como por sus ardides para conseguir información. <<

[457] Lombardo, De la opinión, 1992, p. 18. <<

[458] Idem. <<

[459] Luis G. Urbina, “Los milagros del periodismo moderno: ‘Excélsior’ y la crónica”, en Excélsior, 19 de marzo de 1922, p. 3. <<

[460] García, El Periódico, 2003, p. 17. <<

[461] Véase: Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, México, G. Gili, 1986. <<

[462] Este no es espacio suficiente para discutir si aquello que surgió del 1910 fue una “nueva” cultura política, o si se consolida una forma de pensar y de actuar políticamente que ya tenía su germen en la tradición cultural del siglo diecinueve; sin embargo, sí es posible identificar elementos originales que iremos analizando enseguida. <<

[463] Fernando Diez de Urdanivia, “José Elguero”, en Excélsior, 18 de marzo de 1957, p. 6. <<

[464] Félix F. Palavicini, “Los mayores triunfos periodísticos de El Universal”, en El Universal, 11 de abril de 1922, p. 10. <<

[465] Idem. <<

[466] Idem. <<

[467] Luis G. Urbina, “Reyes Spíndola y la prensa moderna”, en Excélsior, 19 de enero de 1922, p. 3. <<

[468] Idem. <<

[469] Tomo como base para hablar de cultura política el trabajo de Miguel Hernández y Saúl Jerónimo y lo escrito por Formisano, que dan una visón panorámica del desarrollo histórico de este concepto. También encuentro particularmente útiles los trabajos sobre cultura política en la Revolución Francesa de Roger Chartier y Lynn Hunt y la teoría de Jürgen Habermas relacionada con la esfera pública. Miguel Ángel Hernández y Saúl Jerónimo, “Cultura Política”, Cuaderno de Posgrado, Posgrado en Historiografía, México, Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco, 1994; Ronald P. Formisano, “The Concept of Political Culture”, en Journal of Interdisciplinary History, The MIT Press, vol. 31, núm. 3, invierno, 2001, pp. 393-426; Roger Chartier, Espacio Público, Crítica y Desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la Revolución francesa, Barcelona, Gedisa, 1995; Lynn Hunt, Politics, Culture, Class and the French Revolution, Berkeley, University of California, 1984. Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Cambridge, The MIT Press, 1991; Jürgen Habermas, “The Public Sphere” en Chandra Mukerji (ed.), Rethinking Popular Culture. Contemporary perspectives in Cultural Studies, Berkeley, University of California Press, 1991. <<

[470] Formisano, “The Concept”, 2001, pp. 39-395. <<

[471] Jürgen Habermas, “The Public Sphere” en Chandra Mukerji (ed.), Rethinking Popular Culture. Contemporary Perspectives in Cultural Studies, Berkeley, University of California Press, 1991, pp. 398-404. <<

[472] Formisano, “The Concept”, p. 417. <<

[473] Idem. <<

[474] Ibid., p. 418. <<

[475] Véase: Lynn Hunt, Politics, Culture, Class and the French Revolution, Berkeley, University of California, 1984 y Roger Chartier, Espacio Público, Crítica y Desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la Revolución francesa, Barcelona, Gedisa, 1995. Como analiza Formisano, la visión de algunos historiadores de la revolución francesa que consideran a la Revolución como un acontecimiento productor de una cultura política enteramente nueva y de un grupo de discursos y prácticas simbólicas donde se vierten los reclamos políticos, ha tenido la ventaja de sacar a los académicos de las importantes pero altamente frecuentadas cámaras de la Asamblea Nacional a las calles para mirar a la prensa, los panfletos, impresos, canciones, y ceremonias que conforman la nueva cultura. Quitan el énfasis de los intereses económicos y sociales para concentrarse en la conducta, en las prácticas simbólicas como el lenguaje, los gestos y las imágenes. Formisano, “The Concept”, p. 420-422. <<

[476] Hacía mediados de los años veinte el presidente Álvaro Obregón reconocía el valor de la prensa y del trabajo de los buenos periodistas como balanza entre la actuación de los funcionarios representantes del Estado y la ciudadanía. <<

[477] “Día de Fiesta”, en Excélsior, 18 de marzo de 1942, p. 4. <<

[478] Luis Montes de Oca, “La libertad y Excélsior”, en Excélsior, 18 de marzo de 1942, p. 14. <<

[479] José de J. Núñez y Domínguez, “Cómo se fundó Excélsior”, en Excélsior, 18 de marzo de 1942, p. 9. <<

[480] Burkholder, “La red…”, 2007, p. 37. <<

[481] Esteban Krotz, “La investigación sobre la cultura política en México: visión panorámica de un campo de estudio en construcción”, 2002, p. 18. Otros autores incluyen las prácticas y las instituciones políticas como elementos que configuran una cultura política. <<

[482] Alan Knight, “La cultura política del México revolucionario”, 2007, pp. 293-301. <<

[483] Para mayor información sobre este órgano véase Javier Mac Gregor Campuzano, “La prensa partidista en México en los años treinta”, 2005, pp. 107 y 134. <<

[484] Silvia González Marín, Prensa y poder político. La elección presidencial de 1940 en la prensa mexicana, 2006, p. 39. <<

[485] Decreto presidencial del 28 de diciembre de 1940, véase Rafael Loyola Díaz. Una mirada a México. El Nacional, 1940-1952, 1996, p. 7. <<

[486] Adalberto Arturo Madero Quiroga, Boletín de Acción Nacional, 1939-1943, 2003; y Donald J. Mabry, México’s Accion Nacional. A catholic alternative to revolution, 1973, pp. 118-119. <<

[487] Donald J. Mabry, op. cit., pp. 118-119. En la correspondencia entre Manuel Gómez Morín y Bernardo Elosúa (en adelante MGM/BE) se cuentan los pormenores de los preparativos y los problemas que enfrentaron para mantenerla en circulación. Por ejemplo, Gómez Morín en su carta del 29 de agosto de 1940 le comunica a Elosúa de su próxima desaparición. Véase, específicamente, MGM/BE, 12 de septiembre de 1939; MGM/BE, 19 de octubre de 1939; BE/MGM, 24 de octubre de 1939 y MGM/BE, 29 de agosto de 1940, en AMGM. Sección: PAN . Subsección: Correspondencia. Serie: Nuevo León. Elosúa, Bernardo. <<

[488] Este vocablo es utilizado comúnmente “para definir actores, posturas y movimientos, no es un concepto que tenga un significado único y tampoco existen una teoría estructurada en torno a él”. En el caso de México existe una amplia gama de conservadurismos expresados a lo largo de nuestra historia. Sabemos de la complejidad del uso historiográfico de esta categoría, por ende, nos limitamos a utilizarlo como adjetivo que “califica posiciones, prácticas o ideas” cuyos rasgos y actitudes podrían ser “que sus acciones se justifican sobre la idealización de un pasado; que se legitima sobre la base de la iusnaturalización y la universalidad de las instituciones, los valores, las tradiciones y formas de organización de la sociedad; que el conservadurismo es relacional: reacciona con respecto a algo, y en específico personaliza ese algo amenazante como la figura de un gran enemigo, que vincula y unifica a grupos y movimientos que son diferenciados entres sí […]; que percibe los cambios como provenientes del exterior, y no como procesos que se desencadenan desde el seno mismo de la sociedad”. Renée de la Torre, María Eugenia García Ugarte y Juan Manuel Ramírez Sáiz, Los rostros del conservadurismo mexicano, 2005, pp. 455-465. <<

[489] Para mayor información sobre la historia de la Editorial Jus, véase Carlos Alberto Ramírez Organista, “Tutearse con todos los tiempos: anécdotas y reflexiones detrás de un reportaje histórico para Editorial Jus (Reporte de experiencia laboral)”, 2008. <<

[490] MGM/EGL, 28 de mayo de 1947. Véase Jacques Hérissay, “Crónica de Francia. El florecimiento católico de las letras francesas” y “Crónica de Francia. La Revolución de 1789”, en La Nación, núms. 289 y 292, 14 de octubre y 2 de octubre de 1943, p. 17 y p. 22, respectivamente. Y Guy Chastel, “Crónica de Francia. Francis James o el arte de ser simple”, en La Nación, núm. 293, 24 de mayo de 1947, p. 20. <<

[491] Gilbert k. Chesterton, “La abuela del dragón” y “El ocaso de los grandes hombres”, en La Nación, núms. 96 y 106, 26 de abril y 17 de mayo de 1947, p. 21 y p. 24, respectivamente. <<

[492] Entre ellos está Soledad Loaeza, quien califica de manera indistinta a la revista como “el órgano oficial del partido” y en el registro de fuentes como “órgano informativo del Partido Acción Nacional”. Soledad, Loaeza. El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta, 1999, p. 269 y 593. Incluso Luis Calderón Vega se refirió a La Nación como: “La revista oficial del Partido, cumpliendo fielmente con su misión de expresar el pensamiento de Acción Nacional e informar sobre los sucesos, orientando a la opinión pública”. Luis Calderón Vega, Memorias del PAN (1950-1952), 1992, pp. 96-97. <<

[493] Donald J. Mabry, op. cit., pp. 118-119. <<

[494] Alma Sandra Juárez Pineda, “Revista La Nación, del Partido Acción Nacional: dos etapas de su historia: 1941-1951 y 1989-2000”, 2006. <<

[495] Pablo Serrano Álvarez, “La Nación: el periódico de la oposición panista, primera etapa, 1951-1958”, 2009, pp. 247-274. <<

[496] El subrayado es del autor. Alonso Lujambio, “La idea, el liderazgo y la coyuntura, Manuel Gómez Morín y la fundación del Partido Acción Nacional”, en La Democracia indispensable. En ensayos sobre la historia del Partido Acción Nacional, 2009, p. 49. <<

[497] Para mayor información sobre las varias organizaciones que se fundaron como respuesta al reformismo cardenista véase Ricardo Pérez Monfort, Por la Patria y por la Raza. La derecha secular en el sexenio de Lázaro Cárdenas, 1993. <<

[498] El origen ideológico de las personas que se sumaron al llamado de Gómez Morín para formar un partido político es una preocupación reciente en la historiografía sobre Acción Nacional, en esta línea se ubica el ensayo de Alonso Lujambio publicado en la revista Nexos, el cual dio lugar a una polémica entre Soledad Loaeza y Lujambio, cuyos trabajos fueron dados a conocer en la misma revista. Alonso Lujambio, “Gómez Morín, el PAN y la religión católica”, en Nexos, núm. 381, septiembre de 2009, pp. 67-74; Soledad Loaeza, “La hipoteca católica de Manuel Gómez Morín”, Nexos, núm. 382, octubre de 2009; y Alonso Lujambio, “Respuesta a Soledad Loaeza”, en Nexos, núm. 381, septiembre de 2009, pp. 19-20. <<

[499] Los Principios de Doctrina eran: Nación, Persona, Estado, Orden, Libertad, Enseñanza, Trabajo, Iniciativa [Privada], Propiedad, Campo, Economía, Municipio, Derecho y Política. Para conocer el contenido de cada uno, véase “Principios de Doctrina”, en www.pan.org.mx <<

[500] Como Armando Chávez Camacho, Luis de Garay, Bernardo Ponce, Carlos Ramírez Zetina, Manuel Ulloa, entre otros. Eduardo Blanquel, “Efemérides del Partido Acción Nacional”, 1978, p. 11. <<

[501] Para mayor información sobre este tema véase Enrique Krauze, Caudillos culturales de la Revolución Mexicana, Varias ediciones. Para conocer la correspondencia entre el ateneísta y Gómez Morín véase Archivo Manuel Gómez Morín (En adelante AMGM). Sección: Personal. Subsección: Correspondencia particular. Serie: José Vasconcelos. <<

[502] Silvia González Marín, op. cit., pp.16 y 20. <<

[503] En 1935 se creó PIPSA con el propósito de impedir el monopolio particular y fomentar la cultura. Esta dependencia sería la encargada de distribuir a precios bajos el papel importado. <<

[504] En el sexenio de Manuel Ávila Camacho el DAPP fue sustituido por la Dirección General de Información. <<

[505] Silvia González Marín, “La prensa y el poder político en el gobierno del general Lázaro Cárdenas”, p. 157. <<

[506] Ibid., pp. 30-33. <<

[507] Para mayor información véase Áurea Blanca Aguilar Plata, “La revista Hoy: un ensayo de periodismo independiente en el régimen cardenista (1937-1940)”, 2008; Miguel Ángel Pulido Martínez, “Historia del fotoperiodismo mexicano: autores, obras y contexto histórico”, 2001. <<

[508] Para mayor información sobre el comportamiento de la prensa y empresarios mexicanos durante este conflicto, véase José Luis Ortiz Garza, México en Guerra. La historia secreta de los negocios entre empresarios mexicanos de la comunicación, los nazis y Estados Unidos, 1989. <<

[509] Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna (en adelante MGM/EGL), 17 de abril de 1939, en AMGM. Sección: Personal. Subsección: Correspondencia personal. Serie: Efraín González Luna. <<

[510] Una parte importante de su producción fue dada a conocer en diferentes publicaciones de Acción Nacional, en el archivo personal de Manuel Gómez Morín se conservan varios ejemplares del material mencionado. <<

[511] Parte de esta producción fue reproducida en diversas publicaciones tanto nacionales como locales. Véase la correspondencia entre Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna recientemente publicada en Ana María González Luna Corvera y Alejandra Gómez Morín Fuentes. Estudio introductorio de Ana María González Luna Corvera, Una amistad sin sombras. Correspondencia entre Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, 2010. <<

[512] MGM/EGL, 17 de abril de 1939. <<

[513] De acuerdo a Luis Barrón, Luis Cabrera había enterrado parte del viejo lenguaje político decimonónico que separaba a los dos principales grupos políticos rivales: liberales y conservadores. Como parte de la defensa del proyecto político constitucionalista, Cabrera dividió al país entre revolucionarios o renovadores –es decir ellos, los carrancistas– y reaccionarios, o enemigos de la Revolución. Luis Barrón, “Conservadores Liberales: Luis Cabrera y José Vasconcelos, reaccionarios y tránsfugas de la Revolución”, 2009, pp. 435-466. El sentido que aquí damos a este vocablo es el que los diversos actores identificados con la Revolución calificaron a sus adversarios como reaccionarios. Como Vicente Lombardo Toledano, quien se refirió a la prensa opositora de tendencia conservadora como reaccionaria. Véase Vicente Lombardo Toledano, Cómo actúan los nazis en México: 17 de octubre de 1941, 1941. <<

[514] Para conocer específicamente los casos, véase la correspondencia entre Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna publicada en Ana María González Luna Corvera, op. cit. <<

[515] MGM-EGL, 22 de julio de 1940. <<

[516] MGM-EGL, 4 de noviembre de 1940. <<

[517] MGM-EGL, 29 de mayo de 1939. <<

[518] MGM, “Memorándum, s/f, en AMGM. Sección: Partido Acción Nacional. Subsección: Organización. Serie: Difusión. Subserie: La Nación. [1941]-1957. <<

[519] Idem. <<

[520] Pablo Serrano, op.cit., pp. 251, 252 y 260. <<

[521] MGM-EGL, 17, 19, 20 y 21 de junio de 1941. <<

[522] MGM-[Miguel Ordorica], Atento memorándum, 14 de junio de 1941, en AMGM, vol. 195, Exp. 41. Es probable que Gómez Morín lo redactara ex profeso para Ordorica, primero porque no era necesario precisarle a Septién García los criterios editoriales de la revista, pues el periodista queretano era miembro activo de Acción Nacional desde 1940. Segundo, en una carta que Gómez Morín envío a González Luna, fechada el 17 de junio de 1941, resume parte de este memorándum. Tercero, hay un punto clave en el memorándum y la carta citada que es la posible salida de Ordorica de Excélsior. Otro dato que descarta a Septién García es que de acuerdo a la correspondencia citada él ya participaba en la organización de la revista, véase MGM-EGL, 3 de junio 1941. Para mayor información biográfica sobre Septién García, véase Aminadab Rafael Pérez Franco, ¿Quiénes son en el PAN?, 2007. <<

[523] EGL-MGM, 17 de junio de 1941. Para mayor detalle sobre este señalamiento véase: MGM-EGL, 19, 20 y 21 de junio de 1941. <<

[524] Notaría Pública Número 18 a cargo del Lic. Rogelio R. Pacheco, México, DF. Testimonio de la escritura número 13,648, que contiene la constitución de la ‘EDITORA LA NACIÓN’, S. DE R. L. (Copia Simple), en AMGM, Sección: PAN, Subsección: Organización. Serie: Difusión. Subserie: La Nación. <<

[525] El reportaje gráfico es la recopilación de información gráfica verificada y registrada a través de fotografías, que en secuencia, representan un acontecimiento importante. Por lo general analítico y reflexivo en comparación con la fotografía de prensa. <<

[526] La Nación, núm. 1, 18 de octubre de 1941, s/p. <<

[527] Pablo Serrano, op.cit., pp. 260-261. <<

[528] Ibid., p. 264. <<

[529] Existía la sección “Doctrina”, espacio en el que escribieron diversos panistas en varias ocasiones como Guilebaldo Murillo y Issac Guzmán Valdivia, véase La Nación, núms. 27, 39 y 51, 18 de abril, 11 de julio y 3 de octubre de 1942, respectivamente. <<

[530] En diferentes documentos se confirma este objetivo. Por ejemplo en un memorándum se menciona que el esfuerzo realizado hasta ese momento satisfacía en buena parte los objetivos que dieron razón y ser a la creación de la revista: “a) Actualización de la doctrina política de Acción Nacional, enjuiciando a su luz los acontecimientos nacionales y mundiales, semanalmente. b Divulgación de la propia doctrina entre un público no perteneciente a Acción Nacional. c) Formación de periodistas en el Partido […]”. Sobre este último punto, dice el documento que los redactores debían tener además de “las cualidades propias del oficio, un criterio político bien formado conforme a las normas del Partido, o cuando menos, mostrar buena disposición para ir asimilando las ideas de Acción Nacional. Esto prácticamente elimina a los profesionales. De allí que hayan de ser reclutados entre los miembros o simpatizantes del Partido”, [MGM], “Memorandum de Redacción”, circa de principios de 1942, en AMGM, vol. 195, Exp. 41. <<

[531] La primera campaña político-electoral reseñada sería la de Aquiles Elorduy, véase La Nación, núm. 118, 15 de enero de 1944. <<

[532] Secciones “Elecciones”, en La Nación, núms. 90, 91, 535 y 537, 3 y 10 de julio de 1943 y 17 y 28 de enero de 1952, respectivamente. <<

[533] En otro documento Gómez Morín subraya el carácter comercial de la revista, empresa de la que su presidente era Roberto Cossío y Cosío. MGM-Juan Gutiérrez Lascuráin (en adelante MGM-JGL), Memorándum, 14 de abril de 1955, en AMGM, Sección: Partido Acción Nacional. Subsección: Organización. Serie: Difusión. Subserie: La Nación, (1941-1961). <<

[534] MGM-Antonio Pozzi, 15 de abril de 1950, en AMGM, vol. 195, Exp. 41. <<

[535] MGM-JGL, op. cit. <<

[536] MGM-Antonio Pozzi, op. cit. <<

[537] MGM, “Observaciones que he oído repentinamente”, 29 de mayo de 1957, en AMGM, Sección: Partido Acción Nacional. Subsección: Organización. Serie: Difusión. Subserie: La Nación. [1941]-1957. <<

[538] Véase MGM, s/d, s/f, en AMGM, Sección: Partido Acción Nacional. Subsección: Organización. Serie: Difusión. Subserie: La Nación, (1941-1961). <<

[539] Véase MGM-Antonio Pozzi, op. cit. <<

[540] Alonso Lujambio, ¿Democratización vía federalismo? El Partido Acción Nacional, 1939-2000: La historia de una estrategia difícil, p. 55. <<

[541] Ibid., p. 59. <<

[542] MGM-Alejandro Avilés (en adelante MGM-AA), memorándum, 24 de noviembre de 1958, en AMGM, vol. 195, Exp. 41. <<

[543] MGM, memorándum, 8 de enero de 1960, en AMGM, vol. 195, Exp. 41. <<

[544] Véase Capítulo X: De los Partidos Políticos, Artículo 106, fracción VI.- “Que la Junta Directiva nombrada, publique por lo menos ocho números de un periódico de propaganda durante los dos meses anteriores a las elecciones”. Este requisito se conservó, aunque presentó cambios en su ubicación en el capitulado y en su redacción. La primera fue en el Decreto que reforma la Ley Electoral del 2 de julio de 1918 que dice en su artículo 18: “No es obligatorio para los partidos políticos y candidatos independientes que hagan publicaciones que respectivamente les ordena la fracción IV del artículo 106 y 107 de la Ley Electoral del primero de julio de 1918”. Además de adiciones en la Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, en el Decreto que Reforma Artículos de la Ley Electoral Federal del 21 de Febrero de 1949 y en la Ley Electoral Federal del 2 de diciembre de 1951. En 1946 presentó los cambios y adiciones mencionados, véase Capítulo III: De los partidos políticos, Artículo 33.- “Los partidos políticos registrados conforme a esta ley, quedan obligados a sostener una publicación periódica propia, por lo menos mensual, y oficinas permanentes”. Tres años después este artículo pasó a ser el número 33 y presentó la siguiente adición: “… debiendo justificar ante la Secretaría de Gobernación, por lo menos cada seis meses, que cumplen estos requisitos”. En 1951 este artículo pasó a ser el número 38 y presentó la siguiente adición: “El tiraje de las publicaciones será certificado por la Comisión Electoral”. Véase: Antonio García Orozco, recopilación y estudio introductorio, Legislación electoral mexicana, 1812-1977, 1978, pp. 299, 316, 337, 371 y 401. <<

[545] Ibid., p. 299. <<

[546] Ibid., p. 336. <<

[547] MGM-EGL, 23 de septiembre de 1941. Así lo deja ver Gómez Morín en la respuesta que da al comentario de González Luna sobre no haber “recibido boletines de suscripción ni formas de recibos”. EGL-MGM, 30 de octubre de 1941. El presidente de Acción Nacional pidió a su homólogo regional que “el Comité se encargue tanto de organizar la colocación de suscripciones, como de vigilar la distribución de la revista que haga el agente local, indicándonos nombres de personas que en las distintas poblaciones del Estado puedan tomar a su cuidado la venta del periódico y la colocación y entrega de suscripciones”. MGM-EGL, 6 de noviembre de 1941. <<

[548] MGM-JGL, Memorándum..., op. cit. <<

[549] MGM-EGL, 8 de noviembre de 1949. Sobre este asunto véase MGM-EGL, 12 de enero de 1950 y MGM-EGL, 5 de septiembre de 1958. <<

[550] MGM-EGL, 1 de febrero de 1960. <<

[551] La Nación, núm. 1175, 15 de febrero de 1965, portada. <<

[552] Gabriel Sosa Plata, “Luchan radiodifusores contra la censura”, en El Financiero, 18 de marzo de 1997, p. 13. <<

[553] Fernando Mejía Barquera, “Los medios y las elecciones federales de 1997”, mesa redonda, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 20 de marzo de 1997. <<

[554] Víctor Manuel Durand Ponte, Ciudadanía y Cultura Política, México 1993-2001, 2004, p. 27. <<

[555] Víctor Manuel Durand Ponte, “Cultura política y participación ciudadana”, 2007, p. 161. <<

[556] Carlos González Martínez, “Por el camino de la transición”, en El Nacional, Apunte Electoral, viernes 2 de mayo de 1997. núm. 4. p. II. <<

[557] Esteban Krotz, “La investigación sobre la cultura política en México, visión panorámica de un campo de estudio en construcción”, 2002, pp.13-15. <<

[558] González Martínez, op. cit., p. II. <<

[559] Krotz, op. cit., p. 17. <<

[560] González Martínez, op. cit., p. VIII. <<

[561] Larissa Adler-Lomnitz, Simbolismo y ritual en la política mexicana, 2004, p. 22-23. <<

[562] Aunque a decir de los portavoces de la campaña “En los medios lo mejor”, gracias a su presión se logró la supresión de programas con alto contenido de violencia, como “a sangre fría” y estuvieron en pláticas para suprimir otros, lo cual, aunque no se convalide plenamente, por la ascendencia de las fuerzas conservadoras detrás de este movimiento, es en sí una forma de incidencia en el plano mediático. Entrevista a Miriam Ruiz, asistente de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales instrumentadoras de la campaña “En los medios lo mejor”, 1 de abril de 1997. <<

[563] SergioTamayo, Democratización en la ciudad, política y movimiento urbano, 1988, pp., 130-137. <<

[564] Karin Bohman, Medios de comunicación y sistemas informativos en México, 1989, p. 123. <<

[565] Fernando Mejía, “Los medios y las elecciones...”. <<

[566] Gabriel Sosa Plata, “Luchan radiodifusores contra la censura”, en El Financiero, 18 de marzo de 1997, p. 13. <<

[567] Idem. <<

[568] Entrevista a Nicolás González, periodista de Novedades, reportero de la cobertura a la campaña política de Alfredo del Mazo a la gobernatura del Distrito Federal, agosto de 1997. <<

[569] Academia Mexicana de Derechos Humanos, Observación de gastos de campaña para jefe de gobierno del Distrito Federal 1997, México, 1997, p.15. <<

[570] Fernando Mejía Barquera, “Nuevo Azcárraga, ¿Nueva Televisa?”, columna Crónica de medios, en El Nacional, 17 de marzo de 1997, p.18. <<

[571] Idem. <<

[572] Mauro Wolf, La investigación de la comunicación de masas, crítica y perspectivas, 1992, p. 165. <<

[573] Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, en La Jornada, viernes 14 de marzo de 1997, p. 24. <<

[574] Alonso Urrutia, “Decisivo, el papel de los medios de comunicación en los comicios del 6 de julio, Altamirano y Quintero ante alumnos de la Universidad Iberoamericana”, en La Jornada, 16 marzo 1997, p. 16. <<

[575] Gabriel Sosa Plata, “Luchan radiodifusores contra la censura”, Radio y TV, columna, en El Financiero, 18 de marzo de 1997. <<

[576] Idem. <<

[577] Eduardo Clavé, “Campañas y comunicación Política”, Suplemento, en El Nacional, martes 22 de abril de 1997. <<

[578] Elizabeth Velasco, “Usar espacios en tv y radio en buena lid, pide el IFE, hay apertura en el tratamiento equitativo de tiempos, afirmó Peschard”, en La Jornada, 22 de abril de 1997, p. 52. <<

[579] A excepción del Partido Verde Ecologista, algunos de los partidos pequeños no alcanzarían ni un punto porcentual en las votaciones. <<

[580] Academia Mexicana de Derechos Humanos, Las elecciones de 1997 en el Distrito Federal en la televisión, Informe del 17 al 28 de marzo de 1997, Documento. <<

[581] Academia Mexicana de Derechos Humanos, Las elecciones de 1997 en el Distrito Federal en la televisión, Informe del 31 de marzo al 11 de abril de 1997, Documento. <<

[582] Alberto Najar, “Repudio a TV-Azteca en mitin perredista, defendió Cárdenas el derecho de expresión de la televisión privada”, en La Jornada, 26 de abril de 1997, p. 53. <<

[583] Sergio Zermeño, “Las tentaciones del Elector”, en La Jornada, 29 de abril de 1997, p. 54. <<

[584] “Tetelocuento: ¿Hará más expropiaciones?... Cuatemochas: Pues sí, quiero expropiar las plataformas petroleras de Plomex….Tetelocuento: Pero cómo ingeniero, ya son de la nación, lo hizo su papá… Cuatemochas: Sí, pero queremos poner ahí a las autonomías indígenas, no ven que el pretexto es que no encuentran dónde ponerlos...”. Versión estenográfica de programa televisivo “Hechos de Peluche”, 2 minutos 0.5 segundos, 18 de marzo de 1997. <<

[585] Alonso Urrutia, “Los sondeos, arma estratégica de partidos”, en La Jornada, 10 de abril de 1997, p. 47. <<

[586] Ricardo Olayo, “La encuesta, instrumento que puede ser manipulado: IFE. No deben ser censuradas, pero sí darles lineamientos metodológicos, dice”, en La Jornada, 14 de abril de 1997, p. 50. <<

[587] La Jornada, “NYT: Cárdenas, con posibilidades reales de ganar”, 22 de abril de 1997, p. 47. <<

[588] Alonso Urrutia, “Coinciden encuestas,: Cárdenas va a la cabeza”, en La Jornada, 13 de mayo 1997, p. 51; “Indemerc Harris: Castillo en segundo lugar; Del Mazo, tercero”, en La Jornada; 13 de mayo de 1997, p. 51; “Simulacro en CCH Naucalpan”, en La Jornada, 15 de mayo de 1997, p.53; “Encuesta de la UAM mantiene a Cárdenas a la cabeza”, en La Jornada, 9 de mayo de1997, p. 55. <<

[589] Víctor Ballinas, “Gana Acción Nacional sondeo en universidades públicas y privadas, aventaja al PRD con dos puntos porcentuales y al PRI con 13.57”, en La Jornada, 15 de mayo de 1997, p. 45. <<

[590] José Blanco, “La desviación típica”, en La Jornada, 13 de mayo de 1997, p. 18. <<

[591] Víctor Flores Olea, “La elección del Distrito Federal”, en La Jornada, 14 de mayo de 1997, p. 40. <<

[592] Nicolás González, Entrevista citada. <<

[593] La Jornada, “Cárdenas, ganador: 5 encuestas”, primera plana, 26 de mayo de 1997. <<

[594] Academia Mexicana de Derechos Humanos, “El claroscuro del derecho a la información: la televisión y el debate Cárdenas-Del Mazo”, Informe, mayo de 1997. <<

[595] La Jornada, “En la mayoría de los estados no se transmitió el encuentro”, 28 de mayo de 1997, p. 5. <<

[596] Víctor Chávez, “Fantasmales, las campañas de candidatos al Congreso, El Financiero, 28 de mayo de 1997, p. 43; Víctor Chávez, “Declina el aspirante del PT al DF, oxígeno a Del Mazo”, en El Financiero, 28 de mayo de 1997, p. 1. <<

[597] La Jornada, “El acceso a medios dará al PRI grandes ventajas”, 23 de mayo 1997, p. 7. <<

[598] Jorge Fernández Menéndez, “El Charme electoral de Cárdenas”, en El Financiero, 28 de mayo de 1997, p. 44. <<

[599] Bernardo Bátiz, “Gobierno del Distrito Federal”, en La Jornada, 21 de mayo de 1997, p. 5. <<

[600] El Financiero, “Recibirán observadores electorales 1 millón 520 mil dólares”, 28 de mayo de 1997, p. 45; La Jornada, “Los observadores pueden obtener otros financiamientos”, 11 de mayo de 1997, p. 3; La Jornada, “Inician campaña en el DF para promover el voto razonado, 9 de mayo de 1997, p. 6. <<

[601] La Jornada, “La experiencia, base de opciones democrática: González Casanova”, 22 de mayo de 1997, p. 13. <<

[602] La Jornada, “La observación, desde fases previas a los comicios, Consejeros del IFE”, 2 de mayo de 1997, p. 9. <<

[603] La Jornada, Correo Ilustrado, “Hay base jurídica para equiparar a las Asociaciones Políticas Nacionales, con organizaciones políticas: Alianzas Cívica”, 7 de marzo de 1997, p. 2. <<

[604] Paulina Fernández, “Participación ciudadana”, en La Jornada, 23 de mayo 1997, p. 6. <<

[605] González Martínez, op. cit., p. III. <<

[606] La Jornada, “La observación, desde fases previas a los comicios, Consejeros del IFE”, 2 de mayo de 1997, p. 9. <<

[607] Academia Mexicana de Derechos Humanos, Observación de gastos de campaña para jefe de gobierno del Distrito Federal 1997, op. cit., p. 15 <<

[608] Idem. <<

[609] Ibid., p. 16. <<

[610] Ibid., p. 33. <<

[611] Nicolás Gonzáles, Entrevista citada. <<

[612] Academia Mexicana de Derechos Humanos, Observación de gastos..., op. cit., p. 41. <<

[613] Nicolás González, Entrevista citada. <<

[614] Idem. <<

[615] Elba Esther Gordillo, “El Debate”, en La Jornada, 26 de mayo de 1997, p. 9. <<

[616] Adrián Acosta Silva, “La política del retoque”, en El Nacional, 29 de mayo de 1997, p. 6. <<

[617] González Martínez, op. cit., p. III. <<

[618] Héctor Tejera Gaona, “Cultura, prácticas políticas y comportamiento electoral en la ciudad de México”, 2005, p. 214. <<

[619] Adler-Lomnitz, op. cit., p. 27. <<

[620] Ibid., p. 33. <<

[621] Ibid., p. 294. <<

[622] Roberto Varela, “Participación y cultura política”, 2005, p. 35. <<

[623] Profesora investigadora de ITESM Campus Estado de México. <<

[624] Lara Klahr, Marco, “Periodismo y computación, génesis de la automatización editoral en los principales medios impreso de la ciudad de México (1980-1990)”, Tesis de licenciatura, UNAM, 1996 p.127. <<

[625] Pena de Oliveira, Felipe, Teoría del periodismo, México, 2009, p. 150. <<

[626] Flores Q., Genoveva, “Unomásuno:1977-1987. Historias personales”, Tesis doctoral, México, UIA, 2008. <<

[627] Salaverría, Ramón, coord., Cibermedios, Ed. Comunicación Social, Sevilla, 2005, p. 35. <<

[628] Profesor-investigador en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. <<

[629] Roger Chartier, Cultura escrita, literatura e historia. Conversaciones con Roger Chartier, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p.13. <<

[630] Ibid., p.85. <<

[631] Ibid., p.86. Véase Robert Darnton, Los best sellers prohibidos en Francia antes de la Revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 2008 (Historia). <<

[632] Robert Darnton, op.cit., p.11. <<

[633] Al respecto, véase el libro de James D. Cockcroft, Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana (1900-1913), México, Dirección General de Publicaciones, SEP-Siglo XXI editores, 1985. <<

[634] Luis Araiza, Historia del Movimiento Obrero Mexicano, México, Tomo III, Ediciones de la Casa del Obrero Mundial, 1975, pp. 23 y 25. <<

[635] Lily Litvak, Musa Libertaria, Arte, literatura y vida cultural del anarquismo español (1880-1913), Madrid, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2001, pp.218-219 y 228. <<

[636] Litvak, op.cit., p. 211 y Alejandro de la Torre, “Las agrupaciones políticas consignadas en Regeneración, 1900-1918. Distribución geográfica de una extensa red de solidaridades políticas”, en Regeneración 1900-1918, (edición digital), Monclova, Gobierno de Coahuila-Instituto Coahuilense de Cultura, 2008. <<

[637] Ver Anna Ribera Carbó, La Casa del Obrero Mundial. Anarcosindicalismo y Revolución en México, México, INAH, 2010 (Colección Científica 556). <<

[638] Rosendo Salazar, “Primeras Palabras”, en Revolución Social, etapa 1., núm. 1, 25 de febrero de 1915. <<

[639] “¡Salud!”, en Ariete, núm. 1, 14 de octubre de 1915. <<

[640] Para un trabajo detallado acerca estos periódicos véase Anna Ribera Carbó, “Los periódicos de la Casa del Obrero Mundial. Prensa obrera durante la Revolución Mexicana” en Historias 73, mayo-agosto de 2009, pp. 47-66. <<

[641] Pedro Kropotkine, “La expropiación” en Revolución Social, etapa 1, núm. 3, México, 27 de febrero de 1915 <<

[642] Pedro Kropotkine, “El alojamiento” en Revolución Social, etapa 1, núm. 4, México, 28 de febrero de 1915. <<

[643] Juan Grave, “La sociedad moribunda” en Revolución Social, etapa 1, núm. 2, México, 26 de febrero de 1915. <<

[644] P.J. Proudhon, “Nuestra portada. Del libro ‘¿Qué es la propiedad?’” en Ariete, etapa 1, núm. 5, México, 14 de noviembre de 1915. <<

[645] Anselmo Lorenzo, “Los conquistadores del pan” en Ariete, etapa 1, núm. 6, México, 21 de noviembre de 1915”. <<

[646] Idem. <<

[647] Véase Francisco Ferrer Guardia, La Escuela Moderna, Ediciones Júcar (Crónica General de España), 1976 y Albert Mayol (editor), Boletín de la Escuela Moderna, Barcelona, Tusquets editor, 1978 (Serie Los Libertarios, 10). <<

[648] Francisco Ferrer Guardia, “Ferrer en la cárcel” en Ariete, etapa 1, núm. 1, México, 14 de octubre de 1915. <<

[649] Francisco Ferrer Guardia, “Habla el maestro” en la “Página pedagógica”, Ariete, etapa 1, núm. 2, México, 24 de octubre de 1915. <<

[650] Véase “Juicios sobre educación”, Ariete, etapa 1, núm. 1, México, octubre 14 de 1915. <<

[651] La Ruche se mantuvo activa desde 1904 hasta 1917, cuando los efectos de la Gran Guerra pusieron fin a su existencia. La propuesta comprendía la preparación de los niños, desde sus primeros años, para asumir su propia autonomía, desarrollar sentimientos de solidaridad y buscar su propia libertad contribuyendo a la construcción de una sociedad fraternal. Intentaba demostrar, además, que instalado en un contexto social igualitario y libre, el individuo desarrollaba valores y modos de conducta igualitarios y libertarios. Ver Francesco Codello, “Sébastien Faure and La Ruche Experimental School” en Bulletin of the Kate Sharpley Library, núm. 15, junio, 1998. <<

[652] Sebastián Faure, “La enseñanza. Libertad o monopolio” en “Página pedagógica”, Ariete, etapa 1, núm. 8, México, 12 de diciembre de 1915. <<

[653] Para una reflexión más detallada sobre el tema véase Anna Ribera y Alejandro de la Torre, “Memoria libertaria. Usos del calendario militante del anarquismo hispanoamericano”, en Historias 75, enero-abril, 2010, pp. 105-122. <<

[654] Louise Michel, Mis recuerdos de la Comuna, México, Siglo XXI editores, 1973. <<

[655] Luisa Michel, “Proclamación de la ‘Commune’” en Revolución Social, etapa 1, núm. 5, México 2 de marzo de 1915. <<

[656] Roger Chartier, op.cit., p.169. <<

[657] Robert Darnton, op.cit., p.19. <<

[658] Sobre la ciudad de México durante la revolución véase Ariel Rodríguez Kuri, Historia del desasosiego. La revolución en la ciudad de México, 1911-1922, 2010. Para la prensa moderna uno de cuyos rasgos fue la inclusión de imágenes, véase Clara Guadalupe García, El periódico El Imparcial, 2003; Florence Toussaint Alcaraz, Escenario de la prensa en el Porfiriato, 1989; Blanca Aguilar Plata, “El Imparcial: su oficio y su negocio”, 1982 y Denise Hellion, Exposición permanente, 2008. Sobre las fiestas del centenario de la independencia, incluída su consumación, véase Carla Zurián, “Noticias oficiales y crónicas incómodas: La prensa durante las Fiestas del Centenario (1910-1921), s.f. [2008]. <<

[659] Sobre las transformaciones publicitarias a fines del siglo XIX que caracterizaron a la prensa moderna, véase Denise Hellion, Humo y cenizas. Los orígenes de la publicidad cigarrera en la ciudad de México, 2010. <<

[660] Al respecto de la comunicación a través de imágenes, véase la propuesta de David Freedberg, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta, 1992. <<

[661] Al respecto de la transformación de la conducta que se espera por el discurso político, véase Paolo Fabbri y Aurelia Marcarino, “El discurso político”, 2002. <<

[662] Los provincianos están alejados y ajenos de los avances de la modernidad de las ciudades, asunto que también se presentó en otras naciones; para un acercamiento a la conceptualización de la provincia francesa véase Alain Corbin, “Paris-Provence”, 1992. <<

[663] Para los cambios en la ciudad por el empleo de la luz eléctrica, véase Lilian Briseño, Candil de la calle, oscuridad de su casa. La iluminación en la Ciudad de México durante el Porfiriato, 2008. <<

[664] Para observar el recorrido de los desfiles se ofrecieron balcones, azoteas y ventanas, inclusive El Imparcial anunció la renta de sus balcones el 5 septiembre 1910. Los Ferrocarriles Nacionales Mexicanos exaltaban la oportunidad que ofrecía la capital para llamar a viajar en sus carros, como en el anuncio insertado en El País del 14 de septiembre de 1910, p. 7. <<

[665] El anuncio de la compañía tranviaria se colocó en el periódico Le Courier du Mexique que era editado por la colonia francesa y se hizo en francés en la edición del 29 de agosto de 1910, p. 4. Mientras que para 1921 la misma empresa prefirió la edición conmemorativa del centenario que hizo El Universal, para contratar una página completa en la sección 10ª, p. 6. En ambos casos optó por un medio excepcional, como lo era la asistencia de fuereños que desconocían sus rutas y requerían de los servicios de transporte. <<

[666] El anuncio de la fábrica Excélsior apareció en El Imparcial del 1 de septiembre de 1910, p. 3; y El Buen Tono extendía el llamado para la visita a las noches, cuando el inmueble era iluminado por tres mil focos incandescentes, El Imparcial, 16 septiembre, 1910 p. 2. <<

[667] Véase Stephen Haber, Industria y subdesarrollo. La industrialización de México. 1890-1940, 1992; para la presión por la comercialización que mantendría a la maquinaria industrial en actividad y que en México en general no fue explotada en plenitud. <<

[668] Existen anuncios dispersos en estas décadas que emplean al inmueble comercial como identificación visual para guiar al comprador, a pesar de los avances en la impresión de fotograbados, se prefirió el uso del dibujo que podía reunir a vehículos y compradores a la vez que eliminaba a los competidores vecinos. Para los años que nos ocupan pueden verse ejemplos en la edición conmemorativa de El Universal, septiembre de 1921 con anuncios de Las Fábricas Universales y El Palacio de Hierro y para 1910, uno de los fotomontajes pioneros de Manuel Ramos para Al Puerto de Veracruz en Eugenio Espino Barros, Álbum gráfico de la República Mexicana 1910, 1910. Con respecto de los mojones en las urbes puede consultarse Kevin Lynch, La imagen de la ciudad, 2000. <<

[669] Aunque en la constitución se relegara el voto femenino a un signo de igualdad que debería esperar otras décadas. Pero la mujer consumidora se había colocado en el imaginario desde la publicidad de los grandes almacenes en el Porfiriato, véase Hellion, op. cit., 2008. <<

[670] Anuncio aparecido en El Imparcial, 20 septiembre, 1910. <<

[671] Con respecto de las diferencias en los despliegues del espectáculo y la distinta concepción del pueblo en ambos años, puede consultarse Zurián, op. cit. La propia convención del festejo centenario tiene vertientes que a otro siglo de distancia han sido abordadas por algunos autores, solamente dejo como referencia E. H. Gombrich, “Historia de los aniversarios: tiempo, número y signo”, 2010. <<

[672] Thelma Camacho ha estudiado al litógrafo Urrutia, autor de las series de historietas de El Buen Tono y de las caricaturas sueltas que también se editaron, además de participar en la producción de los empaques de los cigarrillos, véase Imágenes de México Las historietas del Buen Tono de Juan B. Urrutia. 1909-1912, 2002. Los accidentes ocasionados por los provincianos ignorantes de la velocidad tranviaria fueron tema de una historieta de El Buen Tono editada en El Mundo Ilustrado el 9 de octubre de 1904. <<

[673] Tres inserciones de historietas son la fuente de estos personajes, pueden consultarse en Multicolor, núm 152, 7 de mayo de 1914; Revista de Revistas, 7 de abril de 1912, p.24 y del mismo semanario la edición del 12 de mayo de 1912 en la página 24. <<

[674] Al respecto puede consultarse Rodríguez Kuri, op.cit., 2010 y del mismo autor “Desabasto, hambre y respuesta política, 1915”, 2000. <<

[675] Mauricio Tenorio ofrece un análisis al respecto de los intereses desplegados desde diversos gobiernos nacionales en la asistencia a las exposiciones universales en Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 1880-1930, 1998. Aunque me parece que todavía resta el estudio de la repercusión de estas exposiciones en la representación comercial de escaparates que influyeron en la museografía nacional. <<

[676] La ganadora del concurso fue María Bibiana Uribe, quien representaba la belleza del mestizaje e incorporaba a la población indígena como partícipe de las fiestas. Al respecto de los acentos populares y las diatribas de los organizadores y políticos véase Carla Zurián, “1910 y 1921. Los años que fuimos Centenario. Programas y festejos a través de la prensa”, 2010, mecanoescrito. Agradezco a la autora proporcionarme el documento que es adelanto de una investigación más amplia que está en curso. <<

[677] La inserción apareció en la edición de El Universal, 14 de septiembre de 1921, 1ª sección, p. 5. <<

[678] Para los inicios de la radio en nuestro país véase Roberto Ornelas Herrera, “Radio y cotidianidad en México (1900-1930)”, 2006, y para el imaginario asociado y detonado especialmente desde la estación CYB de El Buen Tono véase Rubén Gallo, Mexican modernity. The avant-garde and the technological revolution, 2005. <<

[679] Otros anuncios que usaron la representación del charro aparecen desde el Porfiriato, con la inserción del tónico Pinkham que daba fortaleza a las mujeres, con una joven charra como imagen, en El Imparcial del 16 de enero de 1910. Una versión caricaturizada del charro Mamerto se representó para anunciar los cigarros de la Imperial que “en todas partes prenden”, en Excélsior ,18 de noviembre de 1928, p. 7. Y una escena de enamoramiento campirano aunque no charro fue empleado para anunciar sarapes de “La Colmena” en la revista Azulejos de 1923. <<

[680] Para un seguimiento del estereotipo de la china en la configuración del estereotipo nacional véase Ricardo Pérez Montfort, Expresiones populares y estereotipos culturales en México. Siglos XIX y XX. Diez ensayos, 2007. <<

[681] Guillermo Palacios, Coord., Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, siglo XIX, México, El Colegio de México, 2007. <<

[682] Existe una amplia discusión sobre el uso “esfera pública” para la historia y para la teoría política. En este trabajo asumimos, de manera reducida, la postura sistémica luhmaniana, que ve a la esfera pública, como el conjunto de opiniones públicas vertidas en un momento determinado; estas opiniones de una forma o de otra condicionan el suceder político. En nuestra investigación identificamos los temas políticos locales, como los temas periodísticos regionales. Para una explicación más profunda ver a Nora Rabotnikof, En busca de un lugar común: el espacio público en la teoría política contemporánea, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. También Mauricio Merino (coord.), Coord., ¿Qué tan público es el espacio público en México?, Fondo de Cultura Económica-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2008. Además a Niklas Luhmann, La política como sistema, Universidad Iberoamericana, México, 2009. <<

[683] Nos adscribimos al término de referencia desde la historiografía política discutido brillantemente por Alfredo Ávila, “Liberalismos decimonónicos: de la historia de las ideas a la historia cultural e intelectual”, aparecido en Guillermo Palacios, (coord.), Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, siglo XIX, México, El Colegio de México, 2007, pp. 111-145. <<

[684] “Más, es de sobra conocida por usted la fricción política, surgida de un tiempo a la fecha, fricción que se ha acentuado marcadamente en los últimos días y deseo conservarme leal al Partido al que he pertenecido antes de ser usted candidato, Partido que de hecho se siente desligado de la actuación de usted y de su conducta política”. en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., El periódico de la frontera, octubre 19 de 1933, p. 1. <<

[685] “(…) debo establecer el hecho de contando como cuento con el respaldo de la mayoría de los miembros de la Institución Política a que Ud. se refiere, de la cual soy uno de los fundadores y a la que he sido y seguiré siendo leal, estimo ligero e inconsistente su juicio sobre mi actuación política y sobre mi posición dentro de la misma: juicio que coloca a Ud. dentro del pequeño grupo que ha asumido una injustificada actitud de incomprensión, mantenida tendenciosamente, desde el comienzo de mi gobierno.” en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., El periódico de la frontera, octubre 19 de 1933, p. 1. <<

[686] El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., El periódico de la frontera, octubre 19 de 1933, p. 1. <<

[687] El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., El periódico de la frontera, octubre 19 de 1933, p. 1. <<

[688] Archivo del Congreso de Nuevo León, Caja 122, Expediente 70, Legislatura XLV. <<

[689] El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., El periódico de la frontera, octubre 20 de 1933, p. 1. <<

[690] Carta del Congreso Local aparecida en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., El periódico de la frontera, octubre 20 de 1933, p. 2. <<

[691] “Enterado situación política esa respecto divergencias criterio nuestro Partido, y Legislaturas Local con Gobierno estado, nos apresuramos a ratificar nuestra disciplina e institución que ha prestado indiscutibles beneficios pueblo por amplia labor social desarrollada y reconocida todo Nuevo León, estaremos en todo momento cerca de nuestro Partido que cumple fielmente programa revolución. Senador Carlos F. Osuna, Senador Alberto Cossío, Diputados Jesús C. Treviño, Antonio G. Garza, Dionicio García Leal, Generoso Chapa Garza”. Telegrama enviado a la redacción del periódico para su publicación en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 20 de 1933, p. 2. <<

[692] Lista proporcionada por el mismo Partido Social Democrático de Nuevo León al periódico El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 20 de 1933, p. 2. Aparecen los nombres, más no los cargos de los renunciantes. <<

[693] Manifiesto del Partido Social Democrático de Nuevo León al Pueblo de Nuevo León, aparecido en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 20 de 1933, p. 2. <<

[694] Idem. <<

[695] Documento “El Ayuntamiento protesta contra el C. Gobernador”, aparecido enEl porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 20 de 1933, p. 2. <<

[696] Idem. <<

[697] El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 21 de 1933, p. 1. <<

[698] Idem. <<

[699] “Para las seis de la tarde los corredores del Palacio de Gobierno se vieron completamente invadidos por representantes de los pueblos que personalmente vinieron a protestar su adhesión, al Gobernador, señor Cárdenas. Había también Delegaciones de sindicatos de obreros de la ciudad; de la Cámara de Trabajo; de los Patronos y también de los Industriales y sobre todo de los maestros de escuela, cuyo grupo era más numeroso” en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 20 de 1933, p. 2. <<

[700] “En las mismas fuentes se nos informó que no solamente los sindicatos de obreros, sino también la Cámara Nacional de Comercio se dirigieron al Presidente de la República y al General Calles, por la vía telegráfica, tratando el “caso político de Nuevo León” en el sentido de que no debería permitirse el cambio de Gobernador del Estado, ya que en el señor Cárdenas veían un elemento de progreso a la vez que una garantía para el Estado”. Idem. <<

[701] Estas evidencias gráficas aparecen como fotografías en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 20 de 1933, p. 5. <<

[702] Manifiesto enviado a la Cámara de Comercio, Industria y Minería de Monterrey, publicado a petición expresa del propio Sáenz, aparecido en El porvenir. Monterrey, N.L., El periódico de la frontera, octubre 21 de 1933, p. 1. <<

[703] “Me permito hacer un cordial llamamiento a mis amigos de Nuevo León para que serenado este momento esperen la mediación del Sr. Senador Riva Palacio y confíen en que, para bien de Nuevo León, el conflicto político existente habrá de dejar a salvo el programa de respeto, trabajo, disciplina y lealtad por el que tanto se esforzado nuestro Partido, seguros de que por atendibles que sean los intereses personales, sobre ellos habrán de sobreponerse los de la colectividad. De este modo Nuevo León dará un ejemplo edificante, esperando con tranquilidad y calma la solución de este incidente. Siempre me he preocupado por el desarrollo y la tranquilidad de nuestro Estado. Hago votos por un pronto y decoroso arreglo.” Idem. <<

[704] Fue Gobernador Interino de Nuevo León en el porfiriato, supliendo a Bernardo Reyes, del 23 de enero de 1900 al 29 de diciembre de 1902. <<

[705] El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 21 de 1933, p. 1. <<

[706] La nota cabeceaba “La clase estudiantil se mantendrá alejada de todo asunto político” en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 21 de 1933, p. 4. <<

[707] Manifiesto publicado en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 21 de 1933, p. 1. <<

[708] Declaraciones recogidas por El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 21 de 1933, p.8. <<

[709] Declaraciones recogidas por El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 21 de 1933, p.8. <<

[710] Declaraciones recogidas por El porvenir. Monterrey, N.L., El periódico de la frontera, octubre 21 de 1933, p.4. <<

[711] Crónica aparecida en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., 22 de 1933, p.1, 4, 8. <<

[712] Declaraciones recogidas por El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 22 de 1933, p.4 y 8. <<

[713] Idem. <<

[714] “Deseo aprovechar esta ocasión para afirmar una vez más que no autorizo ni autorizaré a elemento o grupo alguno para que, aprovechándose de la situación que reinaba, y que repito ha desaparecido, tome mi nombre o haga referencia al cargo que desempeño, para desarrollar actividades de agitación que condeno y repruebo, tendientes a menoscabar la unidad de los nuevoleoneses en torno del Partido Nacional Revolucionario y de los principios sociales que sustenta. Finalmente, declaro que mi situación política, es, ha sido y será siempre la de un elemento afín y disciplinado al órgano Político de la Revolución que es nuestro Gran Partido Nacional Revolucionario”. Declaración del Gobernador Francisco A. Cárdenas entregada por escrito al periódico el 22 de octubre y publicada en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 23 de 1933, p.4. <<

[715] Declaración del Presidente del Partido Social Democrático, Plutarco Elías Calles Jr., entregada por escrito al periódico el 22 de octubre y publicada en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 23 de 1933, p. 4. <<

[716] En la Sección Editorial de El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 24 de 1933, p.3. <<

[717] Idem. <<

[718] “Cualquier juego de niños divierte no sólo a los infantes sino también a los hombres, pero suele suceder que ciertos juegos, mal dirigidos, pueden convertirse en cosa seria y debe darse uno por satisfecho porque las cosas no lleguen a mayores. Hay en Monterrey una pandilla de niños que emprende juegos peligrosos; la policía debe tomar acción decisiva sobre los juegos de los niños regiomontanos, pues el día menos pensado, pueden registrarse desgracias, sobre todo, que no jueguen en las vías públicas”. Escrito firmado por “Carlos Polo”, en la Sección Editorial de El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., octubre 24 de 1933, p.3. <<

[719] Rumor reproducido por El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 22 de 1933, p. 4. <<

[720] El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 22 de 1933, p.4. <<

[721] Este Partido se había formado como oposición al gobierno de Aarón Saénz, en 1927, y tenía como figuras inspiradoras a Antonio I. Villarreal, gobernador de Nuevo León, carrancista, en desgracia política y entonces exiliado debido a su participación en la rebelión delahuertista. La otra figura inspiradora fue el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, quien fuera famoso a parte por su gubernatura, porque siendo diputado federal, se atrevió a llamar farsante a Plutarco Elías Calles en su último informe de gobierno, después del asesinato de Álvaro Obregón. Su tendencia era de oposición liberal a los gobiernos callistas. Se puede profundizar en el manriquismo en el libro de Romana Falcón, Revolución y caciquismo. San Luis Potosí 1910-1938, El Colegio de México, México, 1984. <<

[722] Volante publicado íntegro en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 22 de 1933, p. 8. <<

[723] El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 23 de 1933, p.4. <<

[724] Nota consignada en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 23 de 1933, p. 4. <<

[725] Discurso recogido por El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 24 de 1933, p. 4. <<

[726] Discurso recogido por El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 24 de 1933, p. 8. <<

[727] Publicado por El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 24 de 1933, p. 8. <<

[728] Manifiesto publicado en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 24 de 1933, p. 8. <<

[729] Mediante un Boletín de Prensa aparecido en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 26 de 1933, p. 5. <<

[730] Versión que hizo se pública en el Suplemento Extra de El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., El periódico de la frontera, diciembre 27 de 1933. <<

[731] Renuncia publicada en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 28 de 1933, p. 2. También puede verse en el Archivo del Congreso del Estado de Nuevo León Caja 120, Expediente 25, Legislatura XLV. <<

[732] El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 28 de 1933, p. 7. <<

[733] “Mi última consideración es que este Estado de Nuevo León, que tiene un vigor intelectual propio, gran espíritu cívico y una gran energía creadora, no debe ser trastornado por obra de la política pequeña e interesada; de todos es el deber de no entorpecer su marcha progresiva, no desmoralizar a sus elementos de trabajo, no sembrar la desconfianza en los hombres de buena voluntad, y por lo tanto, fuera del poder, como lo fue en él, mi única preocupación será la de contribuir con mi parte a evitar males y trastornos, favoreciendo así el renacimiento de la armonía entre todos los buenos hijos de Nuevo León”. Idem. <<

[734] Ver el Dictamen de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la XLV Legislatura de Nuevo León, publicado en El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 28 de 1933, p. 2. Además en el Archivo del Congreso del Estado de Nuevo León Caja 120, Expediente 25, Legislatura XLV. <<

[735] Declaraciones recogidas por El porvenir. El periódico de la frontera, Monterrey, N.L., diciembre 28 de 1933, p. 7. <<

[736] Idem. <<

[737] Aguilar, Luis, “El estado actual de la investigación sociológica en México”, en Estudios de teoría e historia de la sociología en México, 1995. <<

[738] Sobre este tema ver Castañeda, Fernando, La crisis de la sociología académica en México, 2004. <<

[739] Entiendo aquí cultura política como un término plurívoco que hace referencia a un campo cognitivo que puede ser abordado desde diversas disciplinas y perspectivas teóricas, dependiendo del objeto de análisis y de las afinidades electivas del observador. Para el propósito de este trabajo traduzco esto en un concepto operativo (estabilizando provisionalmente su contenido semántico) donde la cultura política puede ser entendida como un conjunto de patrones temporales, espaciales y simbólicos de orientación de la acción que ligan, por una parte, las dimensiones “externas” que la condicionan y, por otra, el “filtrado” subjetivo que de ellos se hace en la vida práctica a través de la articulación de proyectos a los que subyacen intenciones, significados y atribuciones de sentido que atraviesan la negociación, la competencia, la lucha y la colaboración en la esfera de la política. En este sentido, la política es una actividad que tiene como propósito el acceso al ejercicio del poder o a su distribución en el mundo social. Ver: Weber, Economía y Sociedad, 1984; Weber, El político y el científico, 1982; Formisano, “The concept of political culture”, 2001: Krotz, E., Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura política en México, 2001; Parsons, T., El sistema social, 1984. <<

[740] Esto no era del todo una novedad, puesto que ya desde los años veinte los proyectos educativos de José Vasconcelos habían apostado por la redención del pueblo a través de la cultura y de la educación, consideradas como los medios de creación de una identidad nacional homogénea y sólida. Cf. Arce Gurza, Francisco, “En busca de una educación revolucionaria. 1924-1934”, en Vázquez, Zoraida J. et al., Ensayos sobre historia de la educación en México, 1981. <<

[741] Usamos esta distinción únicamente en términos analíticos, puesto que en realidad no es posible establecer una línea de demarcación clara entre discursos y acciones, siempre íntimamente imbricados y mutuamente condicionados en la vida política y social. No hay acciones que no involucren algún nivel discursivo –sea o no consciente para sus actores u observadores– ni discursos que no puedan ser vistos como formas de acción. <<

[742] Chico Goerne, Luis, Ruta Universitaria, 1947, p. 17. Subrayado nuestro. <<

[743] Usamos aquí el concepto “misión” en el sentido ético de “llamado” que le atribuyó Max Weber en su célebre estudio sobre las conexiones entre ética religiosa y orígenes del capitalismo. Ver Weber, Max, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1981. <<

[744] Sobre este tema puede verse: Díaz Arciniega, Víctor, Querella por la cultura revolucionaria, 1989. <<

[745] Institución que le otorgó un doctorado honoris causa ese año. <<

[746] Ibid. p. 12. <<

[747] Mendieta y Núñez, L., “Programa para la integración de la investigación social en las Américas” en Revista Mexicana de Sociología, enero-marzo de 1942. <<

[748] Sobre este tema ver Bell, Daniel, Las ciencias sociales desde la Segunda Guerra Mundial, 1984. <<

[749] La segunda guerra dio a las ciencias sociales en Estados Unidos, particularmente a la sociología, oportunidades para mostrar su utilidad para la política. “Durante la guerra, casi todas las universidades aceptaron contratos para entrenar personal militar, científico y de inteligencia para agencias con el Ejército, la Armada, el Cuerpo de Marinos, la Fuerza Aérea, la Oficina de Servicios Estratégicos, etc.” Vidich, A., Lyman, S. et al., Sociología y sociedad. Tensiones disciplinarias y compromisos profesionales, 1988, p. 15. <<

[750] “Primer Congreso Latinoamericano de Sociología”, en Revista Mexicana de Sociología, septiembre-diciembre de 1956, p. 684. <<

[751] Sobre este tema véase Gouldner, Alvin, La crisis de la sociología occidental, 1974; Alexander, Jeffrey, La teoría sociológica desde la Segunda Guerra Mundial, 1990. <<

[752] Sobre el papel de Lucio Mendieta en la institucionalización de la sociología en México después de la revolución de 1910 puede verse: Sefchovich, Sara, “La sociología mexicana en los laberintos de la Revista Mexicana de Sociología”, Revista Mexicana de Sociología, enero-marzo de 1989. Olvera, M., Lucio Mendieta y la institucionalización de la sociología en México, 2004. <<

[753] Fue fundador en los años treinta de lo que, posteriormente, se convirtió en el Instituto de Investigaciones Políticas, Económicas y Sociales del PRI. Estas relaciones le permitieron llegar a la dirección del IIS en 1939, mantenerse en ella casi cuatro décadas, ser consejero de presidentes en ese lapso y, más tarde y habiendo sido rechazado su legado por una nueva generación hacia finales de los años sesenta, ser cobijado por los abogados en diversas instancias administrativas del gobierno federal. <<

[754] Mendieta y Núñez, Lucio, “Memoria del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional”, en Revista Mexicana de Sociología, sep-dic. de 1947, p. 437. <<

[755] Los primeros egresados de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales comienzan a titularse en 1955. <<

[756] Rojas González, Fco., “El Primer Congreso nacional de Sociología”, en Revista Mexicana de Sociología, mayo-agosto de 1951, p. 257. <<

[757] Ver Ramiro Ruiz Moreno, Apuntes para la historia de la Universidad de Guadalajara con motivo del bicentenario de su fundación (1792-1992), 1992. <<

[758] Solís Quiroga, Héctor, “La profilaxis de la delincuencia juvenil”, en Estudios Sociológicos. III Congreso Nacional de Sociología, 1954, p. 523. <<

[759] Véase Cházaro, Laura, “Dos fuentes de la sociología mexicana: el caso de Porfirio Parra y Rafael de Zayas Enríquez” en Estudios de teoría e historia de la sociología en México, 1995. <<

[760] Uribe Villegas, Óscar, “Lucio Mendieta. Un constructor institucional del México moderno”, Excelsior, 5 de julio de 1991, sección E, p. 17. <<

[761] Año en el que Lucio Mendieta deja la dirección del IIS por haber llegado a los 70 años, límite contemplado en la legislación universitaria de la época para ocupar esos cargos. <<

[762] A nivel local, en este horizonte se ubica la ruptura de la generación lidereada por Pablo González Casanova con el legado de los abogados-sociólogos a los que se debió la institucionalización de la sociología, deslinde iniciado de forma gradual desde su llegada a la dirección de la ENCPyS (cuando modifica los planes de estudio originales) y consumado en sus primeros tiempos como sucesor de Mendieta en la dirección del IIS, en 1965 (al reorganizar la estructura de sus programas de investigación). <<

[763] Ver Mendieta y Núñez, L., “Introducción al estudio de la sociología política”, en Estudios Sociológicos. XVIII Congreso Nacional de Sociología, 1973, p. 25. <<

[764] Saúl López, Democracia, poder y medios de comunicación, 2009, p. 46. <<

[765] Nelson Arteaga, Sociedad de la vigilancia en el Sur Global, 2009. <<

[766] Armand Mattelart, Un mundo vigilado, 2009, p. 11. <<

[767] Norberto Bobbio, Estado, gobierno, 1989. <<

[768] Norbert Lechner, “Nuestros”, 1999, p. 181. <<

[769] Román Gubern, Patologías de la imagen, 2004, p. 9. <<

[770] María García, Foucault y el poder, 2005, p. 37-39. <<

[771] Mattelart, op. cit., p. 252. <<

[772] Michael Foucault, Defender la sociedad, 2006. <<

[773] Stuart Waiton, “The Politics of Surveillance”, 2010, p. 68. <<

[774] En 2009, la Agencia Española de protección de datos publicó la Guía de Videovigilancia, en el documento se definen algunos límites y recomendaciones que regulan su uso a fin de proteger y garantizar el derecho de los sujetos a conservar su derecho a la privacidad, http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/pdfs/guia_videovigilancia.pdf <<

[775] Mattelart, Un mundo vigilado, 2009, p. 234. <<

[776] Corporación Latinobarómetro, Informe 2009, 2010, pp. 72-73. <<

[777] Marcos Muedano, “Muchos policías, poca profesionalización”, 2011. <<

[778] Wonddratschke, 2005, p. 9. <<

[779] Parametría, Encuesta de Cultura Ciudadana, 2009. <<

[780] De acuerdo con la información oficial del propio gobierno del Distrito Federal, la instalación de la RCM dará acceso a Internet básico, Internet inalámbrico y en segunda fase a Internet 2, con lo cual, “…la administración local planea hacer del DF una ciudad moderna y funcional…” http://www.gobiernodigital.org.ar/texto.asp?are=19&idf=265 <<

[781] De acuerdo con la información oficial del propio gobierno del Distrito Federal, la instalación de la RCM dará acceso a Internet básico, Internet inalámbrico y en segunda fase a Internet 2. <<

[782] De acuerdo con el gobierno de la Ciudad, la supervisión de la aplicación tecnológica en la instalación de cámaras de videovigilancia requiere de la participación de expertos en la materia, razón por la cual se realizó la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional en septiembre de 2007. En:
http://portal.ssp.df.gob.mx/portal/comunicacionsocial/boletines/boletines2007/septiembre/b13152007.htm <<

[783] http://www.gobiernodigital.org.ar/texto.asp?are=19&idf=265 <<

[784] Arteaga, Sociedad, 2009, p. 77. <<

[785] Posgrado en Historiografía, DCSH-UAM Azcapotzalco. <<

[786] En las reflexiones que en 1999 Antonio Ortiz Mena publica sobre el “desarrollo estabilizador”, él comenta que durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz se cumplió uno de los objetivos principales que en materia económica habían planteado los gobiernos posrevolucionarios: avanzar de manera sostenida en el desarrollo económico del país con estabilidad macroeconómica. Aparentemente la estabilidad del modelo planteado por Ortiz Mena, quien en su discurso ostensiblemente prefería manejar el lenguaje especializado y técnico de la política económica, permeó el ámbito de la administración pública y durante esos años, coincidiendo con otros enfoques y tendencias, el paradigma del “desarrollo estabilizador” marcó pautas de cultura política en la administración pública mexicana de esos años y se comenzó a gestar paulatinamente, con más contradicciones que claridades, una cultura política en la élite burocrática de la administración pública mexicana, que se manifestaría plenamente a partir de los años ochenta: el predominio de la racionalidad tecnocrática sobre la racionalidad burocrática y la racionalidad política. Los equipos que administraron el aparato público de 1970 a 1982, y en adelante, deben mucho al espíritu de época que en la administración pública se gestó al inicio de la década de los años cincuenta. Véase Antonio Ortiz Mena, El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época, Fideicomiso Historia de las Américas, (Serie Hacienda.), México, FCE - El Colegio de México, 1998, p. 408. <<

[787] Ortiz Mena define al desarrollo económico estabilizador como “esquema de crecimiento que conjuga la generación de un ahorro voluntario creciente y la adecuada asignación de los recursos de inversión con el fin de reforzar los efectos estabilizadores de la expansión económica, en vez de los desestabilizadores que conducen a ciclos recurrentes de inflación-devaluación. Ver Anexo II “Desarrollo estabilizador. Una década de estrategia económica en México”, pp. 365-393. Lo integran los siguientes apartados: Esquema conceptual, Estructura productiva, Ahorro y financiamiento, El sector externo y Conclusiones y perspectivas. <<

[788] Norberto Bobbio, citando a los clásicos de la teoría de las élites (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, Wright Mills, y a connotados comentaristas de estos –Lukács, Gramsci, Poulantzas, Mannheim, Sweezy, Lasswell, Schumpeter, Dahl, Dahrendorf–, principalmente) distingue rasgos y características principales de lo que podría ser una teoría de las élites contemporánea. Bobbio señala que la teoría de las élites fue muy exitosa en los Estados Unidos, antes de la segunda Guerra y después de ella, citando trabajos de H. Lasswell, el creador de las ciencias políticas, que la adoptó, reelaboró y difundió, pues éste, consideró perfectamente compatibles la existencia de las élites con el funcionamiento del régimen democrático. Son estas élites las que controlan el Estado (la élite política) y manejan el aparato público (la élite burocrática). Véase Norberto Bobbio, Diccionario de Política, México, Siglo XXI Editores, 2008, 2 vol., pp. 519-527. <<

[789] Así lo señala David Arellano Gault en La burocracia mexicana como actor: construyendo las bases para su análisis empírico. <<

[790] Función pública se define como “cuerpo de personas especializadas, con las que debe contar toda comunidad política moderna para realizar las funciones de gobierno”. María del Carmen Pardo, “El Servicio Civil de Carrera en México: un imperativo de la Modernización”, en Política y Gestión pública, vol. IV, núm. 2, segundo semestre 1995, CIDE. <<

[791] Una vez que Venustiano Carranza consolidó al gobierno Constitucionalista, en 1917 realizó modificaciones a la Ley de Secretarías de Estado a la que los posteriores gobiernos posrevolucionarios fueron adicionando, suprimiendo y modificando, hasta que en 1940 se promulgó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, que estará vigente hasta 1958, cuando Adolfo López Mateos aprueba una nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, que será el contexto jurídico-normativo del aparato público en el periodo 1958-1970. <<

[792] En 1925, Robert Lansing, secretario de Estado en 1915-1919, del gobierno presidido por Woodrow Wilson, en los EUA, presentó en 1925, en el Senado, ciertas ideas sobre cómo debían tratar con México los Estados Unidos. Era el experto del Senado en cuestiones latinoamericanas, pero especialmente sobre el Caribe, México y Centro América. Lansing acusó a EUA de actuar torpemente con los jóvenes mexicanos con aspiraciones (todavía no se hablaba de "condiciones de liderazgo"). Según él, había que abrirles las puertas de las universidades norteamericanas, porque México iba a necesitar muchos administradores y Estados Unidos podía prepararlos. Al final, hacía una incursión al futuro y decía que los jóvenes preparados en Estados Unidos, seducidos por el American way of life, con toda naturalidad iban a ocupar los cargos administrativos porque nadie iba a tener una preparación más eficiente que la suya; y al terminar concluye con algo así: “Eventualmente, algún día, uno de esos jóvenes puede llegar a la presidencia de México. Entonces hará lo que nosotros necesitamos y lo hará mucho más eficientemente de lo que lo podríamos hacer nosotros directamente”. <<

[793] Sigo el esquema propuesto por Miguel Ángel Hernández Fuentes en el Seminario de Cultura Política, del Departamento de Humanidades, UAM-A, que coordina Saúl Jerónimo Romero. <<

[794] Cfr. Mauricio Merino, “De la lealtad individual a la responsabilidad pública” en Revista de Administración Pública (RAP), Núm. 91, México, INAP. <<

[795] Véase, José Medina Echavarría en “La planeación de las formas de racionalidad” en ILPES, Transformación y desarrollo. La gran tarea de América Latina, México, FCE, 1972, pp. 301-356. <<

[796] En 1958, Jan Tinbergen apuntaba que el desarrollo económico podría promoverse por lo que se podía llamar una política de desarrollo en el cual, sin dejar de utilizar las poderosas fuerzas de la iniciativa privada, se podrían evitar algunos errores y desperdicios del pasado. La política del desarrollo tendría cuatro objetivos principales: a) crear condiciones favorables al desarrollo; b) familiarizar al gobierno mismo, a la comunidad mercantil y al público en general con las potencialidades y ventajas del desarrollo; c) hacer una serie de inversiones, por lo general del tipo “básico”; d) tomar medidas destinadas a facilitar y estimular la actividad y las inversiones privadas. Ver Jan Tinbergen, La planeación del desarrollo, México, FCE, 1989. <<

[797] El origen de la reestructuración del sistema mundial que regirá durante la posguerra, se da en las reuniones de Bretton Woods, realizadas en 1944, pero también en la configuración del sistema de las naciones unidas a partir de 1945, que derivó en la constitución de distintas agencias para el desarrollo: FAO, UNESCO, OMS, PNUD, OIT, PNUMA, CEPAL, etcétera. <<

[798] Cfr. Francisco Suárez Dávila, “La política financiera internacional de México. Relaciones con el Banco Mundial y el FMI” en Revista Comercio Exterior, México, octubre 1994, pp. 853-864; el texto de Carlos M. Urzúa, Medio siglo de relaciones entre el BM y México. Una reseña desde el trópico, México, El Colegio de México, CEE, Jornadas, núm. 132, 2002. 153 pp. <<

[799] Señala Suárez Dávila, que el primer informe económico elaborado por el banco se realizó en 1948. <<

[800] En ambos trabajos participó Víctor L. Urquidi, quien fuera asesor de Antonio Ortiz Mena, antes de incorporarse al Colegio de México. Ver Rafael Izquierdo, Política hacendaria del desarrollo estabilizador, 1958-1979, op. cit. <<

[801] Miguel S. Wionzcek, “Planeación formal incompleta: el caso de México” en E. E. Hagen (comp.), Planeación del Desarrollo Económico, op. cit., pp. 189-190. <<

[802] En Historia de la Casa, Víctor Díaz Arciniega reconstruye cómo se va configurando un paradigma de pensamiento cuando, desde mediados de los años veinte y durante los inicios de los treinta, un grupo de intelectuales jóvenes realizaron múltiples esfuerzos para introducir el pensamiento económico tanto en la administración pública y en la enseñanza, como en la cultura mexicana. Ese fue uno de los orígenes del Fondo de Cultura Económica. Véase Historia de la Casa Fondo de Cultura Económica, México, FCE, 1996. <<

[803] Se ha reconocido a Plutarco Elías Calles como el arquitecto de la institucionalidad mexicana posrevolucionaria y no sólo en lo relativo al control político, sino también en materia de lineamientos de política económica, destacan, durante su gestión 1925-1928, entre otras acciones, la fundación del Banco de México y durante el “maximato”, 1928-1934, la primera Ley de Planeación de 1930 y el Plan Sexenal, 1934-1940. Para las declaraciones del General Calles, ver el extracto de las conversaciones con el diputado Ezequiel Padilla, sostenidas en mayo de 1933, contenidas en Plutarco Elías Calles, pensamiento político y social. Antología 1913-1936. México, FCE, 1992. prólogo, selección y notas de Carlos Macías. Edición abreviada, pp. 212-225. <<

[804] Artículo 1º de la Ley sobre planeación general de la república, promulgada por el Presidente Pascual Ortiz Rubio, el 12 de julio de 1930. Ver Antología de la Planeación en México 1917-1985, Tomo I, Los primeros intentos de planeación en México, (1917-1946), op. cit., Segunda parte: Leyes, Acuerdos, Decretos y Reglamentos, pp.381-385. <<

[805] América Latina, en algunas instituciones especializadas como CEPAL, ILPES, incluso el BID, con rigor economicista, los técnicos le llamaron planificación, distinguiendo si era indicativa o imperativa. <<

[806] Rafael Izquierdo da una pista sobra las distintas resistencias que existían para que se pudiera aplicar la metodología y la terminología sobre planeación en el México de esos años, citando directrices del Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz: “Nunca nos apartaremos del principio de que nuestra programación no es imperativa ni suprime la posibilidad de ajustes o reacomodos. En el sector público, jerarquiza y determina. Para el sector privado, indica, informa y orienta… No hemos erigido la programación como un fin en sí; la consideramos medio e instrumento”. Señala Izquierdo que la aclaración de lo que se pretendía era necesaria para tranquilizar al sector privado, que frente al término planeación respondía con dudas y reticencias, op. cit., p. 55. <<

[807] Karl Mannheim, Diagnóstico de nuestro tiempo, México, FCE, 1944. Traducción castellana de José Medina Echavarría. Medina Echavarría se niega a ver a la planeación únicamente como un mecanismo económico que propicie sólo crecimiento. Señala una imagen dominante: el plan como mito y la planificación como utopía; más que la racionalidad del plan lo que funciona es la imagen de futuro. La eficiencia del plan no es otra cosa que la eficiencia del mito. Medina Echavarría, menciona a Goerges Burdeau, “Le plan comme Mythe”, p.310. <<

[808] José Medina Echavarría, “La planeación de las formas de racionalidad”, en ILPES, Transformación y desarrollo. La gran tarea de América Latina, México, FCE, 1972. <<

[809] Medina Echavarría, op. cit., pp. 313-336. <<

[810] José Medina Echavarría, “La planeación de las formas de racionalidad”, op. cit., pp. 301-356. <<

[811] Juan David Lindau en Los tecnócratas y la élite gobernante mexicana, México, Joaquín Mortiz, 1992; analiza la presencia y el papel de estos en México. El trabajo de Lindau es un alegato para mejorar la imagen de la tecnocracia mexicana tan vilipendiada en esos días por un sector de los priístas tradicionales desplazados y la opinión pública que los denostaba. Lindau se pregunta si la "tecnocratización" ha ocurrido en verdad. En su resumen, señala que el ascenso de los tecnócratas al poder no ha tenido un efecto claro en el estilo de gobernar del régimen. Para él, tecnócratas y políticos no se comportan de manera sistemáticamente diferentes. <<

[812] Ver el libro de Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI Editores, 1984, pp. 220-229. <<

[813] Jorge Carpizo le llamó facultades metaconstitucionales del presidente de la república. <<

[814] Héctor Aguilar Camín atribuye esta descripción a Carlos Monsiváis, ver “El descenso del milagro: el sistema político mexicano 1940-1984”, en Primer simposio sobre historia contemporánea de México 1940-1984, México, INAH-SEP, 1985, p. 15. <<

[815] Manuel Gómez Morín participa también en la creación de la Escuela Bancaria y Comercial. <<

[816] Sarah Babb, Proyecto: México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, México, FCE, 2003, 394 pp. <<

[817] Sin embargo, se deben matizar estas ideas y ubicar dos momentos: el del diseño de la carrera, incluyendo el diseño de la escuela (realizado por colaboradores de Calles), que se da en el contexto del maximato, al que más allá de un discurso incendiario y una retórica revolucionaria, siempre se ha considerado de derecha; y un segundo momento, una vez desterrado Calles, ya funcionando la escuela, donde intelectuales del cardenismo conforman una masa crítica de profesores que simpatizaban con el marxismo y con otras ideas socialistas. <<

[818] José Luis Ceceña Cervantes, “La economía en México, 1950-1975”, en Las humanidades en México 1950-1975, México, UNAM, 1978, pp. 429-456. <<

[819] Ceceña Cervantes menciona las siguientes: W. W. Rostow, Las etapas del crecimiento; Albert O. Hircshman, La estrategia del desarrollo económico; W. Arthur Lewis, Teoría del desarrollo económico; Oskar Lange, La economía política del socialismo; El papel de la planificación en una economía socialista. <<

[820] Bases para la planeación económica y social de México, Seminario celebrado por la Escuela Nacional de Economía, UNAM, abril de 1965, México, Siglo XXI Editores, 1966. 269 pp. <<

[821] Bases para la planeación económica y social de México. El seminario fue convocado por Horacio Flores de la Peña, Director de la Escuela Nacional de Economía, UNAM, Jorge Tamayo López Portillo, Emilio Sacristán Roig, Fernando Solana Morales y coordinado por Ricardo Torres Gaitán, Ifigenia Martínez de Navarrete y Mauricio Carril. <<

[822] Margarita Olvera Serrano, “Sociología y cultura política en los años cincuenta. Los Congresos Nacionales de Sociología como representaciones de una disciplina inexistente”, Ponencia presentada en el Seminario Internacional de Cultura Política, UAM-A, 2011. <<

[823] Margarita Olvera Serrano, op. cit. <<

[824] Respecto de la sociología, señala Margarita Olvera: “se definió, sobre todo desde los años treinta, como una ciencia comprometida con la revolución, con la nación, con el progreso de la patria. En realidad, los saberes que produjo en estos años lejos estaban de ser eficientes en términos instrumentales para la política, pero indudablemente tuvieron la capacidad de proveer de legitimación simbólica a una buena parte de sus proyectos ante los ojos de la sociedad y sus principales actores colectivos”. <<

[825] Ya en 1955 aparecía la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, ENCPS-UNAM. <<

[826] INAP, Memoria Institucional, 1955-2010. Aniversario 55, Instituto Nacional de Administración Pública, 2010, pp. 28 y 29; en particular el testimonio de Ricardo Torres Gaitán, quien relata cómo unos años después en colaboración con Álvaro Rodríguez plantearon la incorporación de una materia sobre administración pública en ciencias políticas. <<

[827] Aparecen en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, en 1957, sendos artículos de Pablo González Casanova y de José López Portillo sobre La utilidad nacional de la carrera de ciencias políticas. Las referencias son tomadas del texto de López Portillo, publicado en versión facsimilar por el INAP en 1976, con Prólogo de Fernando Solana. <<

[828] La utilidad nacional de la carrera de ciencias políticas, op. Cit. <<

[829] Citado por Alfredo Navarrete en Memoria Institucional 1955-1990. Conmemorativa del 35 aniversario, México, INAP, 1990. <<

[830] Memoria Institucional 1955-2010. Conmemorativa del 55 aniversario, México, INAP, 2010. <<

[831] Memoria Institucional 1955-1990. Conmemorativa del 35 aniversario, op. cit. <<

[832] Revista de Administración Pública, núm. 1, Enero-Marzo, México, Instituto de Administración Pública, 1956, pp. 3-4. <<

[833] Cfr. Revista de Administración Pública, núm. I, Enero-Marzo, México, Instituto de Administración Pública, 1956. En su texto, Antonio Carrillo Flores, señala que el IAP como organismo tiene finalidades propias y responde al esfuerzo y empeño de alentar el cultivo de las distintas ciencias que se ocupan de la administración pública y señala que la presencia de algunos funcionarios en la junta no tiene otro propósito que mostrar el interés del gobierno en los futuros trabajos del Instituto y ofrecerle toda la colaboración a su alcance. <<

[834] Revista de Administración Pública, núm. I, op. cit. En la etapa inicial es notorio el predominio de dependencias del sector central (SHCP, Economía, Relaciones Exteriores) situación que se va a manifestar en su Consejo y miembros fundadores, lo que marcará de origen el perfil que en esos años tendrá el Instituto, pues predominan los licenciados en derecho, si bien ya varios de ellos con especializaciones y posgrados en economía o ciencias administrativas. Véase Semblanza de los miembros fundadores y del Consejo de Honor del INAP, México, INAP, 2010, 101 pp. <<

[835] Durante el periodo presidido por Gabino Fraga, de 1956 a 1961, si bien se había anunciado una periodicidad trimestral, sólo aparecen 15 números. En ellos, además de los Estatutos en el número inicial, se incluyen los informes bianuales del presidente del consejo y diversos temas relevantes en ese momento: un número monográfico sobre la Ley de Secretarías de Estado, que apareció al inicio del gobierno de Adolfo López Mateos y que fue motivo de conflictos y pugnas entre la SHCP y la Secretaría de Hacienda, creada por esa ley; una historia de la SHCP; la descripción de la Comisión Nacional de Inversiones, entre otros muchos artículos. <<

[836] Véase Krauze, Enrique, “Antonio Ortiz Mena: El Presidente que no fue”, en Reforma, 28 de febrero de 1999. <<

[837] El equipo mencionado se integró por: SHCP: Jesús Rodríguez y Rodríguez (fundador IAP), Eduardo Garduño, Enrique Caamaño Muñoz (fundador IAP), David Romero Castañeda, Francisco Alcalá Quintero, Mario Cordera Pastor (fundador IAP), Vicente Luna Campos, José Sáenz Arroyo, Lorenzo Mayoral Pardo, Enrique Martínez Ullóa, Rafael Urrutia Millán (fundador IAP) Mario Ramón Beteta, Miguel de la Madrid Hurtado, Gustavo Petriccioli, Roberto Hoyo D’Adona, Miguel Rico, Gilberto García Camberos, Juan José de Olloqui, Enrique Sosa Pontones, Rodolfo Landeros. SHCP-Banco de México: Víctor Urquidi, Rafael Izquierdo, Manuel Sánchez Cuen. Banco de México: Rodrigo Gómez. Ernesto Fernández Hurtado. Nacional Financiera: Alfredo Navarrete (fundador IAP), Joel Hernández Delgado. Llama la atención que no haya aludido (quizá por error editorial u omisión involuntaria) a Raúl Ortiz Mena, su hermano, técnico reconocidísimo, participante de los primeros estudios sobre planeación y desarrollo de México, fundador del IAP y alto funcionario durante la gestión de Ortiz Mena en Hacienda y durante la presidencia de Adolfo López Mateos. Con el crédito que concede a su equipo de trabajo, se confirma que él era la cabeza del más influyente y poderoso grupo político en la administración pública de esos años, al que sus antagonistas en la lid política le llamaban los “técnicos”, reconocidos por su perfil profesional y su ortizmenismo a toda prueba. Antonio Ortiz Mena, El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época, p. 8. <<

[838] También Rafael Izquierdo en Política hacendaria del desarrollo estabilizador, 1958-1979, comenta esta situación. <<

[839] Ortiz Mena, Antonio, El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época, op. cit., pp. 45-49. El autor da detalles de la estrategia que manejó y de cómo estableció una coordinación institucional con el Banco de México, NAFIN y con secretarios de estado afines a él. En la Secretaría de la Presidencia logró que su hermano Raúl fuera designado subsecretario. <<

[840] Ibid, pp. 98-100. <<

[841] Este texto aborda una problemática tratada con mayor profundidad en mi tesis de maestría titulada “Juventud, vanguardia y desarrollo: El Salón Esso de Artistas Jóvenes en México y Colombia 1964-1965”. <<

[842] Maestra en Estudios de Arte de la Universidad Iberoamericana, México. Estudiante de doctorado en Historia del Arte, Universidad Nacional Autónoma de México. <<

[843] La International Petroleum Company era una petrolera estadounidense fundada por el industrial John D. Rockefeller en 1870. A mediados de los sesentas tenía filiales en casi todos los países de América Latina, donde fue mayormente conocida como “Esso”. Para 1964, los países miembros de la OEA, exceptuando Estados Unidos, eran: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, México, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Puerto Rico se incluye en el proyecto. Cuba fue expulsada de la OEA en 1962, por su alineación con el bloque comunista. <<

[844] José Gómez Sicre, director de la División de Artes Visuales de la OEA participó como jurado de todos los salones, salvo en el caso de México. <<

[845] Cfr. OEA, Salón Esso de Artistas Jóvenes (catálogo de la exposición), Washington D.C., 1965. <<

[846] Esta tesis ha sido desarrollada principalmente en: Shifra Goldman, Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, México D.F., Instituto Politécnico Nacional, Domés S.A., 1989; Orlando Suárez Suárez, La Jaula Invisible, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1986. <<

[847] Se trata de los trabajos de: Andrea Giunta, Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta, Buenos Aires, Paidós, 2001; Frank Ninkovich, U.S. Information Policy and Cultural Diplomacy, Nueva York, Foreign Policy Association, 1996; Toby Millar y George Yúdice, Cultural Policy, Londres, Sage Publications, 2002. <<

[848] José Gómez Sicre, de origen cubano, fue asesor de Arte Latinoamericano para el Museo de Arte Moderno de Nueva York a principios de la década del cuarenta. Fue Director de la División de Artes Visuales de la OEA entre 1945 y 1976. De manera paralela a su trabajo como funcionario de la OEA, escribió columnas y artículos sobre arte latinoamericano en varios periódicos y publicaciones como Norte, Art News, Art in America, Americas, Art International y publicó varios libros, entre ellos: José Luís Cuevas: Self-portrait with Model (1983). <<

[849] Cfr. Michel Foucault, Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta,1993. <<

[850] Hago esta definición a partir de la lectura de: Pierre Bourdieu, Las Reglas del Arte: Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 1995, pp. 75-128; Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Políticas Culturales 2004-2016, Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Alcaldía de Bogotá, 2005, pp. 33-48. <<

[851] Los procesos de subjetivación articulan la autoconstitución del cuerpo del sujeto –lo cual involucra la interiorización corporal de diversas prácticas– junto con la hetero-construcción y co-construcción social del mismo. Así pues, la subjetividad no es una estructura constituida a priori en el individuo frente a la sociedad, tampoco algo sustancial a la persona, sino una relación mutuamente constituyente entre la sujeción social y la capacidad de actuar del individuo sobre sí mismo. Tal sujeción está dictaminada por mecanismos de identificación, sistemas clasificatorios y regímenes de asignaciones. Cfr. Félix Guattari, Caosmosis, Buenos Aires, Manantial, 1996, pp. 20, 21; Michel Foucault, La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France (1981-1982), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 13-73. <<

[852] El locus de enunciación no sólo hace referencia al “lugar” desde el cual se produce un mensaje. También involucra un posicionamiento –sea este dominante o dominado– en la red de significados y en las relaciones de poder de cierto campo de la actividad social. <<

[853] Siguiendo a Gilles Deleuze, un código “adopta y moviliza signos de toda naturaleza, hace una mezcla de ellos, y en esa multiplicidad que le es propia se hace un cuadriculado del campo social por conjugación de elementos muy diversos”. Cfr. Gilles Deleuze, Derrames, entre el capitalismo y la esquizofrenia, Buenos Aires, Cactus, 2006, p. 118. <<

[854] El término “Escuela Mexicana” como lo que éste designa, estaba lejos de representar una unidad de artistas con idénticas búsquedas estéticas y posiciones políticas. Igualmente, hay indagaciones críticas recientes a la categoría historiográfica “Generación de la ruptura”, que se ha entendido comúnmente como relevo cronológico de la “Escuela Mexicana” y superación de la misma mediante un rompimiento con sus códigos de representación. Por tal motivo, a lo largo de todo el texto, las dos categorías se enuncian entre comillas. Cfr, Esther Acevedo (coord.), Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte nacional a debate (1920-1950), tomo III, México, Dirección Nacional de Publicaciones, Conaculta, 2001; Olivier Debroise, et al., Modernidad y modernización en el arte mexicano 1920-1960 (catálogo exposición), México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1991; Ana Torres, “¿Ruptura?”, en Discurso Visual, núm. 1, nueva época, CENIDIAP, julio-septiembre 2004, http://discursovisual.cenart.gob.mx/ anteriores/dvwebne01/numero1.htm, consultado el 10 de junio de 2010. A pesar de estos aportes críticos, el Salón Esso subsiste como una representación emblemática de esta confrontación. <<

[855] Francisco Reyes Palma, “50 años de artes plásticas y políticas en México 1934-1984”, Plural (revista cultural Excelsior), junio de 1988, núm. 200, pp. 28-31. <<

[856] Cit. en María Teresa Favela Fierro, “La importancia de los salones y concursos de pintura del Instituto Nacional de Bellas Artes en México durante los años sesenta”, Tesis de Licenciatura en Historia del Arte, Universidad Iberoamericana, México, 1981, p. 29. <<

[857] Idem. <<

[858] Francisco Reyes Palma, op. cit. <<

[859] En el comité de selección participaba el reconocido crítico de arte Herbert Read, también el museógrafo mexicano Fernando Gamboa, único latinoamericano que formaba parte del mencionado comité, quien además había diseñado el pabellón de México. Después de este suceso, Gamboa comenzó a incluir en sus guiones museográficos para muestras internacionales las obras de los artistas jóvenes del momento. Unos meses después, Herbert Read publica su famoso libro Historia de la pintura moderna, en el que explícitamente descalificó al muralismo mexicano dentro del desarrollo del arte moderno occidental por considerarlo como un arte con fines propagandísticos. Este texto fue muy influyente a principios de los años sesenta en América Latina, y para artistas como Cuevas, Carrillo, Ponce, entre otros. Cfr. Diana Briuolo, “Guerra fría en Bruselas, México en la Exposición Universal de 1958”, en Discurso Visual, núm.13, nuéva época, julio-diciembre 2009, http://discursovisual.cenart.gob.mx /dvweb13/agora/agodiana.htm, consultado el 6 de junio de 2010. Tamayo participaba dentro del pabellón de México junto con algunas obras de los “tres grandes”. Tamayo ya era incluido en las selecciones oficiales para eventos internacionales desde inicios de la década del cincuenta. <<

[860] Celestino Gorstiza, Discursos de Bellas Artes, México, INBA-Departamento de Literatura, 1964, pp. 15-19. <<

[861] Idem. <<

[862] La de 1960 también incluyó la modalidad de Escultura. <<

[863] En el documento de fundación del Salón de la Plástica Mexicana se hace referencia explícita a la protección del arte mexicano. Sus fundadores se consideraban miembros de la “Escuela Mexicana”, aunque de distintas filiaciones políticas y edades. Cfr. María Teresa Favela, op.cit., pp. 113-118. <<

[864] María Teresa Favela, op.cit, pp. 118-144. <<

[865] Como fue el caso del Salón Anual de Pintura que a partir de 1961 estaba abierto a participantes de distintas edades. El Salón de Escultura apenas tuvo 4 versiones entre 1955 y 1959, y se reestableció hasta la década de 1970; y el Salón de Grabado se suspendió a fines de la década de 1950. Estos datos indican que las plataformas de visibilización del trabajo de escultores o grabadores “jóvenes” eran reducidas frente a las de los pintores a inicios de la década de 1960. <<

[866] Aunque sí se presentaron obras abstractas en la primera mitad de la década de 1960, éstas no ganaron premios. Artistas como Francisco Icaza y Arnold Belkin, integrantes de Nueva Presencia, recibieron varios reconocimientos en distintas versiones de los Salones Anuales y exposiciones organizadas por el Salón de la Plástica Mexicana en el transcurso de la década del sesenta. García Ponce y Rojo participaron en algunas ocasiones en el Salón de la Plástica Mexicana en los años cincuenta, cuando realizaban una pintura aún apegada a presupuestos de la figuración. Cfr. Ibid., pp. 112-159. <<

[867] Christine Frérot, El mercado del arte en México 1950-1976, México, CENIDIAP - INBA, Artes Plásticas, Serie Investigación y Documentación de las Artes, Segunda Época, 1990, pp. 5-27. Las galerías Antonio Souza y Juan Martín abrieron sus puertas al público en 1956 y 1961 respectivamente. Antecedentes importantes de estas dos iniciativas fueron las galerías Prisse y Proteo, las cuales también funcionaron como cooperativas y fueron lideradas por artistas que se autodenominaron “independientes”. En el caso de Prisse, ésta fue fundada por Vlady, Enrique Echeverría, Héctor Xavier, Alberto Gironella y Joseph Bartolí; Proteo apareció después de que Prisse cerró sus puertas, bajo la dirección de Alberto Gironella. Cfr. Manuel Felguérez, “La Ruptura 1935-1955”, en Museo de Arte Moderno Carrillo Gil, Ruptura, 1952-1965 (catálogo de la exposición), México, Museo de Arte Carrillo Gil, 1988, p. 98. <<

[868] Rufino Tamayo era para esta fecha, una de las grandes figuras del arte latinoamericano, igualmente, un artista respetado en el contexto mexicano. Carlos Orozco Romero, pintor y muralista, cofundador de la Escuela de Pintura y Escultura “La Esmeralda”, había sido director del Museo de Arte Moderno en su anterior sede del Palacio de Bellas Artes entre 1962 y 1964. Justino Fernández, afamado historiador e investigador, se desempeñaba en 1965 como director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Rafael Salas Anzures, crítico de arte y docente, había sido director de la carrera de Diseño Industrial y de Artes de la Universidad Iberoamericana entre 1959 y 1961. Fue un crítico muy entusiasta a principios de la década del sesenta con los artistas que exploraban la abstracción. Juan García Ponce, novelista, guionista y crítico de arte, era el más joven de todos los jurados; fue uno de los críticos de cabecera de las exposiciones de los “jóvenes” pintores abstractos que se presentaban en las galerías de la ciudad. <<

[869] En el proceso de selección de obras para la muestra, mas no en la premiación, participó también Mathias Goeritz. El INBA igualmente invitó a Juan Crespo de la Serna y Ricardo Martínez como jurado, pero ninguno de los dos asistió al proceso de selección y premiación. Cfr. Raquel Tibol, Confrontaciones. Crónica y recuento, México, Ediciones Samara, 1992, pp. 20, 21. No existe registro fotográfico parcial o total de las obras participantes, salvo de las obras ganadoras. <<

[870] Cfr. El Universal, “Fenomenal bronca de artistas”, 3 de febrero de 1965, p. 16. <<

[871] Raquel Tibol, op.cit., p. 22. <<

[872] Ibid., op.cit., p. 23. <<

[873] Idem. <<

[874] El high ball es una mezcla de whisky, agua mineral y hielo; en varios países de América Latina se castellanizó la palabra como “jaibol”. <<

[875] Nótese que los autores del telegrama se refieren al evento como “Concurso de pintura” omitiendo a la escultura. Firmaban el telegrama: Arturo Estrada, Raquel Tibol, Arturo García Bustos, Fanny Ravel, Adolfo Quinteros, Arnold Belkin, Telésforo Herrera, Jerónimo Alemán, Ángel Pichardo, Carlos de la Barra Gómez, Jesús Alvarez, Rina Lazo, Jorge Ramírez, Jorge Pérez García, Adolfo Mexiac, Manuel Osejo, E.S. Inclán, J. Espinosa Palomar, Iván Cuevas, Francisco Moreno, Javier Hariola, Eduardo Zamora, Ángel Bolívar, Froylán Ojeda, Ignacio Acosta, José Muñoz y Sara Jiménez. De los firmantes, solamente Eduardo Zamora, Froylán Ojeda y José Muñoz estaban participando en la exposición. El resto, excepto Raquel Tibol, eran artistas, en su mayoría miembros del Taller de Gráfica Popular. Cfr. El Universal, “Sainete de pintores como fin de acto”, 4 de febrero de 1965. <<

[876] Aquí me concentro en aspectos formales generales, tratando de seguir “el visor” que en su momento usó el jurado del evento. Es claro que estas obras tienen diferencias en otros niveles de significación. <<

[877] Las obras están reproducidas en el catálogo general que publicó la OEA con motivo de la exposición en Washington. Cfr. OEA, Salón Esso de Artistas Jóvenes, Washington, 1965. Hoy día, pertenecen a la colección del Lowe Art Museum de Miami. <<

[878] Entre ellos, Damián Bayón: “En Lilia Carrillo, el impulso se resolvió en informalismo, del que constituye el mejor ejemplo mesoamericano”, cit. en Jaime Moreno Villar et al., Lilia Carrillo, la constelación secreta, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Ediciones Era, 1993, p. 72. <<

[879] Cfr. María Teresa Favela, “Escultura integrada a la arquitectura y escultura monumental en las Bienales Nacionales”, Discurso Visual, núm. 4, nueva época, CENIDIAP, abril-junio de 2005, http://discursovisual.cenart.gob.mx/anteriores/dvwebne04/agora/agofavela.htm, consultado el 20 de mayo de 2010. <<

[880] Al grupo también pertenecieron: Francisco Icaza, Arnold Belkin, Rafael Coronel, Leonel Góngora, Benito Messeguer, José Hernández Delgadillo, Ignacio “Nacho” López, entre otros. Activo entre 1960 y 1963, fue un movimiento artístico mexicano que exploraba una pintura figurativa expresiva en los trazos, la materia o el color. Tuvo como principal órgano de divulgación de sus ideas la revista Los Interioristas. <<

[881] Cfr. “Fenomenal bronca entre artistas”, op.cit.; Cuqui Rivas, “Después de la tempestad. Entrevista con José Luis Cuevas”, en Excelsior, 9 de febrero de 1965, pp. 8-9. <<

[882] En la película participan como actores Lilia Carrillo, Juan García Ponce, Fernando García Ponce y Manuel Felguérez. El guión de Tajimara está basado en el cuento con título homónimo, escrito por Juan García Ponce. <<

[883] Los tres documentales se exhibieron en el noticiero cultural Cine Verdad que se proyectó en salas de cine de la ciudad de México en la década de 1960. El director de este noticiero era Manuel Barbachano Ponce. Juan García Ponce fue el guionista de los tres cortometrajes. <<

[884] La Revista Nuevo Cine sólo se distribuyó entre 1961 y 1962. A su comité fundador perteneció José Luís Cuevas. A pesar de su corta duración, estimuló el conocimiento por los directores franceses y por el cine de autor. <<

[885] Los dos eventos también fueron motivo de películas experimentales. Raúl Kamffer produjo un corto en 1968 sobre Mural Efímero, que se terminó de editar en 1971. Y Rafael Castanedo, en colaboración con Arturo Ripstein y Felipe Cazals, dirigió el cortometraje Salón Independiente. <<

[886] El artículo que acuña el término es del reportero E. Deschamps, titulado “Estética y Política: manzanas de la discordia de la Joven Pintura” en Excelsior, 4 de febrero de 1965, pp. 1, 12. <<

[887] Teresa del Conde y Rita Eder han sido las historiadoras que más han usado este concepto como categoría historiográfica para hablar de la obra de estos artistas. En el marco de la exposición Ruptura 1952-1965, primera exposición dedicada al grupo de artistas del que habla este texto, se refirió a ellos como la Joven Escuela Mexicana. Cfr. Museo de Arte Moderno Carrillo Gil, Ruptura, 1952-1965 (catálogo de la exposición), México, Museo de Arte Carrillo Gil, 1988. <<

[888] Cfr. Pierre Bourdieu, “La juventud no es más que una palabra”, Sociología y Cultura, México, Grijalbo, 1990, pp. 164-173. <<

[889] Raquel Tibol, op.cit., p. 34. <<

[890] Ibid., pp. 58-59. <<

[891] Ibid., p. 84. <<

[892] Esto es un sujeto histórico construido por acuerdo de los diversos sectores y agentes sociales capaz de fundar instituciones políticas legales y legítimas, orientadas a consolidar un proyecto de nación soberana, autosuficiente y democrática con contenido social, inspirada en cierta medida en los modelos republicanos federal norteamericano y liberal francés, ambos constitucionalistas, presidencialistas y parlamentarios mediante consulta ciudadana. <<

[893] El término mentalidad está vinculado con la Historia de las Mentalidades que surgió de la Escuela de los Anales en los años 70 y 80 del siglo pasado, un enfoque metodológico de la historiografía contemporánea centrada en las formas de pensar propias de una persona o comunidad sin valoración expresa, enfocando sus características cualitativas antes que las cuantitativas, en el modo de ser que explica una interioridad (carácter, espíritu, pensamiento) más que una exterioridad (condiciones materiales). Así, mientras los enfoques de Historia Social que enfatizan aspectos cuantitativos exigen datos fácticos con los cuales medir o dar cuenta del desarrollo de los eventos en el largo proceso civilizatorio (por ejemplo los ingresos, las cuentas nacionales, la producción bruta, las rutas comerciales), dando cabida a ciertas esencias (clases sociales, Estado) que se comportan como sujetos históricos inamovibles que facilitan el análisis histórico, las aproximaciones de la Historia de las Mentalidades buscan más las representaciones simbólicas que tales datos generan en los sujetos, en la comunidad o en la sociedad, de tal forma que los sujetos históricos son aprehendidos por las representaciones que se hacen de sí mismos (identidades), por las que se hacen de sus semejantes (antagónicos o no) y las de su propio tiempo (imaginarios). La emergencia del término mentalidades iluminó a todo un conjunto de actitudes, eventos y acciones que antes eran reducidos a las vicisitudes de una superestructura política que, aun gozando de cierta autonomía relativa, se encontraba determinada en “última instancia” por la base económica, de tal suerte que las historias sociales y económicas animadas por el paradigma de la civilización no reparaban en los fenómenos propios de la superestructura, reduciendo a la cultura y sus diversas manifestaciones y representaciones a simples reflejos de la ideología. Según Antoine Prost (1999), la revolución de las mentalidades inicia con historiadores como Michel Vovelle, Daniel Roche y Roger Chartier, todos ellos sus contemporáneos, que centran sus análisis precisamente en las representaciones colectivas, manifestadas a veces en el lenguaje, a veces en las actitudes, o en el recuerdo y sus celebraciones. Así, en el presente trabajo el término hace referencia no sólo a lo aquí reseñado, sino también y en consecuiencia a cómo el fenómeno de la modernidad fue interiorizado y representado por los pintores de la época, tanto como “un modo de ser” que se distanciaba o distinguía del colonial primero, y luego del porfiriano (y así hasta el tiempo contemporáneo que pretende distinguirse del modus vivendi anterior, el post-revolucionario y priísta), como por las expectativas e imaginarios que les inspiraba. En fin, sobre este término y la Historia de las Mentalidades véase también: Sergio Ortega Noriega (1985); Carlos Barros (1992). <<

[894] Concretamente Juan Soriano, Pedro Coronel, Lilia Carrillo y Manuel Felguérez primero, y Francisco Corzas, Fernando García Ponce, Rodolfo Nieto y Francisco Toledo después. Al parecer quizá sólo Vlady, Enrique Echeverría, Héctor Xavier, Alberto Gironella y José Luis Cuevas tenían claro el dilema que enfrentaban con su trabajo artístico respecto de las corrientes plásticas vigentes en su época, aglutinadas en la así llamada Escuela Mexicana, pues se presentaban como independientes. En 1952 abrieron la Galería Prisse en la que exhibieron sus trabajos y según Felguérez fue “el primer grupo que como tal inició la pelea contra el ‘monopolio’ de la Escuela Mexicana” (1989/2003:394). Cf. Jorge Alberto Manrique (2001) <<

[895] Tomo prestada esta frase del poema Nocturno a San Idelfonso, de Octavio Paz (1976): “… mi historia,/ ¿son las historias de un error?/ La historia es el error./ La verdad es aquello,/ más allá de las fechas,/ más acá de los nombres,/ que la historia desdeña:/ el cada día/ –latido anónimo de todos,/ latido/ único de cada uno–,/ el irrepetible/ cada día idéntico a todos los días./ La verdad/ es el fondo del tiempo sin historia…”. <<

[896] Ejemplos de los primeros son Joshua Reynolds (1723-1792) en Inglaterra y Louis David (1748-1825) y Dominique Ingres (1780-1867) en Francia; y de los segundos Francisco Goya (1746-1828) en España y Eugène Delacroix (1798-1863) en Francia, reconocidos también como representantes del Romanticismo. De hecho, la disputa entre el neoclasicismo y el romanticismo se extiende a todo lo largo del siglo XIX, y aunque no hay pintores “químicamente puros” en una u otra corriente, puede decirse que en la primera el estilo de representación constituía el principal mérito de la obra (el dominio de la técnica constituía en sí mismo un valor), en tanto que en la segunda el mérito radicaba en la forma personal en la que los autores resolvían los temas (y en los que las cargas personales imprimían los sellos de originalidad, emoción y frescura). Así, mediante la postura osada del pintor romántico, los temas de representación empezaron a cobrar autonomía de los estilos vigentes, normalmente asociados a academias de gran tradición pero anticuadas en sus métodos de enseñanza. De hecho, el siglo XIX atestigua varias rebeliones anti-academicistas entre las que destacan la de los alemanes Nazarenos en Roma (1810), los Prerrafaelistas en Londres (1848) y la de los Barbisonianos en Francia (1825-1875). En México esta crisis se dio hasta 1911, cuando los estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes estallaron una huelga para protestar por las formas de enseñanza de ciertas materias que ahí se impartían, como Anatomía. Por cierto, una de sus consecuencias fue la creación de las escuelas de pintura al aire libre, una de las cuales adquirió el nombre de “El Barbizón mexicano”. <<

[897] Un excelente ejemplo de esta tensión en las formas de representación lo encontramos en las famosas Venus que se exhibieron en el Salón de 1863, La Naissance de Vénus (1862), La Perle et la Vague (1862) y otra vez La Naissance de Venus (1863), tres exuberantes desnudos femeninos ejecutados con la técnica neoclásica-académica mejor dominada del momento, obras de los pintores Éugene Emmanuel Amaury-Duval, Paul Baudry y Alexandre Cabanel, y que motivó que el público lo motejara como el Salón Venus. Si el lector compara estas tres telas, modeladas por mujeres de la época pero representadas como diosas mitológicas, con la Olympia (1863) de Édouard Manet, una Venus paliducha encuadrada en el cuarto de un prostíbulo, comprenderá cabalmente lo que aquí estoy diciendo: Manet contrató a la modelo profesional Victorine Meurent para componer un cuadro de la vida cotidiana, tan prosaico o heroico como prosaico o heroico podían ser las calles del París de la época. Resuelto con una técnica tan personal que no guarda ningún punto de comparación con los cuadros anteriores, su exhibición en el Salón de 1865 generó todo tipo de críticas adversas. Émile Zola fue uno de los pocos críticos que defendió el trabajo de Manet en un artículo publicado en La Revue du XIXe a principios de 1867, titulado “Une nouvelle manière en peinture: Édouard Manet”. Y en efecto, lo que vemos en Olympia no fue sólo una nueva manera de entender la técnica y los temas de representación, sino la pintura misma. Lisa Small (2010); Manuela B. Mena Márquez (2004:221; 253-254) <<

[898] Por ejemplo, su explicación del lugar que la pintura abstracta tenía en la historia del arte (1936b:84): Algunas veces en la historia del arte es posible describir un periodo o una generación de artistas como si hubieran estado obsesionados por un problema particular. Por ejemplo, los artistas de principios del siglo XV fueron impulsados por la pasión por imitar la naturaleza. En el Norte los flamencos perfeccionaron las apariencias mediante una meticulosa observación de los detalles externos. En Italia los florentinos emplearon una ciencia a profundidad para descubrir las leyes de la perspectiva, el escorzo, la anatomía y el relieve. <<

[899] (Ibid:91):

…Apolo, Pitágoras y Descartes hablan por la tradición geométrica de Cézanne y del cubismo; Dionisos (un dios asiático), Plotino y Rousseau por la línea no-geométrica de Gauguin y del expresionismo… A menudo, por supuesto, estas dos corrientes se entremezclan y pueden aparecer en un solo autor. En sus extremos más puros, estas dos tendencias pueden ser ilustradas por pinturas de hace veinte años: una composición supramatista de Malevich y una Improvisación de Kandisky. La veta geométrica está representada hoy por el pintor Mondrian y los constructivistas Pevsner y Gabo; la no-geométrica por el pintor Miró y el escultor Arp. La forma del cuadrado confronta la silueta de la amiba. <<

[900] Edmundo O’Gorman (1991) se hace eco también de esta interpretación, pues consideraba que en el “proceso histórico del arte plástico en nuestra cultura –la llamada de occidente–… se discierne en su cauce más profundo un hilo conductor que de un inicial e ingenuo realismo va hacia a un subjetivismo cada vez más pronunciado. Un anhelo, pues, de independencia respecto a los dictados visuales del mundo exterior de la naturaleza y el consiguiente reclamo de autonomía en la expresión del mundo interior del artista”. O’Gorman suponía que esta tendencia hacia el subjetivismo estaba motivada por la innovación, esa acción propia del hombre que le permitía transformar su ser “de acuerdo con la posibilidad de la situación histórica en la que se halle”, y que en la cultura moderna constituía el rasgo definitorio e individualizante que la postulaba “como capaz de abarcar el género humano, es decir, como la cultura por antonomasia o si se prefiere, universal”. <<

[901] Una idea similar de un arte moderno en constante cambio en función de su permanente compromiso con la innovación, crítica y renovación la encontramos en Erwin Rosenthal (1962). <<

[902] Véanse los ensayos que Paz (1987:323-369) escribió sobre la obra de Tamayo entre 1950 y 1968, así como el texto precursor de Cardoza y Aragón (1940/2003). <<

[903] Cf. Clement Greenberg (1955-1958/1987-1965); Meyer Shapiro (1957/1978); Sam Hunter (1963/1973); Barbara Rose (1967). <<

[904] Cf. por ejemplo el interesante ensayo que Harold Rosenberg (1966?/1975) escribió sobre la crítica de la época. <<

[905] Barr mismo no fue el primero en vincular al arte moderno de su siglo con el impresionismo francés del XIX, muchos otros autores ya habían trabajado sobre esta cuestión. Y aún en otras tradiciones, como la Walter Pach (1883-1958), un historiador y crítico de arte, pintor y entusiasta promotor del arte moderno de la primera mitad del siglo XX. Pach fue además traductor de una historia del arte que Élie Faure escribió en cinco tomos, y participó en la organización de la famosa exposición The Armory Show en 1913, Nueva York, que al decir de una gran mayoría de historiadores de arte inauguró la recepción y el inicio del arte moderno del siglo XX en los Estados Unidos. También fue uno de los curadores que rechazaron La Fuente, el famoso urinario que Ducahmp envió a la exposición organizada por la Association of American Painters and Sculptors en 1917. Y estuvo en la ciudad de México en 1922, impartiendo un curso de verano en la Universidad Nacional invitado por Pedro Henríquez Ureña, donde entró en contacto con los muralistas de San Idelfonso y otros afines, a quienes invitó a exponer con la Society of Independents de Nueva York. En respuesta a ello, Diego Rivera le dirigió una carta el 7 de diciembre de 1922 donde menciona a algunos artistas como Orozco, Charlot, Revueltas, Figueiros, Leal, Alba, Cahero, Bolanos, Ugarte, Cano, Nahui, Atl y a él mismo, más interesado en una exposición individual con pocas obras. De hecho, Pach se convirtió en el primer promotor del muralismo mexicano en los Estados Unidos, mucho antes que Bertram Wolfe, Anita Brenner y Francis Toor. Dos libros de su autoría dan cuenta de ello: The Masters of Modern Art (1924) y Ananias, or The False Artist (1928). Y es precisamente en el primero donde Pach desarrolla la idea de que el arte moderno inicia con Louis David, el pintor de los tiempos de la revolución Francesa cuya obra generó la transición del arte neoclásico al primer ciclo del arte moderno, que según Pach se alargó hasta la primera guerra mundial. Después de ésta, el arte moderno tendría otros significados (además del abstracto), como el de la búsqueda de públicos masivos tal y como proponía en ese entonces el incipiente muralismo mexicano. De hecho, Pach no dudó en incorporar a Diego en una lista de 36 artistas que él consideró como los “grandes maestros del arte moderno”. <<

[906] Existe un cuadro que bien puede resumir toda esta cuestión: Alegoría de la Constitución de 1857 (óleo sobre tela, 271 x 178 cm, col. Palacio Nacional), del pintor académico Petronilo Monroy, pintado y expuesto en el primer salón de la República Restaurada, 1869, con un estilo neoclásico que destaca por la austeridad de la composición, y en el que se representa a una patria que, bajo la forma de una joven doncella de inconfundibles rasgos mestizos, surca victoriosa el transparente cielo mexicano portando en su brazo izquierdo un ejemplar pétreo de la constitución de 1857 que, de esa manera, evoca los diez mandamientos escritos en piedra del mismo Moisés. Patria y Ley por encima de todo y de todos. Inevitablemente esta representación laica de la patria evoca a las pinturas religiosas de la época colonial que, como las de Luis Cabrera y otros, solían representar símbolos católicos mediante vírgenes milagrosas (o piadosas) que, envueltas en trajes voluptuosos, surcaban los cielos gloriosos del Evangelio (o sórdidos del Apocalipsis), aunque con rostros definitivamente europeos. Como otros trabajos de la época, el de Monroy inauguraba la sustitución de las representaciones del viejo evangelio cristiano por las del nuevo liberal-republicano y, al mismo tiempo, personifica a los nuevos valores con imágenes románticas. Se distanciaba así del tedioso estilo neoclásico de inspiración religiosa que Pelegrin Clavé había impulsado en la Academia (que daba preferencia mayor a los detalles y a la ambientación que al tema de la representación), pese a que había sido uno de sus mejores discípulos. Habiendo recibido comisiones del mismo Maximiliano, con esta pintura Monroy rehabilitó su pasado “colaboracionista” en un tiempo de jacobinos. Uno de ellos, Guillermo Prieto, comentó de ella: “Entre las bellezas del cuadro de Monroy, lo que nos llamó la atención preferentemente fue su originalidad, su verdad, su desviación, por expresarnos así, de la escuela de Clavé, del amaneramiento académico…” En Stacie Widdifield (1996: 36, 37, 38, 172: nota 14). Véase también Fausto Ramírez, (2009: 1172-1173). <<

[907] Hay controversia al respecto: Alfredo Ávila (2005:29) sostiene que Bustamante “se convirtió en el principal exponente del neoaztequismo”, en tanto que su trabajo editorial “tuvo como objeto difundir, de modo especial, trabajos relativos a las antigüedades mexicanas” y a que “Desde muy temprana época estaba interesado, como muchos criollos, en la recuperación del pasado precortesiano de México”; y Enrique Florescano (2006:248) afirma que “fue el responsable de los sentimientos neo-aztecas que proliferaron durante la guerra y en los años posteriores a la declaración de la independencia” en tanto que la imagen “de la continuidad histórica entre el imperio idealizado de los Aztecas y la nación independiente liberada por los insurgentes brilló en muchas de las páginas del Cuadro y del Diario”, dos de sus obras más importantes. Por su parte, Susan Schroeder (2008:296-297) sostiene que el pionero del neoaztequismo fue Clavijero porque, además de avivar y alentar el saber y el interés por el nacionalismo, “comenzó a conectar a los ciudadanos mexicanos con la memoria histórica de los pueblos indígenas del país”. <<

[908] Esta “orientación” fue posible mediante varias acciones que el poder emprendió respecto al mundo propio de la creación artística. Por ejemplo el 1º de diciembre de 1867 es promulgada la Ley Orgánica de Instrucción Pública que cambió el nombre de la antigua Academia de San Carlos al de Escuela Nacional de Bellas Artes, en medio de un proceso de “depuración-rehabilitación” de aquellos maestros y empleados que conservaron sus puestos o recibieron comisiones durante el imperio de Maximiliano. Por ejemplo en un artículo publicado en El Siglo XIX de ese año, un periodista anónimo se quejaba de que a éstos se les siguiera contratando, en lugar de aquéllos “que prefirieron todo género de privaciones a servir al archiduque”, y demandó incluso que “esos sean llamados a desempeñar las cátedras, y no lo que adularon a su rey, y decoraron con pinturas y esculturas sus salones”. Después, en 1869, el nuevo director de la Escuela, Don Ramón Alcaraz, anunció en la cámara de diputados la creación de un premio anual de pintura cuyo tema estaría relacionado con la historia nacional, argumentando que “Con estos premios anuales que poco a poco pueden irse aumentando, el arte tomará en México una importancia que no tiene, y se crearán monumentos que recuerden a los ciudadanos los grandes hechos de la historia nacional, y perpetúen entre ellos la memoria de sus hombres ilustres”, estableciendo un premio anual de 1 000 pesos “y un accesit de 200 para los artistas de la república que presenten un cuadro histórico, cuyo asunto será tomado de la historia nacional”; en Stacie G. Widdifield (1996: 36, 172: notas 9 y 10; 43, 174: notas 36 y 37). <<

[909] “Los académicos ni gustaron ni entendieron la belleza autóctona del pueblo mexicano, antes la despreciaron, por eso se esforzaron en darle otra belleza clasicista, la única que tuvieron al alcance por tal. Por todo lo anterior no puede parecerme sino ingenua aquella visión y por su pretendido objetivismo falsa, lo cual no quiere decir que deje de ser interesante y auténtica en cuanto su tiempo”. 1967:63. <<

[910] Por ejemplo Alexander von Humboldt ya había advertido en 1804 la influencia que tenía la Academia de San Carlos en la fisonomía de ciertas ciudades novohispanas y del papel que jugaba en la enseñanza de las artes: “Es imposible no percibir la influencia de este establecimiento en el gusto de la nación, particularmente visible en la simetría de los edificios, en la perfección con la cual es labrada la piedra, en los ornamentos de los capiteles y en los relieves de estuco. ¡Qué número de edificios bellos pueden verse en México!, ¡incluso en pueblos de provincia como Guanajuato y Querétaro! Esos monumentos, que con frecuencia cuestan entre un millón y millón y medio de francos, lucirían ventajosamente en las mejores calles de París, Berlín y Peterburgo. El Sr. Tolsá, profesor de escultura en México, ha sido capaz de fundir una estatua ecuestre del Rey Carlos IV, una obra que con, la excepción de la de Marco Aurelio en Roma, supera en belleza y pureza de estilo a cualquier otra que permanezca de este género en Europa. La enseñanza es gratuita en la Academia de las Bellas Artes. No está dedicada solamente al dibujo de paisaje y figura; han tenido el buen sentido de emplear otros medios para promover la industria nacional. Los trabajos de la academia han sido exitosos en introducir entre los artesanos un gusto por la elegancia y las formas bellas. Largos salones, bien iluminados por lámparas de Argand, contienen cada noche cientos de jóvenes, algunos de los cuales dibujan del relieve o de modelos vivos mientras otros copian dibujos de muebles, candelabros u otros ornamentos de bronce. En esta mezcla las clases, los colores y las razas se confunden (algo muy destacable en medio de un país donde los prejuicios de la nobleza contra las castas son tan arraigados): hemos visto al indio y al mestizo sentados junto al blanco, y al hijo de un pobre artesano emulando a los hijos de los grandes señores del país. Es un consuelo observar que bajo cada zona donde se cultivan las ciencias y las artes se establece una cierta igualdad entre los hombres, que al menos por un tiempo hacen olvidar todas esas pasiones mezquinas cuyos efectos son tan perjudiciales a la felicidad social.” Humboldt (1811:161) (mi traducción). <<

[911] Fechado del 2 de octubre de 1843, entre otras cosas este decreto estableció salarios de 3 000 pesos anuales para cada uno de los directores particulares de pintura, escultura y grabado, mismos que serían seleccionados “entre los mejores artistas que hay en Europa”, así como un sistema de becas por cuatro mil pesos anuales para mantener a seis estudiantes “en los mejores establecimientos” de Europa (para que “se perfeccionen en las nobles artes que aquí se enseñan”), restableciendo además los premios anuales a los estudiantes más adelantados y el número de pensionados. También delineó un sistema mediante el cual se constituiría una “buena galería” de pinturas y esculturas mediante un concurso anual en Roma “a nombre del Gobierno de la República”, que ofrecía “un premio de consideración por el mejor cuadro, y otro por la mejor escultura que se presente”. Para hacer posible esta nueva empresa Santa Anna cedió las rentas de la Lotería Nacional que, administradas por el Ministro de Haciendo de la época, el Sr. Javier Echeverría, pasaron a constituirse como la Lotería de la Academia de San Carlos. Justino Fernández (1967: 41-42). <<

[912] De acuerdo con Eduardo Báez Macías (2000:90): “Lo que podemos llamar escuela de Clavé es el academicismo neoclasicista que dominaba en la Academia de San Lucas: pintura lograda a base de mucho ejercicio, composiciones bien estructuradas, colorido bien equilibrado y naturalista y sobre todo el impecable dibujo que sólo se lograba en las academias, todo ello tratado dentro de estudiadas ambientaciones. Las partes esenciales de la pintura, afirmaba Clavé en el diálogo con Couto, son el dibujo y la composición. La influencia de los nazarenos ya imprimía sus toques románticos, pero no de ese romanticismo arrebatado y desgarrador, sino de vena sentimental y religiosa candorosidad. Esto es lo que Clavé llamaba la ‘moderna escuela romana’”; en tanto que Justino Fernández (1967:60) comenta: “Dio una dirección a la pintura en México, en gran parte inspirada en el arte intelectualista y espiritualista del idealismo alemán; de allí los temas y las suavidades de formas y colorido, al gusto de la época, que Clavé se encargó de promover… Lo curioso es que aquella dirección es patente en las obras de sus discípulos, pero no en las suyas; a los discípulos los hizo depender en buena parte del idealismo puritano de Overbeck, mientras el se reservó lo que en su tiempo fue una de las mejores direcciones de la pintura, el clasicismo a la manera de Ingres…” <<

[913] Entre la que deben mencionarse, por año de ejecución: San Bartolomé Apóstol, 1852?, de Felipe Santiago Gutiérrez (1824-1904), óleo sobre tela, 140 x 103 cm (Museo Nacional de Arte, ciudad de México); La demencia de Isabel de Portugal, 1854, de Pelegrín Clavé y Roque (1811-1880), óleo sobre tela, 288 x 226 cm (Museo Nacional de San Carlos); El sacrificio de Isaac, 1857, de Santiago Rebull (1829-1902), óleo sobre tela, 273 x 186.3 cm (MUNAL, ciudad de México); El hijo pródigo, 1868, de Luis Monroy (1845-1918?), óleo sobre tela, 180 x 125 cm (MUNAL, ciudad de México). <<

[914] Entre la que deben mencionarse, por año de ejecución: El descubrimiento del pulque, 1869, de José Obregón (1830-1902), óleo sobre tela, 195 x 237 cm (MUNAL, ciudad de México); El senado de Tlaxcala, 1875, de Rodrigo Gutiérrez (1848-1903), óleo sobre tela, 191 x 232.5 cm (MUNAL, ciudad de México); Fray Bartolomé de las Casas, 1875, de Félix Parra (1845-1919), óleo sobre tela, 358 x 269 cm (MUNAL, ciudad de México); El tormento de Cuauhtémoc, 1892, de Leandro Izaguirre (1867-1941), óleo sobre tela, 157 x 83 cm (MUNAL, ciudad de México) <<

[915] Aunque según Elisa García Barragán (1992: 27-30), Cordero mismo se autorretrató en uno de los rostros de esas “oscuras figuras”. <<

[916] Sobre la vida de Juan Cordero y sus vanos intentos por hacerse de la dirección de la Academia de San Carlos véase: Elisa García Barragán (1992: 3-60), Inmaculada Rodríguez Moya (2006: 150-160) y Jean Charlot (1945/1991-2000). Este último escribe una excelente semblanza de Cordero (“Juan Cordero, muralista mexicano”) como parte de sus investigaciones que sobre la Academia de San Carlos y el muralismo mexicano realizó en México entre 1945 y 1947 (becado por la fundación Guggenheim). En ella sostiene que tanto Cordero como él fueron “tocayos” muralistas pues pintaron sendos murales en una misma pared de San Ildefonso, aunque con 60 años de diferencia <<

[917] La legitimidad estética y la ética del equipo de producción y dirección que habrá de filmar una película es importante porque de ello depende en gran medida la aceptación o no de la propuesta cinematográfica en los círculos culturales. Círculos cerrados que a veces ejercen su noción del veto y la censura simbólica que hace mayor daño que la censura legal que el Estado pueda aplicar. Es el caso de películas como Zapata, dirigida por Alfonso Arau y actuada por Alejandro Fernández. <<

[918] Disponible desde Internet en http://homocinefilus.com/avatar-provoca-suicidios/ (con acceso el 31 de mayo del 2011). <<

[919] Niklas Luhmann, La política como sistema, 2010. <<

[920] Tena, “Una propuesta de definición del concepto de virtud cívica”, 2009, p. 93. <<

[921] Terry Clark, La nueva cultura política, tendencias globales y casos iberoamericanos, 2007. <<

[922] Richard Sennett, El declive del hombre públicio, 2011. <<

[923] Ibid., p. 321. <<

[924] Jaramillo, 2005. <<

[925] Sennett, 2011, p. 325. <<

[926] Sennett, 2011, p. 325. <<

[927] Jon Elster, El cemento de la sociedad, 2006. <<

[928] Almond y Verba, The civic culture: political attitudes and democracy in five nations,1963. <<

[929] Hanna Arendt, La condición humana, 1998. <<

[930] Jesús Ibáñez, La investigación social de segundo orden,1992, p. 14. <<

[931] Niklas Luhmann, La política como sistema, 2010. <<

[932] Francisco Gil Villegas, Los profetas y el mesías, 1996, p. 286. <<

[933] En mi opinión, la imagen debe ser vista como un discurso en sí, como un testimonio visual que representa a la sociedad del pasado. Sobre este tema José Ronzón asevera que las imágenes son representaciones que emiten una determinada temporalidad e inciden no solamente en el conocimiento de la sociedad de una época sino también en la gestación de imaginarios. Véase José Ronzón, “La imagen como fuente para la historiografía. Construcción de sus significados”, en José Ronzón y Saúl Jerónimo, Reflexiones en torno a la historiografía contemporánea, México, UAM, 2003, pp. 133-144. <<

[934] Revísese Ronald Formisano, “The Concept of Political Culture”, en Journal of Interdisciplinary History, XXXI: 3 (Winter, 2001), pp. 393-426; Esteban Krotz, “La investigación sobre la cultura política en México: visión panorámica de un campo de estudio en construcción”, en Rosalía Winocur (coord.), Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura política en México, México, IFE-Flacso-Porrúa, 2002; José Antonio Crespo, “Comportamiento electoral: cultura política y racionalidad en los comicios de 1994”, en Nueva Antropología, vol. XV, núm. 50, México, 1996. <<

[935] Por historicidad entendemos la posibilidad, la condición y la necesidad para la constitución de lo histórico (Historia, historias, historiografía) con base en una tensión entre por lo menos dos tiempos: el presente y cualquier modalidad del pasado. Véase Silvia Pappe y María Luna, Historiografía crítica. Una reflexión teórica, (Serie Libros de Posgrado), México, UAM-A, 2001. <<

[936] Guillermo O´Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las Democracias Inciertas, tomo 4, Buenos Aires, Paidós, 1994, pp. 27-30. <<

[937] Sobre el tema del humor en México y chistes políticos, revísese el texto de Samuel Schmidt, En la mira. El chiste político, México, Taurus, 2006. Asimismo, existen varios estudios sobre el humor que pueden ahondar en el debate como los realizados por Henri-Louis Bergson, La risa, Madrid, Alianza, 2008; o Peter Berger, Risa redentora, Barcelona, Kairós, 1999. <<

[938] Cf., Sergio Pitol, “Jorge Ibargüengoitia”, en Juan Villoro et .al., (comps.) Jorge Ibargüengoitia. El atentado/Los relámpagos de agosto, (Serie Col, Archivos, 53), Francia, Conaculta-FCE, 2004. <<

[939] Cabe señalar que muchas veces el humor implica una relación donde el receptor, al reírse de las situaciones graciosas que denuncian o de las que hace mofa, está a la vez reconociendo que es parte de ese mismo sistema con serias fallas. <<

[940] Samuel Schmidt, “Política y humor: chistes sobre el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari”, en Nueva Antropología, UAM-I, México, vol. XV, núm. 50, Octubre de 199, pp. 49-70. <<

[941] Para un análisis amplio de las comicidad en México durante la primera mitad del siglo XX, en teatros y carpas Cf., Armando de María y Campos, El teatro de género chico en la Revolución Mexicana, México, INHERM, 1956; y Miguel Ángel Morales Cómicos de México, México, Panorama Editorial, 1987. <<

[942] Idem. <<

[943] Sobre la obra de Emilio Fernández véase Julia Tuñón, Los rostros de un mito, México, Conaculta, 2000. <<

[944] Revísese Tzvi Medin, El sexenio alemanista, México, Era, 1990. <<

[945] Villoro y Díaz, Jorge Ibargüengoitia..., 2004. <<

[946] Véase el ensayo de Álvaro Vázquez Mantecón, “La representación del espacio rural, en el cine de los años 40”, en Memoria del Segundo Encuentro de Historiografía, México, UAM, 2000. <<

[947] Carlos Monsiváis, “Tin Tan. Es el pachuco un sujeto singular”, México, en Intermedios, núm. 4, 1992. <<

[948] El caso más recordado son los ataques de José Vasconcelos, quien profirió una serie de críticas al cómico en un artículo publicado el 4 de junio de 1944 en el periódico Novedades. <<

[949] Tin Tan por sí solo no construye su personaje sino que lo ayudaron a forjar un grupo de actores de apoyo, directores, guionistas, fotógrafos, ambientadores y productores. <<

[950] http://www.rae.es/rae.html <<

[951] Jorge Portilla Fenomenología del relajo, México, FCE, 1966, p. 13. <<

[952] El rey del barrio es una cinta dirigida por Gilberto Martínez Solares, guión de Juan García El Peralvillo y protagonizada por Germán Valdés Tin Tan, Silvia Pinal, Marcelo Chávez, Fanny Kaufman Vitola, Joaquín García Borolas y Juan García. Cf., Emilio García Riera, Las películas de Tin Tan, México, Universidad de Guadalajara - Cineteca Nacional, 2008; Véase también John Mraz, “Lo gringo en el cine mexicano y la ideología alemanista”, en La Jornada semanal, México, 19 de febrero de 1995. <<

[953] Mraz, “Lo gringo en el cine mexicano...”, op.cit., 1995. <<

[954] Idem. <<

[955] Idem. <<

[956] Eduardo Mejía, Tin Tan subversivo, en http://errataspuntocom.blogspot.com/2008/06/tin-tan-subversivo.html <<

[957] Carlos Mendiola expone que la verdad siempre conlleva un compromiso moral: “La verdad histórica no solo tiene sentido por lo que dice, sino también por la manera en que lo dice y en el lugar que lo dice. Por eso el discurso histórico muestra que la verdad requiere reflexión”. Carlos Mendiola, “La historia como discurso crítico”, en José Ronzón y Saúl Jerónimo (coords.), Formatos, Géneros y discursos, México, UAM-A, 2000, pp. 389-400. <<

[958] Stefan Pimmer y Jaime Ortega, “Movimientos sociales en el Estado ampliado. Una lectura desde Gramsci”, en Sociológica, año 25, núm. 72, México, enero-abril de 2010, p. 190. <<

[959] Bolívar Echeverría, “La Clave Barroca de América Latina”, [http://www.bolivare.unam.mx/ensayos/La%20clave%20barroca%20en%20America%20Latina.pdf]. Consultado el 22-04-2011. <<

[960] David Altman, “Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina: ¿mecanismos de control político o políticamente controlados”, en Perfiles Latinoamericanos, núm. 35, enero-junio de 2010, p. 17. <<

[961] Alicia Lissidini, Democracia directa en Latinoamérica: entre la delegación y la participación, 2009, p.15. <<

[962] Abelardo Villegas, Reformismo y revolución en el pensamiento latinoamericano, pp. 117-140. <<

[963] María Esther Gilio, La Guerrilla Tupamara, p.11. <<

[964] Teresa Castro Escudero, “Contribución para el estudio del Estado: el debate sobre fascismo y militarismo en América Latina”, en Márgara Millán y Ruy Mauro Marino, La Teoría Social Latinoamericana: la centralidad del marxismo, 1995, p. 125. <<

[965] Víctor L. Urquidi, Otro siglo perdido: las políticas de desarrollo en América Latina (1930-2005), 2005, pp. 135-183. <<

[966] Vania Bambirra, El Capitalismo dependiente latinoamericano, 1974, p. 24. <<

[967] Atilio Boron, Estado, capitalismo y democracia, 2003, pp. 39-83. <<

[968] Felipe Victoriano, “Estados, golpes de Estado y militarización en América Latina: una reflexión histórico política”, en Argumentos, núm. 64, año 23, septiembre-diciembre, 2010, pp. 182-185. <<

[969] Marisa Ruiz, “La impunidad en la región: algunas consideraciones particulares” (mimeo). Agradezco a la Dra. Susana Dominzain, quien me facilitó el acceso a este material. <<

[970] Carlos H. Filgueira, “Movimientos sociales en la restauración del orden democrático: Uruguay, 1985”, en Carlos H. Figueira comp., Movimientos sociales en el Uruguay de hoy, 1985, pp. 11-50. <<

[971] Silvia Dutrénit, “El fin de la insularidad uruguaya y la política partidaria entre 1973 y 1976”, en Silvia Dutrénit, Leonardo Valdés coord., El fin de siglo y los partidos políticos en América Latina, 1994, p. 102. <<

[972] Silvia Dutrénit, “Del margen al centro del sistema político: los partidos uruguayos durante la dictadura”, en Silvia Dutrénit coord., Diversidad partidaria y dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay, 1996, pp. 235-317. <<

[973] Gerardo Caetano, “Partidos políticos y sociedad civil en el Uruguay contemporáneo”, en Silvia Dutrénit, Leonardo Valdés coord., El fin de siglo y los partidos políticos en América Latina, 1994, p. 83. <<

[974] Disponible en http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15848&Anchor= <<

[975] Gerónimo de Sierra, “Sobre los problemas de (in)gobernabilidad en el Uruguay posneoliberal de la dictadura”, en Gerónimo de Sierra coord., Democracia emergente en América del Sur, 1994, p. 224. <<

[976] Héctor Gros y Eduardo Esteva, “La evolución política constitucional de Uruguay entre 1975 y 2005”, en Estudios Constitucionales, vol. 6, núm 2, 2008, pp. 421-422. <<

[977] Daniel Chávez, “De la participación popular al “buen gobierno”, en Daniel Chávez y Benjamin Goldfrank (eds.), La izquierda en la ciudad: participación en los gobiernos locales de América Latina, 2004, pp. 91-129. <<

[978] Silvia Dutrénit, “De la apariencia restauradora a la evidencia reestructuradora: Uruguay en 1984 y 1989”, en Silvia Dutrénit coord., Huellas de las transiciones políticas: partidos y elecciones en América Latina, 1998, p. 236. <<

[979] Manuel Alcántara Sáez e Ismael Crespo Martínez, Partidos políticos y procesos electorales en Uruguay (1971-1990), 1992, p. 174. <<

[980] La mejor descripción de ésta situación se encuentra en Eugenia Allier Montaño, Batallas por la memoria: los usos políticos del pasado reciente en Uruguay, pp. 40-97. <<

[981] Pamela Morales, “La Ley de caducidad en Uruguay: dimensiones y tensiones de las leyes de impunidad y olvido en las democracias pos-dictatoriales del Cono Sur”, en Daniel Feirstein comp., Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina, 2009, p. 169. <<

[982] Beatriz Stolowicz, “Uruguay: los límites de una democracia política antipopular”, en Ricardo Yocelevzky (comp.), Experimentos con la democracia en América Latina, 1996, p. 229. <<

[983] Beatriz Stolowicz, “Uruguay: entre la ley de lemas, el plebiscito y la exclusión social”, en Gustavo Ernesto Emmerich coord., Procesos políticos en las Américas, 1996, p. 332. <<

[984] Manuel Alcántara Sáez e Ismael Crespo Martínez, op. cit., p. 175. <<

[985] Silvia Dutrénit, “¿Por qué la ciudadanía uruguaya decidió oponerse al principio de igualdad ante la ley?”, en Argumentos, núm. 14, diciembre de 1991, p. 136. <<

[986] Gabriel Bucheli, Valentina Curto, Vanesa Sanguinetti, Carlos Demasi y Jaime Yaffé (coord.), Vivos los llevaron: historia de la lucha de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (1975-2005), 2005, pp. 70-71. <<

[987] David Chávez Miños, “Uruguay. La izquierda en el gobierno. Entre la continuidad y el cambio”, en La nueva izquierda en América Latina, 2009. <<

[988] Silvia Dutrénit y Gonzalo Varela, Tratamiento del pasado. Violaciones de los derechos humanos y agendas gubernamentales en casos latinoamericanos, 2010, p. 363. <<

[989] Informe Amnistía Internacional: el estado de los derechos humanos en el mundo, 2010, p. 39. Disponible en [http://thereport.amnesty.org/es/downloads] <<

[990] Ana Buriano y Silvia Dutrénit, “La enseñanza de la historia como ejercicio de memoria y resistencia frente al olvido: la experiencia de Uruguay. Entrevista con el historiador Gerardo Caetano”, en Andamios: revista de investigación social, vol. 5, núm. 9, diciembre de 2008, pp. 259-278. <<

[991] Silvia Dutrénit y Gonzalo Varela, “Esclarecimiento del pasado e intervención de la justicia: conflictos y cambios de las historias oficiales”, en Gerardo Caetano (coord.), Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, 2006, p. 343. <<

[992] Agustín Cueva, Teoría social y procesos políticos en América Latina, 1979, pp. 195. <<

[993] David Collier, “Visión general del modelo burocrático autoritario”, en David Collier (comp.), El nuevo autoritarismo en América Latina, 1985, p. 30. <<

[994] Beatriz Stolowicz, “Uruguay, entre…”, op. cit., p. 344. <<

[995] Beatriz Stolowicz, “Uruguay: los límites…”, op. cit., p. 235. <<

[996] Constanza Moreira, “Resistencia Política y ciudadanía: plebiscitos y referéndums en el Uruguay de los 90”, en América Latina Hoy, Universidad de Salamanca, núm. 36, abril de 2004, pp. 17-45. <<

[997] Constanza Moreira, Final del juego: del bipartdismo tradicional al triunfo de la izquierda en Uruguay, 2004, pp. 111-112. <<

[998] Adolfo Gilly y Rhina Roux, “Capitales, tecnologías y mundos de la vida”, en Enrique Arceo y Eduardo Basualdo, Las condicionantes de la crisis en América Latina, 2009, pp. 27-52. <<

[999] Jorge Veraza, Economía y política del agua: el agua que te vendo primero te la robé, 2007, p. 16 <<

[1000] Bolívar Echeverría, Valor de uso y utopía, 1998, p. 161. <<

[1001] Vanessa Pérez, Mónica Olvera y Efraín León, “Conflictos internacionales por la privatización del agua”, en Andrés Barreda (coord.), En defensa del agua, 2006, p. 185. <<

[1002] Pedro Arrojo, El reto ético de la nueva cultura del agua: funciones, valores y derechos en juego, p. 95. <<

[1003] Carlos Santos, “La construcción del Estado ampliado en Uruguay: reflexiones a partir del plebiscito del agua (2004)”, en Encuentros Latinoamericanos, núm. 5, diciembre de 2008, p. 121. <<

[1004] Susana, Dominzain, “Defendamos el agua (La acción colectiva en Bolivia y Uruguay)”, en Encuentros Latinoamericanos, año II, núm. 5, diciembre de 2008, p. 133-134. <<

[1005] Felipe Monestier, Movimientos sociales, partidos políticos y democracia directa “desde abajo” en Uruguay, 2010, p. 38. <<

[1006] Aníbal Quijano, “Otra noción de lo privado, otra noción de lo público”, en Revista de la CEPAL, núm. 35, 1988. <<

[1007] Sylvia Bermann, et al., Efectos psicosociales de la represión política. Sus secuelas en Alemania, Argentina y Uruguay, 1994. <<

[1008] Guillermo Guajardo, “Chile: desaparición y olvido como política de Estado”, en Istor, año 2, núm. 5, verano del 2001, pp. 25-40. <<

[1009] Sandrine Lefranc, Políticas del perdón, 2004, p. 54. <<

[1010] http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509.htm <<

[1011] “Senado uruguayo anula ley de amnistía”, La Jornada, 13 de abril de 2011, p. 35. <<

[1012] Constanza Moreira, “La izquierda en Uruguay y en Brasil: cultura política y desarrollo político-partidario”, recurso electrónico disponible en [http://lasa.international.pitt.edu/LASA98/Moreira.pdf] <<

[1013] Perry Anderson, “Democracia y Dictadura en América Latina en la década del setenta” [http://catedras.fsoc.uba.ar/toer/articulos/txt-anderson.html] consultado el 10-5-2011. <<

[1014] Esteban Krotz, “La investigación sobre la cultura política en México: visión panorámica de un campo de estudio en construcción”, en Rosalía Winocur (coord.), Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura política en México, México, IFE-Flacso-Miguel Ángel Porrúa, 2002, p. 18. <<

[1015] Gabriel Almond y Sidney Verba, “La cultura cívica: actitudes políticas y democracia en cinco naciones, un estudio comparativo”, en Diez Textos Básicos de Ciencia Política, Barcelona, Ariel, 2001. <<

[1016] Destacan diversos estudios de caso, análisis comparativos, balances conceptuales o exploraciones sociológicas de autores como Lucien Pye, Robert C. Tucker, Lowell Dittmer o Richard Elkins. <<

[1017] Se criticaba de Almond y Verba su defensa al statu quo y a la estabilidad sistémica de los regímenes políticos que se manejan bajo los lineamientos y valores del capitalismo que incluso los llevó a aseverar que Estados Unidos y Gran Bretaña eran los países modelo en el ejercicio de hacer política. <<

[1018] Véase Ronald Formisano, “The Concept of Political Culture”, en Journal of Interdisciplinary History, XXXI: 3 (Winter, 2001), pp. 393-426; Roberto Varela, Cultura y poder, Una visión antropológica para el análisis de la cultura política, Barcelona, Anthropos Editorial-UAM-I, 2005. <<

[1019] Un asunto por resolver, y que ha propiciado la discusión entre especialistas de diferentes disciplinas, particularmente entre politólogos, es si la cultura política debe definirse como una variable causal o como un efecto, o como una variable dependiente o independiente. Así, hay investigadores que desde la antropología han demostrado en qué casos la cultura política se puede concebir como la causa de ciertos comportamientos políticos, es decir, como una variable independiente o viceversa. Formisano, “The Concept of Political Culture”, 2001. <<

[1020] Otros presos políticos prominentes fueron el muralista David Alfaro Siqueiros, encarcelado en 1960 por realizar críticas muy duras y hasta insultantes al presidente López Mateos con sonoras protestas del medio artístico nacional e internacional. Por su parte, el periodista Filomeno Mata, en el mismo año, fue recluido en Lecumberri por publicar que López Mateos tenía la ciudadanía guatemalteca. <<

[1021] Para Carlos Monsiváis, Gonzalo “Santos es el cacique por antonomasia, el proclamador de la ley de los tres ‘ierros’: Santos se enamora de la arbitrariedad porque ésta lo expresa: él es señor de horca y cuchillo, él quita y pone gobernadores, encarcela y excarcela, regala perdones previos y les concede a los opositores el honor de la misa de cuerpo presente”. Cf., Carlos Monsiváis, prólogo a Alejandro Caballero, Salvador Nava. Las últimas batallas, México Ediciones de La Jornada (Serie Disidencias), 1992, p. 4. <<

[1022] “La moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada”; “A mis enemigos si dan problemas los encierro, si persisten los destierro y si no entienden los entierro”. Las anteriores son algunas de las mucha sentencias prototípicas del cacique que pueden leerse en Gonzalo Santos, Memorias, México, Grijalbo, 1986. Asimismo, un estudio más amplio de la figura política de Santos puede hallarse en (Cf.) María Monroy y Tomás Calvillo, Breve historia de San Luis Potosí, México, El Colegio de México-FCE, 1997. <<

[1023] Y es que contrario a lo que varios estudios afirman, los primeros esfuerzos por terminar con el cacicazgo santista comenzaron a principios de los años cincuenta, principalmente con priístas inconformes que fueron desplazados por incondicionales del cacique. Para un análisis detallado de los primeros grupos antisantistas, véase Pansters, Wil, “Ciudadanos con dignidad. Oposición y gobierno en San Luis Potosí, 1938-1993”, en Sergio Zermeño (coord.), Movimientos Sociales e Identidades Colectivas, México, La Jornada Ediciones-UNAM, 1997, pp. 24-28. <<

[1024] Tomás Calvillo, en entrevista con el autor el 8 de febrero de 2003. <<

[1025] Durante su gestión, el rector Manuel Nava “crea las cátedras de oposición, maestros de tiempo completo, la escuela de Humanidades, hace convenios con organismos internacionales… en fin, trata de profesionalizar la actividad académica y conseguir la excelencia dentro de la universidad”. Manuel Nava Calvillo en entrevista con el autor el 19 de mayo de 2002. <<

[1026] Cf., Monroy, et al., Breve historia, 1997, pp. 299-301. <<

[1027] Entre Adolfo López Mateos y Gonzalo Santos había una notable animadversión que se remontaba a las elecciones presidenciales de 1929, cuando el primero era un afanoso simpatizante del intelectual José Vasconcelos, mientras que el segundo había participado activamente en la represión de los adeptos del célebre ex secretario de educación pública. En 1958, en San Luis Potosí, para nadie era un secreto que Gonzalo Santos había apoyado la candidatura para la presidencia de la República del entonces secretario de Agricultura, Gilberto Flores Muñoz y después había respaldado al potosino Ignacio Morones Prieto. En una cultura política sumamente centralizada e intolerante como la de finales de los cincuenta, Santos se percataría que el régimen cobraba facturas a quienes apuestan erróneamente. <<

[1028] En este contexto, las campañas de López Mateos y Nava corren paralelas y es precisamente en una gira proselitista del primero que éste dicta su conocida frase: “Los cacicazgos subsisten mientras el pueblo los tolera” que astuta y rápidamente fue asumida por la dirigencia navista como un sostén para su lucha. Por otra parte, la única referencia en las memorias del cacique en que alude directamente a los Nava, fue en ocasión de una visita del candidato presidencial López Mateos a San Luis Potosí. Citamos a Santos: “Una vez que comenzó la gira política del candidato cuando llegamos a la capital potosina, alguien gritó: ¡Viva López Mateos, muera el cacique! Comprendí que se trataba de unos cuantos estudiantes de la familia Nava y otros mochos sinarquistas. Llegamos a la universidad y todo se produjo en calma hasta que al fin del mitin los Nava mostraron algunos garrotes dirigiéndose a mí y gritando: ¡Muera el cacique! Como esos individuos lo menos que querían era que yo les mentara la madre, sólo me acerqué al grupúsculo y delante de López Mateos les dije: ‘Aquí estoy, ¿Qué quieren de mí?’ De inmediato la comitiva del candidato los dispersó mientras López Mateos me comentaba: ‘Yo he sido estudiante mi Tigre y sé cómo se mueve esta gente, no tengas preocupación por el incidente’”. Santos, Memorias, 1986, p. 914. <<

[1029] El 1° de noviembre de 1958 nace la UCP, alianza que aglutinó a las principales organizaciones antisantistas: la Unión Nacional Sinarquista (UNS), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y los tres grupos de oposición dentro del PRI: la Alianza Cívica Potosina (ACP), el Frente Reivindicador de la Ciudadanía Potosina (FRCP) y la propia FPEI. <<

[1030] Miguel Ángel Granados Chapa en entrevista concedida al autor el 10 de mayo de 2002. <<

[1031] Idem. <<

[1032] Por sistema político definimos al conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen funciones de dominación política y administración social, así como al personal directivo que las sostiene y utiliza. Revísese Manuel Camacho, “Los nudos históricos del sistema político mexicano”, en La crisis en el sistema político mexicano (1928-1977), México, El Colegio de México, 1977, pp. 181-277. <<

[1033] Concepción Calvillo, viuda de Nava en entrevista concedida al autor el 20 de mayo de 2002. <<

[1034] Tomás Calvillo, El navismo o los motivos de la dignidad, SLP, Kaiser, 1986, p. 32. <<

[1035] Salvador Nava (julio de 1958) citado por Antonio Estrada, La grieta en el yugo, México, Jus, 1963, p. 46. <<

[1036] Salvador Nava (noviembre de 1958) Ibid., p. 48. <<

[1037] Ibid., p. 49 <<

[1038] Ibid., pp. 97-98. <<

[1039] Guillermo O´Donnell y Phillipe Schimitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las Democracias Inciertas, 1994, p. 17. <<

[1040] Véase Miguel Ángel Granados Chapa, ¡Nava sí, Zapata no! La hora de San Luis Potosí: crónica de una lucha que triunfó, México, Grijalbo, 1992, p. 45. Todavía en mayo de 1961, los entonces diputados priístas, Carlos Hank González y Enrique Olivares Santana, fueron enviados para intimidar –sin éxito– al oftalmólogo para que desistiera de su propósito de contender por la gubernatura. <<

[1041] En 1961, el propio navismo es calificado por el gobernador potosino Francisco Martínez de la Vega, como una “corriente enemiga de la Revolución mexicana”, y padece la animadversión del régimen. En ese año López Mateos enfrentó a grupos que no avalaban su política neopopular y el intervencionismo del Estado (libros de textos gratuitos y expropiación de la industria eléctrica). Asimismo, la crisis cubana divide al priísmo y en este entorno emerge el lema “Cristianismo sí, comunismo no” ante la “amenaza comunista internacional”. Un análisis más amplio del contexto nacional de la época puede hallarse en Soledad Loaeza, El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta, México, FCE, 1999. <<

[1042] El gobierno estatal retuvo fondos para la capital potosina varios meses causando serios problemas al cabildo municipal. Esta relación conflictiva llevó a Nava a encabezar distintos actos de protesta en contra del cacique sindical (destacó la Marcha “de las Participaciones” y la iniciativa de someter a juicio político a Jonguitud Barrios). <<

[1043] Miriam Alfie y Luis Méndez, “Tres lustros de transición en México”, en El Cotidiano, UAM-A, mayo-junio de 1998, núm. 89, pp. 60-72. <<

[1044] Guillermo Bonfil Batalla, México Profundo. Una civilización Negada, México, Grijalbo, 1994. <<

[1045] Carlos Salinas pretendió acceder a la modernidad modificando, para sus prácticas políticas, términos que ya no cabían. Algunos ejemplos significativos: la recurrente noción de “nacionalismo” es cambiada por términos como “productividad” y el concepto de “modernización” se usa donde anteriormente estuviera “Revolución Mexicana”. <<

[1046] Salvador Nava en Juan Martínez y Adriana Ochoa, “Nava, por la participación civil; Fausto Zapata, por la conciliación priísta” en Expresiones de San Luis, SLP, 11 de marzo de 1991, pp. 3-4. <<

[1047] Carlos Monsiváis, prólogo a Alejandro Caballero, Salvador Nava, 1992, p. 6. <<

[1048] Loc. cit. <<

[1049] Salvador Nava en Granados, ¡Nava sí!, 1992, p. 104. <<

[1050] Caballero, Salvador Nava, 1992, p. 60. <<

[1051] Victoriano Martínez, “Para condenar la estridencia, un mitin estridente”, en Expresiones de San Luis, SLP, 20 de mayo de 1991, p. 13. <<

[1052] Luis Donaldo Colosio, en mayo de 1991 y citado por Caballero, Salvador Nava, 1992, p. 62. <<

[1053] Fausto Zapata, en su cierre de campaña en agosto de 1991 y citado por Caballero, Salvador Nava, 1992, p. 62. Ibid., pp. 70-71. <<

[1054] Recupero al filósofo Thomas Reid, para definir al sentido común como una formulación precisa de enunciados o juicios que guían al ser humano en sus percepciones, sus reflexiones y acciones, en síntesis el sentido común es la sensatez, la capacidad mental que todos tenemos pero que no todos desarrollamos a plenitud. Véase José Hernández, La filosofía del sentido común, México, UAM, 1998. <<

[1055] Salvador Nava en febrero de 1991, poco antes de su inicio de campaña y citado por Caballero, Salvador Nava, 1992, p. 54. <<

[1056] Salvador Nava (19 de agosto de 1991). Ibid., p. 82. <<

[1057] Salvador Nava (26 de septiembre de 1991). Ibid., p. 137. <<

[1058] Entre otras personalidades, a los simposios navistas asistieron Carlos Monsiváis, Lorenzo Meyer, Miguel Ángel Granados Chapa, Luis Javier Garrido, Enrique Krauze, Adolfo Aguilar Zínzer, Jorge Germán Castañeda, Alberto Aziz Nassif, Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, José Agustín Ortíz Pinchetti, Rolando Cordera, Francisco José Paoli, Juan Molinar Horcasitas y Heberto Castillo. <<

[1059] Para Max Weber, toda autoridad ejerce un tipo de dominación que intenta fomentar la creencia en la legitimidad de su mandato, que el teórico alemán sistematiza en tres tipos: las dominaciones racional, tradicional y carismática. La primera da origen a la autoridad legal, la segunda a la autoridad tradicional y la tercera da lugar a la autoridad carismática, que se fundamenta en la entrega a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona. Cf., Max Weber, Economía y Sociedad, México, FCE, 1984, pp. 170-173. <<

[1060] Pansters “Ciudadanos con dignidad, 1997, p. 36. <<

[1061] Salvador Nava citado por A. Caballero, Salvador Nava, 1992, p. 48. <<

[1062] Miguel Ángel Granados Chapa, entrevista concedida al autor el 10 de julio de 2002. <<

[1063] Fernando Escobar, Prácticas culturales críticas de producción de espacios públicos en la transformación del barrio Moravia, Medellín, Colombia, 1984-2009, Tesis (Maestría en Geografía Humana), 2011. <<

[1064] Natalia Da Representaçao, “Los Espacios Comunes como problema. Sociabilidad, gestión y territorio” en Catenazzi, A., Aída Quintar, María Cristina Cravino, Natalia Da Representaçao y Alicia Novick, El retorno de lo político a la cuestión urbana. Territorialidad y acción pública en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 2009. <<

[1065] Mónica Szurmuk y Robert McKee Irgwin (coords.), Diccionario de estudios culturales latinoamericanos, 2009, p. 72. <<

[1066] Como se observa, en la definición de cultura que hacen Szurmuk y McKee articulan definiciones, conceptos y nociones de Jameson, Barthes, Foucault, Said y Bourdieu entre otros. <<

[1067] Cf. Ana María Ochoa, Entre los deseos y los deberes. Un ensayo crítico sobre políticas culturales, 2003. <<

[1068] Cf. George Yúdice, Nuevas tecnologías, música y experiencia, 2007. <<

[1069] Cf. Eduardo Nivón, La política cultural. Temas, problemas y oportunidades, 2006. <<

[1070] Cf. Jesús Martín-Barbero, Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura, 2002. <<

[1071] Víctor Manuel Rodríguez, “El retorno de lo local: topografías glocales y representación artística en América Latina”, en Asterisco. Streets of deseo/ calles del Desire, núm. 7, s/p. <<

[1072] Ana María Ochoa, op. cit., p. 11-13. <<

[1073] Ibid., p.10. <<

[1074] Mónica Szurmuk y Robert McKee Irgwin (coords.), op. cit., 2009, p. 46. <<

[1075] Esta categoría comprendería las prácticas, actores e instituciones involucrados en dinámicas de transformación social desde saberes, estrategias diversos que algunas veces se pueden cruzar con estrategias y tácticas artísticas. <<

[1076] Transformación metropolitana entendida en un rango muy amplio, no se trata de una actualización de una improbable revolución a través de la lucha de clases, sino que se entiende como una transformación que involucra la consecución de derechos culturales, un empoderamiento de variados sujetos en distintas escalas y temporalidades, procesos identitarios y la apropiación colectiva de espacios de la ciudad. <<

[1077] Ana María Ochoa afirma que, en efecto, el Ministerio de Cultura de Colombia nace con la Constitución Política de 1991 con el fin de convertirse en una herramienta para la consecución de la paz en el país. Cf. Ana María Ochoa, op. cit. <<

[1078] Para retomar las funciones del antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo, autor de este documento, la Alcaldía Mayor de Bogotá creó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y más recientemente conformó el Instituto Distrital de las Artes. <<

[1079] Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Políticas Culturales Distritales 2004-2016, 2005, p. 23. <<

[1080] Ana María Ochoa, op. cit., p. 21. <<

[1081] Estas dimensiones que se mencionan aquí provienen del documento de Políticas Culturales elaborado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ya que este trabajo comparte varios de los supuestos que sobre la cultura y su papel en las sociedades contemporáneas emplea dicho documento. <<

[1082] Eduardo Nivón, op. cit., 2006. <<

[1083] Ibid., p. 20. <<

[1084] Ana María Ochoa, op. cit., p. 12. <<

[1085] Marcelo Expósito, “Introducción”, en Boris Buden, et al., Producción cultural y Prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional, 2008, p. 21. <<

[1086] Eduardo Nivón, op. cit., 2006, p. 45. <<

[1087] Ana María Ochoa, op. cit., p. 12. <<

[1088] Ibid., p. 12. <<

[1089] Ibid., p. 12-13. <<

[1090] Eduardo Nivón, op. cit., 2006, p. 58. <<

[1091] Patricia Ramírez y Miguel Aguilar (comp.), Pensar y habitar la ciudad. Afectividad, memoria y significado en el espacio urbano contemporáneo, p. 7. <<

[1092] Roxana Morduchowicz, El capital cultural de los jóvenes, p. 60-61. <<

[1093] Cf. Carlos Uribe y Fernando Escobar, Ex situ / In situ: Moravia, prácticas artísticas en comunidad, 2010. <<

[1094] De acuerdo con el Artículo 21 del Decreto 2164 de 1995, el resguardo indígena es una institución legal y sociopolítica de carácter especial que representa a una comunidad indígena que posee un título de propiedad colectiva y ocupa y ordena un territorio basándose en principios y creencias propios de la comunidad. <<

[1095] Marco Palacios y Frank Safford, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, su historia, 2004, pp. 631-677. <<

[1096] El juego de octubre de 2009 pudo ser documentado por el autor en colaboración con el artista Alejandro Araque y la comunicóloga María Fernanda Hernández. Se puede ver el video en http://www.youtube.com/watch?v=XHVCQIwNE3A <<

[1097] Grupo Memoria y Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana, Reasentamiento: Arraigo y transformación, 2007, p. 2. <<

[1098] Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, Maestra en Ciencias Sociales por la Flacso, Sede Académica México. Docente-Administrativo de la Universidad Simón Bolívar. Profesora de Asignatura de la FCPyS de la UNAM. <<

[1099] David Abalos, Latinos in the United States. The sacred and the political, 1986, p.89. <<

[1100] Janowitz, en Brian Turner y Peter Hamilton, Citizenship. Critical Concepts, p. 43. <<

[1101] Charles Taylor, El multiculturalismo y "la política del reconocimiento", 1993, p.60. <<

[1102] Cecilia Bobes, La nación inconclusa. (Re) constituciones de la ciudadanía y la identidad nacional en Cuba, 2007, pp. 17-18. <<

[1103] El derecho a la justicia refiere a la posibilidad que tienen los ciudadanos de buscar a través de mecanismos legales la defensa de sus derechos basados en el principio de igualdad. Brian Turner y Peter Hamilton, op. cit, pp. 85-86. <<

[1104] Bobes, op. cit, p. 20. <<

[1105] Marshall retomado por Roche, en Brian Turner y Peter Hamilton, op. cit, p. 86. <<

[1106] Bobes, op. cit, pp. 24-33. <<

[1107] Ibid., pp. 29-30. <<

[1108] Ibid., p. 28. <<

[1109] Samuel Huntington, ¿Quiénes somos? Los desafíos de la identidad nacional estadounidense, 2004, p. 61. <<

[1110] Jaqueline Peschard, La cultura política democrática, 2001, pp. 9-10. <<

[1111] Cecilia Bobes, “Cultura Política”, 2000, p.126. <<

[1112] Ibíd., p. 125. <<

[1113] Idem. <<

[1114] Juan Hernández y Ana Lizano, América Latina y la segunda administración Bush: un debate sobre migración, 2008, p. 73. <<

[1115] Roberto Ramírez y Patricia De la Cruz, The Hispanic population in the United States: March 2002, 2003, pp. 3-4. <<

[1116] En algunos sitios de Internet se señala que la primera marcha fue en la ciudad de Filadelfia a mediados de febrero de 2006, sin embargo, en documentos académicos se señala que la primera marcha se dio el 10 de abril en Chicago. <<

[1117] Arturo Santamaría, “El movimiento de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”, 2007, p.105. <<

[1118] NALEO Educational Fund, Latino Voters in the 2008 Presidential Election. Post Election Survey of Latinos, 2009, p. 10 <<

[1119] Ibid, pp. 2-4. <<

[1120] NALEO Educational Fund, Ya es hora. Orientation Webinar, 2009, p. 1. <<

[1121] Ibid, pp. 6-7. <<

[1122] Escobedo, 2005. <<

[1123] Adrian Velázquez, La reconfiguración de lo público y su consecuencia en lo político, p. 112. <<

[1124] Bernal, 2009. <<

[1125] En Juan Farías, “De la White House a la Black House: elección presidencial de los Estados Unidos en el 2008. ¿Movilidad social ascendente?”, 2009, p.12. <<

[1126] Samuel Huntington, op. cit, pp. 98-99. <<

[1127] The national archives. (4 de julio de 1776). Recuperado el 13 de mayo de 2010, La Declaración de Independencia: htttp://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html. <<

[1128] Gilberto Giménez, Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, 2007, p.128. <<

[1129] Thomas Faist, Transnationalization in international migration, 1999. <<