Dr. Salvador Vega y León

Rector General

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez

Secretario General

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Rector de la Unidad Cuajimalpa

Dra. Caridad García Hernández

Secretaria de la Unidad

Dr. Rodolfo R. Suárez Molnar

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Álvaro Julio Peláez Cedrés

Secretario Académico DCSH

Mtro. Carlos Francisco Gallardo Sánchez

Jefe del Proyecto de Difusión y Publicaciones DCSH

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Litnoah. Ambiente y territorio I. Libro de texto [recurso electrónico] / coordinadora Miriam Alfie Cohen . – México : UAM, Unidad Cuajimalpa, 2015

Datos electrónicos (1 archivo pdf : 4.6 MB) . – (Ciencias Sociales)

ISBN: 978-607-28-0622-1
ISBN: 978-607-28-0364-0 (Colección)

1. Política ambiental – Libros de texto 2. Control ambiental – Libros de texto 3. Economía ambiental 4. Hombre – Influencia del medio ambiente 5. Hombre – Influencia sobre la naturaleza

Alfie Cohen, Miriam, coord.

Dewey: 338.927 A44 LC: HC79.E5 A44

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Esta obra fue dictaminada positivamente por pares académicos mediante el sistema “doble ciego” y evaluada para su publicación por el Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Unidad Cuajimalpa.

Primera edición, 2015

D.R. © 2015, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa
Avenida Vasco de Quiroga 4871
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Del. Cuajimalpa de Morelos, 05300, México, D. F.
www.cua.uam.mx

Diseño de colección y portada: Selva Hernández López

ISBN: 978-607-28-0622-1

ISBN: 978-607-28-0364-0 (Colección)

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de los editores.

Índice

INTRODUCCIÓN

Miriam Alfie Cohen

PRÓLOGO AL TRABAJO FOTOGRÁFICO

Élodie Ségal

CAPÍTULO 1. ACTORES, DISCURSOS 
Y CONFLICTOS EN EL ÁMBITO AMBIENTAL

Magdalena Fresán Orozco

CAPÍTULO 2. CIUDADANÍA AMBIENTAL:

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD COLECTIVA

EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Gabriel Pérez Pérez

CAPÍTULO 3. ECONOMÍA Y AMBIENTE:

NUEVOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL

Miriam Alfie Cohen

CAPÍTULO 4. GEOGRAFÍA DEL RIESGO:

RESILIENCIA, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

RIESGOS ASOCIADOS

Rafael Calderón Contreras

CAPÍTULO 5. MANIFESTACIONES

DE IMPACTO AMBIENTAL: 
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS,

PATRIMONIO CULTURAL Y SALUD

Citlalli AidEE Becerril-Tinoco

CAPÍTULO 6. REGÍMENES AMBIENTALES:

COMPROMISOS INTERNACIONALES DE MÉXICO

EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS

Miriam Alfie Cohen

CAPÍTULO 7. UN ENFOQUE SOCIOPOLÍTICO 
EN EL ANÁLISIS DEL DESASTRE AMBIENTAL:

HUNDIMIENTO E INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS

DE CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS Y VALLE
DE CHALCO SOLIDARIDAD

Felipe de Alba MURRIETA

LISTA DE AUTORES

Introducción

Miriam Alfie Cohen

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

El hombre ha construido distintos discursos y desarrollado prácticas que explican, justifican y orientan su relación con la naturaleza. Desde el siglo pasado predomina un discurso cientificista en el cual la técnica tiene un papel central, en tanto promete al hombre un mayor control sobre la naturaleza, donde ésta es concebida como “recurso natural”, en apariencia, inagotable. Por otra parte, el surgimiento de un pensamiento social con aspiraciones a convertirse en conocimiento científico apuntala esta idea de dominio, por medio de la promesa de un progreso ininterrumpido derivado del desarrollo de las ciencias naturales y la tecnología.

Lo cierto es que el panorama ambiental es el resultado de procesos históricos complejos. Los factores económicos, políticos, culturales e ideológicos se convierten en elementos clave, pues sus modalidades construyen, definen y privilegian formas específicas de la relación del hombre con la naturaleza. En este sentido, el vínculo contiene y expresa las relaciones de los hombres entre sí. De aquí la importancia de las ciencias sociales y sus propuestas frente a la problemática ambiental.

La cuestión no sólo es un asunto técnico: se vuelve político cuando el deterioro del ambiente no afecta a todos de igual manera. La sobreexplotación de la naturaleza se potencia y se expresa como deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de los países pobres, dando pie a movilizaciones ambientalistas y discursos apropiados para la lógica sociocultural.

En nuestro enfoque los efectos del deterioro de la naturaleza dominan el discurso ecologista (y no las consecuencias sociales y culturales); por ello, el problema tiende a ser concebido, fundamentalmente, en el orden de lo natural. Precisamente, este primer libro de texto Litnoah. Ambiente y territorio I, destaca la perspectiva sociopolítica. Nuestro planteamiento asume la relación indisoluble de la cultura con la naturaleza, donde las soluciones a los problemas ambientales atraviesan a sujetos directamente afectados y examinan las repercusiones culturales, políticas y sociales, y sus manifestaciones en la forma de vida de los habitantes de una región.

En esta lógica se inscribe este libro de texto. Tratamos de integrar la visión social y espacial de temas ambientales a partir de textos sugerentes que acompañen el aprendizaje de nuestros alumnos y que respondan a la necesidad de analizar y comprender conocimientos centrales en la temática ambiental, con la finalidad de ofrecer un panorama amplio y complejo que permita a profesores y estudiantes reflexionar sobre asuntos relevantes. Una pequeña semilla que sembramos con la esperanza de que en cada sesión de clase se convierta en un árbol frondoso. De aquí que este trabajo se denomine Litnoah, que en hebreo significa sembrar.

Uno de los propósitos es generar conexiones entre los asuntos ambientales globales y sus características particulares en diversas regiones y territorios. Los contenidos propuestos presentan una estructura oportuna y detallada sobre reflexiones relacionadas con los contenidos de las seis unidades de enseñanza-aprendizaje (uea) que componen nuestro bloque de salida Ambiente y territorio, de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales, y que, al incorporar ejercicios de investigación, proporcionan una guía para el abordaje de problemáticas sobresalientes.

Este primer libro busca que los estudiantes fortalezcan progresivamente un perfil profesional sustentado en un sólido, profundo y actual conocimiento de la dinámica ambiental y de su relación con el espacio, así como de las metodologías e instrumentos de análisis que pueden aplicarse a casos concretos. Las discusiones acometen la fragilidad del mundo, cuyas crisis y perturbaciones amenazan el ciclo natural de la existencia humana e interrogan la viabilidad de grandes y pequeños espacios debido al uso intensivo de los recursos, lo cual coloca a las sociedades en una situación inédita.

En estas condiciones, la intención es mostrar cómo las ciencias sociales contribuyen con estudios y análisis sobre las implicaciones directas que el deterioro ambiental tiene en el ser humano, sus espacios y forma de interrelación con la naturaleza y la sociedad. Tanto los Estados y gobiernos, las empresas nacionales o transnacionales, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, como el individuo o la sociedad, poseen un lugar en la discusión sobre el ambiente. Estudiar las temáticas ambientales es registrar no sólo los cambios de la naturaleza, sino sus consecuencias en la vida social, política, cultural y económica de cada contexto.

Hoy se habla con familiaridad de analizar los aspectos socionaturales de un problema. Nos referimos a campos como la economía ambiental o la ecología política, y a los servicios ambientales que una empresa o gobierno prestan a la ciudadanía. Conocemos el famoso el que contamina paga y la lucha sociopolítica por recursos; son comunes términos como desastre, riesgo, vulnerabilidad ambiental o resiliencia, que ilustran marginación y pobreza o son motor de fuertes movilizaciones sociales novedosas en su género. La naturaleza no es más un lugar níveo aislado de la esfera social o política. Instituciones de gobierno, universidades y actores sociales invitan a meditar los desafíos de un mundo que habla de sustentabilidad para tratar de incorporar la naturaleza en diversos territorios.

Estudiar el ambiente es una instigación a profundizar en el conocimiento sobre la acción del hombre que, motivada por el deseo de adquirir dominio de su entorno natural, ordena y olvida las consecuencias de sus actos. Desde esta lógica exponemos los siguientes textos. En ellos el estudiante encontrará importantes asuntos que se discuten en la arena pública relacionada con cuestiones ambientales.

Los tres primeros capítulos de Litnoah se enfocan de manera precisa en la parte teórica que sustenta el estudio de las condiciones ambientales. Desde una perspectiva amplia que tanto la sociología como la ciencia política y la economía otorgan, se trabajan conceptos y categorías que permitirán al estudiante una familiarización y un buen uso. Los siguientes dos capítulos (4 y 5) abordan con detenimiento el uso de herramientas metodológicas que van desde la evaluación del riesgo hasta la manifestación de impacto ambiental (mia). La finalidad es proporcionar instrumentos para elaborar estudios ambientales directamente vinculados con el territorio, herramientas modernas ampliamente utilizadas que otorgarán un valor adicional a la profesionalización de nuestros alumnos.

Por último, los capítulos 6 y 7 tratan problemáticas concretas y específicas en diversos niveles. El primero se aproxima, desde la escala macro, a la importancia de los regímenes ambientales y al papel de México en la escena internacional. El segundo aborda, desde el ámbito local, diversos hundimientos en la zona de Chalco. En estos dos capítulos se explica la problemática global y local, y el relevante papel de la escala en los asuntos ambientales.

Así, el primer ensayo, elaborado por Magdalena Fresán Orozco, reflexiona sobre los discursos ambientales surgidos desde la década de los años setenta del siglo pasado. Se exponen las diversas corrientes, sus postulados, visiones de mundo y alternativas frente al deterioro ambiental. Este recorrido permitirá reconocer la forma en que los discursos constituyen identidades y movilizaciones, y por qué son respuestas teórico-metodológicas para sobrellevar la crisis ambiental o proponer cambios estructurales a los diversos regímenes socioeconómicos. Se destacan posiciones antagónicas y complementarias, y se abre un abanico de la diversidad de posturas frente a la complicada dinámica. Partiendo de esta tónica se analizan los nuevos actores ambientales y sus posturas. Este texto será de gran interés para la primera uea del bloque de salida Teoría social y ambiente, pues a partir de una serie de reflexiones teórico-analíticas se enfatizan los diversos discursos ambientales y su correlación con los actores políticos, quienes pueden demandar un cambio social o la permanencia del modelo de desarrollo.

El siguiente trabajo, elaborado por Gabriel Pérez Pérez, trata el tema de la ciudadanía ambiental y el conjunto de obligaciones y responsabilidades de agentes políticos en favor del valor socialmente construido de la naturaleza. El alumno estudiará la importancia de la participación ciudadana consciente y con compromiso ambiental con el lugar donde vive, así como la de tomar decisiones colectivas concernientes a los desafíos ambientales y al bien común, que parten de la identificación con la dificultad particular de biorregiones y ecosistemas.

En el cuerpo del trabajo se analiza la relevancia de los movimientos ambientalistas como parte de la sociedad civil comprometida con la construcción mutua y cooperativa de la comunidad, en la búsqueda de soluciones ciudadanas para los derechos y la protección ambiental.

Este texto contribuye y fortalece la uea Teoría social y ambiente, por su análisis de una conformación ciudadana ambiental que busca un cambio social en aras de la protección del medio ambiente. Asimismo, el trabajo apoya la uea Instrumentos de gestión ambiental: gobernabilidad y gobernanza, por su análisis de los movimientos ambientalistas que producen estrategias de gestión y colaboración para la resolución de problemas.

El tercer trabajo, de Miriam Alfie Cohen, analiza las relaciones entre la economía y el ambiente. A partir de ello se discuten dos posturas clave, a saber: la economía neoclásica, que tratará de llevar al campo ambiental los elementos económicos mediante prácticas de valoración para aplicar sobre ellos precios, costos y beneficios monetarios; y la ecología económica, que intenta adaptar el aparato analítico de disciplinas como la termodinámica al campo económico. Desde la primera perspectiva, se aborda la economía ambiental y de recursos naturales, y los diversos instrumentos para establecer costos.

En el apartado sobre ecología económica se hace hincapié en la teoría de sistemas para comprender la dinámica y evolución de problemas. Este acercamiento permitirá repensar cuestiones de equidad y distribución inter e intrageneracional, así como de utilización de elementos monetarios que permitan su revitalización al interrogar las causas del deterioro ambiental. El texto está encaminado a fortalecer la uea Instrumentos de gestión ambiental: gobernabilidad y gobernanza, pues analiza diversos empleos para paliar el deterioro. En estas páginas, el lector encontrará un listado de herramientas económicas que le permitirán abordar problemáticas concretas.

En el siguiente ensayo, elaborado por Rafael Calderón Contreras, se analiza la relación entre resiliencia, cambio climático y riesgos asociados. El alumno conocerá la discusión actual sobre este primer término y evaluará la peligrosidad, la vulnerabilidad y las diferentes capacidades de respuesta social, técnica y científica en el estudio de los riesgos.

Este texto se inscribe en la llamada geografía del riesgo, la cual incorpora al territorio como objeto de análisis diferenciado en las diversas problemáticas. Se retoma la metrópoli como centro de discusión y se resaltan las características que el cambio climático posee en la región de América del Norte. Nuestros estudiantes identificarán cómo el riesgo se presenta de manera diferenciada en diversos países y regiones y, con ello, se refuerza la uea de nuestro bloque de salida, Geografía del riesgo.

En el capítulo sobre gestión ambiental, de Citlalli Aidee Becerril-Tinoco, se tocan los aspectos socioeconómicos, de patrimonio cultural y de salud en las mia, hecho que ha cobrado preponderancia frente al desarrollo de inversiones, obras de infraestructura y proyectos magno-urbanos. El estudiante conocerá la manera en que se formula este novedoso instrumento y la importancia de incorporar las variables socioeconómicas, culturales y de salud.

La autora presenta casos a escala mundial en donde el instrumento ha sido utilizado, y evalúa su relevancia y múltiples desafíos. Estos casos ayudarán a identificar la importancia de la gestión ambiental y la correlación de múltiples variables, material que refuerza los contenidos de la uea Gestión y análisis del riesgo ambiental.

El siguiente texto reflexiona sobre los regímenes ambientales y la posición del país frente a los acuerdos en residuos peligrosos. Escrito por Miriam Alfie, incorpora la discusión del ámbito internacional y destaca la importancia de la escala global y sus repercusiones nacionales. La cuestión se toma como ejemplo para explorar los diferentes tratados internacionales y explicar la relevancia de los regímenes para obligar a que los países firmantes lo cumplan. El alumno analizará la postura mexicana y estudiará la importancia de los acuerdos internacionales en la materia. Este texto cobra sentido para la uea denominada Regímenes ambientales.

Por último, pero no por eso menos importante, el ensayo de Felipe de Alba Murrieta aborda los hundimientos e inundaciones en los municipios de Chalco Solidaridad y Chalco de Díaz Covarrubias, con lo que pone a prueba un enfoque sociopolítico para los llamados desastres naturales. Los procesos de urbanización, industrialización, crecimiento de la mancha urbana y sobrepoblación tienen consecuencias de riesgo y vulnerabilidad.

El apartado explica la forma en que las políticas gubernamentales generaron un bienestar pasajero en Chalco, así como las consecuencias no contempladas ni previstas, y la acción sociopolítica de diversos actores frente al desastre ambiental. En este sentido, el estudiante adquirirá herramientas de análisis en la relación hombre-naturaleza y el binomio desarrollo-ambiente; y profundizará en las causas del riesgo y la vulnerabilidad, material importante para la uea Discursos ambientales y acción política.

Así, estos siete trabajos inician una serie de reflexiones en el bloque Ambiente y territorio que serán la plataforma de novedosas discusiones, temáticas y abordajes, en donde el aprendizaje y el compromiso con la docencia sean permanentes y continuos. Formas colegiadas de discusión, el involucramiento de profesores y alumnos, y una permanente revisión del material permiten dinamizar el conocimiento sobre una temática compleja y actual.

Estos textos promueven el desarrollo de nuevas habilidades como el análisis, la reflexión, la puesta en marcha de teorías e instrumentos de gestión, y la comprensión de problemáticas complejas en diversos espacios. El alumno reforzará su capacidad de interpretar, clasificar, ejemplificar, comparar e inferir conocimiento para aplicar e implementar posibles soluciones.

Es relevante anotar la participación de Élodie Ségal, interesada en la docencia, que nos facilitó todas las imágenes incorporadas al texto y que mediante una metodología novedosa, y a partir de un criterio creativo, logra que la visualización se convierta en un elemento más del aprendizaje. Esta aportación redondea la intención del texto sembrar para abonar en la discusión de estos temas.

México, D. F., enero de 2015

Prólogo al trabajo fotográfico

élodie Ségal

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

El trabajo de ilustración fotográfica del presente libro tiene como nombre Imágenes, ambiente y territorio. En su espíritu mismo, corresponde a una necesidad creciente de formar expertos polifuncionales capaces de responder a objetivos profesionales, artísticos y técnicos a la vez, usando una metodología heredada de las ciencias sociales y las humanidades. De hecho, los alumnos y los docentes están invitados a usar e interesarse en las técnicas de video y multimedia educativos, con el propósito de encarnar las ciencias humanísticas en un contenido denso y fuerte.

Las imágenes pueden ser vistas como un lenguaje científico, si son utilizadas con una metodología rigurosa de estudio. Tienen la ventaja de comunicar temas como el deterioro ambiental y sensibilizar con mayor impacto a toda la población, tanto a especialistas como a amateurs, en las dinámicas ambientales y las obligaciones correspondientes.

En la tradición subrayada por el título de este trabajo colectivo, Litnoah, las 61 fotos presentadas proponen una mirada que se opone a la construcción de un discurso voluntariamente alarmista sobre el medio ambiente, conformado a partir de la violencia o de un propósito despectivo, peyorativo o miserablilista. Es el “reverso de la moneda” respecto al uso de las imágenes y de su densidad en los estudios sobre sustentabilidad que carecen de análisis riguroso. No necesitamos ver la violencia para hablar de ella. A la inversa, enfocarse en la belleza es más sutil y da lugar a pensar y construir nuevas escalas de valores en relación con nuestra historia, con la naturaleza y con el territorio.

De hecho, el acceso acelerado a fotos y videos, ya sea por medio de la televisión o, principalmente, del internet y las redes sociales, nos impone un extenso contenido llamativo y provocativo en torno a la destrucción y la desaparición del ambiente. Estas imágenes hablan de nuestro vínculo con el territorio y lo que nos rodea.

Su límite es encerrarnos en un estatus de víctimas frente a una dinámica ambiental que parece superarnos. Nos vacía de nuestras obligaciones –sin hablar de una dimensión de goce de lo trágico– y perdemos nuestra responsabilidad política, vista como deber u obligación de acción individual y colectiva. La naturaleza tiene sus propias lógicas, y no solamente es cuestión de conocer cómo el factor humano opera sobre ella, sino de explorar mejor sus dimensiones de transformación, de autorregeneración, de ecocidio, etcétera.

En contraposición a esa mirada provocativa, hacemos una llamada a la observación y al cuidado de nuestro entorno. Por eso, comenzamos este tránsito por la belleza al hacer hincapié en la conexión universal entre el ambiente, el territorio y la sociedad. En una entrevista de 1998, Cornelius Castoriadis recuerda que tendríamos que ser “los jardineros de este planeta”.

Vivimos en una sociedad libre en este maravilloso planeta que estamos destruyendo, y cuando pronuncio esta frase, estoy pensando en las maravillas de este planeta, me refiero, por ejemplo, al Mar Egeo, a las montañas nevadas, pienso en la vista del Pacífico desde un rincón de Australia, pienso en Bali, en la India, en el campo francés que estamos demoliendo y desertificando. Tantas maravillas en el proceso de demolición. Creo que deberíamos ser los jardineros de este planeta. Deberíamos cultivarlo. Cultivarlo tal como es y para él. Y encontrar nuestra vida, nuestro lugar en relación con eso. Es una tarea enorme. Y podría absorber una gran parte del tiempo libre de las personas, liberadas de un trabajo estúpido, productivo, repetitivo, etc. Por supuesto, está lejos no sólo del sistema actual, sino de la imaginación dominante actual. La imaginación de nuestro tiempo es la imaginación de la expansión ilimitada, es la acumulación de basura: un televisor en cada habitación, un ordenador en cada cuarto... eso es todo lo que debe de ser destruido. El sistema se apoya sobre este imaginario que está ahí y que funcion (Castoriadis, 1998).

Aun si la problemática ambiental ha obtenido mayor espacio en la escena pública y política, la lógica que todavía prevalece en el capitalismo contemporáneo es la obtención de ganancias financieras para recuperar una parte del medio ambiente puesto en juego. Observando nuestro entorno descubrimos lo imperativos y sensibles que pueden ser las transformaciones, la comunicación y el diálogo inconsciente entre el espacio y los individuos. Por lo mismo, nos hacemos cargo de lo universal creando una conciencia sutil y más clara sobre los cambios que ha sufrido la naturaleza y su impacto en nosotros.

La observación del medio ambiente ha sido seriamente trabajada por el ingles Luke Howard, quien publicó una maravillosa perspectiva sobre la clasificación de las nubes: On The Modifications of Clouds (Howard, 1803). Johann Wolfgang Goethe se inspiró en este estudio, que contribuyó al nacimiento de la meteorología, para escribir varios ensayos y elaborar un diario con la descripción de las nubes. Es un fenómeno atmosférico, como todos en la naturaleza, en constante transformación, ni fijo ni volátil, y reacciona a las condiciones de la tierra y de su fuerza de atracción.

Para Goethe “tiene siempre (…) una vertiente empírica y otra simbólica: la primera se manifiesta en sus estudios científicos, la segunda en sus textos literarios” (Hernández, 2011). Este escritor, quien sembró las primeras semillas del romanticismo, es fascinante por sus largas descripciones y por sus vueltas y detalles alrededor de las relaciones humanas y sociales, vistas como estrechamente dependientes de los poderes de la naturaleza.

Cómo no recomendar la lectura de Las afinidades electivas, novela publicada en 1809, como testimonio de una cierta inercia y gusto por el detalle encarnado en la minuciosa descripción de una sociedad rural y, a la vez, de su interés en la resiliencia, en las mutaciones llevadas por la pasión. Su fascinación por el mundo clásico lo explica en gran parte y Goethe lo ha desarrollado realizando un sueño de juventud: dejarlo todo para viajar a Italia. ¡Hasta dónde nos puede llevar la observación y el gusto por el más pequeño detalle!

A final de cuentas, se trata de una relación de corresponsabilidad, una construcción política e ideológica. Esta perspectiva basada en la observación del ambiente y del territorio no es nueva y está largamente inspirada en trabajos desarrollados desde hace algunos años en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la uam Cuajimalpa. Ejemplo de esto es el trabajo del Dr. Bernardo Bolaños, del Departamento de Humanidades, quien presentó un estudio de las transformaciones del medio ambiente a partir del examen de pinturas de paisaje de los siglos xvi al xx.

Las 61 fotos del presente trabajo han sido concebidas a partir de la intención de ser reveladas; técnicamente se usó un alto nivel de calidad con un mínimo de 300 puntos por pulgada para acercamientos. Si veo una pared, un ave, una montaña, no solamente miro, también puedo tocar y acercarme. Todas han sido tomadas en América Central y en Sudamérica, en honor a la lucha por la preservación de la naturaleza que los países de este continente sostienen frente a intereses sobre sus recursos: recordar esta gran biodiversidad y verla como un patrimonio único.

Ser fiel a lo real ha sido una regla en esta propuesta: no usamos ningún artificio para colores, luces, contrastes. Es asombroso cómo este humilde trabajo que consiste únicamente en limpiar la imagen hizo nacer multitud de representaciones cruzadas, simetrías inesperadas y juegos de espejos entre lo empírico y lo simbólico: la naturaleza y la sociedad, el sol y la sombra, lo político y lo ideológico, el mar y el cielo, la cultura y la naturaleza.

Para facilitar su lectura y su articulación con las investigaciones, las fotos han sido clasificadas en seis temas transversales a los análisis de los especialistas. El lector encontrará una lista exhaustiva de las fotografías en anexo por títulos, lugares de origen y categoría: 1) Conservación del medio ambiente y naturaleza; 2) Población, territorio y cultura; 3) Naturaleza y cultura; 4) Hogar: entre supervivencia y derechos universales; 5) Política, conciencia social y medio ambiente; y 6) Ciudad, integración y ambiente. La propuesta se resume en una mirada, un debate abierto que apoyará a los alumnos y docentes que quieren trabajar la imagen y proponer campos de estudio.

Bibliografía:

Castoriadis, C. (1998) Post-scriptum sur l´Insignifiance. Entretiens avec Daniel Mermet. París: Poche Essai.

Hernández, I. (2011). Epílogo. En Goethe, J. W. El juego de las nubes. Madrid: Nórdica Libros, S. L.

Howard, L. (1803). On The Modifications of Clouds. Philosophical Magazine.

Goethe, J. W. (2011). El juego de las nubes. Madrid: Nórdica Libros, S. L.

Capítulo 1. Actores, discursos y conflictos en el ámbito ambiental

Magdalena Fresán Orozco

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

I. Introducción

El objetivo de este primer capítulo es invitar al lector a una reflexión sobre la emergencia y el fortalecimiento de la conciencia ambiental en nuestro mundo, a partir de la construcción de un lenguaje y un discurso que se asocian a enfoques e intereses diversos y devienen en el surgimiento de las ciencias ambientales.

La conciencia del cuidado y respeto al medio ambiente es relativamente reciente. El antropocentrismo constituye la relación hombre-naturaleza, marcada por la supremacía del primero sobre la segunda. La visión de la naturaleza al servicio del humano se encuentra en el origen de los problemas ambientales desde el Renacimiento.

Las ciencias ambientales implican esfuerzos interdisciplinarios en la revisión de las posiciones teóricas y conceptuales de las ciencias físicas y sociales. Por ejemplo, la geografía ambiental tiene como objeto de estudio el espacio en tanto soporte para la ocurrencia de hechos y fenómenos sociales y naturales. Este objeto puede abordarse desde una faceta eminentemente geográfica que atribuye a los fenómenos naturales la causalidad de los desastres, sin considerar las causas de orden social. Dicho enfoque entiende a la sociedad solamente como receptora del impacto de un fenómeno (Castro y Zusman, 2009: 139). Tal perspectiva reduce el espacio a un solo dato y omite su relación con los sujetos que viven en él, lo perciben y lo transforman.

Otra manera de estudiarlo es mediante una configuración holística que analiza el espacio asociándolo a las problemáticas sociales que ocurren en su seno. Los objetos de estudio de las cienciasambientales son el ambiente y su crisis; su definición, las dificultades que abarcan en el tiempo y en el espacio, que pueden estudiarse desde diferentes parámetros, según distintas culturas, ideologías, disciplinas y hasta países o regiones.

Se asumirá el concepto de Bocco (2013) para la interacción hombre-naturaleza, dado que la expresión naturaleza suele excluir los productos de la acción humana. El ambiente, según este autor, no es sólo lo que rodea, sino también un producto de aquello que es rodeado. Esta abstracta noción conceptualmente supone la presencia e interacción de actores sociales. El ambiente es social, distinto al ecosistema o al bioma. Así, las ciencias ambientales son disciplinas híbridas (economía ecológica, historia ambiental, ecología política o ingeniería ambiental) cuyo objeto de estudio es la relación del medio ambiente (los componentes abióticos, los demás seres vivos y los productos de la acción humana) con los seres humanos.

Desde las postrimerías del siglo xix, el deterioro ambiental se ha asociado con el desarrollo científico y tecnológico. No obstante, hay evidencias de culturas que sufrieron las consecuencias de la depredación del entorno hasta el grado de su desaparición. En un trabajo sobre los desacuerdos en el concepto del desarrollo sustentable, Tommasino y Foladori (2005) refieren hechos en los cuales se ha documentado la participación del hombre en la extinción de las especies. Citan, entre otros, la migración desde el noreste asiático hasta Alaska hace unos 12 mil años, en que la alimentación de los individuos implicó el sacrificio y la consecuente extinción de los grandes mamíferos de la época. Relatan, además, la llamada tesis de Martin (1984) sobre el declive de especies similares, como consecuencia de la caza en el paleolítico, la extinción de las aves en las grandes islas y otros fenómenos causados por la natural supremacía de ciertas especies que eliminan a otras menos vigorosas o con un potencial biótico inferior.

No obstante, los autores afirman que la relación del hombre con la naturaleza no es única por el papel directo en la degradación del ambiente y su transformación, sino por mediar el deterioro con instrumentos y herramientas que magnifican su capacidad para la destrucción de los recursos naturales.

Los problemas ambientales, señalan Tommasino y Foladori, no derivan de la utilización de recursos ni de la generación de residuos, ambas actividades connaturales al ser humano. Surgen a consecuencia de la diferencia de ritmos entre la utilización y la capacidad de regeneración de los recursos, y entre la producción de basura y la capacidad de la naturaleza para absorber los tipos de remanentes producidos por las distintas actividades y funciones de los seres vivos, en particular los generados por los humanos, porque muchos de sus desechos no son orgánicamente degradables. La aceleración de la actividad humana mediante las máquinas ha sido un factor esencial para el rompimiento de la relación mencionada, trayendo como consecuencia mayores tasas de utilización de los recursos naturales, mayor desplazamiento de las mercancías y mayor producción de desechos no biodegradables.

II. El origen de la conciencia ambiental

En 1970, el Club de Roma, una organización de líderes del ámbito empresarial científico y político, encargó a un grupo de investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) un estudio prospectivo sobre el desarrollo económico social del mundo. Estos investigadores, utilizando los más recientes avances de la teoría de sistemas, recogieron información sobre los principales problemas y tendencias observables (crecimiento poblacional, desarrollo agrícola e industrial, contaminación del agua y del aire, reservas de agua y de minerales).

Una vez recopilada esta información, diseñaron escenarios posibles y algoritmos que relacionaban las distintas variables relevantes en la construcción de cada uno de ellos. En 1972, con el apoyo de las más avanzadas técnicas de informática, publicaron los resultados en un documento llamado Los límites del crecimiento.

Los resultados fueron aterradores: el agotamiento de los recursos naturales, el crecimiento poblacional y la contaminación configuraban un futuro apocalíptico a partir del año 2000. Los investigadores del MIT jugaron con sus fórmulas, modificando las magnitudes de las variables con la idea de encontrar una combinación que ofreciera perspectivas menos sombrías. No obstante, los resultados continuaron siendo negativos.

Aparentemente, las únicas variables que podrían incidir en una modificación del avance directo hacia la catástrofe final se relacionaban con el control del crecimiento poblacional (crecimiento cero) y la modificación del desarrollo hacia un modelo menos agresivo para los recursos naturales. El reporte produjo reacciones muy contradictorias. Por una parte, las visiones menos apocalípticas parecían encontrar respuesta en el desarrollo económico. Por otro lado, los procesos de desertificación, calentamiento global y contaminación de aire, agua y suelo parecían confirmar las suposiciones del Club de Roma.

En 1983, la Organización de las Naciones Unidas (onu) encargó un estudio sobre las perspectivas del desarrollo económico y la recuperación ambiental ante las posibilidades de deterioro de los ecosistemas. Este estudio fue realizado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, al frente de la cual se designó a Gro Harlem Brundtland, mujer sueca que fue Primera Ministra de Noruega en tres ocasiones, y que había fungido antes como Ministra del Medio Ambiente en su país, de 1974 a 1979. En 1987, esta Comisión produjo el Informe Brundtland, denominado originalmente Nuestro futuro común, en el cual se utiliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones.

1. Zacatlán de las Manzanas, Puebla, México.

2. Población, territorio y cultura.

La concepción manifiesta en el Informe Brundtland sobre la necesidad de impulsar el desarrollo sustentable, dada la situación cada vez más crítica de la biosfera por el agotamiento de la base de recursos naturales, constituyó el preámbulo idóneo para el surgimiento de la Conferencia del Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, así como para la firma de protocolos específicos dirigidos a asuntos particulares. Entre ellos destacan el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono, suscrito el mismo año, y el Protocolo de Kioto, avalado en 1997 por 141 naciones para reducir las emisiones de gases tipo invernadero.

Estas estrategias fueron auxiliares para generar consensos con respecto a definiciones, indicadores y medidas de control, e incluso propuestas específicas para atender situaciones especiales, pautas para la investigación y el intercambio de información. Una de las reuniones más relevantes fue la conferencia Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, en el cual 172 países aprobaron tres grandes acuerdos. El primero fue el Programa 21, cuyo objetivo era preparar al mundo para los retos del siglo XXI y que incluyó más de dos mil propuestas sobre cuestiones sociales, económicas y ecológicas. El segundo fue la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que establece un conjunto de principios sobre los derechos civiles y las obligaciones de los Estados para mitigar los efectos del cambio climático. El tercero fue la Declaración sobre los bosques y masas forestales, la cual contenía principios que buscaban la conservación de los bosques del mundo.

Cuadro 1. Protocolos

Montreal (1987)

Kioto (1997)

• Se estableció para el control de Sustancias que agotan la Capa de Ozono (CFC y halones).

• Es un documento de validez internacional, elaborado con el respaldo de las Naciones Unidas y ajustado mediante varias enmiendas (1990 en Londres, 1992 en Copenhague, 1995 en Viena, y 1997 en Montreal).

• Ofrece recomendaciones, medidas de control, propuestas para considerar las situaciones especiales en países en desarrollo, pautas para la investigación e intercambio de información entre países participantes y para la transferencia de tecnología.

• Incluye anexos con listas de sustancias controladas.

• El acuerdo suscrito en 1997 por 141 naciones para reducir las emisiones de gases tipo invernadero y frenar el calentamiento del planeta entró en vigor el 16 de febrero de 2005.

• Estados Unidos, Brasil, India y China no firmaron ni ratificaron el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia 2012 al nivel de 1990.

• Los países firmantes asumieron compromisos cuantificables de reducción de seis gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, perfluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.

Elaboración propia.

A estos tres grandes acuerdos se añadieron dos instrumentos: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La Convención tuvo como uno de sus principales objetivos crear conciencia en todas las sociedades acerca del cambio climático. De este tratado derivó, en primera instancia, el Protocolo de Kioto. El órgano directivo de la Convención es la Conferencia de las Partes (COP) que organiza una reunión anual desde 1995 para analizar los avances en el cumplimiento de compromisos suscritos por los países participantes y evaluar el efecto de su aplicación.

2. Zacatlán de las Manzanas, Puebla, México.

3. Naturaleza y cultura.

La realización de innumerables reuniones promovidas por la ONU y la firma de documentos contribuyeron a la generación de una conciencia global sobre la problemática ambiental. Obviamente, la interpretación de esta información se acompañó de la configuración de discursos cargados de simbolismos y significados que permitieron aprehenderla y compartirla. La integración de ideas, argumentos, conceptos y principios proporcionó sentido a un conjunto coherente de hechos y de fenómenos, y dio cabida a distintas líneas discursivas cuyo análisis evidencia posiciones e intereses de grupo de carácter científico, económico, ideológico y político.

Cuadro 2. Tipología de las principales perspectivas del análisis

del ambiente y las crisis ambientales

Perspectiva/

Dimensión

Antropocentrismo

Ecocentrismo

Ambiocentrismo (complejidad)

Reconocimiento

Reconoce la existencia de lo humano y lo no humano

Reconoce la existencia de lo humano y lo no humano

Reconoce

la existencia de

lo humano y lo no humano

Concepción

Como entidades diferentes (dualismo)

Los iguala (monismo)

No hay superioridad

ni igualdad

Predominancia

Lo humano

Lo no humano

La interacción humano-ambiente

No predominancia

La naturaleza es un objeto mecánico

Lo humano no es lo importante

Se condicionan de manera recíproca

Ideas fuerza en el discurso

Dominación, apropiación, manipulación, control, explotación

Respeto, acatamiento, obediencia, seguimiento, ajuste a las leyes de la naturaleza

Reciprocidad, interacción, retroalimentación, mutualidad

Prevalencia de conceptos

Centralidad

El ser humano es el centro del universo

La naturaleza es el centro del universo y determina la ética del comportamiento humano

Lo importante es la interrelación mutua o la reciprocidad entre seres humanos y el ambiente que les rodea

Integración

El ser humano no es parte de la naturaleza

Todos los seres vivos somos parte de la naturaleza

Los seres humanos y la naturaleza poseen identidades propias, se conciben de forma simultánea, pero no se confunden ni son iguales

Supremacía

La naturaleza y sus procesos existen para servir al ser humano

La naturaleza y sus procesos existen para sí mismos y para el ser humano

La interacción supone el diálogo entre naturaleza y sociedad, entre individuos y colectividades, y entre autonomía y dependencia

Elaboración propia.

Se han utilizado diferentes tipologías para organizar, elegir, clasificar y comparar las distintas corrientes de pensamiento que prevalecen en el ámbito de los países que conforman los bloques del norte y del sur, con la idea de encontrar sus diferencias y semejanzas y aproximar las últimas, al menos en aquellos temas en donde ha habido cierto consenso (agotamiento de la capa de ozono, desarrollo sustentable). Las posturas que emanan de los paísesdel norte han sometido a las corrientes que proceden del sur, tanto en aspectos relativos a los avances disciplinares, como en lo concerniente a la generación de políticas o normas de alcance internacional. En el cuadro 2 figuran las tres posiciones más reconocidas en el ámbito de la temática ambiental.

El logro de consensos en las reuniones multinacionales implica el uso de conceptos y construcciones retóricas que comunican códigos colectivos, crean valores comunes y apoyan la generación de ideas, propuestas, indicadores y recomendaciones a través de los cuales los actores sociales, en este caso los distintos países, argumentan sus necesidades y formas de respuesta.

3. Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina.

5. Política, conciencia social y medio ambiente.

Hoy, los asuntos ambientales se reconocen como situaciones complejas derivadas de la sistemática destrucción de los ecosistemas, apoyada o permitida por decisiones políticas inapropiadas; su complejidad demanda abordajes interdisciplinarios que puedan reportar la multiplicidad de dimensiones, y los discursos ambientales son una buena evidencia.

III. Los discursos ambientales

La existencia de un lenguaje propiamente ambiental como componente o conjunto de ideas fuerza en el discurso gubernamental o en las políticas públicas no existía antes de la década de 1960. No obstante, los reiterados accidentes ecológicos, la peligrosidad de los ejercicios nucleares y el deterioro creciente de los recursos pusieron en la mesa de discusión estos asuntos. En 1972 se realizó la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, que culminó con la Declaración de Estocolmo y la consecuente creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La Declaración de Estocolmo inauguró el uso del discurso ambiental al afirmar:

La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.

Todo discurso contiene un núcleo de ideas fuerza que condensan el o los significados principales de las corrientes de pensamiento que se generan en las comunidades para comprender situaciones, circunstancias o fenómenos. Las ideas fuerza de los discursos constituyen materiales para la construcción de argumentos que encubren ideologías e intereses económicos o políticos. Por ello, es necesario profundizar en el análisis de los discursos, pues como sostiene Miriam Alfie Cohen en su libro Democracia y desafío medioambiental en México (2005):

Indagar en la lógica de los discursos ambientales se convierte en un elemento esencial para comprender la acción de sujetos e instituciones frente a la nueva situación de riesgo. La diversidad de posturas, las múltiples visiones y las soluciones a los problemas ambientales son referentes importantes en la auto confrontación de las sociedades reflexivas. El riesgo ambiental es vivido diferencialmente por diversos actores y países mientras que las soluciones al deterioro ecológico expresan desde posturas económicas hasta transformaciones civilizatorias.

En el caso de los discursos ambientales encontramos exactamente lo mismo. El análisis de los problemas y las propuestas de solución originan varias corrientes discursivas, entre ellas la de la misma Alfie Cohen, quien desde una perspectiva sociológica identifica como posturas reconocibles las siguientes:

1. Teóricos de la supervivencia

Los miembros de esta corriente tienen como sustrato ideológico originario el documento Los límites del crecimiento, publicado en 1970 por el Club de Roma. Dicho documento plantea la necesidad de regular las tasas de natalidad, a riesgo de enfrentar hambrunas o situaciones carenciales extremas en caso de no hacerlo. Esta idea se asocia con el concepto ecológico de capacidad de soporte, que se refiere al “número máximo de individuos cuyas necesidades pueden ser cubiertas por un ecosistema”. Si la población crece desmedidamente, el ecosistema puede sufrir un deterioro progresivo acelerado e incluso su extinción.

Esquema 1. El discurso de los Supervivientes. Ideas Fuerza

Elaboración propia.

4. Chetumal, Quintana Roo, México.

2. Población, territorio y cultura.

A medida que la economía y la población humana crecen, se requieren más recursos, se producen más residuos y los ecosistemas llegan a un límite tras el cual no pueden responder a las necesidades que existen. No obstante, esta capacidad de respuesta es susceptible de recuperación si se permite “descansar al ecosistema” y restablecer sus procesos naturales. De hecho, el planteamiento central de esta corriente es la necesidad de establecer límites al crecimiento (Alfie, 2005), necesidad para cuya solución los supervivientes proponen estrategias extremadamente drásticas, difíciles de cumplir, como la redistribución del poder o el cambio de modelo económico.

Su discurso constituye un conjunto de ideas fuerza apocalípticas (accidentes nucleares, congelamiento de la Tierra, derretimiento de los polos, mutaciones, hambruna, inundaciones, huracanes).

Herman Daly (citado en Alfie, 2005) propone la generación de políticas que pueden llevar a los ecosistemas a un estado estacionario, es decir, a un crecimiento cero. Esta propuesta implica balancear el número de nacimientos con el de muertes o migraciones, con el objeto de alcanzar un acervo constante de personas. De la misma manera, habrá que estudiar la forma de crear y conservar un acervo constante de riqueza física.

5. Caye Caulker, Belice.

3. Naturaleza y cultura.

2. Partidarios incondicionales de la tecnología (cornucopianos o prometeos)

Surgen como respuesta a la visión aterradora de los teóricos de la sobrevivencia. Se caracterizan por una posición antropotecnocéntricaque supone que los errores, fallas o distorsiones de los procesos naturales pueden ser corregidos indefectiblemente por la tecnología. Critican el carácter malthusiano de la perspectiva de la sobrevivencia y suponen que los recursos naturales son ilimitados. Se declaran también convencidos del modelo capitalista y consideran que la escasez de algún producto natural tenderá a resolverse por la ley de la oferta y la demanda (Alfie, 2005).

Esquema 2. El discurso en la perspectiva Prometea. Ideas Fuerza

Elaboración propia.

Se ha generalizado una lucha entre los teóricos de la sobrevivencia y los fanáticos de la tecnología. Los primeros no han tenido la fuerza suficiente para modificar instituciones, políticas y prácticas ambientales. Los segundos avanzan inexorablemente a través de estrategias de silenciamiento y ocultamiento de las protestas ante los problemas ambientales. El efecto de los sobrevivientes se observa si acaso en la elaboración de leyes y normas de escaso impacto y suscripción voluntaria (Protocolo de Kioto). Se observa la creación de burocracias para atender esta legislación o generar reuniones masivas con escasos resultados. Para los fanáticos de la tecnología, el trabajo en los congresos nacionales, orientado al diseño innovador de políticas públicas nacionales que afectan el crecimiento de las empresas, constituye la mejor alternativa.

3. Expertos en la solución de problemas ambientales

A lo largo del planeta, existe un conjunto de líderes con proyección internacional, reconocidos como personas que dominan el conocimiento relativo a la problemática ambiental y sus propuestas, son invariablemente dignas de consideración. Este grupo de expertos pretende dar solución a los problemas ambientales, según la importancia del contexto en donde se desenvuelven.

La opinión de estos líderes constituye una visión pragmática poco ideologizada que implica la vinculación de científicos expertos en disciplinas y temas ambientales con los gobiernos de los estados. En esta relación, los primeros actúan como asesores y los segundos toman las decisiones pertinentes. Dentro de estos líderes se encuentran personajes con orientaciones de carácter burocrático, democrático y mercantil.

Foto 6: Buenos Aires, Argentina.

5. Política, conciencia social y medio ambiente.

La orientación burocrática se traduce en un racionalismo administrativo caracterizado por la creación de instancias de regulación para controlar el impacto ambiental de las actividades humanas. En el ámbito de las soluciones democráticas (pragmatismo democrático) se pretende favorecer la participación de los colectivos en la toma de decisiones. Esto implica el uso de estrategias de comunicación para solucionar la confrontación entre el interés público y las preferencias privadas.

Mientras tanto, en el ámbito de las soluciones mercantiles (racionalismo económico) se pretende asociar la solución de los problemas ambientales a los mecanismos de mercado (incentivos ambientales a empresas limpias, venta de derechos de contaminación, impuesto verde). En resumen, se propone privatizar los recursos naturales y ambientales (Alfie, 2005).

Por iniciativa de la ONU se formó un grupo de expertos sobre el cambio climático denominado Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), con el objetivo de acopiar y evaluar cualquier información científica, técnica y socioeconómica que se genere alrededor del cambio climático provocado por la actividad humana, así como sus efectos medioambientales y socioeconómicos, y las opciones para mitigar estos últimos. La XVI edición de esta conferencia se llevó a cabo en México en 2010, donde se lograron avances incipientes en el proyecto de prolongar la vigencia del Protocolo de Kioto más allá de 2012.1

4. El discurso sobre el desarrollo sustentable

Este discurso tiene su origen en el Informe Brundtland. Nuestro futuro común; su idea fuerza fundamental es la sustentabilidad, concepto que enfrenta los problemas que suponen la asimilación de una construcción nueva y polémica. Es también un discurso propio de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, y propugna por análisis detallados de los costos y beneficios de las nuevas tecnologías (principio precautorio) y por el regreso a las tecnologías simples y sostenibles. Rechaza el antropocentrismo y la ilusión de que la especie humana está exenta de las leyes que rigen a otras especies.

La sustentabilidad es una construcción compleja que implica la existencia de condiciones económicas, sociales y políticas que permiten un funcionamiento armónico de la sociedad. La armonía en el tiempo debe darse entre esta generación y las venideras, y en el espacio debería suscitarse necesariamente entre los diversos sectores sociales, los diferentes géneros y la población y su ambiente.

Las excesivas desigualdades que prevalecen entre los países en el acceso a los bienes y servicios y entre los grupos sociales dentro de cada nación hacen que el desarrollo sustentable constituya una propuesta utópica que, como tal, se ha transformado en núcleo de discursos políticos desgastados que desvían la atención de los gobiernos hacia problemas menos trascendentes.

Hay muchos cuestionamientos al concepto de desarrollo sustentable; la más importante parece ser una ambigüedad “cuya superficialidad convoca amplios consensos” al admitir la coexistencia de interpretaciones diversas e incluso antagónicas, o de afirmaciones no probadas como la sinergia de la asociación del crecimiento con la sustentabilidad y la superación de la pobreza, o de la confluencia de participación con la equidad y el manejo sustentable de los recursos (Lelé, 1991: 614-616).

7. Cuzco, Perú. 2. Población, territorio y cultura.

5. Grupos y discursos verdes

El radicalismo verde constituye un conjunto heterogéneo de discursos extremistas con diferentes visiones y posturas, cuyo elemento común es valerse de la subjetividad para construir argumentos y acciones de oposición al sistema económico responsable de la crisis ambiental. Hay dos ramas principales: el romanticismo verde sostiene que el deterioro ambiental se debe a la tecnología y propone el regreso a un paraíso verde donde ni ésta ni la ciencia puedan destruir el entorno. Esta rama agrupa varias corrientes, como puede verse en el cuadro siguiente. La segunda ramificación es el racionalismo verde, cuyos líderes consideran que la naturaleza es compleja y el humano no tiene derecho a sobreexplotarla. Alrededor de estos dos ejes se sitúan corrientes con afinidad por el discurso verde. Las ideas fuerza de él se aproximan, en ocasiones, a las visiones aterradoras del futuro de los sobrevivientes.

En las últimas dos décadas, la conciencia ambiental ha favorecido el diseño de políticas y la implementación de programas que representan avances particulares relacionados con la mejora de la eficiencia en el uso de la energía en la producción, la reducción individual de la emisión de contaminantes y de basura. Por ejemplo, en Alemania se elevó el principio precautorio a rango de ley nacional; en Japón es muy clara la adopción de tecnologías verdes y de sistemas de control de contaminantes. En los Países Bajos se descartan las actividades productivas con gran impacto ambiental; en Noruega se incorporan los valores ambientales en las políticas públicas, en tanto en Suecia se integran sólidos sistemas de detección de contaminantes.

Cuadro 3. Radicalismo verde

Subjetividad

y oposición

Romanticismo verde

El deterioro ambiental se debe a la tecnología; propone el regreso a un paraíso verde donde ni ésta ni la ciencia puedan destruir nuestro entorno

Corrientes

Deep Ecology

Ecofeminismo cultural

Biorregionalismo

Ecoteología

Ecocomunalismo

Racionalismo verde

La naturaleza es compleja y está constituida por varios ecosistemas, el humano no tiene derecho a sobreexplotarla

Corrientes

Los europeos verdes

Social Ecology

Justicia ambiental

Ecofeminismo social

Verdes de izquierda

Elaboración propia.

8. Provincia de Cuzco, Perú. 4. Hogar, entre supervivencia y derechos universales.

No obstante, mientras esto sucede en los países del norte, éstos y otros del primer mundo transfieren los procesos sucios a los del sur, que, además de las carencias propias de las naciones en desarrollo, como sobrepoblación, crecimiento sin planeación y pobreza, tienen un uso deficiente de los recursos naturales y de las fuentes de energía.

Esta conciencia ambiental ha propiciado la definición de criterios cuya adopción orienta el comportamiento de los actores relevantes en el ámbito ambiental. Por ejemplo, se pueden citar los siguientes principios: (Panadero y Arbellan, 1999, pp.85)

a) De irreversibilidad: es necesario eliminar las intervenciones acumulativas y los daños irreversibles.

b) De la recolección sostenible: las tasas de recolección de los recursos renovables deben ser iguales a las tasas de regeneración de estos recursos.

c) Del vaciado sostenible: es casi sostenible la explotación de recursos naturales no renovables cuando su tasa de vaciado es igual a la tasa de creación de sustitutos renovables.

d) Principio de la emisión sostenible: las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a las capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos residuos (lo cual implica emisión cero de residuos no biodegradables).

e) De selección sostenible de tecnologías: han de favorecerse las tecnologías que aumenten la productividad de los recursos (el volumen de valor extraído por unidad de recurso) frente a las que incrementen la cantidad extraída de recursos (eficiencia frente a crecimiento).

f) Precautorio: cuando haya amenazas de daños serios o irreversibles, la falta de plena certeza científica no debe usarse como razón para posponer medidas efectivas en costos que eviten la degradación ambiental.

IV. Los discursos ambientales hoy

La discusión teórica que actualmente se desarrolla en Latinoamérica sobre el tema ambiental se estructura alrededor de tres ejes: las teorías y los métodos de la historia ambiental latinoamericana, el surgimiento de corrientes de pensamiento que rechazan el antropocentrismo o contemplan a la tecnología como el recurso redentor del planeta, y la lectura cultural de la historia ambiental (Pérez Marín, 2012).

Pérez Marín cita a diversos autores sobre la necesidad de redireccionar los estudios del medio ambiente hacia el campo de la política y la cultura, pues las explicaciones a partir de la ecología y la biología proporcionan una visión incompleta, reduccionista, eminentemente técnica y, por consecuencia, limitante para políticas públicas congruentes con el entorno social.

La autora busca que la política ambiental se piense desde dos perspectivas y que se efectúe un tránsito en dos etapas: la primera iría de la cultura a la política cultural y la segunda de la política cultural a la cultura política. La primera propuesta pretende superar la concepción de la cultura como bien estático y hacer visibles las rutinas que configuran la política cultural, y que a través de construcciones colectivas dan origen a nuevas producciones de significados y a la reconstrucción de relaciones sociales inéditas.

La segunda perspectiva, de la política cultural a la cultura política, intenta rescatar los significados asociados con el poder social y su evolución, para comprender los elementos que permanecen ocultos.

La autora plantea la hipótesis de que los discursos ambientales se han construido, propagado, institucionalizado y legitimado en el seno de una retórica más amplia, la del discurso del desarrollo, teniendo como soporte la idea de la modernidad, en el cual lo mítico y lo fantástico se debilitan, imponiéndose una mirada de apropiación y explotación del territorio.

Debemos reconocer que la modernidad reflexiva se opone a la industrial, pues hace tambalear los conceptos y paradigmas que la segunda nos había proporcionado durante varias décadas; en tanto la primera conmueve nuestros sentidos al enfrentarnos a la falta de certidumbres y al riesgo permanente asociado por lo general con el concepto de globalización. Esta globalización permea los ámbitos de la vida; no escapan lo ambiental, lo cultural, los medios de comunicación, la economía ni la política. En la globalización incluso pierde sentido el concepto del estado nacional, al diluirse las fronteras ante el avance de las ciudades (Beck, 1998). Este escenario supone nuevas opciones de desarrollo, pero también nuevos desafíos.

Las corporaciones transnacionales y los organismos internacionales sobrepasan las normas y legislaciones nacionales; se discute la jerarquía de los acuerdos establecidos en los convenios internacionales y las constituciones de cada país. Son múltiples las transformaciones de las instituciones y de los estados, transformaciones que suponen riesgos de disolución o debilitamiento de unos y otros. Los estados débiles pierden su capacidad de brindar protección y seguridad a la sociedad, y ésta, la confianza ante figuras e instancias que no garantizan seguridad; se vive una pérdida de sentido y emergen nuevas formas de incertidumbre que se suman a las que ya afectan la vida de los pobres.

Por ejemplo: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha generado cambios sociales inimaginables acompañados de una difusión rutinaria de los riesgos ambientales que acrecienta la percepción de vivir en peligro. Se confunde riesgo con incertidumbre.2 Los cambios económicos y estructurales que derivan de procesos comerciales internacionales interaccionan y modifican las operaciones rutinarias a escala local. La privatización y los cambios en los regímenes de propiedad generan nuevos conflictos relacionados con los recursos naturales (bioseguridad, transgénicos, derechos de propiedad intelectual) que afectan los conceptos prevalecientes acerca de la inviolabilidad, la biodiversidad, la fauna silvestre, y la protección de los océanos y los bosques.

Estas modificaciones acrecientan la incertidumbre que es un rasgo característico del saber acerca de los fenómenos y cambios ambientales. Aunque muchos conceptos y normas se sustentan en verdades aparentemente científicas, con frecuencia fueron influidos por compromisos, necesidades y tendencias sociales y políticas; de allí la parcialidad y la duda razonable sobre las pretensiones de verdad. Los conocimientos incompletos o imprecisos proporcionan ideas equivocadas o parciales, y ello acrecienta la incertidumbre (Mehta, et al., 2000). Mehta habla de los tres tipos de incertidumbre que afectan la vida actual: la ecológica, la del contexto y la del conocimiento.

La variabilidad de los ecosistemas en el tiempo y en el espacio como resultado del cambio climático y de la intervención del hombre en los procesos naturales genera una situación de incertidumbre creciente. Por ejemplo, las variaciones del clima han alentado nuevos estudios en el campo de la ecología, orientados a comprender las dinámicas apropiadas para el manejo de recursos en ecosistemas alterados. Los procesos de ingeniería genética crean, a su vez, nuevas formas de incertidumbre ecológica al perturbar y combinar los materiales genéticos para producir organismos que difícilmente tendrían la oportunidad de surgir a partir de procesos naturales.

Los avances científicos son frecuentemente difundidos a través de discursos que no tienen la posibilidad de transmitir ideas precisas a los receptores y llegan a los usuarios finales del proceso o producto (por ejemplo, maíz transgénico) incrementando la incertidumbre sobre sus ventajas y desventajas y, sobre todo, sus riesgos potenciales. Adicionalmente, el acceso a las semillas modificadas para obtener el producto se convierte en una forma de incertidumbre para los campesinos que requieren algún nivel de certeza.

De esta manera, los temas de propiedad y control de los recursos se ven afectados por procesos que propician el desarrollo de conflictos por el acceso y uso, y generan nuevas formas de incertidumbre: el antagonismo entre las estructuras de gestión global y participación local suscitan otro tipo de problemas. El control de patentes y derechos de propiedad intelectual devalúa el conocimiento local y ocurre con frecuencia la privatización del conocimiento o propiedad intelectural colectiva por parte de las corporaciones trasnacionales.

V. Actores sociales en el ámbito ambiental

La identificación de actores clave en las discusiones es una necesidad imperativa para el diseño y la implementación de políticas ambientales, lo cual implica el reconocimiento de quienes tienen un papel protagónico en el escenario donde éstas se gestan, se discuten, se construyen, se modifican o se aprueban.

Para definir actores en los procesos de gestión ambiental suele hacerse énfasis en las actitudes de los individuos, de las comunidades o de los gobiernos, o en actores clave (líderes) que actúan como defensores de ciertas posiciones o sectores (empresarios, científicos, ecólogos, defensores de los campesinos o indígenas, ambientalistas urbanos, movimientos verdes). En otras situaciones se considera el papel de actores privilegiados, como partidos y sindicatos.

9. Distrito Federal, México. 2. Población, territorio y cultura.

Esta heterogeneidad permite observar la superficialidad en el tratamiento e identificación de los actores en la gestión ambiental. Adicionalmente, cuando se desea precisar el papel de algunos actores sociales, la referencia se orienta al reconocimiento de protagonistas del propio sector. Esto es erróneo porque el énfasis excesivo en algunas áreas clave desconsidera los roles que otros juegan en el proceso estudiado.

El lenguaje que usa el movimiento ambiental involucra a la sociedad en la gestión. Podría afirmarse que el ambientalismo no defiende los intereses de clase y sus valores implican a la sociedad entera.

No obstante, existen actores en la gestión ambiental cuya identificación depende del uso explícito de ciertos criterios específicos como los siguientes: ¿quiénes son los actores clave en el control del acceso a la distribución de los recursos naturalesen cierta localidad? ¿Qué normas regulan el control mismo de estos recursos? ¿Qué tipo de conflictos propicia el desencadenamiento de respuestas sociales como campañas, protestas u otros? ¿Quiénes se encuentran involucrados en la instalación de barreras y trabas para impedir las acciones ciudadanas sobre temas ambientales? ¿Cómo se propicia el reclutamiento de nuevos actores para solucionar los problemas relacionados? ¿Cuál es la mejor forma de promover estos valores en una comunidad determinada? Como puede inferirse a partir de las preguntas anteriores, la idea de actor clave corresponde a cada situación particular (Gudynas, 2001).

Los movimientos ambientalistas se articulan alrededor de preocupaciones y objetivos compartidos en los cuales los valores del sentido de pertenencia funcionan como ejes articuladores. No existe evidencia de la participación de una clase determinada en el análisis ni en los procesos de instrumentación de programas ambientales. Un actor destacado son los partidos políticos verdes, alentados en los regímenes parlamentarios, que poseen ventajas de participación en coaliciones, proponen nuevas escalas de valores, exponen la necesidad de organismos y políticas reguladoras, rechazan al mercado como gran tomador de decisiones y promueven la participación ciudadana.

El sector científico –fundamentalmente, los ecologistas y los biólogos en el área de las ciencias naturales, así como los territorialistasy los economistas de las ciencias sociales– es un actor importante en el campo ambiental. Ellos suelen discutir los resultados de sus investigaciones en diversos espacios públicos, y en ocasiones entran en polémicas. Los partidos políticos tradicionales no tienen sus objetivos en ninguna meta ambiental, pero empiezan a preocuparse por estos conflictos y procuran colocar correligionarios destacados en puestos clave para decidir o legislar sobre el ambiente.

VI. Actores colectivos

Gudynas (2001) reconoce tres polos de acción que a su vez representan actores colectivos: Estado, mercado y sociedad civil. No obstante, este modelo se cuestiona por las sobreposiciones entre esas tres categorías.

Offe (1988) propone un modelo alternativo basado en la acción política y distingue tres ámbitos: el institucionalizado estatal (secretarías, gubernaturas, universidades públicas), el institucionalizado no estatal (empresas, órdenes religiosas, universidades privadas) y el no institucionalizado (nuevos movimientos sociales). Superponiendo en estos ámbitos alguno de los actores colectivos mencionados es posible una ubicación más clara.

En el ámbito institucionalizado estatal se ubicarían los políticos profesionales, legisladores, técnicos y administrativos; en el vértice institucionalizado no estatal, los militantes de los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos, y en el no institucionalizado, los gruposambientalistas de derechos humanos y los grupos vecinales. Estos actores colectivos se han estudiado poco en las políticas ambientales.

Esquema 3. Identificación de actores colectivos en el ámbito ambiental

Elaboración propia a partir de Gudynas (2001) y Offe (1998).

VII. conflictos ecológicos

Martínez-Allier (2006) afirma que los sociólogos persisten en el uso equivocado del concepto conflictos ambientales y propone usar conflictos ecológicos distributivos para referirse a los impactos del uso de recursos sobre la generación actual y las futuras. El autor usa el término distributivo porque no todos los humanos son igualmente afectados por los comportamientos individuales y colectivos o el uso de recursos que lesionan al ecosistema y afirma que, invariablemente, algunos se benefician más que otros, y unos sufren mayores costos.

10. Puerto Viejo, Argentina. 1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

De ahí que los conflictos ecológicos distributivos sean también conflictos de justicia ambiental, entendida esta última como situación de igualdad en las cargas de contaminación, el desarrollo nocivo y el agotamiento de recursos entre todos los miembros de una sociedad (Hervé, 2010). A partir de esta posición ideológica, Martínez Allier clasifica los conflictos ecológicos en varios grupos, a saber: conflictos relacionados con la extracción de materiales y energía, que incluye contaminación del suelo, aire y agua producida por la minería, la extracción de petróleo, y la explotación y erosión de tierras para la producción de madera.

Asimismo, incorpora en esta categoría los conflictos por el agua, la defensa de los manglares, los derechos nacionales o locales de pesca y la biopiratería. Otro conjunto de conflictos está relacionado con el transporte e incluye los derrames petroleros, los problemas con oleoductos y gasoductos, y las necesidades de ampliación de puertos y aeropuertos. El tercer grupo es el relativo a los conflictos de residuos y contaminación. Incluye los riesgos a los que se expone la población por la acumulación de metales pesados, pesticidas y basura, entre otros, y hace énfasis en la exportación de residuos tóxicos, la contaminación transfronteriza y la utilización desproporcionada y excluyente de los océanos y la atmósfera como depósitos.

Estos distintos tipos de conflictos dan origen a conceptos como la economía de rapiña (importación de productos a países pobres a precios que no tienen en cuenta el agotamiento de los recursos ni las externalidades negativas totales).

Un concepto acuñado desde la preocupación por el daño ambiental causado por la producción industrial es la responsabilidad empresarial, que implica la cobertura de los pasivos ambientales y sociales generados por la operación de las empresas. El concepto de deuda ecológica del norte hacia el sur contiene la reclamación de una deuda de carbono por las excesivas emisiones históricas de gases con efecto invernadero que han realizado los países ricos situados en el hemisferio norte. Racismo ambiental es otro concepto derivado de la ubicación de vertederos e incineradores en zonas habitadas por minorías étnicas.

Otros conceptos emanados del estudio de los conflictos ambientales son justicia ambiental, espacio ambiental (espacio que realmente ocupa una economía, su importación de recursos y exportación de residuos y emisiones) y huella ecológica, construido como índice que suma diversas formas de energía requeridas para sustentar la vida de una persona, el cual posteriormente se traduce en términos de superficie.

La regulación de los comportamientos de los individuos y las organizaciones ante los recursos naturales derivados del medio ambiente ha dado lugar a nuevas áreas de conocimiento y de trabajo. La gestión ambiental es un área de la actividad humana cuyo contenido implica el reconocimiento de una relación biunívoca entre la economía y el ambiente (toda actividad económica tiene impacto en el ambiente y cualquier modificación tendrá impacto en la economía), que se organiza con el propósito de incorporar las variables ambientales a la ejecución de las actividades productivas.

En el ámbito de la gestión ambiental se vive un enfrentamiento entre las tendencias del comercio internacional y las prácticas e instituciones locales; lo anterior genera incertidumbres y condiciones de vulnerabilidad. Por un lado, existe una tendencia a la globalización de los procesos de gestión mediante las convenciones internacionales, las leyes y los acuerdos, mientras que a escala local proliferan esquemas que pretenden favorecer la participación de funcionarios regionales en el manejo y cuidado de los recursos.

La gestión ambiental ha sido considerada una función del Estado. No obstante, ante el debilitamiento de esta figura, parece necesario impulsar mecanismos en el marco de las relaciones socioeconómicas en todos los sectores sociales, principalmente en el empresarial. El concepto de responsabilidad social, ampliamente difundido en la última década, conlleva la aceptación de la necesidad de los sectores empresariales de revisar su relación con el medio ambiente. La exigencia de procesos y productos sustentables desde el momento de su gestación como ideas o proyectos, hasta el de su desaparición física y las responsabilidades asociadas (por ejemplo, el principio precautorio), hacen necesaria una revisión del entorno, de las dinámicas internas y externas, y su influencia en la gestión ambiental como mecanismo de sobrevivencia para la propia empresa. Hoy, el cuidado ambiental y la atención hacia la sustentabilidad de los procesos y productos constituyen estrategias de agregación de valor a las marcas y los productos.

Para lograr este cuidado, se precisa la internacionalización y el uso del concepto de responsabilidad social empresarial por parte de los líderes de las empresas; sólo ello puede garantizar una mayor calidad de vida para las nuevas generaciones.

11. Iztaccíhuatl, límite entre el Distrito Federal y Puebla, México. 1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

Conclusiones

La ciencia ambiental es un dominio en construcción. La ecología deberá cederle el paso para lograr una comprensión aceptable de los fenómenos de cambio climático y deslindar el potencial devastador de la actividad humana. Aún es necesaria mucha investigación en todas las áreas asociadas con la problemática ambiental, particularmente en las ciencias sociales, donde encontramos posiciones radicales que desconsideran o enfatizan excesivamente los problemas.

El concepto de desarrollo sustentable posee muchos núcleos de significado ambiguos. ¿Cómo satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones? ¿Cómo es posible lograr la armonía en el uso de los recursos naturales, conservando la equidad en el acceso a ellos o a sus beneficios derivados por los distintos sectores sociales? ¿Cómo pueden los países menos desarrollados priorizar las acciones de conservación del medio ambiente sobre las necesidades mismas de subsistencia?

No puede negarse que esta definición de desarrollo sostenible es un concepto atractivo y deseable, pero utópico. En el ámbito de la conservación de los ecosistemas existen muchas interrogantes, y el trabajo de carácter interdisciplinario parece ser la única estrategia para comprender a profundidad los temas ambientales.

Nos encontramos en un escenario donde es necesario precisar la naturaleza de los conflictos ambientales e identificar los actores principales en cada uno de ellos. Apenas estamos confeccionando definiciones, principios y programas, es decir, un proceso de construcción de discursos que contribuyan a fortalecer la conciencia ambiental, porque de ella se derivará el accionar individual y colectivo para mejorar la relación con nuestro entorno. Es en el acontecer cotidiano en donde parecen estar las respuestas apropiadas a los problemas ambientales.

12. Distrito Federal, México. 

2. Población, territorio y cultura.

EJERCICIOs

1. Análisis de discursos ambientales

A. Vea los siguientes documentales y elabore una reseña de cada uno de ellos:

1) Una verdad incómoda (Davis Guggenheim, 2006). Disponible en:

http://www.youtube.com/watch?v=VHt2UulbgRc

2) El gran fraude del calentamiento global (2007). Documental producido y emitido por el Canal 4 Gran Bretaña. Disponible en

http://www.youtube.com/watch?v=QcsImZaYMac

B. Elabore un ensayo contrastando los argumentos de uno y otro material.

C. Responda a las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles son las causas del calentamiento global según Al Gore y según los científicos del otro video?

2) ¿Qué eventos ocurrirán si no se evita el calentamiento global?

3) ¿Puede el ser humano evitar el calentamiento global? ¿Cuál es su responsabilidad?

4) ¿Qué evidencias conoces del calentamiento global? ¿A qué corriente discursiva corresponden los argumentos empleados por uno y otro expositor?

2. Conceptualización de los grandes temas ambientales

A. Elabore un mapa conceptual acerca de alguno de los siguientes temas:

• Los discursos ambientales.

• Los actores sociales en el ámbito ambiental

• El desarrollo sustentable.

B. Una vez terminado el mapa conceptual elabore un ensayo del tema seleccionado (incluya ejemplos); recuerde las partes del ensayo

• Introducción: es la que expresa el tema y el objetivo del texto; explica el contenido y los subtemas o capítulos que abarca, así como los criterios que se aplican en el texto.

• Desarrollo del tema, contiene la exposición y análisis del mismo, se plantean las ideas propias y se sustentan con información de las fuentes necesarias: libros, revistas, internet, entrevistas y otras.

• Conclusiones, en este apartado el autor expresa sus propias ideas sobre el tema, se permite dar algunas sugerencias de solución, cerrar las ideas que se trabajaron en el desarrollo del tema y proponer líneas de análisis para posteriores escritos.

• Bibliografía, al final se escriben las referencias de las fuentes consultadas que sirvieron para recabar información y sustentar las ideas o críticas; estas fuentes pueden ser libros, revistas, internet, entrevistas, programas de televisión, videos, etc.

1. En la última reunión de la COP, realizada en Perú del 1 al 4 de diciembre de 2014, no hubo acuerdo en una nueva versión del Protocolo de Kioto.

2. En el caso de riesgo es posible calcular la posibilidad de los riesgos alternativos de un evento disruptivo. En el caso de la incertidumbre la situación está marcada por indeterminaciones que imposibilitan el cálculo de probabilidades (Douglas, 1985, citado por Mheta, 2000).

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Capítulo 2. Ciudadanía ambiental: participación y responsabilidad colectiva en favor del medio ambiente

Gabriel Pérez Pérez

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

I. Introducción

Actualmente se han empezado a discutir las características de una ciudadanía ambiental más allá de la forma tradicional de entenderla, como lo haría por ejemplo Marshall (1964), personificada por un conjunto de derechos civiles, políticos y sociales. El derecho a un medio ambiente sustentable es uno de los más recientes reconocidos a la ciudadanía, y obliga a los actores productivos, al Estado y a la sociedad en general a asegurar la sustentabilidad de los recursos naturales y, más genéricamente, del medio ambiente en donde vivimos y nos desarrollamos los seres humanos.

En el contexto actual de la globalización, el tema del medio ambiente se encuentra en el debate público, junto al de la ciudadanía. Las discusiones sobre una ciudadanía ambiental se han incrementado en América Latina respecto a la acción de cierto tipo de políticas públicas. Muchas de estas discusiones están vinculadas con el reconocimiento de que la región tiene su propia historia, cultura y características ecológicas, lo cual, frente a los desafíos medioambientales, establece una agenda propia de investigación que abarca cuestiones sobre el territorio, la identidad, el tipo de ciudadanía, la justicia ambiental, el desarrollo social, el Estado, lo urbano y lo rural.

Estas aproximaciones generan un punto de vista más agudo sobre la conceptualización de la ciudadanía, en términos del entendimiento de las políticas y su tratamiento de la ecología. Esto también identifica un punto de vista que reconoce a la ciudadanía y a la naturaleza en una dinámica que produce una condición mutua que se está desarrollando en distintos espacios del planeta (Latta y Wittman, 2010: 107).

En este capítulo veremos cómo la ciudadanía ambiental responde a una serie de obligaciones, responsabilidades, compromiso y acciones públicas encaminadas a la protección y defensa del medio ambiente. Este tipo de acciones han venido realizándose de forma colectiva, por medio de organizaciones de la sociedad civil que actúan en distintos territorios y en diversas escalas de gobierno, tanto locales como nacionales e internacionales. El ciudadano ambiental posee una conciencia ecológica que no le permite ser pasivo ni sentirse ajeno ante un determinado problema de la naturaleza, por lo que en su día a día busca proteger el medio ambiente con sus acciones.

II. Responsabilidades y compromisos
de la ciudadanía ambiental

La ciudadanía ambiental es cosmopolita, ya que no restringe su acción exclusivamente al interior de un Estado-nación, por poseer determinadas características éticas y morales, establecer mecanismos de participación a través de redes globales, y actuar frente a problemáticas que pueden afectar a distintos grupos, territorios o especies. Su ejercicio puede asumirse mediante instituciones políticas nacionales y supranacionales, o a través de organizaciones de la sociedad civil, incluidas las corporaciones empresariales. Por ello, los movimientos sociales que luchan en favor del medio ambiente conforman un tipo de ciudadanía cosmopolita preocupada por evitar el deterioro del medio físico como base del soporte de la vida, de la sociedad y del desarrollo de la democracia.

La globalización ha cambiado nuestro entendimiento de las políticas ambientales. En primer lugar, los problemas tienen efectos globales, y sus soluciones van más allá del ámbito del Estado-nación; por otra parte, puede traer ventajas a la relación entre lo local y lo global y, por lo tanto, contribuir a la conformación de una sociedad sustentable. Esto ayudaría a entender la transformación de una política comunitaria en el ámbito global de los problemas ambientales. En el contexto actual de la globalización, la ciudadanía ambiental puede considerarse cosmopolita1 o global (Valencia, 2005: 163).

13. Buenos Aires, Argentina.
5. Política, conciencia social y medio ambiente.

En las discusiones conceptuales sobre la ciudadanía se ha prestado poca atención a la idea de medio ambiente. Autores como Reid y Taylor (2000) presumen las condiciones para entender una ciudadanía ambiental más allá de los términos tradicionales. Actualmente, la ciudadanía se ha convertido en la más importante de todas las instituciones democráticas.2 La democracia contemporánea ha logrado extender sus beneficios al mayor número de individuos.

En este sentido, la ciudadanía ambiental hace una importante contribución con su enfoque de deberes y obligaciones. Mark Smith (1998) plantea la idea de una ciudadanía ambiental cuando se refiere a una “nueva política de la obligación, según la cual los seres humanos tienen obligaciones con los animales, árboles, montañas, océanos y otros miembros de la comunidad biológica”.

La relación entre políticas medioambientales y ciudadanía conduce a tres diferentes concepciones. Primero, representa una discusión sobre los derechos medioambientales como una adhesión a la clasificación de derechos de Marshall3 o una subcategoría de derechos sociales; segundo, se hace referencia a la naturaleza global de algunos problemas del medio ambiente. Esos fenómenos de la globalización conciben a los ciudadanos más allá del Estado; tercero, considera que la ecología da lugar a hablar tanto de responsabilidades como de derechos. El objetivo social de esa responsabilidad está relacionado con la sustentabilidad social, y la pregunta planteada por la política ambiental es qué tipo de responsabilidad está relacionada con esos objetivos (Dobson, 2006: 83-90).

La concepción de la ciudadanía ambiental reafirma la importancia de las responsabilidades. La vinculación de los derechos de la ciudadanía y las obligaciones de prestaciones sociales se basa en lo que constituye un punto de vista contractual de los derechos y obligaciones.4 La ciudadanía es considerada como un contrato entre el ciudadano y el Estado, en la que el primero reclama derechos, pero, al mismo tiempo, se compromete a contribuir a los fines del segundo. Este punto de vista contractual es muy común, pero pocas veces es expresado en forma explícita. Sin embargo, la fuente de las obligaciones del ciudadano ambiental no se encuentra en el beneficio mutuo, sino en un sentido no recíproco de la justicia o de la compasión. Las obligaciones que el ciudadano ambiental tiene con las generaciones futuras y con otras especies no pueden basarse en la reciprocidad (Dobson, 2000). Lo anterior se ilustra en el esquema 4, que sintetiza los principios de la ciudadanía ambiental y las nuevas actitudes de los ciudadanos hacia el medio físico y las generaciones futuras.

Por otra parte, el punto de vista contractual es fundamental en la concepción de la ciudadanía moderna, y puede ser el principal obstáculo para el reconocimiento y la comprensión de la ciudadanía ambiental en las sociedades democráticas liberales. Ésta es explícitamente no-contractual, no tiene nada que ver con los vínculos entre los ciudadanos y la comunidad política, y mantiene un carácter unilateral respecto a las obligaciones.

Esquema 4. Ciudadanía ambiental: principios y nuevas actitudes

Elaboración propia basada en Jagers, S. y Matti, S. (2010).

La ciudadanía ambiental tiene un carácter internacional y su intergeneracionalidad puede ser su forma operativa en las entidades políticas a escala nacional e internacional. La principal característica del ciudadano ambiental debe ser actuar con cuidado y compasión hacia extraños lejanos, humanos y no humanos, en el espacio y el tiempo. Esta obligación debe provenir de la búsqueda de la justicia, el bien común y, por lo tanto, de una visión amplia del desarrollo de la democracia. De acuerdo con Haywart (2006: 441-446), los valores y la justicia que defiende la ciudadanía ambiental deben estar respaldados por el derecho, es decir, por un conjunto de leyes que promuevan la protección del medio ambiente.

Por lo general, entendemos a la ciudadanía asociada con la esfera pública. En sus términos la separación entre espacio público y privado ha permanecido casi intacta, sin embargo, para la ciudadanía ambiental esta separación no puede sostenerse. El hogar es el espacio de muchas de sus responsabilidades e incluso el sitio en donde sus virtudes se aprenden. El ciudadano opera en diferentes niveles de la sociedad.

14. Distrito Federal, México.
2. Población, territorio y cultura.

La transmisión de nuevos valores y actitudes frente a una comunidad que va más allá del Estado-nación y del tiempo al que pertenece requiere de la educación; en este caso, de educación cívica ambiental que haga efectivos los nuevos valores y actitudes de la justicia social global. Por ello se han elaborado distintos manuales para educar a un ciudadano ambiental.

Un ejemplo es el Proyecto Ciudadanía Ambiental Global, que cuenta con manuales sobre consumo sustentable y cambio climático, editados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2005 y 2005a), cuyos lineamientos buscan el desarrollo de la educación para el uso de herramientas que permitan un consumo sustentable. Estos manuales tienen la finalidad de inducir prácticas de consumo que revaloren los recursos naturales, en especial el agua, y crear consciencia sobre la biodiversidad. Asimismo, difunden acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Esto implica una renegociación del significado de lo político. La ciudadanía ambiental está en favor de la reafirmación y el restablecimiento de la importancia de la política moderna y la vida de la sociedad civil, además de que suspende la división público-privado. Respecto a la dicotomía actividad-pasividad, la primera se asocia con la esfera pública (buena y progresista), y la segunda con el sector privado (conservador). Una visión conservadora de la ciudadanía (como pasiva y privada) contrasta con una idea de la misma más revolucionaria. A veces, la actividad y la pasividad se asocian con las categorías de deber y derecho, así como con las de público y privado (Dobson, 2000).

El sector productivo comienza a ser otro de los espacios en donde se ejerce la ciudadanía ambiental. El cuidado del medio ambiente permea las actividades económicas mediante una nueva orientación mercantil, nuevas formas de producción industrial y una nueva identidad empresarial (Özen y Küskü, 2009). Esto genera un marco institucional (entendido como la adopción de valores y prácticas) en el actuar de empresas e industrias con enfoque ambiental. Algunas características se enlistan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Dimensiones de la ciudadanía ambiental en la acción empresarial

Regulación

Nuevas prácticas

Información

• Tecnología para contrarrestar el dispendio de recursos

• Política de reducción
de dispendios

• Políticas de ahorro
de energía

• Políticas de recuperación de materiales

• Creación de unidades administrativas encargadas del impacto de las actividades productivas
en el ambiente

• Involucramiento de los empleados en el cuidado del ambiente

• Incorporación de
los temas ambientales en los presupuestos corporativos

• Reforazar la sensibilidad de los clientes frente al ambiente

• Evaluación del impacto ambiental

• Comunicación al interior y exterior de la corporación de los temas ambientales

• Apoyo gerencial
a los temas ambientales

Elaboración propia basada en Özen y Küskü, 2009.

La ciudadanía ambiental es menos exigente con nociones tradicionales como la relación entre pertenencia/derechos y su negación (sin pertenencia no se tienen derechos); no hay una cuota de entrada. Mantiene una relación horizontal entre los ciudadanos, en lugar de la vertical (aunque recíproca) entre éstos y el Estado. En este sentido, la importancia de la pertenencia al Estado-nación es minimizada. La ciudadanía ambiental es parte de un amplio reconocimiento de que la ciudadanía nacional debe ser complementada con características no nacionales. Su territorio, entonces, se extiende desde la concepción ecológica más allá del Estado-nación a la arena internacional y cosmopolita. Las obligaciones del ciudadano ambiental se extienden a través del tiempo y el espacio.5

15. Buenos Aires, Argentina.
5. Política, conciencia social y medio ambiente.

Muchos de los problemas ambientales son de carácter constitutivamente internacional y sus efectos no respetan fronteras nacionales. La ciudadanía ambiental desarrolla, con fundamentos morales y no con argumentos históricos, una específica concepción ecológica del espacio político en donde se sitúan las obligaciones.

El espacio de la ciudadanía ambiental no es algo dado por los límites de la organización del Estado-nación, es un producto de la relación metabólica y material de los individuos con su medio ambiente, y es también una descripción de derechos y obligaciones morales y políticas en una comunidad democrática, en términos de su responsabilidad con otros seres humanos, tomando en cuenta la preservación de la sustentabilidad ambiental (Dobson, 2006: 97-117; Crane, Matter y Moon, 2008: 149-155).

La ciudadanía ambiental implica “cambios significativos en las suposiciones humanas, el comportamiento y las estructuras institucionales”, y dado el carácter no recíproco, no territorial de los derechos orientados a ella, encontramos que uno de los cambios más importantes es el resurgimiento de la idea de una política de la virtud.6 Este renacimiento se conecta a la contemporánea remoralización de la política, una característica de la política ecológica. La ciudadanía ambiental generalmente trata de cuidar a los demás; por lo tanto, lejos de ser un obstáculo para el ejercicio de la libertad, necesita de la atención y la deliberación pública como sus elementos constitutivos, y esto bien puede ser considerado como una virtud clave (Dobson, 2000).

Una de las características de la ciudadanía ambiental es la conexión de lo local y lo global. Esto quiere decir que sus actividades pueden realizarse en cualquier lugar. Al mismo tiempo, la idea de un ciudadano del mundo o cosmopolita parece ir en contra de la realidad política que se fundó en el Estado-nación y en la que los sentidos del deber y la obligación rara vez se extienden más allá de sus límites. Sin embargo, los movimientos ambientalistas de las últimas décadas han dado lugar a una situación en donde la idea de una sociedad civil mundial ya no es absurda.

Del mismo modo que se ha conformado una esfera pública mundial como realidad política gracias a las nuevas relaciones de comunicación global, las acciones de los activistas de ONG pueden ser concebidas como productoras de una nueva orientación hacia la identidad política y de comunidad, lo que acumulativamente puede ser descrito como la sociedad civil global. Como Höffe (2007: 269) destaca: “el ciudadano cosmopolita se interesa tanto por tener una visión amplia de la naturaleza como por la fundamentación intercultural de esta visión”.

III. Sociedad civil, ciudadanía y movimientos ambientales

Los grupos de la sociedad civil representan una defensa pública del Estado social; por ejemplo, al defender los derechos humanos y los bienes públicos ambientales, la sociedad civil organizada protege el medio ambiente y constituye un tipo de ciudadano ambiental (Humphreys, 2009:171).

El espacio de acción de la sociedad civil se ha vuelto heterogéneo, las fronteras de lucha ya no son claras. Lo que sí es claro es el resguardo del espacio de la sociedad civil que, en la era de la globalización, no tiene un límite preestablecido por nacionalidad, raza, etnia, clase o cultura: el espacio de acción se ha diluido o fragmentado en diferentes acontecimientos, lo que da cohesión a movimientos sociales como el de los grupos ambientalistas, pacifistas o feministas en favor de los principios de igualdad, autonomía, participación y justicia.7

El ambientalismo ha surgido en las últimas décadas como una ética de cuidado de la naturaleza. Siguiendo los primeros esfuerzos de preservación y conservación de los hábitats naturales, ha abarcado movimientos que han incluido los derechos de los animales y el mantenimiento de la biodiversidad, apelando por recursos de energía renovable, uso responsable de recursos naturales y cuestiones concernientes a las obligaciones y responsabilidades de los humanos entre sí y hacia la naturaleza. Estos movimientos tuvieron impacto en el establecimiento de regulaciones dentro de Estados específicos para proteger el ambiente, además de una serie de arreglos internacionales.

16. Buenos Aires, Argentina.
5. Política, conciencia social y medio ambiente.

De la misma forma, el ambientalismo ha traído una nueva alerta o conciencia de la dependencia entre las actividades humanas y el ambiente, causando un gran cambio en los patrones conductuales de millones de personas. Desde la inversión y el consumo en temas ambientales como el reciclaje, la reutilización de materiales y la reducción del uso de sustancias contaminantes, en estos movimientos sociales podemos identificar una forma de ciudadanía ambiental (Isin y Wood, 1999: 113-118).

Los movimientos ambientales cuestionaron la legitimación de los arreglos políticos tradicionales, al establecer serias dudas sobre la capacidad del Estado para resolver determinados problemas, demostrando que las fronteras biorregionales y ecológicas no respetan las nacionales, e hicieron emerger preguntas fundamentales acerca de los modos en los cuales las sociedades modernas dominan y se apropian de la naturaleza para la producción, el consumo y el intercambio.

En otras palabras, dichos movimientos han confrontado no sólo el principio de soberanía del Estado, sino también la soberanía del individuo moderno y su antropocentrismo, descentrando así al sujeto. Además, cuestionan el lugar mismo de los humanos en el ámbito de la naturaleza.

Algunas de las grandes organizaciones internacionales que trabajan por el medio ambiente comprenden el Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf), Amigos de la Tierra, Greenpeace, BirdLife Internacional (dedicada de modo concreto a la protección de las aves y sus hábitats), así como el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (wrm, todos ellos por sus siglas en inglés), centrado en la conservación de los bosques y selvas tropicales, entre otros.

Para Isin y Wood (1999: 113-118), una preocupación fundamental es cómo evadir el idealismo y el pragmatismo ambiental. Para ello analizan tres aspectos de la ciudadanía ambiental que particularmente resaltan dichos problemas: una ética de la preocupación, obligaciones intergeneracionales y problemas de gobernanza internacional.

Sobre el primer aspecto, encontramos que el terreno más importante de la ciudadanía que surge del ambientalismo es la responsabilidad hacia la naturaleza. Sin embargo, esta noción a menudo lleva a formas del esencialismo y construye la naturaleza como entidad independiente con valor intrínseco, prístina, pura y divina, mientras los humanos aparecen como codiciosos, dominantes y explotadores.

La naturaleza prístina del ambiente es invocada con las demandas ambientalistas de recolección de fondos desde una publicidad verde para establecer una sensibilidad estética hacia la naturaleza. El problema con esta trayectoria es que la pureza y la divinidad de ésta son productos sociales y culturales, no hechos (no mediados) fundados en ella misma.

La defensa esencialista por la naturaleza a menudo va dirigida contra otros grupos sociales e invoca cuestiones de raza. Por ejemplo, cuando se considera la selva del Amazonas, los habitantes comunes no pueden ser obligados a pagar por políticas proteccionistas que surgen de Occidente, que ha usado irresponsablemente sus recursos ambientalistas por siglos. En su lugar, una ética ecológica global verdadera verá el problema en términos de todo el sistema planetario, tanto humano como natural.

17. Zacatlán de las Manzanas, Puebla, México.
1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

Desde esta amplia perspectiva, se vuelve obligatorio para las naciones más ricas del mundo –quienes han obtenido previamente los beneficios de la destrucción ambiental y el desarrollo económico– pagar la parte justa en la preservación del ambiente planetario diverso. Sin embargo, esta solución es igualmente problemática y levanta resquemores políticos porque la distribución del capital económico en las naciones ricas no es la misma.

En otras palabras: debe asentarse cuáles países han de pagar la cuenta por la justicia ambiental. Este tipo de justicia y la social están muy ligadas. La existencia de una justicia ambiental y el hecho de que la naturaleza tenga derechos inalienables son dos dilemas aún no resueltos del ambientalismo (Isin y Wood, 1999: 113-118).

18. Zacatlán de las Manzanas, Puebla, México.
1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

Mientras los movimientos ambientales conciben a la naturaleza como objeto de preocupación, protección y conservación, las consecuencias o posibilidades de dicha preocupación están cargadas de muchas dificultades. Cuando el ambientalismo se desliza dentro del fundamentalismo, resulta en una forma de naturalismo. Según esta visión, compartida por muchos ambientalistas, el problema fundamental con el ambiente es que el capitalismo moderno lo ha explotado y destruido.

Esta tesis de la dominación de la naturaleza se ramifica en muchas variantes y resultados, y se ha asentado en una visión mecanicista de la distinción entre naturaleza y cultura, y en el reconocimiento de que la idea misma de naturaleza está social y culturalmente construida, y que no tenemos acceso a ella sin los efectos de mediación de estas relaciones.

Una trayectoria alternativa de una ética de la preocupación por el ambiente es considerarlo una construcción social y construir responsabilidades humanas en su uso. En esta visión, la ciudadanía ambiental es un ideal ambiguo pero valioso en donde varias exigencias por derechos en competencia se interceptan unas con otras. No hay bases universales o esenciales sobre las cuales un ciudadano ambiental pueda defender la naturaleza, sino bases contingentes e inestables sobre las que determina sus responsabilidades hacia la misma, tanto como sus otras fuentes de identificación y lealtad.

El segundo aspecto controvertido de la ciudadanía ambiental es la cuestión de la responsabilidad intergeneracional. Aunque las generaciones futuras corresponden por definición a personas que vivirán después de nuestra muerte, nuestras obligaciones con ellos son materia de justicia. Es un deber considerarlos cuando distribuimos acceso a los recursos y planeamos nuestras políticas financieras y presupuestos. Nuestras obligaciones, sin embargo, no son infinitas o irrestrictas. Cuando las obligaciones con las personas del futuro entran en conflicto con una genuina necesidad de mejorar el bienestar de los contemporáneos, tiene que encontrarse un justo medio.

El problema con la justicia intergeneracional es que un fundamento intermedio es a menudo imposible de encontrar. Una vez que se argumenta sobre la base de derechos inmutables de las generaciones futuras, se levanta la pregunta de la justicia social. Por ejemplo, ¿es socialmente justo retirar servicios de las clases trabajadoras y anular derechos sociales en el nombre de las generaciones futuras? Éstas son preguntas difíciles que no pueden ser contestadas en lo abstracto, sino sólo bajo condiciones específicas y contingentes (Isin y Wood, 1999: 113-118).

19. Distrito Federal, México.
6. Ciudad, integración y ambiente.

El tercer aspecto controversial de la ciudadanía ambiental es el surgimiento de regímenes de gobernanza internacional que se encargan de plantas y animales en peligro, especies migratorias, contaminantes del aire y del mar, desperdicios peligrosos, eliminación del ozono y cambio climático. Estos regímenes, a menudo compuestos tanto por agencias no estatales y no gubernamentales, como por actores u organizaciones estatales, lidian con sistemas biológicos que descansan completa o ampliamente fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, pero que son del interés de dos o más de ellos como recursos valiosos.

Ejemplos de esto son la pesca en altamar, los minerales en yacimientos marinos profundos, la capa de ozono y el cambio climático. Los regímenes ambientales lidian con recursos compartidos renovables (reservas migratorias de animales salvajes), no renovables (yacimientos de petróleo que subyacen bajo dos jurisdicciones) o ecosistemas que trascienden fronteras nacionales (un río compartido o cuencas de lagos), y acometen consecuencias transfonterizas o impactos ambientales como la lluvia ácida, la pérdida de diversidad biológica o el cambio climático.

Al tiempo que han sido efectivos en llamar la atención sobre temas ambientales en la esfera pública internacional, e incluso en resolver ciertos conflictos, los regímenes de gobernanza internacional carecen de responsabilidad en sus negociaciones y operaciones en el día a día. Los ciudadanos de los Estados, aunque atados y afectados por las decisiones y negociaciones de dichos regímenes, no están a menudo en una situación en la que puedan ejercer su ciudadanía y deliberar sobre estas cuestiones.

En otras palabras, los espacios en donde dichos regímenes se forman también reflejan los espacios interjurisdiccionales y transfronterizos a los que tratan de dirigirse. Además, el acceso a los regímenes de gobernanza internacional está restringido a grupos profesionales y gerenciales, en donde otros encuentran coartadas sus posibilidades de participación o deliberación, en virtud de la carencia capital cultural, social y simbólica. La forma en que estos regímenes interactúan con aquellos en cuyas vidas tienen un mayor impacto y se hacen responsables de ellos son grandes cuestiones irresueltas de la ciudadanía ambiental (Isin y Wood, 1999: 113-118).

Conclusiones

La ciudadanía ambiental politiza el concepto de ecología en un sentido que es más que una preocupación ética hacia el ambiente. La ciudadanía concierne no sólo a los derechos legales y políticos, sino también a varias prácticas en las cuales los humanos actúan como agentes políticos y morales. Hasta ahora, la ciudadanía ambiental no ha sido del todo reconocida ni entendida como concepto político, tiene un limitado valor para reconstruir un concepto adecuado en nuestra era. Esto debe significar que la razón ecológica es inherentemente política en el sentido de que los portadores y los que claman derechos son individuos y grupos, no la naturaleza o el ambiente.

La ciudadanía ambiental significa que las obligaciones y responsabilidades de agentes políticos están en favor del valor socialmente construido de la naturaleza. Isin y Wood (1999), retomando a Thomashow, destacan que:

…el ciudadano ambientalmente consciente toma responsabilidad por el lugar donde él o ella vive, entiende la importancia de tomar decisiones colectivas concerniente a los comunes, busca contribuir al bien común, se identifica con bioregiones y ecosistemas en vez de con los Estados nación o con corporaciones transnacionales, considera el amplio impacto de sus propias acciones, está comprometido con la construcción mutua y colaborativa de la comunidad, observa el flujo de poder en cuestiones controversiales, atiende la calidad de las relaciones interpersonales en el discurso político, y actúa de acuerdo con sus convicciones.

Esta noción tiene el efecto global de perturbar las ideas establecidas sobre la ciudadanía. Se refiere más a obligaciones que a derechos; estas obligaciones se deben principalmente a los extraños, distantes en espacio y tiempo, e implican virtudes de atención y compasión; se practican en los sectores privados y las esferas públicas. El reconocimiento de la actividad ciudadana en el ámbito privado es quizás la contribución más distintiva a la ciudadanía ambiental. Desde su punto de vista, el ámbito privado no debe considerarse como barrera a la ciudadanía, sino como un lugar en donde las virtudes se pueden aprender, un trampolín para el ámbito internacional e intergeneracional en una dimensión cosmopolita.

20. Chetumal, Quintana Roo, México.

2. Población, territorio y cultura.

EJERCICIOS

A. Responda las preguntas y realice las actividades que a continuación se señalan:

1) ¿Qué es para usted la ciudadanía ambiental?

2) ¿Qué son los movimientos ambientales y cómo se relacionan con la ciudadanía?

3) Describa tres ejemplos de movimientos ambientales de carácter global y tres de carácter nacional.

4) ¿Cuáles serían las principales obligaciones y responsabilidades de la ciudadanía ambiental?

5) ¿Cómo se diferencia la ciudadanía ambiental de otros tipos de ciudadanía?

6) ¿Cuál es la relación entre ciudadanía ambiental y democracia?

7) ¿Por qué la ciudadanía ambiental sería un tipo de ciudadanía cosmopolita?

8) ¿Cómo se define la ciudadanía ambiental en el orden privado y el espacio público?

B. Investigue en los manuales del Proyecto Ciudadanía Ambiental Global del PNUMA cuáles son los valores y actitudes que debe tener un ciudadano ambiental.

C. Busque en el periódico una noticia reciente relacionada con algún acontecimiento que involucre la participación de la ciudadanía ambiental.

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1. La ciudadanía cosmopolita es entendida en términos de un número mínimo de derechos y deberes sostenidos directamente por una ley internacional o en el contexto de la pertenencia a nuevas instituciones de gobernanza global. La ciudadanía cosmopolita se inscribe principalmente dentro de la tradición del liberalismo, especialmente a la luz del desarrollo de la economía global y las transformaciones de la pérdida de centralidad del Estado nación (Pérez, 2013:179-222).

2. Es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando encontramos un énfasis en la comunión que debe haber entre los procesos democráticos y la ciudadanía. Esta última pretende igualar a los individuos, en el sentido de ofrecerles atributos semejantes a partir de los procesos democráticos que turnan a los ciudadanos jurídicamente iguales ante sus congéneres, ante la ley y ante el Estado. Los individuos que gozan de la calidad de ciudadano habrían de ser considerados de forma similar en el espacio público (Valencia y Pérez, 2013: 15).

3. Se alude frecuentemente a Thomas H. Marshall como el teórico que articuló el moderno concepto de ciudadanía, en particular el que atañe a su dimensión social; de acuerdo con este autor, pasamos históricamente del surgimiento de los derechos civiles y políticos a los derechos sociales. Para Marshall hay una preocupación por teorizar la evolución de la ciudadanía en las sociedades capitalistas, como una marcha hacia la igualdad social (Pérez, 2007: 142).

4. La principal obligación de la ciudadanía ambiental es que tenga un impacto sustentable. Esta obligación es indeterminada; sin embargo, un elemento clave es entenderla como dimensión normativa. Entendidas como universales las obligaciones que abarcan las relaciones de todos los seres humanos pueden ser atribuidas a los individuos o a los Estados. Las obligaciones son atribuibles a los ciudadanos más allá de su definición política constitucional, tienen un carácter asimétrico y no recíproco, y deberán ser adecuadas al presente y al futuro. (Dobson, 2006: 117-127)

5. Por ejemplo, a través de las redes sociales y el internet se está generando una nueva forma de producción cultural que discute y promueve el conocimiento del medio ambiente y el diálogo a través de formas particulares de ciudadanía ambiental y consumo cultural. La llamada comunidad online puede trabajar una agenda para el consumo sustentable, prácticas y estilos de vida que originen nuevas formas de consumo (Rokka y Moisander, 2009).

6. La política de la virtud de la ciudadanía ambiental centra su participación principalmente en la actividad dentro de la esfera pública. Esta ciudadanía presta poca atención a la participación política normativa como las votaciones o las elecciones, aunque no las desecha. Así que las virtudes procedimentales de la democracia liberal y la participación política no son fundamentales para ella.

7. Aunque hay formas institucionales de lucha de la sociedad civil, ésta se manifiesta más claramente en la acción colectiva de los movimientos sociales. Se trata de construir y consolidar las instituciones democráticas, crear una cultura política determinada que contribuya al perfeccionamiento de una sociedad plural. La sociedad civil pasa por un proceso de autoconstrucción y de automovilización (Pérez, 2002: 173).

Capítulo 3. Economía y ambiente: nuevos instrumentos de política ambiental

Miriam Alfie Cohen

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

I. Introducción

De las transformaciones que dieron pie a la era industrial podemos destacar el paso de una economía cerrada a una abierta, la ampliación de canales y estructuras políticas y los llamados procesos de secularización, los cuales inauguraron un mundo cada vez más moderno que, a pesar de los adelantos científicos y técnicos, fue incapaz de prever el distanciamiento entre el modelo de desarrollo adoptado y el cuidado del ambiente.

A toda costa se impulsó una industrialización desenfrenada cuyo progreso y expansión, hasta finales de los años setenta, parecía no tener límite. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la población, junto a la depredación de los recursos no renovables, el uso irracional de fuentes energéticas y el deterioro de los recursos marcaron el inicio acelerado de una era en donde la propia existencia humana se encuentra amenazada.

En una perspectiva temporal podemos asegurar que la revolución industrial fue el pivote que desató no sólo un auge económico, científico y técnico, sino también el uso extensivo e irracional de los recursos. Durante varios años, la imagen de cientos de chimeneas arrojando humo representó el progreso y la consolidación del poderío económico. Fue el símbolo de una época civilizatoria que dejaba atrás cualquier atadura con el pasado, pero que también era portadora de otros males, entre ellos la crisis ecológica del planeta.

El proceso de industrialización no sólo fue en aumento; en la mayoría de los países su crecimiento fue poco planificado, dando pie a resultados que deterioraron las condiciones ambientales. El crecimiento extensivo de esta nueva forma productiva, además del uso inadecuado y la explotación intensiva y sistemática de los recursos naturales, se fue extendiendo sin control, sin prever lo que hoy se presenta como un futuro incierto.

Es conveniente hacer notar que desde los años noventa, y especialmente a fines del siglo pasado, la cuantiosa, progresiva y sistemática expansión mundial de las empresas transnacionales y de sus inversiones de capital en la mayoría de los países del mundo, así como el incremento del intercambio comercial y la desintegración del sistema socialista, han sido las principales causas que han conducido el proceso de globalización y transnacionalización de la economía.

Los países emergentes, con poblaciones y territorios enormes, comienzan a pesar fuertemente en el tablero económico global; el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y el G20 son una demostración de ello. Las empresas multinacionales cuentan con concentración, poderío económico, financiero, comercial y tecnológico de gran magnitud. Sin embargo, a pesar de este importante incremento económico y del bienestar de determinados sectores, junto con la expectativa positivista que se tiene desde la economía en las soluciones futuras ofrecidas por la tecnología y el aprovechamiento ad infinitum de los recursos, existen cuestiones clave de este nuevo milenio que ni siquiera en parte se han podido solucionar. Éstas se encuentran vinculadas directamente con la sobreexplotación o la subvaluación de los recursos ambientales (es decir, el no reconocimiento de su verdadero valor ambiental y no sólo desde el mercado), la presión desenfrenada sobre los ecosistemas, el aumento de la brecha entre países ricos y pobres, la distribución inequitativa y acelerada de la riqueza y el hambre en el mundo.

Todo esto en un escenario de cambio climático cuyas secuelas son ya visibles en una recurrente suma de catástrofes naturales o antrópicas como sequías, inundaciones, pérdidas de producción de alimentos, entre otros. El modelo globalizador del futuro no resulta ni tan efectivo ni tan interesante como se planteó, no es una panacea para la economía mundial. Se hacen evidentes sus limitaciones y las consecuencias destructivas que puede acarrear. Así, la aceleración de los ciclos económicos y el consumo mundial de los recursos nos hacen poner en duda la sustentabilidad económica, social y ambiental.

Desde hace varios lustros, distintas disciplinas han tratado de analizar y dar soluciones a la problemática ambiental. Ciencias exactas como la física, la química y fundamentalmente la biología fueron las primeras en tratar de encontrar correlaciones y explicaciones al deterioro. Por su parte, las ciencias sociales arriban a la problemática hacia los años setenta del siglo pasado. En términos generales, se puede asegurar que hasta 1960 el discurso ambiental no existe como concepto político ni de política pública. Sin embargo, el deterioro de los recursos a escala mundial, los ejercicios nucleares, los llamados accidentes ecológicos, la imagen de un planeta devastado y finito y la crisis del petróleo (1973) son elementos que orillan a colocar en la mesa de la discusión internacional los asuntos ambientales.1

II. Las primeras aportaciones de la economía

A finales del siglo XVIII, por primera vez en forma explícita, los economistas clásicos inauguraron la época del mundo finito. Pioneros en la materia son Thomas Malthus, con la teoría de la dinámica demográfica (los recursos crecen aritméticamente, mientras la población lo hace geométricamente), y David Ricardo, con la teoría de los rendimientos decrecientes de la tierra (límite ambiental que significaría la insuficiente oferta de tierras de buena calidad). Ambos autores atribuyen un papel relativo a la tecnología, reconociendo su ayuda frente al deterioro ecológico. Aunque, por si sola, ésta no resuelve el problema de la tendencia a los rendimientos decrecientes.2

21. Buenos Aires, Argentina.
6. Ciudad, integración y ambiente.

Por otra parte, ni la economía capitalista (clásica y neoclásica) ni la socialista consideran al ambiente como parte de su objeto de estudio: las dos marginan los aspectos biofísicos y humanos de un ecosistema. Para la economía capitalista clásica, el motor de crecimiento sigue siendo el ingreso obtenido de los recursos naturales, la fuerza laboral y el capital invertido. Por su parte, en un primer momento, la economía neoclásica desecha la importancia de los recursos naturales como uno de los principales activos, y únicamente considera la fuerza laboral y el capital invertido, mientras que para la economía socialista clásica, la naturaleza está relacionada con el valor de uso y, desde una visión sumamente teórica, aborda el valor de cambio.3

A pesar de ello, existen dos formas en que la economía ha enfrentado esta problemática: una trata de llevar al campo ambiental los elementos económicos mediante prácticas de valoración que permitan aplicar sobre ellos precios, costos y beneficios monetarios (economía neoclásica); la otra adapta el aparato analítico de disciplinas como la ecología y/o la termodinámica al campo económico (ecología económica). Las diferencias entre la una y la otra se encuentran en los fundamentos y supuestos básicos de la economía.

Así, la neoclásica creó dos subdisciplinas relacionadas con asuntos ambientales: a) la economía ambiental, vinculada con la conservación de áreas protegidas, la forma en que los residuos son dispuestos y la calidad resultante del aire, el agua y el suelo como receptores de residuos, también conocidos como externalidades;4 para la economía ambiental, el bienestar depende, en gran medida, de los servicios ambientales ofrecidos y recibidos; b) la economía de recursos naturales, que es el estudio de la manera en que la sociedad asigna términos monetarios a los recursos naturales escasos como petróleo, agua, plantaciones de árboles y reservas pesqueras, los que de acuerdo con sus postulados son inagotables o sustituibles.

22. Distrito Federal, México.
6. Ciudad, integración y ambiente.

Por otra parte, la ecología económica argumenta la importancia de otras ciencias en el análisis de los procesos económicos, y asevera que la termodinámica se convierte en una clave potencial para entender los fenómenos ecológicos-económicos, donde la energía ocupa un papel preponderante. Estas posturas son parte de un primer acercamiento de la economía hacia los asuntos ambientales.

A partir de 1990, Elinor Ostrom mostrará la importancia de la acción colectiva en la gestión de recursos de uso común y generará una interesante controversia sobre la racionalidad y el mercado, dando pie a un nuevo giro en la relación entre economía y ambiente.

III. La economía ambiental

En el periodo de posguerra, en particular de 1950 a 1973, la economía mundial experimenta un crecimiento vertiginoso de la producción, impulsado por una nueva etapa tecnológica basada en la electrónica y los nuevos químicos. El optimismo frente al crecimiento de la producción era tal que la llamaron edad de oro.

Mientras tanto, la discusión de la problemática ambiental no ganó prioridad, pues aunque los problemas eran visibles hasta para los no especialistas (contaminaciones, derrames de petróleo, o la propia crisis de biocombustibles 1960-1973), sus repercusiones aún eran locales o regionales. La discusión toma fuerza después de la edad de oro y, particularmente, en los años 80 y 90, en los que se vuelve cada vez más evidente la forma en que el aumento de la producción se acompaña de una intensificación de la degradación ambiental, adquiriendo una dimensión global.

Definida por Kneese y Russell (1987) como “un nuevo campo”, el ambiente es una extensión del aparato conceptual de la escuela neoclásica. Sin embargo, sus raíces se encuentran en la teoría de las externalidades de Marshall y Pigou (1920), la teoría de los bienes públicos de Wicksell y Bowen (1943), la teoría del equilibrio de Walras (1954) y el campo de aplicación del análisis de costos-beneficios (1987).

La economía ambiental se basa en los mismos conceptos y presupuestos básicos de la teoría neoclásica, la cual se concentra en la escasez. Desde esta visión, los bienes son valorados según su abundancia-rareza, de manera que, cuando son bienes escasos, son bienes económicos, mientras que si son abundantes, no guardan esta consideración. El ambiente adquiere estatus de bien económico porque muchos recursos naturales como el agua y algunas fuentes de energía no renovables comienzan a escasear.

23. Buenos Aires, Argentina.
6. Ciudad, integración y ambiente.

Al mismo tiempo, estos bienes naturales, aun siendo insumos indispensables del proceso productivo, por no poseer precio ni dueño muestran características de bienes no económicos. Por esta razón, el ambiente es externo al mercado. Su incorporación se puede dar mediante el procedimiento de internalización de las externalidades, adjudicándoles un precio. Por eso, la economía ambiental se ocupa de la valoración monetaria del ambiente. Una vez internalizado, éste pasa a tener las características de un bien económico, es decir, a tener precio y/o derecho de propiedad.

Un ejemplo es el dióxido de carbono. Esta sustancia puede ser generada como un subproducto a partir de un proceso de producción de un bien que necesita la sociedad. Es decir, las personas que actúan como consumidores necesitan el bien asociado con el dióxido de carbono, pero al mismo tiempo obtienen un daño debido a la contaminación originada. Es una externalidad que necesita que se le asigne precio.

La economía ambiental se constituye como disciplina en los años setenta, como respuesta de los economistas neoclásicos a la problemática contemporánea. Esta disciplina se basa en las teorías de la internalización de las externalidades de Pigou (1920) y Coase (1960), ambos de la escuela neoclásica.

Pigou (The Economics of Welfare, 1920), profesor de Keynes, fue el precursor de la teoría sobre la necesidad de la presencia del Estado en la economía para reglamentar y disciplinar los efectos externos. Para este autor, salvo bajo competencia perfecta –situación rarísima– hay infinidad de fallas en el mercado.5 Éstas hacen que la maximización del bienestar privado no coincida con la del bienestar social. De acuerdo con Pigou, todos los efectos involuntarios en el bienestar de las personas y empresas son externalidades: positivas cuando benefician a otros, y negativas cuando los perjudican. Externalidades son, entonces, costos privados pasados a la sociedad que indican una falta de adecuación con los costos sociales. Es necesario, por lo tanto, internalizarlos.6

Esta escuela fomenta la intervención del Estado en forma de un impuesto que corresponda con el valor del costo social infringido a la colectividad. En materia ambiental, este procedimiento se efectúa según el principio el que contamina paga (Polluter’s Pays Principle). Con este impuesto, el costo de producción de la empresa contaminadora pasa a ser mayor, al tiempo que el beneficio disminuye en la misma medida. Salvo cuando el nivel de la competencia permite pasar el valor del impuesto al consumidor, el precio final del producto aumenta. De esa manera, los efectos externos son internalizados y el ambiente es incorporado al mercado.

Ronald Coase, economista inglés, migró a Estados Unidos y se integró a la Escuela de Chicago, una de las principales instituciones de apología del liberalismo. En 1960 se adhirió a la reacción ultraliberal que pretendía revertir las doctrinas y políticas de intervención del Estado defendidas por Keynes, las cuales habían ganado bastante apoyo y espacio de aplicación después de la crisis de 1930. Coase trató de demoler la teoría pigouviana con su artículo “The Problem of the Social Cost” (“El problema del costo social”, 1960), en el cual muestra que un efecto externo no enfrenta un interés privado a un interés público, sino un interés privado frente a otro.

Con esta propuesta se revierte el sentido moral de que el contaminador hace el mal y, por tanto, tiene que pagar. Según Coase, a la sociedad entendida como un todo no le interesa quién paga: sea el contaminador o el contaminado, resulta igual. Hay una neutralidad en la solución. Si el contaminado es el propietario del recurso, quien paga es el contaminador para compensar la contaminación causada. Si el contaminador es el propietario, quien paga es el contaminado, y el contaminador acepta disminuir sus beneficios, con la reducción o interrupción de la producción.

Coase restringe la cuestión del costo social a una negociación privada entre las partes en disputa, el contaminador y el contaminado, que pueden ser un individuo o una colectividad. Lo importante es tener claro el derecho de propiedad sobre el recurso; después, siempre se llega a una solución negociada. Así, importa la eficiencia de la solución, no la justicia.

A partir de la fórmula de Harold Barnett (Scarcity and Growth, 1963), donde la solución a la escasez es la imposición de precios, se resuelve el problema de los recursos. El precio es la medida de la escasez. Si el precio real de un bien aumenta, significa que la demanda crecerá en relación con la oferta. “Todos los recursos escasos se deben manejar en mercados activos, que les asignen un precio según la oferta y la demanda. Las decisiones no deben tener efectos colaterales negativos apreciables. Es preciso que la competencia prevalezca” (Panayatou, 1994: 57).

Garret Hardin, en la línea de Coase, publicó en 1968 “La Tragedia de los Comunes” (“The Tragedy of the Commons”). Allí expone cómo los recursos que pertenecen a todos en realidad no pertenecen a nadie. Por eso los bienes públicos son una tragedia, porque nadie los cuida. Por ejemplo, el bosque público es frágil y defectuoso como propiedad, por lo que no es bien atendido. Cuando los elefantes fueron dados en custodia a las comunidades locales en Zimbabue, éstos terminaron siendo protegidos de manera eficiente por la propia comunidad. Coase defiende la propiedad, pero no cualquiera, sino la propiedad privada, ya que solamente ésta es exclusiva y transmisible En realidad, la escuela coasiana sugiere la privatización extrema del ambiente, dando lugar a una ecología de mercado.

24. Xochimilco, México.
1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

Para 1980, Julian Simon se establece como el líder de la corriente. Este autor argumenta que mientras algunas formas de contaminación aumentan, otras decaen. Para él y sus seguidores, lo importante es observar los resultados en relación con las expectativas de vida. Insiste que la gente vive cada vez más: la evidencia es clara en todas partes del mundo. Ello quiere decir que los índices de contaminación han bajado y no tienen repercusión en la salud y vida de los seres humanos. Esta corriente no toma en cuenta la calidad de vida ni el número de enfermedades relacionadas con la degradación ambiental. Desde esta perspectiva, los problemas conectados con los recursos naturales, los ecosistemas y la naturaleza no existen, pues si se necesitan más recursos, se buscan con la garantía de encontrarlos. La naturaleza está para servir al género humano y los recursos naturales son para su uso exclusivo; por tanto, habrá que transformarlos para sus necesidades.7

25. Manglares de Dangriga, Belice.
1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

Así, los desiertos pueden convertirse en valles y el espacio puede ser colonizado si el hombre lo necesita. Es más, cualquier contaminante puede ser eliminado si afecta la salud humana. Aplauden el crecimiento poblacional, rechazan la categoría de capacidad de soporte por no tener ningún uso y afirman que los humanos pueden dominarlo todo. El Estado es un mal, pues todos somos actores económicos y juntos podemos construir un excelente futuro ambiental, guiados por la mano invisible del mercado.

No existen los límites del crecimiento económico ni de la población: cualquier problema es solucionable. Controlar tendencias en el futuro es su mayor arma; éstas son presentadas en gráficas o figuras de una sola variable. El crecimiento (económico y poblacional) no sólo es defendido, sino que se promueve para beneficio de la sociedad. Proponen modelos de decisión racional, los cuales unen la visión gerencial con una metodología basada en la ingeniería, es decir, un modelo de ingeniería combinado con la racionalidad.

IV. La economía de recursos naturales

Este tema ha ido ganando terreno dentro de las ciencias económicas, sobre todo por el creciente interés de los países en un manejo más eficiente de sus recursos. Una manera de distinguir entre economía ambiental y economía de los recursos naturales puede ser la referencia a un análisis estático en el primer caso, y a uno dinámico o en el tiempo, en el segundo (Niklitschek, 1989).

El enlace entre economía y recursos naturales viene dado por el rol de proveedor que tiene nuestro entorno y la manera en que éstos son de utilidad en los procesos productivos. Muchas economías se sustentan y basan su crecimiento en el uso y explotación de estos recursos, entre los que tenemos principalmente los forestales, mineros y pesqueros. Por ello, ha cobrado importancia la discusión de cómo incorporar el ambiente y los recursos naturales en la contabilidad nacional. Mäller y sus coautores (1994) presentan una discusión teórica respecto al uso del concepto de producto nacional como indicador de bienestar de la población y cómo calcularlo ajustado ambientalmente. Las llamadas cuentas ambientales son producto de la propuesta de las Naciones Unidas (cuadro 1).

Además, existe una discusión respecto al uso de los recursos no renovables y las políticas que se deben abordar para lograr su sustentabilidad, en beneficio de las regiones de las que el recurso es extraído. Existe, pues, una serie de planteamientos que van de una evaluación de extracción óptima del recurso, hasta el estudio de los mercados futuros del precio de recursos y la generación de productos y servicios ambientales.

Cuadro 1. Cuentas ambientales en América Latina

Situación

Países

Elaboran cuentas ambientales sistemáticamente

México y Colombia

Se encuentran desarrollando
cuentas ambientales

Guatemala, Honduras
y República Dominicana

Tuvieron proyectos de cuentas ambientales
y no los concretaron

Argentina, Bolivia y Brasil

No tienen proyectos para elaborar
cuentas ambientales

Barbados, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Jamaica,
Perú y Venezuela

Dejaron de elaborar cuentas
ambientales

Chile y Costa Rica

Elaboración propia con datos de la ONU.

Cabe anotar que los recursos naturales se categorizan frecuentemente en renovables y no renovables.8 Los primeros presentan una tasa de crecimiento significativa en una escala económica relevante de tiempo, la cual es un intervalo para el que la planeación y el manejo son representativos. Los segundos son aquéllos cuya utilización económica disminuye necesariamente las reservas. El ritmo de extracción es mucho mayor que el ritmo de producción geológica, de manera que, para efectos prácticos, se considera la tasa de renovación nula.

Encontrar la mejor asignación del recurso a través del tiempo es un problema de optimización dinámica. En tales circunstancias es común maximizar alguna medida de valor económico neto a través de un horizonte futuro, sujeto a la dinámica del recurso extraído, así como cualquier otro tipo de restricción. La optimización dinámica de un recurso es un programa o patrón de tiempos que indica la cantidad de extracción o cosecha en cada período.

Con el objeto de determinar la asignación adecuada del recurso a través del tiempo, debe inmediatamente confrontarse el problema de la preferencia temporal. La mayoría de los individuos prefieren recibir beneficios en el presente, en oposición a recibir el mismo nivel en el futuro. Se dice que estos individuos tienen preferencia temporal positiva y descontarán el valor de un contrato que promete pagar una cantidad fija de dinero en alguna fecha futura a una tasa de descuento. El valor resultante de ese descuento es el valor presente de los beneficios netos (los ingresos de la extracción una vez restados los costos), que al ser maximizado en la extracción o aprovechamiento del recurso natural, encuentra la óptima asignación del mismo (mapa 1).9

Para que pueda existir una óptima asignación de recursos naturales en una economía específica, se requiere contar con derechos de propiedad no atenuados que sean:

1. Completamente especificados en términos de los derechos que acompañan la propiedad sobre el recurso, sus restricciones y las penalizaciones correspondientes a su violación.

2. Exclusivos, de forma que el individuo que los posee reciba las retribuciones y las penalizaciones correspondientes al uso del recurso natural en cuestión.

3. Transferibles, a efecto de que los derechos sobre el uso de los recursos estén en manos de quienes tienen la capacidad de conducirlos a su más alto valor de uso.

4. Vigilados, ya que un derecho que no puede ser vigilado es un derecho vacío.

Mapa 1. Consumo de recursos naturales a escala mundial

Elaboración del maestro Luis Luna con datos de http://bit.ly/1Md7R7d.

Según el teorema de Coase, si las transacciones pueden realizarse sin ningún costo y los derechos de apropiación están claramente establecidos, sea cual sea la asignación inicial de éstos, se producirá una redistribución cuyo resultado será el de máxima eficiencia. Derechos de apropiación es la traducción de la expresión inglesa property rights y tiene un significado más general que derechos de propiedad.

Por ejemplo, si a una empresa se le autoriza verter sus residuos en un río, no se le está concediendo un derecho de propiedad sobre el lugar, pero sí uno de apropiación. La segunda parte del teorema menciona que si las transacciones implican costos que impiden la redistribución de derechos, habrá sólo una asignación inicial que permita la máxima eficiencia.

Por otra parte, el óptimo de Pareto expresa una situación en la que nadie puede conseguir un aumento en su utilidad total sin que implique disminución en la de otro. El beneficio o la maximización de uno implica la pérdida del otro. El teorema de Coase y el óptimo de Pareto son instrumentos para establecer tanto la extracción óptima y el estudio de los mercados futuros del precio de recursos, como la generación de productos y servicios ambientales (Cuadro 2).

V. La ecología económica

Desde el siglo XIX, la Revolución Industrial, basada en la termodinámica (potencia motriz del calor), marca una ruptura en la cuestión ecológica. Con la revolución técnico-científica aplicada a la producción, la problemática ambiental se extiende a una escala geográfica cada vez mayor. Ello despertó, ya desde comienzos de ese siglo, una generación de ingenieros románticos, los ingenieros economistas precursores de la economía ecológica, quienes partiendo de principios de la termodinámica, demostraban y preveían las repercusiones ecológicas de la revolución termoindustrial. Según estos autores, la termodinámica provoca trastornos irreversibles en los grandes ciclos biogeoquímicos de la biosfera, la llamada entropía.

Así, la ecología económica (EE) surge como una crítica tanto a la economía ambiental como a la de recursos naturales. La EE crea un campo de estudio transdisciplinario, al tratar de conjuntar aspectos de diversas ciencias con la finalidad de analizar de manera profunda y compleja la dinámica ambiental. Tanto la física como la biología, la ecología, la ecología humana, la economía y el derecho ambiental servirán como herramientas para fusionar conocimientos y afrontar mejor los problemas, pues desde esta perspectiva el enfoque económico convencional deja de ser adecuado.

Cuadro 2. Ejemplo del óptimo de Pareto

Fuente: www.google.com.mx/search?q=gráfica+òptimo+de+pareto

Los cuadrados representan posibles soluciones o decisiones (los valores menores son preferidos). La opción o solución C no está en el óptimo de Pareto dado que es preferido (dominado) por A y B, que a su vez, no son dominados por ningún otro. Consecuentemente están en la frontera del óptimo deseable.

Así, la ecología económica estudia las relaciones entre el sistema natural y el socioeconómico, añadiendo los conflictos entre el crecimiento económico y los límites físicos y biológicos de los ecosistemas. Esta escuela critica los métodos e instrumentos de la economía convencional y los planteamientos teóricos que proceden tanto de la economía ambiental como de la economía de recursos naturales.

26. Tulum, Quintana Roo, México.
1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

El problema básico que la ecología económica discute es la falta de sustentabilidad entre las interacciones del subsistema económico y el macrosistema natural. Por ello, proclama la necesidad de vivir dentro de límites reconocidos en un metabolismo social (la ciudad como metabolismo, sistema). La sociedad consume materia y energía proveniente de la naturaleza, al tiempo que expulsa residuos y energía desperdiciada, aumentando la entropía (pérdida de energía que provoca caos y enfriamiento del planeta).

Para la EE, la naturaleza es el soporte vital de la humanidad. Sin embargo, existen impactos negativos producidos por la sociedad que propician serios problemas entre el sistema natural y los subsistemas social y económico, dando pie a conflictos entre el crecimiento económico y los límites físicos y biológicos de los ecosistemas; cargas ambientales provocadas por el consumo y el crecimiento demográfico, así como por los ritmos de producción. Ello supone adoptar medidas diversas como el llamado principio precautorio y enfoques abiertos a la participación y deliberación social; desde esta perspectiva, el conocimiento científico es insuficiente frente a la magnitud de las dificultades.

Este punto de vista trata de entender la economía dentro de la naturaleza, y no a ésta dentro o al servicio de la primera. De esta forma, el circuito económico visto así por los economistas no es tal cosa y más bien funciona gracias a un flujo unidireccional de energía y materiales en transformación. A diferencia del sistema económico convencional, que ve a la economía como flujo circular de bienes y dinero, la economía ecológica revisa con firmeza estos supuestos y propone un flujo unidireccional de energía, cuya fuente original es el sol (pilar que da funcionamiento a la rueda económica) hasta una conversión final en energía no reutilizable o contaminación (Esquema 1).

Por eso, la energía que ingresa al sistema y lo hace entrar en movimiento, no es la misma que sale de allí luego de su utilización. Esa energía, por un lado, se transforma y, por el otro, genera energía de otra calidad. En la economía se cumplen los dos principios de la termodinámica. Pensar el sistema de una u otra manera acarrea consecuencias importantes sobre nuestro medio natural. Seguir los fundamentos de la EE permite reconsiderar muchas de las formas de apropiación de la naturaleza, identificar cuellos de botella energéticos, su capacidad de reciclaje, de sostén, e incluso buscar la desaceleración de ciclos económicos imposibles de sustentar en términos ecológicos.

La ecología económica utiliza la teoría de sistemas para comprender la dinámica y evolución de los problemas ambientales. Las cuestiones de equidad y distribución inter e intrageneracional son fundamentales y la naturaleza tiene un valor por sí misma, independientemente de su uso o utilidad para los humanos. Esta escuela no abandona el empleo de elementos monetarios, sino que los revitaliza y despoja de su posición de privilegio y exclusividad

.

Esquema 1. Flujos de ecología económica

Elaboración del maestro Luis Luna con datos de http://bit.ly/1DtBsGQ.

Los economistas ecológicos participan en la elaboración de procedimientos para atribuir valores monetarios a los servicios y daños ambientales, y a su corrección. Para comprender mejor la dinámica ambiental se estudian los balances energéticos, ritmos de producción y análisis de flujos de energía y materiales.

De acuerdo con algunos de ellos, la percepción de fracaso del crecimiento derivada de la crisis biofísica y social provocó la proliferación de procesos que simulaban enfrentar el conflicto, mientras se seguían encubriendo prácticas usuales altamente contaminantes y depredatorias. Esta escuela critica el desarrollo sustentable por ser vago (por sus múltiples significados), hipócrita (usado para promover actividades insustentables) y contradictorio (ignora los límites biofísicos y sociales del crecimiento). También se separa de la noción de sistema económico convencional que avala la ideología del crecimiento, pues oculta su daño en el ambiente y las relaciones injustas entre los seres humanos. Además, reprueba la contabilidad macroeconómica porque considera como punto nodal las rentas, lo que en realidad es agotamiento de recursos y, en consecuencia, empobrecimiento.

La ecología económica critica a los sistemas financieros de los países ricos, toda vez que permiten a las naciones poderosas acceder a los recursos del mundo de manera aventajada, y sume en dependencia y pobreza a otros (vendiendo su propio futuro). Por ello, el funcionamiento de las economías se analiza mediante conceptos y métodos tomados de la física (ya que no podemos usar una y otra vez el mismo trozo de carbón), la geología, (la explotación de los yacimientos minerales), la biología, (el conocimiento de los ecosistemas), la antropología y la sociología (el análisis de balances energéticos en otras sociedades e instituciones).

27. Buenos Aires, Argentina.
6. Ciudad, integración y ambiente.

Para esta escuela, los países ricos deben reducir drásticamente el uso de energía, materiales y residuos. Se argumenta que el consumo, tras superar cierto umbral, no conduce a la felicidad ni responde a necesidades reales, sino a deseos estimulados o creados por la propia economía. De esta manera, se reflexiona sobre el entorno institucional con la intención de favorecer una gestión adecuada mediante conceptos como el costo físico de reposición, que contribuirá a un uso apropiado del agua, de los minerales, de los bosques, de la pesca y de otros recursos naturales (mapa 2).

Mapa 2. Consumo de energía eléctrica a nivel mundial

Elaboración del maestro Luis Luna con datos de: http://3.bp.blogspot.com/art207-caeconsumo-fig1.jpg

Un autor clave en esta corriente es Nicholas Georgescu-Rogen. En el ensayo titulado “Energía y mitos económicos”, publicado en el Southern Journal (1975), sostiene que los economistas se han engolosinado con su disciplina siguiendo las huellas dejadas por sus antecesores y luchando ferozmente contra cualquier sugerencia de que la economía puede ser concebida como algo distinto a una ciencia mecánica. Esta fidelidad al dogma mecanicista significa que el proceso económico ha estado regido por un principio de transformación y una norma de maximización. En contraposición, Georgescu-Rogen plantea que la economía no es un proceso aislado y autónomo, y no puede funcionar sin un intercambio continuo que altera el entorno de modo acumulativo y sin verse influido por esas alteraciones.

Así, en la sociedad industrial el mayor problema es el crecimiento exponencial de la población y el uso infinito de los recursos; esta situación puede dar lugar a condiciones de entropía, de desorden, de caos. El reto consiste en buscar formas más eficientes de uso de la energía fotosintética, pues una sociedad sustentable depende fundamentalmente de las fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, más que de los combustibles fósiles agotables o la energía nuclear. Autores importantes de esta escuela son Kapp (1970), Martínez Allier (1991) y Naredo (2004).

La energía es el punto central de análisis: la materia-energía ingresa al proceso económico en un estado de baja entropía para salir en uno de alta. La aplicación de esta propiedad de la energía calorífica a las demás formas dio lugar a la segunda ley de la termodinámica, la cual especifica que la entropía (la cantidad de energía no disponible) de un sistema cerrado acusa incrementos continuos, o que el orden se transforma progresivamente en desorden (Daly, 1989: 62-64).

El Estado estacionario, posición económica abiertamente defendida por Herman Daly, se presenta como solución al crecimiento exponencial de las sociedades industriales. Se trata de controlar entradas (inputs) y salidas (outputs) con el fin de llegar a un crecimiento cero que equilibre nacimientos, recursos (inputs), muertes y usos de la energía (outputs). Se propone fijar niveles de recursos con una población estable, pues el crecimiento exponencial no puede seguir por siempre en un sistema finito.

Por Estado Estacionario (Steady State) se entiende un acervo constante de riqueza física (capital) y un acervo constante de personas (población). Naturalmente, estos acervos no permanecen constantes por sí solos. La gente muere y la riqueza se consume, se desgasta o se deprecia. En consecuencia, los acervos se deben mantener con un índice de entradas (nacimientos, producción) igual al índice de salidas (defunciones, consumo) (Daly, 1989: 29).

Para esta escuela, los problemas ambientales son fallas en la capacidad ecológica. Los sistemas económicos pretenden actuar conjuntamente para sostener las condiciones que soportan la vida humana. Se propone una nueva disciplina, la economía ecológica, donde los ecosistemas son entidades únicas y los sistemas económicos están allí empotrados. Tarde o temprano, el crecimiento económico encuentra límites impuestos por la capacidad de soporte del medio ambiente. Deberán tomarse acciones draconianas para contener el proceso y sobrevivir. Desde esta postura, sólo las élites tienen el conocimiento para resarcir el problema, son las únicas capaces de operar políticas económicas nacionales para el establecimiento del Estado estacionario a través de acciones coordinadas globalmente. La necesidad imperiosa es el control demográfico y los ritmos de producción, pues ellos pueden convertirse en el cáncer del planeta.10

Por todo ello, para la EE es fundamental entablar un nuevo diálogo con la economía, pero también con la política. Si bien hoy es importante hablar de una nueva ola del ambientalismo que nace de los conflictos por derechos ambientales, por las cargas emanadas de la contaminación, por compartir la incertidumbre de los riesgos y por la pérdida de acceso a los recursos y servicios, muchos de los conflictos de distribución ambiental, en el lugar en que se den y sin importar a qué escala, recuperan la escena política por el uso ambiental que el crecimiento económico genera. En estos conflictos, los pobres casi siempre apoyarán la conservación de recursos y la lucha por un medio ambiente limpio, aun cuando no se reconozcan como ambientalistas.

Para Robert D. Bullard (2001), la inequitativa protección ambiental está relacionada con la equidad procedimental, geográfica y social. La primera se refiere a la justicia, donde las reglas gubernamentales, las regulaciones, los criterios de evaluación y la puesta en marcha de leyes se aplican de manera no discriminatoria. La protección inequitativa es resultado de decisiones no científicas ni democráticas; entre ellas destacan prácticas de exclusión, conflictos de interés, audiencias públicas en lugares poco accesibles en tiempos inconvenientes y hablar sólo en un idioma cuando existen grupos y etnias inmiscuidos en un problema. Esta protección inequitativa se proyecta frecuentemente hacia las minorías.

La igualdad geográfica alude a la localización y configuración espacial de las comunidades y su proximidad con los peligros ambientales y los llamados lulu’s (locally unwanted land uses, usos de suelo rechazados por la localidad), como vertederos, incineradores, plantas de tratamiento de basura, refinerías, fundiciones de plomo y mineras. En un reporte de Greenpeace en Estados Unidos (1990) se mostró que en comunidades donde existen incineradores, 89% de su población es afronorteamericana, de bajos recursos y carente de cualquier tipo de propiedad, situación que conduce a lo que algunos teóricos señalan como racismo ambiental.

Por último, la igualdad social se relaciona con factores como la etnicidad, la clase, la cultura, el estilo de vida y el poder político en la toma de decisiones. Por lo general, las minorías y los pobres tienen trabajos más peligrosos y viven en sitios más contaminados. Este tipo de población está expuesta a toda clase de tóxicos ambientales, además de que no se les consulta sobre la problemática a tratar y quedan excluidos de la toma de decisiones.

Ante estas inequidades de protección ambiental, Bullar (2001) destaca que los gobiernos deben adoptar cinco principios de justicia: garantizar el derecho a la protección ambiental, prevenir el daño antes de que ocurra, disminuir el rango de carga ambiental a los contaminadores, establecer pruebas de no discriminación y redireccionalizar las inequidades existentes.

Varios teóricos de la ee han empezado a hablar de justicia ambiental, la cual se refiere a la sociología y a estudios donde es visible el conflicto social y cultural (ecología política). La expresión habla de un movimiento social opuesto al racismo ambiental, de acciones de minorías étnicas en contra de la disposición de desechos tóxicos (NIMBY, not in my backyard, y NIABY, not in anyone’s backyard) y, desde luego, de pueblos y comunidades donde el despojo de sus recursos naturales por empresas o el Estado conduce a un legado de peligros ambientales y sociales.11

La justicia ambiental requiere no sólo de un análisis sobre la distribución equitativa de bienes y cargas ambientales, sino también, y de manera fundamental, una mayor participación pública en la evaluación y la toma de decisiones. Este movimiento sociopolítico se enfoca en el bienestar y en la posibilidad de informar a los grupos afectados. Se trata de agregar soluciones procedimentales y sustantivas que conlleven una mayor participación social y reformas distributivas en relación con el riesgo ambiental. Es decir, justicia no sólo en la distribución de bienes y cargas, sino en la participación; los mismos derechos en la toma de decisiones democráticas (Shrader-Franchette, 2002).

Es importante resaltar que la justicia ambiental está ligada a conflictos socioambientales, desde el caso Chico Mendes y el movimiento Chipko hasta las movilizaciones versus tiraderos tóxicos y minerías.12 Estos movimientos luchan contra la desigualdad ocasionada por los sitios tóxicos y la exposición a diversos riesgos ambientales que sufren las minorías. No se trata de compensar estas desigualdades, sino de combatir el racismo, la discriminación. En América Latina teóricos como Martínez-Allier (2003) los clasificarán desde la lógica del ecologismo de los pobres, la lucha por la propiedad de los recursos comunales apropiados por el Estado o el Mercado.

Para Martínez-Allier (1992), son movimientos ecologistas porque tratan de extraer los recursos naturales de la esfera económica, del sistema de mercado generalizado, de la racionalidad mercantil o la valoración crematística (reducción del valor a costo-beneficios). Este autor parte de la premisa de que el sistema de mercado generalizado y/o el control del Estado sobre los recursos implica una lógica de horizontes temporales cortos que no asumen los costos ecológicos. Así, los pobres, al pedir acceso a los recursos contra el capital y/o contra el Estado, contribuyen a su conservación. La ecología de la supervivencia los hace conscientes de la necesidad de conservar los recursos.

Podemos entonces hallar una ruta de convergencia entre la economía ecológica, la justicia ambiental y la ecología política. Ejemplo de ello son los conflictos por el uso del agua, acceso a los bosques, explotación de recursos mineros y comercio ecológicamente desigual. En muchas ocasiones, los actores de tales conflictos no utilizan un lenguaje propiamente ambientalista, y por ello se les confunde o no se les identifica. Lo cierto es que es imposible hablar de sustentabilidad cuando no existe justicia ambiental.13

Si adoptamos el enfoque de la cuna a la tumba, o el hoy llamado de la cuna a la cuna, en donde se analizan los procesos de transformación de las etapas que sigue un producto (commodity chains), es decir, el análisis del ciclo de vida y su período energía-materiales, los conflictos ambientales de los pobres son ejemplo de movimientos de justicia ambiental en donde el tema distributivo tiene preponderancia. Estas movilizaciones dan lugar a un análisis sobre la competencia por los recursos en las comunidades más vulnerables.14

28. Tikal, Guatemala.
3. Naturaleza y cultura.

VI. diferencias entre los tipos de economía

La economía ambiental y la economía de los recursos naturales son disciplinas funcionales a la economía neoclásica, en donde los derechos privados, las relaciones costo-beneficio y la asignación óptima de los recursos y de los sujetos de contaminación se hacen teniendo como centro el sistema de precios. Es una especie de greenwash economy que no resuelve los nudos centrales generadores de la degradación ambiental y social.

Asimismo, desconocen cuestiones básicas del funcionamiento de los ecosistemas, los efectos del crecimiento económico y las diferentes formas de distribución de beneficios y cargos en la sociedad. La economía ambiental se refiere a la forma de manejo y asignación de costos en la disposición de residuos, contaminación del aire, del agua y, por ejemplo, degradación o conservación de los suelos. También está vinculada con proyectos puntuales de conservación de los recursos naturales, biodiversidad o valoración de los servicios ambientales, a través del pago en dinero por su conservación, algo de mucho interés para la banca internacional (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Fondos para el Medio Ambiente Mundial), y de las multinacionales de la conservación como las agencias The Nature Conservacy, World Wildlife Fund o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Por su parte, la economía de los recursos naturales puede entenderse como el estudio que hace la sociedad para el manejo de recursos naturales escasos, como un bosque, una selva, la pesca, el agua, el petróleo o los minerales, que para la ciencia económica son considerados inagotables o sustituibles.

Así, la economía ecológica se diferencia y distancia claramente de las dos anteriores, pues propone un enfoque integral, holístico, con una visión de sistema que le aporta claramente la ecología, bajo el cobijo de una nueva racionalidad ambiental. Además, reconoce que la racionalidad económica y ecológica, aisladamente, son insuficientes para llegar a decisiones correctas que ayuden a resolver los problemas del siglo XXI (cuadro 3).

Desde el punto de vista social, la economía ecológica hace de la discusión de la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales un elemento central para la comprensión del problema de la sustentabilidad. Por consiguiente, es una visión sistémica y transdisciplinaria que trasciende el actual paradigma económico, cuya consecuencia será el principal pilar que las sociedades en su conjunto analizarán y criticarán de cara a su propia supervivencia. Es allí donde emergerán con eficacia los supuestos de la economía ecológica, cuando la sociedad asuma con una nueva mirada de racionalidad ambiental que ya no le es posible seguir sobreexplotando los recursos naturales, y que camina directamente a su extinción si no cambia sus hábitos de consumo y producción (Toledo, 2008).

Así, la economía ecológica entiende que la actividad económica no sólo utiliza bienes ambientales o recursos naturales de manera aislada, sino que está precisamente centrada en la utilización de los ecosistemas. Su base de sustento se fundamenta en aspectos biofísicos y energéticos, como las leyes de la termodinámica, donde la escala de desarrollo de la economía está limitada por el propio ecosistema. Los procesos de transformación deben diferenciar claramente entre el capital natural y el capital hecho por humanos, y demostrar que uno no puede ser totalmente reemplazado por el otro.

Cuadro 3. Posiciones de la economía convencional, la ecología convencional, la economía ambiental y la economía ecológica

Fuente: Pengue, W. (2008). La economía ecológica y el desarrollo en América Latina.

Disponible en: http://bit.ly/1DtBsGQ

ViI. El gobierno de los bienes comunes

El nuevo institucionalismo económico agrupa corrientes y programas de investigación diversos, pero interrelacionados. Esta escuela se ha configurado en el último decenio como paradigma dominante en el pensamiento económico. Ofrece una alternativa a los viejos marginalismos y keynesianismos, y a la economía de los equilibrios estáticos y de la formalización de modelos abstractos. En vez de comparar la realidad con óptimos perfectos, trata de estudiar instituciones alternativas subóptimas pero accesibles.

Bajo este tenor, Elinor Ostrom (1990) da una vuelta de tuerca a planteamientos de la economía ambiental, la de recursos naturales y la ecológica, discutiendo cómo acciones colectivas alcanzan óptimos beneficios para los grupos inmersos en la toma de decisiones. Esta autora destaca la cooperación organizada de grupos que utilizan bienes y recursos de uso común. Desde esta perspectiva, los individuos racionales, en términos mercantiles clásicos, toman el bien común como parte de su elección racional.

Ostrom procede de la crítica a la idea de la “Tragedia de los comunes” (Hardin, 1968: “La naturaleza no es de nadie, por ello no se cuida y entonces necesitamos asignarle precios.”), de los postulados del Dilema del prisionero (Teoría de Juegos: cada actor participa para obtener la máxima ganancia, no hay cooperación) y de la Lógica de la acción colectiva (Olson, 1965: “En grupos grandes, dado que no se puede excluir de los beneficios a los no cooperantes, la acción más racional es aprovechar los beneficios sin participar de su producción”). El resultado es la aparición del gorrón (free rider) para plantear cómo y por qué los individuos cooperan, coordinan y autoorganizan bienes o recursos de uso común (RUC).

Contrario a establecer derechos de propiedad o darle total control al Estado sobre los recursos, Ostrom plantea la posibilidad de una nueva racionalidad sobre su uso y manejo. La autora reflexiona sobre la acción colectiva de manera diferente y muestra que las dos opciones anteriores son apenas una parte de la vasta variedad de la experiencia humana. Para ello, analiza una tercera vía: la administración colectiva de RUC. La autora argumenta en favor de la diversidad de soluciones para el cambio institucional que lleva al aumento de la eficiencia. Señala cómo los individuos pueden instituir un contrato vinculante para comprometerse con una estrategia de cooperación y compartir tanto los rendimientos (bajo los límites de sostenibilidad) como los costos de hacer cumplir su acuerdo.

Los problemas que enfrentan los apropiadores de RUC son de dos clases: de apropiación y de suministro. El primero tiene que ver con los límites de la asignación del recurso, pues una adecuada asignación conlleva la reducción de la incertidumbre y el conflicto; el segundo, con los efectos de las diversas maneras de asignar responsabilidades para construir, restaurar o mantener el sistema. Estos problemas se resuelven a través de normas, reglas o instituciones, mecanismos importantes para la sostenibilidad de RUC.

Entre los temas que la autora trabajó ocupa especial atención el Tribunal de las Aguas, institución creada en la Edad Media por una comunidad de regentes en el levante español y que hoy sigue manteniendo su arbitraje en los conflictos por el uso del agua. El Tribunal de las Aguas fue constituido directamente por los propios regentes, y ha demostrado ser eficaz y robusto, mientras que instituciones para el riego creadas por los gobiernos han provocado muchos conflictos, además de que en ocasiones no funcionan en absoluto. ¿Por qué no existen más instituciones espontáneas? ¿Quizá la acción del Estado, en una regulación innecesaria y poco eficaz, está impidiendo la aparición de instituciones más competentes? Ostrom conoció España y dedicó a este tema uno de los capítulos de su libro Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (1990).

A partir de varios casos, Ostrom llega a conclusiones importantes y semejanzas palpables en múltiples ejemplos: a) todos enfrentan ambientes inciertos y complejos; b) las poblaciones son estables y, por tanto, sus tasas de descuento son bajas; c) se ha desarrollado una vasta normatividad que define el comportamiento correcto, además de que d) cumplen con el criterio de fortaleza institucional (la creación y modificación de reglas operativas, de acuerdo con un conjunto de normas de elección colectiva y constitucional).

Muchos sistemas autogobernados y sustentables han sido estudiados a detalle por investigadores como Robert Netting, Thráinn Eggertsson, Daniel Bromley, Margaret McKean, Fikret Berkes, David Feeney y otros. Incluyen desde sistemas de irrigación hasta pesca de aguas interiores, tierras de pastoreo en montañas y bosques. La similitud más notable es la perseverancia de recursos e instituciones, que pueden considerarse robustas y sustentables, en tanto sus reglas hayan sido diseñadas y modificadas de acuerdo con una serie de decisiones colectivas (Shepsle, 1989).

La mayoría de los ambientes estudiados son complejos, interdependientes y con una gran carga de incertidumbre: los individuos encaran serios incentivos para actuar oportunamente. En el libro Governing the Commons, Ostrom resalta cómo algunos individuos que utilizan estos sistemas logran mantenerlos por largos períodos de tiempo. Las reglas de uso específicas varían notablemente. Parte de la explicación que puede ofrecerse para entender su permanencia es que las reglas particulares difieren de caso en caso.

Al ser distintas, toman en cuenta los atributos específicos de los sistemas físicos circundantes, las diversas visiones culturales del mundo, y las relaciones económicas y políticas en cada región. Ostrom amplía la comprensión al tratar la institucionalidad dentro de la propiedad común, es decir, la vinculación de personas a través de un contrato que motive la supervisión mutua y el control de las infracciones (esquema 2).

¿Pero acaso todas estas teorías pueden tener un referente empírico en un territorio determinado? Si es así, ¿cuáles son los mecanismos para ponerlas en práctica?

Esquema 2. Estadísticas sobre Governing the Commons (Ostrom)

y The Tragedy of the Commons (Hardin)

Fuente: www.thecommonsjournal.org

Viii. Nuevos instrumentos de política ambiental

Para hacer posible cada una de estas teorías, que van de la economía ambiental a la de recursos naturales, así como a la economía ecológica o al gobierno de los bienes comunes, se ha utilizado una serie de mecanismos de mercado como los precios a la naturaleza, la propiedad privada de los recursos naturales, la creación de nuevas instituciones o la gobernanza. Varios gobiernos han desplegado los nuevos instrumentos de política ambiental (New Environmental Politics Instruments, NEPI), entre ellos los acuerdos voluntarios, los eco-impuestos, las eco-etiquetas e interesantes sistemas de gestión ambiental transversal. La adopción de NEPI ofrece una buena piedra de toque, pues mientras la gobernabilidad ambiental trata sobre la regulación tradicional (comando-control) como la quintaesencia del gobierno sobre un territorio-ambiente, los NEPI utilizan la gobernanza para poner en contacto diversos actores y diferentes niveles para deliberar, analizar y actuar frente al deterioro ambiental.

Si bien hay muchos NEPI, el patrón de cambio a estos instrumentos es muy diferenciado entre sectores, territorios y jurisdicciones políticas. La mayoría de NEPI requiere alguna intervención del Estado (es decir, gobierno) y muy pocos son totalmente libres (gobernanza en su estado puro). De tal manera, la gobernanza ambiental complementa al gobierno por vía reglamentaria sin llegar a suplantarlo. Se trata de investigar las diversas y complejas maneras en que el gobierno del ambiente y la gobernanza coexisten en la formulación de políticas públicas sobre cuidado ambiental. Es en este lugar donde la visión económica de la problemática ambiental adquiere tintes políticos y se busca una solución a partir de la construcción de políticas ambientales (Jordan, et al., 2003).

Según algunos expertos, gobernar significa “guiar o dirigir a la sociedad”. La gobernanza se define como “las diversas formas en que se coordina la vida social” (Heywood, 2000:19). Sin embargo, ninguna de estas definiciones es suficientemente precisa para medir la cantidad de gobernanza en un sistema político en relación con el gobierno. Pierre y Peters (2000), dos autoridades en la materia, aseguran que la gobernanza es muy notoria “debido a su capacidad –a diferencia del término específico gobierno– para cubrir la gama de instituciones y relaciones que intervienen en el proceso de gobernar.” Un obstáculo evidente es definir la amplitud analítica del concepto y, al mismo tiempo, obtener la precisión necesaria para elaborar sistemáticamente la investigación empírica (eficiencia y legitimidad).

Hoy en día, el término gobierno se refiere a los procesos formales e institucionales que operan a escala nacional para mantener el orden y facilitar la acción colectiva en un territorio delimitado (Heywood, 2000). Una distinción analítica útil entre gobierno y gobernanza son las formas como las distintas jurisdicciones ponen en práctica instrumentos de política, es decir, las herramientas para lograr objetivos políticos.

Según Richards y Smith (2002), un enfoque en los instrumentos es explicativo porque pone de relieve la diferencia entre lo que el Estado (el gobierno) trata de lograr (los objetivos) y los medios que utiliza (por ejemplo, los instrumentos) para alcanzarlos. Sin embargo, para Rhodes, la gobernanza es sinónimo de “un cambio en el significado de gobierno; [...] un nuevo proceso de gobernar, […] una condición cambiante de las reglas de gobierno, o también […] el nuevo método por el cual se rige la sociedad” (Rhodes, 1996: 652-653).

Para Stoker (1998), gobernanza se refiere a la aparición de estilos de gobierno donde los límites entre y dentro de los sectores públicos y privados se han difuminado. Pierre y Peters (2000: 83-91) sostienen que el Estado está perdiendo su capacidad de dirección y el control se desplaza: hacia arriba, a las organizaciones regionales e internacionales, como el caso de la Unión Europea (ue); hacia abajo, a las regiones y localidades descentralizadas, y hacia el exterior, a las empresas multinacionales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas o cuasiprivadas.

Quizás lo más importante es destacar que el gobierno está indeleblemente asociado con la regulación. Heywood (2000) refiere cómo sus funciones esenciales son la capacidad de hacer leyes (legislar), aplicar el derecho (ejecución) e interpretar la ley (adjudicación). Para Richards y Smith (2002), gobierno es burocracia, legislación, control financiero, regulación y fuerza. Por el contrario, gobernanza se caracteriza por un uso cada vez mayor de instrumentos de política no regulatoria como los NEPI, propuestos, diseñados y ejecutados por actores no estatales que trabajan en conjunto con los estatales. Rosenau (1992) afirma que la gobernanza tiene objetivos que pueden o no derivar en responsabilidades legales prescritas formalmente, y no se basan necesariamente en los poderes tradicionales (militares o policíales) para superar el desafío y lograr su cumplimiento.

Tradicionalmente, la regulación ha sido el pilar de la política ambiental. Sin embargo, el fracaso del control del deterioro, los niveles de contaminación, el cambio climático y las condiciones propias de cada sociedad y gobierno han orillado a diversos actores a explorar y, en muchos casos, adoptar nuevos instrumentos de la política ambiental. Entre éstos destacan los basados en el Mercado (Market Base Instruments, MBI), los acuerdos voluntarios (Voluntary Agremments, Vas), las eco-etiquetas y los sistemas de gestión ambiental (Environmental Managment Systems, EMS. En la práctica, nuevo es un término relativo. NEPI sólo pueden ser categóricamente definidos desde un contexto político y de políticas alusivas al espacio/tiempo en que se utilizan.

29. Zacatlán de las Manzanas, Puebla, México.
3. Naturaleza y cultura.

La diversidad de instrumentos efectivos ha crecido significativamente desde 1970. Hace treinta años, sólo un pequeño número de países había adoptado lo que ahora se clasifica como NEPI: la mayoría apostaba a la regulación. Hoy en día, incluso los países menos innovadores y ambiciosos en cuestiones ambientales (Irlanda, Australia y algunos en América Latina) tienen algún NEPI funcionando, pese a que la regulación guarda un papel relevante en el mundo. Además, aunque los NEPI suelen usarse con frecuencia, son más comunes en algunas jurisdicciones (los Países Bajos, Alemania y Finlandia) que en otras (Austria, Australia, Irlanda, México).

Existen variaciones intersectoriales en el uso de los instrumentos ambientales. Ningún país está entusiasmado con todos los instrumentos, incluso los más innovadores han evitado ciertos tipos (por ejemplo, los permisos negociables de Alemania y Finlandia, las eco-etiquetas en los Países Bajos, o los impuestos ecológicos en la UE).15 Por otra parte, algunos países están encantados con un tipo particular de NEPI (los permisos negociables en el Reino Unido, los sistemas de gestión ambiental en Australia).

El creciente uso de NEPI sugiere que la gobernanza es cada vez más importante, pero lo interesante es cómo se mantiene la gobernabilidad, lo cual seguirá siendo primordial. Se han construido importantes distinciones espaciales y temporales en el uso de los NEPI, en la medida en que el gobierno se ha complementado con la gobernanza. Así, la escasez de algunos tipos puede explicarse en referencia a factores más locales como la oposición política, la falta de experiencia técnica/económica, los temores por descenso de la competitividad y la preocupación por los efectos económicos distributivos (Golub, 1998).

La regulación sigue siendo primordial en la mayoría de los países. Una explicación es que una vez que la regulación se instaura, es muy difícil de eliminar. Se encierra a las sociedades, y sus actores deberán ajustar su comportamiento y sus expectativas en torno al derecho. Como conclusión, mi análisis sugiere que la gobernanza no ha eclipsado o suplantado de manera uniforme ni exhaustiva a la gobernabilidad, sino que la complementa. Esto puede comprobarse a partir de innovaciones importantes en diversos países. Así, la gobernanza puede surgir dentro del gobierno, aunque algunas modalidades exigen nuevas formas de gobernabilidad. Lo cierto es que la gobernanza problematiza con éxito los conocimientos actuales, haciendo énfasis en nuevas preguntas de investigación sobre el ambiente y su relación con el territorio.

30. Buenos Aires, Argentina.
6. Ciudad, integración y ambiente.

Conclusiones

Nuestro recorrido por la relación economía-ambiente ha permitido poner de relieve diversas teorías y fundar los nexos entre la visión económica y la puesta en práctica de políticas públicas que ataquen los problemas ambientales. Por ello, la cuestión es multifactorial, atiende numerosas variables e implica diferentes posturas discursivas. Desde la economía ambiental, la economía de recursos naturales, la ecología económica y el gobierno de los bienes comunes, he tratado de mostrar un panorama complejo en el que diversos mecanismos se ponen en marcha para tratar de solventar el deterioro.

Es indudable la importancia del estudio de la economía y la manera en que esta disciplina se ha acercado a las cuestiones ambientales. Mientras, la economía ambiental defiende impuestos verdes, subsidios, precios a la naturaleza, propiedad definida de los recursos, y recurre a instrumentos como el que contamina paga. Todos ellos instrumentos que cobran relevancia en la economía verde, una iniciativa diseñada para asistir a los gobiernos en el reverdecimiento (greenwash) de sus economías, mediante la reestructuración y reorientación de sus políticas, inversiones y gastos hacia sectores como las tecnologías limpias, las energías renovables, los servicios de agua, el transporte verde, el tratamiento de los desechos, la edificación verde, la agricultura y los bosques sustentables.

Aun cuando la intención de la economía verde alude al proceso de reconfigurar las actividades comerciales y la infraestructura para entregar mejores rendimientos en las inversiones de capital natural, humano y económico, a la vez que reduce las emisiones de gas de efecto invernadero con menos extracción y uso de los recursos naturales, la creación de menos desechos y la pretendida reducción de las discrepancias sociales, este enfoque no deja de lado instrumentos utilizados por la economía ambiental, en donde el mercado sigue siendo el eje de los cambios propuestos.

Por su parte, la economía de recursos naturales pretende incorporar las cuentas ambientales. En muchos países esto no ha dado buenos resultados, por ser imposible etiquetar tales recursos. Un punto relevante de esta corriente seguirá siendo el conteo in natura, la capacidad de soporte y el pago de servicios ambientales. La valoración de zonas de protección ambiental, áreas naturales protegidas, cinturones y corredores verdes es un instrumento de política ambiental que pretende proteger los recursos.

La ecología económica rompe con la economía clásica e incorpora nuevas disciplinas en la relación economía-ambiente. Es de destacar la idea de metabolismo social, donde se ponen en contacto la materia y la energía, y se genera un proceso de cambio y un remanente energético que puede conducir a la entropía. Para esta corriente, es necesario pensar la ecología económica ligada a la ecología política, es decir, a los conflictos por recursos en un territorio delimitado, de allí la importancia de hablar de justicia ambiental. Desde esta visión, los países del Norte han expoliado a los del Sur, dando pie a un comercio ecológicamente desigual, a una biopiratería, a la deuda ecológica y climática y al aumento de pasivos ambientales. Es, por tanto, importante elaborar cálculos de flujo de materiales, de uso de energía, y poner en práctica el indicador de apropiación humana de la producción primaria neta (HANPP, por sus siglas en inglés), el cual calcula cómo el consumo de alimentos, papel, madera y fibra altera la composición de la atmósfera y los niveles de la biodiversidad, mientras la energía fluye en las redes alimentarias y la prestación de servicios de los ecosistemas importantes.

31. Hopkins, Belice.
1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

Por último, pero no menos sustancial, la teoría de Ostrom da un vuelco a la teoría de la economía clásica y manifiesta la posibilidad del cuidado de los recursos comunes a partir de un nuevo institucionalismo que se adapte a las condiciones culturales, políticas e ideológicas de las comunidades. Un recurso común consiste, típicamente, en un recurso central o básico (agua, pastizales, peces, bosques, aire) que define la reserva variable (stock), la cual provee una cantidad limitada para extracción o uso. Por su parte, el recurso central debe ser protegido o mantenido a fin de permitir su explotación continua; las unidades marginales pueden ser consumidas o cosechadas sin problemas. Si son manejados con cuidado, el usufructo de muchos recursos comunes puede ser extendido de manera indefinida, dado que se genera un sistema de realimentación positiva en el cual la reserva variable regenera la variable de extracción, siempre y cuando esa reserva no sea comprometida.

De esta manera, los recursos comunes se transforman efectivamente en recursos renovables. Para Ostrom, un régimen de propiedad comunal que regulara el uso, preservación, mantención y consumo sería la solución. Estos sistemas son diferentes a otros, tanto de propiedad individual como estatal y se basan en la administración comunal. Aquí, la gobernanza cobra un papel clave al incluir a diversos actores sociales en la toma de decisiones, los instrumentos ambientales elegidos y las instituciones construidas para mantener los RUC.

Hemos visto la importancia que los instrumentos ambientales cobran a lo largo de treinta años (impuestos, subsidios, servicios). Si bien en un principio el derecho fue motor y eje de la contención del deterioro ambiental, lo cierto es que existe una múltiple gama de NEPI puestos en marcha en territorios diversos con resultados variopintos. Éstos permiten incorporar ideas desconocidas en la construcción de políticas ambientales y, con ello, refrendar la permanente relación ambiente-economía.

La innovadora combinación de instrumentos dará pie a una acertada gestión ambiental, donde el uso y manejo de recursos posibilite contener el deterioro y mantener un buen estado. La imaginación y creatividad en el uso del derecho, el eco-etiquetado, los mecanismos de mercado, los acuerdos ambientales, la gobernanza, el gobierno de los RUC, el metabolismo social y el HANPP son un abanico que se abre para las soluciones que el planeta requiere.

32. Teotihuacan, Estado de México, México.
2. Población, territorio y cultura.

EJERCICIOS

A. Responda las preguntas y realice las actividades que se indican:

1) ¿Cómo impactó en Zimbabue el hecho de que la comunidad se hiciera cargo de los elefantes y cómo se les pagó por este servicio?

2) ¿Cómo se aplica el tema el que contamina paga en la industria maquiladora en la frontera México-Estados Unidos?

3) Investigue un movimiento que aluda a justicia ambiental y elabore un cuadro sinóptico marcando las diferencias que este conflicto suscita desde la óptica de la economía ambiental, la de recursos naturales y la ecología económica.

4) ¿Cuál es y cómo se da la relación entre la ecología económica y la ecología política, según Joan Martínez Allier?

5) Señale casos concretos donde se han puesto en práctica los RUC.

6) En los últimos años, ¿qué tipo de NEPI se han puesto en marcha en México?

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Páginas web consultadas (diciembre de 2014)

Environmental Justice Organizations Liabilities and Trade 2011-2015
(www.ejolt.org).

(www.ejatlas.org).

1. Cabe mencionar que entre los llamados accidentes ambientales se encuentran la muerte de cientos de aves en Gran Bretaña, los experimentos nucleares en el desierto de Nevada, los daños ocasionados por el ddt en los campos de cultivo de EUA, los desastres en Bhopal, India (1960-1970), la crisis nuclear de Chernobyl en la ex-URSS, el Exxon Valdez en Alaska y, más recientemente, el derrame de petróleo de la British Petroliumen en el Golfo de México.

2. John Stuart Mill, economista clásico, al contrario que los anteriores, exalta el Estado estacionario, deseable y más humano que el que existía, al permitir que la sociedad se desprendiera de las ataduras materiales y se dedicara al arte de vivir, dejando en paz a la naturaleza.

3. Un valor de cambio consiste en cómo en el mercado se considera una mercancía, un bien económico. Por extensión, también se usa valor de cambio como sinónimo de mercancía, mientras el valor de uso es la aptitud que posee un objeto para satisfacer una necesidad.

4. Una externalidad es un costo no incluido en las cuentas de una empresa, de un país o de una región. El concepto ha alcanzado la discusión ambiental y social (en general identificado como daños), al ser estos valores generalmente no incluidos. La externalidad puede tener dos sentidos y ser entonces positiva o negativa. Será de este último caso cuando incluya daños, y del primero cuando genere beneficios no considerados a priori (una carretera que se desconocía que se iba a hacer antes de instalar una fábrica en un predio, y que como resultado hace disminuir sus costos de transporte, o la instalación de apiarios y la consecuente polinización de las abejas en áreas cercanas a un campo de producción de girasol).

5. En economía, fallas de mercado es el término usado para describir la situación que se produce cuando el suministro que hace un mercado de un bien o servicio no es eficiente.

6. En infinidad de ocasiones estos costos pasan directamente al consumidor, al aumentar los precios en los productos.

7. Posición antropocéntrica: favorece a la especie humana sobre todas las demás.

8. También existen los recursos en flujo como el agua o el viento.

9. En 2050 se consumirán los recursos de dos planetas Tierra. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), los seres humanos están acabando con los recursos del planeta a una velocidad sin precedentes.

10. Esta escuela tuvo una repercusión importante en ciertos países que empezaron a integrar políticas poblacionales a sus programas de gobierno. En México, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la campaña La familia pequeña vive mejor son resultado de la influencia de esta escuela. De la misma manera, en la India se fomentó un programa de esterilización femenina. Los principales opositores a esta corriente se encuentran en la Iglesia católica.

11. La expresión justicia ambiental puede sonar proveniente de la filosofía o la ética. Sin embargo, ése no es el sentido que tanto los movimientos en Estados Unidos como en África o América Latina le han dado. En Estados Unidos este movimiento inicia en la década de 1980 y 1990 y tiene que ver con las minorías afroamericanas, latinas y las reservas indígenas.

12. El caso Chico Mendes está relacionado con problemas de dióxido de azufre y minorías latinas, mientras que el movimiento ecofeminista Chipko (abrazar los árboles) se gestó en la India.

13. Algunas minorías étnicas en Estados Unidos han sido forzadas a negociar desempleo por contaminación ambiental, e intercambiar la reducción de impuestos por tiraderos tóxicos. Estos intercambios se presentan en comunidades preocupadas por la supervivencia, el desempleo y el crimen violento. Para Bob Bullar, la mayoría ya no están dispuestas a realizar dichos intercambios. Estas minorías han empezado a formar agrupaciones frente a desarrolladores y empresas contaminantes. De hecho, 80% de los grupos de resistencia compuestos por minorías empiezan sus acciones desde la plataforma ambiental (Shrader-Frechette, 2002).

14. En el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona se inició un proyecto financiado con fondos europeos llamado Environmental Justice Organizations Liabilities and Trade 2011-2015 (EJOLT); en él se estudian conflictos socioambientales y se brinda apoyo a organizaciones y comunidades que luchan por la justicia ambiental. En el proyecto participan 23 organizaciones académicas y grupos de activistas. Puede consultarse en www.ejolt.org. Este proyecto presentó el Atlas Global de Justicia Ambiental, en el que se muestra el aumento de conflictos socioambientales por demanda de materiales y energía, y los impactos a las comunidades locales. Se trata de mostrar la incapacidad de empoderamiento de las comunidades más pobres para acceder a la justicia ambiental y mejorar su calidad de vida (www.ejatlas.org).

15. Con la nueva Reforma Fiscal del gobierno mexicano de Peña Nieto se pretende poner un impuesto por emisiones a las empresas más contaminantes. Veremos si funciona en la realidad o si la multa sigue siendo una forma de escapar a este instrumento ambiental.

Capítulo 4. Geografía del riesgo: resiliencia, cambio climático y riesgos asociados

Rafael Calderón Contreras

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

I. Introducción

Este material busca que el alumno agudice su capacidad de observación y de análisis-síntesis para evaluar las condiciones de peligrosidad, vulnerabilidad espacial, rivalidad global y las diferentes capacidades de respuesta social, técnica y científica que comprende el estudio de los riesgos.

Como estudio de caso se propone el análisis de los riesgos asociados con el cambio climático1 y la utilización del concepto de resiliencia como modelo analítico para abordar las problemáticas relacionadas con la geografía del riesgo. En este sentido, se pretende que el tema de los riesgos asociados al cambio climático, así como la vulnerabilidad y el desastre, puedan ser utilizados como medio para analizar la geografía del riesgo en sus diferentes escalas e implicaciones sociales, culturales y políticas.

El tema del cambio climático y la resiliencia a los riesgos asociados permite identificar y conocer las diferentes perspectivas de aproximación al estudio, análisis y amortización de los riesgos. Asimismo, permite distinguir las posiciones teóricas y empíricas.

El tema del cambio climático y sus riesgos asociados es prioritario mundialmente y de actualidad en los ámbitos académicos y de políticas públicas. En este sentido, la utilización de la resiliencia al cambio climático permite entender cómo los sistemas socioecológicos responden a los riesgos, la vulnerabilidad y los desastres en diversos ambientes, tanto en el ámbito rural como en el urbano, metropolitano y regional.

33. Provincia de Cuzco, Perú.
2. Población, territorio y cultura.

La metropolización2 es una característica dominante de los procesos de crecimiento urbano. La creciente concentración mundial de la población urbana implica la necesidad de aumentar la provisión de servicios ambientales para las ciudades. Dada la estrecha sinergia3 y la interdependencia ecológica y social entre las áreas metropolitanas y las reservas naturales que la rodean, las comunidades asentadas y sus recursos desempeñan un papel fundamental en la prestación de estos servicios. Por otra parte, dichas reservas y las comunidades periurbanas son esenciales para entender la manera en que diferentes metrópolis enfrentan las amenazas del cambio ambiental global.

Este documento analiza la importancia de las áreas naturales protegidas para la construcción de la resiliencia al cambio climático en las ciudades. A través del análisis del caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México es posible ilustrar las características de las áreas periurbanas protegidas4 y contribuir a la resiliencia general de la metrópoli. Este material didáctico describe las sinergias entre la zona metropolitana y las áreas naturales protegidas que la circundan. Asimismo, se analizan los desafíos y las respuestas sobre dinámica ecológica y la gestión pública que implica la creciente presión sobre los recursos de comunidades periurbanas. Se concluye identificando las principales características de resiliencia que constituyen las reservas naturales de la periferia de las ciudades como elementos clave para la adaptación al cambio climático global.

El presente material se divide en dos secciones principales. En cada una se presentan preguntas de apoyo para profundizar en los temas incluidos en el diseño de la UEA. La primera sección acomete de manera teórica los principales componentes de la resiliencia al cambio climático, la adaptación y sus componentes urbanos. Se estudia la metrópoli como sistema social ecológico, permitiendo la extrapolación de dichos sistemas a otros ambientes, por ejemplo, los periurbanos y rurales.

La segunda sección comprende los riesgos asociados con el cambio climático en torno a la política pública en Norteamérica y, de manera particular, en el Valle de México y su zona metropolitana. Se analizan los principales riesgos relacionados con el cambio climático en las metrópolis, como la provisión de servicios ambientales y la seguridad alimentaria regional. También se aborda la producción de biocombustibles y sus efectos, y se busca dilucidar los riesgos en particular, y la geografía del riesgo en general, relacionada con la implementación de políticas públicas que afectan de manera directa la vulnerabilidad de las actividades productivas de la sociedad.

II. Resiliencia, adaptación y sus componentes urbanos

Existe un amplio abanico de conceptos utilizados de manera discrecional en la literatura académica y en el discurso político sobre los riesgos asociados con el cambio climático global. Muchos de estos conceptos están alcanzando categorías discursivas que los identifican como buzz words o términos de moda utilizados por políticos, activistas y científicos para justificar acciones de propaganda. Adaptación,5 al igual que términos mediáticos como sustentabilidad o gobernanza, se posicionan como aspiraciones políticas y discursivas, sobre todo en el contexto urbano, en donde se presentan retos importantes en cuanto al crecimiento poblacional, la metropolización y el subsecuente incremento en la demanda por servicios ambientales para las ciudades y sus habitantes.

La definición de riesgo a menudo se confunde con peligro, exposición, vulnerabilidad y amenaza. Para futuras referencias, uno de los términos en que se ha alcanzado un consenso generalizado es el de desastre natural. La acepción no es correcta, dado que el desastre sólo se lleva a cabo cuando existen daños a intereses humanos, es decir, a infraestructura o vidas.

34. Cuzco, Perú.
6. Ciudad, integración y ambiente.

En este sentido, los procesos que se realizan de manera normal y representan un riesgo para la humanidad son procesos naturales que no constituyen en sí un desastre. Por ejemplo, un huracán no es un desastre hasta que afecta la trayectoria cotidiana de las personas. En este ejemplo, el huracán representa una amenaza, pero no es un desastre en sí. El peligro es el origen del problema, es decir, el proceso natural desencadenante del riesgo (inundaciones, erupciones, deslaves, terremotos, maremotos, etcétera).

En este sentido, las ciudades se encuentran expuestas a un abanico amplio de peligros. La exposición es el estimado o la cuantificación de la probabilidad de pérdidas por causa de un evento peligroso, y considera los daños que surgirían si el potencial peligro se torna realidad. Ésta es una de las razones por las cuales las ciudades dependen de sus recursos naturales. La disposición de éstos y el hecho de asegurar la distribución de servicios propicia que aquéllas sean más adaptables a cambios climáticos repentinos.

Recientes investigaciones (Folke, 2006; Barthel e Isendahl, 2013; Colding y Barthel, 2013; Collier, Nedović-Budić et al., 2013) sobre los retos que implica la dependencia a escala mundial de las ciudades con respecto a los recursos naturales circundantes han optado por analizar éstas y las metrópolis como sistemas socioecológicos (SSE). De acuerdo con esta perspectiva, las ciudades son sistemas que presentan relaciones de dependencia y coexistencia entre la sociedad y sus recursos.

Al respecto, los SSE son susceptibles de recibir los impactos externos de procesos tanto naturales como antropogénicos.6 Tal es el caso de los eventos relacionados con el cambio climático global como las inundaciones y otros procesos hidrometeorológicos. Se espera que éstos que se llevan a cabo de manera normal cambien de intensidad. Esta modificación implica riesgos para los asentamientos humanos.

El estudio de los impactos del cambio climático en SSE utiliza el concepto de resiliencia como principal marco analítico, la cual es entendida como la capacidad de un sistema para “absorber los disturbios y reorganizarse mientras se lleva a cabo un cambio en el sistema, reteniendo sus mismas funciones esenciales, identidad y retroalimentación” (Folke, 2006:259). Esta definición ha sido utilizada para caracterizar la capacidad de distintos SSE (incluidas las metrópolis) y afrontar los efectos de impactos externos al sistema (Folke, 2006; Barthel e Isendahl, 2013; Colding y Barthel, 2013).

En términos de riesgos y desastres asociados con el cambio climático se han identificado 10 características principales que conforman la resiliencia de los SSE: alta diversidad, gobernanza e instituciones efectivas, habilidad para trabajar en un entorno de incertidumbre y cambio, participación de comunidades locales y la apropiación del conocimiento tradicional, preparación y planeación de disturbios, alta equidad social y económica, valores y estructuras sociales robustas, reconocimiento de las dinámicas de no-equilibrio, aprendizaje continuo y efectivo, y la adopción de una perspectiva de análisis interescalar (Bahadur, Ibrahim y Tanner, 2013; Bahadur y Tanner, 2014).

Las características mencionadas permiten examinar la resiliencia de los SSE ante los efectos de impactos externos que traen los riesgos asociados al cambio climático. Asimismo, detallar estas características ayuda a distinguir conceptos relacionados con el cambio climático, principalmente resiliencia y adaptación. Este último se relaciona con conceptos que hacen referencia a desastres previsibles por eventos climáticos específicos, como inundaciones por aumento en el nivel del mar o intensificación de procesos hidrometeorológicos como los huracanes. Dichos conceptos se vinculan con políticas de reducción de riesgo de desastres (RRD), las cuales tienden a enfocarse en horizontes temporales a corto plazo y ponen énfasis en los riesgos actuales (Folke, 2006; Janssen y Ostrom, 2008).

Mientras adaptación y riesgo abordan eventos actuales, resiliencia indaga los efectos de impactos externos a largo plazo. El enfoque a futuro es una de sus principales características (Bahadur y Tanner, 2014; Li, Shi et al., 2014). Otra es que, al hacer prevalecer sistemas dinámicos no-lineales, la resiliencia toma en consideración los elementos de sorpresa e incertidumbre que suponen los procesos climáticos extremos (Djordjević, Butler et al., 2011; Bahadur, Ibrahim y Tanner, 2013; Bahadur y Tanner 2014).

La sorpresa y la incertidumbre pueden ser manejadas mediante atributos como la redundancia, la flexibilidad y el aprendizaje continuo de programas y políticas que abordan los impactos climáticos y sus consecuencias (Folke, 2006; Ferreira, Pardal et al., 2013).

La complejidad y el pensamiento sistémico son característicos de la resiliencia en los SSE. La idea de que los sistemas se conforman de la suma de elementos interconectados en múltiples formas ha sido utilizada para cuestionar la linealidad del concepto (y las políticas públicas) de adaptación, por un lado, y por el otro, para acentuar que hablar de resiliencia es suponer la indivisibilidad del hombre y la naturaleza (Folke, 2006; Walker y Salt, 2006; Ramalingam, 2008; Bahadur y Tanner 2014, Ibrahim et al., 2013)

De acuerdo con Walker y Salt (2006:33): “Pensar en resiliencia es considerar que el Sistema Socio-Ecológico al cual pertenecemos todos, es un sistema interrelacionado […] el sistema bio-físico en el que nos desarrollamos todos limita y le da forma a las personas y sus comunidades, de la misma forma que las personas le dan forma al sistema bio-físico”. La idea de un sistema interconectado que puede presentar características de resiliencia ha conducido a recapacitar que las metrópolis pueden contemplarse como SSE cuya resiliencia puede ser caracterizada para el diseño e implementación de políticas públicas de cambio climático y sus efectos.

1. La metrópoli como sistema socioecológico

El contexto rural ha acaparado la atención académica, política y mediática en torno al cambio climático y sus efectos. La resiliencia a los impactos esperados en zonas urbanas continúa siendo un elemento poco estudiado y abordado en la política pública y la academia internacional, sobre todo en países con desarrollo económico limitado o emergente (Manyena, 2006; Gasper, Blohm et al., 2011; Bahadur y Tanner, 2014; Tidball y Stedman, 2013).

Dada la tendencia preponderante del crecimiento urbano internacional hacia la conformación de metrópolis y la subsecuente concentración de personas, infraestructura industrial y servicios, vivienda, capital físico y residuos, el interés por el estudio de la resiliencia al cambio climático en las ciudades y sus zonas metropolitanas está incrementándose (Gasper, Blohm et al., 2011; Ferreira, Pardal et al., 2013; Friend, Jarvie et al., 2013; Friend y Moench, 2013; Kärrholm, Nylund y Prieto de la Fuente, 2014).

35. Tepoztlán, Morelos, México.
6. Ciudad, integración y ambiente.

El rol de la planeación metropolitana en este sentido es importante. Las políticas frecuentemente no toman en cuenta las características de resiliencia que presentan las ciudades y, como consecuencia, la escasa política pública de cambio climático se fundamenta en parámetros de adaptación que infieren que la ciudad es un sistema en equilibrio estable, negando la posibilidad de considerarla como un SSE con múltiples relaciones e interdependencias (Manyena, 2006; Walker y Salt, 2006; Gasper, Blohm et al., 2011). Dicha acepción se combina con el hecho de que, característicamente, los gobiernos locales en ciudades de países de bajo desarrollo económico no cuentan con recursos para enfocarse en el estudio y la construcción de la resiliencia urbana a los impactos esperados del cambio climático (Gasper, Blohm et al., 2011; Bahadur y Tanner, 2013).

Debido a que las políticas de planeación urbana se concentran en la adaptación de las ciudades al cambio climático, es decir, en la RRD, los procesos de urbanización aumentan la vulnerabilidad metropolitana al incrementar su exposición y fragmentar sus sistemas naturales (Alberti y Marzluff, 2003; Satterthwaite, Huq et al., 2007). Por dicha situación, la literatura reciente busca identificar las características de resiliencia que se mencionan en el apartado anterior en metrópolis a escala mundial (Bahadur y Tanner, 2014; Colding y Barthel, 2013; Collier, Nedović-Budić et al., 2013; Friend, Jarvie et al., 2013; Friend y Moench 2013). De esta manera, las metrópolis son entendidas como SSE que cumplen las características de complejidad y de pensamiento sistémico, y que a su vez permiten caracterizar la resiliencia al cambio climático (Alberti y Marzluff, 2003; Folke, 2006; Manyena, 2006; Bahadur y Tanner, 2014)

En un afán por caracterizar a las metrópolis como SSE, la resiliencia urbana ha sido definida como “la habilidad de una ciudad o un sistema urbano para soportar una amplia variedad de impactos y efectos externos” (Leichenko, 2011:164). Dicha caracterización implica que éstos tengan la habilidad intrínseca para absorber disturbios mientras retienen su identidad, estructura y principales funciones, por lo que no sólo las ciudades y metrópolis deben ser categorizadas como SSE, es una función de actividades humanas y factores naturales interrelacionados (Gasper, Blohm et al., 2011; Bahadur y Tanner, 2014). Su construcción requiere el mantenimiento de un balance óptimo entre servicios humanos y ecosistémicos (Alberti y Marzluff, 2003; Leichenko, 2011).

III. resiliencia urbana y política de cambio climático

El estudio de la resiliencia urbana ha distinguido la importancia que tienen los gobiernos urbanos y los provinciales. De acuerdo con Leichenko (2011), para construir dicha resiliencia es necesario que estos gobiernos sean inclusivos y flexibles, y que tengan atributos como policentralidad,7 transparencia y rendición efectiva de cuentas. En el mismo tenor, algunos estudios afirman que las metrópolis pueden afrontar de mejor manera los impactos futuros del cambio climático en la medida en que los gobiernos locales cubran sus responsabilidades en la provisión de infraestructura y servicios (Bahadur y Tanner, 2014; Barthel y Isendahl, 2013; Colding y Barthel, 2013; Ferreira, Pardal et al., 2013).

Otros estudios sugieren que el enfoque de resiliencia ayuda a solventar debilidades del enfoque de adaptación basado en políticas de predicción, porque reflexiona sobre la incertidumbre que acompaña al cambio climático.

Los proyectos y programas relativos al cambio climático se han enfocado en influir la política pública y la planeación urbana para promover su adaptación. Los conceptos relacionados con la resiliencia urbana no son tomados en cuenta; en principio, por la complejidad que la noción implica, y adicionalmente, por la poca reflexión crítica acerca de los alcances de la política pública, la forma en que el cambio político puede desarrollarse y el contexto particular de urbanización y ciudades en donde dicha política se aplica (Tyler y Moench, 2012; Bahadur y Tanner, 2014).

36. Provincia de Cuzco, Perú.
6. Ciudad, integración y ambiente.

De manera más apremiante, los principios fundamentales de la literatura sobre resiliencia al cambio climático y sus recomendaciones al proceso de diseño e implementación de políticas públicas no necesariamente se adaptan a las realidades de la gobernanza metropolitana de países con menor desarrollo económico (Alberti y Marzluff, 2003; Gasper, Blohm et al., 2011; Tyler y Moench, 2012; Bahadur y Tanner, 2014). En muchas circunstancias, el discurso se vincula con otros conceptos que se convierten en el mainstream de la política de cambio climático, como la sustentabilidad, la adaptación y la reducción del riesgo (Bahadur, Ibrahim y Tanner, 2013). En estas condiciones, los discursos y narrativas hegemónicas sobre el rol del ser humano ante los efectos del cambio climático solamente refuerzan jerarquías políticas, de conocimiento y de poder.

Otro factor que enmarca el rol de la política pública de cambio climático en las ciudades a escala internacional es el de los parques urbanos, reservas naturales y áreas protegidas cuya localización las vincula con las dinámicas metropolitanas. Dichas áreas han sido estudiadas como SSE aislados; sin embargo, literatura reciente ha realizado esfuerzos por encontrar la relevancia en su construcción en las metrópolis que circundan (Bowler, Buyung-Ali et al., 2010; Emmanuel y Krüger, 2012; Friend y Moench, 2013; Lwasa, Mugagga et al., 2013; Mues, Manders et al., 2013; Vargo, Habeeb et al., 2013; Brown, Schebella et al., 2014).

Además de ilustrar los principales elementos de la resiliencia urbana, las zonas naturales protegidas concentran las discusiones políticas y la implementación de política pública de adaptación mundial (Lwasa, Mugagga et al., 2013; Vargo, Habeeb et al., 2013; Wamsler, Brink et al., 2013). A continuación se presenta el caso de la zona metropolitana del Valle de México para tratar algunos de los aspectos mencionados.

37. Provincia de Cuzco, Perú.
6. Ciudad, integración y ambiente.

1. Resiliencia en la política pública sobre cambio climático en Norteamérica

En términos generales, la política económica en Norteamérica ha ignorado las problemáticas ambientales. El cambio ambiental global y sus problemas asociados han generado la necesidad, en las esferas privadas y políticas, de diseñar o incluir preceptos de mitigación, adaptación y resiliencia en sus marcos normativos. Sin embargo, dichas políticas son tangenciales en tratados internacionales como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La postura general de éstos implica que el crecimiento económico y la liberalización del comercio son, de alguna forma, benéficos para el ambiente.

A pesar de la creciente relevancia y utilización de estos términos en el discurso político, la política pública actual tiende a dejar de lado cuestiones que consientan mejorar la resiliencia de comunidades locales. Por ejemplo, la emergencia de nuevas formas de cooperación e intercambio comercial entre Estados Unidos, Canadá y México giran principalmente alrededor del diseño de tecnologías de energía limpia y renovable que reduzcan la dependencia regional a los hidrocarburos (medidas de adaptación) y, en menor grado, en la viabilidad de incrementar la capacidad regional para absorber los efectos del cambio ambiental (medidas de resiliencia).

En este sentido, sectores como el de la producción de combustibles, transporte y electricidad son altamente integrados en la economía regional de Norteamérica. Mientras tanto, esfuerzos locales y descentralizados en el manejo de recursos permanecen aislados.

La política de adaptación y mitigación de los riesgos asociados al cambio climático en Norteamérica ha utilizado enfoques usualmente desarrollados por las Naciones Unidas, los cuales abordan la resiliencia desde un punto de vista a corto plazo y, en ocasiones, sin tomar en cuenta los procesos de adaptación de comunidades locales. Además, algunas de las políticas propuestas, encaminadas a incrementar la adaptación al cambio climático, han perjudicado la resiliencia a largo plazo. Uno de los procesos por medio del cual es posible ilustrar dicha problemática es la producción de biocombustibles con base en productos agrícolas.8

38. Provincia de Cuzco, Perú.
6. Ciudad, integración y ambiente.

2. Áreas naturales protegidas y resiliencia metropolitana: el caso del Valle de México

En el ámbito mundial, las áreas naturales protegidas (ANP) en contacto con urbes han sido analizadas de acuerdo con su rol para la construcción de la resiliencia urbana. Su cuantía se ha estudiado en un amplio abanico de factores; sin embargo, la mayoría de estas aportaciones tienen relación con: a) los servicios ambientales que las ANP proporcionan, y b) su potencial para incrementar la seguridad alimentaria regional (Lwasa, Mugagga et al., 2013).

Abordar estos dos aspectos por medio del marco analítico de resiliencia contribuye a identificar las características de los SSE en el ambiente metropolitano. Es decir, no sólo las metrópolis pueden tratarse como SSE, también es posible reparar las conexiones e interrelaciones entre el medio natural y social que le permiten resistir a los efectos futuros del cambio climático. Dicho enfoque rebasa la noción de riesgos y vulnerabilidad actual que conlleva el diseño de políticas públicas basadas en adaptación, para situarse en el análisis de los componentes de resiliencia mencionados en las secciones anteriores.

En el caso de México, la creación de ANP9 se ha centrado en la protección de especies, hábitats y ecorregiones. Sin embargo, la mayoría de las ANP se enfocan en la protección de zonas y ecosistemas relativamente homogéneos, ignorando el hecho de que cada una forma parte de un SSE más grande y existen interrelaciones vitales al exterior (Ortiz-Lozano, Gutiérrez-Velázquez et al., 2009). El Mapa 1 muestra la localización de las principales zonas metropolitanas en México y la distribución de ANP.

Mapa 1. Localización general de la zona metropolitana

del Valle de México (ZMVM)

Elaboración por la mtra. Laura Elisa Quiroz Rosas, con base en Semarnat, 2003.

Como se puede advertir en el mapa, la mayoría de las ANP se localizan en las periferias de las zonas metropolitanas, lo cual implica que existen interrelaciones y dependencias importantes para la resiliencia al cambio climático, tanto de las zonas metropolitanas como de las ANP. Las siguientes secciones analizan dichas interdependencias en torno a las aportaciones de las ANP para la construcción de la resiliencia al cambio climático general de la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM).

a) Provisión de servicios ambientales

México fue el segundo país de Latinoamérica, después de Costa Rica, en consolidar un programa nacional de pago por servicios ambientales (Pagiola, Arcenas et al., 2005; Muñoz-Piña, Guevara et al., 2008). El programa estaba dirigido a asegurar la provisión de agua potable, sobre todo en zonas donde el crecimiento poblacional implicaba una mayor presión de los recursos hídricos, como en el caso de la Ciudad de México (Aguilar y Santos, 2011; Neitzel, Caro-Borrero et al., 2014). Aproximadamente 20 millones de habitantes en la ZMVM (cerca de nueve millones sólo en la Ciudad de México) dependen directamente de las áreas de recarga de acuíferos radicados en las ANP que la rodean o que se encuentran en el interior de la misma (Neitzel, Caro-Borrero et al., 2014).

A pesar de que la provisión de agua potable y la recarga de acuíferos fueron los primeros servicios ambientales reconocidos en un esquema de pagos en México, la ZMVM se sujeta a otros servicios provistos por las ANP. A continuación se muestra la localización de las ANP en el contexto del Valle de México.

Como se observa en el mapa 2, la superficie de ANP cercanas o aledañas a la ZMVM se concentra en las afueras de la misma. Las ANP más importantes son el Parque Nacional Izta-Popo (3) y las zonas de protección correspondientes a la serranía del sur de la Ciudad de México (16-19). La importancia de estas ANP en torno a la provisión de servicios ambientales para la ciudad se ha hecho evidente en literatura reciente (Cruz-Núñez, Hernandez-Solís et al., 2003; Aguilar y Santos, 2011; Shapiro-Garza, 2013; Neitzel, Caro-Borrero et al., 2014); sin embargo, su rol para la construcción, metropolitana ha sido poco estudiado.

Mapa 2. Áreas naturales protegidas aledañas a la ZMVM

Elaboración por la mtra. Elisa Quiroz Rosas, con base en Semarnat, 2003.

Los principales estudios relacionados con las ANP metropolitanas se enfocan en la provisión de servicios ambientales vitales para la ciudad como la regulación del clima (Alberti y Marzluff, 2003; Bowler, Buyung-Ali et al., 2010; Emmanuel y Krüger, 2012), y la protección de la biodiversidad (Jo, Golden et al., 2009; House-Peters y Chang, 2011; Shapiro-Garza, 2013; Vidrih y Medved, 2013) y otros servicios ecosistémicos, como los paisajísticos, de salud y recreacionales (Cruz-Núñez, Hernández-Solis et al., 2003; Pagiola, Arcenas et al., 2005; Muñoz-Piña, Guevara et al., 2008; Emmanuel y Krüger, 2012; Colding y Barthel, 2013; Kärrholm, Nylund y Prieto de la Fuente, 2014).10

39. Zacatlán de las Manzanas, Puebla, México.
3. Naturaleza y cultura.

En este sentido, es precisa una categorización del potencial para construir resiliencia metropolitana, dependiendo del tamaño y localización de las ANP: al interior de la Ciudad de México son más reducidas, mientras que las que tienen mayores superficies se ubican en la periferia de la ZMVM. Las ANP pueden resultar importantes para algunos aspectos de la resiliencia al interior de la ciudad y alrededor de las zonas donde se localizan, pero las de mayor extensión representan puntos nodales para la resiliencia general de todo el SSE.

La construcción de la resiliencia metropolitana depende en gran medida de que se asegure la provisión de servicios ambientales para las ciudades, aunque es necesario realizar más investigación sobre otros factores que contribuyen. En otras palabras, la construcción de resiliencia debe considerar el rol de las ANP para la provisión de servicios ambientales, así como los intercambios y dependencias al interior de todo el SSE que la metrópoli representa.

b) Seguridad alimentaria regional

Ésta se ha consolidado como una de las facetas de la resiliencia en las ciudades (Barthel y Isendahl, 2013). Estudios históricos y prehistóricos han demostrado que en sistemas urbanos la seguridad alimentaria ha dependido de la distribución, la temporalidad y, sobre todo, la disponibilidad de alimentos (Ibid). Conforme la innovación, la modernidad y el progreso se asocian con procesos de metropolización, la política pública y la sociedad tienden a separar, al menos conceptualmente, los espacios rurales de los urbanos. Esta división se ha sustentado en innovaciones que permitieron transportar recursos (especialmente relacionados con la alimentación) a través de grandes distancias y que han conseguido el crecimiento urbano y metropolitano.

El acelerado crecimiento poblacional y la cada vez menos importante distancia geográfica han logrado que las metrópolis dependan de combustibles fósiles para la transportación de alimentos, e incluso la transformación de alimentos potenciales en combustible. Esta paradoja es más evidente cuando se examina el potencial para producir alimentos en sistemas metropolitanos.

La interconectividad y facilidad de transporte de alimentos podría ser estudiada como un factor que reduce la vulnerabilidad de las ciudades a sufrir crisis alimentarias y crear resiliencia durante crisis severas (Ernstson, Van der Leeuw et al., 2010); sin embargo, también implica la pérdida de sistemas de producción de alimento tradicionales y la mayor dependencia a líneas de abastecimiento, lo cual aumenta los riesgos futuros de la seguridad alimentaria urbana (Allouche, 2011; Barthel e Isendahl, 2013). En este sentido, las ANP metropolitanas pueden ser nodos de resiliencia en torno a la conservación de sistemas de producción de alimentos tradicionales y contribuyentes a la seguridad alimentaria general.

A pesar de las ventajas de que la ciudad produzca sus propios alimentos, los sistemas urbanos mundiales continúan dependiendo de la producción rural.

40. Zacatlán de las Manzanas, Puebla, México.
3. Naturaleza y cultura.

En este sentido, la superficie de conservación11 en una ciudad está relacionada con la posibilidad de incrementar la producción de alimentos a escala local, sobre todo si dentro de estas áreas existen sistemas de manejo y producción tradicional de alimentos (Pothukuchi y Kaufman, 2000).

Cuadro 1. Superficie de áreas naturales protegidas aledañas a la ZMVM

Superficie total

(Hectáreas)

Superficie total de ANP

Hectáreas

%

Ciudad de México

148412

4808.5

3.23

ZMVM

785998.2

60965.5

7.75

Elaboración por la mtra. Laura Elisa Quiroz Rosas, con base en Semarnat, 2003.

El cuadro 1 muestra la superficie bajo algún régimen de protección natural. Los datos no incluyen los parques metropolitanos pues no se consideran ANP. Los datos destacan la escasa proporción de territorio que podrían contener los sistemas tradicionales de alimentación en la construcción de resiliencia metropolitana. Un sistema tradicional es definido como: “La cadena de actividades que conectan la producción de alimentos, su procesamiento, distribución, consumo y manejo de residuos, así como las actividades e instituciones regulatorias asociadas” (Pothukuchi y Kaufman, 2000:113).

Las ANP que circundan a la ZMVM cuentan con comunidades rurales que dependen de los recursos de aquéllas y, a su vez, concentran sistemas de producción de alimentos y de alimentación que coadyuvarían a la construcción de la resiliencia metropolitana. Además de su rol en la producción de servicios ambientales, las ANP albergan reservorios de conocimiento tradicional y sistemas de gobernanza. Estas áreas de protección no sólo contienen las reservas naturales de las que depende el sistema metropolitano y su resiliencia, sino también importantes reservas de capital social y cultural que reciben los impactos directos del cambio climático.

c) La producción de biocombustibles y su efecto en la resiliencia

La producción de biocombustibles12 ha ganado especial interés debido a la creciente necesidad por reducir la dependencia a los combustibles fósiles. El desarrollo de fuentes de energía limpia y renovable se ha convertido en objetivo primordial de los esfuerzos políticos de entidades multinacionales para afrontar los retos del cambio ambiental global. La demanda de energía y el alto costo de los combustibles fósiles han incrementado el interés por producir biocombustibles; así como el debate sobre los beneficios y posibles impactos que su producción implicaría para el desarrollo y las condiciones ambientales.

En este sentido, una de las políticas públicas que más afecta la resiliencia de largo plazo de comunidades locales en Norteamérica es la producción de biocombustibles. La sustitución de especies agrícolas anteriormente exclusivas para consumo humano por especies con potencial para la generación de biocombustibles ha modificado los sistemas agroalimentarios de comunidades locales. Los biocombustibles obtenidos a partir de la producción agrícola solventan sólo parcialmente la demanda energética local; pero este cambio en la producción tiene profundas repercusiones en la demanda alimentaria regional.

En algunos lugares del mundo se han empezado a sembrar palmas de aceite, alcachofas y otros cultivos especializados para crear biocombustibles. Su producción ha causado un incremento generalizado en la deforestación y en la pérdida de cultivos tradicionales, debido a los altos requerimientos de agua y tierra que dichas áreas requieren para su desarrollo. En la imagen se muestra un paisaje típico, donde existen presiones importantes para cambiar el uso de suelo a cultivos propicios y producir biocombustibles.

41. Chetumal, Quintana Roo, México.
3. Naturaleza y cultura.

La idea de suplantar, al menos parcialmente, la producción de combustibles fósiles por biocombustibles obtenidos de biomasa ha generado un intenso debate entre académicos, activistas, políticos y productores sobre sus potencialidades y riesgos. Dicho debate se relaciona con tres dilemas fundamentales: primero, si implica escoger y priorizar entre la demanda de alimentos y la producción de combustibles; segundo, si mejora las condiciones ambientales, específicamente sobre los efectos del cambio climático; y tercero, si se traduciría en desarrollo socioeconómico y distribución de la riqueza.

Existe una vasta literatura enfocada en estos dilemas y en el potencial para la producción de biocombustibles que algunos países presentan. En este sentido, Norteamérica se ha convertido en el objeto de un sinnúmero de investigaciones que, debido a su potencial para la producción agrícola, la señalan como una región con enorme potencial en la producción de biocombustibles. La alta calidad del suelo, condiciones climáticas favorables, disponibilidad de tierras de cultivo y bajo costo de la mano de obra han incrementado el interés por desarrollar proyectos de producción de biocombustibles en algunos países latinoamericanos.

Actualmente existen mercados de producción de biocombustibles establecidos en Brasil, Colombia y Argentina, mientras que en otros países de la región todavía es limitado. Para el caso de México, el debate sobre la producción de biocombustibles se ha intensificado, principalmente por la presión recibida por parte de Estados Unidos y Brasil, quienes representan 52% y 37%, respectivamente, de la producción mundial de bioetanol, y se han transformado en el principal ejemplo de la intensificación de la competencia entre la agricultura para el consumo humano versus la agricultura para la producción de biocombustibles o agroenergía.

La demanda y producción de biocombustibles ilustran la pugna entre la necesidad de adaptarse al cambio climático (generando alternativas enérgicas como el biocombustible) o incrementar la resiliencia de comunidades locales ante los efectos del mismo (por medio de la protección de los sistemas agroalimentarios locales). En esta discusión la política pública norteamericana se debate entre estas dos posturas, en ocasiones dicotómicas. Por un lado, la tendencia internacional hacia la producción de biocombustibles se fundamenta en cultivos con potencial para solventar los problemas alimentarios de los países que los producen (especialmente maíz y caña de azucar); por el otro, políticas públicas y estrategias encaminadas a proteger el sistema agroalimentario local requieren integrar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Para el caso de la producción de biocombustibles, dada la enorme diversidad socioterritorial de Norteamérica, cuya estructura espacial de los recursos naturales es compleja y cuya distribución de la población es altamente polarizada, es necesario tomar en cuenta las condiciones locales en el diseño de estrategias de investigación y tecnologías adecuadas. Consecuentemente, los retos de la política pública y estrategias relevantes en torno al cambio climático deben observar que, sin un cambio en la política pública, la resiliencia efectiva a largo plazo se verá afectada.

Una adaptación exitosa debe incluir la disponibilidad para aprender cómo desarrollar principios coherentes para informar nuevos enfoques hacia la política pública de su manejo. En términos generales, la política del cambio climático y la económica están cercanamente vinculadas. Sin embargo, si la política pública sólo se enfoca en los parámetros de adaptación y mitigación del cambio climático, dejando a un lado nociones de resiliencia, resulta sesgada. En este sentido, una política de cambio climático que tome en consideración tanto las estrategias de mitigación y adaptación regionales como la resiliencia local resultará en una acción más efectiva.

Conclusiones

El discurso de sustentabilidad y adaptación ha sido utilizado en el diseño de política pública de manera discrecional. Los impactos al cambio climático son vinculados a procesos de reducción del riesgo, y en ocasiones no se toman en cuenta los lazos de dependencia y comunicación entre los elementos.

El presente material didáctico utiliza el concepto de resiliencia y resiliencia metropolitana para subrayar que las metrópolis pueden ser analizadas como SSE, y que es posible identificar las conexiones antes mencionadas dentro de un sistema metropolitano. En este sentido, incluye un breve recuento teórico del concepto de resiliencia, sus componentes y principios, así como su posición analítica frente a otros discursos como la reducción de riesgos y la adaptación urbana.

A pesar de que la resiliencia es un concepto con enorme potencial para ser captado mediáticamente por instituciones político-legales y sociales, el presente material argumenta que es plausible emplear la noción para identificar los principales aspectos y principios que permitirían a las zonas metropolitanas resistir y recuperarse del cambio climático en general; y utiliza el ejemplo de las ANP cercanas a la ZMVM para ilustrar dos elementos de resiliencia metropolitana. Aunque es necesaria mayor investigación sobre la importancia de las áreas protegidas para la resiliencia de las metrópolis, el presente trabajo busca abrir una ventana de discusión que retome el análisis de las ANP desde una perspectiva de resiliencia metropolitana, más allá de los enfoques hegemónicos que se basan en la diversidad biológica y ecosistémica.

El enfoque propuesto permitirá, en primer lugar, revalorizar los recursos naturales y sociales de las ANP metropolitanas con base en su potencial para coadyuvar a que el sistema se recupere de impactos externos; y en segundo lugar, rebasar los discursos de sustentabilidad que han resultado convenientes para esconder la naturaleza política detrás de los esfuerzos oficiales para adaptarse al cambio climático global.

42. Xochimilco, Distrito Federal, México.
2. Población, territorio y cultura.

EJERCICIOS

A. Responda las siguientes preguntas:

1) ¿Cuál es el rol de la resiliencia para el estudio de los riesgos en geografía?

2) ¿Qué diferencia hay entre resiliencia y adaptación?

3) ¿Cuáles son los componentes en riesgo al interior de un SSE?

4) ¿Cómo se aborda la resiliencia desde la política pública?

5) ¿Cuál es el rol de las áreas naturales protegidas para la reducción de los riesgos?

6) ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a exposición de riesgos de acuerdo con la situación geográfica de la población?

7 ¿Existen los riesgos naturales?

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1. Existen dos discusiones: la primera, relacionada con el cambio climático, afirma que el verdadero problema de éste no es un calentamiento generalizado, sino un incremento en la intensidad y magnitud de los procesos climáticos que de manera normal se desarrollan en el mundo. La segunda postura implica que existe un calentamiento global generalizado, y que la principal fuente de los problemas ambientales es el aumento en la temperatura general del planeta.

2. La metropolización se refiere al crecimiento urbano que incorpora un sistema de ciudades adyacentes para conformar una metrópoli.

3. En el estudio de riesgos y vulnerabilidad, una sinergia se entiende como la relación entre una o varias entidades sociales para llevar a cabo una función, o entre los diferentes elementos de un sistema para que funcione adecuadamente.

4. Las áreas periurbanas protegidas se encuentran alrededor de las zonas urbanas y metrópolis. La distinción con respecto a otras áreas protegidas radica en la localización. Mientras las ANP tienen relación directa con la provisión de servicios ambientales, aunque se encuentren fuera de las zonas urbanas o a una distancia considerable, las áreas periurbanas mantienen contacto directo con aquéllas.

5. La adaptación es el conjunto de medidas por las cuales las personas en sociedad pueden vivir mejor; es la característica física y de comportamiento social que le permite a un organismo o sociedad sobrevivir de manera óptima en su ambiente.

6. Los procesos antropogénicos son aquellos que tienen origen en alguna actividad humana.

7. La policentralidad se refiere a la posibilidad de encontrar en un sistema urbano uno o varios subcentros que concentran actividades económicas, sociales, políticas o culturales. Se constituyen como nodos de atracción y expulsión de flujos poblacionales.

8. En zonas rurales de México, la producción agrícola actualmente es menos viable económicamente. Este problema ha contribuido a reemplazar cultivos que producen alimentos por otros con potencial para los biocombustibles. ¿Hasta qué punto es posible hacer esta sustitución?

9. La clasificación de ANP federales incluye (en orden de importancia de acuerdo con su extensión nacional): reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, y santuarios.

10. En el Nevado de Toluca, los servicios ambientales no se reducen a la provisión de agua potable, la captura de carbono y la protección forestal, sino que hay otros paisajísticos. ¿Qué tan importantes son éstos?

11. La superficie de conservación se refiere a los territorios que contienen ecosistemas protegidos por algún mecanismo formal de conservación. Pueden ser desde parques nacionales hasta reservas de la biosfera.

12. Los biocombustibles son principalmente diversos tipos de combustóleos utilizados para la generación de energía en diversos procesos industriales. Su producción para la industria automotriz continúa siendo la menor proporción, sin embargo, países como Brasil cuentan con gasolinas con 35% de biocombustibles.

Capítulo 5. aspectos socioeconómicos, patrimonio cultural y salud en manifestaciones de impacto ambiental

Citlalli AidEE Becerril-Tinoco

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

I. Introducción

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el procedimiento a través del cual se investigan y analizan con anticipación los impactos al ambiente que pueden ser causados por la puesta en práctica de una actividad o la construcción de alguna obra, con el fin de tomar medidas para disminuir o eliminar posibles impactos negativos. Esto significa poner énfasis en la prevención de problemas y en la protección al ambiente, más que en la remediación (Glasson et al., 2005). No obstante, la EIA también propone medidas para atender aquellos impactos que se generen después.

Una vez realizada esta evaluación, es necesario recopilar los resultados en un documento llamado “Manifestación de impacto ambiental” (MIA), el cual podría contribuir al abandono de la obra que haya sido sometida a evaluación o a tener modificaciones sustanciales de las actividades a desarrollar.

La MIA es una descripción del ambiente previo al inicio de una actividad, ya sea industrial, de construcción, de remodelación, etcétera, así como de los estudios previos en el área, que sirven para conocer con antelación la información básica (Glasson et al., 2005).

Su importancia radica en el impacto que pueden alcanzar para influir en la toma de decisiones. Asimismo, la forma en que se presenta el contenido de los estudios, la organización y claridad de lo que se desea comunicar, así como la presentación escrita del documento, otorgan importancia y validez ante las diversas instituciones, a la información obtenida durante las EIA y documentada en una MIA.

Estos aspectos son fundamentales para que la toma de decisiones esté basada en hechos objetivos, cuidadosamente analizados y apegados a la realidad, con el fin de que los posibles efectos negativos identificados por el desarrollo de una obra puedan ser tratados antes de que se gesten, y sean minimizados una vez realizada la obra, durante y después de ésta.

Parte de la importancia de las MIA se debe a la comunicación de la información a una variedad de audiencias, desde el tomador de decisiones o el evaluador ambiental, hasta las personas involucradas, aunque no cubre las expectativas de todos los lectores. De manera particular, la importancia de las MIA también se encuentra en la especificidad de la información presentada, en el hecho de cuantificar la predicción de impactos (en caso de que sea posible) e indicar su probabilidad de ocurrencia, y en presentarse con la menor cantidad de sesgos posibles.

De manera general, cada una de las secciones que conforman una MIA debe contener una discusión de las condiciones existentes, impactos esperados, así como un análisis sobre la mitigación de éstos y posibles sinergias. Para desarrollar una MIA se ha propuesto una lista de elementos como guía. Cabe aclarar que no todos serán relevantes para su aplicación. Cada proyecto tiene sus propias particularidades; habrá aspectos que tendrán que abordarse con mayor detalle en unos, y elementos que no necesariamente deben ser incluidos en otros.

Conviene saber que los efectos de una obra, lo que se conoce también como desarrollo, no serán los mismos durante las diferentes fases de su construcción. Los impactos territoriales (ambientales, sociales, económicos, culturales, etcétera) derivados de la etapa de construcción deben considerarse por separado de los efectos que surgen al momento de la operación e implementación de un proyecto, al igual que los posibles efectos futuros cuando se decomise un área o se utilice nuevamente.

43. Provincia de Belice, Belice.
4. Hogar, entre supervivencia y derechos universales.

Este trabajo tiene como objetivo presentar y caracterizar la información que debe contener una manifestación de impacto ambiental. Los alumnos conocerán cómo se realiza esta evaluación, lo cual será un instrumento de gran valía en su formación profesional. Se trata, principalmente, de ahondar en tres elementos que deben tenerse en cuenta tanto en una EIA como en la MIA, y que han sido clasificados por Glasson y Heaney (1993: 335) como relaciones pobres en EIA, debido a su falta de inclusión o escueta consideración y análisis. Estos elementos socioeconómicos, de salud y relativos al patrimonio cultural fueron estimados en un estudio sobre la calidad de MIA en el Reino Unido (Becerril-Tinoco, 2007).

44. Provincia de Belice, Belice.
4. Hogar, entre supervivencia y derechos universales.

El interés por los temas ambientales retoma fuerza en 1987, con en el reporte de la comisión sobre medio ambiente y desarrollo (Informe Brundtland), y con la Cumbre de Río en 1992. Entonces se cuestionaron las mejorías que tendría el ambiente si en la etapa de planeación se busca eliminar o mitigar los efectos dañinos potenciales de una obra, presente o futura, sobre el ambiente. De tal manera, la EIA asume relevancia para evaluar los impactos al ambiente que resultan de una actividad planeada o un proyecto de desarrollo. En el siguiente cuadro se presentan los antecedentes de la EIA en el mundo.

Cuadro 1. Evolución de la EIA en el mundo

Año

País/Región

Información/Documento

1969

Estados Unidos

Formalmente establecida por primera vez.

1985

Europa

Tiene un boom significativo debido a la introducción de la Directiva (reglamento) sobre EIA en la Unión Europea.

1988

Reino Unido

La directiva sobre EIA fue implementada en el Reino Unido.

Años posteriores

Europa, Reino Unido y el resto del mundo

Rápido crecimiento y expansión de la EIA como actividad y generación de la MIA respectiva. En promedio, el Reino Unido produce 300 MIA por año.

Fuente: Glasson et al. (2005).

II. Guía de elementos a considerar en una MIA

Los elementos que deben adjuntarse en una MIA están clasificados en cinco secciones: 1) información que describe el proyecto; 2) información para describir el sitio y su ambiente, específicamente los aspectos físicos del territorio y las políticas relacionadas; 3) evaluación de efectos: en los seres humanos, edificios y objetos hechos por el hombre; en la geología, flora y fauna; en la tierra, agua, aire y clima, así como efectos indirectos y secundarios asociados con el proyecto; 4) medidas de mitigación, y 5) riesgo de accidentes y peligros en el desarrollo. Para ser más específicos, cada elemento debe tomar en cuenta las características que se detallan en los puntos 1 al 5 (Glasson et al., 2005).

1. Información que describe el proyecto

Todo estudio ambiental, en primera instancia, necesita revelar el propósito y las características físicas del proyecto que pretende desarrollarse en un territorio, consintiendo en todos los detalles de acceso al lugar, transporte y acuerdos logísticos de éste, así como cifras de costos previstos, número de empleados que trabajarán en la obra, fuentes de financiamiento, tiempos, etcétera.

45. Provincia de Belice, Belice.
3. Naturaleza y cultura.

Es necesario dar a conocer datos sobre el uso del suelo y los requisitos para su cambio, en caso necesario. Asimismo, es importante incluir en la construcción otros elementos físicos del proyecto del momento en que se esté operando y, si así lo requiere, después del uso o de que éste ha terminado.

Durante el proceso de producción y operación es necesario documentar el tipo y las cantidades de materia prima, energía y otros recursos consumidos. Igualmente, hay que clasificar y caracterizar los residuos y emisiones producidos por tipo, cantidad, composición y dureza. Éstos deben contemplar las descargas al agua, emisiones al aire, ruido, vibraciones, luz/iluminación, calor, radiación, depósitos/residuos al terreno y suelo, así como otros residuos, dependiendo del tipo de proyecto.

Finalmente, como parte de la información básica, es indispensable detallar los sitios y procesos alternativos que se consideraron, en caso de que aplique, y las razones que sustentan la elección final.

2. Información que describe el sitio y su ambiente

Una vez que se han subrayado las características del proyecto, se requiere información física que describa el lugar y su ambiente. Por un lado, se deben considerar datos poblacionales (estadísticas, tipo de población, cercanía con otras zonas urbanas o rurales, etcétera), flora y fauna (tanto los hábitats como las especies), y por otro, prestar especial atención a aquellas especies protegidas y sus hábitats. Debe añadirse información geológica, geomorfológica y tipos de suelos, en especial de aquellas tierras con alta calidad agrícola.

En cuanto a los recursos del agua se necesita conocer la existencia de acuíferos, cursos de agua, líneas costeras, así como el tipo, cantidad, composición y descargas residuales y domésticas vertidas. Del aire se requiere trabajar en los factores atmosféricos y climáticos, y la calidad del aire, entre otros.

Es de suma importancia incluir el patrimonio arquitectónico e histórico, los sitios arqueológicos y construcciones antiguas, así como infraestructura relacionada cultural y materialmente valiosa.

Otros elementos indispensables de una MIA son la descripción del paisaje y la topografía, los usos recreacionales de la zona y los elementos ambientales que no hayan sido considerados anteriormente.

Dentro de este apartado se necesita agregar el marco legislativo: normas, regulaciones, leyes, códigos, políticas públicas, etcétera, que regulen ambientalmente el área, sus recursos y usos de suelo. Si aplica, es preciso incluir las designaciones internacionales de protección de especies y hábitats.

46. Provincia de Belice, Belice.
1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

3. Evaluación de efectos

Esta sección debe incorporar los posibles impactos del proyecto, tanto directos como indirectos, secundarios, acumulativos, de corto, mediano y largo plazo, permanentes y temporales, así como los efectos positivos y negativos en cada uno de los elementos que componen el ambiente (Glasson et al., 2005). A continuación se detallará lo que debe evaluarse por cada efecto latente:

a) Efectos en los seres humanos, edificios y cualquier obra hecha por la mano del hombre: en este rubro deben agregarse las modificaciones en el crecimiento poblacional y sus efectos ambientales consecuentes. Como resultado de la construcción habrá que considerar los cambios visuales en el área. Es conveniente evaluar los niveles y efectos de las emisiones provenientes del desarrollo (construcción de un proyecto) durante su operación normal, y los de ruido provenientes de la obra. También se requiere valorar los efectos del proyecto (obra, construcción, desarrollo) en las carreteras locales y el transporte, y en otros edificios (por ejemplo, a través de contaminantes, intrusión visual, vibraciones), en las construcciones consideradas patrimonio histórico y arquitectónico, en elementos arqueológicos y en otros artefactos humanos.

b) Efectos en flora, fauna y geología: relativo a las pérdidas y daños a hábitats y plantas, así como a especies animales. También a pérdidas y daños a elementos geológicos, paleontológicos y fisiográficos, así como hacia otras consecuencias ecológicas.

c) Efectos en la tierra: aquí figuran los cambios físicos en la topografía local, movimientos de la tierra en la estabilidad del terreno y erosión del suelo. Además, prever y evaluar los efectos de las emisiones químicas y depósitos sobre el suelo del lugar y las áreas circundantes, y añadir los efectos del uso del suelo y recursos naturales. Es importante atender la calidad y cantidad de las tierras agrícolas requeridas, la esterilización de recursos minerales, y si existiesen, otras alternativas de uso del sitio considerado, incluyendo la opción de no usarse. Aunado a ello se requiere evaluar y prever los efectos potenciales sobre los usos de suelo de los alrededores, además de la agricultura. Se espera la evaluación de los efectos de la disposición de residuos.

d) Efectos en el agua: en este rubro se requiere medir los efectos del proyecto en los patrones de drenaje en el área y los cambios que ocurrirían en otras características hidrográficas como niveles del agua subterránea, de su curso o del flujo del agua subterránea. Es valioso considerar los efectos en la hidrología costera o hidrología en estuarios y, por último, los provocados por los contaminantes y desechos en la calidad del agua.

e) Efectos en aire y clima: esta sección debe precisar los niveles de concentración de las emisiones químicas en el aire y sus efectos al ambiente, si se producen; hablar de los olores ofensivos y cualquier otro efecto que cause alteraciones temporales o a largo plazo.

f) En cuanto a la consideración de otros efectos indirectos y secundarios asociados con el proyecto, se deben implementar los del tráfico (en carreteras, vías de tren, aire, agua), los que surgen por la extracción y consumo de materiales, agua, energía u otros recursos. Igualmente, los efectos de alguna otra obra asociada al mismo proyecto (nuevas carreteras, tomas de drenaje, construcción de casas, cableado, tuberías, líneas de telecomunicación, etcétera), los del mismo proyecto con otros planes existentes o proyectos propuestos y aceptados en la misma zona, así como aquellos resultantes de la interacción de alguno o varios efectos directos separados anteriormente enlistados.

4. Medidas de mitigación

Si en el área del proyecto se han identificado efectos adversos significativos, es indispensable una descripción de las medidas para eliminarlos, reducirlos o remediarlos; por ejemplo: hacer una planeación detallada del sitio, tomar medidas técnicas como un proceso de selección exhaustivo, reciclaje, control de la contaminación y su tratamiento; adecuar contenedores (para almacenar). Otro requerimiento es tomar medidas ecológicas y del entorno humano: plantar árboles y arbustos, buscar preservar hábitats particulares o crear otros alternativos para las especies que pueden verse afectadas, mantener un registro de los sitios arqueológicos, y resguardar sitios y edificios históricos.

Es de vital importancia una estimación de la efectividad de las medidas de mitigación propuestas. Esto servirá para saber si ayudarán a eliminar, disminuir o remediar los peligros y efectos negativos, o si necesitan replantearse y proponer cambios al proyecto.

5. Riesgo de accidentes y peligros en el desarrollo de una obra

La evaluación de riesgo de accidentes y peligros derivados de las construcciones precisa tres aspectos:

a) Cuando la obra utiliza materiales que pueden ser dañinos al ambiente (incluyendo las personas) y existe la posibilidad de un accidente, la manifestación ambiental debe contener la indicación de medidas preventivas, de tal manera que, si dicho accidente ocurriese, los daños no tendrían un efecto significativo.

b) Los acuerdos obligatorios, normas, leyes y reglamentos relacionados con el cuidado o uso de sustancias peligrosas. Aquí es importante mantener contacto con las autoridades locales y de protección civil, y buscar la opinión y el consejo de los expertos sobre evaluación de riesgos en proyectos que requieren instalaciones peligrosas.

c) Además de los puntos anteriormente tratados, es ideal considerar juntos tanto el riesgo de accidentes como los efectos ambientales. Las autoridades y desarrolladores de la obra también deben tenerlos en cuenta (Glasson et al., 2005).

47. Buenos Aires, Argentina.
4. Hogar, entre supervivencia y derechos universales.

En la sección “Guía de elementos a considerar en una MIA” se detallan los aspectos que deben incluirse tanto en ésta como en la EIA para un mejor conocimiento del proyecto, sus alcances y los efectos que podrían causarse durante la construcción, operación o término del proyecto. También se ahonda en los riesgos latentes y se sugiere tomar medidas para mitigarlos.

III. Consideración de los impactos socioeconómicos, de salud y patrimonio cultural en manifestaciones europeas de impacto ambiental

La siguiente información se obtuvo del análisis de 22 MIA en Inglaterra (ver cuadro 2) y formó parte de la tesis de maestría en Ciencias en Evaluación de Impacto Ambiental (Becerril-Tinoco, 2007). Para ésta se utilizó un paquete de revisión sugerido (Glasson et al., 1997; Ortolano, 1993; United Kingdom Parliament, 1999; Lee et al., 1999). En los estudios se evaluó la calidad de la información socioeconómica, de salud y de patrimonio cultural para conocer sus puntos fuertes y débiles. La tesis analizó la importancia de abordar adecuadamente cada uno, la forma como fueron desarrollados en la EIA y, posteriormente, en la MIA.

El tratamiento de los impactos socioeconómicos, de salud y de patrimonio cultural es frecuentemente parcial y se considera de baja calidad debido a que la aproximación se da por medio de métodos cualitativos para evaluar qué tan significativos son los impactos generados por un proyecto (Chadwick, 2002). Los resultados son publicados en las MIA, aunque su calidad es cuestionada.

El problema teórico señala que las debilidades del proceso de la EIA se deben a posibles deficiencias en los requisitos legislativos, en la experiencia de los desarrolladores o las constructoras al realizarlo, o porque no hay acuerdos en los estándares que cubren las evaluaciones de los impactos; esto ha conducido a una amplia diversidad en la calidad de las MIA (Bell, 1997: 296).

En la práctica, la cuestión concierne a la calidad de la información provista y a la ubicación de las MIA. Algunas poseen serias deficiencias en la indagación de impactos, lo cual ha arrastrado fallas en el resto del proceso. Por tanto, para evaluar la calidad de las manifestaciones de impacto, ha habido discusiones relacionadas con la EIA se han propuesto algunas medidas para elaborar un buen reporte.

En el proceso existieron críticas (Glasson, et al., 1997) al significado de calidad, la cual debe referirse tanto a la EIA como a la MIA, y puede evaluarse de acuerdo con la perspectiva de la persona participante en el proceso. A partir de 1997, año en que hubo un aumento en la cantidad de MIA, fue necesario reevaluar ciertos aspectos al interior de los documentos, porque en los proyectos aceptados dentro de los primeros 18 meses en que oficialmente operó la evaluación ambiental en el sistema del Reino Unido, la calidad fue inadecuada. Es por eso que el Departamento del Ambiente de dicho país recomendó elaborar “Guías de buena práctica”, publicadas en 1994 y 1995 (DoE, 2000).

Para lograr un adecuado control de la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental en Europa, el Reino Unido fijó algunas medidas técnicas para recopilar información coherente y completa, con el fin de ofrecer datos sin sesgos ni juicios de valor subjetivos (Bell, 1997). Con todas las sugerencias legales aprobadas y el aporte de los diferentes académicos, se retoma una de las metodologías más comunes, propuesta por Glasson et al., (2005), la cual sugiere un resumen de los siguientes tipos de impactos: físicos y socioeconómicos, directos e indirectos, de corto y mediano plazo, locales y estratégicos, adversos y benéficos, reversibles e irreversibles, cuantitativos y cualitativos, de distribución por grupo y/o área, actuales y percibidos, y relacionados con otros proyectos de desarrollo. Sin embargo, se advierte que la calidad de información provista en las manifestaciones de impacto ambiental podría variar entre diferentes tipos de proyectos, incluso si operan bajo el mismo marco legislativo (Ibid.). En el caso de MIA mexicanas, llega a haber carencia de información y debilidad en la calidad del proceso de EIA y de la información presentada.

Para optimizar la situación de los aspectos socioeconómicos (SE), de salud (S) y patrimonio cultural (PC) en las EIA, se ha indicado que el ambiente se defina holístícamente, incorporando sus dimensiones humanas, socioeconómicas y culturales (Chadwick, 2002).

Cuadro 2. Características de las manifestaciones ambiental muestreadas

Elaboración propia con base en trabajo de campo. Citlalli Aidee Becerril-Tinoco.

1. Impactos socioeconómicos

Autores como Bond (1995) y Glasson (2001) determinan que los impactos socioeconómicos en los seres humanos y su alrededor son causados por cambios en el ambiente o por los efectos de la nueva obra. Kirkpatrick y Lee (1997) cuestionan si los impactos de nuevos proyectos deben integrarse al proceso de EIA, especialmente por no estar asociados con los cambios ambientales. Por el contrario, Bond (1995) y Glasson (2001) coinciden en que éstos deben conformar el proceso de EIA. Por su parte, Barrow (1997) propone una evaluación de impacto social (EIS) tanto para la parte social como para la económica. Sin embargo, argumenta que es necesaria la integración de las ciencias naturales y sociales en la evaluación de impactos (Barrow, 2000).

El término impacto social conlleva la valoración de impactos causados por un proyecto en las personas. No obstante, al autor le parece imprecisa la definición, quizás por las diversas formas en que éstas entienden el significado. Una evaluación de impacto social busca estimar por adelantado las consecuencias que podría acarrear una política pública específica o las acciones de gobierno (ICGPSIA, 1995). Por ello, la etapa en que el tema socioeconómico es desarrollado puede causar algunas diferencias en la predicción de impactos.

En razón de que la información requerida y obtenida de cada proyecto no siempre es presentada con la misma estructura, los posibles resultados podrían mostrar un sesgo. Glasson (2001) menciona que los impactos socioeconómicos son importantes; sin embargo, frecuentemente los percibimos como intangibles, y parece difícil encontrar los métodos apropiados para evaluarlos. Por esta razón hay problemas en la definición de términos y en la precisión de temas en las evaluaciones.

Usualmente, los impactos socioeconómicos son consecuencia directa o indirecta del proyecto; no obstante, ICGPSIA (1995) coincide en que en la evaluación lo significante de los impactos es un tema común desplazado. Algunos ejemplos de aspectos que deben agregarse en la EIS están clasificados como no obligatorios, como: a) número de personas empleadas y su origen; b) proximidad, lugar, números y cambios en la población; c) efectos de otros proyectos asociados; y d) efectos relacionados con este proyecto y otros existentes.

De manera general, los impactos socioeconómicos no tienen algún requisito legislativo que cubrir debido al número de incertidumbres a que atañen, quizás esto explica su poca cobertura. Ocurre que algunas veces la información incluida tiene alta calidad, a pesar de la falta de información y su posible contenido en las MIA (Lichfield, 1992).

2. Impactos en el patrimonio cultural

Para definir patrimonio cultural, es necesario analizar cada término por separado. Cultura se refiere a la actividad humana: incluye las normas, valores y creencias de la sociedad (Barrow, 1997). La unesco define cultura como las cuestiones distintivas, espirituales y materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a un grupo social (CCE, 1998). El patrimonio, por otro lado, representa el ambiente histórico, tanto el hecho por la mano del hombre como el paisaje natural, arqueología, parques y espacios abiertos, colecciones de museos, artefactos y trabajos de arte, así como tradiciones, costumbres y lenguaje (SLR consulting, 2003). Patrimonio cultural es, por tanto, aquel aspecto que refleja la historia de las actividades humanas, las ideas y actitudes; la historia social y cultural, las tradiciones, la arquitectura y el ambiente construido. Sin embargo, este concepto puede ser subjetivo por las propias variaciones en espacio y tiempo.

A pesar de que en la legislación británica la EIA estipula que el tema de patrimonio cultural necesita estar integrado, el análisis de diferentes fuentes de información arroja que no se ha incorporado con amplitud (Morris y Therivel, 2001). Generalmente figura en la sección de arqueología o en los estudios de aspectos culturales y materiales, en donde la atención se concentra en edificios históricos.

En la legislación europea y británica, los temas de patrimonio cultural deben aparecer en la evaluación de impacto ambiental, pues especifica como necesaria su incorporación al proceso de toma de decisiones. Teller y Bond (2002) destacan que las contradicciones entre los requisitos legales y las herramientas metodológicas pueden crear brechas e inconsistencias en los resultados de la elaboración de la MIA en términos del patrimonio cultural. Uno de los principales problemas con su inclusión revela que usualmente se ha identificado en escalas locales sin involucrar a diversos grupos sociales.

Para una consideración detallada del patrimonio cultural dentro de la EIA, es necesario un buen ejercicio de búsqueda de impactos. La legislación sugiere un diálogo entre la empresa constructora y la autoridad competente, lo cual permitiría una buena aproximación a las mejores decisiones, y la consulta con partes interesadas, organizaciones y sociedad civil, que coadyuvaría a reconocer los temores de la población sobre posibles pérdidas o impactos culturales. Con la indagación, se identificarían estos impactos objetivamente. Por ello, la participación pública representa una herramienta adecuada para lograr el objetivo. Las autoridades locales, instituciones de gobierno, grupos interesados y comunidades locales contribuirían a conocer los mayores impactos.

En conclusión, los efectos en el patrimonio cultural cada vez son más reconocidos dentro del proceso de EIA, que también necesita ser considerada en las políticas ambientales presentes y futuras (Teller y Bond, 2002).

Los principales criterios para evaluar qué tan significativos son los impactos al patrimonio cultural se agrupan en elementos arqueológicos (edificaciones enterradas y en espacios abiertos), construcciones y sitios históricos (edificios, cementerios, parques, jardines, puentes, canales), áreas históricas (pueblos y villas enteras o por partes), construcciones de patrimonio urbano en general, paisajes históricos, y otras estructuras como monumentos antiguos.

La importancia de los recursos de patrimonio cultural se basa en el valor que éste representa para el turismo, la educación y las actividades recreativas (Braithwaite et al., 2001). Teller y Bond (2002) mencionan que, para una predicción confiable, los aspectos culturales deben sumarse a sus dimensiones económicas, sociales y ambientales, y su evaluación debe involucrar principalmente juicios profesionales. Por tanto, para decidir si los impactos son positivos, negativos, aceptables o no, la predicción contempla los efectos directos e indirectos, incluyendo los acumulativos. Usualmente, los indirectos son más difíciles de definir, como el ruido y las perturbaciones, lo cual podría llevar a la pérdida de armonía, contaminación del aire, impactos visuales y cambios en el paisaje original de las construcciones.

48. Buenos Aires, Argentina.
4. Hogar, entre supervivencia y derechos universales.

Braithwaite et al. (2001) mencionan que la evaluación obedece a varias características; por ejemplo, un impacto es significativo cuando las diferencias entre el ambiente cultural son percibidas por el receptor. Además, lo significativo debe considerar si el sitio es de interés regional o nacional, sin importar si es distrital o local, o si daña su inclusión en otra categoría. Este tipo de categorías podría ampliarse de acuerdo con otros elementos sugeridos por los arqueólogos para interpretar y evaluar las edificaciones enlistadas, o para constatar si la construcción es un edificio histórico, de patrimonio nacional, está en un área de conservación, etcétera.

Esta clasificación sería viable, dependiendo del tipo de edificios. Por tanto, la predicción podría ser mal entendida y generar sesgos en la información, debido a tres procesos posibles: la diversidad en los criterios generados, el número de factores ligados y la interpretación que los arqueólogos den al criterio tomado (Braithwaite et al., 2001).

49. Buenos Aires, Argentina.
4. Hogar, entre supervivencia y derechos universales.

3. Impactos en la salud

Son definidos como un cambio en el estatus de la salud en una población dentro de un área geográfica definida y en un periodo de tiempo específico (Health Canada, 1999). Este tipo de impactos comprende lo social, económico, cultural y el estado de bienestar psicológico, así como la habilidad para adaptarse al estrés cotidiano.

De acuerdo con el modelo biométrico tradicional de la salud, se involucran tres tipos de problemas: las enfermedades comunicables y no comunicables, los peligros y las heridas. El estado de la salud denota las condiciones de los individuos, grupos particulares de población, e indicadores como esperanza de vida, mortalidad infantil, inmunidad en los niños y rangos de medidas de morbilidad y mortalidad.

Éstos se han integrado a la evaluación de impacto ambiental como esfuerzo para expandir el alcance que algunos proyectos tendrían en la salud de los seres humanos. Para determinarlos, es necesario observar no sólo los servicios disponibles, sino las cinco categorías del estado de salud propuesto por Douglas (2003), lo cual cubre factores biológicos, circunstancias personales y familiares, y aquellos relacionados con el estilo de vida, ambientes físicos, sociales y culturales, servicios y políticas públicas. Cada factor puede afectar el bienestar del funcionamiento social de las personas.

Este tema podría ser desarrollado a través de una evaluación de impacto a la salud, una combinación de procedimientos y métodos por medio de los cuales una política, plan, programa o proyecto puedan ser juzgados como el efecto ideal en la salud de la población (Glasson et al., 2005). Estas evaluaciones adquieren más importancia en las EIA, en un área específica con potencial para enfrentar cambios como crecer o desarrollarse.

El criterio para evaluar lo significativo de los impactos a la salud toma en cuenta ruido, contaminación y humo del transporte, polvo, vibración, emisiones a la tierra, aire y agua, riesgos, estrés, accidentes y heridas, caminata y ciclismo, restricciones a niños (por ejemplo, si las carreteras usadas por los nuevos habitantes son las rutas comunes a la escuela, esto puede ser un detrimento para la movilidad de los niños y llevar a la restricción de su independencia), empleo, crimen y capital social, entre otros (Lester y Temple, 2006).

En este sentido, la inserción de los efectos a la salud en la práctica de la evaluación de impacto ambiental debe ser interdisciplinaria y necesita receptores para ligar los posibles efectos significativos.

Conclusiones

El 77.3% de las MIA para este estudio (Cuadro 2) muestran calidad satisfactoria. Esto significa que la predicción de impactos ha ido mejorando respecto a años anteriores. Sin embargo, aún se demandan prácticas con mayor profundidad en la búsqueda de impactos, para estar seguros de que todos han sido cubiertos. El 18% de las MIA evaluadas presenta una calidad media, y 9%, baja.

La metodología para el análisis de estos elementos parte de enfoques cualitativos y se apoya en juicios de valor de expertos en EIA. No obstante, existen mejorías en la búsqueda y evaluación de los impactos presentados en las MIA, aunque todavía se encuentran sesgos en la transparencia y objetividad de la información. Por ello, evaluando la calidad de las MIA, se mantiene la impresión de que tanto éstas como las EIA fueron hechas respondiendo a un procedimiento práctico para obtener la aprobación de un proyecto, o simplemente como requisito una vez que éste fue asignado (Cashmore, 2004).

Para afinar la calidad de la información en la predicción de impactos socioeconómicos, de patrimonio cultural y de salud, es capital la etapa de indagación, la cual debe ser más detallada para estar seguros de los impactos significativos primarios y secundarios. Es esencial continuar motivando el uso de guías de buena práctica durante la preparación de las MIA para enfocar la atención en las áreas débiles previamente identificadas.

Conviene consultar expertos en áreas donde los constructores no tienen suficiente experiencia; esto fortalecerá la calidad de la información. Para mejorar la calidad de las MIA, se propone que los constructores adquieran conocimientos básicos de cómo prepararlas. Este aspecto puede darle la pericia para futuros trabajos. A esto se le llama aprender de la experiencia. Es básico que las MIA sean presentadas por expertos en evaluación; adicionalmente, se debe dar capacitación a los participantes y explicar la calidad requerida en el documento. Glasson et al. (1997) sugieren que el consultor competente obtenga certificación y acreditación, ya que su trabajo será desarrollar esta actividad. En general, más experiencia y mayor capacidad de guía para llevar a cabo una MIA son esenciales en las consultorías para la calidad de las EIA y sus respectivos documentos.

Además, es imperiosa la revisión del documento final, dando la debida atención a la calidad de la información, claridad, organización, presentación y comunicación efectiva de los efectos significativos derivados de los aspectos socioeconómicos, de patrimonio cultural o de los impactos a la salud.

La experiencia y las nuevas ideas de los participantes deben evolucionar tanto en teoría como en práctica, ligando la academia, los actores científicos y el sector privado dentro del mismo esfuerzo para cambiar los valores ambientales, las políticas y las capacidades administrativas (Glasson et al., 2005).

50. Belice, Belice.
1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

EJERCICIOS

A. A partir de las variables expuestas en este documento, elabore la EIA que causaría la construcción de una obra carretera que cruza una reserva ecológica, o de un aeropuerto en alguna ciudad mexicana.

B. Elabore la EIA de alguna zona colindante con la UAM-C, tomando en consideración aspectos socioculturales y de salud.

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Capítulo 6. Regímenes ambientales: compromisos internacionales de México en materia de residuos peligrosos

Miriam Alfie Cohen

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

I. Introducción

El objetivo de este capítulo es mostrar la importancia de la escala global en la dinámica ambiental. Se establece la categoría de regímenes ambientales en la validez de la cooperación internacional, y se analiza la postura de México frente a diversos convenios sobre residuos peligrosos.

La comunidad internacional ha negociado infinidad de tratados y acuerdos multilaterales en los últimos años. Una de las preguntas clave es evaluar la efectividad que estos compromisos adquieren en el ámbito nacional e internacional. Hablar de esto implica tomar en cuenta la naturaleza del problema y el reconocimiento que los acuerdos reciben por los diversos gobiernos nacionales.

Es necesario hacer hincapié en que la efectividad depende del continuo consentimiento y apoyo de los Estado-nación, así como de la habilidad para combinar conceptos y técnicas que flexibilicen los términos y condiciones, y se adapten a circunstancias no previstas. En gran parte, la efectividad de un tratado internacional es medida en términos de su aplicación y ejecución local, de aquí que su diseño e impacto sean fundamentales.

Es claro que, en los últimos treinta años, ha habido infinidad de acuerdos ambientales, aunque el nivel de degradación presenta cifras alarmantes. Dos grandes debates cruzan la efectividad de estos tratados. El primero señala la importancia del derecho internacional.1 El segundo, con amplio consenso, asegura que ciertos problemas sólo pueden resolverse mediante enfoques y acercamientos multilaterales.

51. Xochimilco, México.
2. Población, territorio y cultura.

Muchos estudios han tratado de encontrar respuesta. Desde el reflejo del primer planteamiento, cumplir los tratados es punto nodal. Si los Estados-nación acatan el derecho internacional, entonces éste cambia su comportamiento y, por ello, las reglas internacionales son importantes y efectivas (planteamiento tautológico). En el segundo debate, los ambientalistas observan el creciente número de actores involucrados en la problemática ambiental, como las ONG, las OSC y/o las corporaciones internacionales, actores que se encuentran en múltiples jurisdicciones; ante todo, subrayan cómo los problemas ambientales trascienden fronteras físicas. Por ello, estas dos temáticas sólo pueden ser resueltas mediante la cooperación global.2 Desde esta perspectiva, la efectividad del derecho internacional es el único medio para resolver los graves problemas ambientales.

Una de las maneras más comunes para acercarse a la efectividad de los tratados es desde la condición del cumplimiento, la cual se enfoca en las reglas actuales y las obligaciones impuestas. Visión positivista del derecho que comprende las normas y las regulaciones como artefactos con autoridad práctica sobre un número importante de sujetos, para ordenar y generalizar cuestiones inmediatas (comando-control). Desde un punto de vista empírico, es más fácil recolectar datos que manejar variables intangibles como la justicia.

Para probar la efectividad, los positivistas basan su trabajo
en la implementación y el cumplimiento de los tratados. La primera refiere cómo las reglas internacionales se transforman en leyes nacionales que requieren medidas políticas para asegurar su cumplimiento como iniciativas de financiamiento, nuevas formas legislativas, audaces directrices, aventajados procedimientos y sanciones claras.

Un acercamiento distinto es el modelo-legal complejo, el cual observa no sólo las obligaciones sustantivas y procedimentales que pueden hallarse en el documento, sino que reparan en el tratado como un todo, desde su preámbulo hasta las obligaciones específicas, buscando su sentido, el cual debe guiar acciones locales. Postura que enfatiza el proceso desde la gestión, la implementación, el cumplimiento y los resultados.

Hablar de cumplimiento para el modelo legal complejo implica un análisis profundo de actores involucrados, profundidad del acuerdo, obligaciones impuestas y precisión del mandato. Es preciso tener en cuenta los mecanismos para la puesta en marcha, las posibles fallas, el tratamiento a terceros, la existencia del free rider problem,3 así como enfoques distintos en diversos países, y el papel de las organizaciones internacionales y medios de comunicación. Habrá que contemplar factores internos como características sociales, culturales, políticas y económicas, y la manera como influyen en las modificaciones para el cumplimiento del tratado en cuestión.

Aun cuando cumplimiento y efectividad son similares, no son exactamente lo mismo. Las partes pueden cumplir las obligaciones del tratado, pero se puede fracasar en los objetivos planteados. Para ser efectivos, los tratados deben alcanzar su fin político. Cabe aclarar que la dificultad de medir la efectividad se encuentra en el logro del éxito de los instrumentos, pues muchos de los objetivos son sumamente abstractos o exhortativos. Varios tratados no poseen datos mensurables o metas cuantificables, lo que provoca graves dificultades al tratar de evaluar su impacto real. Por todo ello, el cumplimiento debe suscitarse en diversas escalas. Al mismo tiempo, es fundamental involucrar a múltiples actores sociales, tanto estatales como no-estatales, en las acciones requeridas, y tomar en cuenta ciertos factores externos que pueden modificar la situación.

52. Oaxaca, México.
2. Población, territorio y cultura.

II. Modelos sociolegales

Desde esta perspectiva, la efectividad guarda relación directa con los cambios sociales y la congruencia entre normas y leyes. Así, la ley está en constante flujo y es cercana a las necesidades valorativas de la sociedad. Varios estudios han mostrado cómo desde un aspecto gerencial, el cumplimiento de los acuerdos internacionales es más eficaz con el uso de técnicas de monitoreo y mecanismos de cooperación. Al final, los Estados se comprometen con los tratados porque reflejan sus intereses, y su cumplimiento tiene un fin económico. Además, el no cumplimiento es visto como poco internacionalista y puede atribuirse a una pobre gestión o una seria incapacidad del propio país.

Valga señalar que los Estados se comprometen con leyes internacionales cuando perciben su legitimidad, que promueve su cumplimiento como resultado de normas y valores de la sociedad en cuestión. Así, para que un tratado sea legitimo debe ser determinante, tener validez simbólica y coherencia, y encontrar adhesiones. Las razones de cumplimiento no son obvias si las leyes internacionales no ejercen el mismo nivel de autoridad que las nacionales. Si el sistema internacional no crea instituciones reconocidas para resolver la constante ambigüedad de un número complejo de reglas, el desempeño en los países será escaso o casi nulo.

III. Otros modelos legales

Dos modelos que aportan visiones complementarias sobre la efectividad son el económico-legal y el legal natural. El primero trabaja con la eficiencia y eficacia de las reglas legales o las acciones políticas de los tratados. Se trata de valorar diversos instrumentos determinantes para la efectividad. Eficiencia y coordinación han sido foco de discusión de numerosos programas sobre ambiente y sustentabilidad al interior de las Naciones Unidas y otras agencias especializadas.

Los modelos legales naturales son cercanos a los modelos sociolegales por su carácter normativo: ambos observan el papel de las normas como conceptos centrales de las leyes internacionales. Sin embargo, el primero apunta que éstas deben partir de principios universales como la justicia, la equidad y la igualdad. En este discurso la justicia juega un papel relevante y, por tanto, abre un espacio a múltiples actores sociales como las corporaciones multinacionales, las iglesias, las organizaciones civiles, el género, los grupos socioculturales y las redes científicas que se convierten en nuevos sujetos políticos. Desde esta postura, el punto clave en los tratados ambientales es en qué medida se ha puesto en práctica la distribución de justicia en reglas formales y cuál es su capacidad de implementación.

IV. Modelos de relaciones internacionales

Hoy, los modelos institucionales transitan de aspectos tradicionales como la economía y la seguridad a áreas emergentes como los asuntos ambientales situados en el área de cooperación internacional con el aumento de actores no estatales y la diversidad de instituciones que generan distintas acciones.

53. Buenos Aires, Argentina.
6. Ciudad, integración y ambiente.

La meta final de esta serie de estudios es crear instituciones más fuertes y eficaces; por ello, el foco de atención gira en torno a la efectividad institucional. La apuesta de esta corriente es que el Estado participa en el sistema internacional en beneficio de un provecho propio. Para los institucionalistas el acatamiento de leyes internacionales es una manera de promover los intereses de ciertos actores en el ámbito nacional. No ven al Estado como actor unitario, sino compuesto por múltiples sujetos que interactúan y constituyen su forma de relación con el sistema internacional.

Para esta visión deben quedar claras las distinciones entre efectividad, cumplimiento e implementación. Muchas veces sucede que se firman tratados y éstos no se cumplen, o existen niveles de compromiso, pero no se han transformado las conductas sociales en que se sustentan las medidas legales. De aquí que para esta corriente la efectividad tenga un estándar legal y se represente en un cambio de conductas.

A partir de este espectro se ha creado lo que se conoce como revisión de los sistemas de implementación (System of Implementation Review, SIR) para monitorear y extraer reportes regularmente. Este sistema se ha aplicado en varios tratados ambientales. Se trata de estimar su efectividad y cómo el SIR puede influir en el comportamiento de los actores que intervienen en el proceso de implementación.

Un punto adicional importante es estudiar cómo los tratados internacionales se ligan de manera directa con la participación sociopolítica en las sociedades emergentes. Es decir, cómo diversos stakeholders se involucran en la puesta en práctica local del tratado.4 Para algunos autores, conocer las formas de participación en países emergentes es un punto nodal para combatir la contaminación y el deterioro ambiental en Occidente, y así medir la efectividad de los acuerdos. La participación se convierte en una importante herramienta de la efectividad (esquema 1).

V. Redefiniendo la efectividad: los regímenes ambientales

Este breve recorrido muestra que las investigaciones sobre la efectividad de los tratados ambientales se han basado en percepciones, estudios de caso o planteamientos de expertos. En ausencia de datos duros y conexiones empíricas concretas, un acercamiento que observe el tratado en sí y apunte los cambios es el más realista para hablar sobre efectividad. Se trata de observar ampliamente los principios, normas, reglas, procedimientos y programas a los que el país se compromete. Se pretende la creación de regímenes ambientales (con varios tratados ligados entre sí, donde el propósito fundamental sea la cooperación), noción que compromete a varias instituciones sociales y abarca comportamientos desarrollados en el tiempo. Hablar de régimen implica incorporar al principio precautorio la incertidumbre científica y/o el riesgo ambiental como
medidas que se insertan con el fin de generar el binomio costo-efectividad a partir de diferentes contextos socioeconómicos.5

Esquema 1. Dimensión de la participación social

54. Chetumal, Quintana Roo, México.
3. Naturaleza y cultura.

El uso del concepto de régimen permite explicar el papel de las diversas instituciones sociales de manera más inclusiva y el acercamiento sistemático para estudiar las relaciones entre diversos Estados. Los datos deben tener una relación directa con transformaciones en la conducta de los actores. En realidad son pocos los tratados que capturan esta información, pues los individuos carecen de personalidad jurídica en la legislación internacional. Para saldar estos asuntos, varios autores proponen recuperar el cumplimiento como una importante fuente de datos, más allá de si se acataron o no los objetivos del tratado, pues lo central sigue siendo el comportamiento de los actores.

Por lo anterior, es fundamental observar los tratados como un proceso y no sólo como una serie de reglas. Fomentar la participación social se convierte en pivote para el éxito de los tratados. Su robustecimiento se refleja en normas domésticas y se fortalece gracias a que se cumplen sus objetivos.

Otra forma de medir la implementación incluye el número de programas y proyectos comunitarios, las campañas de información y alerta, talleres, materiales de entrenamiento y el financiamiento para la transformación de condiciones adversas. Un punto central es la diferenciación en los compromisos, aun cuando los asuntos conciernan a todos.

VI. Premisas para el caso de estudio: los residuos peligrosos en México

Desde el punto de vista positivista, es mucho más fácil comparar datos para la efectividad de un tratado. Queda claro que hoy existen múltiples formas de plantear el éxito de un compromiso internacional: involucrar a diversos actores sociales; medir el compromiso como proceso en el tiempo y espacio; hablar de la implementación y los cambios de conducta; calcular el alcance de programas, talleres e información; hacer hincapié en la importancia del financiamiento y la perspectiva de poner en práctica desde lo local las medidas que el propio tratado plantea.

La concepción de régimen ambiental permite ampliar la visión, unir tratados con fines comunes e involucrar a más instituciones, valores y normas. Estos elementos permiten hablar de un robustecimiento de los tratados que incluya financiamiento, programas nacionales y capacidad para construir instituciones que fortalezcan su rango de cumplimiento y efectividad.

Desde esta mirada trataremos de analizar la efectividad de los tratados ambientales sobre residuos peligrosos que nuestro país ha firmado y se ha comprometido a cumplir. Para este caso concreto, como clave del análisis nos interesa rescatar el término de régimen ambiental, la importancia del proceso, la participación social, el cambio de conductas y el financiamiento.

La contaminación producida por la generación de residuos es resultado de una sociedad promotora del crecimiento económico y la industrialización como ejemplos de modernización y progreso económico. Esta forma de crecimiento se basa en el uso extensivo e intensivo de recursos naturales y ecosistemas, así como en la ineficiencia energética y el uso descomunal de materiales peligrosos y sustancias tóxicas en procesos productivos.

En los últimos 30 años, los países más industrializados han tratado de encontrar salidas de diversas maneras: ignorando o tratando de ocultar el problema; diluyendo o dispersando los contaminantes en el aire, el agua o el suelo; construyendo políticas de tuberías y chimeneas, o bien, presionados por la opinión pública, atacando el problema desde su origen mediante la reducción de residuos peligrosos y el control de la contaminación.

Dos fenómenos han impedido la transición a formas de producción más depuradas: a) el surgimiento de empresas multinacionales e industrias transnacionales que se benefician con el negocio del manejo de los residuos peligrosos y transfieren sus tecnologías sucias de tratamiento a regiones menos industrializadas y en proceso de apertura comercial: verdaderos grupos de presión en la marcha de la normatividad ambiental y en la construcción de políticas públicas; y b) el movimiento y comercio internacional de residuos, en donde empresas estadounidenses y europeas, al no existir regulaciones rigurosas, enviaban sus desechos a países de Asia, África y América Latina.

Esta situación motivó la denuncia internacional de grupos ambientalistas, la celebración de acuerdos regionales en África y Centroamérica, y la firma del Convenio de Basilea que establece el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Conviene señalar que, a partir de 1998, los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tienen prohibido exportar residuos peligrosos a países no miembros, incluyendo los destinados al reciclaje.

El volumen mundial de residuos peligrosos afecta gravemente los ecosistemas y la calidad de vida de millones de seres humanos, y provoca serios problemas de salud pública. Un asunto adicional de gran impacto son los contaminantes orgánicos persistentes (COP, conocidos en inglés como POP), compuestos químicos orgánicos tóxicos, capaces de causar graves efectos crónicos (cáncer y afecciones del sistema endocrino, por ejemplo).6

En 1996 y 1997 se organizaron reuniones internacionales y se discutió la propuesta de varios gobiernos respecto a adoptar un instrumento legal común a los países para eliminar globalmente los COP. Las dioxinas son el nombre genérico de un grupo de compuestos organoclorados.7 La incineración de residuos peligrosos, de residuos biológico-infecciosos de hospitales y residuos sólidos urbanos, así como la incineración de residuos como combustible alterno en hornos de cemento, son grandes generadores de dioxinas (Bejarano, 2009).

55. Iztaccíhuatl y Popocatépetl, límite entre Puebla y Estado de México, México.

1. Conservación del medio ambiente y naturaleza.

1. Situación en México

Generalmente, en nuestro país se emplea el término desechos tóxicos como equivalente al de residuos peligrosos. Sin embargo, éstos corresponden a otras características, además de las tóxicas. En México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) define residuos peligrosos como aquellos en cualquier estado físico que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico (artículo 2, fracción XXII).

Los residuos peligrosos se clasifican como aguas de proceso, arenas, tierras y polvos, breas, cabezas, colas, catalizadores gastados, disolventes, efluentes tratados, envases y empaques, escorias, líquidos residuales, lodos de proceso, lodos de tratamiento, materiales de relleno contaminados y lubricantes gastados, entre otros. La lista completa se encuentra en la nom 052-ecol-1993.

a) Volúmenes, fuentes y tipo de residuos en México

No existe un inventario completo del tipo y volumen de residuos peligrosos en el país, a pesar de los manifiestos que por ley deberían cumplir las empresas y establecimientos. Según las cifras oficiales, la producción de residuos peligrosos ha ido en aumento. Así, en 1986 se estimaba una producción anual de 2.737 millones de toneladas. En 1990 se llegó a 5.657 millones y para 1995 se calculó una generación de entre 7 y 7.5 millones de toneladas anuales. Hay quienes sostienen que el cálculo de 8 millones de toneladas de residuos tóxicos producidos al año es demasiado conservador. Fernando Ortiz, autor del libro El manejo de los desechos peligrosos, asegura, con base en cálculos que toman como referencia la generación de residuos en Estados Unidos, que en México se producen más de 20 millones de toneladas por año (www.tierramerica.net/2002/0804/noticias2.shtml)

Si según el planteamiento más conservador se generan 7.5 millones de toneladas al año de residuos, en el mismo lapso se producen 123 millones de toneladas de residuos mineros, casi 30 millones provenientes de la industria química, y prácticamente 12 millones de procesos agroquímicos. Estos 165 millones adicionales no están considerados como peligrosos, si bien no existe sustento alguno para su exclusión.

Por otra parte, más de 90% de los residuos peligrosos que se producen al año en nuestro país se manejan inadecuadamente. Por consiguiente, el grueso de éstos se dispone de forma irregular en el ambiente, provocando degradación de agua, suelo y aire. En 10 años se triplicó la producción, pero en el mismo periodo no se incrementó la capacidad instalada para su manejo. Si bien en 1986 existía un solo confinamiento comercial controlado –ahora fuera de operación (Mexquitic, San Luis Potosí)–, en la actualidad hay dos confinamientos (Mina, Nuevo León, y Hermosillo, Sonora) y dos incineradores pequeños (uno en Jalisco y otro en el Estado de México).8 Además, se cuenta con recicladoras de solventes, aceites lubricantes y metales. No obstante, la infraestructura para el manejo de residuos es mínima. Por ello no resulta extraño que 90% de los residuos peligrosos no reciba un adecuado tratamiento (mapa 1).

La problemática asociada con los residuos peligrosos (RP) presenta dos grandes líneas: por un lado, una que contempla la presencia de sitios ya contaminados que requieren una solución; por otro, la que se orienta en prevenir la contaminación proveniente de las fuentes en operación que la generan. La disposición inadecuada de los residuos peligrosos provoca diferentes afectaciones a los ecosistemas. En 2004 se identificaron 297 sitios contaminados con RP, de los cuales 119 fueron caracterizados y 12 se encuentran en proceso de rehabilitación.

Mapa 1. Sitios identificados con residuos peligrosos por entidad federativa

Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Direccion General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. México, 2004.

Según datos oficiales de 1994, de los 8 millones de toneladas anuales de residuos peligrosos, y de las cinco zonas en que se clasificó el territorio, prácticamente 54.5% se generaba en la zona centro del país (5 millones 67 mil toneladas por año), que, junto con la región norte (2 millones 6 mil toneladas por año), abarcando su franja fronteriza (62 mil toneladas por año), generan casi 90% de residuos (Programa de minimización, 1996-2000).

En la región centro destacan, por su generación, el Distrito Federal (22.98%) y el Estado de México (17.68%); en la región norte, Nuevo León (10%), Jalisco (7.50%) y Coahuila (3.75%); en la región del Golfo, el mayor generador de residuos peligrosos es Veracruz (5.73%), y de la región sureste es Yucatán, con 1% nacional.

Entre los principales sectores generadores tenemos a las industrias químicas básica, secundaria y petroquímica (40% del total); le siguen las industrias metal mecánica y metálica con 10% y la industria eléctrica con 8%. Los giros industriales que presumían mayor crecimiento de 1994 a 2000, con la consecuente generación de residuos, eran de producción automotriz, seguidos de la producción de plástico, equipo electrónico y maquinaria y equipo. Por tipo de residuo, los aceites y las grasas, conjuntamente con los disolventes, representan más de 45% del total. Las resinas, ácidos y bases abarcan 10% y los desechos de pinturas y barnices, 8% (Programa de minimización 1996-2000).

La industria no es el único sector generador de residuos peligrosos, basta considerar el uso indiscriminado de plaguicidas químicos en la agricultura y los residuos biológico-infecciosos de clínicas y hospitales. Aunque en menor cuantía, los hogares son generadores de residuos peligrosos domésticos, en la medida en que consumen y desechan productos que contienen sustancias y materiales tóxicos.

Se estima que sólo 10% de los residuos peligrosos generados en el país reciben tratamiento o son depositados en lugares autorizados. La mayoría son vertidos directamente en la red de drenaje o en barrancas, ríos y mares. En muchas ocasiones son mezclados con los residuos sólidos municipales o almacenados en los patios de las empresas. La LGEEPA dedica el capítulo VI del título cuarto de protección al ambiente, a los materiales y residuos peligrosos (artículos 150 a 153), además de mencionarlos en diversos artículos dedicados a la prevención y control de la contaminación atmosférica, del agua, ecosistemas acuáticos y del suelo. Las últimas reformas a esta ley expresan convenios entre la federación, los estados y los municipios para el manejo de residuos considerados de baja peligrosidad (artículo 11 de la LGEEPA). Sin embargo, aún no está claro lo que el nuevo reglamento en materia de residuos peligrosos entenderá como residuos de baja peligrosidad.

Mapa 2. Capacidad instalada acumulada para el manejo de residuos peligrosos industriales por entidad federativa, 2000-2004

Elaboración propia con datos de Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, México. 2005.

b) Planes y programas para el manejo de residuos peligrosos

En México, la falta de una política preventiva en la materia se traduce en una serie de obstáculos, como la concepción errónea de minimización. En la ley y los programas de las autoridades ambientales únicamente se considera como minimización aquellas prácticas de tratamiento o reciclaje tendientes a la reducción del volumen de residuos peligrosos que deben depositarse en un confinamiento controlado.9 El problema radica en que la mayoría de estos programas no previenen su generación desde la fuente, incluso no contemplan la generación de nuevos contaminantes, como los producidos por la incineración.

56. Buenos Aires, Argentina.

6. Ciudad, integración y ambiente.

Como consecuencia de este enfoque, se privilegian las tecnologías de reciclaje y se marginan las acciones de reducción para prevenir la entrada de residuos peligrosos. La estrategia en el manejo de residuos que establece una reducción en la fuente (recomendada por la Agenda XXI y los organismos internacionales, y aceptada en principio por las propias autoridades) queda sólo como discurso ideológico que contradice, en la práctica, la política real.

Otro asunto colateral es la apertura y la promoción de tecnologías sucias para el tratamiento de estos residuos, pues desalientan su prevención y reducción desde la fuente. En el caso de la incineración de residuos, incluidos los biológico-infecciosos que contengan cloro y metales pesados (presentes en plásticos como el PVC, solventes y pinturas, entre otros), provocan la generación de nuevos contaminantes orgánicos persistentes en los productos de combustión incompleta, como las dioxinas y furanos, además de
metales pesados.10 Aparentemente, la incineración reduce el volumen a una quinta parte, cuando en realidad concentra la toxicidad de los componentes en las cenizas o la dispersa en las emisiones a la atmósfera y en las descargas de agua de lavado del equipo anticontaminante. Lo mismo ocurre con la incineración de residuos sólidos municipales, y es mucho más grave en aquellos usados como combustible alterno en hornos de cemento. La falta de monitoreo, la carencia de infraestructura y de experiencia para medir dioxinas y furanos en cantidades pequeñas agrava esta situación (mapa 3).

Mapa 3. Capacidad instalada acumulada para el manejo de residuos peligrosos industriales por entidad federativa, 2000-2004

Elaboración propia con datos de Semarnat. Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, México. 2005.

La LGEEPA dedica un capítulo al derecho a la información acerca de asuntos ambientales (artículos 159 bis, 1 al 6). Sin embargo, aún no se ejerce ampliamente el derecho a conocer volúmenes y tipos de residuos en las empresas, así como el uso de sustancias y materiales peligrosos. Esta información es indispensable para la formulación de los programas de las comunidades. Cierto que la situación de crisis económica y de endeudamiento de muchas empresas, además de la falta de estímulos financieros o fiscales para las que reduzcan sus residuos, les impide cumplir la normatividad ambiental y transitar hacia formas de producción más depuradas.

Mientras tanto, varias empresas extranjeras se benefician del negocio y siguen siendo un grupo de presión y de influencia. Muchas continúan fomentando las llamadas soluciones al final de la tubería. Confiar en los mecanismos voluntarios, en donde el mercado asigne eficazmente los recursos, no ha traído los resultados deseados.

VII. México y los convenios internacionales sobre RP

La legislación internacional en materia de sustancias tóxicas y desechos peligrosos es muy novedosa y suele dividirse en tres áreas. La primera es la relativa al manejo de las sustancias tóxicas y peligrosas. El instrumento internacional más relevante es la Decisión 14/27 del Consejo de Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conocida como Directrices de Londres para el Intercambio de Información acerca de Productos Químicos Objeto del Comercio Internacional (enmendadas en 1989).

En esta misma categoría se encuentran los códigos y planes elaborados y adoptados por los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas para el manejo de sustancias químicas tóxicas y productos peligrosos. Entre ellos, destacan el Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y el Uso de Plaguicidas de la FAO, la Convención No. 170 y la Recomendación No. 177 relativas a la Seguridad en el Uso de Químicos en el Trabajo de la OIT (1990), el Plan Provisional de Notificación para los Productos Químicos Prohibidos y Rigurosamente Restringidos, y el Código o Decisión respecto de Productos Prohibidos o Rigurosamente Restringidos en el Mercado Doméstico, elaborado por un grupo de trabajo en el seno del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

A la segunda de las áreas de la legislación internacional en materia de sustancias y desechos peligrosos le compete normar el manejo de los desechos radiactivos. Este tema se encuentra fundamentalmente a cargo de la Agencia Internacional de Energía Nuclear (AIEA) de la ONU. La AIEA adoptó en 1990 un código de prácticas sobre el Movimiento Internacional Transfronterizo de Desechos Radiactivos, el cual se encontraba en elaboración cuando fue adoptado el Convenio de Basilea; se observa la incorporación de los aspectos más importantes de este último. De esta manera, la AIEA, reitera el principio general relativo a la soberanía absoluta de los Estados para prohibir la importación, la exportación o el movimiento transfronterizo a través de su territorio de desechos nucleares y radiactivos.11 Sin embargo, el código no es más que un conjunto de recomendaciones sin un carácter jurídico vinculante, lo cual constituye una debilidad.

Bajo el rubro de una tercera categoría quedan comprendidos el manejo y la disposición o eliminación, o ambas, de los desechos y residuos peligrosos. Aquí se ubica el Convenio de Basilea, el cual se analizará a partir de la concepción de régimen ambiental, lo que incluye varios tratados. La necesidad de abordar estos problemas en forma directa data de 1981, cuando se agregaron al recién establecido Programa de Montevideo para el Desarrollo del Derecho y la Revisión Periódica del Derecho Ambiental. Desde entonces se ha elaborado una diversidad de instrumentos a escala bilateral, regional y multinacional. Tal ejercicio de codificación ha tenido su máximo desarrollo en la adopción del Convenio de Basilea, único instrumento internacional de carácter jurídico relativo al tema.

Aun cuando es posible afirmar que las disposiciones del Convenio componen el principal conjunto de normas reguladoras, el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos lleva implícitas cuestiones relacionadas con otros temas y, por ende, otros instrumentos de regulación internacional. Es el caso, por ejemplo, de la definición de desechos (incluida su disposición o eliminación, o ambas, en tierra en cursos de aguas interiores, vertimiento en el mar y otros tipos de eliminación en aguas oceánicas), su transporte (ferroviario, carretero, aéreo, por aguas interiores o por mar), el tráfico ilícito de productos tóxicos y desechos peligrosos, la cooperación internacional para
la prevención del crimen, y la responsabilidad y compensación por daños, entre otros.

Con la firma de 116 Estados, el Convenio de Basilea fue adoptado con sus seis anexos el 22 de marzo de 1989. Entró en vigor el 5 de mayo de 1992. México depositó su instrumento de ratificación el 22 de febrero de 1991. Hasta la fecha, el texto no ha sido enmendado. No obstante, su filosofía ha sido modificada a través de la prohibición de las exportaciones de desechos peligrosos, destinados a su disposición final o recuperación, de países miembros de la OCDE a países no miembros. Esta propuesta fue tema central de la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes.

La política exterior mexicana en estos asuntos comprende tres tesis fundamentales: el carácter sectorial de los residuos peligrosos, la adopción del principio precautorio y la necesidad de relacionar el Convenio de Basilea con otros instrumentos. Especial importancia revisten los vínculos inmediatos que el Convenio guarda con el Anexo III del Convenio de la Paz, el Convenio de Londres (1972), las Directrices de Montreal sobre las Fuentes Terrestres de Contaminación Marina y, por añadidura, con el Convenio de Cartagena y sus proyectos de protocolos sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y fuentes terrestres de contaminación marina.

La visión de conjunto (régimen ambiental) instrumentada por la política exterior mexicana obedece a dos consideraciones. La primera, de tipo general, estriba en el desarrollo experimentado por el derecho internacional ambiental, que en los últimos años hace hincapié en los ámbitos de las fuentes marítimas y terrestres de contaminación marina y de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. El no abordar conjuntamente estos temas limitaría su comprensión en cada uno de los foros en donde se ventilan.

En segundo lugar, y de forma más particular, es posible encontrar buenas razones para el manejo conjunto entre el Convenio de Basilea y los convenios aludidos. El más aparente quizá lo constituye el proyecto de protocolo del Convenio de Cartagena sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Probablemente este proyecto habrá de tomar como base las disposiciones del Convenio de Basilea. Por lo mismo, conviene estar atentos a la forma en la cual podría incorporarse el contenido de la resolución recientemente adoptada. Lo anterior conduciría al establecimiento de una prohibición de importaciones de desechos peligrosos en el ámbito regional.

Puede argumentarse que la política exterior mexicana ha reflexionado en tres elementos al participar en los trabajos del Convenio de Basilea. En primer término, el carácter sectorial regulado por el marco jurídico del Convenio y sus relaciones con instancias a cargo de actividades complementarias. En este sentido, se ha procurado no perder de vista el panorama completo de la dificultad relativa a las sustancias tóxicas, los desechos nucleares y los desechos peligrosos. Al ser éstos los componentes de una misma cuestión, es lógico esperar influencias e interacciones como consecuencia de los cambios que se presenten en el marco regulatorio de cada uno.

En segundo lugar, figura la relevancia en el progreso del derecho internacional ambiental y su relación con el Convenio de Basilea. Lo anterior permite pronosticar las posibles tendencias en la evolución de este instrumento y adoptar medidas al respecto. Quedan presentes las relaciones que el Convenio guarda con instrumentos encargados de regular materias diferentes, pero complementarias. Las formas como han evolucionado las políticas internacionales de regulación han tenido como común denominador ampliar los ámbitos de aplicación de convenios, acuerdos y tratados. Así, se corre el riesgo de sobrerregular, en el mejor de los casos, o bien dejar lagunas legales.

Esto supone un reto para la política exterior ya que, de no estar conscientes de estas relaciones, la postura adoptada por México puede ser totalmente incongruente con la de otros ámbitos de negociación ambiental.

VIII. Compromisos y cumplimiento de acuerdos internacionales: el diagnóstico

A partir de este análisis es trascendental decretar los niveles de compromiso y cumplimiento de México en el marco de los acuerdos y convenios internacionales firmados en lo referente a los residuos. Este diagnóstico también incluirá el grado de avance sobre el tema, e identificará los obstáculos o limitaciones durante el cumplimiento de estos convenios.

Un aspecto esencial es que no se puede abordar el tema de residuos sin tener en cuenta que representan la parte final del ciclo de vida de las sustancias y productos. Por lo tanto, es imprescindible enlazar este tema con el de las sustancias, en especial las tóxicas, persistentes y bio-acumulables, lo cual se refleja en otros compromisos adquiridos por México, como la Agenda 21, documento  generado  por  la  Conferencia  de  las  Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Otro convenio relacionado con el tema de las sustancias lo representa la Convención de Estocolmo, sobre los 12 principales contaminantes orgánicos persistentes, firmado por México en mayo de 2001, que se concentra en el ciclo de vida de tales sustancias.

Otras iniciativas incluyen las acciones realizadas en el contexto de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN), instancia que surge a partir del Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), que ha elaborado un informe diagnóstico de los residuos: “Cruce de la frontera: oportunidades para mejorar el rastreo de embarques transfronterizos de residuos peligrosos en América del Norte”, publicado en 2005. Es importante señalar que México, al formar parte de la OCDE, no importa residuos peligrosos para fines de reciclaje, resultado de la decisión II/12 de la segunda conferencia de partes del Convenio de Basilea.

Estas variables permiten un primer diagnóstico del cumplimiento e implementación del régimen ambiental en materia de RP firmado por nuestro país.

Conclusiones

Este recorrido permite corroborar el apremio de incorporar al análisis de los convenios internacionales firmados por México en materia de residuos, una mayor responsabilidad de quien contamina, mayor participación de los gobiernos estatales en cuestión de vigilancia; definición clara y contundente del derecho y la necesaria creación de un programa de incentivos fiscales para los generadores de residuos. En términos generales no se sabe dónde se encuentran los RP, no se han buscado porque se carece del instrumento adecuado para hacerlo.

Agilizar el principio precautorio y acelerar el preventivo se convierte en prioridad frente a la magnitud del problema que los RP representan para el país. Se trata de poner en marcha un círculo virtuoso que consiga un aprovechamiento superior de recursos y una disminución de residuos, que actúe sobre la fuente emisora y complete el proceso de la cuna a la tumba; un enfoque de producción limpia que incluya mayor eficiencia interna en el uso de materias primas, mejor monitoreo, capacitación y manejo de materiales y productos, funcionamiento y operaciones de limpieza, cambios del desarrollo tecnológico, del producto, del insumo y reciclaje dentro del proceso productivo.

Es preciso alimentar la información con las experiencias de otros países en la reducción de residuos peligrosos y la transparencia en la emisión de datos y cifras; crear un programa activo que estimule la cooperación y el intercambio técnico y científico amplio con los gobiernos, las universidades y los institutos para formar recursos humanos capacitados en la evaluación y programación de reducción de residuos, y su relación con los convenios internacionales firmados por nuestro país, con el fin de ampliar la participación ciudadana para acelerar los cambios hacia formas de producción más propias de una política de prevención.

Se trata de asumir la agenda ambiental como asunto transversal y que varias secretarías de Estado trabajen de manera conjunta en robustecer el Sistema Integral de Rastreo de Residuos Peligrosos (SIRREP). Por ello, es elemental un inventario y una calificación de sitios contaminados; aplicar un programa que los identifique, evalúe, clasifique y limpie. Dicho programa deberá estar sustentado académicamente por las universidades y financiado por impuestos especiales aplicados a las industrias más contaminantes (incluso las de gobierno). Esta contaminación, la más grave, involucra mezclas de contaminantes, afecta los ecosistemas, se encuentra en todo tipo de locaciones geográficas y toda la población termina expuesta.

Es importante poner en práctica los sistemas de evaluación e implementación (System of Implementation Review, SIR) reconocidos internacionalmente; incorporar en el diagnóstico de efectividad las categorías de principio precautorio, incertidumbre científica y riesgo ambiental; observar los tratados como proceso y no sólo como una serie de reglas; fomentar la participación de la sociedad como pivote fundamental para el éxito de los tratados ambientales, fortalecer normas domésticas y cumplir sus objetivos mediante programas y proyectos comunitarios, campañas de información y alerta, talleres, materiales de entrenamiento y el financiamiento para transformar las condiciones actuales del país.

Queda claro que México debe avanzar en estrategias hacia formas de producción limpia a partir de la expansión de los derechos de información, una reforma fiscal ecológica, formas de extensión de la responsabilidad del productor y prohibiciones sobre el uso y producción de sustancias o materiales especialmente tóxicos. Sólo el cambio interno permitirá cumplir con notoriedad los compromisos y convenios firmados internacionalmente.

57. Chetumal, Quintana Roo, México.

3. Naturaleza y cultura.

EJERCICIOS

A. Responda las preguntas y realice las actividades que a continuación se señalan:

1) ¿Cuáles fueron los primeros países en poner en práctica modelos legales para el control del deterioro ambiental y a qué tipo de modelo responden? Cite tres ejemplos.

2) Investigue la importancia de las políticas comando-control y su relación con la gobernabilidad ambiental (eficacia y legitimidad).

3) Analice los primeros convenios internacionales en materia ambiental. Haga un cuadro sinóptico especificando acuerdos, fines, objetivos y países firmantes.

4) Señale en qué consiste un régimen ambiental y la importancia de la cooperación internacional.

5) ¿A qué escuela de pensamiento en relaciones internacionales corresponde la propuesta de régimen ambiental?

6) Señale cómo y por qué México participa en regímenes ambientales.

7) ¿Cuál es la situación de los residuos peligrosos en México?

8) Analice los regímenes ambientales en los que México participa en materia de residuos peligrosos; elabore un mapa mental.

9) ¿Cuáles son los asuntos más álgidos en relación con el incumplimiento de tratados internacionales sobre RP?

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Semarnat-INE-Cenica-UAM-A. (2012). Diagnóstico Nacional de Residuos. México: Semarnat.

Páginas web consultadas (1 de noviembre al 15 de diciembre de 2013)

http://www.tierramerica.net/2002/0804/noticias2.shtml

1. Se trata de un conjunto de normas jurídicas con una estructura especialmente adecuada a los destinatarios del sistema y a sus necesidades. La estructura del Derecho Internacional público es de coordinación, lo que le diferencia de las estructuras de subordinación de los sistemas internos, en donde los sujetos están sometidos a poderes que los condicionan. Esta estructura de coordinación responde a que sus principales sujetos, los Estados, son soberanos, razón por la cual, por definición, no admiten sometimiento a poder material ajeno que les condicione, aunque sí se subordinan, sin perder su atributo, a reglas jurídicas que les obligan sin excepción.

2. Construcción del reconocimiento global y creación de vínculos por todo el mundo.

3. En economía, negociación colectiva, psicología y ciencias políticas, se llama polizones a aquellos individuos o entes que consumen más que una parte equitativa de un recurso, o no afrontan una parte justa del costo de su producción. El problema del polizón (free rider problem) se ocupa de cómo evitar que alguien lo sea o, por lo menos, limitar sus efectos negativos.

4. Es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: Strategic Management: A Stakeholder Approach (Pitman, 1984), para referirse a “quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa”. Estos grupos son los públicos o el entorno interesado (stakeholder) que, según Freeman, deben ser considerados como elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios. La traducción de esta palabra ha generado no pocos debates en foros de internet, aunque son varios los especialistas que consideran que su definición más correcta sería parte interesada (del inglés stake, apuesta, y holder, poseedor). Se puede definir como cualquier persona o entidad afectada o que concierne a las actividades o la marcha de una organización; por ejemplo, los trabajadores, su organización, sus accionistas, las asociaciones de vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las organizaciones civiles y gubernamentales que se encuentren vinculadas, etcétera.

5. El principio de precaución o principio precautorio es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal riesgo.

6. Los contaminantes orgánicos persistentes son un conjunto de compuestos muy tóxicos fabricados artificialmente por el hombre, que tienen un largo tiempo de persistencia en el ambiente. Al ser artificiales, las bacterias y demás organismos no pueden descomponerlos y degradarlos fácilmente. Muchos tienen efectos acumulativos, ya que se almacenan en los tejidos grasos fijándose en la cadena alimenticia y pueden tener efectos hormonales. Forman parte de los contaminantes orgánicos persistentes, los compuestos químicos tóxicos, que se clasifican en pesticidas, insecticidas organoclorados, herbicidas, PCB. Los compuestos químicos tóxicos son sustancias que generalmente no se dan en la naturaleza y han sido sintetizadas por químicos a partir de sustancias más simples.

7. Un compuesto organoclorado, hidrocarburo clorado, clorocarbono o compuesto orgánico clorado es un compuesto químico orgánico, es decir, esta conformado por un esqueleto de átomos de carbono, en el cual algunos de los átomos de hidrógeno unidos al carbono han sido reemplazados por átomos de cloro, por enlaces covalentes al carbono. Su amplia variedad estructural y las propiedades químicas divergentes conducen a una amplia gama de aplicaciones. Muchos derivados clorados son controvertidos debido a los efectos de estos compuestos en el ambiente y la salud humana y animal, y son dañinos para los seres vivos, pudiendo llegar a ser cancerígenos. Unos se emplean por su acción insecticida o pesticida; otros son subproductos de la industria.

8. El confinamiento se refiere a que los residuos peligrosos se destoxifican, los componentes peligrosos se separan y se concentran en volúmenes reducidos y, finalmente, se estabilizan para evitar la generación de lixiviados. La incineración es la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión en cenizas, usada en el tratamiento de basuras: residuos sólidos urbanos, industriales peligrosos y hospitalarios, entre otros. Tanto la incineración como otros procesos de tratamiento de basuras a alta temperaturas son descritos como tratamiento térmico.

9. La minimización de residuos es el proceso y la política de reducir la cantidad de residuos producidos por una persona o una sociedad. Ésta implica esfuerzos y optimización del uso de energía durante la fabricación. Generalmente una menor cantidad de material usado conlleva una menor cantidad de residuos producidos. Usualmente, la minimización de residuos requiere conocimientos del proceso de producción, seguir los materiales desde su extracción hasta su vuelta a la tierra y conocer detalladamente la composición del residuo.

10. Las dioxinas son compuestos químicos obtenidos a partir de procesos de combustión que implican al cloro. Son un grupo de compuestos químicos contaminantes ambientales y persistentes; se encuentran por todo el mundo en el medio ambiente y se acumulan en la cadena alimentaria, principalmente en el tejido adiposo de los animales. Los furanos son compuestos orgánicos aromáticos de cinco miembros, con un átomo de oxígeno. Son un líquido claro, incoloro, altamente inflamable y muy volátil, con un punto de ebullición cercano al de la temperatura ambiente. Son tóxicos y pueden ser carcinógenos.

11. Los residuos radiactivos contienen elementos químicos radiactivos que no tienen un propósito práctico. Son frecuentemente el subproducto de un proceso nuclear, como la fisión nuclear. El residuo también puede generarse durante el procesamiento de combustible para los reactores o armas nucleares, o en aplicaciones médicas como la radioterapia o medicina nuclear.

Capítulo 7. un enfoque sociopolítico en el análisis del desastre ambiental: Hundimiento e inundaciones en los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad

Felipe de Alba MURRIETA1

Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública

-¿Y en las noches cuál es la sensación en estas zonas?

-Yo no puedo dormir nada más de escuchar agua.

Entrevista a una mujer afectada de Chalco, 2010.

I. Introducción

Este documento utiliza los rasgos de la incertidumbre que crea el desastre para construir una perspectiva de sus discursos y actores sociopolíticos. Se trata de pensar el desastre en sus multiplicidades, lo que –con una visión multidisciplinaria– es un objetivo central para la licenciatura en Estudios Socioterritoriales.

Pero, ¿por qué el tema del desastre? Pueden enumerarse varias explicaciones. Aquí se señalará el fenómeno de su frecuencia. Por ejemplo, según la Organización de las Naciones Unidas (UNISDR, 2013), los desastres2 de pequeña o mediana intensidad provocaron alrededor de 20 mil 854 muertes debido a 82 mil 993 desastres extensivos, es decir, de alta ocurrencia y asociados a eventos de escala local (municipio o equivalente) en América Latina entre 1990 y 2011. En este diagnóstico se vinculaba la situación al desorden que impera en el crecimiento de la población urbana. Según esta fuente, México ocupaba el primer lugar en ocurrencia de desastres.

Aquí se presenta el caso de los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad3 para entender cómo se gesta la acción política (social o gubernamental), teniendo como móvil al medio ambiente, y como guion, los discursos ambientales.

Es un trabajo de recolección de datos documentales, con una revisión de fuentes de información públicas: periódicos nacionales en línea (La Jornada, El Universal y Reforma, entre 2000 y 2011); documentos oficiales y sitios web del gobierno federal (Comisión Nacional del Agua), estatal (Comisión del agua del Estado de México) y municipal. Se revisaron también bases de datos con recursos electrónicos tanto de la Universidad Autónoma Metropolitana (BIDIUAM), como de la Universidad Nacional Autónoma de México (TESIUNAM y LIBRIUNAM).

En la primera sección, se expone la problemática relacionada con el desastre, sus significados e implicaciones, así como algunas controversias ambientales ligadas al recurso del agua y fenómenos correlacionados (hundimiento, inundaciones y desastres). En la segunda sección, a través de una revisión de los discursos institucionales en los distintos niveles se observarán las contradicciones de gestión política del desastre. En la tercera se muestra cómo sus habitantes conviven con dicha realidad y la acción política que desarrollan; a veces es el miedo o la angustia de la pérdida, pero en cualquier caso, el desastre puede ser motor de cohesión.

58. Pine Ridge, Belice.

3. Naturaleza y cultura.

Se espera generar entre los estudiantes un interés por el desarrollo de trabajos etnográficos, de recolección de información directa con los afectados (entrevistas, reportajes, etcétera), o de acercamiento a los funcionarios gubernamentales y a otros actores involucrados. Sin lugar a dudas, faltan trabajos de ese tipo para aumentar la pertinencia de este libro.

II. LA PROBLEMÁTICA

Chalco presenta múltiples problemáticas que giran alrededor de la gestión del agua. Sin embargo, dos sobresalen cuando se emplea el concepto de desastre: inundaciones y hundimiento.4 Éstas conforman un escenario complejo en el cual se desenvuelven diversos actores, cuyos fines e intereses están centrados en resolver o mitigar los daños, más que en prevenir el desastre que en tales fenómenos provocan.

El análisis se funda en distinguir lo que llamamos las temporalidades del desastre (De Alba y Castillo, 2014), que ayudan a definir momentos del mismo. Se pueden identificar tres: el antes (los discursos o las campañas políticas, etcétera), el durante (cuando se define su magnitud y las reacciones de los habitantes), y el después (las secuelas y el impacto social, a veces ilustradas por los discursos científicos o por las reacciones organizadas de sus habitantes).5

Esta clasificación es útil por la regularidad que el desastre ha tenido desde comienzos del siglo pasado. Asimismo, el caso Chalco permite atisbar particularidades de la intervención de funcionarios, la acción política de los afectados y, a partir de ello, subrayar elementos de los discursos ambientales.

1. Las condiciones del terreno: hundimientos e inundaciones

En Chalco los fenómenos asociados al desastre son los hundimientos. Diversos autores señalan que responden a tres factores: 1) la sobreexplotación de agua subterránea para abastecer a la población, 2) la compactación de las arcillas debido a su poca consistencia, y 3) el peso de las construcciones que consolida aún más las arcillas.

En el suelo del municipio de Valle de Chalco “la subsidencia, debida a la extracción del agua del subsuelo, genera depresiones topográficas o hundimientos en los que se acumula el agua superficial, en parte por inhabilitación de obras de drenaje preexistentes” (Ortiz y Ortega, 2006:36). La velocidad del hundimiento es de 40 cm cada año e incrementa el riesgo de inundaciones: el nivel de las casas está por debajo de los canales de desagüe.

Otras fuentes precisan que, al perder agua, las arcillas blandas lacustres comienzan a compactarse; de acuerdo con Marsal y Mazari (1962, en Santoyo, op. cit.), tal procedimiento ha provocado un hundimiento en la Ciudad de México de cuatro a ocho metros dependiendo de la zona, pero al oeste de Chalco la velocidad de hundimiento es de 13 cm/año (Figueroa Encino, 2007:91).

Los hundimientos han existido desde que inició el largo proceso de desecación de los lagos, al inicio de la Colonia (1521), aunque el problema aumentó con la urbanización acelerada en la segunda mitad del siglo XX. En los últimos años, el hundimiento en las poblaciones de Ixtapaluca, Los Reyes y San Vicente Chicoloapan, pero sobre todo en Valle de Chalco el hundimiento se manifiesta de manera repentina, obligando a la reubicación de viviendas y empresas.

Mapa 1. Localización de las zonas de estudio, Chalco, Estado de México

Elaboración propia.

Así, los desastres no son resultado directo de “agentes externos e incontrolables al hombre (tal como lo serían fuerzas sobrenaturales como Dios o el destino, ni de fuerzas naturales como lluvias, ciclones, sequías, etcétera)”, sino producto de la correlación entre fenómenos naturales peligrosos (como un terremoto, un huracán, un maremoto, etcétera). Principalmente, son producto de “determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables (en este caso se habla de la situación económica precaria, las viviendas mal construidas, el tipo de suelo inestable, la mala ubicación de las viviendas, etcétera)” (López Alcaide, 2010:20).

En suma, que un fenómeno sea considerado o no de riesgo depende de que el lugar de su manifestación esté ocupado o no por una comunidad vulnerable. De esta forma, “el que se convierta o no en desastre, dependerá de la magnitud real con que efectivamente se manifieste el fenómeno, y del nivel de vulnerabilidad” de la comunidad (Wilches-Chaux, 1993:19). Puede afirmarse que los desastres son problemas de desarrollo, es decir, están definidos por condiciones como pobreza, organización civil, corrupción o la impericia de la población o las instituciones para mitigarlos (Noyola, 1999:22).

En lo que se refiere a inundaciones, Chalco y otros municipios tienen proximidad con el canal de La Compañía, que desaloja aguas negras del Distrito Federal, por lo que viven en riesgo recurrente por las inundaciones que provocan las rupturas, fisuras y desbordes. Este canal parece conformar la normalidad en el Valle de Chalco: la primera inundación de magnitud ocurrió en 2000, la segunda en 2010 y la tercera en 2011.

De Alba y Castillo formulan una pregunta que puede ser útil a los lectores de este libro de texto, a propósito de estas inundaciones: ¿Cómo comprender de forma integral un desastre? Al respecto, los autores sugieren: “Si una colonia marginal se ubica cerca de un río de aguas residuales –la cual cada época de lluvias corre el riesgo de desbordarse–, percibe ese riesgo como un ‘modo de vida’, como ‘algo inevitable’”. ¿Cómo pensar que sólo es necesario “reordenar”? No obstante, al resistirse a ser “reordenados” parecen actuar “ligeramente”, según opiniones de los interventores gubernamentales (2014:3).

2. La formación de riesgos e irregularidades: la explosión demográfica

¿Cómo se habita el territorio metropolitano? Para la metrópolis de México,6 es fundamental discutir que muchas de las problemáticas de las últimas décadas son producto de la escasa planeación o planeación fallida del espacio urbano (De Alba, 2001), como se verá en el caso estudiado.

El fenómeno de la explosión demográfica quizás produce que las fronteras de la metrópolis sean imaginadas;7 dado que aquí pueden definirse hechos más que fronteras, uno es la periferia, como destino o paso inevitable de los desechos de la Gran Ciudad.

En el caso de Chalco tienen como origen un asentamiento irregular que, con ayuda de la clase política mexiquense, logró su consolidación e integración urbana para formar parte progresivamente de los espacios formales. La irregularidad en la periferia pero formalizada.

Dicho lo anterior, ¿por qué es importante saber quién regularizó los terrenos cuando esos ciudadanos irresponsables se asentaron en terrenos reconocidos de antemano como de alto riesgo? En el imaginario colectivo, éstas han sido las posturas de funcionarios que en distintos momentos parecen olvidarse de la población afectada.

En general, el fenómeno de urbanización acelerada que vivió la metrópolis de México hace referencia a dos grandes oleadas demográficas que conformaron los asentamientos poblacionales.

La primera ocurrió en 1960, cuando la gente sin hogar o de masas rurales buscaba un espacio propio para acercarse a la Gran Ciudad de México, como lo señalan varios autores (Davis, 1998; De Alba, 2001). Otros como Antonio Azuela (2004) consideran que a Chalco arribó “mucha gente expulsada”, conformada por “los jóvenes de las familias que ya no cabían en espacios como Nezahualcóyotl”, además de aquella población de zonas rurales que vivió un largo proceso de empobrecimiento y veía en la urbe una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida (Davis, 1998). Otros autores han visto aquí parte de la dinámica demográfica de la metrópolis.8

La segunda oleada, dos décadas más tarde, actualmente identifica a la población de este lugar, porque ésta “no tiene un perfil particular, salvo el de su capacidad adquisitiva: son pobres”, como afirma Antonio Azuela (La Jornada, 28 de junio de 2004).

3. El carácter natural o no natural de los desastres

El tema del desastre en los últimos decenios ha sido foco de discusiones en las ciencias sociales. Uno de estos puntos, relacionados con el tema que aquí debatimos, es el carácter natural o social de los desastres. Entre otros, las discusiones versan sobre los factores naturales que el hombre es incapaz de prever y controlar o, en su caso, se refieren al comportamiento de actores sociales que explotan los recursos naturales de un territorio, provocando la pérdida progresiva del ambiente natural del lugar.

En la atribución a las causas naturales que escapan al control de las sociedades, éstas se explican de dos formas: la primera es relativa a las intervenciones de seres divinos que castigan a la población por razones misteriosas; la segunda se le atribuye a la naturaleza vista como fuerza superior a la acción humana. Ambas impiden que las sociedades actúen oportunamente como respuesta a la emergencia.

Pero por sus aspectos sociales, el desastre en Chalco es un caso peculiar para los estudiosos de las ciencias sociales, pues implica distinguir responsabilidades de las inundaciones recurrentes y las pérdidas que éstas conllevan a la población que año con año habita estas zonas. En una suerte de paradoja, quien es el administrador público se convierte en el administrador formal responsable del desastre hídrico.

Es posible ponerse de acuerdo en que las recurrentes inundaciones, hundimientos y agrietamientos están factorizados tanto por condiciones físicas como sociales. Respecto a las segundas, el terreno en el Valle de Chalco está formado por unidades litológicas de arcillas que se compactan por la extracción de agua y el peso de las construcciones. A todo ello hay que agregar las fuertes precipitaciones que generan corrientes que confluyen en la planicie lacustre, donde se sitúa la mayor parte de la población. Respecto a las condiciones sociales, el constante crecimiento poblacional ha incrementado las circunstancias de desigualdad social, la incapacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas de servicios y, por tanto, la acentuada vulnerabilidad social.

Varios autores han discutido este argumento. Por ejemplo, al ser una cuenca cerrada de origen volcánico, la ZMVM ha originado que los fenómenos que se manifiestan dentro de ella se conviertan en peligros. Las inundaciones son consideradas como fenómenos naturales, pero al momento de afectar a determinada población adquieren la característica de riesgo (Gómez García 2001:3).

De igual forma, otros autores sugieren que los desastres están relacionados con el crecimiento urbano de la Ciudad de México. En ese caso, Calvo García-Tornell sugiere que “si no hay población presente, las inundaciones no son un riesgo” (citado en Gómez García, 2001:3).

Este debate está lejos de intentar ser resuelto aquí, pero es importante considerar los elementos que dichos autores utilizan para definir el carácter natural o no natural del desastre. En ese sentido, el término de riesgo es utilizado para explicar “un proceso que se va construyendo poco a poco”, pero al que “únicamente se le reconoce cuando ya ha afectado a la población”, esto es cuando ya está materializado en desastre (Olguín, 2010: 10).

En cuanto al término, su definición más sencilla hace referencia a la probabilidad de que una población (personas, estructuras físicas, sistemas productivos, etcétera) enfrente dos condiciones: amenaza y vulnerabilidad. Por tanto, el riesgo se crea con la combinación de estos dos factores de características heterogéneas. De esta manera, se relaciona el concepto de riesgo con desastre, según la definición de Lavell (1997): “La probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas con el impacto de un evento físico externo sobre una sociedad vulnerable, donde la magnitud y extensión de dicho evento son tales, que exceden la capacidad del grupo afectado para recibir el impacto y sus efectos y recuperarse de manera autónoma de ellos” (citado en Olguín, 2010:10).

En otro sentido, se debe plantear que los fenómenos naturales y los desastres no sean explicados únicamente por la existencia de diversos procesos geofísicos, sino que estén estrechamente ligados a los cambios y expresiones sociales y a sus formas de organización. De esta manera, el desarrollo indiscriminado y no controlado de los sistemas científico-tecnológicos produce desastres, porque éstos “surgen más de la vida cotidiana de los humanos en sus diversas adscripciones jurídicas o geográficas que de rupturas raras y esporádicas de su devenir” (López Alcaide, 2010: 15).

En suma, la mayor parte de los desastres son generados “por la acción del hombre durante su proceso de desarrollo social y económico”, según Antonio Azuela (La Jornada, 11 de junio de 2000).

59. Pine Ridge, Belice.

3. Naturaleza y cultura.

III. Política y gestión gubernamental

En el análisis ambiental hay dos elementos relacionados con el desastre: la política en un sentido extenso (no la exclusiva de partidos políticos o representantes electos) y la gestión gubernamental de servicios, recursos naturales o situaciones de emergencia.

Encontramos una diversidad de actores que intervienen frente al desastre: los candidatos a gobernar, las instituciones y sus funcionarios en los diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y, finalmente, los afectados.

En las últimas décadas los estudios que manejan conceptos como desastre, riesgo, amenaza o vulnerabilidad han tenido un auge en el discurso ambiental de los funcionarios y representantes políticos en México. Estas nociones varían en su uso, según la disciplina o institución que las aplique.9

Por ejemplo, al hablar de prevención del desastre se hace referencia a la responsabilidad casi exclusiva del Estado. Esto por las insuficiencias con que las instituciones atienden los casos de emergencia por desastre.

Las dependencias dedicadas a la prevención enfrentan situaciones de carácter político, esto es, que el mismo Estado decida a quién proteger y ayudar para intentar reparar los daños provocados por algún desastre. En este sentido se manejan términos como el de riesgo aceptable: las organizaciones políticas asumen ciertos riesgos porque tienen intereses en la zona. Al mismo tiempo, parece haber una verdad no dicha: el Estado mexicano no puede desproteger a una población en caso de desastre cuando están próximas unas elecciones. Así, “se opera una perversa selección de riesgos ocupándose de unos y de otros no” (López, 2010: 33).

De esta forma, una estrategia de prevención del desastre, por ejemplo, surge casi siempre al tomar en cuenta las circunstancias en que ocurre el fenómeno natural, o las consecuencias sociales de dicho evento en el contexto local o nacional. Ello con el fin de hacer una selección de riesgos que la acción pública (o gubernamental) atenderá. De esta forma, el actor gubernamental (funcionarios de gobierno de los tres niveles: federal, estatal o municipal) define riesgos legítimos, dicho de otra manera, lo que para el Estado son riesgos aceptables.

Asimismo, el desastre, la inundación o el hundimiento han dejado de concebirse como producto de fenómenos naturales inevitables, y figuran cada vez más en el análisis de la acción política de los actores sociales o institucionales en juego.

En Chalco hay una suerte de prácticas clientelares cuando se usa a la población en situación precaria después de inundaciones, o se enmascara el apoyo y resulta ser mero paliativo (De Alba y Castillo, 2014). Sobresale aquí la acción pública y los discursos ambientales desarrollados en la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien inició en esta zona el desarrollo de programas de participación comunitaria, particularmente su conocido Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que buscaba ayudar a miles de mexicanos a elevar su nivel de vida. En el curso de los años estas acciones centradas en la idea del desarrollo social”tendrían frutos y fracasos. El más vistoso sería la creación del municipio-slogan: Valle de Chalco Solidaridad.

1. La composición del desastre sociopolítico: ¿Cuáles elementos considerar?

Desde hace al menos una década, los municipios de Chalco (Covarrubias y de Solidaridad) han vivido en diferente grado el desastre. Voces sociales y políticas se han alzado para señalar su inminencia en distintos momentos. A veces con poca resonancia, casi siempre después de ocurrido el siniestro. Por ejemplo, previo a la inundación ocurrida en 2000, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostenía que especialistas en hidráulica y mecánica de suelos habían previsto eventuales desastres hídricos que afectarían a sus habitantes. Igualmente, estudios geomorfológicos de la cuenca desde 1929 indican que la Ciudad de México se hunde (PUEC-UNAM, 2008).

En 2008, los especialistas en hidráulica coincidían en que podían ocurrir nuevos desastres debido a que el Gran Canal de De-sagüe y el emisor central no habían recibido mantenimiento hacía 15 años. Además, señalaban el riesgo de que la población había transitado de 10 a 20 millones de habitantes en el Valle de México (PUEC-UNAM, 2008: 46). No obstante, antes de que estos municipios fuesen constituidos jurídicamente como territorio habitado, ya habían sido catalogados como zona de riesgo donde se presentaban las cifras más alarmantes de hundimiento.

En el primer reporte técnico-científico sobre subsidencia [hundimiento] Gayol (1929), asoció el hundimiento con la extracción de agua subterránea. Y gracias a los estudios de Nabor Carrillo y otros especialistas en mecánica de suelos se determinó que, en el ex lago de Texcoco, el suelo o ‘jaboncillo’ está compuesto de 90 a 94% de agua y de un 6 a 10% de materia sólida o arcilla (Figueroa, 2007: 91).

Parece fácil el argumento de que a los habitantes de Chalco no les ha importado el sacrificio de vivir en una zona de riesgo, cuando el fin de la población es contar con un hogar propio. Vana premisa porque los asentamientos poblacionales ahí no son una casualidad. Desde su origen, la población ha sido usada muchas veces como plataforma política para los gobiernos en turno. Es decir, estos asentamientos fueron propiciados por la acción de grandes corporativos inmobiliarios, por políticos interesados y redes empresariales. Esto ocurrió por lo menos en lo que corresponde a la llamada segunda oleada antes aludida.

Las grandes inmobiliarias se vieron beneficiadas económicamente por el espacio otorgado a construcciones desordenadas en esta zona de la metrópolis. Pueden citarse datos. Desde 1999 arrancó la construcción de 56 mil 400 viviendas bajo el permiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México, convirtiendo esta zona en el lugar donde más licencias de construcción se otorgaron. Se edificaron en total 43 mil 77 casas de interés social, 9 mil 300 inmuebles y 3 mil 875 viviendas. Sin embargo, esto había comenzado varios años antes (Magallanes et al., 2010: 20).

Según algunas fuentes, gracias al gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, la zona que comprenden estos municipios del oriente de la metrópolis atrajo a grandes empresas inmobiliarias, cuya meta fue beneficiarse a sí mismas. Además, los resultados no son lo que esperaban o la planeación no fue la adecuada. Los problemas se agudizan cuando la planeación no existe, por las irregularidades que esto provoca.

Más tarde se notarían algunos efectos que tendría el Pronasol. “Muchos de los habitantes originales, sujetos del Pronasol por ser extremadamente pobres, [habían] vendido sus propiedades a familias con mayores recursos y [fueron] ocupando las orillas, nuevamente como invasores. Los indigentes dejan su lugar a los pobres” (La Jornada, 11 de junio del 2000).

Estos municipios representaron un mercado político: se trataba de formalizar, regularizar, poner orden al desorden urbano creado por las propias autoridades (con la salvedad de que los funcionarios declaraban la problemática concerniente a administraciones anteriores).

2. Diferentes niveles de la intervención ambiental: los actores

Según la información recolectada hasta ahora, la intervención institucional muestra una serie de deficiencias. Refleja una parte de las consecuencias de los procesos de urbanización acelerada, ciertas complicidades con las compañías inmobiliarias, así como controversias por el desfasamiento, particularmente en el momento posterior al desastre.

Enseguida tratamos una serie de reacciones que entendemos como ejemplos de un desfasamiento de la autoridad gubernamental en la atención a los afectados por los desastres. Estos ejemplos podrían parecer sacados de contexto, pero el hecho de que hayan sido registrados así por los medios nos parece simbólico. Lo relevante es que se trata de una primera aproximación a los actores de diferentes niveles de la intervención ambiental: instituciones federales, funcionarios o dependencias estatales o locales.

2.1. Instituciones federales

Ocurrido el desastre, Chalco parece haber recibido más visitas de funcionarios federales que ningún otro municipio en la metrópolis. Veamos un ejemplo.

Conagua

La Comisión Nacional del Agua es el organismo federal encargado de tomar decisiones sobre la infraestructura hidráulica y de proveer los servicios necesarios a la población como aprovisionamiento, distribución, acceso y consumo del agua, así como manejo y tratamiento de aguas residuales.

En el caso del Valle de Chalco, los desastres están estrechamente relacionados con los conflictos que se originan por el manejo del agua, lo que provoca, como hemos visto aquí, una serie de intervenciones de diferentes actores, en este caso, gubernamentales. Si se tiene en cuenta que el suelo de la zona se hunde 40 cm cada año, se incrementa el riesgo de inundaciones. A continuación procuramos rescatar algunas acciones de actores federales frente al desastre, en especial en lo que se refiere al canal La Compañía en 2000, 2010 y 2011.

En la inundación de 2000, el gobierno federal destinó recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para que las autoridades locales atendieran a los afectados (La Jornada, 5 de agosto de 2010), pues intentaba amortiguar las pérdidas.

En cambio, en la inundación de 2010 destaca un reporte de atención de las emergencias sobre lluvias atípicas de Conagua que parece cambiar de estrategia. En dicho reporte se afirma: “Las lluvias extraordinarias que se registraron en el país del 1° al 4 de febrero de 2010, fueron originadas por una masa húmeda sobre el Pacífico, aunada a la presencia del fenómeno de ‘El Niño’, impactaron a diversos lugares del Distrito Federal, así como a 19 entidades federativas” (Conagua, 2010).

De este modo, en 2010 el director de Conagua, José Luis Luege Tamargo,10 informaba que las inundaciones en los municipios mexiquenses aledaños al canal La Compañía fueron causadas porque en estos municipios se permite tirar basura en los bordos de los canales, lo que obstruye los sistemas de bombeo y, en sus palabras, es un “manejo medieval de la basura” (CNN, 20 de abril 2011).

Ese organismo informaba que después del drenado de dicho canal los operadores sacaron toneladas de basura de sus cauces. El organismo insistía en que “las empresas de recolección de basura contratadas por las autoridades municipales del estado de México se detienen en los bordos del canal La Compañía y del Gran Canal del Desagüe, separan los desechos reciclables para venderlos y la basura restante la tiran a los canales”. Por ello, el director del organismo “pidió a los municipios mexiquenses diseñar esquemas sustentables para el manejo de residuos sólidos que impidan arrojarlos en cuerpos de agua” (La Jornada, 5 de agosto de 2010).

En una tercera ocasión, cuando ocurrió otra ruptura del canal La Compañía en 2011, se activaron diversas estrategias de gobiernos locales y federales para la intervención.

El boquete [del Canal La Compañía] se originó a unos 200 metros de donde en febrero de 2010 ocurrió la fractura que afectó miles de casas. Poco después de la una de la madrugada uno de los bordos… [del Canal] se fracturó y dejó escapar entre 5 y 6 mil litros de agua por segundo, informó Antonio Gutiérrez, director de Agua Potable y Saneamiento de la Conagua (La Jornada, 18 de abril de 2011).

En esa ocasión, Luege Tamargo aceptó que dicho evento se debió a una “falla humana y operativa” en la parte federal, y por “no actuar ante una lluvia caída antes de tiempo, como señala el protocolo de operación”. No obstante esta aparente honestidad en reconocer la responsabilidad del desastre, el funcionario se deslindó rápidamente de que el organismo pudiera otorgar indemnizaciones a los habitantes afectados. Al referirse a la vulnerabilidad de Chalco, la describió en los términos siguientes: “Ésta es una zona de emergencia, una región de fuertes hundimientos, un problema inmanejable que fragiliza los bordos del canal a cielo abierto” (La Jornada, 19 de abril de 2011).

Todo lo que estamos haciendo es bajo emergencia, toda esta zona de la ciudad es de emergencia, no hay que ocultar la verdad estamos en una región de hundimientos muy fuertes, un problema inmanejable y el problema es que es de emergencia la situación de esta zona debido a la vulnerabilidad y fragilidad de los bordos del canal a cielo abierto La Compañía” (El Universal, 19 de abril de 2011).

En esta última inundación, las viviendas de al menos 280 familias de la colonia San Isidro, muchas de las cuales habían vivido los desastres de 2000 y 2010, perdieron sus pertenencias por tercera vez (La Jornada, 19 de abril de 2011 y Reforma, 19 de abril 2011).

Como en otras ocasiones, la ocurrencia del desastre, la emergencia de protestas de los afectados y la difusión mediática conllevan a pensar que se gesta una dinámica de buscar un culpable más que definir responsabilidades para cubrir los costos administrativos y responder ante el escenario posterior, el después del desastre (De Alba y Castillo, 2014).

La experiencia en la función pública parecía que había aprendido del error a enfrentar la imposibilidad del desastre. De esa forma, Luege Tamargo puso énfasis en una gestión responsable del agua y del manejo de los desechos sólidos, para ligarla a un debate internacional sobre los problemas hídricos: el cambio climático. Esta postura gubernamental se mantendrá en los años siguientes.11

El cambio climático ya se siente [en el tema del agua]. Entender este hecho contribuiría a reducir los costos y facilitar la tarea de la sociedad y los políticos. Estamos convencidos de que la mejor manera de afrontar las consecuencias del cambio climático es mediante una gestión responsable del agua. Ahora es el momento para que el agua sea considerada en la agenda del cambio climático (Conagua, 2011).

Finalmente, el funcionario federal recalcaba que el horizonte no parece esperanzador en desastres. Cuestionado sobre previsiones que ciertos expertos pronostican en el Valle de México ante una eventual falla del Sistema de Drenaje Profundo, el funcionario destacó:

…la población del Distrito Federal y el Estado de México dentro del Valle de México aportan en conjunto más del 30% del PIB nacional, por lo que es previsible que en caso de generarse inundaciones en una zona que podría abarcar 9 delegaciones del Distrito Federal y 4 municipios del Estado de México, se tendrían considerables impactos negativos en la actividad económica del país (Conagua, 2013).

En suma, cuando se trata del organismo central del manejo del recurso y de las aguas negras en el país, el discurso ambiental sobre el desastre es meramente reactivo, como pudo evidenciarse en las declaraciones señaladas, apenas una muestra del manejo federal del desastre.

2.2 Instituciones estatales

A continuación se presentan algunas intervenciones de funcionarios locales; podrá apreciarse que parecen tener más el objetivo de contener a la población afectada mediante discursos o promesas que de resolver el problema.

Quizá como estrategia política, quizá como manera de evitar confrontar las múltiples demandas de ayuda, los funcionarios afirman frecuentemente que el desastre obedece a un fenómeno natural. Veamos los detalles.

Manuel Cadena Morales, secretario general de Gobierno

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Manuel Cadena Morales, dijo que no existía ninguna responsabilidad por parte de las autoridades estatales y federales ante la tragedia ocurrida en Valle de Chalco en 2011. Insistió en que la ruptura del dique de contención del canal de La Compañía obedeció “a un fenómeno natural”. El funcionario reiteró “que no hay responsables por el desastre, pues se trata de un fenómeno natural” e incluso consideró que tampoco se puede culpar “a quienes tuvieron una responsabilidad hace muchos años”, refiriéndose a quienes convirtieron en asentamiento humano esta zona considerada de alto riesgo (La Jornada, 3 de junio de 2000).

Isidro Pastor Medrano, secretario de Desarrollo Metropolitano

Después de los aguaceros ocurridos en 2013, el funcionario advirtió que las autoridades “no darán apoyo material ni económico” a los alrededor de 10 mil habitantes de municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, zona oriente, porque los colonos “no se responsabilizaron en prepararse para recibir un meteoro de tal magnitud”; además, dijo que “estuvimos cada ocho días durante tres meses informando a la gente que se previniera”. En esa ocasión, el mismo funcionario diría sobre el mismo evento: “no hubo personas con daños físicos, hubo casas y personas afectadas, pero no damnificados” (La Jornada, 15 de septiembre de 2013).

Las declaraciones pueden ser contradictorias, en algunos casos queda la impresión de que los funcionarios sólo salen al paso frente a los medios y declaran cualquier cosa.

Como puede apreciarse, los funcionarios cumplen la función política de tratar el desastre con reacciones específicas ante la presión de los medios sobre tal o cual evento. Así, si tomamos estos ejemplos, el tratamiento político del desastre es reactivo, no estratégico.

IV. La acción política de los afectados

En todo escenario de desastre existe, por definición, una población afectada. En este caso son los habitantes de Chalco quienes viven el antes, durante y después del desastre (De Alba y Castillo, 2014)12.

Cabe mencionar que en el antes del desastre existe mucha participación social, según las autoridades. Esto ha provocado grandes dificultades en el durante, momento en que pareciera debe iniciar la reacción ante circunstancias que ocurren cuando la zona se inunda.

No obstante, si nos apegáramos a la respuesta social que dichos afectados desarrollan para el después del desastre, puede parecer que los habitantes de Chalco tienen una identidad barrial con poca cohesión social. Es difícil definir todo esto.

Según las fuentes consultadas, a los pobladores se les denomina técnicamente cómo “agentes causantes de la degradación”, se utilizan los términos genéricos “población”, “habitantes”, “sociedad” y “chalquenses”, pero hay escasa información que ilustre la organización barrial o la acción política contra las condiciones de marginación en que viven. Apenas pueden documentarse casos emergentes de protestas públicas o demandas a funcionarios, e incluso al mismo gobierno, tal como veremos en esta sección.

Hay nuevas formas de vida urbana relacionadas con la informalidad laboral (u otras de sus expresiones) o con el trabajo familiar al interior del hogar, lo cual cuestiona la teoría clásica de la vida urbana: que en las ciudades, el trabajo y la familia se desarrollan en ámbitos separados. En este sentido, parece también que en el Valle de Chalco no hay lazos vecinales fuertes; luego, la vida social y económica se repliega sobre la familia de origen. Estas nuevas cohesiones que tejen sus habitantes se sujetan a parámetros cuyo estudio amerita miradas interdisciplinarias inéditas de los estudiosos.

Tampoco parece existir una idea de progreso entre los habitantes ya que para ellos el hecho de poseer un lote y un negocio por cuenta propia es el logro máximo al que pueden aspirar por lo que el futuro lo vislumbran no como un espacio para incrementar la prosperidad, sino como un lugar donde se busca conservar su logro. No sólo eso, en esta nueva periferia, surgen y se acumulan nuevos espacios de vulnerabilidad (López, 2010: 74).

Queda claro que faltan estudios con perspectivas originales sobre estos fenómenos. Por ejemplo, cuando se hace un análisis de la población afectada se aprecia, el impacto emocional: quiénes lo viven, pero sobre todo, con qué acción política lo resuelven. Aparte de los escasos trabajos de psicología, pocos estudios resaltan esta circunstancia.

En el ejemplo de Chalco pareciera que la población ha sido olvidada o se ha olvidado de sí misma ¿Es que no tiene conciencia del riesgo inminente? Pregunta pertinente si se piensa en Chalco desde afuera, sin la experiencia de lo cotidiano. Quizá más que falta de conciencia es posible que cuando ocurre (u ocurra) el desastre, siempre provoca (o provocará) incertidumbre, aunque no parece haber un factor determinante.

A continuación se tratará un caso de movilización social a través del levantamiento de una denuncia por parte de los afectados contra autoridades gubernamentales.

1. La batalla legal contra funcionarios (2010-2012)

1.1. Efectos de la inundación del 5 de febrero de 2010

Al menos 884 habitantes de cinco municipios del oriente y nororiente de la entidad, que resultaron damnificados por las inundaciones de aguas negras ocurridas el 5 de febrero de 2010, iniciaron una demanda (1 de marzo de 2010) contra Conagua. Dichos damnificados exigían indemnización por las pérdidas y anunciaron que presentarían demandas penales contra funcionarios federales y estatales (La Jornada, 2 de marzo de 2010). Propusieron a Conagua una indemnización conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, la cual establece la celebración de convenios de mutuo acuerdo. Sin embargo, el director de la Conagua “rechazó la posibilidad de celebrar dichos convenios, incluso sin analizar su viabilidad y conveniencia”. Decidieron presentar la denuncia ante un órgano internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Jornada, 29 de octubre de 2011). Dicho organismo internacional, con sede en Washington, dio entrada a la denuncia.

La catástrofe había dejado más de 10 mil viviendas dañadas, debido a la fractura y el desbordamiento de los canales de aguas negras La Compañía y Los Remedios (La Jornada). Julio Martínez Saucedo, abogado de los afectados, afirmó que iniciaron un procedimiento jurídico, de “responsabilidad patrimonial del Estado”, con el argumento de que Conagua no cuenta con un seguro contra daños para inundaciones ni realiza alertas preventivas en los caudales a su cargo, por ello exigieron la reparación del daño a la dependencia. Al mismo tiempo, acusaron de negligencia al director de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, por omisión ante una de las peores inundaciones de la última década en el valle de México (La Jornada).

1.2 Contraataque gubernamental

José Luis Luege Tamargo presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) denuncias penales y administrativas contra al menos ocho ayuntamientos de la zona oriente del Estado de México, entre ellos Chalco, Valle de Chalco, La Paz, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, por permitir que se deposite basura en cauces federales. El funcionario federal afirmó que la denuncia presentada ante la CIDH serviría para demostrar que “el primer responsable” es el expresidente Salinas de Gortari, “porque regularizó los asentamientos humanos de Valle de Chalco durante el sexenio 1989-1994”. Señaló que los subsecuentes gobiernos del Estado de México “han permitido asentamientos donde no debió haber crecimiento. Ésta era una zona inundable, el lago de Chalco”. Según Luege Tamargo, la denuncia ante la CIDH es “un falso debate” porque la dependencia a su cargo inició las obras hidráulicas antes de las inundaciones de 2010 y 2011. Señaló que durante décadas dejó de invertirse en infraestructura hidráulica para reducir riesgos de inundación y recuperar los acuíferos (La Jornada, 2 de noviembre de 2011).

1.3 Continuación de la controversia legal

El 2 de mayo de 2012, Rodolfo Herrera, abogado de los afectados, presidió una audiencia de presentación de testimoniales en favor de damnificados perjudicados por los anegamientos. El abogado afirmó que “hay casos de familias que perdieron seres queridos, casas, automóviles, bienes inmuebles que después de dos años aún siguen pagando en abonos”. Asimismo, reiteró que “la Conagua se niega a dar alguna indemnización” (La Jornada, 3 de mayo de 2012).

Al respecto, los medios resaltaron que Conagua sostenía que las inundaciones fueron responsabilidad de los ayuntamientos y de los vecinos, por arrojar basura a La Compañía. El abogado declaró que ello era “falso porque el origen del accidente fue una fractura de un talud del dren” (La Jornada).

En suma, esta acción de los afectados por los desastres en Chalco parecía ser la primera iniciativa registrada por los medios. En términos del debate sociedad-gobierno, resulta alentadora porque, hasta ahora, la primera sólo parecía ser receptora inactiva de tales eventos.

V. Tres miradas sobre las inundaciones

Para terminar, y a manera de referencia para el lector, es preciso mencionar las tres inundaciones que han afectado a Valle de Chalco en la última década. Se trata de destacar características básicas de tales eventos.

1. Inundación del 1 de junio de 2000

En los primeros minutos del 1 de junio de 2000 ocurrió la primera fractura del río La Compañía, que inundó más de 3 mil 500 viviendas en cinco colonias del municipio de Valle de Chalco. En aquella ocasión, una torrencial lluvia que duró más de 24 horas rompió el dique izquierdo del canal a la altura del kilómetro 28.5 de la autopista México-Puebla.

1.1 Habitantes afectados

Las aguas residuales alcanzaron 2.5 metros y permanecieron al menos 15 días en el interior de las viviendas. Los medios estimaron que 5 mil familias de las colonias San Isidro, Avándaro, Emiliano Zapata, Providencia y El Triunfo del municipio de Valle de Chalco resultaron afectadas (La Jornada, 18 de abril de 2011).

2. Inundación del 5 de febrero de 2010

La madrugada del viernes 5 de febrero de 2010 se reventó el cauce izquierdo del canal a cielo abierto La Compañía, luego de 48 horas de intensa lluvia en el Valle de México. Este canal es capital en el oriente del Estado de México respecto al desalojo de aguas negras que generan más de tres millones de habitantes de 10 municipios de la zona conurbada.

La inundación alcanzó hasta dos metros de altura y dañó tres colonias del Valle de Chalco, ocasionando el cierre de la Autopista México Puebla. Mil 714 familias resultaron afectadas, de acuerdo con datos oficiales (Reforma, 20 de agosto de 2010).

2.1 Habitantes afectados

En esta ocasión, los medios de comunicación recogieron expresiones de los afectados que, en general, muestran con detalle la angustia de vivir en el desastre.

60. Provincia de Cuzco, Perú.

3. Naturaleza y cultura.

Tuvimos una equivocación muy grave porque, cuando dijeron ‘se reventó el canal’, nosotros dijimos ‘el agua llega hasta aquí’. Y nos equivocamos, porque avanzó rápidamente y con mucha más extensión. Es bien alarmante y preocupante, porque estábamos del otro lado de la inundación, pero no pudimos salir al encuentro del que está adentro, que son muchos. Cuando dicen esto, nos agarran dormidos, no reaccionamos rápidamente, somos lentos para saber qué hacer porque, de repente, estamos solos, por lo mismo que nos agarra durante el sueño. Los que están fuera tienen la capacidad de salir al encuentro de los demás: mi compadre, mi vecino, mi amiga, en fin... Todos los que están del lado seco salen al encuentro de los demás (Revista La Rebeldía 2010: 24. En línea).

Jorge Alberto Martínez Palomares avanzaba en una balsa inflable por el cauce de aguas negras mientras repartía víveres a sus vecinos de la calle Oriente 26, quienes se niegan a salir de sus casas. “Dicen que tenemos la ayuda, pero no vemos nada y las autoridades nomás llegan a la autopista”, reclamó. Como muchos otros moradores de la colonia San Isidro, Martínez Palomares no ha ido a trabajar y no sabe si le depositaron su salario porque la empresa que lo emplea se inundó (La Jornada, 8 de febrero de 2010).

-Hace diez años dijeron que lo iban a entubar, hasta el momento estamos esperando… que entuben.”

-¿Y en las noches cuál es la sensación en estas zonas?

-Yo no puedo dormir nada más de escuchar agua… (El Universal, 12 de febrero de 2010).

3. Inundación del 17 de febrero de 2011

La ruptura del bordo izquierdo del caudal de La Compañía provocó una inundación considerada la tercera de mayor impacto en las últimas dos décadas, en el estado de México. En esa ocasión se abrió una perforación de 30 metros de longitud, y los desechos inundaron más de 400 viviendas, además de la autopista México-Puebla. Las aguas negras alcanzaron hasta el otro extremo de la lateral de la vía rápida y la avenida División del Norte, con una profundidad de metro y medio.

Localización de las rupturas del canal la compañía

Tomado de Conagua, 2010: 5.

3.1 Habitantes afectados

Las colonias con más crisis fueron San Isidro y parte de Avándaro. Aunque se informó que esta inundación “representa 10 por ciento en comparación con la ocurrida en 2000 y 2010”, los medios insistieron en que “las 500 familias de 400 viviendas que se inundaron en 12 manzanas son las mismas que resultaron afectadas” durante las ocasiones anteriores (La Jornada, 18 de abril de 2011).

La inundación por aguas negras significó para los habitantes afectados pérdidas materiales: “Otra vez nos quedamos en la calle.” En la oscuridad, mientras dormían, el agua sorprendió a los vecinos de la colonia San Isidro: las aguas negras de La Compañía estaban en sus recámaras.

10 integrantes de las familias Díaz Fuentes, Vega Ortiz y Díaz Vega –porque en esta zona las casas son habitadas por más de una familia– alcanzaron a poner a salvo algunos colchones, cobijas, ropa y uno que otro mueble ligero. Desde la 1:30 de la madrugada, ancianos, mujeres y niños permanecieron en la azotea. […]

Arturo Castillo Martínez dormía en su negocio, una miscelánea ubicada en el paraje La Caseta Vieja, kilómetro 28 –‘Tengo mucho coraje, apenas estábamos levantando el negocio que perdimos el 5 de febrero de 2010, y mire, otra vez nos quedamos en la calle’”. “Sonia Álvarez Rubio, vecina de la calle Norte 15, perdió sala, estufa, mesa, ropero y refrigerador, los mismos enseres que compró con los 20 mil pesos que le dieron los gobiernos federal y estatal hace apenas 14 meses. Ella, al igual que decenas de familias, sólo tuvo tiempo de llevar a la azotea colchones y pertenencias ligeras (Entrevistas aparecidas en La Jornada, 18 de abril de 2011).

61. Machupicchu, Perú.

3. Naturaleza y cultura.

EJERCICIOS

A. Responda las preguntas

1) ¿Quiénes estudian los desastres y qué instituciones los respaldan?

2) ¿A partir de qué elementos se miden los efectos de los desastres?

B. Realice una breve investigación acerca de los desastres en México y responda: ¿cuál es la importancia de conocer la intervención gubernamental en el caso de los desastres?, ¿el Estado es (in)capaz de regular acciones y comportamientos irresponsables frente al medio ambiente?

C. Discuta en clase: ¿bajo qué condiciones una población urbana está expuesta al desastre?

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Sánchez, V. (19 de junio de 2011). El ‘milagro’ de Chalco.

Sierra, E. (19 de abril de 2011). Viven caos por lluvias… otra vez.

_____________(9 de febrero de 2010). Temen más inundaciones.

_____________(19 de abril de 2011). Es inevitable sentir miedo.

Robles, M. (30 de noviembre de 1994). Valle de Chalco seis años de esperanzas.

Rodríguez, C. (6 de agosto de 1997). Advierten deterioro al decrecer la Ciudad.

Romano, L. y Díaz, C. (9 de junio de 2003). Reviven aguaceros temores en Chalco.

Sierra, E., Morales, L. y Alatorre, A. (18 de febrero de 2010). Escurre, otra vez, Río la Compañía.

Turati, M. (3 de junio de 2000). Chalco en la azotea.

Zermeño, J. (28 de octubre de 2007). ‘A mí me fregó Salinas’.

Otros

De la redacción. (28 de abril de 2011). Descartan apoyos a empresas del municipio de Chalco. Así sucede. Disponible en: http://www.fanmexico.net/es/content/afectados-ambientales-por-inundaci%C3%B3n-solicitan-ante-cidh-indemnizaci%C3%B3n-y-aplicaci%C3%B3n-de-pol%C3%ADt

Conagua. (20 de abril de 2011). El ‘manejo medieval de la basura’ causa la inundación en Chalco. CNN.

1. En este artículo colaboraron Juana Martin y Alexia Macario, alumnas de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales.

2. Al hablar de desastre aparecen otros conceptos que definen las características de una población vulnerable: riesgo y peligro. Ambos hacen referencia a una circunstancia particular a la cual está expuesta una población, sin embargo, no son lo mismo. El riesgo puede verse como una fase anterior al peligro, siendo este último la circunstancia más cercana a la pérdida de vidas humanas por la ocurrencia de un desastre.

3. A pesar de las marcadas diferencias entre estos municipios y de que por las características políticas de los desastres que se analizan aquí, éstos tengan mayor incidencia en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, que en Chalco de Díaz Covarrubias, en el presente artículo son tratados como una sola comunidad, ya que ambos cohabitan en el desastre porque están asentados en una zona de hundimientos.

4. A grandes rasgos, vale decir que la diferencia entre inundación y hundimiento radica en que el primer concepto es considerado un fenómeno eventual, mientras que el segundo es una constante que genera riesgo y vulnerabilidad en el territorio.

5. De Alba y Castillo (2014) proponen dos perspectivas que definen los estudios del desastre: la primera es “objetiva” o “macro” y discute el problema en términos de la construcción social del riesgo, o sea, asociándolo a la formación paulatina de la vulnerabilidad como condición per se (pobreza, marginación, segregación espacial) de una población específica (aquélla que vive en la precariedad). Los autores que analizan los desastres “naturales” desde esta perspectiva hacen una crítica al desarrollo, al que vinculan con los efectos ocasionados por acciones humanas sobre el medio ambiente (Beck, 1997, 2006, 2007; Giddens, 1990; Mansilla, 1995; Hewitt, 1983, 1995; Luhmann, 1992, 1996; Lavell, 1993, Cardona, 1993; Wilches, 1993).

La segunda perspectiva es subjetiva o micro. En ella se discute el desastre en términos de la percepción social del riesgo, es decir, cómo los actores sociales distringuen entre lo que es o no un riesgo. Del mismo modo, se problematizan los tipos de organización social y las respuestas de los afectados, focalizando los alcances y límites de las acciones de los grupos sociales ante algún tipo de emergencia, como las inundaciones (Douglas, 1996; Douglas y Wildavsky, 1983; Hoffman y Oliver, 2002; Oliver, 2002). Los autores que trabajan a partir de esta perspectiva también reconocen la complejidad epistemológica que representa el análisis de los desastres, por lo que insisten en construir una complementariedad conceptual, dado que dichas perspectivas, aunque son posturas diferentes, no son excluyentes entre sí.

6. En este documento se usa indistintamente metrópolis de México, zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) o zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) para referirse a un territorio constituido por 16 delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios del Estado de México y el municipio de Tizayuca, del estado de Hidalgo.

7. Jordi Borja hace una reflexión al respecto: “La humanidad se encamina hacia un mundo de urbanización generalizada. No sólo porque los datos indican que la mayoría de la población del planeta vivirá en áreas urbanas a principios del siglo XXI, sino porque las áreas rurales formarán parte del sistema de relaciones económicas, políticas, culturales y de comunicación organizada a partir de los centros urbanos. Si esto es así, si la urbanización es la forma de asentamiento espacial habitual de la especie humana, ¿tiene sentido seguir hablando de ciudades? ¿Si, tendencialmente, todo es urbano, no deberíamos cambiar nuestras categorías mentales y nuestras políticas de gestión hacia un enfoque diferencial entre las distintas formas de relación entre espacio y sociedad?” (Borja 1997: 11)

8. Por su parte, Delgado y Villarreal (1991:43) sostenían que “en este sentido y a pesar de esa tendencia decreciente de la población residente en la región central de la ZMCM, se dio un fenómeno de redistribución de la población en el territorio conurbado (entre 1980 a 1990), urbanizándose 40,390 has. de las cuales 11,306 correspondieron al Distrito Federal y 29,084 a los municipios conurbados sobre todo en Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Tultitlán y Naucalpan; otros como en el caso de Tlalnepantla y Nezahualcóyotl mostraron un nivel de saturación por lo que expulsaron población a nuevas áreas periféricas como son Ixtapaluca, Tecámac, Nicolás Romero, Chalco de Covarrubias y más en Valle de Chalco Solidaridad”.

9. Para una mejor comprensión del término desastre puede consultarse, entre otros, Lavell, A. (1999 y 2000), igualmente Hewitt (1995). Para el concepto riesgo, sin duda una referencia imprescindible es Beck (1998). Al respecto del concepto vulnerabilidad véase Cepal (2002).

10. Fungió como director de ese organismo durante las dos administraciones federales panistas (2000-2006 y 2006-2012).

11. Esta idea de manejar el debate sobre el estrés hídrico y los desechos sólidos vinculado con el cambio climático sería retomada por la siguiente administración federal del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

12. Ver al respecto la Primera Sección.

Lista de autores

Felipe de Alba murrieta

Doctor en Planificación Urbana por la Universidad de Montreal. Tiene una estancia de investigación de dos años en MIT y otra en el IEA-Lyon. Ha escrito más de 30 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Es actualmente investigador “A” del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP). Fue también profesor-investigador titular “C” (invitado) en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (UAM-C).

Miriam Alfie Cohen

Profesora-investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM-C. Investigadora Nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora en Ciencias Sociales por la UIA, especialista en temas relacionados con gobernanza ambiental, movimientos y conflictos ambientales. Coordinadora del loque de salida Ambiente y Territorio de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales, de la UAM-C.

Citlalli Aidee Becerril-Tinoco

Investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos (CentroMet). Estudió la licenciatura en Geografía en la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtuvo la Maestría en Evaluación de Impacto Ambiental, Auditoria y Sistemas Administrativos por la Universidad de East Anglia y el Doctorado en Desarrollo Internacional por la misma institución del Reino Unido. Sus líneas de investigación incluyen los siguientes temas: evaluación de impacto ambiental, gobernabilidad, pluralismo legal, servicio de dotación de agua potable en zonas periurbanas, manejo comunitario de recursos naturales, entre otros.

Rafael Calderón Contreras

Doctor en Desarrollo Internacional por la Universidad de East Anglia, Reino Unido. Sus intereses académicos y de investigación incluyen: acceso a recursos naturales, análisis socioterritoriales y de política ambiental, sistemas de información geográfica, riesgo, vulnerabilidad y resiliencia al cambio climático en sistemas socioecológicos. Actualmente es profesor-investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en el Departamento de Sociología.

María Magdalena Fresán Orozco

Profesora-investigadora titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa (UAM). Es doctora en Educación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2003. Recibió la Medalla Liderazgo Anáhuac en Educación en 2014 y el nombramiento de Profesora Distinguida de la UAM en 2015. Fue rectora fundadora de la Unidad Cuajimalpa y secretaria general de la UAM. Es autora de varios libros de educación.

Gabriel Pérez Pérez

Profesor-investigador titular “C” de tiempo completo de la UAM-C, en el Departamento de Ciencias Sociales. Doctor en Filosofía Política por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación giran en torno a los temas relacionados con los estudios sobre ciudadanía, calidad de la democracia y cultura política.

Élodie SÉgal

Doctora en Sociología por la Universidad de París Este, Francia. Profesora-investigadora del Departamento de Estudios Institucionales, de la UAM-C. Experta por la Secretaría de la Educación Nacional y de la Investigación, Francia, y por el FIPES. (instituciones educativas profesionales: innovación y experimentación). Miembro del comité científico del Réseau Thématique 25, trabajo, organización, empleo de la Asociación Francesa de Sociología (AFS). Investigadora especializada en estudios de campo y de intervención en las empresas y en las instituciones. Sus especialidades son: sociología del trabajo, modelos productivos y educativos; análisis de los recursos humanos y de producción de conocimiento; método de certificación, de evaluación y de remuneración de las competencias, políticas públicas y reformas laborales y educativas.

Litnoah. Ambiente y territorio I. Libro de texto, obra
electrónica, se terminó de editar en diciembre
de 2015. El cuidado de la edición estuvo a cargo de
Laboratorio Visual; la corrección de estilo, a cargo
de Efrén Calleja Macedo y Félix Vergara; la formación,
a cargo de Susana Vargas.