Zona Metropolitana del Valle de México:

Cambios socioterritoriales

EMILIO PRADILLA COBOS
(Coordinador)

Emilio Pradilla Cobos * Ricardo A. Pino Hidalgo * Felipe de J. Moreno Galván * Hernán Barrera Mejía * Laura O. Díaz Flores * Celia Hernández Diego * Fausto F. Marín Robles * Carolina Santiago de la Cruz

Departamento de Teoría y Análisis División de Ciencias y Artes para el Diseño Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco

Con patrocinio del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Introducción

En este libro presentamos los resultados de la segunda etapa del proyecto de investigación Grandes metrópolis de América Latina: Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires y Valle de México (Parte de la Zona Metropolitana del Valle de México).¹ La investigación sobre la Zona metropolitana del Valle de México contó con financiamiento del Programa de Ciencia Básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al ser aprobado en la convocatoria 2009 con la referencia CB2009/128849, así como de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), de la cual formaban parte los profesores investigadores titulares del proyecto, y en cuyos doctorados de Ciencias y Artes para el Diseño y Ciencias Sociales estudiaban los alumnos que colaboraron en ella. El proyecto completo se desarrolló entre el 4 de mayo de 2011 y el 3 de abril de 2014, y esta segunda etapa entre el 4 de mayo de 2012 y el 3 de abril de 2013. El texto final que presentamos es el resultado de la revisión de los borradores finales de la etapa, realizada de enero a abril de 2015.

Es muy importante señalar que los enfoques teóricos y metodológicos, las caracterizaciones y juicios de valor sobre los procesos analizados, incluidos en este trabajo, comprometen única y exclusivamente a sus autores y en ningún caso son responsabilidad, involucran o comprometen al Conacyt o a la UAM, como instituciones públicas.

Si en el libro que recoge los resultados de la primera etapa del proyecto (Pradilla et al., 2015) abordamos los cambios demográficos, económicos y territoriales ocurridos en el periodo 1980-2012, en éste abordaremos los cambios socioterritoriales generados en la metrópoli mexicana por el patrón neoliberal de acumulación de capital, cuya implantación se inició en México en 1983, luego de la crisis económica mundial de 1982, y se ha expandido y profundizado desde entonces en oleadas sucesivas de “reformas estructurales” y políticas estatales coyunturales.

Partimos de la certeza teórica de que todo proceso de crecimiento capitalista de signo positivo (acumulación) o negativo (estancamiento o crisis), en su cíclica sucesión temporal, entre otros muchos, tiene impactos de cambio sobre: 1) la estructura social² existente en un tiempo y territorio determinados; 2) sus manifestaciones territoriales expresadas en la apropiación del suelo-soporte y los distintos elementos y estructuras constitutivas de lo urbano y lo rural por los distintos estratos o clases sociales;³ y 3) las relaciones que se establecen entre los distintos componentes de la estructura social, y de cada uno de ellos con el Estado en sus distintos niveles y aparatos, cuyas oposiciones se visualizan en conflictos, luchas y movilizaciones urbanas.

Por la misma lógica, un cambio significativo en la configuración y funcionamiento de los elementos estructurales que participan en la acumulación de capital, como el que supone el tránsito de un patrón con intervención estatal a otro neoliberal, como el ocurrido en México a partir de la profunda recesión de 1982, del viraje político-ideológico de los sucesivos gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la correlativa redefinición sustantiva de la inserción del país en el proceso multisecular de mundialización del capital (Chesnais, 1994; Guillén, 2005), trae consigo mutaciones más o menos profundas en los tres aspectos antes señalados. Estas mutaciones serán más o menos profundas y rápidas según el ritmo e intensidad de los cambios en el patrón de acumulación, pero no se agotarán necesariamente en el corto plazo, pues el nuevo seguirá actuando acumulativamente y generando modificaciones estructurales y coyunturales, en sí mismo y en los procesos que determina, mientras se mantenga su vigencia.

Pero las relaciones entre la lógica de la acumulación de capital y las estructuras socioterritoriales no son lineales ni de un solo sentido; son dialécticas y suponen que los procesos como la concentración de la población en asentamientos urbanos (la urbanización), la extensión de las ciudades, los cambios en las formas de producción privada y pública de los soportes materiales anclados en el territorio (Pradilla, 2013b), que son determinados en primera instancia por el patrón de acumulación, actúan a su vez sobre éste y, nuevamente, generan mutaciones en los aspectos socioterritoriales. Sólo cambios profundos en el proceso de acumulación de capital, en las estructuras sociales o en las políticas públicas que sirven a la reproducción de uno y otras, podrán modificar las tendencias socioterritoriales sustantivas.

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), constituida por las 16 delegaciones del Distrito Federal (DF) y 60 municipios conurbados de los estados vecinos de México e Hidalgo, se han producido cambios sustantivos durante el periodo analizado en el proyecto de investigación (1980-2012). El cambio en el patrón de acumulación a nivel nacional impactó a la economía metropolitana, modificándola sustancialmente a su imagen y semejanza (Pradilla et al., 2015: caps. 3 y 4). Entre estos cambios destaca la combinación compleja entre los procesos de desindustrialización, terciarización e informalización tanto de la actividad económica como de la fuerza laboral. Aunque continuó el crecimiento poblacional de la metrópoli, esto ocurrió a un ritmo menor que en el pasado, sobre todo en la periferia del DF y en los municipios conurbados exteriores. Se aceleró la expansión física de la ciudad sobre el campo periférico, teniendo ahora como actor fundamental al capital inmobiliario-financiero involucrado en la producción de grandes conjuntos de “vivienda de interés social”. Este crecimiento, las deficiencias del sistema público de transporte y las políticas de vialidad de los gobiernos locales llevaron a un conflictivo patrón de movilidad dominado por el automóvil privado. La fracción del capital inmobiliario-financiero, ahora dominante en la producción de lo urbano, y sus artefactos (torres corporativas, megaproyectos de usos múltiples, centros comerciales, etc.) actuaron como vector motriz del paso de la lógica de estructuración urbana a partir de un sistema de centralidades múltiples a otra muy diferente organizada como una trama de corredores urbanos terciarios. Estas transformaciones, que actúan sustantivamente sobre nuestros tres ejes analíticos, fueron expuestas detalladamente en la primera etapa del proyecto y en el libro que recoge sus resultados (Pradilla et al., 2015).

Insertas en estos procesos complejos, determinadas por ellos, abordaremos tres temáticas básicas en este libro:

En el capítulo 1 exploramos los cambios ocurridos durante el periodo de estudio, en la estructura social de la metrópoli, a partir de la información cuantitativa y, sobre todo, cualitativa, disponible sobre diversos aspectos socioeconómicos como la evolución de la distribución social de la renta y el ingreso nacional, de los salarios, de la estructura laboral, del empleo y el desempleo (formal e informal), y los indicadores de pobreza, que la caracterizan y expresan; igualmente, nos aproximamos a la interpretación de la implicaciones de la trasnacionalización de los procesos económicos sobre la estructura social metropolitana. En el análisis, tenemos en cuenta la dificultad que entraña tanto el carácter multiforme de la determinación de la estructura social, como las limitaciones que surgen del hecho de que no existen estadísticas específicas para su cuantificación.

En el capítulo 2 exponemos desde diversos ángulos y utilizando críticamente distintos indicadores compuestos (marginación, desarrollo humano) elaborados por las instituciones públicas, o trabajos significativos de otros investigadores, la forma en que los distintos sectores sociales se apropian del territorio metropolitano y de sus condiciones generales y particulares de reproducción social, en particular la vivienda, la educación y la salud, desigualmente distribuidas en él, buscando identificar y esbozar los procesos de diferenciación, de exclusión y de fragmentación socioterritorial.

En el capítulo 3 abordamos el análisis de las diferentes formas que han asumido a lo largo del tiempo la organización, las demandas y la movilización de distintos sectores sociales para tratar de satisfacer sus necesidades de condiciones materiales y sociales de vida urbana, y para enfrentar las políticas urbanas estatales o las acciones privadas, en particular las del capital inmobiliario-financiero y constructor, de acuerdo con estos sectores que afectan su patrimonio material y su calidad de vida. Asimismo, se delinean los cambios sustantivos sufridos en el periodo por el Movimiento Urbano Popular, sus demandas y acciones, determinadas por los cambios políticos y económicos, y de las formas de producir lo urbano.

El capítulo 4 contiene las reflexiones finales, tendentes a caracterizar en líneas generales los cambios socioterritoriales ocurridos durante el período estudiado, los grandes problemas que plantea la situación actual y los límites estructurales y coyunturales que se plantean para su solución en función de los intereses mayoritarios de la población.

Puesto que se trata de una investigación sobre una realidad concreta, ni en éste ni en ninguno de los textos que presentan sus resultados, hemos incluido un capítulo de “estado del arte”, o de referencias o herramientas teóricas o conceptuales, porque lo consideramos formalista y academicista; porque si se incluye siempre será incompleto e insuficiente; y porque partimos del supuesto que la teoría y el método aplicados deben manifestarse en “estado práctico” en el texto mismo, en su aplicación específica en el análisis concreto.

En este trabajo de investigación hemos combinado, desigualmente según la temática abordada, tres maneras de aproximarnos al objeto de estudio: la revisión y utilización, siempre incompleta, de la bibliografía existente sobre la ZMVM, incluyendo la de otros autores y la publicada por los integrantes de nuestro grupo; el análisis de la información estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y otros organismos públicos federales y locales; y la interpretación de la información factual y gráfica recolectada y elaborada directamente por el grupo de investigación. Un hecho que debemos recalcar, porque limita significativamente el análisis, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, es la evidente desigualdad entre la información disponible para el Distrito Federal y la existente para los municipios conurbados, que en muchas estadísticas no aparecen como unidad de información; lo anterior impide conformar la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la cual tampoco aparece registrada como totalidad.

Para resolver esta limitación en lo que se refiere a las acciones de las organizaciones sociales urbanas, se estableció a inicios del proyecto de investigación y como parte de éste (2011) un Observatorio de Conflictos Urbanos en la ZMVM,⁴ hasta ahora el observatorio ha utilizado como plataforma técnica, la infraestructura informática desarrollada por el doctor Carlos B. Vainer en el Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, mediante un convenio interinstitucional con la UAM-Xochimilco. Con esta plataforma técnica, se han establecido observatorios de conflictos urbanos en varias ciudades brasileñas y de América, integradas al sistema operado por el organismo brasileño. Metodológicamente, el observatorio ha capturado diariamente, a lo largo de cuatro años, las movilizaciones urbanas registradas por los medios de comunicación.

No pretendemos que este trabajo contenga resultados definitivos sobre los temas tratados, sometidos a continuos procesos de cambio; sólo esbozamos propuestas analíticas, proponemos lecturas propias de los procesos y abrimos caminos de análisis. Ello se debe tanto a la complejidad de la temática y a los límites de tiempo de la investigación, como a la diversidad de enfoques teóricos y de posición política que existen sobre ella. Estamos convencidos de que éste y los demás textos resultantes del proyecto de investigación son sólo aportes parciales en un proceso continuo de desarrollo del conocimiento sobre esta gran metrópoli, el cual se nutre de la crítica científica y el desbordamiento analítico; habrá cumplido su función si logra generarlos.

I. Cambios en la estructura social metropolitana 1980-2010

Al abordar el tema de la estructuración social de la población que habita en un ámbito territorial específico, en nuestro caso la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y las unidades político-administrativas (UPA) que la componen,⁵ y sus cambios durante un periodo determinado (1980-2012), nos enfrentamos a dificultades de muy diversa índole.

En primer lugar, la selección y validación de una delimitación teórica. Desde mediados del siglo XIX y hasta el derrumbe de los regímenes políticos de los países del socialismo real a finales de los años ochenta del siglo XX, la teoría sobre la existencia y determinación de las clases sociales a partir de la relación de propiedad con los medios de producción de la vida material, lo inevitable de su confrontación y sus procesos de cambio en los diferentes modos de producción en la historia, en particular en el modo de producción capitalista, con fundamentación marxista,⁶ constituía el paradigma al que se enfrentaban los planteamientos de otras corrientes del pensamiento no contestatarias del sistema capitalista; dichos planteamientos se refieren a la estratificación social y a las desigualdades en la distribución social del ingreso, considerándolas inevitables, “naturales”, y que desestiman o condenan las acciones de los sectores sociales subordinados tendentes a cambiarlas.

Después de la implantación, paulatina pero generalizada, del patrón neoliberal de acumulación de capital en los países capitalistas a partir de la crisis de la deudas de los países atrasados,⁷ de la crisis económica generalizada de 1982, y del Consenso de Washington (Guillén Romo, 1997: 83 y ss.), y del retorno paulatino de los países del llamado “bloque socialista” al campo capitalista desde 1989, se hicieron hegemónicas y excluyentes las interpretaciones no contestatarias sobre la estratificación social “natural”, la idea de que “la mano invisible del mercado” es la encargada de “restablecer los equilibrios sociales”, y que las políticas asistencialistas focalizadas, promovidas por el Banco Mundial, son los instrumentos idóneos para moderar las situaciones muy graves de desigualdad y de pobreza.

Sin embargo, en todo el mundo (Stiglitz, 2002: cap. 1; Piketty [2013], 2014; tercera parte), y particularmente en América Latina, luego de tres décadas de neoliberalismo, se mantienen o han crecido la desigualdad en la distribución del capital y el ingreso, la pobreza y la polarización social, mostrando el fracaso del libre mercado y de las multimillonarias políticas asistencialistas para reducirlas significativamente (CEPAL, 2001: cap. 6; ONU-Habitat, 2010: 43 y ss.; ONU-Habitat, 2011: cap. 3), lo cual nos obligaría a reabrir el debate teórico al mostrar la insuficiencia de las teorizaciones acríticas dominantes; sin embargo, esa tarea urgente excede los límites y posibilidades de este trabajo. Nos limitaremos a presentar los hechos constatables como efectos de la aguda diferenciación social en México y la ZMVM, con la teoría crítica sobre la estructura de clases sociales en el capitalismo y sus implicaciones como referente analítico.

En segundo lugar, las limitaciones de la información estadística disponible. En general, las estadísticas oficiales, tributarias de las caracterizaciones acríticas institucionales, cuantifican los efectos medibles de las desigualdades sociales, sin realizar cruces con los indicadores empíricos de sus posibles causas estructurales (distribución social del patrimonio y del capital, por ejemplo), ni establecer relaciones de determinación con el origen social de los sujetos; por ello, por ejemplo, carecemos de información sobre la estratificación en términos del patrimonio acumulado por los actores sociales y su materialidad, de la concentración de la propiedad del capital en los distintos sectores económicos, o de la relación entre nivel de ingresos y estructura ocupacional, etc. Otra limitación, del mismo origen estadístico, se refiere a la dificultad para acceder a series históricas largas que incluyan todo nuestro periodo de estudio (1980-2010). Finalmente, los cambios de metodología y clasificaciones que realizan periódicamente los organismos que generan la información hacen muy difícil la comparación detallada, por ejemplo, de la estructura ocupacional en los sucesivos censos de población.

En tercer lugar, los indicadores compuestos al estilo del índice de marginación o del índice de desarrollo humano tienen la limitación, para nosotros muy seria, de basarse en combinaciones, jerarquizaciones y pesos relativos establecidos subjetivamente, de indicadores de naturaleza muy diferente, no sumables objetivamente.

Por todo lo anterior, interpretaremos separadamente los indicadores disponibles para los periodos a los que tuvimos acceso en las estadísticas institucionales, sin recurrir a la formación de índices compuestos subjetivos, ni buscar correspondencias entre clasificaciones que no hayan sido establecidas por las fuentes generadoras de información. Las interpretaciones que se presentan al final del capítulo sobre los cambios en la estructura social en la metrópoli son de índole cualitativa, establecidas a partir del conjunto de la información disponible, pero sin intentar cuantificaciones no sustentables.

1.1. Cambios en la distribución de las rentas e ingresos entre estratos sociales en la metrópoli

Aunque la magnitud de las rentas e ingresos percibidos por un individuo en un momento histórico determinado no define por si sola su pertenencia a una clase o estrato social específico, sí es una manifestación de ésta, determinada por las condiciones de inserción en la estructura económica que le son propias. Desde esta perspectiva, analizaremos en esta sección, en particular, la distribución general de la renta nacional entre capital y trabajo, la evolución del salario real de los trabajadores, la distribución del ingreso por grupos económicos, la situación de afiliación a la seguridad social y los índices de pobreza.

1.1.1. Distribución de la renta nacional entre capital y trabajo

La información disponible sobre la distribución de la renta (ingreso) nacional⁸ entre los trabajadores asalariados y los demás sectores sociales (cuadro 1.1) inicia en 1988 cuando el salario ya había perdido 37.55% de su valor real a partir del punto máximo alcanzado en 1981, lo cual significó una caída sustantiva de su participación en la renta nacional; sin embargo, nos ofrece una primera aproximación al análisis de los efectos de la implantación del nuevo patrón de acumulación de capital sobre la estructura social: la baja participación de los asalariados en la renta nacional; y la pérdida significativa de ésta entre 1982-1988, y entre 2001 y 2011 (-8.8%), como efecto combinado de las políticas de austeridad salarial (incrementos del salario nominal menores a la tasa de inflación que generan una disminución del salario real) y de las cinco recesiones económicas vividas durante el periodo de estudio: 1982, 1986, 1995, 2001 y 2009. Si comparamos los datos del cuadro con otra fuente compatible (Cortés, 2000: 247), la parte de la renta nacional recibida por los asalariados habría disminuido, entre 1980 y 2011, de 40.6 a 27.6%, lo cual representa una caída de 13%.

Este cambio en la distribución de la renta nos muestra su carácter cada vez más inequitativo para los asalariados (Fujii Gambero, 2001: 45), así como una modificación sustantiva de la correlación de fuerzas entre el trabajo asalariado y los perceptores de ganancias, parte sustantiva de la política neoliberal, con profundas implicaciones en la polarización creciente de la estructura social mexicana y, por lo tanto, de la metropolitana.

Cuadro 1.1
México, Distribución funcional del ingreso, 1988-2011
( Porcentaje del valor añadido bruto)

Fuente: los datos de 1988 a 1992 se obtuvieron del cuadro 3 de Fujii Gambero, Gerardo (2001), Apertura comercial y distribución de la renta en la economía mexicana. Los datos de 1993 en adelante se obtuvieron de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas por sectores institucionales, 1993-1998; 1998-2003; 2003-2008; 2007-2011. En caso de duplicación de datos, siempre se consideró el último dato publicado.

1.1.2. Evolución del salario real

El salario total de los trabajadores asalariados, no propietarios de capital, está compuesto por el salario directo que recibe en dinero periódicamente de su empleador; el salario indirecto que recibe en bienes y servicios para sí o su familia en forma regular o periódica, gratuitamente o con subsidio, a través de organismos e instituciones estatales o de beneficencia; y el salario diferido recibido ocasionalmente, cuando lo requiere o se le asigna como prestación social: servicio de salud, crédito de vivienda, servicios funerarios, etc. (De Brunhoff, 1982). El salario directo real, deflactado por el índice de inflación y registrado en pesos constantes, es la capacidad real de compra de bienes y servicios del salario nominal, registrado en pesos corrientes. Aunque el salario indirecto o el diferido forman parte del salario real, su cálculo enfrenta múltiples dificultades, por lo cual nos limitamos al análisis de su parte directa.

Uno de los ejes básicos de las políticas neoliberales aplicadas en América Latina y particularmente en México desde mediados de la década de los setenta, sobre todo luego de la crisis económica de 1982, y hasta nuestros días, ha sido la de austeridad salarial, que se aplica por tres vías: a) un incremento nominal salarial periódico inferior a la elevación del costo de los bienes-salario medida por la tasa de inflación, que reduce el salario directo real; b) un incremento del precio de los bienes-salario, particularmente de las tarifas de los servicios públicos, derivado de la eliminación de subsidios estatales y de su privatización, que somete sus precios a la lógica mercantil, la cual reduce el salario indirecto real; y c) la reducción del gasto público social que disminuye la masa de bienes-salario entregados a los trabajadores y, por lo tanto, reduce el salario real indirecto o diferido. Estos tres caminos se han combinado desigualmente en el caso mexicano —y metropolitano—, materializándose en la reducción del salario real de los trabajadores, es decir, de su capacidad real de compra y de acceso a los bienes y servicios que garantizan su reproducción social (Valenzuela, 1991: 45 y ss.; Guillén, 1997: 167 y ss.; Pradilla, 2009b: cap. 2).

Mediante el mecanismo procesual del abaratamiento de la fuerza de trabajo, los teóricos y políticos neoliberales pretenden: a) abatir la inflación, cuya causa principal sería, según ellos, el aumento de los salarios; b) elevar la competitividad capitalista de la economía nacional en el contexto de economías abiertas internacionalmente, sobre todo al exportar bienes producidos por fuerza de trabajo desvalorizada/sobreexplotada, función esencial justificadora de la industria maquiladora de exportación; y c) atraer inversión, particularmente extranjera, por la vía de la elevación de la rentabilidad del capital. Vale la pena señalar que esta política ha llevado a sustentar el crecimiento económico en la ventaja espuria de la degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Las estadísticas de la evolución del salario mínimo directo a precios constantes, a nivel nacional, muestran el resultado de esta política (cuadro 1.2 y gráfica 1.1): en 2012 el salario mínimo real era sólo 30.17% de lo que fue en 1981, antes de iniciar la crisis, y su caída ha sido continua a lo largo del periodo. Aunque sólo 13.04% de la población ocupada percibía hasta un salario mínimo en 2010, su monto y evolución anual orientan o, en realidad, rigen el curso del conjunto de los salarios de los trabajadores mexicanos y muchas otras variables laborales.

Cuadro 1.2
México, Evolución del salario real 1970-2012
( índice 2003=100)

Fuente: Cálculos propios a partir del cuadro 6.3. Salario mínimo general según entidad federativa y zona salarial, serie 1934-2009, en estadísticas históricas de México, 2009, INEGI; a partir de 2010, BIE, Ocupación, empleo y remuneraciones, salario mínimo general promedio, consulta realizada el 01/09/13. Se ponderaron con el índice de precios implícitos del PIB serie 1960-2009 (consulta hecha el 30/04/2010; los datos a partir de 2010 fueron consultados el 09/01/13) INEGI.

Gráfica 1.1
México, salarios mínimos reales, 1970-2012
(índice 2003=100)

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 6.3. Salario mínimo general según entidad federativa y zona salarial, serie 1934-2009, en estadísticas históricas de México, 2009, INEGI; a partir de 2010, BIE, Ocupación, empleo y remuneraciones, salario mínimo general promedio, consulta realizada el 01/09/13. Se ponderaron con el índice de precios implícitos del PIB serie 1960-2009 (consulta hecha el 30/04/2010; los datos a partir de 2010 fueron consultados el 09/01/13) INEGI.

Si analizamos con mayor detalle el proceso de caída del salario real, encontramos que el descenso del poder adquisitivo del salario nominal se inició desde 1976, con la aplicación de los primeros ajustes estructurales exigidos por los organismos financieros internacionales bajo la forma de austeridad salarial. A partir de entonces, han transcurrido casi cuatro décadas y la pérdida acumulativa del poder adquisitivo no se ha detenido (véase gráfica 1.2) y se refleja en el potencial incremento del número de familias y trabajadores que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Tal condición significa una clara desvalorización de la fuerza productiva laboral y una oportunidad para que el sector empresarial compita en el mercado mundial mediante la ventaja comparativa espuria de los bajos salarios en detrimento del grueso de la población trabajadora.

La gráfica acerca de la evolución del salario real en el largo plazo nos indica también que en la actualidad el salario mínimo, cuyo incremento anual y evolución sirven de indicador básico para el resto de los salarios, se encuentra en un nivel más bajo que el que tenía en 1950, hace 63 años, mostrando la tendencia estructural a la baja en el patrón neoliberal de acumulación de capital.

Gráfica 1.2
Poder adquisitivo del salario mínimo general ($) e inflación analizada porcentual (%) 1935-2012.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de México y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami, 2013). Precios constantes base 2010. En línea: http://www.banxico.org.mx/ y http://www.conasami.gob.mx/. Consultado el día 3 de abril de 2013.

La serie de censos económicos realizados por el INEGI entre 1980 y 2008, que por sus características no incluye al sector informal, el peor remunerado tanto directa como indirectamente, nos da un indicativo de la evolución de la remuneración promedio⁹ en la ZMVM, el DF y los municipios conurbados, para la Industria manufacturera y para el sector terciario formales (cuadros 1.3 a 1.6).

Cuadro 1.3
Industria Manufacturera, 1980-2008.
Remuneraciones por trabajador (en miles de pesos de 2008)

a) Esta información se procesó a partir de los datos de los Censos Económicos XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII Industrial (INEGI).
b) La zona Metropolitana del Valle de México es la suma de los establecimientos del Distrito Federal más los municipios conurbados.
c) El Distrito Federal está conformado por 16 Delegaciones.
d) El número de municipios metropolitano ha variado a través de los años. Para 1980 y 1985 se contabilizan 21 municipios del Estado de México; para 1988 son 27 municipios; para 1993 son 41 municipios; en 1908 son 58 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo finalmente, para 2003 y 2008 son 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo.

Cuadro 1.4
Industria Manufacturera, 1980-2008.
Tasa de remuneraciones promedio por trabajador, 1980-2008.

a) Esta información se procesó a partir de los datos de los Censos Económicos XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII Industrial (INEGI).
b) La zona Metropolitana del Valle de México es la suma de los establecimientos del Distrito Federal más los municipios conurbados.
c) El Distrito Federal está conformado por 16 Delegaciones.
d) El número de municipios metropolitano ha variado a través de los años. Para 1980 y 1985 se contabilizan 21 municipios del Estado de México; para 1988 son 27 municipios; para 1993 son 41 municipios; en 1908 son 58 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo finalmente, para 2003 y 2008 son 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo.

En el sector manufacturero, la remuneración promedio por empleado fabril (cuadro 1.3) a precios constantes de 2003, en la ZMVM, cayó -2.09% en promedio cada año, 58.52% en el periodo 1980-2008, siendo considerablemente menor la caída total y anual promedio en el DF que en los municipios conurbados, donde cayó -2.85% anual y un total de -79.8%; esta evolución condujo a que la remuneración promedio de un empleado fabril, que era mayor en los municipios conurbados en 1980, disminuyera que en el DF para 2008. Los periodos de mayor disminución de la remuneración promedio fueron 1985-1988 y 2003-2008 (cuadro 1.4).

Cuadro 1.5
Comercio y servicios, 1980-2008.
Remuneraciones promedio por trabajador

a) Esta información se procesó a partir de los datos de los Censos Económicos XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII Industrial (INEGI).
b) La zona Metropolitana del Valle de México es la suma de los establecimientos del Distrito Federal más los municipios conurbados.
c) El Distrito Federal está conformado por 16 Delegaciones.
d) El número de municipios metropolitano ha variado a través de los años. Para 1980 y 1985 se contabilizan 21 municipios del Estado de México; para 1988 son 27 municipios; para 1993 son 41 municipios; en 1908 son 58 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo finalmente, para 2003 y 2008 son 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo.

Cuadro 1.6
Comercio y servicios, 1980-2008.
Tasa de crecimiento de las remuneraciones promedio por trabajador

a) Esta información se procesó a partir de los datos de los Censos Económicos XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII Industrial (INEGI).
b) La zona Metropolitana del Valle de México es la suma de los establecimientos del Distrito Federal más los municipios conurbados.
c) El Distrito Federal está conformado por 16 Delegaciones.
d) El número de municipios metropolitano ha variado a través de los años. Para 1980 y 1985 se contabilizan 21 municipios del Estado de México; para 1988 son 27 municipios; para 1993 son 41 municipios; en 1908 son 58 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo finalmente, para 2003 y 2008 son 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo.

En el sector terciario, cuyos promedios de remuneración fueron notoriamente menores que en el sector manufacturero, la caída de la remuneración promedio en la ZMVM fue menor que en el sector manufacturero: -1.83% al año, y una caída total de 51.24%; en el DF, la caída fue de -1.28% anual, y un total de 35.84% en el periodo largo; en los municipios conurbados el promedio de remuneración fue mucho menor y la caída fue notoriamente mayor que en el DF: -3.95% anual y un total de -107.8% en el periodo largo.

El diferencial de remuneración promedio entre el sector manufacturero y el de comercio y servicios muestra otra vertiente negativa de la desindustrialización de la economía metropolitana (Pradilla et al., 2014: caps. 3 y 4): en el sector formal, se han perdido empleos industriales con mayor remuneración, los cuales fueron sustituidos, cuando lo fueron, por terciarios de menor remuneración, esto impactó sobre el deterioro general de la situación social de los trabajadores y redujo el flujo de ingresos provenientes del salario y, por lo tanto, contrajo el mercado urbano. Las notorias diferencias de remuneración entre la industria y el comercio y servicios, así como la importancia diferencial de la masa de actividad, explican el hecho de que la ciudad de México haya sido durante todo el periodo el polo de atracción de la fuerza laboral de los municipios mexiquenses.

Puesto que el movimiento de los salarios reales es una de las tres variables determinantes de la distribución social del ingreso (Cortés, 2000: 24) podemos concluir, parcialmente, que durante el periodo analizado la estructura de sectores sociales en la metrópoli ha tendido a polarizarse cada vez más entre quienes se apropian de la parte de la renta del capital y quienes lo hacen de la renta salarial, en particular quienes ocupan los lugares inferiores en la estructura laboral.

Carecemos de información adecuada para calcular el monto y analizar cuantitativamente la evolución del salario indirecto y el diferido durante el periodo en la ZMVM; pero hay muchas referencias bibliográficas relativas al impacto de la privatización de los servicios de educación, salud, telefonía, etc., sobre la elevación de los costos de los servicios, así como sobre la reducción real del gasto público relacionado con los servicios que forman parte del salario indirecto o diferido, que sostienen su caída tendencial durante el periodo analizado, induciendo indirectamente a su privatización, mercantilización y aumento relativo de sus precios (Pradilla, 2009b: caps. 2 y 3).

1.1.3. Distribución del ingreso

Según el Banco Mundial (2013), México destaca entre las economías latinoamericanas y los países del mundo con mayor nivel de producto interno bruto (PIB) total al registrar 1 153 billones de dólares en 2011. Sin embargo, en cuanto a PIB per cápita tenemos que, por ejemplo, en la década de los sesenta México alcanzaba un promedio menor a 500 dólares por persona, mientras que en 2011 tuvo un ingreso cercano a los 1 000 dólares por persona. Un año después, en el 2012 hubo un repunte en los indicadores, recuperando terreno sobre los efectos económicos de la profunda recesión de 2009. En general, los datos apuntan a una tendencia ascendente, de crecimiento, salvo en los puntos de inflexión después de las crisis de 1982, 1986, 1995, 2001 y 2009, momentos en los que se registraron tasas negativas de crecimiento. Cabe aclarar que después de la década de los ochenta, en el contexto de la crisis financiera mundial, los ingresos per cápita promedio no se han recuperado, a pesar de mantenerse relativamente por encima de los ingresos promedios registrados en América Latina y de mostrar incipientes signos de recuperación (véase gráfica 1.3).

Gráfica 1.3
Producto Interno Bruto per cápita en México, 1962-2011.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, (2012). En línea: http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD?display=default. Revisado el día 12 abril de 2013.
Nota: El PIB per cápita está basado en el método Atlas del Banco Mundial y está en dólares a precios actuales).

Como se puede observar en las gráficas 1.4 y 1.5, la evolución del PIB per cápita está determinada claramente por las variaciones anuales del crecimiento económico y las del crecimiento de la población.

Crecimiento del PIB anual en México, (1960-2011)

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica en línea: www.inegi.gob.mx.

Si recordamos que el PIB per cápita mide solamente el ingreso hipotético promedio por habitante —que resulta de dividir la producción nacional entre el número de habitantes—, y no su estructura distributiva, debemos considerar que la economía mexicana ha tenido un desempeño histórico que generó una distribución altamente desigual de los ingresos, donde en promedio cerca de la mitad de la población ha permanecido en condición de pobreza; baste señalar que dos años después de la crisis de 1994-1995 se llegó a considerar que hasta 70% de la población mexicana se encontraba en condición de pobreza. Incluso se han calculado niveles todavía más alarmantes de pobreza, cercanos o por arriba de las tres cuartas parte de la población total.

Gráfica 1.5
Crecimiento del PIB per cápita (% anual) de México, (1960-2011)

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica en línea: www.inegi.gob.mx.

Según Ricardo Aparicio (2009), en los años ochenta hubo una relativa disminución de la población en situación de pobreza, hasta 1994, año a partir del cual se redujeron los salarios reales, aumentó el desempleo y se dio una disminución generalizada de la actividad económica; sólo el paso de 1994 a 1996 generó alrededor de 17 millones de personas en pobreza de patrimonio (véase gráfica 1.6), es decir, una situación en la que se presenta una insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuese utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios (Coneval, 2013).

Aunque para algunos analistas, la entrada del siglo XXI parecía marcar una prometedora tendencia al alza del ingreso de la población, la crisis financiera mundial de 2008 y el mantenimiento por más de 10 años de una economía basada en el mercado, revirtieron dicho rumbo e incidieron de manera negativa, aumentando nuevamente el nivel de pobreza, lo que se sumó a los altos índices de desempleo, violencia e informalidad, constituyendo en conjunto una compleja relación.

Gráfica 1.6
Porcentaje y número de personas en pobreza de patrimonio en México, 1950-2010.

Fuente: Para los datos de porcentaje de personas de 1950 a 2004: Székely (2006: 27); y de 2005 a 2010: Aparicio (2009: 27). Para los datos de número de personas de 1950-2006: Aparicio (2009: 27); y de 2008 y 2010: INEGI, (2010a).

Desde esta perspectiva, México se encuentra en una situación tal que requiere del despliegue de políticas sociales encaminadas a disminuir los elevados niveles de pobreza y, por ende, buscar fórmulas que le permitan generar una mejor y más equitativa distribución de los ingresos.

Al tomar un promedio del largo periodo histórico del ingreso por deciles (cuadro 1.7) entre 1950 y 2010, es posible apreciar que 20% de la población más pobre (deciles I y II) percibió menos de 5.25% del total de ingresos, mientras que el 20% más rico (deciles IX y X) percibió cerca de 54.8% del total. La rigidez en la distribución de los ingresos muestra que la distancia entre el decil más pobre y el más rico ha sido de 23 veces en promedio. Esto se reflejó en el hecho de que en 2011 una fortuna de 112.3 millones de dólares (equivalente a 10% del PIB nacional) estaba concentrada en 11 de los mexicanos más ricos, contra más de 50 millones de personas ubicadas por debajo de la línea de pobreza (Franco, 2012).

Cuadro 1.7

Evolución de la distribución del ingreso por deciles en México (%), 1950-2010

Fuente: Para los datos de 1950 a 1977 (López, 1984: 268). Para los datos de 1994 (Cockcroft [1998], 2001: 192). Para 1998: INEGI (1998). Para 2000: INEGI (2000). Para los datos de 2010: INEGI (2010b). Para los datos de 1984, 1989, 1992, 1994 y 1996: Arteaga y Solís (2001:408). Para los ingresos de 2004: OCDE (2005:45).

Las estadísticas evidencian esta falta de equidad distributiva en el país, en detrimento del poder adquisitivo de la mayoría de la población, de ahí que las demandas sociales hayan aumentado y tengan efectos colaterales y adversos en el incremento del número de personas en situación de pobreza y una fragilidad del sistema económico en su conjunto (véase gráfica 1.6). Cabe subrayar que la desigualdad prevaleciente en la historia mexicana se ha expresado en su geografía económica y social y ha sido un freno indiscutible para el desarrollo, el bienestar social y la reducción de la pobreza en el país. La raíz del problema no es sólo el crecimiento económico, sino una estructura distributiva desigual del ingreso. Por lo tanto, la discusión no debe centrarse solamente en las condiciones de pobreza y su vínculo con el ingreso, sino que es necesario poner el acento en el tema de las desigualdades sociales y sus efectos en el territorio.

La distribución del ingreso es una de las manifestaciones más visibles de la estructura estratificada de los sectores sociales. Sin embargo, la imposibilidad de cruzar esta información con la del patrimonio que poseen los miembros de cada estrato de ingresos y su naturaleza,¹⁰ impide construir analíticamente a partir de ella la estructura social existente en un ámbito territorial específico. La otra dificultad reside en la imposibilidad de acceder a esta información por municipios, para construir el análisis para la ZMVM y sus partes.

En el medio periodo, a nivel nacional, la serie 1992-2010 de ingreso promedio trimestral per cápita por deciles de personas (cuadro 1.8) nos muestra varios hechos significativos: el promedio general disminuye un poco, pero el cambio es casi irrelevante; del decil II al VIII aumentan su ingreso en porcentajes diferenciados; el decil IX mantiene casi estable su ingreso; y el decil X de mayores ingresos sufre una caída significativa. Hay que resaltar las caídas que sufre el ingreso promedio general y el de la mayoría de los deciles entre 1994 y 1996, y entre 2006 y 2010, acentuada entre 2008 y 2010, periodos de recesión económica que anulan en gran medida el crecimiento del ingreso obtenido en los otros periodos. Otro hecho que arroja esta información es la distancia existente entre el decil I y el X: en 1992 el ingreso del decil X era 30.98 veces el del decil I; esta relación disminuyó a 23.62 veces en 2010, pero la diferencia es aún muy grande, lo cual muestra la polarización existente en la distribución del ingreso en el país.

Cuadro 1.8
Ingreso total corriente promedio trimestral per cápita en deciles de personas, 1992 a 2010
(precios constantes 2010)

Fuente: INEGI, encuesta nacional de Ingresos y Gastos de los hogares. Año correspondiente
b/ Ingreso corriente total promedio bimestral per cápita en deciles de personas según año del levantamiento y su coeficiente de GIN (en precios constantes de 2010) ENGH 2010.
Notas: Los tabulados se realizaron para todos los años conforme a la definición de variables de la ENGH 2008 a precios constantes de ese año, por lo que se cambió el año base a 2010para este ejercicio.
El ingreso per cápita se calcula de acuerdo al ingreso del hogar por el número de sus integrantes.
a/Las personas están ordenadas en deciles de acuerdo con su ingreso corriente trimestral per cápita.

Las contracciones sucesivas de la economía nacional han exacerbado la pérdida del poder adquisitivo de la población, y además han agudizado las diferencias intra e interestatales. Cabe recordar que las políticas públicas en materia de planeación urbano-regional han apuntado históricamente hacia estrategias centralistas de desarrollo (aunque el discurso haya sido exactamente el contrario), sin considerar las particularidades, potencialidades y debilidades de cada territorio, como se ha evidenciado ampliamente en la literatura especializada. Debemos subrayar que la reestructuración económica de las décadas pasadas a nivel nacional ha reforzado la diferenciación socioeconómica, acentuando en particular la distancia entre los territorios urbanos y, sobre todo los de tipo metropolitano, entre sí y con los rurales.

Por un lado, las metrópolis resultan ser espacios altamente productivos y generadores de riqueza pero, al mismo tiempo, son productores de ingresos desiguales entre su población y entre las unidades político-administrativas que las conforman; algunas de estas brechas se pueden apreciar en las estadísticas del ingreso corriente en las dos entidades que incluye la ZMVM. Así, en 2008 el Distrito Federal presentaba una brecha de 19.6 veces entre el decil de mayores ingresos (decil X) y el de menores ingresos (decil I), desigualdad que se redujo ligeramente (0.2 décimas) para 2010, registrando un diferencial de 19.4 veces.

Cuadro 1.9

Hogares y su ingreso corriente trimestral por deciles de hogares¹ en el DF y Estado de México, 2008-2010 (Precios constantes de 2010)

| Distrito Federal | Estado de México
Deciles de hogares² | 2008 | 2010 | 2008 | 2010
I | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0
II | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 3.4
III | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 4.4
IV | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 5.3
V | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.3
VI | 7.1 | 6.9 | 7.9 | 7.7
VII | 8.7 | 8.7 | 9.7 | 9.2
VIII | 11.2 | 11.2 | 11.9 | 11.9
IX | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 16.2
X | 37.9 | 37.8 | 32.2 | 33.7
Total | 100 | 100 | 100 | 100
Brechas de ingreso entre el DX y el DI | 19.6 | 19.4 | 15.2 | 17.1

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2011). Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2010.
Nota: 1Los hogares de la entidad están ordenados en deciles de acuerdo con su ingreso corriente trimestral.
2Los hogares que tuvieron cero ingresos corrientes se clasifican en el primer decil.
Los datos se han actualizado conforme a estimaciones preliminares de población realizadas con base en la información sobre la magnitud y la distribución de la población en el país proveniente del Censo de Población y Vivienda 2010.
Los datos son expresados en porcentaje, motivo por el cual se puede encontrar una diferencia en las cifras totales por cuestiones de redondeo.

En cambio, el Estado de México marca un mayor crecimiento en la brecha de ingreso de casi dos puntos, pues la diferencia entre ambos deciles fue de 15.2 veces en 2008 y 17.1 veces en 2010 (véase cuadro 1.9). Ambas entidades presentaron condiciones desalentadoras si se desagregan los datos: en el caso del DF el decil más pobre no aumentó sus ingresos y el decil más rico apenas mermó sus ingresos en un punto porcentual; la situación más contrastante la presentaba el Estado de México, pues además de que los ingresos del decil más pobre bajaron ligeramente, los del decil más rico aumentaron de manera significativa. Es interesante observar el mayor grado de concentración del ingreso en el decil X del DF que en el del Estado de México. En balance, existen contrastes acentuados y capacidades y resultados débiles por parte de las políticas públicas y regionales redistributivas.

De forma simultánea a la acentuada desigualdad en la distribución de los ingresos, aparece la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Esto significa una clara caída en la capacidad de compra o adquisición de bienes materiales, alimentos, educación, salud, vivienda o transporte y, por ende, la amenaza latente de que se acentúen los niveles de pobreza en el país. La precarización del empleo viene del desbalance entre el crecimiento de la inflación y el nivel salarial, y con ello, el desplome del salario real.

La información relativa a la proporción de la población ocupada (PO) agrupada por veces el salario mínimo percibido, existente para el DF y el Estado de México, presenta tres problemas principales: a) sólo se dispone de información estrictamente comparable para el sexenio 2005-2010, por lo tanto, carecemos de datos comparables para el inicio de nuestro periodo de estudio, (1980), y la mayor parte del largo periodo; b) no hay información por municipios, por lo que no es posible agrupar los datos para los municipios mexiquenses conurbados en la ZMVM; y c) la delimitación del estrato de mayores ingresos como el que recibe más de cinco salarios mínimos, umbral inferior de ingreso muy bajo, no nos muestra plenamente su concentración real en lo alto de la estratificación.

A pesar de estas limitaciones, podemos observar que la estructura de ingresos de la población ocupada (PO) en el DF y el Estado de México es muy desigual y polarizada (cuadro 1.10).

Cuadro 1.10
Nacional, DF y Estado de México, población ocupada según nivel

Durante el periodo 2005-2010, en el DF el porcentaje de la PO que ganaba hasta tres salarios mínimos¹¹ se mantuvo arriba de 50%, llegando a 54.45% en 2010, cifra ligeramente mayor que en 2005 (53.07%) pero apenas un poco inferior a la media nacional (57.28%), lo que significa que a pesar de que la demarcación es la que tiene el mejor indicador de PIB per cápita, su distribución entre los estratos sociales no es mucho mejor que la imperante en todo el país. En el Estado de México, este porcentaje es mayor que en el DF y en el país, de 62.84%, también mayor que en 2005, lo que muestra la mala distribución del ingreso imperante en los municipios conurbados en la ZMVM, donde habita más de dos tercios de la población del estado. La crisis de 2009 explicaría el incremento en ambos casos.

En 2010, 8.64% de la PO del DF recibía ingresos menores a un salario mínimo, porcentaje superior al de 2005; y 3.02% no recibía ingreso. En el Estado de México, 9.87% de la PO recibía menos de un salario mínimo, y 4.80% no recibía ingreso. Ambas proporciones son menores que en 2005, lo que nos indicaría una mejor evolución en los municipios conurbados.

En el otro extremo de la escala encontramos que en el DF, en 2010, un 12.29% de la PO recibía ingresos de más de cinco veces el salario mínimo, porcentaje mayor que la media nacional, pero menor que el de 2005, mostrando una concentración del ingreso en menos manos. En el Estado de México, este porcentaje alcanzó la cifra de 6.51%, y también resultó menor que en 2005, mostrando tanto la tendencia a la concentración, como una mayor concentración en ambos momentos que en el DF.

A pesar de las limitaciones de las estadísticas, podemos afirmar que en la metrópoli hay una marcada polarización de la PO en términos de los ingresos que recibe, y que ésta es mayor en el Estado de México que en el DF, aunque la tendencia en el mediano plazo es más favorable en el primer caso.

1.1.4. Protección social

Como señalamos en la primera parte de la investigación (Pradilla et al., 2014: cap. 4), uno de los aspectos que más afecta a los ingresos de la población y su situación social es el alto grado de desprotección en la que se encuentra ésta por el hecho de no estar afiliada a ninguna de las instituciones de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), seguridad estatal, etc.) y, por lo tanto, por no tener acceso a sus servicios de salud ni a los organismos de vivienda relacionados (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste), etc.). Recordemos que la atención a la salud de los trabajadores constituye una parte sustantiva del salario indirecto; y que la desprotección en que se encuentran los trabajadores carentes de seguridad social es uno de los factores más significativos de la pobreza, como afirma Julio Boltvinik (2005).

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la vivienda constituye uno de los bienes-salario de más alto costo para los trabajadores, no garantizado en el monto del salario, lo que lleva a una parte importante de la población a vivir en viviendas precarias sin condiciones de habitabilidad, a autoconstruir su vivienda mediante el trabajo familiar y deducciones de sus ingresos a costa de la reducción de otros consumos básicos (Pradilla, 1987: cap. 4). El no ser derechohabiente de los organismos públicos de vivienda coloca a los trabajadores en una situación de exclusión para obtener crédito en condiciones más favorables (Coulomb y Schteingart, 2006).

Como se observa en los cuadros 1.11 y 1.12, en 2010 más de 50% de la PO en el DF y más de 60% de la del Estado de México carecía de acceso a instituciones sociales de salud, por lo que se encontraba desprotegida en términos de la atención a la salud personal y familiar. Si revisamos estudios sobre la información correspondiente a 2000 (Méndez, 2002), observamos que esta situación se ha mantenido casi sin variaciones desde la última década del siglo XX y hasta el último quinquenio incluido en los cuadros (2005).

Cuadro 1.11
Nacional, DF y Estado de México, población ocupada según nivel, 2005-2010

Cuadro 1.12
Nacional, DF y Estado de México, porcentaje de cotizante del IMSS según población ocupada, 2005-2010

a/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de ocupación y empleo, consulta en línea el día 30 de enero de 2012.
b/ Comisión Nacional de salarios Mínimos (CONASAMI), asalariados permanentes y cotizantes del IMSS. Población asalariada permanente cotizante por entidad federativa, según mes, correspondiente a 2005-2010. Consulta realizada el 30 de enero de 2012.

Es muy notoria la diferencia entre el DF y el Estado de México en términos de los porcentajes de PO que cotizan al IMSS, principal institución de seguridad social, lo cual afecta sin lugar a dudas a los municipios mexiquenses conurbados. Los mayores índices de no afiliación al IMSS y de no acceso a la salud pública llevan a que sus habitantes busquen atención en los sistemas públicos abiertos de salud del DF, mejor equipados. Como veremos más adelante, la falta de acceso a la seguridad social es un componente muy importante y definitorio de la informalidad.

1.1.5. Índices de pobreza

Como se observa en la gráfica 1.7, la evolución de los tres indicadores de pobreza en México manejados por el Coneval (pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio) ha estado dominada por la estabilidad, sin cambios significativos a la baja de la proporción de la población que se encuentra en las distintas situaciones, desde momentos distintos: 1968, 1977 y 1984 para cada uno de estos indicadores. Destaca el largo periodo sin cambio evidente en lo relativo al porcentaje de pobres alimentarios —46 años—, a pesar de que su reducción es el objetivo básico de los programas asistencialistas contra la pobreza. Es muy significativo que la pobreza de patrimonio, que se mantiene por encima de 50% de la población, sea el indicador más elevado de los tres, por su importancia singular en la definición de la estratificación social. Si tenemos en cuenta el crecimiento de la población, llegamos a la conclusión de que en términos absolutos, desde esas fechas, su número ha crecido en los tres casos.

Gráfica 1.7
Evolución de la pobreza por ingresos nacional, 1950-2010, (porcentaje de personas)

Fuente: Para los datos de 1950 y 1989 su referente es Szekely, Miguel (2005).Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y 2004. SEDESOL. México.
De 1992 a 2010 son estimaciones del CONEVAL, con base en las ENIGH.
Nota: Las estimaciones de 2008,2006 y 2010utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda de 2010, estimados por INEGI.
1 Pobreza alimentaria: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes.
2 Insuficiencia de capacidades: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
3 Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, vestido, vivienda y transporte, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

Gráfica 1.8
Evolución de la pobreza por ingresos nacional, 2000-2005, (porcentaje de personas)

Fuente: Para los datos de 1950 y 1989 su referente es Szekely, Miguel (2005). Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y 2004. SEDESOL. México.
De 1992 a 2010 son estimaciones del CONEVAL, con base en las ENIGH.
Nota: Las estimaciones de 2008,2006 y 2010 utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda de 2010, estimados por INEGI.
1 Pobreza alimentaria: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes.
2 Insuficiencia de capacidades: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
3 Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, vestido, vivienda y transporte, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

Gráfica 1.9
Evolución de la pobreza por ingresos en el Distrito Federal, 2000-2005 (porcentaje de personas)

Fuente: Para los datos de 1950 y 1989 su referente es Szekely, Miguel (2005). Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y 2004. SEDESOL. México.
De 1992 a 2010 son estimaciones del CONEVAL, con base en las ENIGH.
Nota: Las estimaciones de 2008, 2006 y 2010 utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda de 2010, estimados por INEGI.
1 Pobreza alimentaria: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes.
2 Insuficiencia de capacidades: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
3 Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, vestido, vivienda y transporte, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

Los datos disponibles para el periodo corto 2000-2005, nos muestran que aunque la población del Estado de México, cuya parte mayoritaria habita en los municipios conurbados, y sobre todo el Distrito Federal presentan tasas de pobreza, en sus tres variantes, inferiores a las nacionales; se trata de concentraciones muy importantes de pobres debido a la gran magnitud de la población asentada en ellos. En ambos casos, disminuyen en el periodo las tasas de pobreza alimentaria y de capacidades, pero aumenta la de patrimonio que incluye el acceso a bienes como vestido, transporte y vivienda, los dos últimos bienes o servicios muy deficitarios y costosos en la gran metrópoli.

Gráfica 1.10

Los estudios realizados para Evalúa DF por reconocidos especialistas universitarios sobre el tema (Damián, 2011; Boltvinik, Damián et al., 2011) —utilizando el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) y el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)— arrojan resultados más elevados y preocupantes que los de Coneval.

La gráfica presentada por Damián (2011: 28) muestra que entre 1996 y 2008, el DF, la entidad con mayor ingreso per cápita del país, presenta tasas de pobreza elevadas (64.6% en 2008, antes de la recesión de 2009) pero menores que las de los municipios conurbados del Estado de México, y que estas tasas en el sector urbano nacional y el total nacional se ubican por encima de las de las dos entidades sobre las que se asienta la ZMVM (gráfica 1.11); el índice de pobreza total por el MMIP, descendió levemente en el país, en el medio urbano y en los municipios metropolitanos, pero en el DF luego de una disminución significativa entre 1996 y 2004, volvió a crecer hacia 2008.

Gráfica 1.11
Evolución de la pobreza según ámbito territorial, (nacional, urbano, urbano-metropolitano y DF), 1996, 2004 y 2008.

Cálculos propios con base en las ENIGH, INEGI y metodología del MMIP y Evalúa DF, Tomado de Damián, (2011: 28).

En el estudio de Boltvinik, Damián et al., sin que coincidan exactamente las cifras de 2008 con el de Damián, se observa por el MMIP y el NBI que mientras el índice de pobreza nacional y de los municipios metropolitanos se eleva entre 2008 y 2010, separados por la crisis económica de 2009, en el DF se mantiene casi igual; en cambio, la pobreza de ingreso aumenta en los tres ámbitos mientras cae ligeramente la de tiempo. En todos los casos, el orden de mayor a menor de las tasas va de la nacional, los municipios metropolitanos y el DF (gráfica 1.12).

Gráfica 1.12
Evolución del MMIP y sus componentes, 2008-2010, a nivel nacional, DF y metropolitano (sin DF)

Fuente: Tomado de Boltnivik, Damián et al, 2011.

Este estudio muestra también que en el DF, en ese periodo corto, aumentaron la indigencia, la pobreza intensa y la suma de ambas (pobreza extrema), situación que padece más de un tercio de su población, pero disminuyó la pobreza moderada, mientras la pobreza total se mantenía casi sin variación, afectando a más de 66% de la población capitalina (gráfica 1.13).

Gráfica 1.13
Evolución de la pobreza (H=q/n) en % por estratos DF, 2008 y 2010.

Fuente: Tomado de Boltnivik, Damián et al, 2011.

En síntesis, podemos concluir:

Aunque la ZMVMV es la concentración urbana con mayor PIB total y por persona del país, presenta tasas aún muy altas de pobreza en sus dos partes, según los diversos indicadores y los distintos criterios de aplicación;

la ZMVMV es actualmente la mayor concentración territorial de población indigente, en pobreza extrema y pobre en general debido a la gran magnitud de su población total;

al interior de la ZMVMV, el DF presenta indicadores de pobreza, según los distintos métodos de análisis, menores que los existentes en los municipios conurbados; sin embargo, diversos indicadores muestran una elevación de la pobreza de ingresos en la capital desde 2004, a pesar de las políticas sociales focalizadas aplicadas en la entidad;

las distintas políticas de lucha contra la pobreza, de orientación asistencialista y focalizada, aplicadas en el país, los municipios conurbados y el en Distrito Federal, a pesar de las sumas multimillonarias invertidas, no han logrado una disminución significativa de los índices de pobreza en ninguno de los tres ámbitos.

El trabajo de Damián ofrece datos interesantes para 2008 sobre la magnitud de la clase media y la clase alta según el MMIP y el de NBI para los municipios conurbados y el DF, que muestran la enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos y, en el otro lado, la gran dispersión de las distintas situaciones de pobreza. En ambos casos, son notorias las cifras de pobres indigentes y el total de pobres en los municipios conurbados y en el DF, a pesar de formar parte de la concentración urbana más desarrollada del país, al igual que el alto grado de concentración de la llamada clase alta.

Cuadro 1.13

Cuadro 1.14

.

1.2. Cambios en la estructura laboral de la población metropolitana

En el periodo de estudio (1980-2010), tanto la aplicación de políticas neoliberales como la forma de inserción del país y la zona metropolitana en la fase actual del proceso de mundialización capitalista, han dado lugar a modificaciones sustantivas en la estructura ocupacional de la población económicamente activa (PEA) que, en algunos aspectos, se han añadido a las características estructurales de la economía nacional y metropolitana formadas en el periodo de vigencia del patrón intervencionista de acumulación de capital y el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones (1940-1980), mientras que en otros caos las han sustituido problemáticamente.

1.2.1. Estructura ocupacional

El análisis de la estructura ocupacional de la población metropolitana y la situación en el trabajo, central en el análisis de la estructura social y sus cambios en un periodo determinado (1980-2010), se enfrenta a una dificultad mayor: la modificación de los criterios y las categorías utilizadas en cada uno de los censos de población que incluyen todo el universo laboral. Por ello, utilizamos la información aportada en cada censo, respetando las clasificaciones utilizadas por el INEGI, sin intentar homologaciones que podrían desvirtuar la información y aparecer como subjetivas. Esta realidad nos impide hacer un análisis comparativo entre los diferentes censos usando las mismas categorías, llevándonos a analizar la situación en cada año censal y a interpretar cualitativamente los cambios a partir de supuestos asumidos por el grupo de investigación.

En nuestro análisis sólo se tomará en cuenta la distribución del total de la población ocupada (PO) en su diversidad de ocupación principal, distribuida por situación en el trabajo (primera línea horizontal de los cuadros), pero se incluye el cuadro completo, cuyo análisis posterior permitiría profundizar la caracterización, lo cual no podemos llevar a cabo en este trabajo por limitaciones de tiempo.

Cuadro 1.15
Nacional: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 1980.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 1980, INEGI.

Cuadro 1.16
Zona Metropolitana del Valle de México: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 1980.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 1980, INEGI.

Cuadro 1.17
Distrito Federal: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 1980.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 1980, INEGI.

Cuadro 1.18
Municipios conurbados: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 1980.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 1980, INEGI.

En 1980, año de inicio del periodo estudiado (cuadros 1.15 a 1.18), el porcentaje del grupo patrón o empresario era similar en el país, la ZMVM y el DF (4.4%, 4.3% y 4.5% del total de la PO, para cada caso) y registraba un porcentaje significativamente menor en los municipios conurbados (3.9 %), lo que muestra el menor desarrollo empresarial en estos últimos en ese momento. En cambio, en la participación de la categoría de empleado, obrero o peón, el número de los asalariados era muy similar en los tres ámbitos metropolitanos (62.2%, 63.3% y 60%), siendo bastante mayor que en el país (44.5%) y mostrando el mayor grado de asalariamiento de la PO en la metrópoli, derivado de su industrialización en las cuatro décadas anteriores, durante las cuales la ZMVM fue el motor y punta de lanza del proceso nacional.

Es también muy significativa la gran diferencia existente en el porcentaje de PO que se ubicaba como trabajador por cuenta propia, entre el país y la ZMVM (21.7% y 9.4%), mientras que era muy similar entre el DF y los municipios conurbados, lo que muestra también la desigualdad en el ritmo de desarrollo capitalista entre la metrópoli y el resto del país, evidenciado por el mayor ritmo de absorción de los artesanos y otras ocupaciones precapitalistas similares por la economía empresarial en la metrópoli.

Cuadro 1.19
Nacional: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 1990.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 1990, INEGI.

Cuadro 1.20
Zona Metropolitana del Valle de México: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 1990.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 1990, INEGI.

Cuadro 1.21
Distrito Federal: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 1990.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 1990, INEGI.

Cuadro 1.22
Municipios conurbados: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 1990.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 1990, INEGI.

En el censo de 1990 (cuadros 1.19 al 1.22) cambió la clasificación. En la categoría de patrón o empresario, similar a la de 1980, se observa tanto un descenso del porcentaje en todos los ámbitos analizados, indicando ya una concentración de la propiedad del capital derivada de las dos crisis económicas del periodo y del cambio de patrón de acumulación al neoliberal, como la nivelación del porcentaje entre el ámbito nacional y el metropolitano, aunque el DF tenía un valor mayor que el de los municipios conurbados.

Se separan la categoría de empleado u obrero y la de jornalero o peón, lo cual podría marcar la diferenciación entre trabajador urbano y rural. En los cuatro ámbitos se eleva considerablemente el número de asalariados, y se muestra una diferenciación cuantitativa clara de los rurales frente a los urbanos. La ZMVM muestra su naturaleza urbana y metropolitana con indicadores mayores de obreros urbanos que el país y menores en el caso de los rurales, y un mayor grado de urbanización en el DF que en los municipios conurbados.

La participación de los trabajadores por su cuenta se mantuvo a nivel nacional, pero creció muy significativamente en los ámbitos metropolitanos, mostrando, a nuestro juicio, el aumento notorio del número de trabajadores informales que se consideran a sí mismos en este rubro, sobre todo los comerciantes en vía pública y actividades similares.

Cuadro 1.23
Nacional: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 2000.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 2000, INEGI.

Cuadro 1.24
Zona Metropolitana del Valle de Mëxico: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 2000.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 2000, INEGI.

Cuadro 1.25
Distrito Federal: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 2000.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 2000, INEGI.

Cuadro 1.26
Municipios conurbados: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 2000.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 2000, INEGI.

En el censo correspondiente a 2000 se mantuvo la clasificación de 1990 (cuadros 1.23 a 1.26), lo cual facilita su comparación. En la ZMVM continuaba disminuyendo el porcentaje de patrones en relación con el censo de 1980, al igual que en el DF y, sobre todo, en los municipios conurbados donde la concentración de la función patronal era considerablemente mayor.

Las categorías de empleado u obrero y de jornalero o peón, disminuyeron su porcentaje en relación con 1990, en los tres ámbitos de la metrópoli. Es notoria la caída de los asalariados rurales en el largo plazo, mostrando la disminución de la actividad agropecuaria en la metrópoli, sobre todo en los municipios conurbados que conservan más área rural que el DF. En cambio, los trabajadores por su cuenta aumentan en los tres ámbitos metropolitanos, lo cual podría mostrar la continuidad en el aumento del número de informales que se consideran y declaran como tales, así como el aumento del peso de las microempresas que se multiplicaban al tiempo que la metrópoli se desindustrializaba.

Cuadro 1.27
Nacional: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 2010.

Fuente: Cálculos propios a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI.
Notas: Comprende empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes.

Cuadro 1.28
Zona Metropolitana del Valle de México: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 2010.

Fuente: Estimación de los municipios conurbados a partir de Información del Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI. Fue necesaria una estimación ya que el cuadro presentado solo se encuentra a nivel nacional y estatal en la página del INEGI.
Notas: Comprende empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes.

Cuadro 1.29
Distrito Federal: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 2010.

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI.
Notas: Comprende empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes.

Cuadro 1.30
Municipios conurbados: Porcentaje de participación de la población ocupada por ocupación principal y situación en el trabajo, 2010.

Fuente: Estimación a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI. Fue necesaria una estimación ya que el cuadro presentado solo se encuentra a nivel nacional y estatal en la página del INEGI.
Notas: Comprende empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes.

En el censo de 2010¹² (cuadros 1.27 a 1.30), el porcentaje de empleadores (en 2000, patrones), aumentó un poco en la ZMVM (+0.5%), en el DF y los municipios conurbados, lo cual podría deberse al cambio metodológico. En este censo, se agregaron las categorías de empleado u obrero y de jornalero o peón, en la de trabajadores asalariados, registrándose una disminución de -3.9% para la ZMVM, de -3.8% en el DF y de -4.0% en los municipios conurbados. En cambio, los trabajadores por cuenta propia aumentaron en la ZMVM en +3.2%, en +3.4% en el DDF y en +3.0% en los municipios conurbados.

En el largo periodo que va de 1980 a 2010, los patrones, empresarios o empleadores disminuyeron en la ZMVM de 4.3 a 2.8%, en el DF de 4.5 a 3.2%, y en los municipios conurbados de 3.9 a 2.4%, mostrando el peso de la categoría como expresión del proceso de concentración del capital. Los trabajadores asalariados aumentaron su participación de 62.2 a 69.4% en la ZMVM, de 63.3 a 69.9% en el DF, y de 60 a 69% en los municipios conurbados, lo cual evidencia un avance relativo del proceso de asalariamiento y su igualación, borrando diferencias, en el ámbito metropolitano. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia pasaron de 9.4 a 23.6% en la ZMVM, de 9.3 a 23.3% en el DF, y de 9.6 a 23. 8% en los municipios conurbados, éste fue el aumento más significativo de las tres categorías, como resultado de la "changarrización" y la multiplicación de actividades artesanales e informales en general.

1.2.2. Tasas de desempleo

En la primera parte de esta investigación (Pradilla et al., 2014: cap. 4) señalamos que el DF desde 1982, y el Estado de México desde 2000, han presentado tasas de desempleo abierto¹³ mayores que la media nacional, lo cual se explicaría por la falta de dinamismo de la economía de la zona y en particular por la desindustrialización que sufren las dos partes de la ZMVM. Aunque este desempleo, se localiza mayoritariamente en los estratos más bajos de la sociedad, el de trabajadores manuales, no es exclusivo de éstos pues se presenta también entre los profesionistas recién egresados o de edad madura, y otros estratos como los funcionarios públicos de confianza y la élite política.

En los sectores de ingresos altos, los sujetos superan la situación de desempleo mediante el ahorro previo, los altos montos de las liquidaciones laborales o la jubilación, o gracias a los ingresos derivados de fuentes patrimoniales (renta de propiedades inmobiliarias, dividendos de acciones o inversiones, ganancias empresariales, etc.); pero en los estratos de ingresos bajos, la situación de desempleo afecta seriamente al ingreso, al consumo reproductivo y al patrimonio, sobre todo si se presentan situaciones de enfermedad personal o familiar no cubiertas dada la carencia de seguridad social.

Puesto que el desarrollo capitalista industrial en América Latina, México incluido, fue incapaz desde sus inicios de integrar al aparato económico formal a toda la población despojada de la tierra y desalojada del campo por el capitalismo en la agricultura, el desempleo se hizo parte estructural de la economía de nuestros países, dando lugar, en ausencia de la política social del salario de desempleo, a que la enorme superpoblación relativa desarrollara actividades de subsistencia que se recogen en las estadísticas como trabajo por cuenta propia y como actividades informales, las cuales se han vuelto permanentes y se manifiestan en la estructura social urbana (Castillo y Pradilla, 2015).

1.2.3. La informalidad en la metrópoli

* Caracterización del sector

Al igual que el concepto de marginalidad, muy popular en la investigación urbana y en el discurso político en los años sesenta y setenta del siglo XX, pero luego casi olvidado, el de informalidad, acuñado en los años setenta y popularizado a mediados de los ochenta (De Soto [1986], 1987; Portes, 1989 y 1995), ha sido objeto de diversas críticas (Connolly, 1990; Pradilla [1988], 1995 y 2012a; Castillo y Pradilla, 2015, entre otros), sin que hayamos propuesto y desarrollado un concepto teórico riguroso que incluya sus múltiples rostros sociales y explique su naturaleza.

Una dificultad de los planteamientos sobre la informalidad radica en la ambigüedad que presenta entre tres cuestiones diferentes: las actividades informales como tales, los actores sociales informales diferenciados que las desarrollan, y las relaciones sociales informales que se establecen entre los distintos actores sociales que participan en dichas actividades. Trataremos de avanzar en esta distinción sin pretender resolver la problemática teórica general.

Las tres perspectivas analíticas sobre el sector informal más difundidas en América Latina son: a) las que lo definen como: “actividades atrasadas de productividad mínima”, sustentada por los investigadores relacionados con PREALC;¹⁴ b) “una rebelión del mercado contra las opresivas regulaciones estatales”, postulada por De Soto; y c) la caracterización estructuralista de “actividades económicas no reguladas, relacionadas con el sector moderno, pero no subordinadas a él” (Portes, 1995: 154-155).

En México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, cuyas cifras utilizaremos, define al sector informal como: "Todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos económicos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación identificable e independiente de esos hogares".

Asimismo especifica la ocupación en el sector informal en "actividades encabezadas por trabajadores por cuenta propia: trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados; en actividades encabezadas por empleadores: empleadores; trabajadores familiares no remunerados; trabajadores subordinados remunerados".

Y añade desde 2012:

Ocupaciones en condiciones de informalidad operando fuera del sector informal: Autoempleo en agricultura campesina o de subsistencia. Trabajadores sin pago en unidades distintas al sector informal. Servicio doméstico remunerado no protegido. Trabajadores asalariados no protegidos laborando para unidades económicas formales. Trabajadores no protegidos sin remuneraciones fijas en unidades económicas formales” (INEGI, 2012: 6, cursivas en el original).

En lo que respecta a la estructura social, que es nuestro interés en este texto, el complejo sector informal incluiría, según nuestra lectura, actores ubicados en diferentes estratos sociales:

Un estrato empresarial ilegal situado por fuera del sistema legal (penal, mercantil, fiscal, laboral, aduanal, administrativo, territorial, urbanístico, etc.), en muchos casos con relaciones internacionales mafiosas, que invierte capital y se dedica a la piratería de marcas, al narcotráfico, al contrabando de armas y otras mercancías, al comercio de mercancías robadas, al tráfico humano, al comercio irregular de suelo urbanizable e inmuebles, etc., que mantiene a sus empleados asalariados lumpenizados por fuera de la legislación penal, laboral y la seguridad social. En este estrato se incluiría también a los empresarios formales que explotan a trabajadores sin contrato laboral, por fuera de la legislación vigente sobre todo en términos de jornada laboral y prestaciones sociales.

Un estrato de trabajadores por cuenta propia muy heterogéneo que labora en formas precapitalistas de producción, en la actividad agropecuaria y forestal, la artesanía y la reparación de objetos, el comercio callejero, los servicios personales, etc. Estos trabajadores se sitúan al margen del sistema fiscal y de la legislación laboral cuando emplean a otros trabajadores; no están protegidos por la seguridad social, reciben ingresos bajos e inestables y trabajan muchas veces en condiciones inadecuadas o infrahumanas. Este estrato que realiza actividades de subsistencia, sobre todo el comercio callejero, se relaciona con el empresarial ilegal, que en muchos casos lo controla y se queda con la ganancia; afecta seriamente la habitabilidad, la movilidad y la seguridad pública de otros; pero, al mismo tiempo, es una forma de subsistencia para la parte de la población que no es absorbida por el sector formal de la economía debido a sus condiciones estructurales de generación de poco empleo.

Un estrato de trabajadores precarios integrado por muy diversos tipos de empleados: a) los que laboran en empresas formales de todas las ramas, aun en las de mayor talla, caracterizados por muy bajos salarios, ausencia de prestaciones sociales (en especial la seguridad social), jornadas de trabajo fuera de la ley¹⁵ y condiciones laborales inadecuadas; y b) aquellos que sirven a los empresarios ilegales en actividades delictivas de toda índole y estigmatizadas por la sociedad, con frecuencia con riesgo de su propia integridad física.

Recientemente, el INEGI amplió su caracterización de la informalidad añadiendo a ella a los campesinos parcelarios (trabajadores por cuenta propia) y a los trabajadores domésticos que compartirían las características del trabajo precario no delincuencial.

En términos generales, podríamos asumir que la existencia y gran magnitud de estos estratos diferenciados estaría determinada, desigual y específicamente, por:

La gran debilidad e inoperancia del Estado de derecho que, en presencia de la corrupción e impunidad, permite, tolera o es incapaz de controlar la presencia de actividades abiertamente delictivas, asociales o colocadas al margen de la legislación laboral, la fiscalidad, los usos del suelo y otras normatividades urbanas.

La elevada rentabilidad de algunas actividades asociales como el narcotráfico, el contrabando y la piratería de marca, que se deriva de la prohibición legal al tiempo que existe una gran masa de compradores victimas de adicciones, o que, debido a sus, bajos ingresos aceptan los riesgos de adquirir mercancías ilegales.

La incapacidad estructural del sistema económico de los países latinoamericanos, México en particular, en sus dos más recientes patrones de acumulación de capital —intervencionista o neoliberal—, y en su sector formal para absorber a toda la fuerza laboral existente tanto en el campo como en la ciudad (Márquez y Pradilla, 2008: 31-32); esto coloca a una parte de la población más pobre en situación de superpoblación relativa y, por lo tanto, en la necesidad de realizar actividades de subsistencia para sobrevivir, ya sea por cuenta propia o aceptando trabajos precarios en el sector formal o en el empresarial ilegal.

Podemos, de este modo, considerar que son válidas y complementarias las ópticas analíticas señaladas anteriormente, de los investigadores ligados a PREALC y de los estructuralistas, aunque insuficientes para explicar la complejidad del fenómeno; descartamos, en cambio, la perspectiva de De Soto por ahistórica y subjetiva (Pradilla [1988], 1995). Sin embargo, como veremos más adelante, queda por elucidar y teorizar el hecho de que el sector integra a muy diferentes estratos sociales, estructuralmente hablando, con formas de trabajo, niveles de ingreso, relaciones sociales con otros estratos y el Estado mismo, e ideologías sustantivamente distintas.

* El sector informal en la economía mexicana

Gráfica 1.14
Tamaño de la economía informal en México (en porcentajes del PIB oficial)

Scheneider, en Gómez Sabaine y Morán Dalmiro (2012). "Informalidad y tributación en América Latina; explorando los nexos", Serie Macroeconómica del Desarrollo No 124, CEPAL, Santiago de Chile, Chile.

Los cálculos de la participación de la informalidad en la economía nacional, muy imprecisos debido a su naturaleza desregulada y no registrada, la ubicaban entre 1999 y 2007 en torno a 30% del PIB nacional (gráfica 1.14), colocando a México por debajo de la media latinoamericana con un porcentaje bajo, inferior sólo en Chile, Argentina y Costa Rica (cuadro 1.31). Sin embargo, hay que señalar que en la actividad del segmento comercial de la informalidad —venta callejera, en particular— se mueven mayoritariamente mercancías producidas por la industria formal, incluyendo grandes monopolios nacionales y trasnacionales, los cuales recuperan normalmente los precios de producción de sus productos (costo de producción más ganancia), por lo que lo informal se articula multiformemente a lo formal y al movimiento económico en general. Igualmente, en el segmento del comercio informal ilegal o subterráneo se mueven mercancías de alto precio como drogas, armas de contrabando, automóviles de lujo robados, seres humanos (niños, mujeres, etc.), que arrojan grandes ganancias a los “empresarios” mafiosos que lo comandan.

Cuadro 1.31
Tamaño de la economía informal (en porcentajes del PIB oficial)

Scheneider, en Gómez Sabaine y Morán Dalmiro (2012). "Informalidad y tributación en América Latina; explorando los nexos", Serie Macroeconómica del Desarrollo No 124, CEPAL, Santiago de Chile, Chile.

Sobre la participación del sector en la economía de la ZMVM hay poca información confiable, pero el consenso general es que tanto la actividad como el empleo informal en las grandes ciudades latinoamericanas, incluyendo la ZMVM, se ha mantenido constante o ha aumentado durante el periodo analizado (CEPAL, 2001: 192 y ss.; Portes y Roberts, 2005: 45 y ss.).

* La ocupación informal en la Zona Metropolitana

Las estadísticas aportadas por la Encuesta Nacional de Empleo del INEGI hasta 2003 y posteriormente las de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con la definición estadística aplicada hasta 2012, muestran que entre 20 y 25% de la población ocupada del DF se ubicaba en el sector informal hasta 2003; que esta proporción se incrementó más adelante, colocándose entre 25 y 30% entre 2005 y 2012; posteriormente a partir de la nueva definición adoptada en 2012, saltó hasta 48.9%, cifra más cercana a la aceptada por la mayoría de los investigadores. En el caso del Estado de México, más de 70% de cuya población vive en municipios conurbados en la ZMVM,¹⁶ esta proporción se acercó a 30% antes de 2003, luego de 2005 lo superó, y en 2012 llegó al 58.7%. En términos generales, los porcentajes del DF han sido un poco inferiores a la media nacional, mientras que los del Estado de México han sido superiores a ésta, salvo para 2012 (gráfica 1.15).

La información periodística señala que el empleo informal en el DF tiene una tendencia creciente pues en los últimos seis años se ha incrementado en un 40%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI. Mientras que en 2006 se reportó que alrededor de 880 000 personas tenían un empleo informal, para finales de 2012 esta cifra se elevó a 1 225 000 capitalinos (Reforma, 3 de febrero de 2013, Ciudad: 1).

Gráfica 1.15
Tasa de ocupación del sector informal. Nacional, Distrito Federal y Estado de México (Total porcentaje de respecto a la población ocupada)

Nota: El modelo de encuesta al que corresponde la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) dejó de operar en campo en diciembre del 2004. A partir de enero del 2005 se aplica un nuevo modelo denominado Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mismo que comprende un nuevo diseño de cuestionario, la introducción de nuevos clasificadores, así como técnicas innovadoras de procesamiento y supervisión. Adicionalmente, la ENOE cuenta con la estimación actualizada de la población total, con base en la Conciliación Demográfica realizada por el Conapo, el INEGI y El Colmex.
Los resultados de los años anteriores se obtienen de aplicar criterios ENOE en la construcción del indicador a las bases de datos de su encuesta antecesora (ENE) completando la brecha población (total, hombres y mujeres) remanente con un factor de ajuste según la cobertura y tipo de población.
Las cifras se refieren a la población de 14 años y más.
Las variaciones corresponden a diferencias expresadas en puntos porcentuales.
Serie desestacionalizada y tendencia-ciclo calculada por métodos econométricos a partir de la ENOE.
El 31 de octubre de 2012 el INEGI presenta un reajuste metodológico y conceptual de los resultados de la medición del empleo informal en México. Estos cambios se hacen con base en el manual dado a conocer de manera oficial por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El empleo informal, o medición ampliada de informalidad, añade, a la definición de trabajo informal que venía difundiendo el INEGI, las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.
Fuente: De 2000 a 2012 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos y de 1994 a 1999 Encuesta Nacional de Empleo (ENOE).

Sin embargo, si aplicamos las tasas señaladas por el INEGI para 2012, con la nueva clasificación, esta cifra se elevaría a 2 200 000 personas; en los municipios conurbados habría que estimar una cifra más alta a ésta debido a una población y una tasa de informalidad mayores que en el DF, lo cual significaría que en la Zona Metropolitana, la población ocupada en el sector informal alcanzaría a entre cinco y seis millones de personas; una cifra excesivamente grande, sobre todo si consideramos que su dinámica es la de crecer más que la población ocupada.

En el caso de los comerciantes en la vía pública en el DF, se observa un crecimiento sostenido de su número, pasando de 17 000 a 95 000 personas entre 1980 y 1990 (Álvarez, 2005: 79), en 1997 existían 98 379 ambulantes (DDF, 1997), en 2003, 199 328 (INEGI, 2004) y para 2005 la cifra llegó a 201 570 personas (CESOP, 2005). En un conteo similar, de acuerdo con una estimación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la ciudad de México, el estimado de vendedores ambulantes en 1994 era de 180 000, en 1998 de 250 000, en 2000 había 299 000 y para 2012 llegarían a ser más de 660 000 en el Distrito Federal; 45 000 de los cuales estarían situados en el Centro Histórico.¹⁷ Según las versiones del Gobierno del DF, de miembros de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) y de líderes de organizaciones de ambulantes, en 2013 la cifra de vendedores en la vía pública variaría entre 1 200 000 y dos millones (La Jornada, 16 de enero de 2013; El Universal, 17 de diciembre de 2013). Estas cifras son aleatorias, pues se carece de un censo sistemático y verídico de los vendedores en la vía pública en la metrópoli.

Lo que es posible constatar es que en toda la metrópoli encontramos vendedores callejeros fijos,¹⁸ semifijos o ambulantes (toreros) en aquellos ámbitos públicos que significan concentración de posibles clientes: estaciones del Metro, bases y paradas de camiones de pasajeros, centrales camioneras, hospitales y centros de salud, locales escolares y universitarios, lugares de recreación, ejes viales y corredores terciarios, alrededores de centros comerciales, plazas de mercado y supermercados, movilizaciones masivas, etc.; la mayor concentración se ubica en algunas zonas del Centro Histórico, a pesar de la política gubernamental de desalojo. La metrópoli aparece así como un gran mercado informal. Con ello se combinan la necesidad de subsistencia de los vendedores, la demanda efectiva de los sectores empobrecidos —satisfecha por los bajos precios de los “ambulantes”—, y una cultura de consumo de antojitos en la vía pública con todos los riesgos de salud que esto implica.

Dichos vendedores distribuyen principalmente: a) alimentos producidos caseramente; b) productos baratos, defectuosos o de segunda mano de la industria local o importados; c) piratería editorial o digital, ropa y dispositivos electrónicos de contrabando o robados, e importados ilegalmente, proporcionados por productores piratas y traficantes en gran escala,¹⁹ lo que ha propiciado que las organizaciones de vendedores estén determinadas por relaciones comerciales jerárquicas corruptas y liderazgos claramente no democráticos. Cabe mencionar que un porcentaje importante de los vendedores ambulantes son en realidad empleados al servicio de grandes comerciantes, y son explotados con salarios bajos, malas condiciones de trabajo y sin seguridad social; por lo general, forman parte de grupos vulnerables como mujeres, niños y ancianos (Pradilla, 1993: cap.4; Pradilla y Moreno, 2012).

La apropiación de la vía pública por los vendedores callejeros, compartida con otras actividades informales como los “franeleros” y cuida coches o los “valet parking” de locales comerciales formales, obstruye los flujos peatonales y vehiculares, genera contaminación ambiental y proclividad a la realización de actos violentos en esos entornos; éstos son sus impactos urbanos más notorios y generan el repudio ciudadano y mediático. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la parte legal —pero irregular de la actividad informal— opera como fuente de ingresos de subsistencia vital para un sector mayoritario de la población económicamente activa PEA que no es absorbida, por razones estructurales, por una oferta formal de trabajo muy limitada; debido a la pérdida de dinamismo de la economía metropolitana y los efectos de la desindustrialización (Pradilla et al., 2014: cap. 3).

El estrato empresarial ilegal conformado por narcotraficantes, contrabandistas, productores “piratas” y cabezas de la delincuencia organizada, es numéricamente reducido pero difícilmente cuantificable, y sus empleados y sicarios operan en la sombra y se visualizan, con mucha notoriedad, en los territorios de la violencia y la crónica roja de los diarios.

* Las determinaciones estructurales específicas

Las determinantes estructurales generales de la presencia en el país de una gran masa de sobrepoblación relativa que sobrevive mediante la realización de actividades llamadas informales, arriba citadas, se manifiestan también en la metrópoli, la cual ha transitado de ser el motor de la industrialización y del crecimiento económico nacional, observado entre 1940 y 1980, a convertirse en un lastre o peso muerto de estos dos procesos desde la crisis económica de 1981-1982 y la aplicación de las políticas neoliberales, mostrando tasas de crecimiento económico menores a la media nacional y tasas de desempleo mayores que el promedio en el país. Hemos ubicado dos procesos específicos que explicarían esta pérdida del dinamismo económico, y son: en la desindustrialización acelerada de la metrópoli y su terciarización polarizada e informalizada (Pradilla et al., 2014: caps. 3 y 4).

Durante varias décadas, la metrópoli ha sido el polo de atracción de una parte significativa de la migración campesina pauperizada debido a la imagen que proyecta su gran peso económico y los altos niveles de ingreso per cápita de los estratos sociales medios y altos, así como a las redes de solidaridad que en ella se encuentran, ha concentrado una gran masa de población en la metrópoli (Pradilla et al., 2015: cap. 2), de la cual cerca de 67% vive en situación de pobreza extrema, intensa o moderada (gráfica 1.13), ante costos de vida mayores que los de otras ciudades mexicanas.

En la última década en el país, la generalización de las actividades ilegales (narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, robo de mercancías, delincuencia organizada, etc.), gracias a la corrupción y la impunidad imperantes, funciona como un mercado laboral informal para sectores importantes de la población en un nicho que, a pesar del riesgo vital, ofrece ingresos fáciles, como sicarios de esa lumpenburguesía.

* Las características diferenciadas de los estratos informales

Para los fines específicos de nuestro análisis acerca de los cambios ocurridos en la estructura social de la metrópoli durante el periodo de estudio, distinguimos entre los distintos estratos informales y sus características diferenciadas.

El estrato empresarial ilegal, que se coloca por fuera o en las zonas oscuras de la legislación penal, fiscal, laboral o urbanística, podría calificarse como lumpenburguesía o burguesía mafiosa, y ha crecido en número, riqueza, poder fáctico y mano de obra a su servicio. Su capacidad de reproducción, sus prácticas eficaces de corrupción de actores políticos, policiales y funcionarios públicos y privados, y la impunidad de la que se beneficia, le permite desafiar las acciones del Estado, sea este federal o local, dando lugar a un clima de violencia que ha modificado sustantiva y negativamente las prácticas de vida cotidiana de los habitantes de la metrópoli.

En el estrato de trabajadores por cuenta propia, se ubican muy diversos actores sociales:

Artistas, profesionistas e intelectuales independientes sin domicilio laboral registrado, que operan por fuera de la legislación fiscal pero pertenecen a las capas medias en razón de su extracción social y la magnitud de sus ingresos.

Artesanos y pequeños comerciantes que cuentan con un capital limitado que les genera ingresos pero no capacidad de acumulación, que carecen de ubicación laboral registrada, operan por fuera de la legislación fiscal o urbanística, y no tienen formas de representación gremial.

Campesinos pobres que aunque son propietarios de pequeñas parcelas ejidales, comunales o privadas en las áreas rurales de las delegaciones y municipios periféricos de la metrópoli, desarrollan actividades agropecuarias de subsistencia mal remuneradas, carecen de protección de la seguridad social y combinan sus labores agrarias con trabajos urbanos precarios e informales (Pradilla et al., 2014, cap. 3).

Artesanos y comerciantes callejeros pobres carentes de capital, que reciben ingresos similares a los de un trabajador precario, sin disciplina laboral, con una conciencia individualista, representados por asociaciones gremiales informales no reguladas, colocados por fuera de la legislación fiscal y las normas urbanas, enfrentados, por lo tanto, a los cuerpos del orden público, sometidos a las prácticas corporativas y clientelares de los partidos políticos y los gobiernos locales y a liderazgos espurios que con frecuencia los extorsionan. Este grupo parece ser el mayoritario en el subsector.

En el estrato de trabajadores precarios encontramos:

Trabajadores en empleos precarios en el sector formal o informal y en los hogares (servicios personales domésticos), sin contrato laboral, con jornadas laborales parciales o excesivas, remuneraciones inferiores al salario mínimo o sin remuneración, sin protección por la seguridad social, sin representación gremial, ubicados en el escalón más bajo del proletariado.

Los que viven de la venta de su cuerpo en actividades que incluyen la prostitución, la seguridad privada, "los sicaritos", etc., cuyos niveles de ingreso son muy diversos, pero carecen de contrato legal, de la protección de la seguridad social y otras prestaciones relacionadas. Entre ellos se encuentra la fuerza de trabajo que labora para la burguesía mafiosa antisocial, colocada por fuera de toda regulación legal, enfrentada permanentemente al aparato represivo del Estado. Aunque sus ingresos pueden ser mayores que los de los trabajadores del sector formal, carecen de cualquier forma de protección social. Podríamos ubicarlo, siguiendo la tradición marxista, como parte del lumpenproletariado.

1.3. La trasnacionalización y los cambios en la estructura social

La presencia directa y creciente del capital extranjero en diferentes momentos históricos y en distintos sectores de la vida económica del país y de la zona metropolitana, ha jugado un papel muy significativo en la formación, articulación, relaciones de dominio, ideología y posiciones políticas de los diferentes estratos y clases sociales presentes y actuantes en el ámbito territorial metropolitano, así como en sus procesos de cambio en el periodo estudiado.

1.3.1. Las trasnacionales en la economía mexicana y metropolitana

La presencia de la inversión extranjera directa (IED) en la economía de México y su capital, en particular en el comercio, guardadas las proporciones y las particularidades históricas y económicas del momento, 20 data obviamente del periodo colonial en medio del ascenso lento del mercantilismo en el mundo, dando lugar a la presencia de sus propietarios o administradores en la estructura social dominada por la aristocracia colonizadora. Esta presencia adquirió gran importancia en el periodo mercantil republicano (1821-1876), orientado a la importación de mercaderías europeas y a la exportación de materias primas fundamentalmente agrícolas (Pradilla, 2009: cap. I), sobre todo en el comercio y la naciente industria textil, del papel, el tabaco y la pólvora.

En la primera industrialización (1876-1910) la IED participó significativamente en la construcción de los ferrocarriles y formación de la industria eléctrica y la petrolera, condiciones generales esenciales para la producción y el intercambio mercantil, con el patrocinio abierto del gobierno porfirista (Garza, 1985: caps. 4 y 5). En ambos subperiodos, tanto la IED como sus actores y las actividades resultantes tendieron a concentrarse o centralizarse²¹ en la ciudad de México, con la connotación social de que sus agentes formaban parte de la élite local, junto con la aristocracia heredada del pasado colonial y la nueva burguesía y burocracia estatal porfirista.

La Revolución Mexicana (1910-1920), realizada fundamentalmente por los campesinos y algunos sectores obreros y de las capas medias, y los gobiernos emanados de ella, fueron portadores de una ideología nacionalista; llevaron a cabo expropiaciones y estatizaciones tan significativas de empresas extranjeras como la petrolera y la eléctrica, que modificaron relativamente la relación de preeminencia de los empresarios extranjeros, sobre todo en el reconocimiento social, aunque no implicaron su desaparición en otros ámbitos o la pérdida de su riqueza, como lo demuestra su presencia en la expansión urbana de la capital hacia las zonas de Polanco y las Lomas de Chapultepec en los años treinta.

La burguesía local no fue afectada, como señala Gilly en su libro clásico:

Las dos propuestas sobre la estructura y el destino del ejido implicaban beneficiarios diferentes. Dado un punto de partida común, el poder nacional y local en manos de los generales rancheros y su ejército, tomar uno u otro camino dependía de dos posibles alianzas de los detentadores del poder.

Por un lado, una alianza con los líderes obreros de la CROM, los industriales y los terratenientes —los antiguos hacendados sin poder pero aún con tierras y los nuevos latifundistas con tierra y poder— contra los pueblos campesinos y sus proyectos.

Por el otro, una alianza con los pueblos campesinos y un nuevo movimiento obrero, con la neutralidad benévola de los industriales, a quienes se les ofrecía —y se les cumplió— respeto a sus inversiones y ganancias y un mercado en expansión, contra los terratenientes antiguos y nuevos.

En torno a estos polos giraba el confuso conflicto entre militares, políticos y dirigentes del Estado…

Lo que está en disputa entre ambos proyectos y alianzas no es la ganancia empresarial capitalista, que ambas reconocen, sino la propiedad y disposición de la renta de la tierra (Gilly, [1971] 2007: 357).

Este conflicto, de vital importancia en términos de la estructura social nacional y capitalina, se despejó luego del gobierno de Lázaro Cárdenas, quien al aplicar intensamente la reforma agraria buscó aliarse con los pueblos campesinos, cuando sus sucesores frenaron dicha reforma y asumieron abiertamente un proyecto de desarrollo capitalista con intervencionismo estatal, sin afectar mayormente los intereses de los terratenientes subsistentes.

La industrialización por sustitución de importaciones, desarrollada fundamentalmente en el periodo 1930-1970, tuvo como punta de lanza y lugar de concentración dominante a la ciudad de México y a la Zona Metropolitana que creció en su entorno en medio de la urbanización acelerada (Garza, 1985: cap. VI); sus actores económicos más importantes fueron los grandes capitales nacionales y extranjeros, en particular, las empresas trasnacionales (Fajnsylver y Martínez, 1976; Fajnsylver, 1980), las cuales aprovecharon el proteccionismo del mercado interno en expansión para obtener posiciones de monopolio en éste.

La consolidación de la burguesía local fue acompañada de una presencia creciente de representantes, administradores y técnicos de alto nivel ligados al capital nacional y extranjero, y a la burocracia estatal en expansión, al tiempo que el campesinado perdía terreno y se urbanizaba aceleradamente, crecía rápidamente el proletariado urbano y, también, el ejército de reserva industrial —los marginados o informales— debido a las condiciones estructurales propias de la industrialización tardía, trunca, incompleta y subordinada (Márquez y Pradilla, 2008: 31-33).

1.3.2. El impacto del TLCAN en la estructura social

La implantación del patrón neoliberal de acumulación de capital ha traído consigo importantes cambios en términos de la presencia de la IED en el país y la metrópoli, la trasnacionalización de diferentes sectores económicos, el cambio de la posición relativa de las fracciones del capital y, por ende, de la estructura social.

El primer impacto se produjo con la privatización de empresas estatales, muchas de las cuales fueron adquiridas por empresas trasnacionales o por asociaciones de capitales nacionales y extranjeros; algunos consorcios del gran capital nacional tomaron también el camino de la trasnacionalización de sus empresas y la inversión en el extranjero, como en los casos de América Móvil de Carlos Slim (nuevo propietario de la antigua paraestatal Telmex), Cemex, Maseca, etc. (Morera, 2002: 414 y ss.). La liberalización de la movilidad de los capitales extranjeros, tanto de su entrada como de su salida y de su participación en la propiedad empresarial, permitió que estos invirtieran sobre todo en la compra de empresas ya establecidas para eliminarlas como competencia o modernizarlas, más que en la construcción de nuevas empresas.

La entrada en operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, en menor medida, de otros tratados con Europa, países asiáticos y latinoamericanos, siguiendo la política neoliberal del libre mercado, abrió de par en par la puerta a otro proceso de trasnacionalización del capital en México: la entrada de trasnacionales estadounidenses, canadienses, europeas y asiáticas, sobre todo en el ramo de la industria automotriz y de autopartes, en la electrónica y los electrodomésticos, ensambladoras de partes venidas del mundo entero, para beneficiarse de la regla de origen del TLCAN, y del bajo salario de los trabajadores mexicanos, y así exportar sus mercancías a los Estados Unidos y Canadá.

La desindustrialización de la ZMVM, uno de cuyos factores ha sido la reubicación de las grandes empresas en otros lugares del norte del país para beneficiarse de las economías de localización en relación con los Estados Unidos (Pradilla et al., 2014: cap. 3), ha tenido un efecto relativamente contradictorio en este proceso: de un lado, las trasnacionales viejas o nuevas ligadas al TLCAN no se han localizado en la ZMVM o se han mudado de ella; de otro, la proximidad con el poder federal, con los centros neurálgicos de la banca nacional, o con los servicios especializados a la economía, hacen que sus sedes sociales centrales se ubiquen o permanezcan en la ZMVM,²² justificando e impulsando proyectos de modernización urbana como los de Paseo de la Reforma, Insurgentes, Santa Fe, Nuevo Polanco y el Complejo Carso.

Hemos asistido, por lo tanto, en México y en la metrópoli, a una expansión significativa de la presencia de los agentes del capital trasnacional que, en una cada vez más concentrada estructura empresarial y de altos ingresos, ocupa lugares de privilegio por su poder de negociación en la esfera económica y política nacional y local. Esta capa de la clase dominante habita, como veremos en el capítulo 2, tanto en viejas áreas segregadas de vivienda residencial de altos ingresos, como, principalmente, en las zonas de modernización inmobiliaria de la metrópoli.

1.3.3. La banca trasnacional

Héctor Guillén Romo analiza ampliamente el proceso de globalización financiera en el que se ve inmerso el país desde la implantación del patrón neoliberal de acumulación de capital (Guillén, 2005: caps. 3 y 4). Una de sus vertientes ha sido la trasnacionalización de la banca, estatizada a raíz de la crisis de 1982 pero privatizada nuevamente en los dos gobiernos posteriores (1982-1994), hasta llegar a una situación en la que la gran mayoría del sector se encuentra en manos de bancos trasnacionales; algo similar ha ocurrido en otros subsectores financieros, como los seguros en sus diferentes giros o los fondos de inversión.

Cuatro tendencias son claras en las tres décadas analizadas, en el marco de las reformas neoliberales: 1) la conversión del capital financiero en la fracción dominante del conjunto del capital; 2) la liberación de los flujos financieros internacionales en México, bajo las formas de IED o de capital de portafolio (golondrino); 3) la fusión del capital financiero y el capital inmobiliario y constructor, de modo que bajo el dominio del primero el segundo obtiene una parte mayoritaria y creciente de los flujos de capital necesarios para su funcionamiento; y 4) la presencia creciente del capital financiero y bancario en la vida cotidiana de las personas a partir de la generalización del uso de las tarjetas de crédito (Pradilla, 2012b; BBVA Bancomer, 2011 y 2013).

La capital, nudo estructurador de la metrópoli, es el principal centro financiero del país, por el peso económico propio, por la concentración de población y las actividades y, fundamentalmente, por concentrar en su territorio las sedes principales de los organismos financieros. Esta concentración tiene múltiples implicaciones sobre la estructura territorial de la metrópoli. La “financierización” de la economía, un aspecto particular de la mercantilización, ha traído también como consecuencia la ampliación del número de agentes administrativos y técnicos de esta fracción del capital, en parte de origen extranjero, con peso económico y político, los cuales se ubican en la cúspide de la estructura de clases y estratos sociales de la ciudad.

1.4. La polarización de la sociedad metropolitana

El conjunto de la información presentada en las secciones anteriores nos impide la estructura de clases sociales —en el sentido clásico del concepto— existente en la metrópoli; no obstante, nos permite aproximarnos cualitativamente a una descripción, muy general e insuficiente, de la estructura social en términos de grandes estratos de ingresos, patrimonio y actividad económica, de una composición interna muy heterogénea, aun en términos de clase social, y esbozar las tendencias de cambio en el periodo analizado.

En la cúspide de la estructura social se ubica un estrato social muy pequeño (“clase alta” en el lenguaje común) formado por diversas fracciones de empresarios, patronos, grandes inversionistas y rentistas financieros e inmobiliarios, administradores nacionales y extranjeros, burócratas y tecnócratas públicos y privados de alto nivel, etc. Se trata de aproximadamente 4.3% de la población total metropolitana (cuadros 1.13 y 1.14), pero que se apropia proporcionalmente de una parte mayoritaria de la riqueza patrimonial y de los ingresos reales metropolitanos o succionados a otros ámbitos territoriales (cuadro 1.7). Su tendencia es hacia la reducción numérica proporcional, la apropiación de una parte creciente del total de la renta territorial, y hacia la mayor concentración de la riqueza y del poder de negociación y control social y político. Como veremos en el siguiente capítulo, este estrato se apropia y controla lo fundamental del territorio ocupado por las actividades económicas y las áreas habitacionales segregadas y de privilegio en la metrópoli, y ha avanzado en las últimas décadas en su dominio territorial, sobre todo en el Distrito Federal, mediante la modificación de usos del suelo, la reconstrucción de áreas céntricas y el cambio de estratos sociales de residentes y usuarios.

Un estrato social intermedio (“clase media” en el lenguaje común), de compleja composición y muy jerarquizado internamente, que combina pequeños empresarios de diferentes ramas de actividad, pequeños inversionistas y rentistas inmobiliarios, burócratas y tecnócratas públicos y privados de nivel medio, profesionistas liberales e intelectuales, una capa pequeña de obreros y empleados asalariados de ingreso medio, etc., que se acerca a 23.6% de la población y que posee un patrimonio y recibe ingresos más o menos adecuados para su reproducción. En las últimas tres décadas, se ha estabilizado en términos numéricos de apropiación del ingreso metropolitano y ha perdido control territorial, lo que lo ha llevado a intensificar su participación en una movilización social defensiva ante el avance del gran capital (Pradilla y Moreno, 2012, y el capítulo 3 de este libro).

Viene luego el estrato social mayoritario (“clase baja” en el lenguaje común), conformado por un pequeño grupo de campesinos periféricos en proporción descendente, obreros industriales cuyo número declina debido a la desindustrialización de la metrópoli, empleados del sector servicios, empleados domésticos, trabajadores por cuenta propia e informales en diversas actividades cuyo número crece, desempleados, lumpen, etc., que poseen muy poco patrimonio e ingreso para su reproducción biológica, y que se apropian de una parte minoritaria de la renta social. Su porcentaje en la metrópoli se acerca a 67.1% de la población, y se encuentra ubicado en diferentes situaciones de pobreza o indigencia, en su mayoría desprotegido socialmente.²³ Las tres décadas de políticas urbanas neoliberales han dado lugar a una disminución notoria de su apropiación del territorio metropolitano, tanto por la prohibición de la ocupación irregular de suelo rural, como por la pérdida de tierra ejidal y comunal, y la expansión de la acción del capital inmobiliario-financiero en la producción de vivienda de interés social.

En la parte inferior de la estructura social metropolitana se ubica 17.7% del total de la población metropolitana —incluida en el porcentaje del estrato mayoritario—, que se encuentra en la indigencia o pobreza extrema y carece de todas las condiciones para garantizar su reproducción social; por ello son los "condenados de la ciudad".

En el estrato mayoritario se ubican las condiciones más negativas de la situación social del país y la metrópoli: su salario real cayó estrepitosamente durante el periodo de análisis, sobre todo en el sector terciario; la indigencia, la pobreza extrema y moderada en sus vertientes alimentaria, de capacidades, de tiempo y de patrimonio, se han mantenido sin variación sustantiva durante todo el periodo analizado; la desprotección en el campo de la salud y la seguridad social que se acentúan en la vejez, se mantiene casi sin modificación; y ha crecido la informalidad que incluye el trabajo precario, la desprotección legal, la falta de condiciones básicas en el trabajo, el riesgo físico, etc. Si revisamos en cada caso las cifras absolutas, dado que en los 30 años analizados ha crecido la población metropolitana (Pradilla et al., 2015, cap. 2), llegamos a dos conclusiones muy significativas: 1) ha crecido el número absoluto de personas ubicadas en estas situaciones sociales adversas (desempleados, pobres, informales, socialmente desprotegidos, etc.); y 2) la ZMVM se ha convertido en el ámbito territorial donde se concentra la mayor cantidad de mexicanos ubicada en estas diferentes situaciones de vulnerabilidad económica y social, incluyendo la indigencia.

El hecho de que la variación de estos porcentajes sea mínima, cuando ha ocurrido, en el largo periodo, tanto en el país como en los dos componentes territoriales de la metrópoli (gráficas 1.8 a 1.13), da cuenta de la poca o nula efectividad de las políticas locales y nacionales de combate a la pobreza en sus diferentes modalidades y denominaciones, caracterizadas por el focalismo –programas dirigidos a grupos vulnerables específicos y limitados: adultos mayores, madres solteras, discapacitados, etc. y el asistencialismo —apoyos casi siempre monetarios de bajo monto que no modifican desde su raíz las situaciones sociales que determinan la vulnerabilidad—.

No hay duda de que la estructura social de la ZMVM ha sufrido cambios notorios a lo largo de estas tres décadas de aplicación de las reformas estructurales neoliberales. Nos interesa resaltar que en la metrópoli han disminuido notoriamente los obreros industriales, los mejor pagados, protegidos por la seguridad social y más productivos del estrato de asalariados; han aumentado los empleados del comercio y los servicios, con menores remuneraciones y productividad laboral; y sobre todo, que más de la mitad de la población económicamente activa de la metrópoli se ubica hoy en actividades laborales informales (gráfica 1.15) de muy baja productividad, pésimas condiciones laborales, sin protección social, y con representación gremial carente de una representatividad efectiva y de reconocimiento público. Estos cambios en la estructura social significan, a su vez, disminución de la productividad laboral media, desprotección social y deterioro de las condiciones colectivas de representación y defensa gremial.

El significativo crecimiento de la informalidad en sus diversos componentes durante el periodo, sobre todo el comercio callejero y el que controla la vía pública (valet parking, acomodadores, lavacoches, etc.) ha significado una privatización popular del espacio público, que viene a añadirse a la privatización por el capital y los sectores de altos ingresos. La lumpenización de una parte de la informalidad y la violencia urbana derivada han afectado la vida cotidiana del conjunto de la población, incluyendo el sector popular debido a la inseguridad reinante en las calles, al dar lugar a una geografía urbana del crimen con áreas violentas excluyentes.

La tendencia dominante ha sido hacia la polarización económico-social y la segregación-fragmentación territorial crecientes, así como el avance del control territorial por parte de las diferentes fracciones del capital y del estrato superior de la estructura social. En todos los aspectos analizados se observa que la polarización social es mayor en los municipios conurbados del Estado de México, con mayor concentración del ingreso en un número menor de personas y mayor número de pobres e indigentes, que en el Distrito Federal, al tiempo que en los primeros se observan en grado mayor las consecuencias negativas de dicha estratificación: desempleo, informalidad, pobreza e indefensión social.

2. Diferenciación socioterritorial en la ZMVM

El interés por confirmar la existencia de diferencias sociales entre los habitantes de las grandes ciudades y establecer su relación directa con el territorio ha sido uno de los propósitos de la investigación urbana y de los estudios asociados a la generación de políticas sociales que buscan incidir (discursiva o realmente) en la distribución de la riqueza y superar las desigualdades urbano-regionales que caracterizaron al siglo XX mexicano. En este sentido, constatar que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se encuentra social y territorialmente diferenciada a su interior, a partir de las características socioeconómicas de su población y por el acceso desigual que tiene a ciertos satisfactores como el suelo urbano y la vivienda, por ejemplo, ha sido el propósito de diversos estudios en los que se da cuenta de ello en términos de diferenciación socio-demográfica (Aguilar y Mateos, 2011), desigualdad y segregación social (Rubalcaba y Schteingart, 2012) o división socio-espacial (Duhau y Giglia, 2008), por citar sólo algunos de los trabajos más significativos.

De ahí que una investigación que trata de dar cuenta de los procesos y transformaciones de la ZMVM durante los últimos 30 años no pueda dejar de interesarse por hacer una aproximación a esta problemática; sin embargo, hemos de tener en cuenta que las diferencias socioterritoriales que presenta esta metrópoli son producto de un proceso histórico mucho más amplio que rebasa por mucho la frontera temporal que nos hemos impuesto (1980-2010). Toda vez que la década de los ochenta es el punto de partida temporal de las transformaciones metropolitanas que aquí nos interesa revisar, nos preguntamos si las modificaciones socioterritoriales recientes han dado lugar a una configuración particular que podamos asociar a la reestructuración socioeconómica originada por el cambio de patrón de acumulación de capital impuesto en la región latinoamericana y en México desde la adopción del neoliberalismo.

En este sentido, no habría que olvidar que la ZMVM es el ámbito urbano nacional con mayor concentración de población, actividades económicas, políticas y culturales, servicios de salud, educación, comunicación y recreación, lo que en términos generales se traduce en mayores y mejores niveles de ingreso, condiciones y calidad de vida; pareciera, por lo tanto, que en esta zona metropolitana se ha logrado una más equitativa distribución de la riqueza; de ahí que la ZMVM se mantenga como una de las aglomeraciones urbanas que genera mayores expectativas tanto en los agentes económicos como en la población que busca en ella empleo, educación, salud, vivienda, cultura, recreación o seguridad, o si se quiere, un mayor desarrollo, lo cual en muchas ocasiones queda en duda al constatarse de manera pormenorizada su diferenciación socioterritorial real.

No cabe duda que fueron las críticas hechas a las nociones de crecimiento y desarrollo económicos utilizadas para medir la situación económica de la población, basadas primordialmente en el cálculo del PIB y del PIB per cápita, las que condujeron a la búsqueda de nuevos parámetros para determinar las condiciones reales de vida de los habitantes de un territorio; sin embargo, fue hasta los años noventa que las propuestas analíticas y metodológicas de la llamada economía del desarrollo elaboradas desde las economías subdesarrolladas fueron reconocidas como una alternativa para establecer parámetros mucho más fieles a la situación de la población. Nociones como calidad de vida y desarrollo humano serían a partir de ese momento los conceptos que guiarían los esfuerzos académicos e institucionales para cuantificar lo que más adelante se reconocería de manera explícita: que la pobreza no está solamente determinada por la situación económica, sino que se relaciona con una serie de factores sociales, ambientales y culturales que la hacen mucho más compleja de lo que se había considerado anteriormente.

En México, los primeros esfuerzos por determinar las condiciones de vida de los mexicanos fueron los estudios de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales (Coplamar) en la década de los setenta y los programas sociales orientados a mejorar la situación alimenticia; pero parece que el índice de marginación²⁴ elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) en los noventa, fue la propuesta que detonó todo un campo de investigación en torno a los conceptos y métodos para medir y evaluar la situación socioeconómica de los mexicanos en términos de pobreza, calidad de vida y desarrollo humano. Desde una perspectiva más territorial, destaca el interés por la segregación social y residencial, o la diferenciación socioespacial como procesos que advierten sobre los patrones de concentración o dispersión de sectores o estratos socioeconómicos en áreas altamente diferenciadas. Sobre ello volveremos más adelante; por el momento nos interesa dejar en claro que hemos optado por analizar la diferenciación socioeconómica en la apropiación del territorio, en lugar de partir de la noción de segregación (tanto social como residencial), debido a que ella conlleva una carga semántica que nos remite a experiencias extremas de la separación radical de la población en términos de su origen étnico o su fidelidad religiosa, por ejemplo, y que tuvieron una marcada expresión territorial que dista mucho de los comportamientos que pueda presentar una zona metropolitana como la del Valle de México, donde las fronteras físicas se diversifican, ampliándose o estrechándose, dificultando identificar una separación total entre grupos sociales.

Nos hemos alejado un tanto de la idea de segregación residencial a pesar de que gran parte de las características de la población estudiada están referidas a las viviendas que ocupan; hemos optado por considerar datos agregados a nivel de unidad político-administrativa (UPA) y por área geoestadística básica, que nos refieren a los habitantes de la ZMVM más que a sus residencias, aunque éstas sean consideradas en algunos de los indicadores aquí revisados. La inclusión de información referida a los establecimientos de salud y educación tiene la intención de aportar elementos poco explorados a la hora de determinar las diferencias territoriales de la población metropolitana; de ellos nos ha interesado destacar su presencia, los niveles de atención y escolaridad, así como su ubicación geográfica. Igual tratamiento debería darse al análisis cuantitativo y cualitativo de otros servicios, como los de transporte o recreación, que nos darían información adicional sobre la calidad de vida de la población, diferenciada en sectores sociales, que se apropia de ámbitos territoriales específicos; sin embargo, ni el tiempo ni los recursos disponibles nos permiten emprender esa tarea.

Aunque no podremos avanzar significativamente en este análisis, nos interesa resaltar que la apropiación del territorio por los diferentes sectores sociales debería abordar otra dimensión, diferente a la simplemente residencial: la que realizan de un lado los distintos estratos y fracciones del capital, con énfasis en el inmobiliario-financiero, al implantar sus actividades económicas de producción e intercambio de bienes materiales y de oferta de servicios, y de otro, los empleados, usuarios y compradores diferenciados socialmente. Este enfoque, aplicado parcialmente en la primera etapa de la investigación, en lo que se refiere a los corredores terciarios y a los centros comerciales, nos remite también a la apropiación del territorio en función de los objetos urbano-arquitectónicos popularizados con el nombre de megaproyectos por el actual patrón de acumulación de capital en el sector inmobiliario (Pradilla, 2010; Pradilla (coord.) et al., 2015: cap. 6).

2.1. Los niveles salariales en el territorio metropolitano

Un primer indicador que nos permite obtener un panorama de las diferencias socioterritoriales de la población metropolitana es el ingreso, siendo precisamente los niveles más bajos los que pueden dar cuenta de la distribución de los sectores sociales en condiciones más desfavorables; así, al revisar el comportamiento de los datos referentes a los porcentajes de la población ocupada que en los años 1990, 2000 y 2010 percibe hasta dos salarios mínimos mensuales (SMM) en cada municipio y delegación de la ZMVM, podemos llegar a diversas conclusiones. Lo primero que resalta en el mapa 2.1 es el hecho de que tanto las delegaciones del Distrito Federal como los municipios mexiquenses presentan un mejoramiento constante en su situación salarial durante los 20 años considerados, pues los porcentajes de población en esta desfavorable situación económica se han reducido considerablemente, al pasar de un predominio del porcentaje que aquí calificamos como Alto (1990) a medio y bajo (2000), y finalmente a bajo y muy bajo (2010).

Llama la atención que en 1990 solamente dos demarcaciones presentaban valores por debajo de 50% (Benito Juárez con 41% y Cuautitlán con 44%) y que el resto alcanzaba porcentajes muy por arriba, llegando a casos extremos donde 86% de la población ocupada no ganaba más allá de dos SMM, como era el caso de Ecatzingo que, junto a otras 11 demarcaciones, constituían el universo metropolitano con población de menores ingresos (entre ellos se encontraban Tláhuac y Milpa Alta); la gran mayoría del resto de los municipios y delegaciones se ubicaban en un nivel Alto, entre 58 y 72 por ciento.

En 2000 los cambios en la distribución territorial de los sectores de ingresos menores se manifestaban, en primera instancia, en la reducción de la población ocupada en esta situación, que disminuyó considerablemente. Los porcentajes más bajos de la ZMVM los obtuvieron Benito Juárez con 23% (la primera delegación con un nivel muy bajo) Coyoacán con 33%, y Miguel Hidalgo y Huixquilucan con 35%; mientras que los porcentajes más elevados de población con estos ingresos se ubicaron en Tepetixtla con 70%, Atlautla con 74% y Ecatzingo con 77% (véase mapa 2.1). Fuera de estas demarcaciones con valores extremos, se encontraba la gran mayoría, que pasó de un nivel alto a uno medio.

Pero el cambio más significativo se obtuvo en 2010, cuando la inmensa mayoría de las unidades político-administrativas de la metrópoli alcanzaron un nivel Bajo, es decir, un porcentaje de población de entre 30% y 45% con salarios menores a dos veces SMM; al mismo tiempo, 11 delegaciones y nueve municipios se encontraban ya en la mejor posición con porcentajes del orden de 17-30%, modificando la distribución territorial de los salarios bajos en la ZMVM. Esta transición de porcentajes altos a bajos no necesariamente significa una mejora del ingreso de la población metropolitana, por dos razones; puede tratarse de un incremento en el porcentaje que obtenía los salarios más altos y la expulsión de la población de menores ingresos hacia otras demarcaciones que no sufrían cambios tan significativos o directamente hacia otras aglomeraciones urbanas; además, no debemos olvidar que el poder adquisitivo del salario —el salario real— en el periodo analizado se desplomó; pues al dispararse la inflación, toda vez que se controlaba rígidamente el aumento del salario nominal (véase capítulo 1), tales mejoras podían quedar en duda. Lo anterior no demerita la observación de que siguen siendo los municipios más periféricos, los de más reciente metropolización, los que presentan los porcentajes más altos de población ocupada en esta deplorable situación económica.

A partir de la revisión de los diferentes indicadores de pobreza que utilizamos en el capítulo anterior, nos interesa hacer algunas anotaciones a nivel metropolitano que nos puedan ofrecer ciertos rasgos del comportamiento territorial de la diferenciación socioeconómica de sus habitantes. En este sentido, recordemos que si bien las tres mediciones de pobreza consideradas (alimentaria, de capacidades y de patrimonio) presentaron una disminución de sus porcentajes a nivel nacional en el largo periodo (1968-2010), muestran claramente un estancamiento en las últimas décadas, como ya se anotó; en particular, quisiéramos llamar la atención, de manera sintética, sobre su comportamiento en el DF y en el Estado de México en el periodo corto 2000-2005: por un lado, la pobreza alimentaria disminuyó muy poco en el DF, mientras que en el Estado de México aumentó; por el otro, la pobreza de capacidades y de patrimonio se incrementaron en el DF, mientras que en el Estado de México la primera disminuyó y la segunda se incrementó; estas variaciones fueron mucho más marcadas en el Estado de México, como también ya lo anotamos en su momento.

Mapa 2.1
Porcentajes de la población ocupada con ingresos de hogar mínimos ( 1990, 2000 y 2010)

2.2. División social del espacio, marginación y desarrollo humano en la metrópoli

El comportamiento diferencial de los tres índices de pobreza se relaciona con el hecho de que los dos últimos consideran que los ingresos, además de servir para la adquisición de alimentos, se destinan a cubrir los gastos relacionados con la salud y la educación en el caso de la pobreza de capacidades, y además al vestido, la vivienda y el transporte para la pobreza de patrimonio; parecería que en la determinación de la pobreza en ambas condiciones, la adquisición de la canasta alimentaria no es la determinante, sino el acceso a los otros satisfactores que deben cubrirse con el mismo ingreso. Esto nos lleva a preguntarnos acerca del peso que tienen tanto los ingresos, como la salud, la educación y la vivienda en la determinación, si no de la pobreza, sí de las grandes diferencias territoriales que presenta la población.

Sin embargo, como ya se ha planteado de manera reiterada, el acceso a la información es uno de los principales impedimentos para la elaboración de estudios con mayor nivel de detalle: no se cuenta con datos de pobreza de nivel intrametropolitano, lo cual constituye un fuerte obstáculo para profundizar en el comportamiento territorial de la pobreza. Ante esta imposibilidad, sabiendo de las limitantes de los índices compuestos, como son los propios índices de pobreza, hemos acudido a otros dos índices que presentan los mismos problemas planteados en el capítulo anterior, es decir, la dificultad para la definición de criterios objetivos que determinen los pesos relativos de cada uno de los indicadores considerados en su construcción, siendo precisamente estas dificultades conceptuales y metodológicas lo que ha llevado a los estudiosos del tema a una amplia, y por momentos interminable, discusión en torno a las mediciones de la pobreza, a nivel nacional e internacional (Gordon, 2005; Boltvinik, 2005 y Damián, 2005).

A partir de la carencia de datos desagregados a nivel de municipios, delegaciones, y áreas geoestadísticas básicas (AGEB), nos hemos permitido hacer un acercamiento a los resultados arrojados por otros dos índices compuestos: el índice de marginación (IM) y el índice de desarrollo humano (IDH), sabiendo y reconociendo las diferencias y distancias conceptuales y metodológicas que los separan de los índices de pobreza previamente utilizados; por ello, su inclusión aquí solamente es de carácter ilustrativo. Con ellos pretendemos lograr un acercamiento a la distribución territorial de un conjunto de indicadores, aunque relacionados y jerarquizados de manera distinta, que nos delineen una primera aproximación a la relación entre los sectores socioeconómicos de la población y su distribución metropolitana; de ahí la urgencia de contar con mediciones pormenorizadas de la pobreza a nivel intraurbano e intrametropolitano.²⁵

Vale la pena recordar que la gran mayoría de los índices compuestos utilizados para medir los niveles o condiciones de vida de la población o la pobreza consideran —guardando sus diferencias— como un aspecto fundamental en su determinación a los ingresos que perciben y, en segunda instancia, el acceso a un conjunto, acotado o amplio, de satisfactores sociales que de manera indirecta inciden en la definición de los distintos niveles, grados o tipos de pobreza, marginación o desarrollo. En este sentido, y para orientar nuestro análisis de los índices de marginación y de desarrollo humano, retomamos algunos de los resultados de las investigaciones realizadas por Rubalcava y Schteingart (2012) respecto de la segregación socioespacial de la ZMCM.

2.2.1. Una aproximación desde la división social del espacio urbano

En Ciudades divididas, Rubalcava y Schteingart dan cuenta de la división social del espacio urbano así como de la distribución territorial de los distintos grupos sociales, reconociendo que su localización en el territorio es consecuencia de una compleja interacción entre “la estructura social, los procesos de producción del marco urbano construido (en particular la intervención del Estado) y las preferencias y los recursos de las familias” (Rubalcava y Schteingart, 2012: 18). Para ello recurren a dos categorías: segregación y división social del espacio urbano. Por la primera entienden el grado de proximidad espacial de aquellas familias que pertenecen a un mismo grupo social y, al mismo tiempo, la distancia que guardan respecto de otros grupos, que consideran es posible detectar a través de un estudio a profundidad que utilice unidades de análisis con un nivel de desagregación mayor de la información de dichos grupos, principalmente en términos socioeconómicos. Por otro lado, entienden el segundo como los grandes lineamientos de la organización del espacio urbano definida a partir de las diferencias socioeconómicas que muestran unas unidades de análisis muy extensas y, por lo tanto, con rasgos mucho más generales.

Para la determinación de estas manifestaciones metropolitanas recurren a procedimientos matemáticos procedentes del análisis multivariado, que se caracteriza, por un lado, por proporcionar indicios de la homogeneidad que guardan las unidades de análisis mientras que, por el otro, abren la posibilidad de detectar la correlación existente entre variables con el fin de identificar patrones que expliquen las diferencias, en este caso, las socioespaciales. Su apuesta metodológica es por el análisis factorial, y desde ahí construyen un índice compuesto que posibilita, a partir de su comportamiento territorial, la definición de estratos sociales.

A partir de la definición de un conjunto de variables socioeconómicas (PEA ocupada, trabajadores por cuenta propia, instrucción posprimaria, ingresos altos, viviendas con agua entubada, viviendas propias, índice de personas por cuarto y población urbana) establecen dos factores que explican la variación de dichos indicadores, aunque ambos factores asocian variables físicoespaciales y socioeconómicas. El peso que tienen estas variables en cada uno de los factores es diferencial, de tal manera que consideran que el factor I tiene un poder explicativo de 62%, mientras el factor II cuenta con 16%; consideran que el factor I está más asociado a procesos físicoespaciales, mientras que el factor II se vincula en mayor medida a las variables sociodemográficas. De lo anterior, más otras consideraciones metodológicas, que no detallaremos aquí, se desprenden las siguientes definiciones:

[…] el factor I estaría vinculado al fenómeno de la consolidación urbana, por el cual se producía una mejoría en las condiciones físico-espaciales de la ciudad a medida que avanzaba la urbanización en la periferia, y esas condiciones tendían a mantenerse o evolucionar en las áreas más antiguas y centrales. El factor II, por su parte, estaría mayormente relacionado con la condición socioeconómica del crecimiento urbano, condición que vinculaba el ingreso de la población ocupada con el hacinamiento en la vivienda (Rubalcava y Schteingart, 2012: 42).

Partiendo de estas consideraciones teórico-metodológicas, es posible retomar algunos de los resultados arrojados por sus investigaciones para el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México. Cabe señalar que una de las virtudes de este trabajo es el haber realizado un seguimiento de la división social del espacio en un amplio periodo de tiempo que comprende de 1950 al 2000.²⁶ Ellas mismas establecen que durante este periodo ocurrieron importantes cambios que a nivel demográfico se tradujo en un incremento de la población metropolitana en más de seis veces; la pérdida del peso del DF en la metrópoli debido al crecimiento de los municipios metropolitanos; la industrialización y desindustrialización, entre otros. En general, se establece que todos estos cambios le imprimieron a la zona metropolitana una dinámica particular que incidió en la división social del espacio urbano.

A pesar de estos cambios en el comportamiento más general de la metrópoli, Rubalcava y Schteingart concluyen que los procesos de diferenciación socioespacial muestran a grandes rasgos una importante continuidad en el tiempo, la cual se manifiesta en una estabilidad del “fenómeno” de consolidación urbana en los distintos momentos analizados. En este mismo sentido, sostienen que la distribución de la población en cada uno de los seis estratos definidos por su índice (alto, medio alto, medio, medio bajo, bajo y muy bajo) también se ha mantenido, destacando en especial el hecho de que la mayoría de la población se concentra en los estratos medio y medio bajo:

[…] Esta continuidad, en medio de los grandes cambios mencionados, se aprecia espacialmente en los mapas que fueron elaborados para los diversos cortes temporales, en los que se advierte una centralidad de los estratos altos y una periferización de los bajos sobre todo hacia el oriente de la ciudad (Rubalcava y Schteingart, 2012: 147).

Esto es todavía más claro para el análisis a nivel de municipios y delegaciones que presentan datos agregados en unidades grandes y heterogéneas; de ahí que consideren que la consolidación urbana es el fenómeno más relevante en una metrópoli en rápido proceso de expansión, como lo demuestran sus resultados; esta consolidación se tradujo en sus primeros análisis en un mayor acceso a la vivienda y los servicios urbanos a medida que la ciudad crecía sobre las áreas rurales circunvecinas; posteriormente esta consolidación urbana se convirtió en una mejoría relativa con la participación de los pobladores y las políticas gubernamentales; por el contrario, los análisis para los años más recientes les permitieron identificar esas desigualdades en “la medida en que algunas unidades ascendieron más rápidamente en la estratificación socioeconómica, mientras que otras permanecieron estancadas en niveles bajos” (Rubalcava y Schteingart, 2012: 149).

Sin embargo, la explicación de la distribución de los estratos sociales en la metrópoli basada en la consolidación urbana pierde fuerza y se relativiza al incorporar mayor detalle en su análisis y utilizar información a nivel de áreas geo-estadísticas básicas (AGEB). Consideran las autoras que, sin desmentir los resultados presentados a nivel de unidades político-administrativas (UPA) en los que se aprecia una clara distribución de tipo centro-periferia en función precisamente de su metropolización, las caracterizaciones por AGEB muestran un predominio de los estratos alto y medio alto en las áreas centrales y, en menor medida, en el norponiente, sur y surponiente de la zona metropolitana, manteniendo una correspondencia con las delegaciones, de sur a norte, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, así como algunas porciones menores de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, principalmente. Por el contrario, los estratos bajo y muy bajo se concentran principalmente en el oriente de la zona metropolitana, aunque también se pueden identificar algunas AGEB en el poniente y, de manera más marcada, en el norte y nororiente, coincidiendo con los municipios mexiquenses más periféricos y, por lo tanto, de más reciente incorporación.

Con lo anterior, hemos querido asimilar algunos elementos básicos de la diferenciación socioeconómica en la ZMVM que nos sirvan como contexto y marco explicativo del comportamiento territorial de los índices de marginación y de desarrollo humano que, partiendo de consideraciones teórico-metodológicas distintas, pueden ayudarnos en la caracterización de las diferencias socioeconómicas de la población metropolitana, a pesar de que la estrategia de investigación utilizada por Rubalcava y Schteingart no se centra en la búsqueda de explicaciones a los procesos que han llevado a esa división social del espacio, puesto que les interesaba esencialmente establecer “una primera descripción, detallada y a diferentes niveles, de esa organización” (Rubalcava y Schteingart, 2012: 145). Por nuestra parte, señalamos que la inclusión de los dos índices compuestos en la revisión que presentamos a continuación no se hace con el fin de establecer una comparación de las capacidades explicativas de ninguno de ellos, menos aún de evaluarlos metodológica y técnicamente.

Se recurre a ellos en primera instancia por la ausencia de datos desagregados a nivel municipal y delegacional, y por AGEB para los índices de pobreza más utilizados en México, y de los que ya se ha dado cuenta aquí; en segundo lugar, por ser índices calculados por organismos públicos nacionales e internacionales que, a pesar de presentarse como instancias “neutras”, no dejan de mostrar una posición frente a los resultados que sus propias mediciones arrojan; es decir, considerar los grados y niveles de marginación o desarrollo humano presentados por el gobierno federal y la ONU nos permite dimensionar la gravedad o levedad de las diferencias socioeconómicas en la metrópoli, considerando la posibilidad de que dichas mediciones tengan algún sesgo. Por último, y derivado de la ausencia arriba mencionada, hemos acudido a ellos por el hecho de que su medición tiene la virtud de mostrarse de manera constante en el tiempo y con un nivel de desagregación mayor que las mediciones “más confiables”.

Con el trabajo de Rubalcava y Schteingart hemos podido constatar la importancia que tienen las variables socioeconómicas en la determinación, en su caso de la división socioespacial y la segregación social; entre ellas destacan la población ocupada, el tipo de trabajo que realizan y los ingresos percibidos; también hemos podido detectar que la consideración de aspectos relacionados con la vivienda (agua, propiedad, hacinamiento) y con la educación (instrucción pos primaria) influyen de manera significativa para la definición de estratos sociales en la metrópoli. En este sentido, los dos índices que a continuación revisamos se caracterizan por reconocer que estos indicadores son importantes en la definición tanto de la marginación como del desarrollo humano. Un tercer componente de estos índices es la salud que, en la investigación anteriormente reseñada, se muestra como una variable “indirecta”, en el sentido de que algunas de las variable medidas tienen implicaciones directas en la salud de los habitantes, tal es el caso de la consideración del servicio de agua entubada en la vivienda y que en los dos índices compuestos en cuestión también tiene un peso específico, directa o indirectamente.

Habría que recordar que en el último tercio del siglo XX, las críticas a las mediciones del desarrollo centradas exclusivamente en indicadores macroeconómicos como el PIB y, en su caso, el PIB per cápita, tienen un avance importante derivado de los aportes de la economía del desarrollo que se orientó hacia el reconocimiento de otros aspectos que tienen también una incidencia en la definición de los grados de desarrollo de una población; en particular fue el reconocimiento de las condiciones socioculturales el que desató la discusión en torno a las formas de concebir y cuantificar, en un primer momento, el desarrollo y más adelante, el desarrollo humano y la pobreza, y en el caso mexicano la marginación (Gutiérrez y Gama, 2010).

Estos avances derivaron en la década de los noventa en la concepción y medición del índice de desarrollo humano (IDH), que fue formulado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito de superar precisamente las formas tradicionales de medir el desarrollo. Los Informes sobre desarrollo humano elaborados desde 1990 con diferentes niveles de análisis (mundial, regional y nacional) han sido los documentos que dan cuenta de la situación que guarda la población en términos de sus capacidades u oportunidades de desarrollo. Por su parte, los índices de marginación elaborados por Conapo fueron calculados en México con la finalidad de proporcionar información que pudiera reorientar los programas de desarrollo económico y apoyar en la definición de las nuevas políticas sociales que se empezaban a reorientar hacia las formulaciones de corte neoliberal, es decir, focalizadas y asistencialistas; desde entonces, la medición de la marginación en México ha sido una constante que los diferentes gobiernos han mantenido más o menos sin alteración conceptual y metodológica.

Es por eso que, en particular para muchas instancias de gobierno, la construcción y medición de los índices de marginación es un referente obligado y un punto de partida, a pesar de haber sido ampliamente criticados en su momento por investigadores e instituciones que se dieron a la tarea de determinar y cuantificar sus propios indicadores, no de marginación, sino de desarrollo o pobreza. Sin embargo, no por ello podemos negar que su cálculo representa un esfuerzo institucional por medir una realidad social evidente: la exclusión de amplios sectores de la población de un conjunto de condiciones materiales y satisfactores sociales, que el Conapo relacionó precisamente con la noción de marginación.²⁷ Este organismo reconoció desde un principio que la marginación es un fenómeno estructural y que, por lo tanto, se expresa:

“[… ] por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios (Conapo, 2001: 11).²⁸

2.2.2. Trayectoria de la marginación municipal y delegacional en la metrópoli

Aunque los indicadores de pobreza e ingresos nos marcan una pauta en términos de la diferenciación económica en la ZMVM, es conveniente revisar cómo se comportan territorialmente algunos otros indicadores compuestos,²⁹ que además de considerar los ingresos incluyen un conjunto de elementos asociados al bienestar de la población o su ausencia. En este sentido, debemos recordar y considerar que el índice de marginación de Conapo es solamente una aproximación estadística que describe ciertos rasgos del comportamiento de un fenómeno que sabemos es claramente más complejo; sin embargo, consideramos que este índice arroja algunas pistas a partir de las cuales podamos avanzar y profundizar en aspectos más puntuales que nos acerquen a una manifestación más clara de la geodiferenciación social metropolitana.³⁰

En la construcción del índice de marginación se consideran cuatro dimensiones: educación, vivienda, ingresos monetarios y distribución de la población, que a su vez dan cuenta de nueve formas de exclusión social: 1) analfabetismo; 2) población sin primaria terminada; 3) viviendas sin agua entubada; 4) viviendas sin drenaje; 5) viviendas sin energía eléctrica; 6) viviendas con piso de tierra; 7) algún nivel de hacinamiento; 8) población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos; así como 9) localidades de menos de 5 000 habitantes. Todas estas formas están medidas en términos del porcentaje de la población que “no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas” (Conapo, 2001: 11), es decir, su intensidad espacial, como ellos mismos lo consideran.

Si bien esta medición presenta diversos problemas teóricos y metodológicos, una de sus ventajas es el hecho de que se ha mantenido su conceptualización y estimación por tres décadas consecutivas, lo que permite establecer comparaciones temporales desde 1990 hasta el año 2010, de manera que conocer su comportamiento a nivel municipal y delegacional nos posibilita tener otra aproximación a la evolución de las diferenciaciones sociales intrametropolitanas. Para agilizar la revisión de la marginalidad en la ZMVM hemos optado por utilizar el grado de marginación que se desprende de la distribución del índice en cinco rangos que dan cuenta de los distintos niveles en que se encuentra la población en términos de marginación; ambos medidos a nivel municipal y delegacional.

En 2010, a nivel de entidad federativa, el Distrito Federal se encontraba entre las cuatro entidades que presentaban un grado muy bajo de marginación, ubicándose en último lugar nacional, mientras que el Estado de México se situó entre los nueve estados con un grado bajo de marginación, colocándose 12 lugares por debajo del DF. Habría que resaltar que para ese año, el indicador solamente calificaba a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas con un muy alto grado de marginación; estos estados representan en conjunto 10.7% de la población nacional (Conapo, 2012), lo cual parece contrastar con las mediciones de la magnitud de la pobreza incluidas en el primer capítulo de este trabajo. Desde los años 1990 y 2000, el DF presentaba ya un grado muy bajo de marginación (la menor de todo el país), mientras que el Estado de México se colocaba con grado bajo en las dos mediciones (Conapo, 2002 y 1992).

Cuando hacemos una revisión a nivel delegacional y municipal encontramos que en el DF solamente la delegación Milpa Alta presenta un grado de marginación bajo, mientras que en el Estado de México se presenta una mayor heterogeneidad en el comportamiento de este indicador al incluir municipios con grados que van de muy bajo a medio. En la Región II Zumpango que incluye 29 municipios mexiquenses (todos pertenecientes a la ZMVM) se considera que los municipios de Axapusco e Isidro Fabela (con 0.8% de la población de la región) tienen un grado medio, mientras que nueve municipios más, se ubican en un grado bajo; en la Región III, Texcoco (compuesta por 29 de los 58 municipios metropolitanos) solamente Atlautla y Ecatzingo se definen con un grado medio de marginación (0.6% de esta región), en contraste con los 17 municipios que se encuentran con un grado bajo (28.4%) y los 10 que se ubican con un grado muy bajo y que absorben hasta 71% de la población; Villa del Carbón (Región VIII Jilotepec) presenta un grado Medio.

En el mapa 2.2 se puede apreciar cómo se ha comportado el grado de marginación entre 1990 y 2010 a nivel municipal y delegacional. Para el caso del DF se confirma en gran medida el comportamiento de la entidad ya que ésta presenta gran estabilidad en su interior en el sentido de que 14 de sus 16 delegaciones no han presentado variación alguna, manteniéndose con un muy bajo grado de marginación; solamente Tláhuac y Milpa Alta mostraron alteraciones (mejoría) al pasar de 1990 a 2000 de una baja a una muy baja marginación, aunque la última medición (2010) vuelve a colocar a Milpa Alta en un grado Bajo, lo que constituye un retroceso que llama la atención.

Por su parte, en la porción mexiquense de la ZMVM encontramos una trayectoria mucho más dinámica: por un lado, podemos identificar un conjunto de 15 municipios que bordeando al DF por el poniente, norte y nororiente comparten con éste la estabilidad de un grado de marginación muy bajo sostenido por 20 años y que corresponde principalmente con aquellos municipios que conformaron el área conurbada de la ciudad de México y que en 1990 ya se encontraban totalmente integrados a la zona metropolitana; por otro lado, tenemos otro importante grupo que incluye 15 municipios, los cuales iniciaron el periodo con un grado bajo y que en las siguientes décadas lograron mejorar su situación sumándose al grupo anterior de grado muy bajo de marginación, de ellos solamente Tequixquiac y Teotihuacán lo lograron hasta el año 2010, mientras que el resto lo hicieron 10 años antes; dos más pasaron de un grado alto a uno medio (Ecatzingo y Villa del Carbón), en tanto Nopaltepec y Hueypoxtla superaron el grado medio y pasaron a uno de baja marginación (véase mapa 2.2).

Con un grado bajo de marginación, un tercer grupo de municipios mexiquenses (20) se suman a la estabilidad metropolitana manteniéndose en ese nivel durante las tres mediciones, la gran mayoría de ellos localizados en el sur oriente de la ZMVM; no obstante su situación también puede interpretarse como un estancamiento metropolitano, fenómeno que se amplía a los municipios de Atlautla, Isidro Fabela y Axapusco que se han mantenido desde 1990 con un grado medio, o el caso de Otumba que momentáneamente empeoró su situación al pasar de un grado bajo a uno medio para posteriormente volver a bajo. Finalmente llama la atención que ningún municipio o delegación metropolitana ha enfrentado un deterioro de su situación socioeconómica en términos de su grado de marginación (véase mapa 2.2).

Mapa 2.2
Grados de marginación en la ZMVM (1990, 2000 y 2010)

Fuente: Elaboración propia con base en el informe del Consejo Nacional de Población.
Elaboraron: Mtra. Laura Olivia Díaz Flores y Mtro. Ernesto García López.

En la ZMVM, 29 unidades político-administrativas se encontraban en 1990 con grado muy bajo y 15 más alcanzaron este grado en los siguientes 20 años, conformando poco más de 50% de la metrópoli, mientras que entre 33% (1990) y 35% (2010) tienen un grado bajo; es decir, más de 80% de los municipios y delegaciones no presentan problemas graves de marginación, lo que confirma la situación privilegiada en que se encuentra respecto del resto del país.

Si bien, lo anterior nos arroja un primer acercamiento a la situación diferencial que guardan las unidades político-administrativas que conforman la zona metropolitana, no podemos dejar de lado el hecho de que los indicadores considerados para la medición de este índice establecen claramente una relación entre la marginación y las características socioeconómicas y territoriales propias de la ruralidad, de manera que las ciudades resultan favorecidas por este hecho y presentan reiteradamente grados de marginación bajos y muy bajos; en cambio, la incorporación de nuevos municipios a la ZMVM se da a partir de la pérdida del predominio total de las actividades rurales en sus territorios, por lo que su grado de marginación oscila entre medio y alto como hemos constatado aquí.

Por nuestra parte, señalamos que el referente utilizado para determinar un grado muy bajo de marginación parece ser bastante laxo, políticamente condescendiente, partiendo de la calidad de vida de los pueblos campesinos más aislados y empobrecidos con gradientes de mejoramiento muy reducidos para pasar de un grado a otro; dicho de otra forma, se considera aceptable y adecuada una calidad de vida urbana muy baja. Por ello, Iztapalapa que todos coinciden en señalar como la demarcación más pobre, excluida, insegura y conflictiva de la capital, aparece con muy baja marginación para el Conapo.

Lo anterior tiene cierta correspondencia con los resultados presentados por Rubalcava y Schteingart (2012) en términos de los procesos de cambio y estabilidad asociados a la consolidación urbana y expansión metropolitana; es decir, el crecimiento físico de la metrópoli incorpora delegaciones y municipios que corresponden con los estratos más bajos, de manera que dichas demarcaciones son sustituidas por otras con grados mayores de marginación que se incorporan a la ZMVM reproduciendo el proceso en el tiempo.

Por otra parte, la metropolización de las periferias va acompañada de un proceso de consolidación urbana que Duhau (1998) ya había detectado para el caso de la urbanización popular; sin embargo, su vinculación con la distribución territorial de los distintos estratos socioespaciales está determinada por una relación directa en el sentido de que las unidades político-administrativas van se colocan en estratos superiores a medida que se van consolidando en términos de urbanización; así, las delegaciones y municipios que se metropolizaron primero —con el transcurrir del tiempo— se van separando de aquellas de reciente incorporación y colocándose a la cabeza de la estratificación socioespacial metropolitana (Rubalcava y Schteingart, 2012).

2.2.3. Redimensionamiento de la marginación urbana

Sin negar los resultados que arroja el índice y grado de marginación a nivel municipal y delegacional, consideramos pertinente acercarnos a otra medición elaborada por el mismo Conapo: la marginación urbana, calculada de manera similar para los años 2000 y 2010, la cual modifica los indicadores considerados e incluso incluye en alguno de los casos nuevas dimensiones de la marginación, como las cuestiones de género. Este índice y su grado de marginación, fueron calculados para las principales ciudades de México, así como para las zonas metropolitanas, con una desagregación a nivel de áreas geo-estadísticas básicas (AGEB), lo que nos permite dimensionar con mayor detalle su distribución territorial:

El índice de marginación urbana incorpora cinco dimensiones: acceso a la salud; acceso a la educación; acceso a una vivienda digna y decorosa; la percepción de ingresos monetarios suficientes; y las desigualdades de género. Con base en estas cinco dimensiones, se identifican once formas de rezago, cuya intensidad espacial es medida como el porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas (Conapo, 2002: 12).³¹

En 2000 se calculó el índice de marginación urbana para un total de 4 370 AGEB de las cuales 2 307 pertenecían al DF y el resto al Estado de México. Los mayores porcentajes de AGEB con grado de marginación se encontraban en bajo y medio con casi 30% cada uno, 15% se encontraba en grado muy bajo, mientras el restante 25% presentaba un grado de marginación urbana alto y muy alto, es decir, poco más de un cuarto de la población que habita en alguna AGEB urbana de la ZMVM se encontraba en situación grave de marginación; con esto se empieza a diluir la impresión derivada del análisis anterior, de una metrópoli con poca incidencia de la marginación (véase cuadro 2.1).

Cuadro 2.1
Grados de marginación urbana (2000-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo(2002) y Conapo (2012)

En un intento por reconocer algún patrón en la distribución territorial de los grados extremos de la marginación urbana, por ejemplo, podemos identificar que difícilmente se presentaban colindancias geográficas entre muy alta y muy baja marginación, aunque tampoco podemos sostener una polarización entre ellas; más bien se alcanzaba a dibujar una especie de “gradiente” centro-periferia con origen en un conjunto de AGEB de la delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, que en su mayoría mostraban un grado de marginación muy bajo (y en segundo lugar bajo), y a partir de las cuales va aumentando el grado de marginación urbana hacia las áreas geo-estadísticas periféricas en una combinación muy bajo-bajo (Conapo, 2002).

Las AGEB con grado bajo se entremezclaban rápidamente con las de grado medio con una fuerte presencia en el resto de las delegaciones del DF y en municipios como Tlalnepantla y Huixquilucan en el poniente, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza en el norponiente, o Ecatepec y Netzahualcóyotl en el nororiente; en conjunto, reunían hasta 60% de las AGEB urbanas. A partir de aquí es que las áreas con grados alto y muy alto tenían una mayor presencia, destacando las delegaciones Gustavo A. Madero (porción norte), Iztapalapa y Xochimilco, o municipios como Tlalnepantla en su porción oriente, Chimalhuacán y La Paz, por ejemplo.

En cuanto a las AGEB con grado muy alto, podemos agregar que era todavia más clara una localización coincidente con los límites de las “áreas naturales”, el suelo de conservación, así como con las áreas con mayores pendientes de las sierras de Guadalupe y de Santa Catarina y el ex Lago de Texcoco o los humedales de Xochimilco, Tláhuac y Chalco, por ejemplo. Finalmente, podemos aseverar que las áreas con menor grado de marginación correspondían a una localización centralizada que guarda relación con las delegaciones más antiguas en términos de consolidación urbana.³²

Diez años después, la marginación urbana en la ZMVM presentaba cambios significativos: de las 5 666 AGEB urbanas registradas, 1 666 presentaban un grado medio de marginación, siendo el grado con mayor presencia (29%) seguido de los grados alto y muy bajo con 23% y 21%, respectivamente. Ahora bien, si agrupamos alto y muy alto encontramos que su presencia en la metrópoli (1 587 AGEB, cinco millones de habitantes aproximadamente) se ha mantenido con un peso de 28%, aunque se observa una transferencia del grado muy alto al alto como se puede apreciar en el cuadro 2.1, lo que nos haría pensar que en esas áreas ha mejorado la situación socioeconómica de la población. De igual manera, entre 2000 y 2010 se redujo el peso relativo del grado bajo y aumentó el muy bajo, aunque no en la misma proporción, dando cuenta con ello también de un mejoramiento relativo y acotado en los sectores de la población con mejores condiciones socioeconómicas.

Por otro lado, estos cambios en el peso relativo de cada uno de los grados de marginación urbana se manifestaron territorialmente modificando su distribución metropolitana, de manera que la difusión del grado muy bajo es claramente identificada. En particular, destaca el hecho de que prácticamente la totalidad de las AGEB de Benito Juárez se encontraban en este grado, reforzando nuestra interpretación de la difusión descendente centro-periferia; no obstante, ahora se distingue con mayor claridad la conformación de una amplia franja que incluye, además de toda la delegación Benito Juárez, la parte poniente de Cuauhtémoc, la mayor parte de Miguel Hidalgo, exceptuando las AGEB del entorno de Tacuba, mientras que por el sur dicha franja incluía la delegación Coyoacán, sin considerar la “isla” de media y baja marginación que comprendía colonias como Santo Domingo y Santa Úrsula.

La presencia en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán y Huixquilucan e incluso Ecatepec, de amplias áreas de muy baja marginación, se explica a partir de la inclusión de sectores de ingresos medios y altos en el poniente de la ZMVM; tal es el caso de Satélite e Interlomas, por ejemplo; cabe señalar que las AGEB con marginación alta y muy alta solamente aparecen en los municipios fronterizos del poniente. A la inversa, en los municipios mexiquenses del norte y oriente predominaron las áreas geo-estadísticas con grados medio y alto que, junto con otras AGEB del DF localizadas de manera más dispersa en el sur, constituyen el universo de lo que Duhau y Giglia (2008) reconocen como los pueblos conurbados y no conurbados de la zona metropolitana.

A partir de lo anterior, podemos afirmar que la marginación urbana en esta metrópoli mostraba en el año 2010 un patrón territorial que tendía al mejoramiento de las áreas totalmente consolidadas al interior del DF, primordialmente hacia el poniente, incluyendo los municipios conurbados, aunque no exclusivamente; y un estancamiento en los municipios metropolitanos del norte y oriente que también corresponde a la incorporación de nuevos municipios a la ZMVM y que suelen ser localidades que recién han dejado de lado la economía rural.

2.2.4. Los altos niveles del índice de desarrollo humano

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador formulado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito de superar las formas tradicionales de medir el desarrollo basadas en indicadores exclusivamente económicos, incorporando aspectos sociales que le dan una nueva orientación a la noción misma de desarrollo. Los Informes sobre desarrollo humano elaborados desde 1990 son los documentos que dan cuenta de la situación que guarda la población. En este sentido, habría que recordar que la propuesta de la economía del desarrollo se orienta hacia el reconocimiento de aspectos socioculturales que inciden en el desarrollo de las personas, de ahí que su adjetivación busque diferenciarse del desarrollo económico que, como bien sabemos, no se traduce automáticamente en mejoras de las condiciones socioeconómicas de la población.³³

El IDH calculado para México presenta entre los años 2000 y 2010 un ligero incremento al pasar de 0.806 a 0.832; cabe aclarar que este índice considera el valor uno como el nivel más alto de desarrollo humano de una nación y cero como el más bajo, de ahí que México se ubique a nivel mundial, para el año 2012, en el sitio número 61, formando parte del grupo de naciones con un desarrollo humano alto, por debajo de Panamá, Cuba y Uruguay, y por encima de Costa Rica, Venezuela o Brasil. Desde 2009, el PNUD reconoce que México ha estado por arriba de la media de los países con más alto desarrollo humano, ubicándolo así, entre el 25% de los países con mayor desarrollo humano, con un nivel de 0.770 para 2011 (PNUD, 2012: 7).³⁴

Gráfica 2.1
Índice de desarrollo humano en México, Distrito Federal y Estado de México, ( 2000-2005)

Fuente: PNUD (2012). Índice de desarrollo humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas. México. Nota: La serie 2007-2010 no es estrictamente comparable con la serie 2000-2006 debido al cambio metodológico introducido por el INEGI para el cálculo del PIB Estatal. La base de datos y sus componentes se encuentran disponibles para su consulta en: www.undp.org.mx/desarrollohumano.

A nivel de entidades federativas, el IDH nuevamente nos deja ver las diferencias regionales que históricamente han marcado a México, en particular podemos destacar el hecho de que el Distrito Federal se encontraba encabezando las estadísticas al poseer un valor promedio de 0.907 entre los años 2000 y 2010, por arriba del promedio nacional del periodo (0.819) (véase gráfica 2.1.). En términos de la composición del índice, el DF tenía un mejor desempeño en materia de ingresos y educación, y el tercer lugar en salud. Cabe destacar que esta entidad concentraba cinco de los 10 municipios/delegaciones con mayor IDH en el país: de éstas destacaban en 2005 Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán; mientras que las que presentaban un índice muy bajo fueron Tláhuac, Iztapalapa y Milpa Alta. En cuanto al mejoramiento de su desarrollo, Cuajimalpa tuvo el mejor desempeño al subir siete lugares entre 2000 y 2005. En contraparte, la delegación Álvaro Obregón retrocedió tres lugares (véase cuadro 2.2).

En cuanto al Estado de México, los datos del periodo 2000-2005 señalan que a pesar de que la entidad incrementó el número de municipios con un IDH alto también amplió la brecha intermunicipal; es decir, a pesar de que la entidad registró mayores niveles que el promedio nacional en estos años, éste ha estado acompañado de mayor desigualdad entre sus localidades (PNUD, 2011: 14). En los municipios mexiquenses, las diferencias de ingreso explican más de 90% de la desigualdad, y los componentes de educación y salud son los que más impulsan el desarrollo humano en la entidad (PNUD, 2011:14-15) (ver gráfico 2.2).

Cuadro 2.2
Índice de desarrollo humano por delegación ( 2000-2005)

Fuente: PNUD (2008). El índice de desarrollo humano por delegación 2000-2005. México

A partir de una estimación de las tendencias históricas, el PNUD (2004) considera que el Distrito Federal ha logrado mantenerse en la posición más alta, mientras que el Estado de México ha mostrado una dinámica que lo ubica en posiciones crecientes desde 1950 y hasta 1980 aproximadamente, incluso registrando valores por arriba del IDH promedio a nivel nacional. A partir de ese momento, cae constantemente hasta el año de 1995, cuando vuelve a repuntar sin alcanzar en 2000 el nivel de los años ochenta (véase gráfica 2.3). Ambas entidades se caracterizan por presentar disparidades internas entre sus delegaciones y municipios, principalmente, por la desigualdad en la distribución del ingreso, seguido de la educación y la salud. El Estado de México es una de las entidades federativas que contribuye en mayor proporción a la desigualdad nacional; de igual modo, su contribución al IDH nacional ha tenido fuertes altibajos, sobre todo en periodos de crisis como el de la década de los ochenta, tendencia que se recrudeció no sólo en esta entidad, sino en todo el país, al tener el menor nivel de crecimiento en el IDH entre 2000 y 2012 (PNUD, 2013).

Gráfica 2.2
Índice de desarrollo humano y componentes para el Estado de México, 2000-2010.

Fuente: Índice de desarrollo humano México 2011. México.
Nota: Las estadísticas utilizadas para calcular los indicadores de desarrollo humano en el Informe 20011 hacen referencia a la información comparable y disponible más reciente. Generalmente, en sus versiones mundial y nacional, el Informe sobre desarrollo humano tiene un desfase de al menos dos años en la información estadística presentada respecto del año de la publicación. Los índices aquí presentados no son comparables con los publicados en los informes de desarrollo humano anteriores. Entidades ordenadas alfabéticamente. Desarrollo humano México 2011, PNUD.

Gráfica 2.3
Dinámica del IDH, en el DF y Estado de México (1050-2000)

Fuente: PNUD (2004). Índice de desarrollo Humano Municipal en México. México. En línea: http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/eventos/images/Metepec.pdf.

Para cerrar este apartado hemos considerado una aproximación a la distribución territorial del IDH, estableciendo que su comportamiento para los años 2000 y 2005 muestra una tendencia hacia el mejoramiento del nivel de desarrollo de un importante número de demarcaciones metropolitanas que pasaron de un índice medio a uno alto; (según los propios parámetros del PNUD; sólo 15 unidades político-administrativas se mantuvieron en el mismo nivel medio (entre ellas, Milpa Alta) y otras 35 se sostuvieron con un índice de desarrollo humano alto (véase gráfica 2.3).

Llama la atención la homogeneidad que expresa este indicador; posiblemente se deba al reducido número de rangos que considera la ONU para su estratificación, además de sobreestimar los indicadores. Recordemos que a nivel mundial, México se localiza dentro de las naciones con un desarrollo humano alto, lo cual resulta bastante dudoso si consideramos los índices de pobreza y de pobreza extrema estimados en los últimos años. En conclusión, podemos agregar que este indicador refuerza la tendencia general a considerar a la ZMVM como una de las aglomeraciones con mejores condiciones de vida del país, sin que se logre definir claramente las diferencias socioeconómicas internas, como se puede apreciar en el mapa 2.3.

2.3. La escolarización y el acceso a la salud como factores de la diferenciación socioterritorial

Como observamos en el apartado anterior, los indicadores compuestos para medir las desigualdades o la diferenciación social en el territorio incluyen, además de los ingresos, otros elementos que se consideran necesarios para el desarrollo de sus habitantes. Estos se refieren a la existencia y apropiación de condiciones generales de la reproducción social como la vivienda, el agua potable o el drenaje, así como la salud y la educación, que implican a la vez la existencia de soportes materiales como la producción del efecto útil o servicio (Pradilla, 1984: caps. 1 y 2).

Aunque reconocemos esta realidad, los límites de tiempo y recursos humanos y materiales nos han impedido abordar analíticamente todas estas condiciones; por ello nos limitaremos a incluir elementos analíticos sobre la educación y la salud.

2.3.1. Los establecimientos escolares y sus contextos

La educación ha sido y es uno de los principales factores que influyen directamente en la mejora o deterioro de las condiciones de vida de una población, al menos desde el siglo XX. Acceder a una educación de calidad puede ser un factor que incida positivamente en las condiciones de vida de las personas, sin que ello, por sí mismo, garantice necesariamente el acceso a un nivel de vida elevado. Como bien sabemos, cada vez es mayor el número de personas que han realizado estudios a nivel superior, por ejemplo, y que no han encontrado un empleo en el cual puedan ejercer su profesión, pues eso depende de la oferta de empleo profesional que genere el sistema socioeconómico en un momento determinado, oferta estructuralmente muy limitada en México y en la ZMVM, como lo señalamos en la primera parte de esta investigación (Pradilla et al., 2015).

A pesar de que contar con una educación escolarizada³⁵ no es garantía de una mejora sustancial en las condiciones de vida, reconocemos que en las ciudades la escolarización de sus habitantes abre, cuando menos, la posibilidad de la obtener un empleo estable y seguro en un mercado formal donde la preparación es aún un factor importante para cierta productividad, tanto de bienes como de servicios. Es por ello que hemos optado por incorporar un apartado en el que reflexionamos en torno al papel que juega la escolarización en la definición de las diferenciaciones socioeconómicas que presenta la ZMVM. En primera instancia, consideramos importante contar con un contexto general de la organización del sistema educativo mexicano y el impacto territorial que ha tenido en la metrópoli el impulso que se le dio durante una parte sustancial del siglo XX, el cual sentó las bases de la situación en los últimos 30 años.

El sistema educativo en México se estructura por grados y niveles sucesivos de acuerdo con las edades de los educandos; asimismo, en cada uno de los niveles se pueden reconocer diferencias en la orientación pedagógica, de manera que se identifican modalidades en la educación que enfatizan la formación científica, técnica, artística, etc. (Sedesol, 2010). Como bien sabemos, la impartición de la educación en México es una atribución del Estado en sus distintos niveles de gobierno y, al mismo tiempo, un derecho reconocido desde la Constitución de 1917. Sin embargo, el Estado nunca ha tenido la exclusividad de su impartición; por el contrario, históricamente la educación ha sido motivo de disputas por parte de diferentes corporaciones civiles, religiosas o militares, que han buscado imprimirle una orientación ideológica particular.

A partir de que se definió la educación en México como laica, gratuita y obligatoria, el gobierno federal se ha encargado de establecer las grandes directrices de la política educativa a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con los gobiernos locales. Habría que recordar que a partir de la política de descentralización del sistema educativo hacia los estados y municipios,³⁶ y como parte de la reforma del Estado (1992), se amplió el margen de la escolaridad considerada como educación básica obligatoria hasta la secundaria, ya que anteriormente sólo consideraba los niveles preescolar y primaria.³⁷

Con base en los datos proporcionados por la SEP (2010) en el Sistema Nacional de Información de Escuelas, hemos revisado la distribución territorial de la totalidad de los planteles educativos registrados y localizados en la ZMVM. Sólo se ha considerado lo que comúnmente se reconoce como “equipamiento educativo”, es decir, los establecimientos escolares en los que se imparten servicios educativos a la población, por lo que han quedado fuera de este análisis todas aquellas instalaciones, que si bien son indispensables para el desarrollo de las actividades educativas, juegan un papel administrativo, operativo e incluso burocrático o de cualquier otra índole, pero alejado de la docencia.³⁸

Del conjunto de establecimientos de educación incluidos en el Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP (2010), hemos considerado: jardines y centros de desarrollo infantiles, centros de atención preventiva, escuelas especiales, escuelas primarias, centros de capacitación para el trabajo, secundarias generales y técnicas, telesecundarias, preparatorias y bachilleratos, institutos y universidades.³⁹

Agrupamos los establecimientos en tres niveles: educación básica (preescolares, primarias y secundarias), educación media superior (preparatorias y bachilleratos), y escuelas de nivel superior (centros de investigación, institutos y universidades). Asimismo, en estos tres niveles consideramos tanto escuelas públicas como privadas, incluyendo en las primeras aquellos establecimientos en los que se realiza un servicio educativo sin fines de lucro (a pesar de que pueda existir algún pago por el servicio o parte de él) y que dependen directamente del gasto público para su operación y desarrollo, independientemente de que algunos de ellos pertenezcan a instituciones educativas autónomas como las universidades. De igual manera, entendemos como escuelas privadas a todas aquellas instituciones en las que el precio y pago de una colegiatura condicionan el acceso al servicio educativo, siendo precisamente los ingresos derivados de dichos cobros uno de los principales motores de su existencia. La inclusión de los planteles educativos de carácter privado obedece primordialmente al interés por establecer una relación entre su fuerte presencia en la metrópoli y el crecimiento que ha tenido esta modalidad de oferta educativa en los últimos años; ello se ha constituido en un importante sub-mercado de los servicios que se ofertan en la ZMVM, a partir de la implantación de las políticas neoliberales en México.

Antes de adentrarnos en los datos referidos al número de establecimientos educativos existentes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), consideramos pertinente reconocer que la presencia de escuelas de todos los niveles educativos en esta metrópoli es el resultado de un largo proceso histórico que se remonta muy atrás en el tiempo, por lo que habría que recordar el lugar que ha tenido la ciudad de México en la conformación de la zona metropolitana. Como capital de la república, la ciudad de México ha sido, al menos desde principios del siglo XX, el lugar de asiento de las principales instituciones encargadas, primero de la instrucción y después de la educación.

Desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 se dio inicio a un largo proceso de centralización de las atribuciones del gobierno federal en la materia, así como una fuerte concentración de las actividades escolares y, principalmente, de las instalaciones físicas para la impartición de la educación en sus diferentes niveles y orientaciones, desde el jardín de niños hasta la formación profesional. Sabemos del impulso que se le dio a la educación básica en las décadas posteriores a la Revolución Mexicana, durante el cardenismo, y en los años de la “modernización” de la ciudad de México, aunque desconocemos las cifras del número de escuelas primarias y secundarias creadas desde entonces. Sin embargo, podemos hacer una breve síntesis del comportamiento de la educación en sus niveles superiores, dado que es ahí donde encontramos un comportamiento territorial diferencial respecto de la oferta educativa de los niveles básicos, que consideramos se ha localizado de una manera mucho más homogénea en la ZMVM.

En términos generales, podemos identificar dos tendencias contrapuestas en la localización de los primeros planteles educativos de nivel medio superior y superior: en primer lugar, se considera que fue la centralización del poder emanada de la Revolución Mexicana la que obligó a la educación superior a concentrar sus esfuerzos y recursos en instituciones nacionales y a centralizar territorialmente sus establecimientos en las áreas más antiguas de la ciudad de México; esto hasta mediados del siglo XX, momento a partir del cual se invirtió la tendencia al expulsar los servicios educativos hacia la periferia en un proceso de descentralización que permitió un mayor acceso a la población en edad de estudiar. No obstante, la urbanización y, en particular, el proceso de metropolización rebasó por mucho este esfuerzo de dispersión escolar.

La Universidad Nacional de México, fundada en 1910, fue producto de una política de centralización de distintas escuelas de educación superior como la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela Preparatoria, la Escuela de Ingenieros y la Escuela de Bellas Artes, entre otras. En 1929 logró su autonomía y se constituyó en la UNAM, que tras un proceso de ampliación y descentralización física se trasladó en 1954 a la Ciudad Universitaria, en los pedregales de San Ángel, en los límites de Coyoacán. Fue a partir de la década de los cincuenta cuando a nivel medio superior se inició la construcción de los nueve planteles universitarios en diferentes delegaciones del DF: Tlalpan en 1955; Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza en 1964; Azcapotzalco en 1965; Coyoacán en 1959; Iztacalco en 1978; y Xochimilco y Gustavo A. Madero en 1980.

De la misma manera, la centralización de la enseñanza técnica industrial se logró con la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1936, al inaugurarse las primeras instalaciones propias en la exhacienda de Santo Tomás (delegación Miguel Hidalgo), e incorporó los edificios que anteriormente ocupaban las distintas Escuelas de Oficios, Construcción, Comercio, Administración, etc., todas ellas localizadas en el centro de la ciudad de México (delegación Cuauhtémoc). En 1959 se inauguraron sus primeras instalaciones en la Unidad Profesional de Zacatenco; y a partir de entonces, la expansión del IPN ocurrió mediante la creación y apertura de diferentes planteles, ahora sí descentralizados, tanto de educación superior (unidades profesionales), como media superior (escuelas vocacionales).

En cuanto a las instituciones privadas, no podemos negar la importancia que ha tenido la Universidad Iberoamericana (UIA) en la educación superior de la metrópoli. Fundada a partir del Centro Cultural universitario (CCU) a principios de los años cincuenta, la “Ibero” tuvo un importante crecimiento en las siguientes décadas, inaugurando en 1962 sus primeras instalaciones en el oriente de la delegación Coyoacán, para después trasladarse a Santa Fe en 1988, ocupando las 20 hectáreas que el gobierno federal le había donado desde 1981. Por su parte, la Universidad Anáhuac, creada en 1964, tuvo desde entonces una importante expansión y creó su campus en 1968 en Lomas Anáhuac (Huixquilucan).

La década de los setenta fue particularmente significativa en términos de la creación y apertura tanto de instituciones educativas como de nuevos planteles. La UNAM incorporó a su oferta educativa, a nivel medio superior, cinco Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH): cuatro en el DF (Azcapotzalco, Vallejo, Sur y Oriente) y uno en el Estado de México (Naucalpan), con la clara intención de abrir el horizonte educativo a la realidad metropolitana. En este mismo sentido, pero a nivel superior, en 1974 comenzó a operar la Universidad Autónoma Metropolitana con tres unidades: Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco, en las delegaciones Iztapalapa, Azcapotzalco y Coyoacán, respectivamente. Por su parte, la educación privada a nivel superior también presentó un importante despliegue en la ZMVM; por ejemplo, en 1973 se creó el campus ciudad de México del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la delegación Cuauhtémoc, que posteriormente se trasladaría a la delegación Tlalpan en 1990; y en 1976 se inauguró el campus Estado de México del “Tec de Monterrey”, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

A partir de estos antecedentes, podemos reconocer los dos comportamientos de la ubicación de la oferta educativa a nivel medio superior y superior: la consolidación de las grandes instituciones de carácter nacional que concentraron su oferta educativa en esta ciudad y que, hasta la primera mitad del siglo XX se localizaron en su área central, para después dar paso a un proceso de descentralización hacia algunas otras delegaciones del DF e incluso unos pocos municipios conurbados, como planteamos anteriormente.

Algunos estudios dan cuenta de que en 1980, cuando la ZMVM había tenido ya una expansión físico-demográfica muy importante, la educación superior, media y básica aparecían concentradas de manera significativa en ciertas delegaciones (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo), siendo la educación básica la que tenía una mayor cobertura, seguida del nivel medio; y que en 1990 los servicios, infraestructuras y equipamientos ya experimentaban la privatización y la reducción del gasto público o de los subsidios en educación, transporte, salud, luz, etc. En esa década, la mayor parte de las universidades públicas y privadas se ubicaban en el centro y sur del DF, encontrándose solamente instalaciones del IPN (Zacatenco) y de algunas universidades privadas al norponiente en municipios como Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla.

En relación con la educación primaria, en esos mismos años se tenía una cobertura muy elevada con una capacidad cercana a 98%; la educación secundaria alcanzaba 100%; y el nivel superior 88%, donde la cobertura de equipamientos era escasa en la periferia de la ciudad (Garza y Damián, 1991).⁴⁰ En esa década, el “equipamiento” de educación, en términos generales, se concentraba principalmente en las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, todas ellas especializadas en todos los niveles educativos, mostrando un superávit en el número de instalaciones respecto de su población. Estas cuatro delegaciones tenían el mayor número de planteles de educación media superior y superior, siendo la primera la que presentaba la más alta especialización total, mientras que en educación superior y posgrado era Coyoacán la que mostraba una alta especialización, con 46.43% de los equipamientos totales del DF. Por el contrario, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tláhuac y Venustiano Carranza eran las más deficitarias en número de planteles de todos los niveles (Preciat, 1997).

En relación con la educación primaria, Iztapalapa tenía 18% de la población total del DF y concentraba 15.90% de las instalaciones. En un sentido opuesto, Benito Juárez, con 4.95% de la población total, tenía 7.22% de los planteles de educación primaria; en educación media superior Cuauhtémoc era la más dotada con 44 de los 180 planteles existentes; por el contrario, los equipamientos de la educación preescolar, primaria y secundaria eran los más homogéneamente distribuidos: tan sólo en el DF había 2 120 planteles de primaria con 28 456 aulas (Preciat, 1997).

En 2000, asimismo, con el diseño del Proyecto Educativo del Sistema de Bachillerato por parte del Gobierno del Distrito Federal (GDF), se creó el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) con atribuciones en la operación y administración de los planteles de nivel medio de carácter público del DF, y se construyeron 15 planteles que pasaron a formar parte del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, y que se integraron a los 16 que ya estaban en operación. La instalación de los nuevos planteles se llevó a cabo en zonas con una cobertura deficitaria de acuerdo con su población, siendo las delegaciones Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Tlalpan las más beneficiadas con cuatro y el resto con dos respectivamente. En 2001, el GDF puso en operación la Universidad de la Ciudad de México, hoy autónoma (UACM), con el plantel San Lorenzo Tezonco (delegación Iztapalapa), abriendo así una nueva posibilidad para la educación pública a nivel superior.

Si nos atenemos a los datos proporcionados por el INEGI para el periodo 1997-2010, observamos que desde 1997 y hasta 2008, la ZMVM había presentado un crecimiento relativamente constante en el número de planteles educativos, para después dar paso a una reducción de los mismos, situación que se prolongó hasta 2010. En 1997 los 10 460 planteles que había en la metrópoli representaban 12.69% del total nacional (82 419), concentrándose más en el DF (5 603) y en menor cantidad (4 857) en los municipios del Estado de México; mientras que en 2010 constituían 15% del total nacional y una distribución entre las delegaciones del DF y los municipios mexiquenses del orden de 57% y 43%, respectivamente (véase cuadro 2.3).

Cuadro 2.3
Número de establecimientos escolares en la ZMVM (1997-2010)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI
*De acuerdo con datos de la SEP, en 2010 en la ZMVM existen 19,478 planteles educativos, incluyendo todos los niveles, cifra distinta a la de INEGI; los recuadros sombreados representan la mayor cobertura de planteles por entidad.

En el periodo 2000-2001 se dio un incremento relevante de los planteles educativos, al pasar de 14 228 a 19 358; éste último dato representaba 18.2% del total nacional (106 222). Lo anterior se debe posiblemente a que a partir de 2001 los datos del INEGI, además de comprender los niveles preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato y superior (datos contemplados en años anteriores), agregan los establecimientos de educación inicial y de formación para el trabajo. De este modo, los datos se elevan considerablemente, ubicándose en los municipios del Estado de México donde la mayoría de los planteles con la cifra de 10 591 frente a 8 761 del DF. En 2005 se contabilizaban 21 125 planteles educativos en la ZMVM, los que representaban 14.75% del total nacional (143 152); de ellos, 11 546 se encontraban en la porción mexiquense y 9 579 en el Distrito Federal.

A partir de 2008, se observa una tendencia negativa en relación con el número de planteles en la metrópoli, al comenzar a decrecer, pasando de 22 556 a 21 520 y a 21 460 en los años 2008, 2009 y 2010, respectivamente. Esta disminución se da principalmente al interior del DF y en menor medida en los municipios del Estado de México. En ello es posible que haya influido, al menos parcialmente, el hecho de que en 2008 la Secretaría de Educación Pública comenzó el Programa Especial de Verificación y Vigilancia: Regreso a Clases y Escuelas Particulares 2008, el cual significó la cancelación del registro y cierre, en ese año, de más de 200 escuelas (en su mayoría bachilleratos) por no cumplir con las normas mínimas en infraestructura, preparación de los profesores y diseño de planes de estudio, lo que hasta 2010 ha significado el cierre progresivo de un importante número de escuelas en la ZMVM (La Jornada, 2008).

La matrícula estudiantil a nivel nacional en 2010 estaba conformada por 33.8 millones de alumnos, de los cuales 75% se encontraba en el nivel básico, seguida del nivel medio con 11.5% de estudiantes, mientras que la educación superior representaba el 2.8%. En el caso de la ZMVM de los 20 119 943 de habitantes que la conformanban 4 717 965 asistía a la escuela representando así 13.95% de la nacional. Del total que asistía a la escuela en la ZMVM, 3 063 851 (64.9%) lo hacían al nivel básico, 791 998 (16.7%) a escuelas de nivel medio, y 862 116 (28.13%) a escuelas de nivel superior (INEGI, 2010). De lo anterior, llama la atención que sea menor el porcentaje metropolitano de la población que asistía a las escuelas de nivel básico que el nacional y que fuera mayor en los otros dos niveles, aunque no es difícil explicar esta situación si recordamos la concentración que históricamente ha tenido la educación media y superior en la ciudad capital, como lo hemos expuesto aquí.

Esta importante concentración de población en edad escolar constituye una demanda creciente de servicios educativos que son atendidos por un número, aunque grande, limitado de establecimientos escolares de todos los niveles, y que, como veremos, no es satisfecha cabalmente, lo que nos permitirá establecer una importante diferenciación territorial del acceso a la educación. Es precisamente esta cuestión demográfica la que es necesario tener en cuenta, ya que el tamaño de la población es uno de los principales criterios para que las instituciones encargadas de la planeación, construcción y apertura de nuevos establecimientos educativos consideren pertinente la creación de una nueva escuela (Sedesol, 2010). De acuerdo con las Normas de Equipamiento Urbano de Sedesol, un plantel del nivel preescolar solamente puede ser construido en aquellas localidades con una población mayor de 2 500 habitantes; una primaria en localidades mayores a 2 500; una telesecundaria en localidades menores de 5 000; las escuelas secundarias en localidades de 5 000 y más; las secundarias técnicas en localidades mayores a 10 000; una escuela preparatoria en localidades de 10 000 habitantes en adelante; y los colegios de Bachilleres y Conalep en localidades mayores a 100 000 habitantes, por ejemplo.

Los criterios anteriores quedan en entredicho al considerar localidades que forman parte de una aglomeración mayor, como la ZMVM, y que administrativamente pueden pertenecer a distintas entidades federativas; aún más si tenemos claro que los servicios educativos de carácter público no están restringidos en su oferta a un sector de la población en particular, ni se limitan a los habitantes de cierta entidad de la federación o a cierta derechohabiencia, como sucede con los servicios de salud, lo que posibilita que los habitantes de una localidad con una población reducida puedan asistir a otra para satisfacer sus requerimientos educativos. Además, para el caso de localidades metropolitanas los valores demográficos considerados como mínimos resultan rebasados por la gran mayoría de ellas, de manera que cualquier poblado metropolitano es susceptible de contar en su territorio con cualquiera de los establecimientos escolares considerados en la normatividad, y es ahí precisamente donde podremos detectar una distribución desigual de las instalaciones educativas.

2.3.2. Distribución territorial y crecimiento de la educación privada

De acuerdo con los datos incluidos en el Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE) de la SEP, hemos calculado que en 2010 existían en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 19 478 escuelas (de los tres niveles educativos); de ese total, 90.9% (17 713) pertenecía al nivel básico, 6.81% (1 328) al medio superior y 2.24% (437) al superior (véase gráfica 2.4); esto corresponde a la tendencia de disminuir el número de establecimientos en la medida en que se incrementa el nivel de escolaridad, lo que de alguna manera se relaciona con los planteamientos clásicos que sostienen que la especialización del servicio condiciona el número de establecimientos. Otro factor lo constituye la modificación de la estructura por edades de la población. Estas proporciones entre los distintos niveles, guardan correspondencia con el nivel de cobertura calculado para los años ochenta y noventa por Garza y Damián (1991), y Preciat (1999).

Si desagregamos la información de los establecimientos por niveles básico, medio y superior en cada una de las demarcaciones que conforman la ZMVM encontramos una diferenciación muy marcada en su distribución territorial. Los municipios y delegaciones con una mayor cobertura escolar en términos generales (incluyendo los tres niveles) son: Ecatepec (1 600), Iztapalapa (1 552), Gustavo A. Madero (1 171), Nezahualcóyotl (1 019), Naucalpan (831), Tlalpan (694), Tlalnepantla (667), Cuauhtémoc (660), Álvaro Obregón (645) y Coyoacán (607); mientras que los más deficitarios son Papalotla (5), Ayapango (12), Cocotitlán (13), Tenango del Aire (14) y Temamatla (14). En ambos grupos predominan los planteles de nivel básico. La mayor parte de la cobertura del equipamiento de educación se encuentra distribuido prácticamente en todo el DF (con excepción de Milpa Alta y Magdalena Contreras) y en municipios inmediatos a esta entidad, ubicados al noreste, norte y noroeste.

Las delegaciones y municipios donde más se concentran las escuelas de tipo preescolar, primaria y secundaria son Ecatepec, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Nezahualcóyotl, superando las 1 000 escuelas cada una, la mayoría “oficiales” (públicas); se observa un cambio notable en Iztapalapa respecto de décadas anteriores, cuando se situaba como una delegación con muy poca cobertura. Asimismo, la mayor parte de las delegaciones centrales del DF (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón) y municipios como Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli tenían una importante presencia de escuelas de nivel básico.

En las 76 unidades político-administrativas (UPA) que conforman la metrópoli, encontramos escuelas de tipo preescolar, primaria, secundaria (nivel básico) y de nivel medio superior, siendo Temamatla, Nopaltepec y Papalotla las que menos tienen (aun así, cuentan con al menos una en cada categoría). En cambio, en el nivel superior, la cobertura está más polarizada y centralizada, encontrando 29 municipios pertenecientes al Estado de México que no cuentan con ninguna universidad, es decir, 38 % de las demarcaciones de la ZMVM no cuentan con escuelas de nivel superior.

Si nos detenemos en la relación entre establecimientos públicos y privados, observamos que de los 19 478 planteles localizados en la zona metropolitana, 10 763 se consideran escuelas públicas, mientras que 8 715 son escuelas privadas; esta proporción de 10 a ocho nos permite dimensionar el gran crecimiento de la oferta educativa de paga en las últimas décadas. En este mismo sentido, el alto porcentaje de planteles educativos de carácter privado (45%) disminuye a 43% si solamente consideramos las escuelas de nivel básico (preprimaria, primaria y secundaria), mientras que su peso relativo se incrementa sustancialmente en los siguientes niveles: medio superior (61%) y superior (74%) (véase gráfica 2.4).

Gráfica 2.4
Establecimientos educativos por nivel en la ZMVM (2010)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP.

Lo anterior se explica precisamente por el hecho de que es el nivel básico de la educación en México, y principalmente la primaria, donde se concentra sustancialmente la política educativa pública, de ahí que su amplia cobertura a nivel urbano se vea reflejada en las estadísticas y, como veremos más adelante, en su distribución territorial. A pesar de ello, el alto porcentaje de las escuelas privadas no deja de asociarse al gran desprestigio de la educación pública en los ámbitos urbanos y entre los sectores de la población con ingresos medios que consideran de mayor calidad los servicios educativos ofertados por las escuelas particulares.

Por su parte, el elevado número de escuelas privadas de nivel medio superior y superior da cuenta del abandono en que se encuentra la educación pública en este nivel y, en particular, la universidad pública, que no ha visto incrementar significativamente su oferta educativa en términos del número de planteles escolares más allá de los esfuerzos aislados de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que se encuentra construyendo dos nuevas unidades en la delegación Cuajimalpa y en el municipio de Lerma, después de más de 30 años de estancamiento; o la UACM de muy reciente creación y que cuenta con ocho “sedes y planteles” en el Distrito Federal; así como las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior del GDF, que cuentan con 20 establecimientos en 14 delegaciones. A lo anterior habría que agregar que frente a un creciente interés por realizar estudios en estos niveles, las instituciones públicas han desplegado una política de ingreso altamente restrictiva, que se ha traducido en un número cada vez mayor de aspirantes rechazados.

Todo lo anterior favorece la aparición de nuevas empresas mercantiles de la educación y el ensanche de las ya existentes, y es aquí precisamente donde las políticas neoliberales juegan un papel muy importante al “congelar” el gasto público en el rubro de educación, por lo que el reducido gasto se orienta sustancialmente a la operación y administración de los centros educativos, postergando la ampliación de la oferta educativa a través de la apertura de nuevos planteles escolares en esta aglomeración urbana.

La distribución de las escuelas en la ZMVM es muy variada. Se distingue una diferenciación territorial entre las delegaciones y municipios centrales y los periféricos, lo cual reproduce la tendencia centralizada que presentan otros equipamientos (salud, cultura, recreación) y servicios urbanos como el agua potable, el drenaje y alcantarillado, el transporte, etc., que pueden ayudar a explicar las coberturas muy alta y alta de ciertos municipios y delegaciones, y a su vez la baja y muy baja cobertura en otros, como se muestra en el mapa 2.4.

Nuevamente, son los municipios mexiquenses más alejados de lo que en su momento se conoció como la "ciudad central" los que presentan un menor número de establecimientos escolares, destacando el extremo norte, el nororiente y el suroriente; por el contrario, las delegaciones del DF cuentan con una mayor cobertura, siendo solamente dos demarcaciones (Magdalena Contreras y Milpa Alta) las que presentan valores bajo y muy bajo de cobertura. De igual manera, los municipios mexiquenses con las mayores coberturas (alta y muy alta) se encuentran al poniente y norte de la ZMVM, en las áreas más consolidadas tanto de sectores de ingresos medios como bajos y que resultan ser de los más poblados (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan).

Respecto de las demarcaciones con una muy alta y alta cobertura educativa, vale la pena reconocer que esto no significa que sean las delegaciones y los municipios con la mejor calidad del servicio, ni mucho menos que mantengan una cobertura equitativa o completa por niveles (básico, medio y superior); esto se encuentra asociado, en gran medida, como ya lo hemos destacado, a la existencia tanto de una elevada población en dichas demarcaciones, como a la cobertura de los establecimientos, en su mayoría del nivel básico.

En otro nivel de análisis es posible distinguir una relación entre los municipios con cobertura muy alta, alta y media y las principales vías de comunicación, de manera que a mayor detalle es factible detectar que en aquellos sitios en donde se localizan o convergen estas infraestructuras es donde encontramos una tendencia a aumentar la presencia de establecimientos educativos, incluso es mucho más notable su presencia en relación con las autopistas de cuota. Por el contrario, los municipios que presentan una menor cobertura suelen tener pocas vías de comunicación primarias. La movilidad creciente de los usuarios de la educación superior, tanto pública como privada, y de la educación privada en todos los niveles, se explica por las largas distancias que separan sus hogares de los centros educativos, propiciando que los sectores de ingresos medios y altos utilicen para sus traslados cotidianos vehículos particulares, por lo que la diferenciación territorial de los servicios educativos aportan al problema metropolitano de congestionamiento vehicular.

Mapa 2.4
Cobertura de establecimientos escolares de niveles básico, medio y superior

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP.

Así como la lógica del crecimiento de la ZMVM se ha orientado principalmente hacia municipios como Ixtapaluca, Chalco, Ozumba, Juchitepec, Chimalhuacán, Texcoco, Cuautitlán, Tecámac Nicolás Romero, entre otros, coincidiendo con la existencia de infraestructuras de comunicación terrestre y, al mismo tiempo, con la oferta de sistemas de transporte (Terrazas, 1995), también podríamos reconocer que los equipamientos de educación juegan un papel configurador de la estructura urbana, lo cual resulta mucho más claro cuando su localización coincide con la conformación de corredores terciarios.

Las demarcaciones de Ecatepec, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Nezahualcóyotl y Naucalpan de Juárez arrojaron una existencia total de equipamientos educativos de las más altas de la ZMVM con: 1 600, 1 552, 1 171, 1 019 y 831 respectivamente; esta cobertura muy alta representa 6.5% del total metropolitano y en gran medida está relacionada con el tamaño de la población de las demarcaciones. En estas cinco unidades político-administrativas (y como el resto de los 76 que conforman la ZMVM) encontramos principalmente escuelas de nivel básico (preescolar, primario y secundario), en su mayoría de tipo público, a diferencia de lo que ocurre en los niveles medio superior y superior, donde la cobertura total disminuye considerablemente, aunque se constata una mayor existencia de escuelas particulares sobre las oficiales, siendo la excepción Nezahualcóyotl únicamente en el nivel medio superior (ver mapa 2.4).

Por otra parte, Tlalnepantla, Tlalpan, Álvaro Obregón Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuautitlán Izcalli, Miguel Hidalgo y Chimalhuacán, registran coberturas importantes o altas con 667, 694, 645, 607, 660, 540, 540, 439 y 438, respectivamente, absorbiendo 11.84% de la metropolitana. En su mayoría pertenecen al nivel básico como en el primer grupo, sólo que estas demarcaciones registran (a excepción de Chimalhuacán) una mayor concentración de escuelas de nivel medio superior y, en ciertos casos, superior. La existencia de más universidades y centros de investigación también se encuentra ligada a una oferta considerable de preparatorias y bachilleratos, predominando en ambos niveles los de tipo privado, con excepción de Tlalpan, donde en el nivel superior se contabilizaron 10 universidades oficiales contra nueve particulares.

En un tercer grupo están Venustiano Carranza, Iztacalco, Azcapotzalco, Huixquilucan, Cuajimalpa, Xochimilco, Tláhuac, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Texcoco, Atizapán, Nicolás Romero, Coacalco, Tultitlan, Tecámac, Zumpango y Tizayuca, con una cobertura media de equipamiento escolar; estas localidades alcanzan a representar 22.3%, considerando que algunas delegaciones y municipios como Iztacalco, Azcapotzalco, Coacalco o Tultitlán con una superficie territorial pequeña, así como con una población mucho menor a la de Ecatepec, Iztapalapa, Gustavo A. Madero o Nezahualcóyotl, unidades político-administrativas con una muy alta concentración de equipamiento escolar, especialmente de niveles básico y medio.

En un cuarto grupo encontramos aquellas delegaciones y municipios metropolitanos con una presencia de establecimientos escolares baja y que representan 13.1%, en su mayoría ubicados, a excepción de Magdalena Contreras, en partes alejadas al DF y municipios colindantes con éste. En cuanto a Magdalena Contreras, La Paz y Chicoloapan municipios con una baja cobertura escolar en todos los niveles, pero que se encuentran rodeados por otros con una mayor existencia de equipamientos en términos generales (ver mapa 2.4). Encontramos, también, un quinto grupo conformado por 35 unidades político-administrativas con una cobertura muy baja, las cuales representan 46.5% de la ZMVM, todas pertenecientes al Estado de México, con excepción de la delegación Milpa Alta.

Por otro lado, no debemos olvidar que del conjunto de establecimientos escolares aquí considerado, los planteles pertenecientes al nivel básico son los que predominan y determinan en gran medida las coberturas alta y muy alta de muchas de las unidades político-administrativas analizadas, a pesar de que el universo de planteles en este nivel va de cuatro escuelas a 1 500, como se aprecia en el mapa 2.5, en el que se destaca la gran distancia numérica que separa, por ejemplo, a los municipios de Ecatepec (1 406) y Nopaltepec (nueve), ambos en el norte de la ZMVM. En este sentido, la mayor cobertura de escuelas en la ZMVM corresponde, en primer lugar, al nivel básico con un total de 17 713 (representando 90.93% del total en la metrópoli), con el predominio de los establecimientos preescolares, seguidos de las primarias y secundarias con 7 850, 6 936 y 2 927 respectivamente (véase mapa 2.5).

Mapa 2.5
Cobertura de establecimientos escolares de nivel básico

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP.

En el caso de la cobertura del nivel medio, ésta baja considerablemente respecto de nivel básico, al existir 1 328 escuelas, lo que representa 6.81% del total de planteles educativos en la metrópoli, siendo que su universo de planteles en cada unidad político-administrativa va de uno a 140. Destaca de manera especial la delegación Cuauhtémoc y el municipio de Ecatepec con 140 y 108 escuelas de este nivel de escolaridad, respectivamente. Del total de escuelas, 515 son públicas y 813 de tipo privado, destacando en esta oferta educativa las pertenecientes al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), ambas de la UNAM, así como los planteles de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), los Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), entre otros.

Las unidades político-administrativas metropolitanas que tienen una mayor cobertura son Cuauhtémoc, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalnepantla y Tlalpan, con 140, 108, 66, 61, 60, 58, 48, 47, 45, 44, 43 y 41, respectivamente. De igual manera, como en el caso del nivel básico, la mayor cobertura de la ZMVM se encuentra en las delegaciones del DF y en ciertos municipios conurbados a éste. Pero la diferencia es notable en relación a los tipos de escuelas, en donde predominan, en el caso del Distrito Federal, las particulares sobre las oficiales (véase mapa 2.6).

Con relación al nivel superior, en la ZMVM existen 437 planteles (normales, universidades, centros de investigación, politécnicos, tecnológicos, etc.) donde se imparten licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados; todos ellos en conjunto representan solamente 2.24% del total de la oferta educativa; en su mayoría se encuentran distribuidos en unas cuantas delegaciones del Distrito Federal y municipios conurbados. Entre éstos destacan los que concentran el mayor número de instituciones de educación superior: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Ecatepec, Miguel Hidalgo, Naucalpan, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Coyoacán y Tlalnepantla, con 54, 33, 29, 26, 25, 22, 20, 19, 19 y 19 establecimientos escolares. Seis de estas demarcaciones se ubican dentro del DF y tres en el Estado de México. (véase mapa 2.7).

Mapa 2.6
Cobertura de establecimientos escolares de nivel medio

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP.

De manera significativa destaca el hecho de que de estas 437 escuelas, 115 son instituciones públicas y 322 privadas (74%), cifra que da cuenta claramente del proceso de privatización de la educación superior, no por la venta de instituciones públicas ni por la incorporación de cobros para la obtención del servicio, sino por la normatividad laxa que posibilita la apertura de establecimientos educativos privados tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México; así como por la ampliación de las grandes universidades privadas que han expandido el número de planteles y campus en esta metrópoli. Además, resulta significativa la expansión territorial de este sector del mercado de servicios educativos hacia municipios y delegaciones (Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Gustavo A. Madero o Ecatepec) que albergan a sectores de población con ingresos medios-bajos y que tradicionalmente se veían restringidos a la oferta pública que ofrecían las grandes universidades de carácter nacional a través, por ejemplo, de las Facultades de Estudios Superiores (FES) y las Escuelas Nacionales de Educación Profesional (ENEP) pertenecientes a la UNAM, así como los planteles de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) y de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánico Electricista (ESIME) del IPN, que nacieron con un sentido de desconcentración metropolitana.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt, 2013), el DF concentra la mayoría de las especialidades, maestrías, doctorados o posdoctorados, ofertados por universidades y centros de investigación, inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).⁴¹ Aunque la concentración de planteles de nivel superior cuenta con posgrados de calidad, ésta es baja en términos numéricos, pero resulta de gran atractivo para la población que ha concluido sus estudios a nivel superior dadas las condiciones económicas que privan en el país, es decir, la falta de empleos se traduce rápidamente en estos niveles en una búsqueda de centros educativos que ofrezcan posgrados de excelencia pues la obtención de una beca puede sustituir el empleo por un periodo corto de tiempo, además de que puede abrir las posibilidades de obtener uno en el mismo ambiente académico. De este modo, un gran número de estudiantes de distintas partes del país encuentran en la ZMVM, y específicamente en el DF, una importante oferta educativa, lo que refuerza la concentración de planteles en esta aglomeración.

Mapa 2.7
Cobertura de establecimientos de nivel superior

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP.

2.3.3 La centralidad ampliada de los establecimientos de salud

Como planteamos en el apartado anterior respecto de la educación escolarizada, el acceso a la salud es una determinante social que posibilita la mejora o el deterioro de las condiciones y calidad de vida de los habitantes de la metrópoli, por lo que es necesario establecer algún acercamiento al comportamiento territorial de los establecimientos en los que se ofrecen los servicios de salud. Así como la simple presencia de escuelas no garantiza una educación, la existencia en un territorio de instalaciones de salud tampoco garantiza que su población se encuentre sana; a pesar de ello, no podemos negar que en la actualidad es sumamente difícil mantener una población saludable sin la presencia de “equipamientos” de salud en las ciudades. En el mismo sentido, sabemos de la importancia de la alimentación y los cuidados personales: higiene, vestido, etc., así como otros aspectos relacionados con las condiciones de habitabilidad de las viviendas que aquí no podemos abordar, la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud.

Es a partir del reconocimiento de lo anterior, que hemos optado por hacer una revisión del sistema de salud pública que opera en la ZMVM, enfatizando algunos aspectos relacionados con la operación de los principales organismos encargados de ofrecer los diferentes servicios de salud, así como el comportamiento territorial de la implantación de sus distintos establecimientos. El sistema de salud pública en México está organizado a partir de una rectoría general que se ejerce desde la Secretaría de Salud del gobierno federal, y los sistemas descentralizados operados por los gobiernos estatales y del Distrito Federal, con organismos específicos en cada una de las entidades.

Es necesario recordar que a la par de este sistema público de salud opera una amplia red de instituciones privadas de muy variada dimensión y calidad, que ofrece servicios de salud bajo la lógica del beneficio privado de sus oferentes, y que en las últimas décadas se ha beneficiado del deterioro y atraso que presenta el sistema público. Así, en un momento en que los consultorios, hospitales, laboratorios, farmacias y demás servicios privados vinculados con la salud han presentado una gran expansión a raíz de una política neoliberal que fomenta la inversión del capital en este sector, abordar exclusivamente la situación que presenta el sistema público de salud en la metrópoli resultaría demasiado limitado; por ello, se han incorporado algunos datos referentes a los principales consorcios privados de salud, ya sea por contar con grandes infraestructuras o con una amplia red de pequeños servicios médicos. De igual manera, se han incluido los servicios médicos ofrecidos por el principal organismo civil de asistencia médica de urgencias: la Cruz Roja, que tiene una importante presencia en la metrópoli.

Al igual que en la educación, la estructura territorial actual de los establecimientos de salud en la ZMVM es el resultado de un largo proceso de dotación de “equipamientos” médicos que data de la época de la Colonia; sin embargo, fue durante el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, que se empezó a construir el sistema público de salud vigente. En México, la salud es un derecho de sus ciudadanos reconocido desde la Constitución de 1917 y, al mismo tiempo, una atribución del Estado en sus distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), aunque es el gobierno federal el encargado de definir las grandes directrices a través de la Secretaría de Salud.

Entre las instalaciones médicas que se abrieron en la ciudad de México antes de 1936, año en que se creó la Secretaría de Asistencia Pública (SAP), destacan el Hospital General, construido en 1905 durante uno de los gobiernos de Porfirio Díaz, y el hospital de la Cruz Roja Mexicana, construido en 1910, ambos en lo que actualmente es la delegación Cuauhtémoc. En 1932, en la Colonia Española (delegación Miguel Hidalgo), se construyó el Hospital Español, de carácter privado, que se amplió en 1969. Hacia 1943 la SAP se transformó en la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), y a partir de entonces se desarrolló un sistema público de salud en el que destaca la creación de los dos pilares de la salud pública mexicana: en 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en 1959 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); ambas instituciones tienen sus respectivas sedes en el Distrito Federal (Garza y Damián, 1991).

El IMSS es un organismo público descentralizado, jurídicamente soportado por la Ley del Seguro Social (1941) y creado bajo la figura de la seguridad social, es decir, constituido para garantizar la seguridad y protección a los trabajadores y sus familias en un sentido amplio que rebasa por mucho la prestación de servicios médicos y de salud, incluyendo aspectos de servicios relacionados con los medios de subsistencia más elementales de los trabajadores y asociados al ingreso (préstamos, tiendas de autoservicio, farmacias, etc.), así como los relativos a las pensiones de sus afiliados o derechohabientes. Por su parte, el ISSSTE fue precedido por la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiros y la ley del mismo nombre (ambas de 1925), que buscaban establecer los mecanismos que garantizaran la seguridad de los trabajadores del Estado una vez retirados por motivos de vejez, salud o accidentes de trabajo, y que poco a poco tuvo que ampliar sus atribuciones para dar cabida a una serie de prestaciones sociales que de manera complementaria al salario permitieron a los “burócratas” elevar su nivel de vida; fue hacia 1959 que con una nueva ley se adicionaron el derecho a la vivienda y los servicios de salud de manera amplia, transformándose en el ISSSTE.

Otros dos servicios médicos que operan en la Zona Metropolitana del Valle de México y que responden a instituciones federales son los prestados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales responden a la misma lógica de prestar servicios médicos a sus trabajadores, reproduciendo el modelo que asocia el derecho a la salud de los trabajadores y la obligación de otorgarlo de su empleador, que se deriva, sin lugar a dudas de la lucha de los obreros de principios del siglo XX mediante sus sindicatos. Adicionalmente, operan a nivel local los servicios de salud ofrecidos por los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México a través de sus respectivas secretarías de salud, así como el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyN),⁴² así como organismos civiles de carácter humanitario como la Cruz Roja (CR) e instituciones privadas, como se mencionó antes.

De manera posterior a la creación de la SSA, se construyó en la ciudad de México un importante número de unidades médicas de las distintas instituciones federales y locales que en conjunto conformaron el soporte primordial de los servicios de salud de la metrópoli, de la región centro del país y de México.⁴³ Bajo la concepción de servicios altamente concentrados (con mayor alcance territorial debido a la facilidad de acceso físico) y de gran centralidad de sus administraciones, la capital se constituyó en el núcleo oferente de salud más importante del país. Fue a partir de la década de los cuarenta cuando estos servicios tuvieron una importante expansión que coincidió temporalmente con la primera etapa del proceso de urbanización acelerada de la ciudad de México, como constatan Garza y Damián (1991), quienes consideran además que la cobertura de los servicios públicos de salud se concentró en el centro de la ciudad, en torno a las partes más antiguas y de mayor ingreso, desatendiendo, en contrapartida, a los nuevos asentamientos periféricos.

En 1941 se creó el hospital Centro Médico Naval en la delegación Cuauhtémoc; un año después se construyó el Hospital General Manuel Gea González de la SSA, en Tlalpan. En 1944 se fundó el Sanatorio Uno del IMSS, que en 1962, después de varias adecuaciones en sus instalaciones, fue renombrado como Hospital de Gíneco-Obstetricia 1; asimismo, y se construyó el Instituto Nacional de Cardiología administrado por la SSA, también en Tlalpan. Hacia 1946 este mismo instituto inauguró el hospital general Centro Médico Nacional “Dr. Gaudencio González Garza” (La Raza), localizado al norte del Distrito Federal en la delegación Azcapotzalco. En 1955 se fundó el Hospital de Trabajadores al Servicio del Estado dependiente de la SSA, que fue el antecedente hospitalario de la primera unidad médica del ISSSTE.

De igual manera, en 1961 se inauguró el Centro Médico Nacional “20 de noviembre” en la delegación Benito Juárez y en 1964 las nuevas instalaciones del Centro Médico ABC de carácter privado (anteriormente conocido como Hospital Inglés) en la delegación Miguel Hidalgo. A finales de esa década, en 1968 la Cruz Roja inauguró su nuevo edificio ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, y Pemex, abrió en 1967 el Hospital Central del Norte en Azcapotzalco.

Si bien la descripción anterior no presenta una rigurosidad en el número de establecimientos de salud construidos y puestos en operación en la ZMVM, sí permite reconocer que en lo que respecta a las grandes unidades médicas, su localización fue altamente centralizada en las delegaciones totalmente consolidadas y mejor servidas en términos de accesibilidad urbana, metropolitana y regional; no hay que olvidar que gran parte de estos “equipamientos” fueron considerados por sus instituciones como hospitales regionales y en ese sentido el lugar de la ciudad de México como ciudad capital es determinante. Sin embargo, su localización rebasa claramente los límites de aquella “ciudad central” y alcanza demarcaciones un poco más alejadas: la “ciudad interior”, diría Terrazas (1988), es decir, la concentración de los establecimientos de salud se mantiene en un área mayor, conformando una especie de centralidad ampliada.

Durante las décadas de los setenta y ochenta se construyeron distintos hospitales privados, destacando el Hospital Metropolitano, el Santa Elena y el Mocel, entre otros, ubicados principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. En 1985, tras el terremoto, varios hospitales resultaron dañados, lo que llevó a reestructurar y reubicar algunas unidades médicas en el ahora denominado Centro Médico Nacional Siglo XXI ubicado en la delegación Cuauhtémoc. En 1986 se construyó el Hospital General Regional “Gabriel Mancera” ubicado en la delegación Benito Juárez, ambos del IMSS.

De 1980 a 2010, a raíz de una política de Estado desfavorable para los sectores mayoritarios y más desprotegidos (privatización, reducción de gasto público), se identifica un claro deterioro de los servicios médicos del sector público que repercute en la expansión del capital en el sector salud, de manera que se construyeron más hospitales privados en la ZMVM; entre los que destacan los pertenecientes a los grupos Star Médica, Médica Sur, Centro Médico ABC y Hospitales Ángeles, ubicándose primordialmente en las delegaciones Tlalpan, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero, así como en algunos municipios mexiquenses, como Naucalpan y Huixquilucan, principalmente, lo cual deja entrever una localización sesgada de sur a norte por el poniente de la metrópoli.

A nivel más amplio, en 1980 el DF contaba con un total de 1 068 unidades médicas, de las cuales 960 eran de consulta externa y 108 de hospitalización; en 1983 el total de unidades se redujo a 912; y en 1989 a 723 (Garza y Damián, 1991), lo cual podría atribuirse en gran medida a los efectos del sismo de 1985, aunque esto no es totalmente creíble. A inicios de la década de los noventa (1993) el “equipamiento” de salud consistía en cerca de 700 unidades médicas⁴⁴ que se concentraban en lo que algunos investigadores reconocen como la "ciudad central", sobre todo en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, aunque ya era visible una distribución desigual al interior del DF. Como ejemplo, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo tenían 29% de las unidades médicas de primer contacto y clínicas, con sólo 11% de la población total de la metrópoli, a diferencia de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón que, en un sentido opuesto, tenían 19% de las unidades médicas y 36% de la población (Preciat, 1997).

Garza y Damián(1991) comparten esta misma apreciación al considerar que la cobertura de instalaciones de salud, a pesar de mostrar algunos rasgos de dispersión, se diferenciaba de acuerdo con el tipo de institución encargada en dar los servicios de salud; en los casos del IMSS y el ISSSTE, los anteriores afirman que estas instituciones se han preocupado más por la construcción de importantes conjuntos de especialización y hospitalización en delegaciones y municipios centrales de la metrópoli, haciéndose pocos esfuerzos para instalar clínicas en la periferia, a pesar de que muchos de sus derechohabientes vivían en zonas periféricas y alejadas de las demarcaciones centrales.

Según Preciat (1997), las delegaciones en donde se concentraba el mayor número de clínicas-hospital y hospitales generales eran Miguel Hidalgo, Tlalpan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, mientras que las más desfavorecidas eran Iztapalapa, Álvaro Obregón y Coyoacán; por su parte, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Xochimilco, Iztacalco y Venustiano Carranza no contaban con ninguna clínica-hospital ni hospital general.

Hasta aquí podemos identificar dos tendencias en relación con la cobertura de equipamiento de salud en la ZMVM. Por un lado, está la idea de concentrar, hasta mediados del siglo XX, los establecimientos en las áreas más antiguas de la ciudad de México, principalmente los servicios más especializados, lo cual responde al modelo de centralidad característico del periodo de “modernización” propio del desarrollismo. Por otro lado, se dio una contratendencia a la descentralización de algunos de estos servicios a delegaciones que contaran aún con amplias áreas libres y que pudieran acoger grandes instalaciones médicas, incluso llegando a conformar una zona de hospitales en Tlalpan, en el sur del DF. Sin embargo, la urbanización y, en particular, el proceso de metropolización rebasó por mucho este esfuerzo de dispersión geográfica, como se verá más adelante, de manera que esta descentralización puede leerse como parte de la centralización ampliada originada hacia mediados del siglo XX y que, como vimos anteriormente, también incluyó a los servicios educativos y a las grandes instalaciones escolares.

2.3.4. Distribución territorial de las unidades médicas en la metrópoli

A partir de las tendencias contrapuestas para las unidades médicas más importantes y más antiguas de la metrópoli, que expusimos anteriormente, podemos ahora establecer una aproximación a la distribución territorial contemporánea de los establecimientos de salud del sector público y de algunas instituciones privadas que nos permita determinar precisamente las diferencias territoriales asociadas al acceso a la salud.

De acuerdo con datos del INEGI (2010a) de las 44 143 871 personas que conforman la población ocupada del país, 28 207 384 (63.8%) no tiene acceso (derechohabiencia) a instituciones de salud, aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que estas cifras se encuentran muchas veces fuera de la realidad, debido a que la población afiliada y registrada en las bases de datos de las instituciones federales es mayor que la población del país, lo que reﬂeja la ausencia de un registro adecuado de la población cubierta por la seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena), el Seguro Popular⁴⁵ y la cubierta por el imss-Oportunidades;⁴⁶ así como el hecho de que un porcentaje de la población está aﬁliada a más de una institución de salud (Coneval, 2012).

Se estima que en 2010, del total de hogares que en México tenía acceso a servicios de salud, 33.1% se encontraban afiliados al IMSS; 8.6% al ISSSTE; 26.9% al Seguro Popular; 1.2% a Pemex y Sedena; y 2% a seguros médicos privados (Sales, 2012), destacando el Estado de México, Hidalgo y el Distrito Federal entre otras, como las entidades con mayor carencia del servicio en relación con sus respectivas poblaciones. De igual manera, el Coneval consideró que en 2011 por cada 1 000 habitantes las instituciones públicas en el país contaban con 2.03 médicos, 2.5 enfermeras y 1.25 camas.

Asimismo, de los 3 929 654 habitantes que representa la población ocupada del DF, 2 154 031 (54.8%) no es derechohabiente de servicios de salud de cualquier institución del Estado; por su parte, estos datos para el Estado de México (6 067 995) alcanzan más de la mitad (62.3%): 3 783 805.⁴⁷ Por lo que se refiere al municipio de Tizayuca, de acuerdo con datos del INEGI (2010), de los 97 461 habitantes con que cuenta, 62.6% (61 010) son derechohabientes, de los cuales 64% pertenece al IMSS, 7.35% al ISSSTE, 11.76% está inscrito en el Seguro Popular; mientras que 37.4% de la población no cuenta con ningún servicio de salud proporcionado por el Estado.

De acuerdo con nuestros datos, en 2010 existían 1 514 unidades médicas distribuidas de manera heterogénea en las 76 unidades político-administrativas que conforman la ZMVM. El conjunto de unidades médicas identificadas en la ZMVM se han reunido en cinco tipos de instituciones: 1) instituciones federales, como IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex; 2) Instituciones del GDF; 3) institutos del Estado de México: ISEM e ISSEMyM; 4) Instituciones civiles: la Cruz Roja, por ejemplo, e 5) instituciones privadas, las cuales incluyen empresas que ofrecen servicios de salud a gran escala (Hospital Ángeles, entre otros), y empresas que ofrecen servicios clínicos y de consulta a pequeña escala como las Farmacias Similares.

Habría que considerar que, a nivel normativo, es la cuestión demográfica la que define la construcción o emplazamiento de una determinada unidad médica, siendo el tamaño de la población uno de los principales criterios para que las instituciones encargadas de la planeación, construcción y apertura de nuevos establecimientos de salud consideren pertinente su construcción. Así, de acuerdo con las Normas de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), un centro de salud rural solamente puede ser construido en aquellas localidades con una población mayor a 2 500 habitantes y menor a 15 000; un centro de salud urbano en localidades de más de 15 000 habitantes; un centro de salud con hospitalización se ubica en localidades de 9 000 a 12 000 habitantes; un hospital general⁴⁸ (SSA) en localidades de 10 000 a 100 000 habitantes, del IMSS en localidades mayores a 50 000, y del ISSSTE en localidades mayores a 500 000; los hospitales regionales (ISSSTE) en localidades mayores a 500 000 habitantes; la unidad de medicina familiar (IMSS) se ubica en localidades mayores a 10 000 habitantes; la clínica de medicina familiar (ISSSTE) en localidades mayores a 100 000 habitantes; la clínica hospital (ISSSTE) en localidades mayores a 100 000 habitantes; los puestos de socorro (CR) en ciudades mayores a 50 000 habitantes; los centros de urgencias (CR) en localidades a partir de 10 000 habitantes; y el hospital de tercer nivel (CR) en localidades mayores a 50 000 habitantes (Sedesol, 2010).

Sin embargo, como ya hemos planteado, estos criterios solamente pueden operar como un indicador y no como una regla, debido a la complejidad de la ZMVM, las particularidades jurisdiccionales y administrativas que diferencian a las instituciones de salud federales, locales, civiles y privadas, en particular cuando las últimas operan bajo la lógica de la ganancia y no del interés social. Pese a que por ley todo ciudadano tiene derecho a la salud (artículo 4° constitucional), la realidad es que el acceso a ésta se encuentra restringido en relación con la derechohabiencia que se tenga con alguna institución pública, imposibilitando y dejando fuera de este servicio a una parte de la población.

Del total de instalaciones en donde se ofrecen servicios de salud en la metrópoli (1 514), 14.9% (227) pertenece a unidades médicas de carácter federal; 16.1% (245) a unidades administradas por el GDF; 29.5% (448) son unidades médicas administradas por el Estado de México; 1.51% (23) a unidades médicas de la Cruz Roja; y 37.7% (571) corresponde a unidades médicas privadas (véase gráfica 2.5). Asimismo, de las 1 514 instalaciones médicas que ofrecen servicio de salud en la metrópoli, 51.3% (778) se localiza en el DF, 48.5% (735) en el Estado de México, y menos de 1% (1) en Tizayuca Hidalgo, tendencia que suele reiterarse al revisar la presencia de otros servicios como lo hemos constatado en el caso de la educación escolarizada, e igual que sucede con la oferta de transporte público.

Gráfica 2.5
Total de unidades médicas por tipo de institución

Fuente: Elaboración propia a partir de información de IMSS, ISSSTE, Sedena, PEMEX, SSDF, ISEM, ISSEMYM, Cruz Roja y Farmacias Similares.

Por otro lado, en cada una de las demarcaciones que integran la ZMVM encontramos una diferenciación muy marcada en la distribución territorial de las unidades médicas (de los cinco tipos de instituciones), destacando: Cuauhtémoc (110), Ecatepec (88), Texcoco (87), Iztapalapa, Gustavo A. Madero (86), Nezahualcóyotl (66), Naucalpan (60) y Coyoacán (55), como los municipios y delegaciones que cuentan con mayor cobertura de equipamientos en salud. En el otro extremo de la distribución territorial encontramos municipios mexiquenses como Isidro Fabela, Ecatzingo, Jilotzingo, Jaltenco, Ayapango, Atlautla, Axapusco, Papalotla, Cocotitlán, Nopaltepec, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca, Tenango del Aire, Juchitepec, Temamatla, Temascalapa y Tonatitla, que no cuentan con ninguna unidad médica (de cualquiera de los cinco tipos considerados); mientras que los municipios de Hueypoxtla, Apaxco, Chiautla, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Tepetlixpa y Tequixquiac, sólo cuentan con una unidad médica cada uno, de manera que estos 24 municipios son los más deficitarios en cuanto a instalaciones médicas, representando 31.5% del total de la zona. No es difícil asociar esta distribución general de las unidades médicas con la consolidación metropolitana que presentan las delegaciones y municipios, de manera que quienes se han incorporado más recientemente a la zona metropolitana muestran claramente un rezago en este aspecto. El cuadro 2.4 recoge la información para las 25 UPA que concentran el mayor número de establecimientos de salud de los cinco grupos de instituciones.

Al hacer una revisión por tipo de institución, encontramos que las unidades político-administrativas donde más se concentran los equipamientos de salud de índole federal (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena) son Cuauhtémoc (61), Gustavo A. Madero (28), Benito Juárez (20), Coyoacán (18), Iztapalapa (17), Azcapotzalco (18) y Miguel Hidalgo (13), todas pertenecientes al DF, lo que representa 96.4% del total de instalaciones médicas (227) administradas y operadas por el gobierno federal. En el caso del Estado de México, figura muy por debajo Nezahualcóyotl con apenas dos unidades médicas de esta categoría, que junto a Tultitlan, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán y Texcoco, suman un total de ocho unidades médicas, representando 3.5% del total en esta categoría. De este modo, podemos destacar que de las 76 unidades político-administrativas de la ZMVM, 73.6% no cuentan con ninguna instalación médica del IMSS, ISSSTE, Pemex o Sedena; mientras que de 26.3% que sí cuentan con alguna unidad médica, casi en su totalidad (219 de 227) están dentro de los límites del DF.

El IMSS, la institución con el mayor número de unidades médicas en este primer tipo, que cuenta con 112 establecimientos, ha pasado en las últimas décadas por una aguda crisis financiera, por la alta corrupción administrativa, el recorte presupuestal que enfrenta año con año, la reducción de las cuotas patronales, y el traspaso de fondos para el retiro a las Afores (La Jornada, 2010), lo que ha limitado su margen de maniobra y operación. Esto se ha traducido en un debilitamiento de sus servicios e instalaciones de salud en el DF, y más evidentemente en el Estado de México. Por su parte, el ISSSTE tiene 109 unidades médicas distribuidas en 20 demarcaciones políticas de la ZMVM, es decir, sólo 26.3% de la población cuenta con servicios del ISSSTE; 101 se distribuyen en 13 delegaciones del DF: Milpa Alta (1), Cuajimalpa (2), Xochimilco (2), Venustiano Carranza (3), Azcapotzalco (4), Tlalpan (6), Gustavo A. Madero (6), Coyoacán (7), Iztapalapa (7), Álvaro Obregón (7), Miguel Hidalgo (8), Benito Juárez (10) y Cuauhtémoc (38), siendo esta última la de mayor cobertura; y siete en municipios del Estado de México: Texcoco (1), Ecatepec (1), Naucalpan (1), Tultitlan (1), Tlalnepantla (1) y Nezahualcóyotl (2), los cuales concentran únicamente ocho unidades médicas.

Cuadro 2.4
Delegaciones y municipios con más unidades médicas por tipo de institución (2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Laura Olivia Díaz Flores y Fausto Fabricio Marín Robles.

En el caso de los servicios de la Sedena y de Pemex, estos tienen en total seis instalaciones médicas, todas ubicadas en el DF, específicamente en las delegaciones Tlalpan, Coyoacán, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, siendo esta última la de mayor cobertura con tres unidades. Tizayuca, por su parte, no tiene presencia alguna de instalaciones asociadas a estas instituciones federales.

Lo anterior se explica en gran medida por el peso de la centralidad administrativa del DF en tanto capital de la federación; su territorio ha concentrado un mayor número de establecimiento y de los más diversos niveles de atención a la salud, en particular los altamente especializados; asimismo, la mayoría de la población derechohabiente se ubica ya sea en las 16 delegaciones o en los municipios conurbados, lo que consolida la centralización y concentración de unidades médicas, mismas que aprovechan la existencia de altas densidades, servicios e infraestructuras disponibles en el área metropolitana.

Respecto de las unidades médicas administradas y operadas por el GDF, encontramos 245, siendo Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza las que mayor cobertura tienen con 37, 28, 23 y 18, respectivamente. Por otra parte, las delegaciones con menos instalaciones médicas son Iztacalco (6), Benito Juárez (5) y Miguel Hidalgo (9). Pese a tener poca presencia de instalaciones médicas del GDF, estas dos últimas delegaciones, cuentan, dentro de sus límites políticos administrativos con hospitales de alta especialización, clínicas familiares y centros de urgencias, tanto federales como de la Cruz Roja, y de instituciones privadas; esto se debe, en gran medida a la importante concentración de población perteneciente a niveles socioeconómicos medios, altos y muy altos. De la misma manera, la distribución de las instalaciones médicas de la Secretaría de Salud del GDF nos hace pensar que ésta obedece principalmente a una política redistributiva del servicio que reconoce la alta concentración de los servicios federales aquí expuesta.

En relación con las instalaciones que ofrecen servicios de salud operadas y administradas por instituciones del Estado de México (ISEM e ISSEMyM),⁴⁹ en la ZMVM existen 448 ubicadas de manera heterogénea en únicamente 27 de los 59 municipios metropolitanos del Estado de México, destacando: Texcoco (82), Ecatepec (63), Zumpango (49), Nezahualcóyotl (42), Naucalpan (32), Cuautitlán (31), Atizapán (30), Tlalnepantla (23) y Amecameca (15), casi en su totalidad operadas y administradas por el ISEM. De estos nueve municipios, llaman especialmente la atención Amecameca y Zumpango por su ubicación geográfica relativamente lejana al DF y municipios colindantes; esto se explica porque están consideradas las unidades de consulta externa (inmuebles y de tipo móvil), es decir, unidades que cuentan con personal médico y paramédico organizado, donde pacientes ambulatorios reciben atención médica que no requiere servicios de hospitalización. Del resto de los municipios metropolitanos del Estado de México, sólo en 18 encontramos una unidad médica (todas del ISSEMyM), y ninguna en las otras 32 (ver cuadro 2.4).

Por su parte, la Cruz Roja tiene una presencia de instalaciones médicas muy por debajo de las otras instituciones, incluso de las privadas, como se verá más adelante. En la metrópoli hay 23 unidades médicas, de las cuales cuatro están en el DF (Miguel Hidalgo, Tlalpan, Cuajimalpa y Azcapotzalco) y 19 en municipios del Estado de México, siendo Nezahualcóyotl el único que cuenta con dos dentro de su territorio; mientras que Tizayuca, municipio del estado de Hidalgo no cuenta con ninguna. De este modo, la cobertura de instalaciones de salud en el DF representa 17.3%, mientras que en el Estado de México es de 82.6%, lo cual revierte totalmente la tendencia centralizadora del DF.

En las instalaciones médicas de índole privada, por otra parte, encontramos que en las últimas décadas, ante una menor inversión del Estado en el rubro de salud, se han incrementado estos servicios, a tal grado que en la metrópoli existen 571 instalaciones médicas privadas, entre las que destacan hospitales, clínicas y pequeños consultorios (pertenecientes a las farmacias Similares y del Ahorro). Estos últimos predominan y determinan la alta cobertura de esta categoría, representando 95.4% (545) del total de unidades médicas privadas en la metrópoli, de las cuales 297 se ubican en el DF, 247 en el Estado de México y una en Tizayuca Hidalgo. Es importante destacar que son precisamente estas pequeñas instalaciones contiguas a las farmacias las que están absorbiendo una parte muy significativa de la demanda de servicios de salud en los niveles más básicos, sin que ello necesariamente se traduzca en una mejor atención; por el contrario, prevalece una oferta amplia y de bajo costo que compite con los servicios públicos del sector salud ampliamente rebasados por una población empobrecida.

Asimismo, del total de instalaciones médicas privadas (571), 4.5% (26) corresponde a hospitales, centros y clínicas de salud que ofrecen servicios a gran escala, como los hospitales Ángeles, Médica Sur, Español, Star Médica, Centro Médico ABC, entre otros. La mayoría de este tipo de unidades médicas se ubican, por un lado, en el DF, el cual tiene 13 distribuidos en siete delegaciones: Benito Juárez (1), Tlalpan (2), Álvaro Obregón (1), Magdalena Contreras (1), Cuajimalpa (1), Miguel Hidalgo (3) y Cuauhtémoc (4); de igual forma, en los municipios mexiquenses encontramos 13, distribuidas en seis municipios: Naucalpan (5), Huixquilucan (2), Cuautitlán (2), Texcoco (2), Chalco (1) y Coacalco (1). Vale la pena destacar que su distribución territorial muestra una concentración en 25 unidades político-administrativas, alcanzando a englobar 445 unidades médicas de las 571 registradas.

Mapa 2.8
Distribución del total de Unidades Médicas

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.

La distribución de la totalidad de las unidades médicas en la ZMVM se puede observar en el mapa 2.8, en el que se percibe su concentración en las delegaciones centrales del DF, dejando fuera solamente a Milpa Alta, Xochimilco, la porción del sur de Tlalpan y Magdalena Contreras, así como el oriente de Tláhuac; de igual manera, en los municipios conurbados del Estado de México se identifica claramente una concentración de instalaciones de salud entre las que predominan las del gobierno del Estado de México y las de carácter privado, como hemos visto.

De este modo, es posible confirmar una diferenciación socioterritorial asociada nuevamente a la incorporación de municipios y delegaciones a la ZMVM, de tal manera que los territorios de más reciente incorporación presentan una notoria carencia de servicios médicos tanto de las instituciones federales como locales, mientras que los servicios privados aquí considerados muestran todavía una incipiente presencia. Son los municipios que persisten con algunas actividades agropecuarias los que se encuentran más desprotegidos, por lo que suponemos que sus habitantes deben realizar largos recorridos para satisfacer sus necesidades de salud, acudiendo a los municipios o delegaciones localizadas en alguna área intermedia.

Los municipios mexiquenses con las mayores coberturas se encuentran al norte y nororiente, donde están las zonas más consolidadas de los sectores socioeconómicos medios y bajos, que también resultan ser las demarcaciones más pobladas (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ecatepec). Asimismo, es posible distinguir una relación entre los municipios con un número alto de unidades médicas y las principales vías de comunicación, de modo que en aquellos sitios en donde se localizan estas infraestructuras, que son factores detonantes de la incursión del trasporte (Legorreta, 1989; Terrazas, 1995), es donde encontramos una tendencia a aumentar la presencia de equipamientos de salud. Por el contrario, los municipios que presentan una menor cobertura suelen tener pocas vías de comunicación primarias o regionales.

2.4. Segregación residencial en la ZMVM

Aunque la problemática expuesta anteriormente nos proporciona un panorama de la diferenciación socioeconómica de la población que habita en la ZMVM, no podemos dejar de considerar que dichas diferencias también están atravesadas por las distancias físicas que se imponen entre las distintas formas en que se ha enfrentado la situación habitacional. Duhau y Giglia (2008) habían llamado la atención respecto de las distintas formas de poblamiento de la ZMVM, distinguiendo en particular la urbanización basada en asentamientos irregulares y su conformación posterior en colonias populares, la urbanización derivada de la construcción de unidades habitacionales o multifamiliares producto de una política de dotación de viviendas de interés social para los sectores de la población de bajos ingresos, y el poblamiento de la ciudad basado en la construcción de viviendas unifamiliares en colonias y fraccionamientos legales.

Con ello se logra distinguir una diferenciación territorial alterna a lo ya planteado. En este sentido, resaltan las áreas más antiguas de la metrópoli y que corresponden a la vieja ciudad de México heredada del siglo XIX (Cuauhtémoc, principalmente) o el periodo colonial, en las que la vivienda tiene cada vez una presencia menor debido a la intensa dinámica comercial y de servicios que la desplaza a través de cambios del uso del suelo. Una segunda área claramente diferenciada es la que ocupan actualmente las viejas cabeceras municipales que quedaron conurbadas. En tercer lugar, se distinguen los pueblos conurbados también, que presentan un crecimiento pausado debido a la presencia de formas tradicionales de uso del suelo que acotan la urbanización; su ubicación periférica suele coincidir con la presencia de asentamientos irregulares y colonias populares de reciente creación. Finalmente, Duhau y Giglia (2008) destacan la presencia, por un lado, de los conjuntos habitacionales y, por el otro, los fraccionamientos residenciales para sectores medios y altos.

Queremos detenernos un momento sobre estas dos formas de poblamiento de la metrópoli. Entre los conjuntos habitacionales considerados por Emilio Duhau encontramos tanto las unidades habitacionales producto de las políticas habitacionales del Estado de décadas anteriores, como las nuevas manifestaciones de los grandes conjuntos habitacionales periféricos; la distinción de unos y otros se puede dar a partir de su localización, de las características urbano-arquitectónicas que cada uno de ellos tiene y de las distintas formas de articulación entre el Estado y el capital financiero-inmobiliario. En términos generales, asistimos a la implantación de una política de producción habitacional masiva a partir de la liberalización de las condiciones de construcción y la flexibilización de los mecanismos para la adquisición —los créditos para la obtención de vivienda—, lo que ha conducido a la industria de la construcción a invertir de manera destacada en este sector anteriormente descuidado por el mercado (Coulomb, 2006).

Por otro lado, están las soluciones habitacionales que, aunque también promovidas por la industria inmobiliaria privada, están destinadas a los sectores con ingresos más elevados, por lo que los productos ofertados tienen características marcadamente distintas en cuanto a los metros cuadrados construidos y las áreas libres, los materiales de construcción y sus acabados, y primordialmente en su localización. Mientras los grandes conjuntos habitacionales populares se ubican en los municipios más periféricos, los conjuntos residenciales y condominios de lujo se localizan en unas cuantas delegaciones del DF y en ciertos municipios mexiquenses claramente identificables: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Huixquilucan, por ejemplo. De manera destacada sobresalen las áreas de Santa Fe, Paseo de la Reforma, Polanco e Interlomas, que se caracterizan por concentrar algunos de los conjuntos residenciales y edificios de departamentos más costosos de la ZMVM.

2.4.1. Los grandes conjuntos habitacionales periféricos

Podemos caracterizar la oferta habitacional metropolitana a partir del reconocimiento de dos soluciones claramente diferenciadas en el tiempo, la localización y sus características. En el discurso, los conjuntos habitacionales periféricos están dirigidos a los sectores bajos, pero la realidad es que sus precios y las condiciones que impone su localización los reubica como viviendas para los estratos y sectores medio y medio bajo empobrecidos, como lo ha demostrado Coulomb (2006); en cambio, los conjuntos residenciales de lujo localizados en las áreas “exclusivas” de las delegaciones y municipios metropolitanos del centro-poniente, se destinan a los sectores minoritarios de altos ingresos de la población. La diferenciación residencial que existe entre ambos tiene un claro componente territorial que vale la pena explorar.

La masificación de la producción habitacional que se ha verificado en los últimos años (desde inicios de la década de los noventa), tanto a nivel nacional como metropolitano, ha estado aparejada al problema de pérdida de la habitabilidad que se puede constatar simplemente con la reducción de los espacios habitables, que en un par de décadas ha jibarizado la vivienda mínima a escasos 30 m², impactando de manera significativa en las condiciones de vida de sus habitantes. La localización de estos grandes conjuntos habitacionales desde la década de los noventa es marcadamente periférica, a decenas de kilómetros del límite urbano para lograr bajos costos del suelo, siendo los municipios mexiquenses los que han acogido esta solución habitacional para los sectores que aparentemente son de bajos ingresos.

El modelo de construcción de unidades habitacionales o multifamiliares adoptado en la ZMVM a partir de los años cincuenta y que se tradujo en la edificación de grandes conjuntos como Tlatelolco, El Rosario o los Culhuacanes, con base en edificios multifamiliares, casas unifamiliares o dúplex, ha sido abandonado y sustituido desde inicios de la década de los noventa por conjuntos habitacionales de casas unifamiliares en su mayoría. Los primeros se insertaban en el tejido urbano o en sus inmediaciones; por el contrario, estas nuevas formas de la vivienda de interés social se localizan en áreas despobladas de la ZMVM, sobre todo al norte y nororiente, constituyéndose en verdaderos enclaves habitacionales.

La multiplicación del número de viviendas por conjunto ha hecho de esta alternativa un fenómeno singular en la historia de la política habitacional mexicana: se ha documentado que entre 1994 y 2005 se autorizaron en los municipios metropolitanos aproximadamente 115 conjuntos habitacionales de interés social, con más de 384 000 viviendas en un área de aproximadamente 6 303 hectáreas (Duhau y Giglia 2008: 145), con lo que queda en claro la importancia que ha tenido el sector de la vivienda de interés social para la promoción inmobiliario-financiera y la industria de la construcción. Otras informaciones oficiosas indican que en el Estado de México, sobre todo en el arco norte-oriente de la ZMVM, se construyeron 256 conjuntos habitacionales con 564 832 viviendas (un promedio de 2 206 viviendas por conjunto) entre 1999 y 2011, para una población de más de 2.5 millones de habitantes.

Las soluciones propias del modelo intervencionista en materia habitacional se basaban en la construcción de edificios o casas agrupados, pero con circulación peatonal libre, conexión directa a la calle y áreas comunes y equipamientos urbanos en su interior, lo que representaba un mínimo de áreas públicas. Las formas más contemporáneas plantean como una constante el aislamiento de estos desarrollos habitacionales del entorno inmediato mediante barreras físicas (bardas, enrejados), elementos que se han convertido en una parte sustancial de la promoción inmobiliaria, que se apoya en los niveles crecientes de inseguridad y cuyo efecto es la fragmentación socioterritorial.

Así, los límites entre las áreas públicas y privadas son claramente remarcados y en los pocos casos en que los desarrollos poseen equipamientos (generalmente, un mínimo de áreas verdes y recreativas) éstos son planteados como de uso limitado a los habitantes de dichos conjuntos, aunque en términos formales no alcanzan a definir una exclusividad, excepto en aquellas soluciones destinadas a los sectores de mayores ingresos, donde un conjunto de nuevos servicios e instalaciones presentan una clara restricción al resto de la población no residente y mucho más para el conjunto de la ciudad.

Si en las formas anteriores de las unidades habitacionales la apropiación-privatización de las áreas comunes se reducía a su aprovechamiento individual-familiar (áreas verdes y estacionamientos) a través de la instalación de dispositivos para impedir el uso por parte de otros vecinos, tales como jaulas metálicas, etc., estas formas son reproducidas al extremo en los nuevos conjuntos habitacionales, que ahora son diseñados para que cada familia cuente con un cajón de estacionamiento a la entrada de su casa, con lo que se determina de manera explícita la privatización de las áreas de circulación vehicular.

Estos desarrollos producidos por inmobiliarias y constructoras privadas fueron reforzados por una política de vivienda instrumentada por el Infonavit y la Conavi, en la cual las instituciones públicas dejaron de promover la construcción de vivienda y se especializaron en proveer financiamiento hipotecario al derechohabiente, quien busca en el mercado su vivienda, cuya ubicación, diseño y desarrollo es llevado a cabo por el sector empresarial. En los mapas 2.9 y 2.10 se aprecia una importante oferta de viviendas en los municipios mexiquenses que tienen una localización más periférica; en particular, destacan los conjuntos habitacionales ubicados al norte de la ZMVM, constituyendo un eje de desarrollo urbano que incluye Ecatepec y Tecámac, y que apunta a la integración del municipio hidalguense de Tizayuca, en las inmediaciones de las carreteras federal y la autopista a Pachuca, así como en su bifurcación a San Martín de las Pirámides. En el caso de Tizayuca, siendo un municipio poco urbanizado, resulta previsible que la localización de desarrollos privados de vivienda tendrá un impacto importante en el aumento del número de habitantes; el mismo caso de urbanización inducida se presenta en los municipios de Zumpango y Huehuetoca.

Mapa 2.9
Conjuntos habitacionales por delegación y municipios (1991-2013)

Fuente: Elaboración propia con información del informe de gobierno del Lic. Arturo Montiel Rojas de 2005. Informe del Estado de México del Lic. Enrique Peña Nieto y Registro Único de Vivienda (RUV). 2013
Elaboraron: Mtra. Laura Olivia Díaz Flores y Mtro. Ernesto García López.
Nota: Los datos de los municipios del Estado de México corresponden al periodo 1991-2013, en el caso de las delegaciones del Distrito Federal se anotan únicamente los de 2013.

Mapa 2.10
Oferta habitacional de empresas privadas (2013)

Nota: Cada punto representa un conjunto o unidad residencial, independientemente de su número de viviendas, datos de abril de 2013.
Fuente: Mapa elaborado a partir del ensamble de mapas parciales proporcionados por el Registro Único de Vivienda (http://www.ruv.org.mx/).

Es notorio también el desarrollo de conjuntos habitacionales en la zona norponiente, en los municipios de Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero, Cuautitlán y Cuautitlán-Izcalli, aunque su presencia responde en gran medida a conjuntos que constituyeron referencias históricas para las soluciones habitacionales de los sectores medios de los municipios metropolitanos mexiquenses (Satélite e Izcalli). Por el contrario, destaca la inexistencia de desarrollos en UPA menos periféricas como Coyotepec, Teoloyucan y Atenco, probablemente debido a restricciones que estos municipios han establecido.

Debido a la lógica empresarial de obtención de mayores ganancias y como consecuencia de la búsqueda de economías de escala y minimización del valor del suelo, los conjuntos urbanos creados en las periferias han resultado en grandes concentraciones de viviendas en las que los mínimos de área habitacional se han llevado al extremo, alejadas de las fuentes de trabajo y de todo lo que la ciudad puede ofrecer (Duhau, 2008; Duhau y Giglia, 2008; Coulomb, 2006; Eibenschutz y Goya, 2009; Pradilla, 2011). En particular, destaca su aislamiento físico y de los lugares de oferta de educación, salud, recreación, abasto de mercancías y otros servicios, por lo que el transporte se vuelve uno de los factores más importantes para la reproducción social de sus habitantes esto se traduce inmediatamente en un incremento de los costos en tiempo y dinero que deben pagar los residentes de estos conjuntos, lo cual conlleva un impacto negativo en su economía. De ahí que las consideraciones referentes a la diferenciación socioterritorial pasen indefectiblemente por la exclusión y la fragmentación, derivadas de la vivienda (propia o rentada), de su localización en el contexto metropolitano, de la falta de acceso a muchos satisfactores urbanos, etcétera.⁵⁰

Por lo anterior, podemos sostener que en términos de residencia, los municipios del Estado de México conurbados en la ZMVM se han caracterizado en las últimas dos décadas por abrir espacios al desarrollo de conjuntos habitacionales de interés social notoriamente alejados del área urbana más consolidada de la metrópoli, estableciendo con ello una marcada segregación, primero en términos físicos, dadas las distancias que los separan del empleo, los equipamientos urbanos y las principales áreas y corredores de actividad terciaria; y en segundo término en cuanto a la situación socioeconómica de sus habitantes que han visto degradarse sus condiciones de vida, paradójicamente, a raíz de la asignación de un crédito hipotecario y de una vivienda que debiera mejorar su situación en forma sustancial.

Mapa 2.10
Distribución de la oferta habitacional de empresas privadas (2013)

Fuente: Mapa construido a partir del Ensamble de mapas parciales proporcionados por el Registro Único de Vivienda (http://www.ruv.org.mx/)
Elaboraron: Mtra. Laura Olivia Díaz Flores y Mtro. Ernesto García López.

La localización extremadamente periférica de la oferta de vivienda de interés social refuerza nuestros planteamientos de una diferenciación socioterritorial de tipo centro-periferia en la que los sectores de menores recursos económicos son precisamente los residentes de las áreas de incorporación tardía a la metrópoli, quienes sostienen una delimitación metropolitana cuestionable, como también anotaran en su momento Rubalcava y Schteingart (2012).

2.4.2. Los conjuntos residenciales de lujo

De manera contraria a lo expuesto líneas arriba, el desarrollo de conjuntos residenciales para los sectores de mayores ingresos presenta un comportamiento altamente diferenciado. En primer lugar, habremos de considerar que la noción de espacio mínimo habitacional no opera en este punto; por el contrario, es la amplitud de la vivienda lo que los caracteriza, la cual se conjuga además con soluciones urbano-arquitectónicas que dotan de amplias áreas verdes, campos deportivos o paseos internos que incrementan los metros cuadrados del conjunto residencial. En este patrón podemos incluir tanto los conjuntos residenciales verticales como los condominios horizontales que, si bien predominan en las delegaciones del DF, también tienen presencia importante en los municipios mexiquenses del poniente de la ZMVM.

A manera de ejemplo podemos incluir algunos rasgos resaltados por Duhau y Giglia:

En el área correspondiente al desarrollo Santa Fe y su zona de expansión residencial en la delegación Cuajimalpa, se encuentran algunos de los más importantes conjuntos residenciales cerrados actualmente en desarrollo en la ZMVM. Uno de ellos, Bosque Real, abarca 600 hectáreas, cuenta con dos campos de golf y es publicitado como “uno de los desarrollos más exclusivos de América Latina” (Duhau y Giglia, 2008: 139).

Solamente en el área de Santa Fe se estima que en el año 2005 existían aproximadamente 1 500 residencias unifamiliares, 4 000 departamentos, cuatro centros comerciales, un centro de exposiciones, cinco hoteles, 40 restaurantes y siete universidades (Gamboa de Buen, citado en Duhau y Giglia, 2008); ésta es otra de las características de esas nuevas expresiones residenciales: la incorporación de una multiplicidad de servicios urbanos poco convencionales tanto en las inmediaciones de los conjuntos como en su interior. La inclusión de áreas de gimnasio, alberca, spa y otros servicios de reciente demanda al interior de los conjuntos o de los edificios ha dado origen a soluciones habitacionales altamente sofisticadas y que indefectiblemente repercuten en los precios de las viviendas.

Esta diversificación de servicios y su conjunción con la vivienda de lujo ha dado pie al surgimiento de lo que se conoce como edificios multifuncionales en los que se integran ahora viviendas (departamentos), hoteles, oficinas, comercios y servicios en una misma edificación en altura, maximizando y ampliando el rango de absorción de rentas urbanas diferenciales. Tal es el caso de Plaza Carso, un complejo inmobiliario que incluye un edificio residencial, uno corporativo, una plaza comercial y un centro cultural, construido sobre un área desvalorizada a raíz de los procesos de desindustrialización, con lo que se retoma la experiencia de Santa Fe, la cual se erigió sobre lo que fueran tiraderos de basura y minas sobreexplotadas de materiales pétreos; encontramos las mismas características en el Corredor Reforma y en las nuevas construcciones verticales en Polanco y otras áreas de prestigio.

Aunque destinados a sectores de ingresos no tan altos, en los últimos años se han reproducido estas soluciones habitacionales de manera dispersa en un conjunto más amplio de delegaciones del DF, las cuales cuentan con todos los servicios públicos, una cierta accesibilidad y la cercanía de algún corredor urbano terciario. Las diferencias radican en el número de casas o departamentos incluidos en “pequeños” fraccionamientos y condominios horizontales o verticales que incorporan algunos servicios que en la actualidad gozan de un cierto prestigio social, en particular los gimnasios. Su localización dispersa en delegaciones como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán o Tlalpan nos remite a una solución habitacional destinada a sectores con ingresos medios —altos—, que pueden adquirir una vivienda relativamente pequeña en áreas significativamente servidas.

Asimismo, podemos distinguir un conjunto cada vez más amplio de edificios independientes de departamentos construidos en éstas y otras delegaciones centrales a partir de la implantación del Bando 2, el cual busca detener el desarrollo inmobiliario en las delegaciones periféricas y promoverlo en las centrales, argumentando una supuesta subutilización de las infraestructuras urbanas en estas últimas (Pradilla y Pino, 2004; Tamayo, 2007). Siendo parte de la oferta habitacional proporcionada por las constructoras privadas (principalmente pequeñas empresas) en el Distrito Federal, se caracterizan por tener un mayor número de proyectos y construcciones en las zonas centrales; sin embargo, hay que destacar que el número de viviendas consideradas en cada uno de los proyectos es muy menor que el de los grandes conjuntos de la periferia metropolitana.

Esta diferenciación en la agrupación de viviendas está claramente marcada por la renta y los precios del suelo que en delegaciones como Benito Juárez, Cuauhtémoc o Coyoacán son sustancialmente mayores debido a la escasez de predios, sus dimensiones reducidas, así como por la accesibilidad y la dotación de servicios urbanos con que cuentan, entre otros factores.⁵¹ Es por ello que la solución habitacional preferida por los desarrolladores privados en esta zona son los edificios de departamentos que sustituyen a las viejas casonas unifamiliares que fueron construidas durante la primera mitad del siglo XX en las entonces nuevas colonias destinadas a los sectores medios de la población en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco y Venustiano Carranza, siendo precisamente éstas las que presentan en la actualidad el mayor número de desarrollos habitacionales de este tipo.

Resulta claro que estas agrupaciones de viviendas tienen desde su diseño como destino una demanda habitacional por parte de las clases medias que si bien pueden cotizar en alguna de las instituciones públicas de promoción habitacional, la oferta periférica anteriormente reseñada no representa alternativa alguna, por lo que al hacer valido su derecho a una vivienda lo harán en los conjuntos habitacionales localizados en ciudades que ofrecen algún atractivo distinto de los requerimientos habitacionales, es decir, en ciudades turísticas como Acapulco o el puerto de Veracruz.⁵²

Son precisamente estas diferencias en las características urbanas y arquitectónicas presentes en la ZMVM, las que nos permiten hablar de una segregación residencial en la que los sectores sociales se distancian físicamente además de económicamente. Su distribución territorial refuerza nuestra apreciación con respecto a una diferenciación socioeconómica derivada de los ingresos-salarios directos y del acceso a la educación y la salud (salarios indirectos o diferidos), de manera que la metropolización de nuevos municipios mexiquenses o hidalguenses reproduce la diferencia intrametropolitana, a pesar de que ésta se da mediante el desarrollo de conjuntos habitacionales de interés social. De la misma manera, podemos sostener que las nuevas expresiones residenciales de los sectores de altos ingresos tienden a remarcar las diferencias socioeconómicas respecto de los sectores pobres y empobrecidos a través de las formas físicas adoptadas en sus viviendas y mediante la incorporación de servicios cada vez más sofisticados y excluyentes.

A nivel macro, entre los procesos de transformación urbana asociados al cambio socioeconómico se observan como tendencias contemporáneas predominantes en la división social residencial del espacio urbano, el confinamiento de los sectores de menores ingresos en las zonas más periféricas y carentes de empleo, equipamiento y servicios, y la autosegregación de los sectores medios y altos (Duhau, 2008: 200). En un nivel más acotado, se observa el incremento de nuevos tipos de espacios, como megaproyectos de alta tecnología y barrios que surgen a partir de lo que se ha querido definir como gentrification (Schteingart, 2006: 255), es decir, urbanizaciones cerradas y la transformación de múltiples espacios públicos o colectivos en privados.

Desde la perspectiva de Emilio Duhau y Ángela Giglia (2008: 135), estos procesos están creando un tipo de urbanismo denominado “insular” que no se reduce al fenómeno de las urbanizaciones o unidades residenciales cerradas, sino que se expresa en múltiples manifestaciones; destacan los casos de Santa Fe en Cuajimalpa, Interlomas en Huixquilucan y la Zona Esmeralda en Atizapán, y añadiríamos el caso de Polanco en Miguel Hidalgo, como ejemplos de grandes concentraciones insulares. Los autores también plantean la proliferación de condominios horizontales y conjuntos residenciales para las clases medias y altas, y los conjuntos urbanos de interés social.

2.5. Algunas anotaciones finales

Tras esta revisión de la situación de la población que habita cada uno de los municipios y delegaciones de la ZMVM, en sus ingresos y nivel de pobreza, de grado de marginación, de desarrollo humano y en términos del acceso que tiene a los servicios educativos y de salud, podemos establecer algunos patrones de comportamiento territorial. En primer lugar, pudimos constatar el predominio de esta metrópoli respecto del resto del país, al presentar los niveles de pobreza y marginación más bajos, así como los más altos valores de desarrollo humano. De igual manera, en términos de cobertura educativa esta aglomeración se beneficia de una importante presencia de planteles educativos que, de alguna manera, contribuye a las mejores calificaciones que ya se han mencionado. Sin embargo, este hecho no significa que en la ZMVM o en el DF no existan situaciones de pobreza, de marginación o de bajo desarrollo humano; además, debido a la gran concentración de población la metrópoli conforma también, una gran concentración absoluta de población en situaciones de desigualdad y vulnerabilidad social.

Otra anotación fundamental es que la desigualdad social que los indicadores muestran se expresa en una diferenciación social en el territorio metropolitano, puesto que los distintos estratos y sectores sociales se ubican diferencialmente sobre el territorio, en función de su situación económica, dando lugar a situaciones de exclusión, de fragmentación territorial, que se reproducen acumulativamente. El mejoramiento de algún indicador, que puede ocurrir en un ámbito territorial, no significa necesariamente la homogeneización social del territorio.

Si bien los dos indicadores aquí abordados muestran mediciones contrarias en el sentido de cuantificar la falta, por un lado, y la presencia, por otro, la marginación y el desarrollo humano coinciden en estipular, aunque con grados distintos, que la presencia de la primera y la falta del segundo es un atributo propio de los municipios y delegaciones metropolitanos de más reciente incorporación, reforzando la idea que vincula ruralidad con marginación y subdesarrollo; esto se ve reforzado por la fuerte presencia de una población con ingresos que apenas alcanzan los dos salarios mínimos.

La distribución territorial de los indicadores de marginación y desarrollo humano se complementan con la revisión más acotada de los ingresos y los establecimientos educativos al mostrar una organización centro-periferia donde el primero concentra los más altos y mejores valores, mientras el segundo absorbe los niveles más bajos de desarrollo y más altos de marginación, así como los bajos salarios y la falta de ofertas educativas. El paso del centro a la periferia suele estar acompañado por una disminución de las condiciones de vida de sus habitantes, de manera mucho más marcada en el norte y en el oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México; o más claramente, los sectores de menores ingresos deben localizarse en la periferia, donde los costos del suelo y la vivienda son menores.

Todo lo anterior nos ha permitido establecer que la diferenciación socioeconómica de la metrópoli está fuertemente marcada por la calidad de ciudad capital que detenta el Distrito Federal, que concentra las mejores condiciones respecto de los municipios metropolitanos del Estado de México. Las políticas urbanas y sociales introducidas en los últimos 30 años han sostenido y reforzado esta tendencia histórica, de ahí que consideremos que la diferenciación intrametropolitana de sus pobladores se mantendrá mientras no ocurra una modificación sustancial de las formas en que funciona la economía y se conforma la ciudad.

3. Movimientos y organizaciones sociales urbanas⁵³

Los diferentes sectores sociales que habitan en la metrópoli, o que trabajan en ella, han actuado a lo largo del periodo analizado en función de sus necesidades e intereses relacionados con los procesos de formación, apropiación y reproducción de lo urbano, y con las políticas estatales que operan, directa o indirectamente, sobre los procesos territoriales.

Los sectores dominantes de la sociedad, en particular los empresarios —entre los que figuran notoriamente los del sector inmobiliario-financiero que tiene actualmente un papel hegemónico en la producción o reproducción de lo urbano (Pradilla, 2012b)—, utilizan sus múltiples vías de comunicación con el poder público, y actúan en la metrópoli en los amplios márgenes que les permite el patrón neoliberal de acumulación de capital, el cual opera como imperativo social y determinante súperestructural de la acción gubernamental.

Los sectores populares, en los que se combinan muy diferentes estratos sociales, que enfrentan múltiples carencias de vivienda, infraestructura, servicios públicos y otras condiciones de vida urbana, y están sometidos a procesos de segregación, exclusión y fragmentación socioterritorial, se han organizado y movilizado, y han utilizado diversas formas de lucha para obtener estas condiciones de vida, o para defenderse de acciones públicas o privadas que, desde, su punto de vista afectan sus intereses.

Recientemente, las capas sociales medias y, aun, de altos ingresos, han reproducido algunas formas de acción de los sectores populares e integrado nuevas prácticas, como el uso de las llamadas “redes sociales”, para proteger su patrimonio y sus condiciones de vida ante las afectaciones provenientes de las acciones del capital inmobiliario-financiero —megaproyectos inmobiliarios— o de las políticas estatales, en particular los programas de vialidad y transporte.

3.1 Desarrollo histórico de los movimientos sociales generados por los cambios territoriales y las políticas urbanas (1968-2012)

El desarrollo de los movimientos sociales y la participación social en colectivos han seguido diferentes rutas, en las que las organizaciones obedecen ciclos de crecimiento, cambio y desaparición constantes. Los procesos sociales y sus tendencias han sido determinados por su vinculación con: a) procesos políticos como las elecciones, los cambios de gobierno y las políticas urbanas implantadas; b) procesos económicos como los ciclos de crecimiento y crisis, los cambios en los sistemas productivos y las formas específicas de actuar de los agentes económicos sobre el territorio urbano; y, c) procesos sociales como el crecimiento demográfico, la migración y las etapas de expansión y consolidación de la ZMVM. Sin embargo, es difícil tratar de encontrar explicaciones causales directas en las dinámicas de cambio constituidas por variables complejas.

Para la definición de las etapas que han caracterizado los ciclos de movilización social se han buscado las regularidades principales, tratando de establecer unas etapas concretas dentro del proceso histórico general; sin embargo, es pertinente aclarar que los ciclos no son procesos que inician y terminan de manera abrupta en fechas precisas, sino que sus trayectorias se superponen y entrelazan.

3.1.1 Surgimiento y represión de los movimientos estudiantiles (1968-1972)

En México, a finales de la década de los sesenta, el régimen político instaurado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominaba prácticamente todos los ámbitos del aparato estatal, mediante un control basado en el corporativismo, el clientelismo y la corrupción.

En 1968, una querella entre grupos de adolescentes y la consecuente represión policial escaló hacia una serie de manifestaciones de estudiantes de nivel medio superior y superior, sobre todo alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Al igual que con otras protestas en distintas partes del mundo, el régimen político trató de reprimir el movimiento mediante el empleo progresivo de la fuerza pública y la descalificación en los medios de comunicación, en ese entonces controlados por el Estado.

Pese a enfrentar al aparato estatal, los estudiantes fueron respaldados por un número importante de ciudadanos pertenecientes a la sociedad civil no organizada; como ejemplo de este apoyo, la denominada “marcha del silencio” agrupó a unas 400 000 personas (Paz, 1970: 248-249). Ideológicamente, el movimiento era nacionalista, en contra del imperialismo estadounidense, pero sobre todo protestaba en contra del sistema instaurado por el PRI. Las demandas planteadas por el movimiento en su pliego petitorio, entre otras, incluían: la derogación de un artículo del Código Penal referido al “delito de opinión”, la libertad de varios presos políticos y la destitución del jefe de la policía. Según Octavio Paz (1970: 250), todas estas demandas se resumían intrínsecamente en la solicitud de la democratización del régimen.

Después de un conjunto de acciones de represión, que incluyeron la toma de las instalaciones educativas por parte del ejército, y ante la cobertura informativa internacional debida a la proximidad de los XIX Juegos Olímpicos a realizarse en México, el movimiento fue prácticamente aniquilado mediante un operativo realizado por grupos militares y paramilitares, durante una reunión multitudinaria realizada en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Esta acción represora tuvo un saldo importante de muertos, heridos, desaparecidos y presos políticos, información que no se dio a conocer a la opinión pública gracias al control estatal.

En 1970, con un nuevo presidente de la república, el gobierno ofreció tener una mayor apertura; sin embargo, la represión continuó con otro episodio violento. En 1971 un conflicto entre la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y su gobierno estatal provocó que los estudiantes de la UANL solicitaran el apoyo de las demás universidades del país. Para respaldarlos se convocó a una marcha en el Distrito Federal el 10 de junio, partiendo de las instalaciones académicas del denominado “Casco de Santo Tomás”. El 5 de junio se resolvió el conflicto en la UANL; sin embargo, los estudiantes capitalinos decidieron mantener la marcha. Al inicio de la manifestación, aún en las cercanías de las instalaciones educativas, el contingente fue agredido con armas de contusión y de fuego por un grupo paramilitar denominado “Los Halcones”; el saldo de muertos, en esa ocasión, tampoco fue divulgado por los medios de comunicación.

Mediante estas acciones, el movimiento estudiantil del periodo fue sofocado y no hubo otro relevante hasta 1986; no obstante, algunos de sus miembros continuaron en el activismo, pero ahora radicalizados, unos en movimientos guerrilleros, otros en organizaciones políticas, mientras una vertiente muy importante se vinculó a los movimientos urbano-populares.

3.1.2 Desarrollo de organizaciones reivindicativas de suelo, vivienda y servicios en urbanizaciones populares periféricas (1970-1985)

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se formó en la década de 1950 al traspasar la ciudad de México los límites del Distrito Federal, con la conurbación de municipios mexiquenses como Tlalnepantla, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Ecatepec. Entre 1960 y 1970 se presentó una alta tasa de crecimiento poblacional (14.16%) en los municipios conurbados, al pasar de 590 799 a 2 220 370 habitantes (INEGI, 2010a). Este crecimiento se debió, en parte a la construcción de conjuntos habitacionales de grandes dimensiones, pero también a la formación de colonias irregulares pobladas por “invasores” de tierra, los cuales se asentaron en terrenos originalmente ejidales y comunales que fueron fraccionados ilegalmente.

En estas comunidades, diversos activistas provenientes del movimiento de 1968, de partidos políticos de izquierda y militantes de asociaciones cristianas, iniciaron organizaciones con diversas denominaciones, que genéricamente se autodenominaron Movimiento Urbano Popular (MUP).

Las organizaciones del MUP presentaron una gran heterogeneidad, en escala y dimensión, estructura e ideología; como rasgo común, estaban conformadas por habitantes de los sectores populares de menores ingresos y se enfocaron hacia la reivindicación de la satisfacción de necesidades básicas como el suelo, la vivienda y los servicios públicos, sobre todo en la periferia de la ZMVM.

El Estado mexicano contaba con estructuras internas del PRI para cooptar a los movimientos sociales de este tipo, como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que funcionaba como intermediaria entre las organizaciones sociales y las autoridades; con esta mediación, se regularizaron una gran cantidad de invasiones y se les dotó de infraestructura y servicios, siempre mediante acuerdos clientelares. Sin embargo, debido al origen de los líderes de muchas de las organizaciones populares, el MUP fue inicialmente un movimiento combativo que enfrentaba al sistema político desde una posición independiente (Moctezuma, 1984: 54-64). Ideológicamente, muchos líderes se vinculaban con la ideología maoísta, lo que los llevó a establecer procesos de educación política entre los miembros de su base social y organizaciones con una fuerte vinculación territorial.

Entre otras organizaciones, en esta etapa destacaron la Línea Proletaria y la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas (OIR-LM) y, sobre todo, la Unión de Colonias Populares (UCP) que actuaba en el municipio de Nezahualcóyotl. La UCP inició en 1977 los procesos de vinculación entre diversos grupos con la Primera Reunión Plenaria de Colonias Populares (Enzástiga, 1986: 144), a partir de lo cual se constituyó en julio de 1979 la UCP del Valle de México, que llegó a actuar en diversos municipios del Estado de México y en delegaciones del oriente del Distrito Federal.

A nivel nacional, en 1980 y 1981 tuvieron lugar dos encuentros de organizaciones de colonias populares; en la segunda reunión se constituyó la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), como una organización-frente. También en 1981 se constituyó la Coordinadora Regional del Valle de México, con 40 organizaciones (Navarro, 1990: 102). Los organismos agrupados en la Conamup continuaron con las demandas que dieron pie al movimiento: terrenos, vivienda y problemas inquilinarios. Sin embargo, muchos de los grupos que conformaban la coordinadora eran minoritarios, con poca organización y con diferencias ideológicas y políticas; en conjunto, estas situaciones restaron efectividad al frente (Ramírez, 1986: 210). En el IV Encuentro se planteó la discusión sobre si la coordinadora debía constituirse en una organización política basada en la lucha electoral, proyecto fomentado por la UCP, o continuar como organizaciones de masas, propuesta enarbolada por la OIR-LM (Ramírez, 1986: 210-212). Hacia 1984, la Conamup y muchas de las organizaciones presentaban signos de desgaste; el discurso radical de izquierda se debilitó ante las necesidades y demandas inmediatas, las cuales se debían satisfacer mediante movilizaciones y la consecuente negociación de apoyos con funcionarios del gobierno. En estos procesos, los planteamientos revolucionarios cedieron el paso a objetivos más limitados y pragmáticos que permitieran a las organizaciones sobrevivir en un entorno de crisis económica cada vez más aguda; sin embargo este proceso, que se dirigía a la asimilación del MUP mediante el clientelismo del sistema estatal, tuvo un punto de inflexión en la coyuntura del sismo de 1985.

3.1.3. Desarrollo de organizaciones reivindicativas de vivienda y servicios en el Centro Histórico y zonas urbanas populares (1985-1988)

La década de 1980 en México estuvo caracterizada por una crisis económica debida, entre otros procesos, a los siguientes: a) el cierre del ciclo de expansión petrolera y la caída de los precios del petróleo; b) el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones; y c) a una deuda externa aplastante, ampliada por el incremento de las tasas de interés en el ámbito internacional (Álvarez, 2004: 87). El gobierno aplicó una serie de medidas promovidas por su tecnocracia y las presiones de los organismos financieros internacionales, iniciando así una etapa de políticas neoliberales, caracterizada por la pérdida de la centralidad del Estado en el aparato productivo y el desmantelamiento de las regulaciones al comercio internacional.

En estas condiciones, el Estado mexicano también disminuyó su capacidad para atender las necesidades de los sectores más pobres, tradicionalmente mediante programas clientelares, por lo que el control de las organizaciones sociales empezó a decrecer. Una de las consecuencias de las políticas neoliberales fue la reducción de los fondos asignados a las instituciones de vivienda, con el impulso simultáneo al capital hipotecario bancario y al sector inmobiliario privado, lo que aumentó el costo de la vivienda de interés social.

En este entorno crítico ocurrieron dos sismos en septiembre de 1985, los cuales dañaron principalmente a la céntrica delegación Cuauhtémoc, que absorbió 80% de los daños ocasionados por los terremotos. El número de edificios derrumbados fluctuó entre 240 y 258, otros 257 tuvieron que ser demolidos y 724 presentaron fracturas de diversos grados. En 34 colonias de esa delegación, 2 521 vecindades que albergaban a 97 755 personas en 19 551 viviendas padecieron daños (Pradilla, Castro y Peralta, 1996: 19). En estas zonas habitaban personas de bajos ingresos que ocupaban las viviendas bajo el régimen de “renta congelada”, lo que había propiciado un alto índice de hacinamiento y deterioro. Ante la emergencia, las instituciones de gobierno actuaron de manera lenta al ser sobrepasadas por el desastre, en tanto que la reacción de la sociedad civil fue de solidaridad inmediata y movilización masiva.

La estrategia inmediata de reconstrucción del gobierno recuperó las ideas del Programa de Ordenamiento Urbano y Protección Ecológica (PRUPE) de 1984, el cual consideraba el cambio de uso del suelo en las áreas centrales de la ciudad, con el fin de expulsar a los habitantes de los sectores más pobres hacia la periferia. Así, se intentó reubicar a los damnificados en conjuntos habitacionales en los márgenes de la zona metropolitana, los cuales serían construidos por inmobiliarias privadas.

Este proyecto no tomó en cuenta que, para las personas en condiciones económicas más desfavorables, son primordiales las redes de relaciones sociales y económicas en los espacios que habitan. En el caso de una reubicación, perderían el arraigo y sus formas de subsistencia, por lo que inmediatamente se organizaron en grupos de damnificados por zonas territoriales (calles, colonias, barrios).

Apenas a una semana del sismo se fundó el Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción, el cual agrupó a los damnificados y a organizaciones no gubernamentales (ONG), la Conamup, partidos políticos, sindicatos y universidades. Las demandas de los damnificados se basaban sobre todo en el interés de seguir habitando los mismos barrios, por lo que recurrieron a la movilización social, apoyados por la sociedad civil y con cobertura de los medios de comunicación internacionales.

Ante la presión, en octubre de 1985 el gobierno decretó la expropiación de los terrenos afectados por el sismo y los baldíos de las áreas más afectadas; gracias a esta expropiación se dispuso de suelo para la reconstrucción, y las movilizaciones se incrementaron dado que los damnificados buscaban ser beneficiarios de un programa de vivienda (Aguilera, 2005: 29). El mismo mes se decretó el Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular y el organismo público encargado de ejecutarlo (RHP).

El 24 de octubre del mismo año, 48 organizaciones de damnificados, apoyadas por ONG, fundaciones eclesiásticas y universidades fundaron la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), la cual se constituyó en un interlocutor único con el gobierno, con lo que se obtuvo el poder necesario para negociar las características del proceso de reconstrucción. En esta primera fase se demolieron y construyeron 39 790 viviendas, se rehabilitaron 4 210 y se reconstruyeron otras 2 500 (González Pozo y González Lobo, 1988: 352). Estos procesos se realizaron siguiendo esquemas que incluían la participación de los damnificados en las distintas fases del proceso constructivo, pero sobre todo en la supervisión (Connolly, Duhau y Coulomb, 1991).

Otras zonas afectadas por los sismos representaron características particulares, como los casos de la Unidad Nonoalco-Tlatelolco y la colonia Roma, en las que se organizaron la Coordinadora Única de Damnificados de Tlatelolco y la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre, respectivamente, ya que quedaron fuera del grupo de beneficiarios de RHP. Debido a la existencia de otros grupos que no fueron atendidos por el programa original, se estableció el Programa Emergente de Vivienda Fase II, que se enfocó hacia grupos de arrendatarios que deseaban adquirir y reparar sus edificios.

La CUD estuvo conformada por organizaciones muy diversas; esquemáticamente pueden agruparse en tres conjuntos: a) la Coordinadora Única de Damnificados de Tlatelolco; b) las organizaciones del MUP preexistentes a los sismos; y c) las nuevas organizaciones de damnificados. Hacia el final de las primeras fases del proceso de reconstrucción, las organizaciones que conformaban la CUD empezaron a seguir caminos divergentes, debido a los distintos sectores sociales participantes, diversas escalas territoriales, objetivos e ideologías políticas diferenciados. Entre las organizaciones hubo dos posiciones encontradas: las que buscaban continuar con los procesos de reconstrucción hasta que cada damnificado tuviera vivienda y las que querían aprovechar el impulso del proceso de reconstrucción para crear organizaciones más grandes, no sólo de damnificados, sino de solicitantes de vivienda. En tanto que las organizaciones del MUP de la periferia, que habían apoyado políticamente y con recursos materiales a la CUD, retomaron sus propios proyectos; tal fue el caso de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) que actuaba en la zona oriente del DF y sus municipios vecinos y la UCP.

De esta manera, las organizaciones de damnificados fueron el origen de otras organizaciones, no enfocadas ya en la reconstrucción, sino en problemas de vivienda, inquilinarios, de servicios públicos e incluso de política partidaria. Entre las más destacadas estuvieron: a) la Unión Popular Nueva Tenochtitlán Norte (UPNT), antes denominada Unión de Vecinos de la Colonia Centro; b) la Unión Popular Nueva Tenochtitlán Sur, nombrada originalmente Unión de Inquilinos y Damnificados del Centro; c) el Frente del Pueblo, conformado por miembros de la Unión de Vecinos e Inquilinos de Peralvillo, la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre y la Unión Inquilinaria y Lucha Popular; y d) la Asamblea de Barrios, constituida a partir de la fusión de la Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco, la Organización Revolucionaria Punto Crítico y el Comité de Lucha Inquilinaria del Centro. Por su política de aceptar solicitantes de vivienda aunque no fueran damnificados, la Asamblea de Barrios fue el grupo de más rápido crecimiento, ya que a su primera convocatoria acudieron 4 000 familias de 280 colonias, y en 1988 ya aglutinaba a 45 000 familias (Serna, 1995: 143-145).

Este desarrollo de organizaciones populares coincidió con el proceso electoral de 1988, en el cual se eligió al presidente de la república y a la primera Asamblea de Representantes del DF. Esto ocurrió en una coyuntura favorable, ya que en el hegemónico Partido Revolucionario Institucional ocurrió una fractura al escindirse un grupo denominado “Corriente Democrática”. Esta corriente consiguió generar una candidatura común entre los grupos de oposición para contender por la presidencia de la república, la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y conformar el Frente Democrático Nacional (FDN). Sin embargo, la integración del frente fue un proceso complicado, dada la diversidad ideológico-política de los grupos que conformaban la izquierda y los distintos partidos minoritarios. En este entorno los grupos pertenecientes al movimiento urbano popular también se incorporaron al FDN, pero de forma fragmentada.

Los resultados oficiales de las elecciones no favorecieron al frente, aunque en la opinión pública dominó la convicción de un fraude a partir de la sorpresiva “caída” del sistema de cómputo e información la noche de la elección. No obstante, los dirigentes del PRI-gobierno se percataron del cambio en la correlación de fuerzas e iniciaron un conjunto de acciones para limitar la influencia de la nueva coalición opositora.

3.1.4 La nueva vinculación clientelar de los movimientos urbano populares a programas gubernamentales y partidos políticos (1988-1994)

La profundización de la incorporación de México a la economía mundializada en el marco de la lógica neoliberal requería de un conjunto de transformaciones económicas y estatales. Este proceso generó múltiples conflictos sociales, que fueron enfrentados por el régimen político mediante programas sociales clientelares y una apertura democrática acotada, basada en la cooperación política a cambio de cargos de elección en la denominada “concertacesión”, principalmente con el Partido Acción Nacional (PAN).

Con la mira puesta en las elecciones federales de 1991, el gobierno actualizó la política social mediante la reestructuración del sistema de programas sociales, creando el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), el cual fue utilizado en las zonas donde los resultados electorales habían sido más adversos al PRI y en los estados con procesos electorales en curso. La estructura era clientelar pero directamente subordinada al gobierno y a la imagen presidencial (Patiño, 1994: 11). El programa se enfocó en los grupos sociales, por lo que promovió la organización de “comités de solidaridad”, y para estructurarlos se convocó a la creación de una Coordinadora Nacional de Colonias Populares (Rodríguez, 2002: 13-14). La estrategia resultó exitosa ya que el PRI repuntó en esa elección pasando de 50.74% de los votos a escala nacional en 1988, según los datos oficiales no aceptados por la oposición, a 61.9% en 1991 (Villamil, 1995: 64). El Pronasol también actuó en contra de la base de las organizaciones del MUP, dado que la carencia de vivienda era uno de los principales motivos de afiliación a los movimientos populares, pues el programa favoreció la invasión, urbanización y regularización de terrenos mediante el Pronasol en el sur-oriente de la ZMVM en los municipios de Chalco y Chimalhuacán, donde incluso se creó un nuevo municipio denominado Valle de Chalco Solidaridad.

En el Distrito Federal, mediante acuerdos directos con el regente, se estableció una política basada en el apoyo individualizado a las organizaciones, lo que provocó mayores divisiones entre los colectivos del MUP que tuvieron que competir entre sí por los limitados apoyos. Por otra parte el gobierno fortaleció a la organización de filiación priista denominada Antorcha Popular.

Entre 1988 y 1994, al hacerse evidente el proceso de desindustrialización y terciarización de la ZMVM (Pradilla (coord.) et al., 2014: caps. 3 y 4), se generó un importante cambio en diversas zonas de la metrópoli para construir los inmuebles que la nueva economía requería, básicamente edificios de oficinas y los denominados “megaproyectos”. Los corredores que tradicionalmente habían recibido este tipo de edificaciones (Reforma e Insurgentes) fueron escenario del diseño de nuevos y grandes proyectos en altura (Márquez, 2012), y se inició la afectación de colonias de clase media y alta con la construcción de nuevos edificios; tal fue el caso de Polanco, San Ángel y de diversas zonas de la delegación Coyoacán. Los habitantes de estas áreas se opusieron a la pérdida de su calidad de vida y generaron movimientos vecinales; para mediar con ellos se establecieron mecanismos de planeación a escala reducida denominados Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (Zedec), cuya metodología participativa y muchas de sus áreas de actuación se mantuvieron en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano de 1998. Por otra parte, se planificó la construcción de un centro de oficinas corporativas denominado “Santa Fe” en terrenos que habían sido tiraderos de basura y minas en las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa. La recesión de 1995 mitigó el auge de los proyectos de desarrollo inmobiliario, muchos de los cuales fueron abandonados o tuvieron que esperar un nuevo impulso a partir de 2000.

En este periodo y rescatando parcialmente la coalición lograda en el FDN, se constituyó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con la participación de los miembros de la Corriente Democrática, varios partidos minoritarios de izquierda y diversos grupos del MUP, los cuales se vincularon de manera individual y no como grupo, lo que generó un sistema de alianzas, en corrientes internas o “tribus”. No todas las organizaciones populares se vincularon al PRD en un comienzo; el recientemente creado Frente Popular Francisco Villa (FPFV) mantuvo su independencia, mientras otros, como la UCP y la UPREZ, establecieron una relación ambigua ya que no todos sus líderes deseaban participar en la política partidista. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes del MUP se vincularon abiertamente al PRD y empezaron a buscar posiciones políticas por medio de la formación de grupos en constante cambio y conflicto. Este salto a la política partidaria hizo que muchos líderes usaran a sus bases como grupos personales y provocó el debilitamiento y diversas rupturas internas en las organizaciones sociales, como la fragmentación de las UPNT norte y sur, la partición de la UCP, la división de la Asamblea de Barrios y una escisión en la UPREZ.

La formación del PRD también dividió a la Conamup, ya que las organizaciones con mayor vinculación al cardenismo (la Asamblea de Barrios, la UCP, la Alianza para la Integración Vecinal, el sector norte de la UPNT y la UPREZ) formaron en 1989 su propia unión denominada Convención Nacional Urbano Popular (Bolos, 1999: 183), la cual existió hasta 1992, por lo que no pudieron constituir una sola corriente al interior del PRD. En tanto que el resto de las organizaciones de la Conamup original formaron la Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular (Rodríguez, 2002: 13), con grupos como la Alianza Vecinal, el Frente del Pueblo, la UPNT sur, la Coordinadora Plan de Ayala y la Central Unitaria de los Trabajadores; no obstante, esta última organización tampoco perduró.

3.1.5 Diversificación de las organizaciones territoriales: colonias de estratos medios y altos, organizaciones ejidales y movimientos ambientalistas (1994-2000)

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado con los Estados Unidos y Canadá, y puesto en marcha en 1994, fue uno de los logros paradigmáticos de las administraciones tecnocráticas neoliberales; éste y otros ajustes económicos neoliberales provocaron cambios sustantivos en el territorio metropolitano, al tiempo que indujeron el empobrecimiento de amplios sectores sociales.

En la ZMVM los cambios territoriales que impulsó la entrada plena del país en la economía abierta internacional y el arribo de empresas trasnacionales provocaron el surgimiento de conflictos en zonas que no habían presenciado acciones sociales de protesta; tal fue el caso de las organizaciones ejidales en las zonas de suelo de conservación al sur de la ciudad y las organizaciones vecinales en las colonias de estratos medios y altos de ingresos. Este periodo también se caracterizó por el surgimiento de un conjunto de acciones de grupos sociales que habían pasado inadvertidos en el panorama político, fueron los movimientos por el patrimonio, los ecologistas y, especialmente, los indígenas.

El surgimiento de la rebelión indígena en Chiapas representó un hito en la conformación de los movimientos sociales. El primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomó por las armas cinco cabeceras municipales de Chiapas, pero fue obligado a replegarse casi de inmediato debido a la superioridad del Ejército mexicano, y estuvo a punto de ser exterminado con un alto costo de vidas, pero la movilización de la sociedad civil nacional cambió el sentido del conflicto; apenas 12 días después del inicio de las hostilidades, se convocó a una marcha. El Ejecutivo federal decretó el cese al fuego horas antes de la movilización, aun así más de 100 000 personas se manifestaron por una solución política al conflicto (Muñoz, 2004: 92). El zapatismo fue apoyado por las organizaciones de izquierda, como el MUP, y por amplios sectores de la sociedad civil no organizada que progresivamente construyeron redes de apoyo.

En el ámbito de los conflictos territoriales de la ZMVM, cabe destacar dos movimientos iniciados en 1996, que involucraron a ejidatarios y vecinos del sur de la ciudad. El primero fue el generado por el proyecto de construcción de un club de golf en Santa Cecilia Tepetlapa en Xochimilco, al cual se opusieron los ejidatarios y vecinos argumentando el carácter de reserva ecológica de los terrenos y el agravamiento de la carencia de agua que esto generaría; el movimiento logró la cancelación del proyecto. En la zona sur poniente, un grupo de pueblos organizados en el Frente Coalocotla evitó la construcción de un libramiento carretero denominado “La Venta-Colegio Militar”, impulsado por la última regencia del PRI, que afectaría al suelo de conservación de la zona al detonar el crecimiento urbano. Otro conflicto lo constituyó la oposición de vecinos de la zona arqueológica de Cuicuilco, a los que se sumaron intelectuales y artistas, a la construcción de un complejo inmobiliario en la antigua fábrica de papel Loreto y Peña Pobre, por el Grupo Carso, cuyo edificio más importante tendría 22 pisos, lo que afectaría la imagen del sitio arqueológico; gracias a las manifestaciones en contra, el edificio más alto del conjunto fue reducido a ocho pisos.

Un aspecto común y decisivo en el éxito de estos tres movimientos lo constituyo el hecho de que los proyectos no contaron con el apoyo del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000), quien había escuchado en campaña las voces de los opositores y actuó en el sentido de su modificación o cancelación.

Estas movilizaciones ejemplifican la oposición de los habitantes vecinos a lo que se denomina “megaproyectos”, grandes proyectos inmobiliarios (edificios de oficinas, comerciales, habitacionales) promovidos por el capital privado y apoyados en muchos casos por el gobierno, o de infraestructura (carreteras, sistemas de transporte, estacionamientos), que forman parte de las políticas urbanas de los gobiernos locales. El área de afectación de los proyectos determinó en diversas ocasiones a los participantes principales en el movimiento, por lo que se incorporaron a las protestas actores que empezaron a abarcar un amplio rango de niveles socioeconómicos. Dependiendo del tipo de afectaciones, se sumaron a estos grupos ciudadanos de otras áreas territoriales, como ecologistas, en los casos de los proyectos del sur de la ciudad, o grupos por la protección de la cultura y la identidad, en los casos de las zonas patrimoniales.

En cuanto a los procesos institucionales, uno de los hechos más relevantes en la historia política reciente del DF lo constituyó la elección del primer jefe de gobierno en 1997, que ganó el PRD. Esto significó un gran cambio para muchos líderes de organizaciones sociales que se habían incorporado al PRD, al ocupar diversos cargos en las estructuras burocráticas, partidistas y de elección popular. Asimismo varias organizaciones populares, como los vendedores ambulantes y los transportistas, que habían mantenido fuertes vínculos con los gobiernos del PRI, debieron cambiar sus estrategias, convirtiéndose primero en grupos opositores; progresivamente fueron fragmentándose, ya que el gobierno perredista propició el surgimiento de nuevas organizaciones con el fin de reemplazar los liderazgos y vincularlos de manera clientelar en estructuras afines.

3.1.6 Los movimientos ciudadanos: crecimiento de las organizaciones vecinales, barriales y de pueblos con objetivos locales (2000-2006)

En 2000, el PRD volvió a ganar la jefatura de gobierno del DF; sin embargo, el tipo de administración y de política urbana cambió. Una de sus políticas y acciones más relevantes fue la promulgación del Bando 2, el cual promovía la construcción de vivienda en las cuatro delegaciones centrales (Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), restringiendo su crecimiento en las 12 periféricas, sobre todo en las que contaban con suelo de conservación. Con el Bando 2 se buscaba repoblar las zonas centrales de la ciudad y proteger las áreas de conservación ecológica (véase, Tamayo, 2007); sin embargo, éste tuvo un conjunto de efectos negativos, entre ellos, el aumento de los precios del suelo en las delegaciones centrales y la consecuente expulsión de los sectores populares; además, se intensificó la emigración del capital inmobiliario, sus inversiones y compradores, hacia los municipios periféricos del Estado de México, los cuales no eran afectados por el bando (Pradilla, 2004), para desarrollar los megaproyectos de microviviendas de interés social posibilitados por la contrarreforma agraria de 1991-1992 y las reformas de las políticas federales de vivienda de esos años (Puebla, 2002; Pradilla, 2011).

El MUP, muy debilitado, intentó oponerse al Bando 2, sobre todo por lo que implicaba la prohibición de la construcción de unidades habitacionales en las 12 delegaciones no centrales, donde tenían en marcha proyectos de vivienda; no obstante, sucumbió ante la pérdida de apoyo del sector, sometido al control clientelar del gobierno y el PRD, al manejo gubernamental de los ampliados programas de vivienda; asumiendo así, de manera creciente, su papel de gestoría ante el Instituto de Vivienda del DF.

El gobierno del DF durante el periodo 2000-2006 también promovió grandes proyectos de infraestructura vial: puentes, distribuidores viales y un tramo elevado en el Anillo Periférico (el segundo piso en Periférico y Viaducto); estas obras, construidas por empresas privadas, fueron criticadas por su papel en la privatización del espacio público, por los problemas ambientales como el tránsito inducido y la falta de un programa integral de movilidad. Para enfrentar las críticas, se convocó a una consulta pública telefónica en enero de 2002 y en septiembre del mismo año a un plebiscito, solicitado por los ciudadanos de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana vigente, en el que se recibieron solamente 420 536 votos, de los cuales 65.3% estuvo a favor y 33.86% en contra de los segundos pisos en Viaducto y Periférico. En la estadística a nivel local sólo en la delegación Benito Juárez, directamente afectada por el proyecto, ganó la opción en contra del segundo piso, en tanto que la participación disminuyó entre más lejos estaban los votantes del lugar donde se iba a realizar el proyecto (Martínez Assad, 2005: 406).

Uno de los movimientos sociales más importantes del periodo lo constituyó la movilización de los ejidatarios de Atenco contra la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en sus terrenos de siembra. El 22 de octubre de 2001 por decreto presidencial se expropiaron varios ejidos ubicados en tres municipios mexiquenses conurbados; los ejidatarios se organizaron y presentaron unidos los amparos para buscar por la vía legal la revocación del decreto (Alcayaga, 2002). El proyecto fue atacado por ser inviable desde el punto de vista ambiental, además de presentar múltiples desafíos técnicos. Durante 10 meses los habitantes de Atenco desarrollaron intensas actividades, el cierre de la presidencia municipal, plantones, veladas de resistencia, bloqueos carreteros; algunas de estas movilizaciones fueron reprimidas por el gobierno del Estado de México y sus líderes fueron encarcelados; a la lucha se sumaron organizaciones civiles, estudiantiles y ecologistas. La expropiación se anuló y la construcción del aeropuerto se canceló finalmente en agosto de 2002. Sin embargo, en la actualidad está en marcha la construcción del aeropuerto internacional en terrenos federales del ex Lago de Texcoco.

En cuanto al problema de la vivienda en el DF, en esta etapa, los diversos movimientos que habían constituido el MUP de los setenta y ochenta habían perdido protagonismo, debido sobre todo a su vinculación clientelar con el PRD y a las estrategias de los programas sociales y las políticas financieras, que permitían el acceso a programas de vivienda de interés social de manera individual, lo que hacía innecesaria la participación en organizaciones sociales.

3.1.7 Diversificación de los temas de protesta: electorales, seguridad pública, vecinales, laborales, e inicio del activismo en internet 2006-2014

Las protestas vecinales han rechazado la construcción de diversos megaproyectos públicos y privados; sin embargo, los conflictos involucraron sobre todo a los habitantes afectados de manera inmediata. Uno de los proyectos cancelados más grandes fue la Torre Bicentenario, propuesta en 2007, la cual era un inmueble de 70 pisos de altura, que incluía ocupar una parte del Bosque de Chapultepec con sus estacionamientos subterráneos, y que se esperaba inaugurar en 2010. La obra fue impugnada por representantes vecinales, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, grupos ambientalistas y el gobierno delegacional de Miguel Hidalgo; fue cancelada a pesar del apoyo inicial del Gobierno del DF. En 2008 la misma delegación, entonces gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN), impulsó el Proyecto Integral Palmas, que implicaba la construcción de seis pasos a desnivel; este proyecto fue bloqueado por la Secretaría de Medio Ambiente del DF y por vecinos de las colonias aledañas. En estos casos fue relevante la filiación de los gobiernos local y del DF, del PAN y el PRD respectivamente, ya que en su actuar se impusieron los intereses políticos sobre los de desarrollo urbano.

Uno de los conflictos que más movilizaciones propició entre 2010 y 2012 fue la Supervía Poniente, un proyecto vial público-privado para conectar la zona de viviendas de lujo y oficinas corporativas de Santa Fe con el Periférico Sur, pasando a través de una zona de reserva ecológica y una colonia popular. Este proyecto provocó la creación del Frente Amplio contra la Supervía, en el que se agruparon vecinos, ecologistas y movimientos sociales. Como formas de manifestación se realizaron marchas y un campamento en la zona de protesta; sin embargo, el proyecto se construyó.

En 2006 se realizaron elecciones federales y locales. El gobierno federal del PAN intentó evitar mediante tecnicismos legales que el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien se encontraba mejor posicionado en las encuestas que los posibles candidatos del PAN, contendiera en las elecciones, cuestión que generó grandes movilizaciones. El resultado de las elecciones fue muy cerrado y dio la victoria al PAN. El candidato del PRD no reconoció al nuevo presidente y junto con las bases sociales del PRD, conformadas sobre todo por los movimientos territoriales del MUP, estableció un “megaplantón” de julio a septiembre de 2006 en la avenida Reforma, una de las principales de la capital.

El gobierno federal panista (2006-2012) inició su gestión en medio de una crisis de legitimidad. Para modificar la percepción ciudadana determinó impulsar una acción gubernamental contra los grupos de narcotraficantes, que habían crecido durante las dos últimas décadas, lo cual implicó la movilización del ejército y la marina hacia labores policiales. La falta de una estrategia integral y la fragmentación y reestructuración de los grupos criminales, en luchas constantes por las “plazas” —territorios de operación—, generó el incremento sin precedentes de delitos como el homicidio, los secuestros y las extorsiones.

Ante esta situación, diversos grupos, iniciados principalmente por familiares de víctimas de la violencia, comenzaron acciones de presión hacia el gobierno; estas protestas hallaron eco en los medios de comunicación, sobre todo la televisión. La primera marcha contra la inseguridad se efectuó en junio de 2004, con la participación de grupos empresariales, organizaciones civiles y consejos ciudadanos. La presencia de unas 700 000 personas —según los medios de comunicación— no relacionadas con estos grupos, mostró un rebasamiento de la capacidad de convocatoria de cada una de estas organizaciones.

Durante un tiempo se efectuaron operativos policiacos que no modificaron la situación de inseguridad. Cuatro años después, al ser asesinado el hijo de un empresario, se efectuó otra marcha denominada “Iluminemos México”, a la que también se sumaron agrupaciones civiles, vecinales y empresariales del DF y el Estado de México. Una comisión de los organizadores fue recibida por el presidente; sin embargo, tampoco se obtuvieron resultados contundentes.

En marzo de 2011 fue asesinado en el estado de Morelos el hijo de un poeta e intelectual; en mayo del mismo año, éste encabezó una caravana denominada “Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad”, que arribó después de cuatro días de caminata al Zócalo de la ciudad de México. A diferencia de las dos manifestaciones anteriores, a ésta se sumaron grupos distintos, más identificados con los movimientos sociales de izquierda, como los estudiantes y diversas organizaciones sociales, comunitarias y vecinales.

Conviene destacar algunos puntos respecto de estas manifestaciones: a) las dos primeras, y en menor medida la tercera, fueron promovidas, difundidas y trasmitidas por los medios de comunicación, los cuales generalmente se manifiestan en contra de la movilización social; b) un alto porcentaje de los participantes eran individuos que no habían tomado parte en movilizaciones sociales, tanto por su sector socioeconómico (estratos de ingresos medios y altos) como por su apatía ante la participación política; c) pese a su alto nivel de asistencia, los grupos organizadores “permanentes” eran minoritarios y no mantuvieron una coordinación que permitiera la continuidad mínima de la organización social. En su conjunto, y pese a la escala de las movilizaciones, no alcanzaron la estabilidad necesaria para convertirse en una organización o movimiento definido, por lo que las protestas no consiguieron el poder de presión suficiente para alterar la política gubernamental, la cual permaneció prácticamente inalterada todo el sexenio.

Con el cambio de gobierno, en 2012, se esperaban transformaciones en la estrategia de seguridad pública. Sin embargo, sólo se efectuaron acciones superficiales, como la creación de una nueva división en la policía, mientras que los delitos continuaron en niveles muy altos, aunque los medios dejaron de poner énfasis en las estadísticas criminales. Ante la incapacidad estatal para contener a los criminales, surgieron grupos paramilitares de autodefensa ciudadana en los estados de Michoacán y Guerrero, mismos que efectuaron acciones de gran escala contra los grupos del crimen organizado, tomando el control de poblaciones enteras.

Durante este periodo, el gobierno federal enfrentó nuevamente una crisis de credibilidad debido a escándalos que revelaron corrupción en todos los niveles. En septiembre de 2014 se abrió una coyuntura crítica cuando un grupo criminal, con la colaboración de los policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, asesinó a seis personas y efectuó lo que los grupos de derechos humanos denominaron la “desaparición forzada” de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En este evento destacó la participación de las autoridades municipales en acuerdo con los grupos criminales, lo que generó múltiples especulaciones sobre los niveles de gobierno involucrados.

Las protestas públicas se enfocaron en el reclamo al gobierno para encontrar con vida a los estudiantes. El gobierno federal trató de dar conclusión rápida al caso sin fundamentar debidamente el destino de los estudiantes, indicando que habían sido asesinados y cremados, y presentando a un grupo de culpables que incluían al presidente municipal de la localidad de Iguala. Hasta la conclusión de este texto, las explicaciones no han convencido a los familiares de los desaparecidos, quienes tienen el apoyo de organizaciones internacionales, estudiantes y una parte importante de la sociedad civil no organizada.

La difusión por las redes sociales de los hechos facilitó la realización de acciones coordinadas en repetidas marchas en diversas ciudades del país —sobre todo en la ciudad de México— y de otros países de América y Europa. En la capital, las marchas por los 43 secuestrados de Ayotzinapa tuvieron como participantes a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de la disuelta Compañía de Luz y Fuerza del Centro; a trabajadores y estudiantes preparatorianos y universitarios, incluidos los del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en lucha en ese momento por sus propias reivindicaciones; a organizaciones sociales y ciudadanos no organizados. En estas movilizaciones jugó un papel importante —como medio de difusión— la comunicación electrónica a través de las redes sociales, que habían hecho su aparición en la escena de la protesta ciudadana con el movimiento #Yo soy 132, en 2012, en ocasión de la elección presidencial.

El descrédito del gobierno se acentuó debido a la confrontación de versiones con especialistas nacionales e internacionales y el recuerdo de desapariciones forzadas ocurridas en la misma región durante la “guerra sucia” de los años setenta contra los militantes de oposición y los miembros de las guerrillas; así como el asesinato sistemático de periodistas y activistas de oposición en años recientes. Es notorio, por lo tanto, que las protestas se basan tanto en la demanda ante el gobierno como en la desconfianza ante sus acciones, lo que permite apreciar una pérdida progresiva de legitimidad del gobierno recrudecida durante los años recientes.

3.1.8. Las organizaciones urbano-gremiales y su movilización 1980-2012⁵⁴

Desde la década de los noventa, cuando se empezaron a visualizar los cambios económicos y morfológicos producidos por las políticas públicas neoliberales aplicadas desde 1983 por los gobiernos federales, las transformaciones sociales resultantes, y la desindustrialización y la reestructuración terciaria de la ZMVM, se observó la conformación de movimientos sociales distintos a los MUP de las décadas anteriores. La pérdida de empleos representó un factor importante en la conformación de nuevos colectivos organizados, ya que miles de desempleados se ocuparon en actividades informales,⁵⁵ que contribuyen a la supervivencia, como el comercio callejero, los servicios personales y los transportes; sin embargo, debemos señalar que una sección de los vendedores ambulantes y de los transportistas no forman parte de los sectores más desprotegidos de la sociedad.⁵⁶

* Los vendedores en la vía pública

Históricamente, la zona principal de comercialización para los sectores informales populares se ubicaba en las calles del Centro Histórico de la ciudad de México, el mismo lugar de surgimiento de diversas organizaciones del MUP, antes y después del sismo de 1985. Esta situación territorial coincidente favoreció que las organizaciones de vendedores se vincularan con las organizaciones del MUP y adoptaran algunos de sus esquemas organizativos como la vinculación con partidos políticos. Este esquema fue influido, además, por la herencia corporativista del PRI, iniciada en los años cuarenta cuando las primeras organizaciones de comerciantes informales del barrio de Tepito —la Fraternal, la Revolucionaria y la de No asalariados—, fueron incorporadas al sector popular de este partido. Para 1990, las 29 organizaciones de comerciantes de Tepito se encontraban afiliadas al PRI a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares CNOP (Castro, 1990: 63).

El discurso con el que los comerciantes en la vía pública han justificado su presencia involucra la importancia de sus acciones de resistencia: al permanecer en los espacios públicos durante años se genera una especie de apropiación o “uso y costumbre” que justificaría su permanencia; también mencionan recurrentemente el derecho al trabajo que en su lógica prevalece sobre el derecho al libre tránsito y a la seguridad de los transeúntes. Un elemento mencionado frecuentemente es el puntual pago de cuotas a los líderes y a las oficinas de gobierno, con lo que certifican su derecho de piso (Silva, 2007: 56), así como su pertenencia a una organización, por lo que se observa un nivel muy básico en la discusión sobre el uso del espacio público, limitando el problema a la falta de trabajo y a su defensa de los procesos clientelares. Así, Jaramillo (2007) al estudiar una organización de ambulantes en la Alameda central, encontró un esquema que se podría considerar típico de las relaciones clientelares, descritas como el compromiso de entregar votos y recursos materiales a favor de un partido político a cambio del cumplimiento de ciertos pactos:

En este sentido, se observó que la representante, tanto con recursos del grupo como propios, aportaba desayunos o comidas para algún acto político, como las brigadas de promoción del voto o para los representantes de partido en las casillas; o bien, acudía con sus agremiados al cierre y a la apertura de campañas o informes de gobierno. Este apoyo generalmente les redituó un trato privilegiado por parte de las autoridades en algunas romerías o ferias donde se les asignaron ubicaciones preferentes (Jaramillo, 2007: 149).

Las organizaciones de vendedores que funcionaron con el esquema corporativo durante las regencias⁵⁷ del periodo hegemónico del PRI enfrentaron un cambio de reglas con la llegada al gobierno capitalino del PRD en 1997, ya que en 1998 se promulgó una regla según la cual se podía registrar una Asociación Civil con sólo 10 personas. El objetivo de esta estrategia fue fragmentar los grandes monopolios de organizaciones dirigidas por líderes asociados al PRI, con lo que hubo una explosión de liderazgos y una fragmentación de las organizaciones de vendedores, las cuales recibieron beneficios asistenciales para vincularse con el PRD (Zaremberg, 2010: 154). A partir de 2005 el esquema cambió nuevamente, pues las organizaciones que se habían fragmentado iniciaron una nueva tendencia hacia la monopolización que buscó el amparo de los grandes líderes ante la política de desalojo y expulsión ligada a la revitalización del Centro Histórico emprendida por el gobierno capitalino (Zaremberg, 2010: 173). El periodo intermedio funcionó como un cambio de partidos en el control para terminar operando dentro de una estructura clientelar similar.

En 1993, siendo Manuel Camacho Solís regente del DF y Marcelo Ebrard su secretario de Gobierno, se efectuó una gran reubicación de 9 600 ambulantes del Centro Histórico en diversas plazas comerciales, construidas para tal efecto; dichas plazas fracasaron debido a su mala ubicación y a la pérdida de la ventaja relativa otorgada a los vendedores callejeros por su localización en el camino de los transeúntes, convirtiéndose así, en el mejor de los casos, en bodegas. Los ambulantes regresaron muy pronto a las calles (Pradilla, 1993: cap. 4).

En el gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, ahora del PRD, (2006-2012), la atención por parte del gobierno local se dio también de manera superficial, pero con mayor intervención de la vigilancia policial: por ejemplo, 25 000 vendedores agrupados en unas 100 organizaciones fueron retirados en 2007 del “perímetro A” del Centro Histórico, por medio de acuerdos con los líderes, y mediante la implementación de operativos de vigilancia policial, y reubicados en plazas comerciales (Silva, 2010: 218). No se dieron alternativas de empleo ni se atacó la estructura de comercialización de los productos ilegales, confiando en el uso de la fuerza pública, la cual se incrementó entre 2007 y 2011 de 100 a 500 efectivos destinados a vigilar que no se ejerciera el comercio ambulante en el centro; como resultado, en el mismo periodo 54 700 ambulantes fueron arrestados y remitidos ante el juez cívico.

Los resultados de esas acciones fueron contraproducentes, ya que los vendedores emigraron a otras zonas, creció la comercialización irregular en los tradicionales barrios de Tepito y La Lagunilla en la zona del Centro Histórico, se enfrentaron constantemente los intentos de regreso de los llamados “toreros”⁵⁸, y los tianguis⁵⁹ crecieron a lo largo de la ciudad junto con una multitud de puntos irregulares de venta de comida y productos en las calles principales de los barrios y colonias (sobre todo en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa), en los accesos a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y diversos hospitales.⁶⁰ El resultado fue que de una concentración central de ambulantes surgieron múltiples agrupaciones de comerciantes, sobre todo en las zonas populares. También se incrementó el comercio callejero semifijo en las cercanías de las estaciones del transporte público, el comercio itinerante a bordo de las unidades de transporte, y en las cercanías de las grandes oficinas públicas y privadas que no garantizan la alimentación económica a sus empleados de bajos ingresos.

* Los transportistas

Desde 1981, cuando fue municipalizado el sistema, la paraestatal Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (AUPR-100) fue el principal proveedor del servicio de transporte de pasajeros en el DF; el sindicato de la empresa (SUTAUR-100), vinculado al Movimiento Proletario Independiente, una organización urbano-popular, llegó a contar con cerca de 20 000 trabajadores. En 1989, el SUTAUR-100 inició una huelga solicitando 100% de aumento salarial; el gobierno declaró la quiebra de la empresa y en 1995 disolvió AUPR-100, reemplazándola por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Esta nueva empresa no cubrió más que una parte del servicio que anteriormente ofrecía la AUPR-100 (Setravi, 2009).

La dificultad administrativa para obtener una concesión y los trámites de revista fomentaron que surgieran diversas organizaciones de taxistas sin permiso que se unieron a organizaciones del MUP: así, el Frente Popular Francisco Villa apoyó a los “panteras”, y en procesos similares en el Estado de México grupos de transportistas se aliaron con la organización Antorcha Campesina. A lo largo del periodo, principalmente, en los municipios conurbados, los microbuseros se han movilizado para exigir incremento en las tarifas, o evitar la desaparición de rutas en los procesos de modernización, como en la creación de la primera ruta de Metrobús en el DF.

En suma, el servicio de transporte en la ZMVM ha sido ineficiente e inseguro debido a los vehículos obsoletos y los operadores no calificados, así como al ingreso constante de nuevas unidades irregulares. En el aspecto político, las nuevas organizaciones de transportistas no tuvieron el protagonismo de AUPR-100, pero han enfrentado cualquier intento de regularlas o reemplazarlas con otros sistemas de transporte, exigiendo participación en las nuevas líneas modernas y reguladas de autobuses públicos en corredores y en carriles confinados (Metrobús y Mexibús).

El crecimiento sin precedente de las organizaciones de vendedores irregulares y de los transportistas ha generado la consolidación de grupos que se basan en su número y capacidad de movilización corporativa para obtener concesiones que les permitan seguir ejerciendo actividades básicamente irregulares; esta situación ha complicado la gestión urbana y su legitimidad, representando un problema en aumento.

* Los trabajadores del SME

El cierre de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro el 11 de octubre de 2009 y su absorción por la Comisión Federal de Electricidad, con el argumento de problemas financieros e ineficiencia, dio lugar a que los trabajadores de la empresa organizados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) iniciaran una serie de protestas que incluyeron amparos, marchas, una huelga nacional e incluso una huelga de hambre. El SME fue uno de los sindicatos más importantes del siglo XX en México y tuvo una tradición de lucha desde la época en que la empresa productora de electricidad era propiedad extranjera. El sindicato de electricistas también apoyaba a otras organizaciones sociales, de modo que cuando se manifestaron muchas organizaciones del MUP los respaldaron; no obstante, no consiguieron evitar la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro.

3.1.9. Conclusiones parciales: hacia una periodización de los ciclos de conflicto social

Los últimos 40 años han representado una de las etapas más intensas de participación política y de movilización ciudadana en México. En el periodo posrevolucionario se presentaron varios movimientos estudiantiles y de corte inquilinario, pero sus movilizaciones fueron contenidas y carecieron de la escala y trascendencia de los movimientos posteriores a 1968.

A partir de la década de 1970 los movimientos se desarrollaron en un entorno de crisis económica que dio pie a la generación de estrategias de supervivencia, como la surgida en las periferias urbanas, donde la autogestión y la solidaridad colectiva permitieron la adquisición de suelo y su regularización, la construcción de vivienda y la introducción de infraestructura y servicios públicos.

A partir de 1988 el objetivo de los colectivos se amplió de manera importante al incorporarse a la lucha por la democratización, dentro de los canales institucionales de la democracia representativa, pero muchos de estos procesos terminaron eliminando la autonomía de los movimientos, debido a su dependencia clientelar o corporativa de los apoyos gubernamentales y de los partidos políticos y sus gobernantes.

No obstante, a mediados de la década de 1990 surgió un nuevo grupo de demandas sociales como defensa ante los impactos de la incorporación del país en la economía abierta internacionalmente y la terciarización, materializados en la forma de megaproyectos inmobiliarios. En esta etapa se distingue la incorporación de zonas urbanas en las que no se habían registrado movilizaciones, como las zonas ejidales del sur de la ciudad y las colonias de estratos medios y altos de ingreso. Este proceso se incrementó en la primera década del siglo XXI.

Otra especificidad del periodo consiste en que los movimientos de los diferentes estratos sociales que luchan por la calidad de vida de sus barrios y colonias, y la defensa de su patrimonio inmobiliario, se enfrentan coyunturalmente tanto a los gobiernos locales que permiten y aun promueven los desarrollos inmobiliarios, como al capital inmobiliario-financiero privado nacional y trasnacional que los propone, construye y comercializa, transformando sustancialmente la vida cotidiana en sus colonias.

Finalmente, y con el incremento de la conciencia democrática, se observa una diversificación de las protestas hacia los ámbitos electorales, laborales, de derechos humanos, de género, ambientales, por la seguridad, contra proyectos privados y públicos, etc., cuestiones que se suman a las necesidades de vivienda y servicios.

Un elemento constante en esta diversidad es la movilización social como respuesta a un periodo de cambios macroeconómicos relevantes y la intensificación periódica de las crisis, que en su avance y en la conversión de la ciudad en una mercancía más y ante el abandono de las políticas de desarrollo social y urbano por los gobiernos han afectado tanto las posibilidades de acceder a un conjunto de satisfactores básicos, como la de mantener un nivel de calidad de vida adecuado para sus habitantes.

A las movilizaciones sociales que se desarrollan por la reivindicación de condiciones de vida urbanas, o por organizaciones gremiales vinculadas a su prestación, tendríamos que añadir en este análisis rápido aquellas acciones de protesta desarrolladas en la ciudad, sin que sus actores o sus causas tengan que ver directamente con la ZMVM, pero que afectan su funcionamiento y la vida cotidiana de sus habitantes. Entre ellas, particularmente importantes han sido a lo largo del tiempo, periódicamente, sobre todo en agosto y septiembre de 2013 y luego de los hechos de Ayotzinapa, Guerrero, a partir de septiembre de 2014, las acciones de protesta y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) asentada en entidades federales diferentes al DF. Por su carácter de capital nacional, la ciudad de México mantiene una visibilidad política que la convierte en escenario privilegiado de la lucha y la movilización social, con significativo impacto en la vida cotidiana de los capitalinos.

3.2. Formas de asociación, conformación y movilización, demandas y ubicación territorial de los movimientos sociales

Abordaremos ahora la descripción y el análisis de las características principales de los movimientos sociales por la ciudad y en la ciudad, poniendo énfasis en los años recientes en función de la información sistematizada en el Observatorio de Conflictos Urbanos para el periodo 2011-2014.

Entendemos como movimientos sociales por la ciudad aquellos que reivindican la satisfacción de necesidades y la obtención de satisfactores que forman parte estructural o coyuntural de lo que se considera específico de la ciudad (por ejemplo, por la obtención de vivienda, servicios públicos, transporte, o contra megaproyectos urbanos, etc.); en tanto que los movimientos sociales en la ciudad serían aquellos que ocurren en la ciudad, afectan y modifican su cotidianidad, pero demandan la satisfacción de necesidades de otros ámbitos de la vida social (por ejemplo, de lo rural, o problemas laborales específicos), y de territorios distintos a aquellos en los que se llevan a cabo, por ejemplo, las movilizaciones de maestros de entidades federativas distintas a la ZMVM, o por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

3.2.1. Formas de asociación y conformación

Los colectivos sociales en la ZMVM presentan una gran heterogeneidad de formas de organización; algunas de las más activas se describen a continuación:

Asociaciones de vecinos: en este grupo se incluyen las organizaciones con una base territorial que las define, como es el caso de las colonias, barrios, unidades habitacionales, pueblos y fraccionamientos. Estas organizaciones generalmente tienen objetivos que se limitan a las necesidades de su área de actuación y en muchos casos se han constituido como Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, pero en otros se trata de asociaciones civiles locales que mantienen un liderazgo que rebasa la breve duración de los Comités Ciudadanos.

Organizaciones urbano-gremiales: han surgido principalmente a partir de actividades económicas (formales e informales) que requieren del uso del espacio urbano para desarrollar su trabajo; tal es el caso de las organizaciones de comerciantes en la vía pública, transportistas de carga y de pasajeros (operadores de autobuses, microbuses, taxis, bicitaxis, etc.) y "franeleros".⁶¹ Este sector ha crecido a la par del empleo informal, pero también por la constitución de empresas formales de transportistas, como los corredores de transporte y el metrobús.

Organizaciones de profesionales de la misma área: corresponden a los colegios y asociaciones de profesionales, como es el caso del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Barra Mexicana Colegio de Abogados; por lo general, están constituidos como asociaciones civiles y emiten opiniones en los ámbitos de su competencia laboral.

Movimientos sociales: si bien pueden reivindicar la satisfacción de necesidades que corresponden a un territorio definido, los movimientos sociales también pueden sostener peticiones que trascienden los límites territoriales de su zona de actuación; suelen disgregarse en cuanto sus demandas han sido satisfechas o la acción que quieren evitar ha sido realizada o cancelada.

Organizaciones para el desarrollo: también conocidas como Organizaciones No Gubernamentales (ONG), son asociaciones civiles sin fines de lucro cuyos objetivos involucran el desarrollo social: ecología, vivienda, servicios, equipamientos, alimentación y la protección a grupos vulnerables como niños en situación de calle, mujeres maltratadas y el apoyo a víctimas de la delincuencia. Por lo general, están constituidas por profesionales y activistas que actúan en diversas áreas territoriales y funcionan como enlace para ejercer fondos asistenciales de organismos nacionales e internacionales y fundaciones de mayor escala.

Organizaciones estudiantiles: este grupo de organizaciones pueden surgir debido a conflictos en sus instituciones como problemas laborales, autoritarismo de los funcionarios educativos, el aumento de cuotas, cambios a los reglamentos o a los programas de estudios. También se han vinculado a demandas que trascienden el ámbito educativo, como la política electoral, la democratización de los medios de comunicación y el apoyo a las luchas de otros colectivos como los sindicales, el movimiento indígena y los de ejidatarios.

Movimiento Urbano Popular: corresponde a las organizaciones reivindicativas de suelo, vivienda y servicios, medio ambiente, etc., aunque varias se han vinculado con grupos urbano-gremiales. Tienen diversas escalas y formas de actuación, sin embargo su vínculo con las autoridades es determinante ya que mediante actos de presión o negociación política suelen lograr apoyos para sus demandas. Pese a su importancia en otros periodos y su permanencia, actualmente constituyen un grupo con poco activismo.

La pertenencia a uno de estos grupos no excluye la participación en otros, ya sea por compartir diversas condiciones de trabajo, vida cotidiana y ubicación territorial, por colaboración o por cambios en las trayectorias de vida de los individuos que los conforman.

3.2.2. Formas de movilización, participantes, demandas y ubicación territorial

Para estudiar las organizaciones sociales por tipo, demandas, áreas de actuación y vínculos, se estableció a inicios de 2011 un Observatorio de Conflictos Urbanos como parte de este proyecto de investigación. El observatorio ha utilizado como plataforma técnica la infraestructura informática desarrollada por el doctor Carlos B. Vainer en el Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, mediante un convenio interinstitucional con la UAM-Xochimilco. Con esta base de datos se han establecido observatorios de conflictos urbanos en varias ciudades brasileñas y de las Américas.

Metodológicamente, el observatorio ha capturado diariamente las movilizaciones registradas por los medios de comunicación (televisión, radio, prensa impresa y por la internet). Para cada conflicto se crea una ficha en la que se captura un grupo de variables prioritarias, entre otras: ubicación territorial, tipos de participantes, demandas, modalidad de la protesta y alianzas relevantes. También se captura un resumen de la protesta y se registra el medio del que se obtuvo la información.

Gráfica 3.1
Tipo de Participantes

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Conflictos Urbanos de la ZMVM, UAM-X, IPPUR, UFRJ.

De acuerdo con los datos obtenidos por el Observatorio de Conflictos Urbanos de la ZMVM (UAM-Xochimilco), las organizaciones más activas entre los años 2011 y 2014 fueron las asociaciones de vecinos, las organizaciones urbano-gremiales y las de estudiantes.

En la misma estadística se observa un importante número de conflictos en los que los participantes formaban parte de varios tipos de colectivos, pero se manifestaban por una misma demanda. Otro elemento a destacar es la importancia comparativamente menor de las manifestaciones de movimientos urbano populares, ONG y ambientalistas en años recientes.

Gráfica 3.2
Tipo de demandas

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Conflictos Urbanos de la ZMVM, UAM-X, IPPUR, UFRJ.

La preponderancia de la movilización de las asociaciones de vecinos puede entenderse dado el contexto de transformaciones territoriales aceleradas por los procesos de terciarización y modernización urbana que han dado lugar a grandes desarrollos inmobiliarios y de infraestructura vial, objeto de conflictos focalizados; este hecho da cuenta también de la fragmentación de la protesta social basada en demandas locales inmediatas.

Entre los años 2011 y 2014 los conflictos generados por proyectos específicos como la Torre Bicentenario, la Supervía Poniente, el estadio en el deportivo Reynosa o la Arena de la Ciudad de México, propiciaron un conjunto de manifestaciones que hacen destacar en las estadísticas las demandas contra proyectos privados. Estas variaciones quedan de manifiesto si se observa la gráfica 3.2, en el que aparecen las demandas planteadas por las movilizaciones sociales. La oposición contra los proyectos privados y públicos ha sido de las principales causas de movilización ciudadana, cuestión que se vincula directamente con el protagonismo de las asociaciones vecinales.

Las demandas de corte político-partidista y electoral representan una de las grandes tendencias en 2012, en contraste con las de los demás años, lo cual se explica debido a la celebración en ese año de las elecciones federales y locales. Por otro lado, las demandas de tipo laboral se incrementaron en el contexto del cierre de diversas empresas y la discusión en la Cámara de Diputados sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Otro aspecto que destaca es la seguridad pública, uno de los grandes temas que han provocado la movilización social. Finalmente, se observa una variedad de demandas de tipo “urbano”, como las relacionadas con el agua y el drenaje, lo ambiental, la legislación urbana, los cambios de usos de suelo, la vialidad y el transporte, y la vivienda.

En cuanto al número de miembros de las organizaciones, en el diagnóstico de Julia Chávez (2004), realizado a partir de entrevistas a integrantes de organizaciones populares y civiles, se observa que la mayor parte de las organizaciones civiles tienen menos de 50 miembros, como se puede apreciar en el cuadro 3.1. También se observa que las organizaciones populares tienden a agrupar a un mayor número de miembros que las organizaciones civiles, con un importante porcentaje en los segmentos superiores a 100 miembros.

Cuadro 3.1
Número de miembros en las organizaciones civiles y populares

Fuente: Chávez Carapia, Julia (coord.) 2004.
Nota: Los datos se refieren a 387 miembros de organizaciones civiles y 459 miembros de organizaciones populares entrevistados, cifras redondeadas en el original.

De acuerdo con la clasificación de actos masivos utilizada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del DF, los tipos de manifestación y el número de participantes han variado, como se muestra en la gráfica 3.3. Sin embargo, las marchas se han mantenido como la forma de manifestación que más participantes convoca, seguida por las concentraciones y los mítines, en tanto que otras acciones, como los bloqueos de vialidades y la toma de instalaciones, se llevan a cabo con menos participantes.

Gráfica 3.3
Número de participantes por tipo de manifestación (2001-2012)

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública y Dirección General de Enlace Institucional (2012).
Nota: Información de 2012 de 1 de enero al 31 de julio de 2012. Cifras estimadas sujetas a revisión.

El Observatorio de Conflictos Urbanos de la ZMVM también identificó los tipos de protesta con una clasificación diferente; sin embargo, se observan grandes regularidades puesto que las marchas, las concentraciones y los plantones fueron las principales modalidades de protesta, seguidas por el bloqueo de vialidades y la toma de instalaciones, al igual que en las estadísticas de la SSP del DF.

En comparación con los datos del GDF y la SSP, la metodología del observatorio, centrada no sólo en los actos públicos masivos sino en todo tipo de manifestaciones, permitió encontrar que las denuncias por la vía de los medios de comunicación y las denuncias ante las autoridades competentes empiezan a conformar un mecanismo de protesta importante, como se observa en la gráfica 3.4.

Gráfica 3.4
Formas de protesta

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Conflictos Urbanos de la ZMVM, UAM-X, IPPUR, UFRJ.

Las organizaciones que convocan a formas de manifestación como marchas, concentraciones y mítines, aprovechan la cantidad de asistentes para hacerse notar y son una muestra de la capacidad de convocatoria del grupo o la demanda. Los grupos más pequeños no destacan tanto en marchas y concentraciones, de modo que realizan acciones de “impacto”, más radicales, para llamar la atención de las autoridades y los medios de comunicación, como es el caso de bloqueos y toma de instalaciones, precisamente por disponer de menos miembros.

Debemos destacar la presencia de un conjunto de estrategias de manifestación, que si bien no son utilizadas de manera común, representan un amplio abanico de posibilidades, como los campamentos, caravanas, clausuras, colocación de objetos en vía pública (mantas, por ejemplo), o el volanteo.

Gráfica 3.5
Actos masivos y tipos de protesta (2001-2012)

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública y Dirección General de Enlace Institucional (2012).
Nota: Información de 2012 de 1 de enero al 31 de julio de 2012.Cifras estimadas sujetas a revisión.

En cuanto al desarrollo tendencial de estas formas de protesta (gráfica 3.5), se observa un incremento en el periodo 2007-2010, con un máximo en 2009, que puede deberse a desviaciones estadísticas producidas por la metodología de registro, o estar vinculado al recrudecimiento de la crisis económica y social. En esta gráfica también se observa un incremento importante de las concentraciones como estrategia de protesta, seguida por los bloqueos, las marchas y los mítines, mientras el resto de las formas se mantiene en niveles muy reducidos. El mayor periodo de protestas parece ser el de 2007-2012, que coincide con la duración del sexenio presidencial y del gobierno local.

Respecto de la ubicación territorial de los movimientos sociales, existe una marcada tendencia a que éstos se presenten en las unidades político-administrativas (UPA) más densamente pobladas, como se aprecia en el mapa 3.1; también se observa una preponderancia de las UPA del DF sobre las del Estado de México. La céntrica delegación Cuauhtémoc destaca como el lugar de origen de muchos conflictos sociales, rebasando por mucho a las otras UPA, en tanto que las delegaciones que le siguen —Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras— tienen menos de la mitad de los conflictos registrados en esa delegación; esta delegación fue excluida del mapa para poder observar la tendencia en las otras UPA. La concentración de conflictos en la delegación Azcapotzalco en 2011 y 2012 se explica por la presencia de grandes proyectos, como fueron: a) la Arena de la Ciudad de México, un inmueble para espectáculos promovido por una de las cadenas de medios de comunicación más importantes del país; y b) la oposición vecinal a la construcción de un estadio en los terrenos del deportivo Reynosa.

En la delegación Magdalena Contreras tuvo lugar el conflicto de la Supervía Poniente. La delegación Miguel Hidalgo se encontraba en 2011 en un intenso proceso de cambios de uso de suelo, aumentos de la densidad habitacional y construcción de proyectos inmobiliarios para vivienda, comercios y oficinas; en esta delegación, un conjunto de asociaciones vecinales protestaron contra los proyectos que amenazaban su calidad de vida. La misma tendencia, pero a niveles más reducidos, se observa en las UPA de Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón y Naucalpan.

El registro de los cuatro años destaca una mayor prevalencia de conflictos en las delegaciones del poniente y del sur, una región caracterizada por un mayor número de colonias con ingresos medios y altos, lo que refuerza la tesis del cambio en los estratos sociales de manifestantes. Sin embargo, también se observa una concentración al nororiente y oriente, una zona popular e industrial con un ritmo intenso de crecimiento poblacional, lo que implica el mantenimiento de los conflictos comunes al crecimiento desordenado.

Si bien los mapas presentan variaciones puntuales en algunas UPA, se aprecia la tendencia a la concentración de conflictos en zonas en donde se están efectuando proyectos urbanos públicos y privados, además de procesos de cambio de uso de suelo o de conurbación.

Mapa 3.1
Lugar de origen del conflicto en la ZMVM (2011-2014)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de conflictos sociales IPPUR, UFRJ, UAM-X.
Nota: Mtro. Ernesto García López y L.T.P Abraham Said Figueroa Zúñiga.

Mapa 2
Lugar de manifestación en la ZMVM (2011-2014)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de conflictos sociales IPPUR, UFRJ, UAM-X.
Nota: Mtro. Ernesto García López y L.T.P Abraham Said Figueroa Zúñiga.

En los cuatro años registrados hasta ahora en el Observatorio de Conflictos Urbanos, la delegación Cuauhtémoc continuó presentando la mayor cantidad de conflictos, mientras las delegaciones Álvaro Obregón y Benito Juárez se ubicaron en el siguiente rango. Comparativamente con la estadística anterior de la SSP del GDF, se observa cómo decrecen los conflictos, de manera importante, en Azcapotzalco y Magdalena Contreras, lo que puede interpretarse como el término de los procesos conflictivos por los proyectos puntuales. En conjunto se mantuvo la tendencia de mayores conflictos en las áreas más pobladas.

En cuanto a los lugares de manifestación, se observa una correlación con los lugares de conflicto en cada año. Esta tendencia indica claramente que un alto porcentaje de las movilizaciones ocurren dentro de la misma UPA donde se presenta el conflicto inicial; esto es válido tanto para las delegaciones del Distrito Federal como para los municipios del Estado de México.

El Observatorio de Conflictos Urbanos de la ZMVM detectó diversos conflictos cuyas demandas incluían problemas que involucraban al conjunto de delegaciones que constituyen el Distrito Federal. También hubo movilizaciones por problemas que abarcaban el conjunto de la ZMVM, pero no fueron estadísticamente relevantes. Esto indica que existe una marcada tendencia hacia conflictos de corte local, en contraposición a las visiones de la ZMVM como un tema integral. Adicionalmente, se detectó un conjunto de movilizaciones que, si bien ocurrieron en el ámbito urbano, no afectaban específicamente un territorio, como son las demandas de derechos civiles, educativas, laborales, o de política electoral.

3.2.3. Conclusiones parciales: más que un problema de organización

A lo largo del periodo analizado existen indicios de que las organizaciones sociales tienden progresivamente a reducirse, ya que los colectivos independientes del MUP de la periferia llegaron a agrupar a decenas de miles de adherentes, sin contar a las coordinadoras, en tanto que las asociaciones vecinales contemporáneas no suelen trascender el límite de sus colonias y demarcaciones.

En conjunto, se aprecia que las formas tradicionales de manifestación continúan siendo importantes; sin embargo, también han aparecido formas nuevas, entre las que destacan la denuncia en los medios de comunicación, lo que demuestra la importancia que éstos han adquirido para dar a conocer las demandas sociales. Cabe puntualizar que, en general, los demandantes no han podido acceder a los medios más populares, como la televisión, utilizando en cambio medios más independientes y con menos difusión entre todos los sectores, como es el caso de la internet. Por otra parte, como forma de protesta también se encuentra un número importante de denuncias a las autoridades competentes, cuestión que probablemente indique una mejor estructura gubernamental para atender las demandas y, al mismo tiempo, la existencia de instituciones y mecanismos para encauzar las reivindicaciones.

3.3. Influencia de los movimientos sociales en la estructura gubernamental y en la generación de políticas públicas

La movilización social no sólo ha afectado los ámbitos territoriales y las demandas particulares de cada grupo social. Desde 1968 ha provocado cambios progresivos en el Estado, los gobiernos, la legislación y la administración urbana, ya que ha sido parte de procesos como la democratización y diversificación política.

3.3.1. La movilización social como reacción ante proyectos gubernamentales

En la década de 1970 la participación social comenzó como reacción ante programas de desarrollo urbano que trataron de ser implantados arbitrariamente por el gobierno. Tal fue el caso del Plan Guerrero de 1975, que fue enfrentado con una contrapropuesta de los vecinos asesorados por una ONG y especialistas de la UNAM (Coulomb, 1986: 304). Este plan, conocido finalmente como Plan Parcial de Mejoramiento de la Colonia Guerrero, constituyó el primer programa desarrollado fuera de las instancias de planeación gubernamentales.

Entre otros ejemplos de resistencia ante proyectos planteados por el gobierno, se pueden mencionar: a) la organización de los residentes del edificio Gaona en 1979, para evitar la demolición y lograr que el edificio fuera declarado monumento artístico nacional; b) la resistencia ante el Plan Tepito de Vivienda y Desarrollo Urbano en 1979 con el Plan Parcial de Mejoramiento del Barrio de Tepito, desarrollado a partir de la colaboración de especialistas de la UNAM con los habitantes; c) el programa del barrio de San Miguel Teotongo, propuesto por la delegación Iztapalapa en 1980, ante el que la comunidad presentó programas y proyectos de equipamiento, vivienda y un Plan Parcial (Moctezuma, 1999: 107); y d) el Plan Parcial de Mejoramiento Urbano de Santa María Aztahuacan (1985-1986), elaborado también mediante la colaboración de los colonos y especialistas de la UNAM.

Ante la apertura de instituciones como el Fondo Nacional de las Habitaciones Populares (Fonhapo) en 1981, que otorgaba créditos colectivos a grupos sociales, algunas organizaciones independientes empezaron a participar en estos programas. Sin embargo, al avanzar la década y ante la crisis y los cambios en las políticas gubernamentales, este tipo de programas que trataban con organizaciones y no con particulares se fue abandonando paulatinamente.

3.3.2. La reforma política en el Distrito Federal

Uno de los reclamos más importantes de la década de los ochenta fue la falta de democracia en el Distrito Federal, ya que desde 1928 el jefe del Departamento del Distrito Federal era nombrado y removido libremente por el presidente de la república. Durante los ochenta diversos grupos y prácticamente todos los partidos políticos de oposición demandaron que el DF se convirtiera en un estado más de la federación, con la consecuente elección del gobernador y de los jefes de las delegaciones.

En junio de 1986 se convocó a grupos políticos, académicos y ciudadanos a participar en foros de consulta popular denominados: “Participación ciudadana en el Gobierno del DF” (Mellado, 2001: 64). En contra de las opiniones que planteaban transformar radicalmente el sistema de gobierno, el PRI–gobierno optó por mantener al DF, sin alterar demasiado su régimen político, pero empezando reformas para democratizarlo, por lo que en 1988 se efectuaron las elecciones para la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), la cual contó con atribuciones limitadas. Esta primera ARDF tuvo una conformación plural aunque bajo el control del PRI, pese a que sólo había obtenido 30% de la votación, ya que el voto por la oposición se fragmentó entre los diversos partidos minoritarios. Esto generó la protesta de grupos como la Asamblea de Barrios, la cual formó la Convención del Anáhuac como una representación paralela (Bolos, 1999: 180); sin embargo, su trascendencia fue mínima.

Los asambleístas de la primera ARDF no tuvieron la capacidad de legislar, sólo pudieron emitir bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno; además, atendieron demandas de servicios públicos y realizaron gestorías ante el gobierno, especialmente las presentadas por grupos de organizaciones urbanas. En la segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la cual funcionó de 1991 a 1994, el PRI se mantuvo como la principal fuerza política, aunque con el recién creado PRD algunos representantes de la Asamblea de Barrios fueron electos asambleístas.

En 1992 se efectuaron elecciones de organizaciones vecinales, en las que votó menos de 10% de los electores; esta situación sumada a los reclamos constantes de las organizaciones sociales y los partidos políticos llevaron al gobierno a establecer una mesa de concertación para una nueva reforma política (Martínez, 2000: 679). En 1993 nueve asambleístas convocaron a título personal a un plebiscito, con tres puntos: a) la conversión del DF en estado; b) la elección de los gobernantes del DF; y c) si se estaba de acuerdo con que el DF contara con un Poder Legislativo. Los resultados fueron favorables a un cambio que dotara de mayor democracia y autodeterminación al Distrito Federal, lo que constituyó un elemento más de presión para el gobierno federal.

En 1993 se acordó una reforma limitada que amplió las funciones de la ARDF, dotándola de la capacidad de aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, al mismo tiempo que se le dieron funciones legislativas, aunque aún limitadas por el Congreso de la Unión, por lo que a esta asamblea (1994-1997) se la denominó Primera Legislatura del Distrito Federal. En 1996 se promovieron reformas a los artículos 44 y 122 que permitieron que la ARDF se convirtiera en la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a partir de 1997, pese a que aún contaba con limitaciones debido a las materias que no le fueron asignadas.

La primera ALDF reformó el Estatuto de Gobierno, con lo que se incrementaron las facultades del jefe de gobierno, se creó un tribunal y un instituto electoral autónomos, acordándose además la elección de los titulares de las delegaciones políticas para el 2000 (Álvarez, 2004: 110). Pese a algunos puntos pendientes, estas reformas supusieron un gran avance en la democratización del Distrito Federal. Progresivamente, líderes de diversas organizaciones sociales han sido electos como diputados de la ALDF y también como delegados; sin embargo, esto no ha dado lugar a una disminución automática de los conflictos sociales.

Uno de los temas pendientes más importantes de la reforma política del Distrito Federal fue la elección de representantes a nivel de las colonias, barrios, unidades habitacionales y pueblos. Las distintas leyes de participación ciudadana (1995, 1998, 2004 y 2010) han fallado en involucrar al conjunto de los ciudadanos, lo que se ha visto reflejado en las elecciones de los comités ciudadanos, las cuales han tenido una participación mínima. No obstante, se ha legislado para crear instrumentos para la participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la consulta ciudadana, que han sido poco o nada utilizados por el GDF y la ALDF, en particular los tres primeros. El problema es convertir estas figuras y espacios de representación en verdaderas herramientas para canalizar y enfrentar los conflictos urbanos.

3.3.3. Conclusiones parciales: nuevas formas de políticas públicas

Si bien la participación de líderes y activistas de los medios sociales en instancias de representación como la ALDF no ha beneficiado especialmente a las organizaciones sociales, sí ha tenido impacto en la legislación del Distrito Federal, en donde se han efectuado reformas de avanzada en materia de políticas sociales y derechos civiles, como la despenalización del aborto, el derecho a la pensión alimentaria para adultos mayores y la legalización del matrimonio homosexual. Este conjunto de reformas habría sido impensable en los ochenta, cuando la legislación del Distrito Federal estaba supeditada al Congreso federal.

También la administración pública ha sido influida. Cuando menos en el discurso existen las disposiciones legales para que los procesos de planeación incluyan consultas públicas y se han creado programas como el presupuesto participativo o los programas de mejoramiento barrial, en los que se solicita la opinión de las comunidades para el ejercicio del gasto público, aunque aún con pocos recursos.

Sin embargo, la propia participación ciudadana, reducida casi exclusivamente a los mecanismos institucionales formales, en cuya elección participa una minoría de los habitantes, ha avanzado relativamente poco y en muchos aspectos, como la participación vecinal en la aplicación de los planes de desarrollo urbano en el DF, ha sufrido retrocesos, como en el caso de la Ley de Desarrollo Urbano aprobada por la ALDF en 2010.

3.4. Las organizaciones sociales urbanas y sus redes de relaciones con partidos, sindicatos, movimientos estudiantiles, indígenas y las ONG

Los movimientos sociales y las organizaciones sociales han generado un conjunto de vínculos con otros actores políticos colectivos. Un elemento destacado es que los miembros de los grupos han transitado entre ellos, estableciendo procesos de educación, colaboración, asimilación, clientelismo y legitimación. Se trata de una cuestión importante que revela que la conclusión de un movimiento o la fragmentación de un grupo social puede seguir influyendo en la construcción y el carácter de otros.

3.4.1 Los movimientos sociales urbanos y los partidos políticos

Dentro del sistema formado por el PRI hasta los años ochenta, la CNOP era la encargada de mediar con distintas organizaciones urbanas; no obstante, con el surgimiento del Movimiento Urbano Popular, el PRI perdió el control efectivo de la mayoría de las organizaciones populares y sólo mantuvo un vínculo fuerte con la organización Antorcha Campesina.

Un punto importante es que desde la fundación de los primeros grupos del Movimiento Urbano Popular estuvieron involucrados diferentes miembros de partidos políticos y de movimientos sociales estudiantiles, como en el caso de la Unión de Colonias Populares. Sin embargo, hasta 1988 la mayor parte de los partidos políticos de izquierda no estaba vinculado estratégicamente con los movimientos sociales, debido tanto a cuestiones ideológicas como a la negativa de diversas organizaciones del MUP (sobre todo las de corte maoísta) de participar en la lucha electoral. Esto se explica porque las organizaciones de la periferia se centraban en el desarrollo comunitario mediante la autogestión a largo plazo, debido a la falta de servicios y equipamientos, ante la ausencia de los apoyos del gobierno.

En contraposición, las organizaciones sociales en zonas urbanas céntricas nacieron en los procesos de negociación con las autoridades; el contexto urbano determinaba estas características debido a que en las zonas céntricas, al existir infraestructura y servicios, una vez solucionado el problema de vivienda muchos adherentes abandonaban las organizaciones. De modo que los líderes de los movimientos de damnificados tenían una propensión mayor a relacionarse con el gobierno y a intentar otras estrategias para aprovechar su “capital político”. Al llegar el año electoral de 1988 algunos de estos líderes se relacionaron con los partidos políticos de izquierda, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Mexicano Socialista, para apoyar a sus candidatos.

Cuando surgió la Corriente Democrática, conformada por una escisión del PRI, los líderes de los diversos movimientos sociales vieron con desconfianza la nueva agrupación política; la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia y su gran arrastre popular, empero, determinaron un cambio progresivo en sus perspectivas. A lo largo de la campaña, diversos partidos minoritarios de izquierda y varias organizaciones del MUP, sobre todo las de damnificados, como la Asamblea de Barrios, empezaron a sumarse al Frente Democrático Nacional, el cual obtuvo finalmente un apoyo mayoritario de la sociedad. Sin embargo, los resultados de las elecciones fueron adversos al Frente. Pese a esta derrota los diversos grupos que apoyaron al FDN participaron en la formación del PRD; ante esta situación, los grupos del MUP se sumaron mayoritariamente al nuevo partido, abandonando el discurso radical de sus inicios.

Entre 1990 y 1991 algunos movimientos urbanos del norte del país y varias de las asociaciones de la disuelta Conamup que no entraron en el PRD, constituyeron el Partido del Trabajo (PT), que en sus inicios funcionó para dispersar el voto de la izquierda. Con el tiempo, el PT funcionó en coaliciones con otras fuerzas políticas, lo que le permitió ampliar su presencia electoral.

En los municipios del Estado de México y en el Distrito Federal, a partir de la elección de los delegados, los movimientos territoriales han tenido un peso importante en las elecciones a escala local. Tal es el caso de Iztapalapa, Tláhuac, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco y Chimalhuacán, donde la alianza con estos colectivos ha llegado a ser determinante para la victoria electoral tanto del PRI como del PRD, incluso varios de los delegados han sido líderes o han estado vinculados a estos grupos. Por otra parte en las delegaciones que ha controlado el PAN (como Miguel Hidalgo y Cuajimalpa), se observan movimientos vecinales muy activos. No obstante, la relación posterior a las elecciones es conflictiva en muchos casos debido a la capacidad de presión de estos grupos. Pero los movimientos vecinales carecen de la capacidad de influir en las elecciones a niveles más amplios, dadas las limitaciones que su naturaleza local les impone.

Mediante la participación con los partidos políticos, diversos líderes de los movimientos sociales obtuvieron puestos de gobierno (delegados en el DF y presidentes municipales en los municipios conurbados), burocráticos, y de representación popular. A pesar de esto, los resultados para sus agrupaciones sociales han sido mínimos. Ninguna de las organizaciones vinculadas a los partidos o al gobierno se ha desarrollado y fortalecido; peor aún, se han fragmentado y han perdido la capacidad de funcionar de manera independiente. Éste es un balance a profundizar.

3.4.2. Los movimientos sociales urbanos y los sindicatos

Las relaciones de las organizaciones sociales con los sindicatos han sido muy limitadas debido, entre otras causas, a la divergencia en niveles de ingreso, la pertenencia a estratos sociales, las condiciones estructurales a las que se encuentran sometidos, los actores con los que buscan interlocución o tienen conflicto, las formas de lucha, las áreas de actuación y los objetivos. Pese a esto, un caso relevante lo constituyó el Movimiento Proletario Independiente (MPI) que surgió en 1983 de la fusión del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 y algunas organizaciones populares urbanas. A pesar de que el sindicato llegó a tener cerca de 20 000 trabajadores con amplias prestaciones (Cisneros, 2006: 75), el gobierno declaró en 1989 la quiebra de la empresa y encarceló al comité ejecutivo del sindicato; el MPI continuó operando, pero de manera limitada.

El resto de los sindicatos independientes han formado alianzas coyunturales con los movimientos territoriales o los han apoyado con infraestructura; tal fue el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Cooperativa Pascual y los sindicatos universitarios, pero su vinculación se limita a acciones puntuales o la presencia en manifestaciones.

3.4.3. Los movimientos sociales urbanos y los movimientos estudiantiles

El activismo estudiantil representa una etapa necesariamente limitada en el tiempo y, por lo tanto, inestable; no obstante, muchos miembros de organizaciones sociales participaron en movimientos estudiantiles. Éste el caso de los estudiantes que tomaron parte en el movimiento de 1968 y 1971 y que se convirtieron en activistas que participaron en la construcción de los movimientos urbano-populares. Por su parte, diversos líderes del movimiento de 1986 y 1987 en la UNAM se incorporaron posteriormente al PRD, y lo mismo ocurrió con los de la huelga de 1999.

Igualmente, hubo vínculos con el MUP, ya que durante la realización de la huelga de 1999 en la UNAM varios colectivos del MUP se sumaron a apoyar al Consejo General de Huelga (CGH) en labores de vigilancia en el campus de Ciudad Universitaria; de la mismo forma, el CGH participó en las asambleas y manifestaciones de los ejidatarios de Atenco, y también se vinculó al movimiento zapatista.

En el marco de las campañas electorales por la presidencia de la república en mayo de 2012, el candidato presidencial del PRI visitó la Universidad Iberoamericana (UIA) y fue recibido con abucheos; los medios de comunicación no dieron cuenta de ello y políticos afines indicaron que se trataba de grupos ajenos a la UIA. Ante esto, los estudiantes publicaron en internet un video denominado “Yo soy 131”, en el que 131 alumnos de la UIA se manifestaban mostrando su credencial y mencionando su carrera; en este video se hacía notar que nadie los había entrenado para manifestar su inconformidad.

A partir de esta protesta se organizó una asamblea en la UNAM con estudiantes pertenecientes a diversas instituciones educativas, y se constituyó el movimiento autodenominado “#YoSoy132”, que inicialmente declaró entre sus objetivos: la búsqueda de la democratización de los medios de comunicación, la realización de un tercer debate entre los candidatos presidenciales, y el rechazo a la imposición por los medios de comunicación del candidato del PRI. Posteriormente a las elecciones, el movimiento presentó un programa de seis puntos: 1) democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión; 2) cambio del modelo educativo, científico y tecnológico; 3) cambio del modelo económico neoliberal; 4) cambio del modelo de seguridad nacional; 5) transformación política y vinculación con movimientos sociales; 6) cambio del modelo de salud pública.

El movimiento #YoSoy132 involucró a estudiantes tanto de universidades públicas como privadas a nivel nacional, debido a que carecían de un líder las decisiones se tomaron por consenso. Una organización de este tipo hubiera sido imposible si no se contara con las plataformas tecnológicas de internet que permitieron la organización, discusión y difusión del movimiento.

Activistas identificados con el movimiento tuvieron una presencia en diversas movilizaciones sociales y buscaron vincularse más allá del ámbito académico. Su participación se dio primero en torno al proceso electoral de 2012, con la demanda de democratización de los medios, pero posteriormente se manifestaron a favor de Atenco, de los familiares de las víctimas de feminicidios, de los pueblos indígenas en resistencia, de los periodistas atacados por la violencia, de los trabajadores y de la diversidad sexual. Si bien algunos miembros destacaron y se presentaron liderazgos, el conjunto del movimiento no reconoció una jefatura, además se vincularon con otros movimientos similares a nivel internacional.

En 2014, como parte de los procesos de reforma de la educación superior y con el objetivo de orientarla y estandarizarla hacia un modelo educativo al servicio de la economía neoliberal, el gobierno federal inició un conjunto de cambios reglamentarios y académicos en el nivel medio superior con la creación del Sistema Nacional de Bachillerato, y en el sistema de institutos tecnológicos que fueron renombrados como Tecnológico Nacional de México (TNM). En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se aprobó y publicó un nuevo reglamento interno con cambios que hacían suponer una supeditación al TNM y modificaciones como la “salida lateral” que convertirían a los egresados en técnicos de nivel superior.

Los estudiantes iniciaron de inmediato las protestas con una gran marcha y un paro de labores en la mayoría de las instalaciones politécnicas y se organizaron en una Asamblea General Politécnica que planteó un pliego petitorio. Para la difusión y coordinación se hizo uso de las redes sociales. Las manifestaciones fueron sumamente ordenadas y se sumaron estudiantes de otras instituciones públicas; el movimiento, además, contó con el apoyo mayoritario de la sociedad civil. Gracias a las movilizaciones el gobierno dio marcha atrás a las reformas y accedió a la realización de un congreso para la discusión del nuevo reglamento.

Tanto el movimiento #YoSoy132 como el #TodosSomosPolitécnico fueron movimientos en red, con los beneficios y desventajas que esta forma de organización presenta. Entre los beneficios de la organización en red de estos movimientos se encuentran: la facilidad de vincularse con otros movimientos; la imposibilidad de que la dirigencia sea cooptada en su totalidad; el acceso a canales de comunicación abiertos y transparentes, lo que permite el debate de las ideas individuales. Entre sus desventajas están: la lentitud para tomar decisiones y para consensar objetivos, la posibilidad de que los vínculos no sean estables y, por lo tanto, de presentar divisiones o fragmentación hacia metas diversas, así como la pérdida progresiva de apoyo debida a intereses individuales.

3.4.4. Los movimientos sociales urbanos y el movimiento indígena

Al surgir el movimiento zapatista en enero de 1994, diversas organizaciones urbano populares y civiles se identificaron con sus objetivos y participaron en sus iniciativas, como la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia en 1995, la integración del Frente Zapatista de Liberación Nacional en 1996 y la construcción de diversos encuentros, marchas y reuniones. En varias ocasiones los zapatistas se vincularon a organizaciones como el Congreso Nacional Indígena, la Alianza de Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades del Anáhuac.

Sin embargo, con el tiempo las alianzas, por muy entusiastas que fueran al inicio, demostraron progresivamente pocos resultados, dado que las organizaciones que las conformaban enfrentaban sus propios problemas y debilidades. Otro elemento importante que aisló al zapatismo fue su negativa a participar en los procesos electorales, dado que muchos movimientos habían optado abiertamente por la opción electoral; esto se convirtió en un aspecto que impidió la colaboración, ya que los liderazgos actuaban eminentemente con estrategias electorales.

La opción adoptada por los zapatistas, la resistencia y la construcción paulatina de autogobiernos en sus comunidades, se ha revelado con el paso del tiempo como una estrategia válida para su movimiento, dado que no están sujetos a los vaivenes de la política electoral como otras fuerzas sociales y continúan consolidando sus procesos de formación y construcción de comunidades. No obstante, y pese a las simpatías que despierta, el movimiento se aprecia un tanto aislado respecto de las redes que llegó a constituir.

3.4.5. Los movimientos sociales urbanos y las organizaciones civiles para el desarrollo

En los setenta y ochenta el Movimiento Urbano Popular y los movimientos vecinales requirieron del apoyo de especialistas en construcción, investigación y planeación urbana, ya que la forma principal de construcción de sus viviendas era la autoproducción, por lo que requerían asesorías técnicas.

Los profesores y alumnos del Taller 5 de Autogobierno, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y otros profesionistas comprometidos con las causas sociales se vincularon a muchos de estos movimientos y los apoyaron. También se fundaron diversas ONG, como el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (Copevi), el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos A.C. (Cenvi), Fomento Solidario de la Vivienda, A. C. (Fosovi), Casa y Ciudad, entre otros. Durante la reconstrucción postsísmica estas ONG y los grupos de profesores de la UNAM y la UAM tuvieron un papel destacado. Muchas de estas organizaciones desarrollaron un conjunto de tecnologías de apoyo a la construcción de vivienda y espacios urbanos, en lo que denominaron Producción Social del Hábitat, y se aliaron en organizaciones de escala mundial como la Coalición Internacional del Hábitat. Algunos movimientos sociales, dada su escala, generaron grupos de investigación; la Asamblea de Barrios incluso creó su instituto de asesoría: el Instituto de Vivienda de la Asamblea de Barrios (Pino, 2000: 93).

Sin embargo, con los ajustes a los apoyos a las organizaciones sociales, los institutos de vivienda federales establecieron como política la asignación individual de créditos para la vivienda, por lo que la construcción se dejó en manos de empresas privadas. Asimismo, diversas organizaciones del MUP se dieron cuenta de lo poco eficiente que resultaba el método de autoconstrucción, debido a la inexperiencia de los colonos-constructores y el desgaste que representaba de modo que prefirieron la función de gestoría ante los organismos públicos y la contratación de constructores profesionales. Por su parte, las diversas ONG de apoyo a la vivienda cambiaron su carácter asistencial y se enfocaron en proyectos con financiamiento para ser autosustentables. De manera que puede hablarse de una profesionalización de las relaciones de producción de vivienda social.

3.4.6. Alianzas recientes entre organizaciones sociales

Como parte de la recolección de datos del Observatorio de Conflictos Urbanos, se registraron las alianzas de los colectivos que participaron en las manifestaciones entre 2011 y 2014. En cuanto a tipos de participantes, en un porcentaje significativo estuvo presente más de un grupo, en la gráfica 6, se muestran las alianzas relevantes de los colectivos participantes.

Entre los grupos que más destacaron por su vinculación con otros colectivos están las asociaciones de vecinos, los movimientos sociales, los sindicatos y los estudiantes. Estos datos concuerdan con los principales grupos que se movilizaron entre los años 2011 y 2014.

Algunas protestas han involucrado grupos sociales muy diferentes. Como ejemplo destaca el caso de la Supervía Poniente, donde participaron en la misma protesta los vecinos de la colonia popular La Malinche, grupos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales; el frente también estableció alianzas con otros movimientos sociales que se oponían a los megaproyectos.

Otro caso de frente amplio lo constituyó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con el que colaboraron diversos movimientos urbano populares, el EZLN y estudiantes del CGH. Los ejemplos de estas alianzas demuestran una colaboración entre grupos que operan en ámbitos muy diferentes; pero los grupos que se suman no siempre tienen la capacidad de realizar una contribución efectiva a los frentes.

Gráfica 3.6
Alianzas entre los grupos que participaron en acciones de protesta

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Conflictos Urbanos de la ZMVM, IPPUR, UFRJ, UAM-X.

3.4.7. Conclusiones parciales: los frentes y las redes

En los ochenta, cuando los movimientos urbanos populares trataron de organizarse en coordinadoras tipo frente (como la Conamup y la CUD) diversas discusiones ideológicas y sobre las estrategias políticas propiciaron la división y les restaron capacidad para lograr sus objetivos. Durante los breves periodos que estuvieron unidos representaron un frente opositor importante, capaz de negociar con una mejor correlación de fuerzas con el gobierno.

Las redes de apoyo contemporáneas carecen de formalidad, pues generalmente no se constituyen bajo un liderazgo único o una estructura administrativa; en estas alianzas los grupos participantes colaboran como y cuando pueden, atendiendo convocatorias y participando en manifestaciones. Así se han realizado marchas con miles de participantes que, sin embargo, no representan una presión efectiva debido a la falta de capacidad de seguimiento durante largos periodos de tiempo.

Una característica de algunos movimientos ciudadanos, indígenas y estudiantiles contemporáneos, ha sido tratar de no convertirse en trampolines para los liderazgos individuales, como ha sucedido históricamente. De esta manera, se han alejado de las estructuras partidistas, de tomar parte en las elecciones, y de vincularse directamente a un candidato. Sin embargo, les ha sido prácticamente imposible evitar una vinculación con algunas corrientes políticas.

3.5. Conclusiones: la dinámica y las posiciones de los movimientos urbanos en relación a los cambios metropolitanos

En este recuento panorámico de la acción de las organizaciones sociales en el medio urbano se puede observar que la acción de los procesos amplios como la terciarización económica, las reformas políticas, los cambios demográficos y hasta las innovaciones tecnológicas han provocado cambios y nuevas formas de organización y expresión de los movimientos sociales.

Una constante de los últimos años ha sido la fragmentación de los colectivos en grupos reducidos vinculados a problemas locales, sin un respaldo o discurso ideológico o político general, lo que se refleja en la carencia de un proyecto global de ciudad. No obstante, si se comparan las condiciones en las que se desarrollaban los movimientos en los setenta con las actuales se observan cambios relevantes. En este sentido, la estructura gubernamental ha tenido avances constantes hacia la democratización, lo que ha permitido una mayor representatividad y cambios en la legislación que proveen mecanismos para la participación social. Desafortunadamente, las organizaciones actuales se han enfocado en estrategias pragmáticas de temporalidad inmediata y no han utilizado efectivamente los mecanismos de participación ciudadana.

Uno de los cambios sustantivos se ubica en el ámbito de los actores sociales a los que se enfrentan los movimientos sociales: en la medida que avanza la privatización y la mercantilización de lo urbano, es cada vez más frecuente que su enfrentamiento y sus reivindicaciones incluyan tanto al capital inmobiliario-financiero y al constructor, como al sector público, cada vez más ligados en los proyectos que cada uno emprende.

Teniendo como marco la multiforme asociación público-privada —capital inmobiliario-financiero y constructor, y gobiernos locales— en los grandes proyectos de transformación de la estructura urbana (infraestructuras, servicios y conjuntos inmobiliarios), que con frecuencia afectan la calidad de vida y el patrimonio tanto de sectores de bajos ingresos como de capas de ingresos medios y altos, uno de los cambios sustantivos en el tiempo ha sido el incremento de la participación de estas últimas en la movilización defensiva; dichas capas de ingresos medios y altos tienen como forma de organización la de asociaciones de vecinos, con participación local, objetivos e impacto también locales y limitada duración temporal.

Entre los mayores legados de los procesos participativos se pueden destacar el impulso al avance en la democratización del conjunto de la sociedad y la creación de redes de relaciones entre las organizaciones sociales y un grupo de actores sociales diversos que requieren recuperar una visión global y un proyecto para la ZMVM que busque una ciudad sustentable, incluyente y democrática.

En el escenario urbano actual, en el que dominan la mercantilización, la privatización, la desigualdad, la fragmentación y la exclusión socioterritoriales, las diferentes formas de organización y movilización colectiva de los habitantes de la ciudad, en demanda de satisfacción de sus necesidades, en defensa de sus condiciones y calidad de vida, y por la democratización de la gestión urbana, continúan siendo el instrumento fundamental de la sociedad para conseguir las transformaciones que exige y que se revelan como necesarias y urgentes, ante un grave anquilosamiento del sistema político nacional y local, y el pragmatismo de las decisiones de los gobernantes.

4. Reflexión final: una metrópoli socialmente desigual y conflictiva

En los tres capítulos que conforman los resultados del trabajo de esta segunda etapa del proyecto de investigación, hemos abordado temáticas de naturaleza diferente, pero íntimamente relacionadas, a saber: 1) la estructura de los estratos sociales que habitan en la Zona Metropolitana del Valle de México, estructura que se construye a partir de las determinaciones de orden económico derivadas del patrón neoliberal de acumulación de capital vigente desde 1983, y sus condiciones materiales de vida; 2) las formas diferenciales en que se asientan y apropian estos estratos y sectores sociales del territorio de la metrópoli, la desigual distribución de condiciones de vida como la educación, la salud y la vivienda, y los procesos de exclusión y fragmentación inherentes; y 3) las prácticas sociales colectivas y organizadas que llevan a cabo estos diferentes estratos y sectores sociales para demandar la satisfacción de sus necesidades de condiciones materiales de vida urbana, proteger sus formas y lugares de apropiación del territorio, u oponerse a las acciones del Estado o del capital inmobiliario-financiero que afectan su calidad de vida y su implantación territorial.

Utilizamos para la descripción y análisis el material cuantitativo y cualitativo, empírico y factual, existente y al que pudimos acceder en el lapso de tiempo disponible; asimismo, obtuvimos información de instrumentos como el Observatorio de Conflictos Urbanos en la ZMVM, que creamos y operamos en el grupo de investigación; usamos nuestros trabajos de investigación sobre la ZMVM realizados en el pasado; y nos hemos beneficiado de los productos de investigación publicados por otros investigadores de la realidad metropolitana, quienes, desde luego, no son responsables de las conclusiones a las que llegamos nosotros a partir del uso de sus productos de trabajo.

Sin embargo, no hemos agotado el material empírico y analítico existente sobre la compleja realidad metropolitana referida a estas temáticas, ni tampoco hemos abordado todas los múltiples aristas, sus diversos matices, la infinidad de ángulos desde donde podemos observar estos procesos. Por ello, este trabajo es sólo un aporte al conocimiento de la problemática metropolitana, que hay que sumar acumulativamente a otros tantos ya realizados, y que podría ayudar a generar nuevos proyectos de investigación.

Del trabajo realizado, podemos extraer algunas conclusiones preliminares y parciales, que además de su posible utilidad analítica nos servirán de material de referencia en la siguiente etapa, la tercera y final, de este proyecto, que tendrá como objeto de análisis las políticas urbanas de los gobiernos metropolitanos, las posturas de los partidos políticos y los movimientos sociales sobre la metrópoli y, como conclusión, el proyecto de ciudad que promueve cada uno de estos actores sociales, en forma explícita o implícita, por medio de su discurso o acciones prácticas.

4.1. Una sociedad urbana desigual y estratificada

A nivel nacional, la ZMVM aparece como la mayor concentración urbana de actividades económicas, genera el más alto porcentaje relativo del producto interno bruto total (PIB) e industrial nacional, logra la mejor relación de PIB por habitante y el más alto índice de desarrollo humano, tiene el menor índice de marginación, y gana primeros lugares en diversos rankings, útiles algunos, totalmente inútiles otros. Sin embargo, estos indicadores positivos no son homogéneos en todo el territorio metropolitano: en general, son menos favorables en los municipios conurbados del Estado de México que en el DF; y son también desiguales al interior de cada una de las partes, entre las delegaciones y los municipios que las conforman.

La metrópoli ha sido afectada en las tres últimas décadas por diversos procesos económico-sociales contrapuestos con estos aparentemente buenos indicadores: ha sufrido continuos procesos de destrucción del sector agropecuario y de desindustrialización absoluta y relativa; la terciarización correlativa ha sido polarizada entre un sector moderno, muy concentrado y que genera poco empleo, y un gran sector informal de baja productividad que puebla las calles de la metrópoli (Márquez y Pradilla, 2008); estos procesos de largo plazo combinados explican la pérdida de dinamismo económico de la metrópoli, manifiesta en una tasa de crecimiento del PIB menor que la media nacional, un desempleo coyuntural mayor que la media nacional, y una tasa de informalidad muy cercana a la nacional que expresa la magnitud del desempleo estructural de la fuerza laboral metropolitana (Pradilla (coord.) et al., 2015: caps. 3 y 4).

Estos procesos, convertidos en estructurales, tienen determinaciones tanto nacionales como locales, son parte integral de las políticas neoliberales o sus resultados objetivos, y generan o acentúan las profundas desigualdades entre los diversos estratos y sectores sociales que habitan la metrópoli y los diversos territorios particulares que la conforman, dando lugar a una estructura profundamente estratificada, caracterizada por grandes distancias socioeconómicas entre los estratos de la cúspide y aquellos de la base de la sociedad.

En las últimas décadas, los indicadores más usuales de la distribución social de la renta nacional entre capital y trabajo asalariado, del ingreso de las familias, de la evolución de los salarios reales, de la magnitud de la pobreza moderada y la indigencia, y del acceso a condiciones generales de la reproducción social, como la salud, muestran tendencias negativas, regresivas o simplemente se encuentran estancados, siempre en detrimento del mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Por el hecho de ser la mayor concentración poblacional de México, y a pesar de que sus indicadores relativos son menores que en otros ámbitos territoriales, la metrópoli se ubica como la mayor concentración numérica de desempleados coyunturales, de población que vive de y en la informalidad, de pobres moderados e indigentes, etc. La manifestación más visible de esta situación social inequitativa, agravada por la desprotección social y la conflictividad que entraña, la constituyen las actividades informales desarrolladas en las calles de la metrópoli, abierta o encubiertamente, por cientos de miles de integrantes de la superpoblación relativa generada por los sucesivos patrones de acumulación de capital.

Estas situaciones de notoria desigualdad socioeconómica no se han superado ni modificado sustancialmente durante el periodo analizado, a pesar del crecimiento económico experimentado, más débil e intermitente que lo ofrecido y supuesto por quienes sustentaron y sustentan el patrón neoliberal de acumulación de capital vigente, de las “reformas estructurales” aprobadas y de las políticas compensatorias, asistencialistas, focalizadas de “combate a la pobreza” puestas en marcha por el gobierno federal y los gobiernos locales, independientemente de su signo político declarado, a un costo multimillonario, y que han fracasado en su intento de modificar la realidad estructural.

La estructura social resultante de los procesos socioeconómicos históricamente vividos en la metrópoli está notoriamente estratificada y polarizada: una cúspide numéricamente reducida que se apropia de más de la mitad del ingreso generado socialmente; un estrato medio muy heterogéneo y diferenciado que se apropia de un ingreso relativo proporcional a su masa; y un estrato bajo que incluye a la mitad de la población, que recibe sólo una quinta parte del ingreso total, conformado por pobres e indigentes, que sobrevive fundamentalmente mediante el desarrollo de trabajos precarios.

4.2. Un territorio socialmente diferenciado y fragmentado

Una estructura social muy estratificada y polarizada como la de la ZMVM, dará lugar también a un territorio socialmente diferenciado, atravesado por situaciones de segregación y, aun, de fragmentación y exclusión. En la apropiación social del territorio se presentan dos situaciones distintas, aunque interrelacionadas. Una de ellas es la que se establece en función de la territorialización de las actividades de producción, de comercialización, de gestión, de oferta de servicios públicos y privados, en la que los actores sociales se diferencian básicamente entre propietarios-patronos, en su múltiple y diferenciada estratificación, y trabajadores asalariados, siendo los primeros los determinantes de la ocupación; esta territorialización fue abordada parcialmente al analizar la trama de corredores urbanos terciarios de la metrópoli en el primer volumen de esta investigación (Pradilla (coord.) et al., 2015: cap. 6). Por otro lado, está la que surge de la apropiación residencial del territorio por los distintos estratos sociales.

En términos residenciales, la población se asienta territorialmente en función de: a) la relación entre sus ingresos y los costos diferenciales del suelo; b) la accesibilidad diferencial a las condiciones materiales de su reproducción (infraestructuras, servicios sociales públicos, abasto comercial y de servicios privados); c) la calidad del medio natural y construido; d) la valoración ideológica de la calidad de vida en las áreas disponibles que incluye la homogeneidad del grupo social residente (vivir entre iguales); e) las formas de producción del suelo soporte y los soportes materiales, sus condiciones de acceso y la calidad resultante; y f) las políticas urbanas especificadas para cada área disponible, tales como la zonificación de usos del suelo. En el alto grado actual de mercantilización de lo urbano, todas estas variables se manifiestan en la determinación de las rentas del suelo y, por lo tanto, en el precio de los inmuebles.

La diferenciación social del territorio se mantiene y aparece como acumulativa en el tiempo, pues se reproduce en términos de la atracción hacia determinados fragmentos urbanos de nueva población del mismo estrato social, de la reproducción por el Estado de la desigualdad de dotación de infraestructuras y servicios urbanos y sociales, de la oferta diferenciada de bienes y servicios a través de los circuitos mercantiles, de la lógica de elevación de las rentas del suelo, de la inversión inmobiliaria diferenciada, etc. Sin embargo, éstos son posibles procesos de deterioro social, inmobiliario y ambiental que implican cambios significativos, a la baja, del estrato social territorializado; o por el contrario, intervenciones públicas, privadas o asociadas para reapropiar áreas deterioradas para el uso mercantil o residencial de sectores de más altos ingresos que los residentes; uno y otro caso son reconocibles en la ZMVM.

La desigualdad y diferenciación en la estructura social en su implantación territorial se manifiesta entre las dos grandes partes de la metrópoli, el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México, entre delegaciones y municipios que constituyen cada una de las partes del todo, entre los mismos barrios, pueblos o colonias que los conforman, como efecto de las condiciones económicas, sociales y culturales diferenciales que dieron lugar a los procesos de apropiación desigual del territorio por los estratos y sectores sociales.

La territorialización de los estratos por ingresos, de los índices compuestos oficiales de marginación y desarrollo humano, de la implantación de los servicios de educación y salud, y de los conjuntos habitacionales (expuesta en el capítulo 2), conduce a dos resultados generales. En primer lugar, es notoria la diferenciación entre las delegaciones del centro, sur-poniente y sur del DF y la mayoría de los municipios mexiquenses, pues las primeras mantienen durante el periodo analizado mayores niveles de ingreso, menor marginación, mayor desarrollo humano, mejor dotación de servicios de educación y salud que los segundos. En segundo lugar, se constata a lo largo del tiempo, desde el inicio del proceso de metropolización en la década de los cuarenta, una cierta lógica “centro-periferia” ligada al tiempo de formación y consolidación de los territorios, de mayor a menor, de mejor a peor, modificada con frecuencia por factores naturales, por movilizaciones reivindicativas y políticas estatales o acciones privadas; esta lógica tiende a colocar a los sectores de más bajos ingresos en las áreas más recientemente integradas a la metrópoli, de menor costo y con menos dotación de infraestructuras y servicios, mientras que los sectores de ingresos medios y altos permanecen en las áreas más consolidadas, más integradas a la vida urbana, de mayor costo del suelo y mejor comunicadas. En este sentido, es notorio el corredor de delegaciones y municipios de la franja norte, nororiente y suroriente de la metrópoli, los de más reciente integración a la metrópoli, menos favorecidos en términos de satisfactores urbanos, y donde se asientan los sectores de menores ingresos de la metrópoli.

La apropiación del territorio urbano por los distintos estratos y sectores sociales está marcado por procesos y situaciones de segregación, fragmentación y exclusión, que se reproducen con el paso del tiempo por las acciones defensivas o activas de los sectores sociales, las políticas estatales diferenciadas de creación de infraestructuras y servicios, y las inversiones del capital inmobiliario-financiero. En las últimas tres décadas, la conjunción de las políticas estatales poco diferenciadas ideológicamente y las acciones del capital inmobiliario-financiero —megaconjuntos de microviviendas periféricos, conjuntos o unidades cerradas de usos mixtos de lujo, grandes centros comerciales socialmente diferenciados, etc., los llamados "artefactos" del neoliberalismo— han acentuado los procesos de segregación, fragmentación y exclusión socioterritorial, convirtiéndolos en “naturales”, en parte de la modernización y necesarios para el desarrollo urbano, en creadores de empleo y factores de la competitividad urbana en la globalización.

Uno de los ejemplos más negativos por la segregación y fragmentación social han sido la de los megaconjuntos de viviendas de interés social que, como resultado de las políticas federales de suelo agrario y de vivienda impulsadas desde 1992, llevó al capital inmobiliario-financiero a poblar los municipios conurbados mexiquenses del norte y nororiente, con enormes conjuntos para un estrato social medio-bajo uniforme, aislados territorialmente, bardados, de mala calidad constructiva, carentes de servicios públicos y de abasto comercial, sin vida urbana. Esta política errática, que llevó a una expansión física sin precedentes de la metrópoli, debió ser modificada a partir de 2012 por el alto porcentaje de viviendas abandonadas, vandalizadas o que no fueron vendidas, y por la profunda crisis, cercana a la quiebra, en la que cayeron las mayores empresas inmobiliarias que participaron en ella.

4.3. Una cambiante geografía de la movilización social urbana

Una ciudad socialmente estratificada y polarizada, diferenciada socioterritorialmente, reproducida con estas características por el conjunto de las políticas estatales, es conflictiva por naturaleza; opera como escenario cotidiano de conflictos en la ciudad y por la ciudad.

A lo largo del tiempo, desde el inicio en la década de los cuarenta y la posterior intensificación de la metropolización, los sectores populares se han organizado y movilizado para la obtención de suelo, vivienda, infraestructura y servicios urbanos, en la medida que carecían de condiciones para obtenerla en el mercado o, aun, en las instituciones públicas de vivienda. Hacia la década de los ochenta, la mayor parte del territorio de la ZMVM había sido producido mediante la ocupación irregular de terrenos baldíos periféricos, las prácticas de autoconstrucción o autogestión de viviendas precarias, y la organización y realización de movilizaciones durante largos periodos de tiempo para obtener la legalización de la tenencia del suelo, y la dotación de infraestructura y servicios por el Estado. Ésta fue la lógica de la movilización social urbana.

La tendencia dominante de los movimientos en la periferia urbana, donde buscaba asentarse una parte mayoritaria de los recién llegados a la ciudad, o de los expulsados de las áreas centrales por el crecimiento de las actividades mercantiles, se modificó cuando el terremoto de 1985 y la consecuente destrucción de viviendas movilizaron a los sectores populares y medios que habitaban en las áreas centrales afectadas, para lograr la reposición de sus viviendas en las áreas que antes habitaban. El movimiento urbano popular se desplazó al centro de la metrópoli, sin desaparecer de las periferias.

En la nueva coyuntura política de 1988, gran parte de las organizaciones del MUP, controladas antes por el PRI, o las nuevas surgidas en la reconstrucción, sirvieron de base a la formación del partido político de izquierda, el PRD, que logró acceder al poder en el Distrito Federal en 1997.

Desde la crisis de 1982 y hasta la actualidad, diversos movimientos de gremios informales —vendedores ambulantes, transportistas, campesinos de la periferia— reprodujeron las formas de organización y movilización del Movimiento Urbano Popular y se aliaron a éste para reivindicar sus demandas e intereses propios. El debilitamiento del movimiento urbano popular, por diferentes causas, entre ellas su control clientelar por partidos y gobiernos, llevó a disminuir sensiblemente su capacidad y práctica de movilización, y a convertirlo, en gran medida, en un conjunto de organizaciones dedicadas a la gestoría de vivienda ante las autoridades.

Al mismo tiempo, el advenimiento de las políticas neoliberales, en particular las orientadas hacia la mercantilización de todas las cosas y procesos, incluyendo los urbanos, entre las cuales destacan la contrarreforma agraria que abrió la puerta a la privatización de la propiedad ejidal y comunal, y el cambio de la política federal de vivienda, ambos de 1992, valorizaron la tierra periférica a la metrópoli, dificultando la ocupación irregular y cambiando significativamente la lógica de la producción del hábitat popular.

A partir de 2000, la convergencia de las políticas urbanas estatales, poco diferenciadas entre los distintos partidos políticos gobernantes, y los intereses y acciones del capital inmobiliario-financiero en la modernización neoliberal de la metrópoli, ha llevado al surgimiento de un nuevo frente ciudadano de lucha defensiva del patrimonio y la calidad de vida en las colonias, y contra las acciones públicas y privadas, compuesto en gran medida por asociaciones de vecinos de áreas habitadas por capas medias y altas, el cual aparece como un nuevo actor social y una nueva geometría de enfrentamiento en la compleja red de intereses en pugna por la apropiación de la ciudad.

La metrópoli sigue siendo escenario de múltiples movilizaciones y luchas originadas en otros puntos de la geografía nacional, o resultantes de otros procesos económicos, políticos y culturales distintos a los propiamente urbanos locales, concentrados en la metrópoli por su papel central en la economía y la política nacional. Son los conflictos y los movimientos sociales en la ciudad.

Durante el periodo de estudio, los movimientos sociales urbanos desdibujaron su composición de clase social popular para tender más hacia el pluriclasismo; han variado sustantivamente las demandas al aparecer nuevos temas como la democracia, la participación ciudadana en las decisiones públicas, las cuestiones de género, la movilidad, el espacio público, etc.; ha aumentado la presencia en la movilización social de organizaciones no gubernamentales de ideologías y representatividad muy diversas; y las movilizaciones han integrado nuevos instrumentos de información y convocatoria como el correo electrónico y las redes sociales.

La Zona Metropolitana del Valle de México expresa en la actualidad las contradicciones económicas, sociales, culturales, territoriales y ambientales del patrón neoliberal de acumulación de capital, por lo cual aparece como un territorio de conflicto múltiple y, por lo tanto, inevitablemente, como el escenario cotidiano de la movilización social.

4.4. Lo que habría que resolver e investigar

Nuestra investigación nos lleva necesariamente a la conclusión de que la sociedad metropolitana, y en primera instancia sus gobernantes, tienen la necesidad y la obligación de elaborar y aplicar políticas públicas de largo plazo objetivamente tendentes a resolver dos graves situaciones estructurales causantes de la conflictividad observada:

1) La lacerante desigualdad que persiste entre los distintos estratos de la estructura social, mostrada por los distintos indicadores utilizados en el análisis, en particular la grave situación que afecta a la gran masa de población metropolitana que sobrevive en situaciones de indigencia. En este sentido, habría varios ejes sustantivos a desarrollar, relativamente obvios: a) la suficiente creación de empleo estable y adecuadamente remunerado; b) la reversión del deterioro continuo del salario real; c) la solución de la desprotección social a la que se enfrenta cerca de la mitad de la población metropolitana; d) la paulatina absorción de las actividades informales legales; y f) políticas de combate estructural y universal, no focalizado ni asistencialista, de la situación de indigencia.

2) La mitigación efectiva de las situaciones de segregación, fragmentación y exclusión socioterritorial que actualmente caracterizan a la metrópoli mediante políticas concertadas a nivel metropolitano de: a) prioridad efectiva al mejoramiento urbano de las unidades político administrativas y las colonias o pueblos que presentan los menores índices de desarrollo humano y urbano; b) reducción continua de los déficit de dotación de servicios de educación, salud, recreación y cultura, y transporte público colectivo en las áreas actualmente menos atendidas; c) control riguroso de la expansión física de la metrópoli mediante programas integrados de preservación de las áreas agropecuarias y de reserva ambiental; d) políticas subsidiadas de vivienda popular dotada de infraestructura y servicios en áreas integradas a la estructura urbana; e) regulación colectiva rigurosa y efectiva de la acción del capital inmobiliario-financiero; y f) redensificación de las áreas de baja densidad, garantizando la permanencia en ellas de los habitantes actuales que así lo deseen.

Estamos convencidos de que estas políticas articuladas de reforma social y urbana deben integrarse en un proyecto sociopolítico de metrópoli alternativa, concertado entre las partes administrativas, con amplia participación ciudadana decisoria; asimismo estas políticas exigen cambios sustantivos en la naturaleza del patrón neoliberal de acumulación de capital en su implantación urbana, pero consideramos necesario y urgente reducir la conflictividad urbana y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los sectores mayoritarios de la población metropolitana.

¿Cuál podría ser el papel de la investigación académica en estos procesos de cambio? La complejidad estructural y coyuntural de la metrópoli, y de la sociedad que alberga, hace surgir continuamente nuevos temas de investigación académica, nuevos focos de atención de los actores sociales, incluyendo a la sociedad civil y al Estado, nuevos factores de conflicto urbano y, por lo tanto, de movilización social. En esta trama de novedades, las modas académicas, las ideologías reproducidas por los medios de comunicación, los nichos de oportunidad política o mercantil, con frecuencia nublan la visión de las estructuras que determinan tanto los procesos secundarios como diversas coyunturas urbanas aparentemente esenciales. Creemos que lo superficial, lo secundario, lo determinado, debe investigarse, conocerse, sin evadir o impedir la investigación y el conocimiento de lo fundamental, lo estructural, buscando articular el análisis a su trama compleja de relaciones.

Creemos, por lo tanto, que el análisis constante de la estructura social, de la apropiación social del territorio y sus conflictos, y de la movilización social generada por los dos primeros procesos, esbozado apenas en este libro, es uno de estos temas estructurales centrales que amerita un continuo abordaje de estudio por su naturaleza cambiante. Creemos también que su análisis y abordaje debe llevarse a cabo en estrecha relación con el conocimiento de los procesos económicos, políticos y culturales, cuyas interrelaciones son determinantes en la formación de la estructura de clases o sectores sociales, en las prácticas de apropiación diferenciada del territorio, y en la gestación de los conflictos urbanos que determinan la movilización social, tanto por la obtención de los satisfactores urbanos como por la defensa de lo ya logrado frente a prácticas estatales o privadas que lo ponen en entredicho.

Por último, estamos convencidos de que mientras los poderes del Estado tengan los oídos abiertos sólo a las voces de los poderes económicos y políticos y mantengan los oídos sordos a las voces de la sociedad, en particular de la mayoría popular, la conflictividad urbana no desaparecerá. La sordera misma, como lo hemos visto recientemente, se convierte en causa de conflicto. La investigación académica crítica con todas sus limitaciones, pero también con su capacidad de llegar al fondo de los procesos, de escudriñar la coyuntura para encontrar la estructura, forma parte de las voces de la sociedad, por lo que es ignorada frecuentemente por el poder económico y político. En el momento actual de la sociedad mexicana, de la metropolitana, particularmente, parece insoslayable la necesidad de desarrollar la capacidad de escuchar al otro, sobre todo a quienes tienen poca voz, a quienes para hacerse oír tienen que salir a la calle, hacerse visibles, hacer que las élites los vean y los escuchen.

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Notas

[1] El resultado de la primera etapa del proyecto se publicó con la referencia: Emilio Pradilla Cobos (coord.) et al.(2015), Zona Metropolitana del Valle de México: cambios demográficos, económicos y territoriales, México UAM, México. <<

[2] Entendida como la cambiante configuración de estratos o clases sociales diferenciadas pero interdependientes, determinadas en lo económico, lo jurídico-político y lo ideológico. <<

[3] Véase Pradilla, 1984: cap. 1. <<

[4] Véase su utilización en el capítulo 3 de este libro. <<

[5] En este trabajo de investigación se adoptó la delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) establecida por el Departamento del Distrito Federal (DDF), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Gobierno del Estado de México en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (DDF et al., 1996: 33), la cual mantuvieron el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) y la misma Sedesol, en el documento publicado en 2007 bajo el título de Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005 (Conapo, 2007); este documento considera que la ZMVM está constituida por 76 unidades político-administrativas (UPA): 16 Delegaciones del Distrito Federal (DF), 59 municipios del Estado de México y un municipio del estado de Hidalgo. <<

[6] Véase, entre otros autores y textos, el libro de Nicos Poulantzas, Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, publicado en Francia en 1968, de muy amplia difusión en los años posteriores. <<

[7] Las vías neoliberales brasileña y chilena, introducidas por dictaduras militares en los años setenta, son los antecedentes de la posterior generalización de estas políticas en América Latina (Guillén Romo, 1997: 83). <<

[8] En este momento, carecemos de información para la ZMVM o sus componentes, los municipios metropolitanos y el Distrito Federal, los cuales, sin embargo, expresan el proceso nacional de forma aproximada. <<

[9] El indicador se obtiene mediante el cruce de las variables “remuneraciones totales” y “personal ocupado”, por lo que incluye todas las categorías de ocupación, desde los gerentes y profesionales hasta los niveles más bajos de empleo. <<

[10] Nos referimos a la diferenciación entre el capital dinerario o en bienes materiales que genera ganancias y permite la acumulación, la renta en dinero o bienes provenientes de la ganancia que se invierte en consumo de lujo de la población no trabajadora, o la renta proveniente del salario que se invierte en bienes para la reproducción de la fuerza de trabajo; cada una de estas formas tiene implicaciones diferentes sobre el ingreso y la estructura social. <<

[11] El salario mínimo diario a precios constantes en el DF y municipios conurbados de la ZMVM ascendía el 1 de enero de 2010 a $57.46 MN (US Dol. 4.49), equivalentes a $10.19 pesos MN a precios constantes de 1994. <<

[12] En el caso del cuadro de “Municipios conurbados de 2010”, se realizó la estimación de los totales de población ocupada (debido a que estos datos sólo se presentan a nivel nacional y estatal, y se necesitaban a nivel municipal), y se respetó la estructura de ocupación principal y situación en el trabajo del Estado de México y de Hidalgo (este último para estimar los valores de Tizayuca). Para dicha estimación, se utilizó el cuadro solicitado a INEGI de "Población ocupada y su distribución porcentual según posición en el trabajo por división ocupacional". Dicha información la brindó el INEGI a nivel municipal de forma agregada, pero con estos cuadros se obtuvieron los totales de población ocupada para los 60 municipios conurbados (59 del Estado de México y Tizayuca, Hidalgo). Se obtuvo así una estimación lo más apegada posible a las cifras censales. <<

[13] Recordemos nuestro escepticismo sobre la forma de definir el desempleo abierto en las estadísticas oficiales mexicanas, que siempre lo colocan por debajo del existente en los países desarrollados, mientras las mismas fuentes estadísticas señalan una masa informal de 60 % para el país, una parte de la cual opera en actividades de subsistencia para mitigar el efecto del desempleo sobre los ingresos. <<

[14] Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo. <<

[15] La reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso mexicano modificará esta situación de ilegalidad al permitir una contratación por horas o tiempos parciales, sin cambiar otros aspectos de la situación social de los trabajadores así contratados. <<

[16] Carecemos de información por municipio que nos permita establecer el porcentaje de la PO en situación de informalidad que haga posible fijar los porcentajes para el conjunto de los municipios conurbados y, a partir de éstos, calcular los de la ZMVM. <<

[17] La notoria diferencia entre las cifras se explicaría por el interés de los comerciantes formales de la Canaco de mostrar una situación muy grave para sus agremiados. <<

[18] Fijos: con local permanente en un sitio fijo; semifijos: con local o instalación desmontable rápidamente o móvil; ambulantes: que se desplazan en la vía pública. <<

[19] El origen de los productos introducidos de contrabando conocidos popularmente como "fayuca" fue originalmente los Estados Unidos, pero en fechas más recientes el origen principal de los productos es China. <<

[20] Nos referimos al periodo inicial de la acumulación originaria de capital en las entrañas del modo de producción feudal que, al mismo tiempo, declina con el auge del comercio, la ampliación de las fronteras mundiales y las grandes migraciones internacionales, impulsando así la formación de la economía-mundo según Wallestein ([1980] 1984), y de la mundialización del capital o la globalización según otros (Pradilla, 2009, cap. 8). <<

[21] La red ferrocarrilera, dispersa en todo el territorio nacional, tenía su centro estructurador en la ciudad de México. <<

[22] Véase la serie histórica de “Las 500 empresas más importantes de México” de la revista Expansión, que da cuenta de los cambios en el origen nacional de su capital y en la localización territorial de sus sedes centrales en el país. <<

[23] No son derechonabientes de una institución de seguridad social. <<

[24] Debemos recordar, sin embargo, que el concepto de marginación popularizado a finales de los años sesenta dio lugar a una importante discusión teórica en esa década; posteriormente, algunos aspectos de aquella crítica se trasladaron a los trabajos del Conapo. Sin embargo, no podemos negar que la construcción de este índice reactivó la discusión en torno a las mediciones de la pobreza. <<

[25] Retomando algunas de las conclusiones a las que llegamos en el capítulo anterior podemos considerar que, a pesar del gran aporte al PIB de la ZMVM, ésta presenta tasas muy altas de pobreza; se muestra como la mayor concentración territorial de población indigente, en pobreza extrema y pobreza en general. A su interior, el DF presenta índices de pobreza menores que los de los municipios conurbados, aunque observamos un incremento de la pobreza de ingresos en la capital desde 2004; a partir de aquí nos preguntamos acerca del comportamiento de estos índices a nivel municipal y delegacional. <<

[26] Habría que considerar que una parte importante de su investigación es un análisis comparativo de las cuatro zonas metropolitanas más importantes de México: Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Zona Metropolitana de Guadalajara, Zona Metropolitana de Monterrey y Zona Metropolitana de Puebla; sin embargo, para los fines de este trabajo solamente haremos referencia a los resultados concernientes a la primera de éstas. <<

[27] Si bien en términos metodológicos y técnicos el índice de marginación presenta fuertes limitaciones, como lo muestran Gutiérrez y Gama (2010), su principal problema está precisamente en haber recogido un concepto que décadas atrás había sido suficientemente discutido e incluso para muchos autores superado, al demostrarse que “los marginados” son, contrariamente a lo que se pensaba, una parte fundamental del funcionamiento de las economías capitalistas y, que por lo tanto, no se encontraban al margen de éste, sino en su mismo centro. <<

[28] Habría que recordar que este índice se comenzó a medir una vez que se había implantado una estrategia encaminada a reformar las funciones del Estado, teniendo como una de sus principales herramientas la política de descentralización de funciones de la federación a los estados y municipios, así como el impulso a los nuevos programas sociales focalizados en sectores muy particulares de la sociedad, por lo que resultaba de gran utilidad el contar con una medición de las desigualdades sociales en el país. <<

[29] Al inicio de este trabajo hemos manifestado nuestras reservas sobre la validez y señalamos las limitaciones que a nuestro juicio tienen los índices compuestos; en este capítulo nos limitamos a utilizarlos siguiendo la lógica de las instituciones que los elaboran y que, por lo tanto, asumen la responsabilidad por su contenido concreto. <<

[30] El Conapo considera que el índice de marginación es “una medida-resumen” que permite establecer geográficamente “el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas” (Conapo, 2001: 11). <<

[31] Para los datos censales de 2010, el Consejo Nacional de Población reconsideró los indicadores utilizados para medir la marginación urbana; sin embargo, a nuestro parecer los cambios introducidos no modifican del todo el sentido de la medición, por lo que retomamos ambos índices para dar cuenta pormenorizada de la distribución territorial de la marginación intrametropolitana. Los indicadores considerados en 2010 son: educación (porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica completa); salud (porcentaje de población sin derecho a los servicios de salud, porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 15 a 49 años de edad); vivienda (porcentaje de viviendas particulares habitadas sin drenaje conectado a la red pública o fosa séptica, porcentaje de viviendas particulares habitadas sin excusado con conexión de agua, porcentaje de viviendas particulares habitadas sin agua entubada dentro de la vivienda, porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de tierra, porcentaje de viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento); bienes (porcentaje de viviendas particulares habitadas sin refrigerador) (Conapo, 2012). <<

[32] También podemos establecer una correlación con esa porción del DF que cuenta con la mayor cobertura en términos de vialidad y transporte, y que queda circunscrita en primer lugar por el Circuito Interior y en segunda instancia por el Periférico, exceptuando la parte correspondiente a Iztapalapa. <<

[33] El índice de desarrollo humano se obtiene mediante el análisis de las dimensiones de educación, salud e ingresos de una población y sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos: 1) la longevidad de las personas, 2) su educación y 3) el nivel de ingreso necesario para una vida digna. Se mide en un rango de cero a uno, en el que los valores más cercanos a uno significan un mayor desarrollo humano. El Informe 2013 incluye un IDH actualizado, además de los tres índices complementarios del Informe: el IDH ajustado por la desigualdad, el índice de desigualdad de género (IDG) y el índice de pobreza multidimensional (IPM) (PNUD, 2013). <<

[34] Desde esta perspectiva, México se encuentra tendencialmente desde 1990 por arriba del promedio de América Latina y del mundo (PNUD, 2013). <<

[35] En este trabajo partimos de reconocer una diferencia sustancial entre educación y escolarización. Mientras la primera da cuenta de un proceso amplio y complejo que incluye la transmisión y adopción de saberes, valores, conocimientos científicos y tecnológicos por diferentes medios y en distintas circunstancias, la escolarización se restringe primordialmente a la transferencia de algunos de ellos, en particular los conocimientos derivados de una estandarización de los aportes científicos y tecnológicos socialmente aceptados, así como de unos valores políticos y morales institucionalizados. Por ello enfatizaremos aquí el carácter escolarizado de la educación. <<

[36] Esta descentralización no se llevó a cabo en el Distrito Federal, por lo que el control del nivel de educación básica sigue en manos de la federación. <<

[37] Es importante resaltar lo anterior, porque a partir de ello es que podemos entender cuáles son los criterios que definen la implantación de nuevos establecimientos educativos en un territorio en particular. <<

[38] Sabemos de las limitantes conceptuales del término equipamiento; sin embargo, la reflexión teórica al respecto no ha logrado avanzar significativamente en su elucidación, ni ha generado alguna propuesta que pudiese reemplazarlo; por ello, hemos optado por dar cuenta solamente de los soportes materiales que sostienen la escolarización de la educación en términos de planteles y establecimientos, dejando de lado tanto los medios como el efecto útil que pudiese derivarse de estos (Pradilla, 1984; Preciat, 1999). <<

[39] En lo referente a las escuelas especiales, centros de capacitación y preventivos, su existencia en la metrópoli es muy reducida, pudiéndose contabilizar sólo 11 en el Distrito Federal y 6 en los municipios mexiquenses. No están contemplados aquí los consejos técnicos ni los institutos de investigación en los que no se imparte docencia. <<

[40] Habría que reconocer que las cifras de Gustavo Garza y Araceli Damián (1991) deben tomarse con cuidado y que la cobertura de los establecimientos escolares no necesariamente corresponde a la apropiación del servicio educativo, ya que la deserción escolar es mayor entre los sectores de menores ingresos l, por los motivos de la incorporación de los infantes a las tareas domésticas y al mundo laboral en sus modalidades informales, principalmente. <<

[41] De los 1 601 posgrados inscritos en el PNPC en México, 338, es decir 21%, están el DF; muy por detrás vienen Nuevo León, Jalisco y Estado de México, con 126 (7.8%), 112 (6.9%) y 108 (6.7%), respectivamente. El PNPC ha sido resultado de la conjunción entre la SEP y Conacyt, y tiene la finalidad de reconocer la capacidad de formación en el posgrado de las instituciones de educación superior y centros de investigación orientados a la investigación o a la práctica profesional. Las decisiones que de estos procesos se derivan permiten ofrecer información a los aspirantes, a las familias y a la sociedad en general, sobre la pertinencia de los programas de posgrado y la garantía de que la calidad de la formación es revisada periódicamente (Conacyt, 2013). <<

[42] En 1938 entraron en vigor los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de México, que en 1947 ya consideraban los servicios coordinados de salud con los niveles municipales; mientras que en 1951 se promovió la Ley de Pensiones de los Empleados del Estado de México y Municipios, para crear este primer organismo público descentralizado del Estado para el otorgamiento de seguros por fallecimiento, créditos, hipotecarios, pensiones y la entrega de un fondo de reintegro a los servidores públicos que decidían separarse de su cargo. Los servicios médicos iniciaron con la adquisición de un inmueble en 1954, que sirvió como la primera unidad médica, localizada en la ciudad de Toluca (puede consultarse en internet el portal del Gobierno del Estado de México, S/F). <<

[43] Cuando hablamos de unidades médicas nos referimos a la infraestructura física que sirve de soporte material de los servicios de atención a la salud ofrecidos directamente a la población, tal es el caso de las instalaciones que operan como hospital general, hospital regional, hospital de especialidades, centro de urgencias, puesto de socorro, clínica de medicina familiar, clínica hospital, unidad de medicina familiar, centro de salud con hospitalización, centro de salud urbano; todas ellas denominaciones reconocidas por la Sedesol (2010). Por lo tanto, quedan fuera de este análisis las instalaciones relacionadas con los servicios de salud como las oficinas administrativas, bodegas o alguna otra que complementa al sistema de salud pero que no brinda atención médica a la población. <<

[44] Se incluyen unidades médicas de primer contacto, clínicas y hospitales de todo tipo (Preciat, 1997). <<

[45] Es un programa federal diseñado en 2003 con el propósito de otorgar servicios de salud a las familias que han quedado excluidas del IMSS, el ISSSTE y otros esquemas de seguridad social. <<

[46] El IMSS-Oportunidades es un programa del gobierno federal administrado por el IMSS, cuya finalidad es proporcionar servicios de salud a la población más vulnerable del país que no tiene acceso a servicios de salud en instituciones de gobierno. <<

[47] Retomamos datos totales del Estado de México, y no de los 59 municipios que se integran a la ZMVM. <<

[48] En relación a los hospitales de especialidades, las Normas de Equipamiento Urbano de la Sedesol no especifican los criterios de dotación, esto debido a la variabilidad en cuanto a su capacidad, tipo y número de especialidades y dimensiones físicas, por lo que no tienen cédula técnica normativa (Sedesol, 2010). <<

[49] Dentro de las unidades médicas administradas por estas instituciones del Estado de México se consideran: unidades de hospitalización especializada, hospital general, hospital municipal, hospital psiquiátrico y unidades de consulta externa (incluidas las móviles). <<

[50] Éste es un aspecto que las políticas habitacionales han descuidado fuertemente, por lo que un número cada vez mayor de estas viviendas —cerca de un tercio— se encuentra en situación de abandono o, cuando menos, en arrendamiento, debido a este factor de localización respecto del resto de los satisfactores sociales y el empleo urbano. <<

[51] Los precios de una vivienda pueden variar significativamente, aunque los metros cuadrados sean los mismos: una casa en la periferia podía tener en 2011 un costo promedio de hasta 250 000 pesos, mientras que en la colonia del Valle los departamentos se cotizaban en 1 250 000 pesos aproximadamente. <<

[52] Llama la atención que todas estas alternativas habitacionales de la ZMVM comparten como característica propia la implementación de dispositivos de seguridad que pudieran contrarrestar la tendencia creciente a la inseguridad; en este sentido, los conjuntos habitacionales periféricos y los conjuntos residenciales han incorporado definitivamente el cierre de sus espacios y la restricción del acceso mediante bardas, casetas de vigilancia, plumas y demás dispositivos y artefactos como cámaras de video, por ejemplo, lo que ha sido interpretado como “encierro residencial”. <<

[53] El planteamiento general y las secciones 3.1. a 3.2.1. de este capítulo se apoyan en el texto de Moreno Galván (2013), resultante de su investigación para optar al grado de doctor en Ciencias y Artes para el Diseño. <<

[54] En esta sección retomamos parcialmente el análisis realizado en Pradilla y Moreno, (2012). <<

[55] Véase la crítica a esta conceptualización en Castillo y Pradilla, (2015). <<

[56] La encuesta “Representaciones sociales del ambulantaje en el DF”, realizada por la UNAM, encontró que 48% de los informales estudiaron al menos bachillerato o estudios superiores, y únicamente 15% de ellos cuenta sólo con la primaria. <<

[57] Antes de 1997 los gobernantes del Distrito Federal, designados por el presidente de la república, se denominaron regentes; luego, los elegidos democráticamente se llamaron jefes de gobierno. <<

[58] Vendedores callejeros móviles que “torean” a la policía encargada de su control. <<

[59] Mercados populares callejeros. <<

[60] En 2010 el Gobierno del Distrito Federal (GDF) presumía haber “limpiado” de vendedores ambulantes 464 accesos de 164 estaciones del Metro, 122 calles del Centro Histórico, 74 hospitales o clínicas y tres centros de transferencia modal (Cetram) (Ávila, 2010). <<

[61] Personas que controlan ilegalmente las calles y cobran una cuota a los automovilistas por el uso de éstas para estacionarse y por la supuesta vigilancia de las unidades, ante la tolerancia de los gobiernos locales. <<